El Consejo de Ministros ha otorgado carta de naturaleza al acuerdo firmado el pasado mes de enero entre Carmen Thyssen y el Ministerio de Cultura y Deporte para que se quede en España la colección de la baronesa por un plazo de 15 años y con la inclusión del ‘Mata Mua’, por un pago anual de 6,5 millones de euros, según han confirmado fuentes ministeriales.

El exministro de Cultura y Deporte José Manuel Rodríguez Uribes afirmó precisamente la semana pasada que la firma del contrato era «cuestión de días», ya que estaba únicamente a falta de «cerrar flecos», si bien apuntó a la importancia de ese paso previo necesario por Consejo de Ministros.

«Va muy bien y estamos cerrando flecos del contrato, no hay ningún problema. El caso es que hay que ultimar un contrato y hay que hacer una norma, que pase por Consejo de Ministros, y eso exige contrato formal. Pero es cuestión de días, habrá noticias pronto», señaló el entonces ministro durante su visita a la feria ARCO.

La portavoz del Gobierno y ministra de política territorial, Isabel Rodríguez, ha explicado que la autorización llega a través de un Decreto Ley por el que se va a regular el arrendamiento de determinadas entidades del sector público de colecciones de bienes inmueble que forman del Patrimonio Histórico.

«Uno de los objetivos es el de reconocer la colección Thyssen y la garantía de Estado para que las obras que la integran gocen de régimen de aseguramiento. Una vez que se formalicen estos arrendamientos de la colección, todas las obras ya tendrán su cobertura en materias de riesgos por destrucción, por extracción o daños en la misma», ha señalado Rodríguez en rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.

En el Real Decreto se reconoce a la Colección Carmen Thyssen-Bornemisza la garantía del Estado de tal manera que, una vez se formalice el arrendamiento de la colección, las obras que la integran «gozarán de este singular régimen de aseguramiento».

Cultura ha explicado que el impacto indirecto que puede suponer la aprobación de este Real Decreto será «positivo, ya que contribuirá previsiblemente a reforzar el patrimonio cultural español. «La mejora del régimen de incorporación de bienes culturales va a redundar de forma muy favorable en el turismo cultural, y, por tanto, en la actividad económica», ha añadido.

En el caso del Museo Nacional Thyssen-Bornemisza, durante 2019, antes de la situación provocada por la COVID-19, recibió 1.034.872 visitantes, un 11,5% más que en 2018. El departamento de Iceta cree que la oportunidad de contar con una colección de obras de arte de esta entidad, evitando su salida del museo y asegurando así la posición de éste, «supone una contribución a la cultura y a la recuperación económica».

Para garantizar la continuidad de este crecimiento y contribuir a la recuperación del turismo cultural y de la propia economía, una vez superados los momentos más duros de la pandemia, es imprescindible dar estabilidad a la presencia de la Colección Carmen Thyssen-Bornemisza, como elemento fundamental y garantía de cohesión, unidad y calidad en la institución», ha añadido.

TRES PRÓRROGAS

A finales del pasado mes de junio, Cultura y Carmen Thyssen acordaban prorrogar por tercera vez la firma del contrato. En anteriores aplazamientos de la firma ambas partes ya matizaron que «no existe ningún problema» y atribuían estas ampliaciones para la firma a «trámites burocráticos». «Son matices técnicos y de momento los temas importantes ya estaban en el preacuerdo. Solo es cuestión de tiempo», aseguraban.

«El asunto va bien y el acuerdo está hecho. Los elementos centrales están y ahora están los abogados de una parte y de la otra ultimando los detalles del contrato», señalaba Uribes durante una visita oficial en Roma el pasado mes de mayo.

El exministro avanzó que cuando esté listo el documento «desde el punto de vista jurídico» se firmará en un acto en el que también estará presente el hijo de la baronesa, Borja Thyssen, que es cotitular de parte de la colección.

TRES PRÓRROGAS

Hasta el día de hoy se han dado tres prórrogas para firmar este acuerdo, prevista en principio para el pasado mes de marzo. El acuerdo con la baronesa Thyssen se alcanzó el pasado 29 de enero y contemplaba que su colección se quedara en España por un plazo de 15 años y con la inclusión del ‘Mata Mua’ de Paul Gauguin, que salió del museo en junio del año pasado.

El acuerdo supondría el pago de 6,5 millones de euros anuales a la baronesa aunque ambas partes se dieron dos meses de plazo para negociar el contrato final, finalmente prorrogado tres meses más.

El préstamo de las 429 obras de la colección propiedad de Carmen Thyssen fue firmado en 1991 con una duración de diez años y, desde entonces, se ha renovado de manera anual desde 2011. A principios de 2017 la baronesa reclamó al Ministerio de Cultura un nuevo marco de relaciones con el Estado por entender que el contrato estaba «obsoleto».

ICETA RUBRICARÁ LA FIRMA

Desde entonces, el Ministerio, inicialmente con Íñigo Méndez de Vigo, después con José Guirao y José Manuel Rodríguez Uribes al frente y ahora con Miquel Iceta, han mantenido negociaciones con Carmen Thyssen para la firma de un nuevo contrato que ha obligado a renovar periódicamente la garantía de Estado de las obras.

Con este acuerdo, se pondría fin a nueve años de prórrogas del préstamo que la baronesa Thyssen-Bornemisza había acordado con el Estado en 2002 y que debían prorrogarse cada pocos meses. Se produciría así el reencuentro de las dos colecciones, la del barón Hans Heinrich von Thyssen-Bornemisza y la de la Baronesa Carmen Thyssen-Bornemisza.

El Consejo de Ministros, a propuesta del Ministerio de Educación y FP, ha aprobado este martes la distribución de más de 1.185 millones de euros a las comunidades autónomas para invertir en política educativa.

La nueva ministra de Educación y FP, Pilar Alegría, ha informado de ello en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, el primero tras la remodelación del Gobierno.

«Cuando hablamos de educación, hablamos siempre de inversión, no de gasto», ha señalado recalcando también que para este Gobierno «la educación y la formación son una piedra angular».

Según informa su Departamento, dentro de estos fondos, más de 1.096 millones proceden de los componentes 19 y 21 del Mecanismo de Recuperación, Transformación y Resiliencia (MRR), e irán destinados a digitalización y al impulso de la equidad en el sistema educativo.

La inversión más importante, de 989 millones, corresponde al Programa para la digitalización del sistema educativo en el marco del Componente 19 del MRR, ‘Plan nacional de capacidades digitales.

Esta partida incluye 149 millones para la dotación de dispositivos portátiles con el objetivo de reducir la brecha digital de acceso por parte del alumnado. Otros 821 millones se destinarán a instalación y mantenimiento de aulas digitales interactivas y cerca de 19 millones a formación del profesorado en el uso de esta tecnología.

IMPULSO A LA EQUIDAD EN LA EDUCACIÓN

Por otra parte, 78 millones se destinarán al Programa de Cooperación territorial para la orientación, avance y enriquecimiento educativo en centros de especial complejidad educativa (Programa PROA+), en el marco del componente 21 del MRR, ‘Modernización y digitalización del sistema educativo’.

A esta inversión en programas de refuerzo educativo procedente del mecanismo europeo se suman 40 millones de euros del presupuesto del Ministerio de Educación y FP, correspondiente a este ejercicio económico.

Los beneficiarios del programa PROA+ son los centros sostenidos con fondos públicos que cuenten al menos con un 30% de alumnado vulnerable, así como centros rurales o insulares, ubicados en zonas deprimidas o con gran dispersión de la población.

Estas dos inversiones se ejecutarán en el curso escolar 2021-2022. En total, el MRR prevé invertir otros 236 millones de euros en este programa en dos años (118 millones en el ejercicio 2022 y otros 118 millones en 2023).

Por otro lado, se ha acordado este martes la distribución de 29,6 millones para financiar el Programa de Unidades de Acompañamiento y Orientación personal y familiar del alumnado educativamente vulnerable, también en el marco del componente 21 del MRR. Los destinatarios de este programa, que complementa las actuaciones de PROA+, son alumnos en riesgo de repetición y de abandono del sistema educativo.

Dentro del MRR, este programa contará con una inversión añadida de 38,5 millones en 2022 y de 55 millones en el ejercicio 2023. El objetivo es crear 618 unidades de acompañamiento y orientación personal en 2021; 804 en 2022; y 1.148 en 2023.

LIBROS DE TEXTO Y MATERIALES DIDÁCTICOS

Finalmente, el Consejo de Ministros ha aprobado también la distribución de 48,5 millones para el Programa de financiación de libros de texto y materiales didácticos, cuyo plazo de ejecución abarca hasta el 31 de diciembre de 2022.

La distribución de 1.185,5 millones acordada por el Consejo de Ministros se suma a los más de 984 millones aprobados desde abril, de los cuales 301 millones de euros corresponden al Plan de Modernización de la Formación Profesional, en el marco del componente 20 del MRR, y 683,2 millones a formación profesional para trabajadores, tanto ocupados como desempleados.

El alcalde de València, Joan Ribó, ha afirmado este martes que «es posible» que la restricción de movilidad nocturna afecte al turismo de la ciudad, pero considera que «no hay otra solución que aplicarlo» y ha señalado que «es indudable» que la alta incidencia de coronavirus y la inseguridad son «lo que afecta seriamente» a la actividad del sector.

El primer edil se ha pronunciado en estos términos en una entrevista en la Cadena Ser, preguntado por las nuevas restricciones que afectan a la ciudad, entre las que destaca la restricción de la movilidad de 1.00 a 6.00 horas.

Sobre si respalda este toque de queda, Ribó ha afirmado que «por supuesto» y ha señalado que «desde el primer momento» le transmitió a la consellera de Sanidad Universal, Ana Barceló, su «apoyo total» a la medida, porque «puede ayudar y debe ayudar mucho».

El alcalde ha explicado que, de acuerdo con la información «provisional» de la que dispone, la primera noche de toque de queda no ha habido «ningún incidente grave» y espera que el comportamiento de la población siga así.

«La gente es consciente de que estamos en una situación muy complicada, el índice de afectación está en 700, está aumentando de forma seria las entradas a hospital y UCI, por supuesto no solo de mayores, también de personas jóvenes», ha detallado, antes de realizar una «llamada seria a todo el mundo» para «respetar las normas de forma estricta», porque es la «única solución para poder prevenir la grave situación en la que nos encontramos».

En esta línea, interpelado sobre los posibles perjuicios que pueda tener el toque de queda sobre el turismo de la ciudad, Ribó ha admitido que «es posible» que afecte a la actividad del sector, «pero lo que es indudable es que, evidentemente lo que va a afectar es la incidencia de casos que estamos teniendo».

«La no seguridad en el tema de la pandemia es lo que afecta seriamente al turismo», ha remarcado, antes de añadir que «el toque de queda es una consecuencia de eso» y «puede afectar», pero «no hay otra solución que aplicarlo», o «de lo contrario nos íbamos a encontrar con restricciones mucho más duras por una cuestión sencillamente de sanidad y prevención».

Sobre cómo se puede explicar que la ciudad haya alcanzado los niveles de incidencia actuales, Ribó cree que «la única explicación es el aumento de relaciones», que han ido aumentando de una forma exponencial», y ha lamentado que «se ha juntado» el final de estado de alarma con «el final de curso, de exámenes, con una serie de eventos importantes, sobre todo en el sector universitario y estudiantil».

«Yo creo que es el elemento más significativo. La suerte es que tenemos un nivel de vacunación en personas mayores importante, que espero que pueda rápidamente extenderse a las personas de menor edad», ha agregado.

FALLAS

Por último, sobre las Fallas, el alcalde de València ha señalado que «se puede celebrar» la fiesta y que no tiene dudas, porque es «imprescindible quemar» los monumentos.

«Si no realizamos la quema de Fallas en septiembre, nos vamos a encontrar con muchos problemas para el año que viene, porque eso tiene incidencia a todos los niveles, desde artistas hasta comisiones falleras. Para realizar fallas posteriormente, es imprescindible quemar las fallas que tenemos almacenadas actualmente en Feria València», ha sostenido.

En ese sentido, ha reiterado el planteamiento que trasladó a la Conselleria de Sanidad de confeccionar un protocolo por niveles de riesgo, que condicione y concrete los actos que se pueden llevar a cabo en función de los distintos escenarios sanitarios que haya en ese momento.

Sobre el plazo para tomar una decisión al respecto, ha indicado que no se ha concretado, pero ha confirmado que «lo que sí» hay establecido es que se van a «delimitar unos niveles de actos que puedan realizarse en función del nivel de incidencia», con «flexibilidad» porque «no es lo mismo realizar un acto con unos niveles bajos como hemos tenido normalmente en València que realizarlo en unos niveles como los que estamos teniendo ahora, muy elevados. Además, se ha mostrado «convencido» de que la situación en septiembre será «mucho mejor» que la actual.

Los Grupos Parlamentarios de PP y Vox en la Asamblea de Madrid plantearán el próximo jueves en el Pleno de la Cámara madrileña sendas declaraciones institucionales en defensa de la democracia en Cuba y en apoyo del pueblo cubano, que no serán apoyadas en cualquier caso por las formaciones de izquierda.

Así lo han trasladado los portavoces de PP y Vox en la Asamblea, Íñigo Henríquez de Luna y Alfonso Serrano, respectivamente, tras la Junta de Portavoces de este martes en la Cámara madrileña en relación a los incidentes registrados en la isla en las últimas horas.

El portavoz de Vox ha trasladado su «apoyo» al pueblo cubano en sus «ansias de libertad y democracia», que según ha dicho están siendo reprimidas «con puño de hierro», ante el «régimen castrista y comunista» y ha reclamado a España y a la Unión Europea que condene a «represión» del gobierno «tirano» de Miguel Díaz Canel.

En esta línea, ha subrayado que en su declaración institucional trasladarán su solidaridad con los ciudadanos de Cuba para «gritar con el pueblo cubano que ¡Viva Cuba y viva el pueblo libre¡». «Sabemos que Más Madrid y Unidas Podemos lo consideran un régimen democrático e idílico y les gustaría que estuviera en España», ha afeado el portavoz de Vox a las formaciones de izquierda.

Por su parte, el PP presentará otra declaración institucional en defensa de la democracia en Cuba y en apoyo a las personas que protestan en la calle y recordado que se trata de un pueblo «hermano» para España y para Madrid.

Las tres formaciones de la izquierda presentes en la Cámara madrileña (Más Madrid, PSOE y Unidas Podemos), han avanzado su negativa a apoyar esta declaración institucional por diferentes motivos.

Desde Más Madrid, Mónica García, ha alegado que tanto PP como Vox se negaron la pasada semana a sumarse a la declaración institucional para condenar las violencias machistas, mientras que la socialista Hana Jalloul ha defendido que la situación en Cuba no debería ocupar la agenda de la Asamblea de Madrid.

ENFRENTAMIENTO PSOE Y PP

El portavoz del PP ha recriminado esta negativa a su homóloga socialista, que ha defendido que la situación de Cuba no debería tratarse en la Asamblea de Madrid por ser un tema ajeno a la misma. En este sentido, Serrano le ha recordado que el PSOE sí apoyó una en defensa de la comunidad LGTBi y los ataques a sus derechos en Hungría y ha calificado de «incoherente» su argumentación cuando se trata de «algo tan fundamental» como la libertad y la democracia.

Igualmente, el portavoz popular ha afeado al PSOE su «silencio» a la hora de condenar este «régimen dictatorial» y apoyar «esas ganas de libertad» del pueblo, «que pasa tanta hambre que se ha comido hasta el miedo y ha salido a la calle».

Frente a ello, la responsable socialista ha recalcado que el Gobierno de Pedro Sánchez, a través del Ministerio de Asuntos Exteriores, ha condenado este mismo martes la situación en un comunicado y ha reiterado que esta problemática no debería centrar la agenda de la Asamblea de Madrid.

Por su parte, desde Unidas Podemos, la portavoz adjunta, Alejandra Jacinto, ha subrayado la postura del secretario general de la ONU, el portugués António Guterres, para instar al levantamiento de sanciones y el bloqueo que mantienen países como Estados Unidos o Israel y que «asfixian» a Cuba.

La vicepresidenta y consellera de Igualdad, Mónica Oltra, ha planteado este martes a la delegada del Gobierno, Gloria Calero, la posibilidad de regular la situación administrativa de los migrantes llegados en el buque Aquarius en 2018 por razones humanitarias, como permite un real decreto de 2003, como solución para los refugiados a los que se les ha denegado el asilo.

Oltra ha atendido a los medios de comunicación tras entrevistarse con la delegada de Gobierno, en una reunión que ha calificado de «cordial» y «muy productiva» ya que ha destacado que Calero se ha comprometido a trasladar al Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones esta solución para los migrantes a los que se le ha denegado el asilo, situación en la que se encuentran unas 50 personas en la Comunitat Valenciana.

En ese sentido, ha explicado que la figura de Autorización de Residencia por Razones Humanitarias está recogida en el Real Decreto 1325/2003, de 24 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento sobre régimen de protección temporal en caso de afluencia masiva de personas desplazadas, que «se podría aplicar a esta situación, puesto que en el Aquarius llegaron 630 personas».

Así, ha destacado que este Real Decreto «podría ser una solución» temporal «mientras se abre la vía de la regularización por arraigo, por el tiempo que llevan viviendo aquí» ya que ha pasado más de tres años desde el que buque arribó al puerto de València el 17 de julio de 2018.

De este modo, con la aplicación de este decreto se podría regularizar administrativamente su situación tanto de residencia, como de trabajo y hasta de atención social «a través de la figura de protección por razones humanitarias en personas desplazadas».

Esta solución es una propuesta trabajada junto con la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR) y trabajada con la Asociación de Supervivientes del Aquarius.

La figura consiste en conceder esta autorización con una vigencia de un año, que en el caso de las personas que carecen de pasaportes o cualquier otra documentación acreditativa personal, se acompañaría automáticamente de la concesión de una cédula de inscripción.

De esta forma, se concedería una Autorización de Residencia Humanitaria en España y se dotaría a la persona interesada de una documentación personal que sustituye a la carencia del pasaporte, que es la llamada Cédula de Inscripción, y del Título de Viaje para el caso de que necesiten moverse por terceros países con excepción de su país de nacionalidad. Esta Autorización se renovaría hasta que el gobierno lo considerara, lleva aparejada la Autorización de Trabajo y podrían reagrupar a sus familiares.

La aplicación de esta norma está indicada para aquellas personas de la población civil víctimas de las situaciones de conflicto bélico a las que se ven sometidas en sus países, de las cuales huyen, llegando a nuestras costas de diferentes maneras. En estos casos, los estados miembros tienen la obligación de acoger y proteger a estas personas conforme al Derecho internacional humanitario y de la Convención de Ginebra.

GRUPO DE TRABAJO

Por otra parte, durante la reunión han acordado la constitución, a partir del próximo lunes, de «un grupo de trabajo estable para tratar este y otros temas relacionados con la situación de personas migrantes en la Comunitat Valenciana».

De esta forma, se coordinará de «forma cotidiana» los trabajos de las redes de atención de la Generalitat, tanto las oficinas Pangea como las oficinas provinciales que se van a poner en marcha próximamente, con las oficinas de extranjería» dependientes del Estado.

La Audiencia Nacional ha ratificado la orden del Ministerio de Sanidad por la que se prorroga nuevamente la obligación de que los viajeros procedentes de India guarden una cuarentena de diez días al llegar a España para evitar la propagación del coronavirus y sus variantes.

En un auto emitido este martes, la Sección Octava de la Sala de lo Contencioso-Administrativo ha confirmado la medida acordada por el Ministerio de Carolina Darias, que se viene prorrogando desde el 27 de abril.

La última prórroga expiraba el pasado sábado 10 de julio; la confirmada ahora está en vigor desde las 00.00 horas del 11 de julio y hasta las 24.00 horas del 24 de julio, «pudiendo ser prorrogada de mantenerse las circunstancias que la motivan».

Los magistrados han considerado que «se mantienen las circunstancias que justificaron la publicación» de la orden ministerial y que «las nuevas evidencias refuerzan la necesidad de mantenerla».

«Se considera justificado mantener que los viajeros que procedan de la República de la India deben guardar cuarentena a su llegada», han señalado.

Han concluido que la limitación al derecho fundamental de libre circulación y libertad de desplazamiento «es necesaria y proporcionada en atención a la protección de otro derecho constitucional como el derecho a la salud e integridad física».

MEDIDA NECESARIA

La Sala ha indicado que la Administración «ha identificado con suficiente claridad el peligro grave para la salud pública derivado» del coronavirus y ha estimado que la orden ministerial «contiene una motivación adecuada y suficiente de la necesidad y urgencia de su adopción» a fin de evitar la propagación de las variantes de covid-19.

«No cabe duda de que la adopción de la medida reúne el carácter de urgente, pues, como se desprende de la documentación aportada, la muy grave situación de la India y la propia naturaleza diferenciada de la variante desarrollada en dicho continente constituyen elementos suficientes para llegar a tal conclusión», ha precisado la Sala.

Los magistrados han asegurado que la orden de Sanidad es «idónea», dado que mediante la cuarentena «se consigue evitar y dificultar la propagación», y han subrayado que «no constan alternativas menos gravosas» para frenar el virus.

RECOMENDACIONES EUROPEAS

En este sentido, los jueces han señalado que la medida del Gobierno «sigue las recomendaciones dadas por la Unión Europea, en orden a lograr un enfoque coordinado para el control de la pandemia de Covid-19, y nuevas variantes». Y han recordado que países vecinos como Reino Unido, Alemania y Francia han adoptado medidas similares.

Así, han insistido en que «deben tenerse en cuenta las recomendaciones del Consejo de la Unión Europea» que permitían a los Estados miembros exigir el aislamiento, la cuarentena y el rastreo de contactos durante un periodo de hasta 14 días, así como otras pruebas covid-19, «con especial incidencia en los viajeros procedentes de un tercer país en el que se haya detectado una variante preocupante del virus».

El Foro Justicia y Discapacidad, creado por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y presidido por el vocal Juan Manuel Fernández, ha decidido otorgar sus XIV premios anuales al magistrado del Tribunal Supremo Javier Hernández, a la empresa Carrefour España, a la periodista Belén Torres Vela y a la Fundación Bobath.

Estos galardones son un reconocimiento a la contribución de todos los premiados, cada uno desde su ámbito profesional, a la mejora de la vida de las personas con discapacidad, a la defensa del ejercicio pleno de sus derechos y a la erradicación de cualquier tipo de discriminación y barreras, según informa el CGPJ.

En la categoría a una trayectoria profesional, el reconocimiento ha sido para el magistrado de la Sala Segunda del Tribunal Supremo Javier Hernández por el trabajo desarrollado a través del estudio de los derechos de las personas con discapacidad, especialmente desde la perspectiva de los derechos humanos.

Antes de ser nombrado magistrado del alto Tribunal, Hernández fue delegado de Discapacidad del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña.

Por su parte, la empresa Carrefour España ha obtenido el reconocimiento en la categoría a una actuación empresarial por la labor que viene desarrollando a través de la Fundación Solidaridad Carrefour y las direcciones de Talento y Recursos Humanos en la promoción de la inclusión social y la integración laboral de personas con discapacidad o en situación de desventaja social, con especial atención a las víctimas de la violencia de género.

También se ha querido premiar el desarrollo de una serie de tiendas modelo de accesibilidad universal, así como la puesta en marcha de un sistema de video-interpretación en lengua de signos española.

En la categoría a un medio de comunicación social, el premio ha recaído en la periodista Belén Torres Vela por su trabajo en canal Sur Televisión, donde durante 22 años dirigió y presentó ‘Solidarios’, un programa pionero que, desde su nacimiento en 1998, convirtió la discapacidad en tema de interés informativo. Su dedicación a la discapacidad y a la eliminación de barreras se ha desarrollado también en el ámbito universitario.

Como docente en el Centro Universitario EUSA, ha dirigido trabajos de fin de grado sobre comunicación y discapacidad. Asimismo, ha impartido numerosos cursos relacionados con el tratamiento informativo de la discapacidad.

Finalmente, en la categoría a una actividad empresarial, el reconocimiento ha sido para la Fundación Bobath, dedicada al tratamiento integral de las personas afectadas de parálisis cerebral y daño cerebral. La atención a este colectivo empieza desde la etapa escolar y concluye con su formación profesional e integración en el mercado laboral. Asimismo, la Fundación forma a los profesionales que atienden a las personas con parálisis cerebral o daño cerebral y promociona la investigación científica en este ámbito.

Además del CGPJ, integran el Foro Justicia y Capacidad los ministerios de Justicia y de Derechos sociales y Agenda 2030; la Fiscalía General del Estado; el Consejo General de la Abogacía Española; el Consejo General de Procuradores de España; el Consejo General del Notariado (Fundación Aequitas); el Colegio de Registradores de la Propiedad Mercantil y de Bienes Muebles de España; el Consejo General de Colegios Oficiales de Graduados Sociales; el Colegio de Psicólogos; el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI); la Fundación ONCE y Plena Inclusión.

Vox ha asegurado este martes que nadie del PP ni de la Comunidad de Madrid le ha trasladado ninguna propuesta sobre el perfil del administrador provisional de Telemadrid, mientras que desde Más Madrid y PSOE se ha insistido en la inconstitucionalidad de esta medida.

El Consejo de Gobierno tiene previsto nombrar este miércoles al administrador provisional de Telemadrid que sustituirá al hasta ahora director general de la cadena, José Pablo López, tras la aprobación en el Pleno de la Asamblea regional de la reforma de la ley que regula el ente público madrileño.

Tras la reunión de la Junta de Portavoces, el portavoz adjunto de Vox, Íñigo Henríquez de Luna, ha recalcado que desconocen cuál será la propuesta del PP para ocupar este puesto y ha reiterado que su formación mantendrá una «abstención crítica» y se pronunciará al respecto cuando se conozca el nombre de la persona elegida.

La portavoz de Más Madrid, Mónica García, ha insistido en la petición al Gobierno de Pedro Sánchez para presentar un recurso de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional ante el «ataque a la independencia» de Telemadrid, aunque ha explicado que los socialistas «no lo quieren llevar a cabo».

En esta línea, ha incidido en que no se trata solo de Telemadrid sino de lo que significan los «servicios públicos» y ha recordado que la cadena pública madrileña «estaba dando resultado buenos» y esto supone un «ataque a los derechos de los madrileños».

Por su parte, la portavoz socialista, Hana Jalloul, ha recalcado que el PSOE continúa trabajando en este recurso pero ha hecho hincapié en la necesidad de asegurarse de que «hay fundamento para ello». Así, ha explicado que a lo largo de esta semana esperan tener una respuesta ante los informes jurídicos.

En cualquier caso, ha lamentado que se vaya a nombrar a un administrador provisional «sin concurso» y ha enfatizado que el PSOE continuará trabajando para asegurar «la libertad y la pluralidad» en el ente público madrileño.

Desde Unidas Podemos, la portavoz adjunta, Alejandra Jacinto, ha denunciado la intención del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso de «escapar al control parlamentario» con este nombramiento. Este jueves es el último Pleno de la Asamblea antes del periodo estival y, según ha dicho, el PP quiere llegar a septiembre «con las cosas bien atadas».

Su Majestad el Rey Felipe VI ha presidido este martes la entrega de Reales Despachos 2021 de nuevos oficiales a un total de 120 nuevos tenientes del Ejército del Aire que han finalizado sus estudios en la Academia General del Aire (AGA) de San Javier (Murcia).

Se trata de los tenientes de la 72 promoción del Cuerpo General del Ejército del Aire y del Cuerpo de Ingenieros de la escala Técnica Superior del Cuerpo de Intendencia.

El acto, que dio comienzo pasadas las 10.30 horas con la llegada del Rey, se desarrolló con un formato más corto y con menos invitados por el protocolo frente al Covid-19 –como el año anterior–. El evento tuvo lugar en el patio de armas de la Academia General del Aire de San Javier, donde ya se encontraba formado el batallón de alumnos, así como autoridades, familiares y amigos de los alumnos de la Academia.

Además de don Felipe, en el acto han estado presentes el jefe del Estado Mayor del Ejército del Aire, general del Aire Javier Salto; el coronel director de la AGA saliente, Manuel de la Chica y otras autoridades militares. Como autoridades civiles, han asistido el presidente de la Comunidad, Fernando López Miras; el presidente de la Asamblea Regional, Alberto Castillo; el delegado del Gobierno, José Vélez; el alcalde de San Javier, José Miguel Luengo; y el alcalde de Los Alcázares, Mario Pérez Cervera, entre otros.

Don Felipe ha sido recibido en el patio de armas de la AGA, institución que cumple 78 años de historia. Allí se le han rendido honores y se ha procedido a la interpretación del himno de España a cargo de la Unidad de Música de la Academia.

Por primera vez en sus 78 años de historia –desde su inauguración en 1943–, un murciano, Pascual Soria Martínez, de 54 años y natural de Caravaca de la Cruz, se ha convertido en Coronel Director de la AGA. Sustituye al coronel De la Chica, que ha afrontado un mandato de dos años marcados por la muerte en accidente de tres pilotos, una alumna, la pandemia y las DANAs.

Entre sus retos, Soria Martínez deberá afrontar durante su mandato la sustitución de los aviones C-101 para la enseñanza y la formación en la AGA, porque a partir del curso que viene se empezarán a recibir los PC-21 Pilatus.

Felipe VI, 32 años después de su propia entrega de despachos a manos de su padre, el Rey Juan Carlos I, en 1989, ha procedido a pasar revista a las tropas. A continuación, el vicario general castrense, el reverendo Carlos Jesús Montes Herrero, ha procedido a la lectura de una oración de acción de gracias invocando a la Virgen de Loreto, patrona del Ejército del Aire.

Acto seguido, se ha procedido al relevo del abanderado de la AGA, un acto tradicional en el que se distingue a un alumno de cuarto curso, en este caso Fernando López, que recoge el relevo para portar la enseña el próximo curso. Después, el Rey ha entregado los despachos a los número uno de la promoción en cada especialidad.

El coronel director de la AGA, Manuel de la Chica, ha tomado la palabra en su última alocución en el cargo para agradecer la presencia del Rey. «En este momento, tiene un carácter más especial si cabe dadas las circunstancias tan adversas que hemos vivido este curso como consecuencia de la pandemia», ha remarcado.

Ha dado la enhorabuena a los tenientes por haber conseguido su segunda estrella tras concluir sus correspondientes estudios. Asimismo, ha recordado la película de Spielberg ‘Salvad al soldado Ryan’ en la que el moribundo capitán que había perdido a casi todos sus hombres para salvar al soldado Ryan le dice: «hágase digno de esto».

«En la escena siguiente, un anciano James Ryan pregunta a su mujer delante de la tumba del capitán si ha vivido dignamente y si ha sido una buena persona», ha señalado De la Chica, quien ha transmitido a los tenientes que se han hecho acreedores de los despachos, pero les ha dicho que tienen «toda una vida por delante» para hacerse merecedores de él.

«Lo que no se podrá pagar jamás con dinero es la pasión que han puesto todas las personas que lo han hecho posible», ha señalado De la Chica, quien ha pedido a los tenientes que se hagan «dignos merecedores» de todo lo que se les ha dado. «El dinero no puede pagar todo este esfuerzo, y el inmenso regalo que os lleváis hoy de aquí es, por encima de unos meros conocimientos, una forma de vivir».

Se trataba del último acto de De la Chica como coronel director de la AGA, motivo por el que se ha despedido y ha cedido el testigo de forma oficial al coronel Soria Martínez. Ha dado las gracias al personal de la Academia y ha dado fe de la valía de su sustituto, al que conoce «desde hace muchos años». Entre sus retos, ha citado la implantación del nuevo sistema de armas PC-21 y la ejecución de los nuevos planes de estudios para las especialidades recién creadas sobre Ciberespacio y Defensa y control aeroespacial.

El acto ha finalizado sobre las 11.45 horas con el canto del himno del Ejército del Aire un vuelo de la Patrulla Águila, así como un homenaje a los que dieron su vida por España.

La portavoz del Govern, Patricia Plaja, ha confiado este martes en que el cambio de ministros tras la remodelación del Gobierno no afecte a los plazos del diálogo entre ambos gobiernos y espera que la Comisión Bilateral se reúna a finales del mes de julio.

En rueda de prensa posterior al Consejo Ejecutivo, ha sostenido que «no hay ningún motivo para que cambien los plazos establecidos» y ha defendido que lo importante no es tanto quién forma parte del Gobierno, sino las propuestas de este Ejecutivo para Cataluña.

«Más allá de los nombres, hay conversaciones entre el presidente del Govern de Cataluña y el presidente del Gobierno español, y no es importante el quién, sino el qué», y ha afirmado que los compromisos están para cumplirse, por lo que espera que no haya cambios en los plazos que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el de la Generalitat, Pere Aragonès, acordaron.

Plaja ha explicado que el Govern trabaja con la previsión de que la Comisión Bilateral se reúna a finales de julio, que los equipos técnicos ya están trabajando en ello y que en los últimos días la consellera de Presidencia, Laura Vilagrà, y el hasta ahora ministro de Política Territorial, Miquel Iceta, ya habían mantenido contactos sobre esta cuestión: «Esperemos que el cambio de ministros no afecte al calendario», por lo que espera que la mesa de diálogo se mantenga en septiembre.

Ha defendido que el Govern propondrá en el orden del día de la Comisión Bilateral la retirada del recurso ante el Tribunal Constitucional (TC) contra la ley de regulación del alquiler, la gestión de infraestructuras como el Port de Barcelona, el Aeropuerto Barcelona-El Parat y el Consorcio de la Zona Franca de Barcelona (CZFB), traspasos pendientes como el de las becas, y la «cogobernanza» de los fondos Next Generation.

Según ella, se trata de temas «prioritarios» para el Govern pero ha aclarado que todavía no está cerrado el orden del día oficial.

ARAGONÈS NO IRA A LA CONFERENCIA DE PRESIDENTES

Preguntada por si Aragonès tiene previsto participar en la Conferencia de Presidentes autonómicos, Plaja ha confirmado que no está previsto que asista porque lo ven «un espacio más simbólico que otra cosa, para ir a una reunión para hacerse una fotografía el presidente no irá» porque priorizan las relaciones bilaterales con el Gobierno.

Además, ha señalado que está previsto que antes de que durante el mes de julio empiecen los primeros contactos y los primeros encuentros para activar el Acuerdo Nacional de Amnistia y Autodeterminación con el que Aragonès quiere aglutinar el máximo consenso de partidos, instituciones y sociedad civil entorno a estas dos demandas antes de la mesa de diálogo con el Gobierno central.

El secretario general del PP, Teodoro García Egea, ha exigido este martes al Gobierno de coalición de PSOE y Unidas Podemos que condene «de forma inmediata la represión del régimen cubano» y ha reclamado al jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, que no deje que Podemos marque la política exterior. A su entender, debe haber «claridad y contundencia» por parte del Gobierno al defender los derechos de las personas y, en concreto, la libertad de expresión.

«El Gobierno de España no está condenando la dictadura. Ese comunicado que ha sacado el Gobierno hace unas horas no condena expresamente la dictadura cubana y, por tanto, en este momento Sánchez debe tomar el mando de su Gobierno y no dejar que los ministros de Podemos ejecuten la política internacional«, ha manifestado.

García Egea, que ha participado en la IX Edición del curso de verano ‘Prensa y Poder’ organizado en Aranda del Duero por el Colegio San Gabriel, se ha referido así al comunicado difundido por Moncloa en el que el Gobierno reafirma su defensa del derecho fundamental de manifestación y solicita a las autoridades cubanas que lo respeten. Además, el Ejecutivo expresa su preocupación por las «graves carestías» que sufre la población cubana y estudiaría formas de ayuda para paliar la situación.

«SÁNCHEZ INDULTA CON SU SILENCIO A LA DICTADURA DE CUBA»

El ‘número dos’ del PP ha recriminado al jefe del Ejecutivo que no se haya pronunciado aún sobre lo que está sucediendo en Cuba. «El silencio de Sánchez está indultando hoy a las dictaduras de Cuba y Venezuela y está ejerciendo la diplomacia de los impunes», ha enfatizado.

García Egea ha señalado que «es evidente que la política exterior la marca Podemos» aunque la cartera recaiga en un ministro socialista, José Manuel Albares. «Por tanto, le pedimos transparencia, claridad y contundencia al defender los derechos de las personas y, en concreto, la libertad de expresión», ha manifestado.

Dicho esto, ha solicitado la liberación de la corresponsal de ABC, Camila Acosta, que «ha sido secuestrada» en el país caribeño, un hecho «especialmente grave» porque, según ha resaltado, su «único delito ha sido informar de la grave situación que existe en aquel país».

«Pedimos oficialmente y de forma contundente que se libere de forma inmediata a la corresponsal de ABC que ha sido secuestrada en Cuba», ha reclamado García Egea, cosechando un fuerte aplauso de los asistentes al curso que se celebra en Aranda del Duero (Burgos).

«UNA PARTE DEL GOBIERNO QUE APOYA EL RÉGIMEN CUBANO»

En parecidos términos se ha expresado la portavoz parlamentaria del Grupo Popular en el Congreso, Cuca Gamarra, quien ha criticado también que Pedro Sánchez siga «en silencio» y le ha emplazado a pronunciarse porque «hay una parte del Gobierno de España que está apoyando el régimen cubano».

«Hay secretarios de Estado del Gobierno de España que en las ultimas horas se han posicionado junto al régimen cubano y han señalado a aquellos que en las calles están saliendo a manifestarse, a pedir libertad y democracia y a decir ‘no tenemos miedo'», ha declarado Gamarra a los periodistas tras una reunión con portavoces del Grupo Popular en el Congreso que ha presidido el líder de su partido, Pablo Casado.

Según la dirigente del PP, hasta el momento no está existiendo «contundencia» por parte del Ejecutivo ante lo que se está produciendo en Cuba. «Hay una parte del Gobierno que no está apoyando al pueblo cubano que hoy está en las calles», ha abundado, para señalar que Sánchez debe liderar la respuesta desde la UE para que Cuba pueda «alcanzar la democracia que no tiene».

CRITICAS TAMBIÉN DE VALENTINA MARTÍNEZ Y PABLO HISPÁN

Por su parte, la responsable de Internacional del PP, Valentina Martínez, ha asegurado que siente «vergüenza» al ver el comunicado del Ministerio de Exteriores que «sigue con interés» y «está a la expectativa» como «si la lucha por la libertad del pueblo cubano fuese la final de la Eurocopa».

«Esto no va de la ‘diplomacia discreta’ de Laya (la exministra de Exteriores) sino de apoyo evidente y firme a los cubanos», ha exclamado Martínez en un mensaje en su cuenta oficial de Twitter.

De la misma manera, el portavoz adjunto de Exteriores en el Congreso, Pablo Hispán, ha afirmado que el nuevo ministro «se estrena con una declaración equidistante que no condena la represión ni apoya la demanda de libertad del pueblo de Cuba». «Mal comienzo», ha aseverado en la misma red social, para concluir con el mensaje «Cuba Libre».

El empresario Jaime Febrer, investigado en el conocido como caso Azud, se ha sentado este martes en el banquillo de los acusados por un fraude fiscal junto a otras nueve personas más. El constructor ha reconocido los hechos y ha aceptado seis meses y un día de prisión y el pago de una multa de 5.400 euros.

La vista contra estos 10 acusados ha arrancado en el Juzgado de lo Penal número 7 de Valencia pero se ha suspendido durante dos horas debido a un informe forense que se ha tenido que practicar a uno de los procesados con el objeto de determinar si estaba capacitado para tomar decisiones. Su abogada había pedido el archivo del procedimiento para él.

Tras determinarse que este acusado padece un trastorno psíquico, se le ha archivado provisionalmente la causa y el juicio se ha reanudado contra nueve acusados, que han reconocido los hechos.

Inicialmente, Febrer, que se encuentra en prisión provisional desde que fue arrestado hace dos meses por el caso Azud –presunta trama de corrupción urbanística–, se enfrentaba en este procedimiento a tres años de prisión por un delito contra la hacienda pública en grado de tentativa. Además, la Fiscalía le requería el pago de una multa de 10.800 euros.

A otros dos acusados en esta causa se les solicitaba la misma pena, mientras que para el resto el ministerio público requería en su escrito de calificación provisional cinco meses de cárcel y una multa de 4.500 euros.

Finalmente se ha llegado a un acuerdo entre las acusaciones y defensas por el que Febrer y otros dos acusados han aceptado seis meses y un día de cárcel; y el resto tres meses de prisión y una multa. Se ha tenido en cuenta el reconocimiento de hechos y un retraso indebido de la causa.

Según el relato de hechos, Febrer, junto a otros acusados, como representantes de una sociedad, solicitaron indebidamente una cuota a devolver en el impuesto del IVA del ejercicio 2007 superior en 256.000 euros a la que correspondería de no haber consignado en la declaración del impuesto como IVA soportado el importe derivado de cuatro facturas por importe cada una de ellas de 464.000 euros.

La sociedad tenía por objeto social la compraventa, construcción, promoción de inmuebles, intermediación en operaciones inmobiliarias y la realización de las actividades propias del agente urbanizador. En resumen, a los acusados se les atribuye reducirse cuotas de IVA en esta sociedad para un PAI en la Villajoyosa.

La comisión de investigación planteada en la Asamblea de Madrid no saldrá adelante al haber confirmado Vox su abstención y gracias a la mayoría del PP en la cámara madrileña, aunque las formaciones de izquierdas insistirán nuevamente en la necesidad de reparación para las víctimas y sus familias.

Tras asistir a la Junta de Portavoces en la Asamblea de Madrid, el portavoz adjunto de Vox en la Cámara madrileña, Íñigo Henríquez de Luna, ha confirmado que los 13 diputados de su grupo se abstendrán en la votación del próximo jueves, de modo que la reanudación de los trabajos que se llevaron a cabo durante la anterior legislatura para investigar los fallecimientos en residencias en la Comunidad no saldrá adelante.

Los partidos de la izquierda (Más Madrid, PSOE y Podemos) reclamarán en cualquier caso que se retome la investigación sobre estos hechos «gravísimos» y los «protocolos de la vergüenza» al considerar que las víctimas y familiares merecen una «reparación».

La portavoz adjunta de Unidas Podemos en la Asamblea de Madrid, Alejandra Jacinto, ha subrayado en este sentido que debe primar la voluntad de «reparación» ante «la muerte de más de 7.000 personas sin socorro» en las residencias. «Así lo entiende la mayoría de los madrileños, ante una necesidad de verdad, justicia y reparación», ha apostillado.

En esta línea, ha afeado a Vox su abstención y ha criticado «los pactos ocultos» entre la formación de Rocío Monasterio y el PP, que se van conociendo a «cuentagotas». «La abstención y el voto a favor –de Vox– valen exactamente igual», ha lamentado.

Desde Más Madrid, su portavoz, Mónica García, ha recalcado que no hay nada «más revanchista» que «negar a los familiares una investigación» sobre lo sucedido y ha lamentado «el doble abandono» a las víctimas, cuando se inició la pandemia y ahora al negárseles «conocer qué ha pasado».

Tras recordar que no se ha oído a la derecha reivindicar que hubiera que cambiar el modelo de gestión de las residencias, la jefa de la oposición en la Asamblea ha recalcado que Más Madrid seguirá registrando iniciativas en la Cámara madrileña para esclarecer los hechos y dar respuesta a las familias.

Por su parte, la portavoz socialista, Hana Jalloul, ha acusado a la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, de no interesarse por los problemas de los madrileños sino ocuparse únicamente en «hacer oposición» al Gobierno de Pedro Sánchez al vetar esta comisión y apoyar, por contra, la del Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas y su relación con la Covid-19, algo que le parece «contradictorio».

Sobre este punto, ha recalcado que ni Sanidad Exterior ni el aeropuerto madrileño son competencias autonómicas, por lo que la comisión de Barajas se ha aprobado «saltándose el reglamento» pero cuando se trata de un problema que afecta a los madrileños como son las muertes en residencias «no quieren investigar».

El PSOE, ha reiterado, continuará con la investigación para tratar de saber lo que sucedió en estos centros y «los protocolos vergonzosos» que había en marcha, al tiempo que ha lamentado la «actitud muy reprobable» de Vox al abstenerse.

LOS INTERESES DE LA IZQUIERDA

Frente a ello, el portavoz parlamentario de Vox ha defendido que su grupo no servirá de «correa de transmisión» de los intereses de la izquierda y ha afeado a las formaciones del arco progresista que no hayan apoyado iniciativas en este sentido en cinco Comunidades Autónomas donde gobierna, «incluso con datos de mortalidad superiores».

En cualquier caso, ha incidido en que presentarán «muchas iniciativas» en el nuevo periodo de sesiones para que se puedan «mejorar» la gestión de las residencias, «que tenía lagunas y carencias» y ha pedido «mirar al futuro y ser positivos».

En la misma línea se ha pronunciado el portavoz del PP en la Asamblea, Alfonso Serrano, quien ha recriminado al PSOE que les dé lecciones de «moralidad o ética» cuando no han apoyado estas comisiones en otras regiones.

Así, ha explicado que apoyó esta medida en la anterior legislatura porque el PP entendió que iba a ser «un trabajo honesto» pero ahora, ha dicho, se busca «usar el dolor de las víctimas y las familias».

En la misma línea, ha ironizado sobre las denominadas ‘Jornadas de la Verdad’ puestas en marcha por el PSOE sobre lo sucedido en las residencias. «¿Para qué quieren una comisión si ya saben la verdad?», se ha preguntado con sarcasmo Serrano, que ha agradecido a Vox su abstención.

Vox ve la remodelación de Gobierno realizada por Pedro Sánchez como un «aviso a navegantes», ya que a su juicio demuestra que el presidente no respeta la cualificación de los ministros (en el caso de Pedro Duque al frente de Ciencia); su lealtad, en el caso de Juan Carlos Campo o Iván Redondo; y ni siquiera al PSOE, ya que ha destituido a Carmen Calvo o José Luis Ábalos.

El portavoz parlamentario de Vox, Iván Espinosa de los Monteros, cree que el cambio de miembros del Consejo de Ministros revela una crisis política «de enorme calado» que va más allá de la pandemia generada por el coronavirus, ya que precisamente los ministerios de Sanidad o los económicos, más afectados por el virus, no han sido tocados.

Con ella, también cree que Sánchez está intentando arrinconar a Podemos en el Ejecutivo, convirtiendo en «irrelevantes» sus ministerios «para que se quemen ellos solos». E incluso pone «en peligro» a algunos barones socialistas como los presidentes de Castilla-La Mancha, Emiliano García Page, o de Aragón, Javier Lambán, con el nomramiento de las ministras Isabel Rodríguez y Pilar Alegría.

«Aquí solo sale ganando una persona, Pedro Sánchez», ha subrayado el dirigente de Vox, que cree que el presidente solo se deja llevar por su interés personal sin tener en cuenta criterios ideológicos, políticos, económicos, de lealtad o de cualificación. «Es el enfoque más pragmático y desposeído de voluntad política que se ha visto», ha denunciado.

En cualquier caso, ha asegurado que Vox estará «muy vigilante» de los nuevos nombramientos y la deriva del Gobierno «para evitar que sigan llevando a los españoles a la ruina y recortando libertades». Y para empezar ha pedido la comparecencia en el Congreso de los ministros que estrenan cartera.

«TONTERÍAS» DE GARZÓN

«Cualquier equipo que rodea a Pedro Sánchez es un claro peligro para los españoles», ha insistido señalando directamente al ministro de Consumo, Alberto Garzón, de quien Vox ha pedido la reprobación parlamentaria.

Espinosa de los Monteros ha defendido que existen motivos «más que suficientes» para que el Parlamento repruebe a Garzón, poniendo como ejemplo sus declaraciones sobre el consumo de carne, los perjuicios del azúcar, los «ataques» al aceite de oliva» o sus palabras sobre el turismo español como un sector de «bajo valor añadido».

Pese a todo ello, ha señalado que Sánchez lo mantiene en el poder como ministro «de cuota» para que «siga desautorizándose» él solo con «las tonterías que va diciendo»; aunque el dirigente de Vox ha denunciado que sus palabras son reflejo de la política de todo el Gobierno y su entrega a la «religión climática».

Un hombre de 49 años de edad acusado de abusos sexuales a una niña de cuatro años, hija de un amigo, en Manacor (Mallorca), ha aseverado, durante el juicio por estos hechos en la Audiencia Provincial de Baleares, que «jamás sucedió» y ha insistido en que no puede «más con la situación».

La Fiscalía pide para el hombre una condena de cinco años y medio de cárcel. El acusado ha reiterado, durante su declaración, que no sabe por qué la víctima ha dicho todo y ha asegurado que, desde la denuncia, no puede «ni dormir». «Estoy aquí para que se haga justicia porque no puedo más», ha subrayado.

La menor ha declarado a puerta cerrada por decisión de la Sala para salvaguardar la intimidad de la misma. Supuestamente, el hombre juzgado aprovechó varias ocasiones en que se encontraba a solas con la menor para someterla a tocamientos en una habitación de su casa.

Según ha detallado el acusado ante preguntas de la Fiscalía, el hombre conocía al padre de la menor y lo invitaba de vez en cuando a comer a su casa, normalmente sábado o domingo. En esos encuentros, los niños de ambas parejas jugaban en el patio de la casa y los mayores cocinaban o hablaban en el salón.

En ningún momento, el hombre ha indicado que estuvo con la menor a solas en alguna de las habitaciones de su casa. Una negativa que entronca con lo declarado por la niña durante las evaluaciones en la Unidad de Valoración de Abuso Sexual (Uvasi).

En este sentido, las dos peritos presentes en el juicio han coincidido en que el relato de la niña, de apenas cuatro años en el momento de los hechos, es «creíble» y «no presenta dudas». Además, una de las peritos ha confirmado que «no se aprecia influencia directa de fabulación» en la menor: «En todo momento, mantuvo el mismo testimonio».

En el turno de los testigos, la madre de la menor ha indicado que fue la propia niña quien le contó los hechos. Sin embargo, el padre y su pareja en el momento de los hechos se han mostrado extrañados con el relato. «Siempre estuve pendiente de mi hija cuando estábamos en casa de mi amigo», ha confirmado el progenitor.

En sus conclusiones finales, la Fiscalía ha destacado como principal prueba la declaración de la menor, relatada en varias ocasiones con «coherencia». «Su testimonio debe considerarse creíble y verídico», ha dicho el fiscal. En el punto contrario, la defensa ha resaltado que con la prueba aportada no ha quedado acreditado el delito. El juicio ha quedado visto para sentencia.

La diputada del PP y expresidenta del Congreso, Ana Pastor, ha dicho este martes que el Gobierno de Pedro Sánchez «ha dejado a su suerte» a las CCAA en la lucha contra el coronavirus y que ha tomado «medidas políticas» en vez de «técnicas». Asimismo, ha exigido una «ley de pandemias» que ayude a frenar la curva de contagios.

Pastor ha criticado también al Ejecutivo por su medida de quitar la mascarilla. «El presidente anunció a bombo y platillo que el 26 se quitaban las mascarillas y ahora somos el farolillo rojo de Europa», ha remarcado en unas declaraciones a los medios, que ha tenido lugar en Madrid.

«Alemania nos ha puesto en la lista roja y Francia ha mandado un aviso y parece que este es problema de otros», ha subrayado la ‘popular’. En este sentido, ha dicho que el Gobierno «ha llegado tarde una vez más» y que la coogobernanza «es inexistente», por lo que las Comunidades «llevan esta carga a sus espaldas», ha insistido.

LEY DE PANDEMIAS

Preguntada por si sería necesario un nuevo Estado de Alarma para frenar la curva de contagios, Pastor ha dicho que lo que «sería necesario» es una «ley de pandemias de una vez por todas».

«La Xunta de Galicia aprobó una ley para luchar contra el virus y la han recurrido», ha aclarado la expresidenta del Congreso y ha citado al presidente de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, diciendo que «ni comen ni dejan comer».

FONDOS EUROPEOS

Respecto al tema de los Fondos Europeos, la diputada ha pedido al Gobierno que sea «transparente» en el reparto para que no se «perjudique a Galicia» y que esta distribución se haga con criterios «objetivos» y no «partidarios ni partidistas».

Pastor ha reclamado una «autoridad independiente» para garantizar que ese reparto ayude a la «revitalización del turismo» en Galicia en un año «extraordinario como es el Xacobeo».

Asimismo, la ‘popular’ ha remarcado la importancia que tiene este año Xacobeo para Galicia y lo que esto representa para el resto de España. «Hablar de Galicia y de Xacobeo es hablar de marca España», ha remarcado. En este contexto, ha reiterado la importancia del reparto «objetivo y transparente» de esos fondos. «Es muy importante el apoyo de los fondos europeos para la revitalización del turismo y no tenemos noticia ni de cuándo ni de cómo ni de cuánto», ha dicho Pastor.

SITUACIÓN EN VENEZUELA Y CUBA

Ana Pastor también ha querido mostrar su apoyo al pueblo de Venezuela y Cuba en este momento de crisis social y sanitaria que vienen estos dos países y ha exigido al Gobierno de España que diga «claro y alto que la libertad y la democracia tienen que estar por encima de todo».

«Venezuela y Cuba son parte de nuestro mundo cultural y no se puede permitir que vivan bajo opresores y sin el respeto a la democracia, la justicia y la libertad», ha concluido Pastor.