El sistema eléctrico español percibirá 33 millones de euros como resultado de las subastas anuales de capacidad de intercambio de electricidad de las interconexiones con Francia y Portugal para 2021, informó Red Eléctrica de España (REE).

Estos ingresos, que suponen un aumento del 22% respecto a lo obtenido en las subastas celebradas el pasado año para 2020, se destinarán a la reducción de los costes regulados del sistema.

REE, Réseau de Transport d'Électricité (RTE) y Redes Energéticas Nacionais (REN), los operadores de los sistemas eléctricos de España, Francia y Portugal, respectivamente, han asignado capacidad de intercambio de electricidad en las interconexiones eléctricas para el año 2021 mediante cuatro subastas. En concreto, una para cada sentido de la interconexión Francia-España y otra para cada sentido de la interconexión Portugal-España.

Estas subastas anuales son una herramienta de gestión a largo plazo para la asignación de derechos de uso de capacidad para acceder a la interconexión y poder, de esta manera, intercambiar energía entre países vecinos.

Estos derechos de uso son adjudicados a los participantes en las subastas, empresas generadoras, consumidores, inversores o entidades financieras, entre otros.

La asignación de la capacidad de intercambio para 2021 se ha celebrado a través de JAO, empresa reconocida como plataforma única de asignación europea (SAP, por sus siglas en inglés) y que, además de estas subastas anuales, también celebrará otras mensuales para la interconexión con Francia y subastas trimestrales y mensuales para la interconexión con Portugal.

CON FRANCIA

En la interconexión con Francia se han asignado derechos físicos de transmisión. Los participantes adjudicatarios, que han abonado el precio de la subasta, tienen la opción de establecer en el largo plazo intercambios físicos de energía a través de la interconexión, o bien, recibir la diferencia positiva de precios de los mercados diarios entre las zonas de España y Francia en el sentido de la capacidad asignada.

En el sentido España-Francia se ofrecieron y asignaron 800 megavatios (MW) para cada hora del año, estableciéndose un precio resultante de 5,03 euros por MW y hora, y obteniendo capacidad 15 de los 38 agentes participantes.

Por su parte, en el sentido Francia-España se ofreció y asignó el mismo volumen de capacidad, con un precio resultante de 4,36 euros por MW y hora, habiendo obtenido capacidad 19 de los 38 agentes participantes.

Las rentas de congestión generadas alcanzan un valor de 65,8 millones de euros, a repartir a partes iguales entre los sistemas español y francés.

La capacidad de intercambio ofrecida con Francia representa aproximadamente un tercio de la capacidad prevista, siendo los otros dos tercios de la capacidad ofrecidos en la subasta mensual y el horizonte diario, respectivamente.

CON PORTUGAL

Por otra parte, en la interconexión con Portugal se han asignado derechos financieros de transmisión. Los participantes adjudicatarios de estos derechos, que han abonado el precio de la subasta, tienen derecho a recibir la diferencia positiva de precios en el mercado diario entre las zonas de España y Portugal en el sentido de la capacidad asignada.

Así, en el sentido España-Portugal, se ofrecieron y asignaron 340 MW para cada hora del año, estableciéndose un precio resultante de 0,1 euros por MW y hora, y obteniendo capacidad 13 de los 20 agentes participantes.

Por su parte, en el sentido Portugal-España se ofrecieron y asignaron 350 MW, con un precio resultante de 0,08 euros por MW y hora, habiendo obtenido capacidad 13 de los 20 agentes participantes. Las rentas de congestión generadas alcanzan un valor de 0,5 millones de euros, la mitad de los cuales corresponden al sistema español.

En el caso de la interconexión con Portugal, en las subastas anuales se asigna un 15% de la capacidad prevista mientras que en las trimestrales y mensuales se adjudica otro 15% respectivamente. Esta capacidad de interconexión, junto a toda la restante, se ofrece después en el mercado diario.

El 62% de las empresas afirma que ha sufrido más ciberataques desde el comienzo de la pandemia, según el informe 'El estado de la ciberseguridad en España' de Deloitte.

La pandemia también ha generado la disminución de los presupuestos de ciberseguridad en el 57% de las empresas, con los riesgos derivados de la reducción de esta partida.

En este sentido, los ciberataques se han incrementado sobre todo en sectores vulnerables, y es que el 76% de las organizaciones ha sufrido entre uno y dos incidentes significativos al año, según se extrae del estudio de Deloitte. Por sectores, Administración, salud y seguros son los que reportan mayor número de incidentes en el último año.

Además, el estudio de Deloitte pone de manifiesto la relación que existe entre el presupuesto designado para ciberseguridad y los incidentes significativos que la organización experimenta.

Sobre ello, las empresas que destinan menos de un 3% de su presupuesto de tecnología a ciberseguridad (la media es del 9,3%) sufren una mayor cantidad de incidentes, pudiendo llegar a dos al año de media.

El 77% de las empresas que forman parte del grupo con un promedio más alto de "ciberincidentes" anuales no posee ningún tipo de certificación. Según Deloitte, este dato señala la importancia de definir una adecuada gestión de la ciberseguridad, lo que beneficia la mitigación de los riesgos, la mejora de la formación y concienciación de los empleados, así como el análisis de las causas de los "ciberincidentes".

NECESIDAD DE MAYOR CONCIENCIACIÓN Y CAPACIDAD TECNOLÓGICA

Para Miguel Olías de Lima, mánager de Risk Advisory especializado en ciberseguridad de Deloitte, las compañías toman cada vez mayor conciencia de la importancia que tiene la ciberseguridad para su negocio. Sobre ello, el informe confirma que el 91% de las organizaciones cuenta con un comité de seguridad.

Sin embargo, el responsable de Deloitte ha afirmado que "todavía tienen un amplio camino que recorrer, pero han aprendido que los empleados y su gestión del 'email' son uno de los vectores de entrada de 'malware' más utilizados".

Igualmente, la capacidad tecnológica de las organizaciones es cada vez mayor, lo que se pone de manifiesto en que un 87% dispone de dispositivos de Internet de las Cosas (IoT). Esta mayor dependencia requiere contemplar las necesidades específicas de estos dispositivos, las amenazas y sus vulnerabilidades, lo que casi la mitad (46%) no integra en su estrategia de ciberseguridad.

La Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE) ha presentado un catálogo de 21 proyectos para la recuperación y transformación de la economía española con el objetivo de contribuir a una inversión "lo más eficiente posible" de los fondos asociados al Plan Europeo de Recuperación 'Next Generation EU'.

El presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, ha afirmado este jueves durante la presentación de los 21 proyectos que la puesta en marcha de reformas e inversiones constituyen la principal prioridad del país, aunque ha incidido en que las reformas e inversiones deben ir "juntas y unidas".

De su lado, el vicepresidente de la CEOE, Íñigo Fernández de Mesa, ha señalado que si la mayor parte del dinero que llegue se usa para modernizar la empresa española, por cada euro público se podrían movilizar hasta cuatro privados. "El impacto que tiene el uso de estos recursos si se usa para modernizar estas empresas, es tres veces más que si se usa para otros medios", ha resaltado.

Asimismo, ha hecho hincapié en que con esta iniciativa lo que quiere la patronal es que el dinero se use de la forma "más eficiente posible". "Estamos dialogando con el Gobierno y creemos que hay una buena gobernanza donde el sector privado tenga capacidad de ser escuchado para que el uso del dinero sea eficiente y genere crecimiento económico", ha añadido.

Según la patronal, estas 21 iniciativas están "especialmente orientadas" a acelerar y consolidar la doble transición ecológica y digital, así como la reindustrialización del país.

Además de agilizar la recuperación y la transformación a través de las capacidades de las grandes empresas españolas, la configuración de las propuestas también da respuesta a la tracción y arrastre de los fondos hacia las pequeñas y medianas empresas y los autónomos.

Para CEOE, de esta forma, "España logrará un alto impacto en el crecimiento económico y el mantenimiento y generación de empleo de calidad".

TURISMO, DIGITALIZACIÓN, SALUD Y MEDIOS DE PAGO

Las iniciativas se centran en el ámbito de la transición digital y se lanzan propuestas relacionadas con el turismo, la digitalización de las pymes, el sector agroalimentario, la salud, la investigación clínica, los medios de comunicación y los medios de pago.

Por otro lado, respecto al ámbito de la transición ecológica, se proponen iniciativas que tienen que ver con las redes y las energías renovables, la movilidad sostenible, la economía azul, la descarbonización de la industria, el hidrógeno, las infraestructuras y la logística, la economía circular, la reforma y rehabilitación integral de edificios y la regeneración urbana.

En otro eje, que tiene que ver con la cohesión social y territorial, se abordan propuestas en materia de industrias culturales y creativas, deporte, reto demográfico y competitividad territorial, formación profesional y acercamiento de la educación a la empresa. En las iniciativas también hay hueco para el compromiso empresarial con la igualdad.

Según CEOE, en cada una de las estrategias se incluyen distintas líneas de inversión y a su vez estas se implementan con más de 400 proyectos específicos. La patronal entiende que su ejecución debe llevarse a cabo por medio de los mecanismos que mejor encajen, ya sea a través de la colaboración público-privada, las licitaciones de contratos públicos o las convocatorias de subvenciones, entre otros.

Más de 100 grupos empresariales y 60 organizaciones empresariales sectoriales y territoriales han trabajado de manera conjunta en un proceso "ágil y altamente participativo" para poner estas 21 propuestas a disposición del Gobierno de cara a su puesta en marcha conjunta en 2021.

"Las empresas españolas ratificamos nuestro compromiso con España, asentado siempre en la independencia, el sentido de Estado y la lealtad institucional", ha dejado claro Garamendi.

La gestora BBVA Asset Management ve un potencial del 16,4% para las bolsas europeas (Stoxx 600) en 2021 y del 15,8% para el Ibex 35, por encima del potencial del 8,7% que pronostica para la renta variable estadounidense (S&P500), según consta en su 'Visión de mercados de 2021'.

"La Bolsa española debería tener un comportamiento parecido al resto de las Bolsa europeas, es decir, positivo o muy positivo en 2021", ha asegurado este jueves el director de estrategia global de BBVA AM, Joaquín García Huerga.

En su escenario central, el selectivo español llegará a diciembre de 2021 con 9.400 puntos, lo que supone una revalorización del precio del 15,8% y unos beneficios del 19,5% incluyendo los dividendos. "Históricamente, el Ibex es un índice cíclico que se ve beneficiado en la recuperación", ha apostillado el experto.

García Huerga ha recordado que la Bolsa española tiene más margen de recuperación, ya que ha caído con más fuerza que otras Bolsas con la llegada de la pandemia. Además, confía en que de forma progresiva, a largo plazo, también se beneficie de la normalización de los tipos de interés.

Precisamente, esta previsión de subida en 2021 está en línea con las estimaciones que ofreció la gestora hace justo un año, cuando confiaba en que el Ibex creciera un 15% para 2020, si bien, con la crisis del coronavirus, acumula pérdidas superiores al 12% en lo que va de año.

García Huerga ha señalado que sus estimaciones prevén un mejor comportamiento de las Bolsas europeas que las estadounidenses, aunque todas experimentarán un "rebote considerable" en 2021 y 2022, impulsados por la revisión de los beneficios empresariales, deprimidos este año. En su escenario central el S&P500 superaría en 2022 los beneficios por acción (BPA) de 2019, los europeos alcanzarían el nivel de ese año y el Ibex todavía estaría por debajo.

BBVA considera que las valoraciones de la Bolsa son "elevadas, pero sostenibles". La gestora ha mostrado una "ligera preferencia" por las emergentes frente a las desarrolladas, por un dólar estable o más débil y el soporte de las políticas monetarias laxas. Por ello, en 2021 las bolsas emergentes podrían comportarse "igual o incluso mejor" que las desarrolladas.

Por sectores, el experto ha señalado que en 2021 podría haber una "rotación sectorial" con la transición al 'value' frente al estilo 'growth', que ha sido más rentable en los últimos 12 años. Así, un ligero repunte tras la normalización de tipos de interés, que han hecho suelo, podrían favorecer a empresas financieras, industriales, de materiales básicos y de energía, en detrimento de las más defensivas.

En cuanto a la deuda soberana, BBVA AM considera que los bonos de países desarrollados continúan ofreciendo una rentabilidad en "mínimos históricos", negativa en casi todos los casos, por lo que la infraponderan en las carteras. Sin embargo, ve atractivo en los bonos de gobiernos de países emergentes, de forma diversificada, por su rentabilidad claramente positiva.

En lo referente al crédito, la gestora considera que los bonos corporativos ofrecieron una rentabilidad muy atractiva en marzo, pero desde entonces su diferencial se ha ido estrechando y su rentabilidad esperada para los próximos doce meses es "moderada o incluso baja". Su análisis muestra una ligera preferencia por el 'high yield' en la Eurozona.

En términos de materias primas, considera que el oro es poco atractivo en los niveles actuales de cotización, mientras que el precio de las materias industriales se verá favorecido por la demanda en la recuperación.

La Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE) ha presentado un catálogo de 21 proyectos para la recuperación y transformación de la economía española con el objetivo de contribuir a una inversión "lo más eficiente posible" de los fondos asociados al Plan Europeo de Recuperación 'Next Generation EU'.

El presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, ha afirmado este jueves durante la presentación de los 21 proyectos que la puesta en marcha de reformas e inversiones constituyen la principal prioridad del país, aunque ha incidido en que las reformas e inversiones deben ir "juntas y unidas".

De su lado, el vicepresidente de la CEOE, Íñigo Fernández de Mesa, ha señalado que si la mayor parte del dinero que llegue se usa para modernizar la empresa española, por cada euro público se podrían movilizar hasta cuatro privados. "El impacto que tiene el uso de estos recursos si se usa para modernizar estas empresas, es tres veces más que si se usa para otros medios", ha resaltado.

Asimismo, ha hecho hincapié en que con esta iniciativa lo que quiere la patronal es que el dinero se use de la forma "más eficiente posible". "Estamos dialogando con el Gobierno y creemos que hay una buena gobernanza donde el sector privado tenga capacidad de ser escuchado para que el uso del dinero sea eficiente y genere crecimiento económico", ha añadido.

Según la patronal, estas 21 iniciativas están "especialmente orientadas" a acelerar y consolidar la doble transición ecológica y digital, así como la reindustrialización del país.

Además de agilizar la recuperación y la transformación a través de las capacidades de las grandes empresas españolas, la configuración de las propuestas también da respuesta a la tracción y arrastre de los fondos hacia las pequeñas y medianas empresas y los autónomos.

Para CEOE, de esta forma, "España logrará un alto impacto en el crecimiento económico y el mantenimiento y generación de empleo de calidad".

Las iniciativas se centran en el ámbito de la transición digital y se lanzan propuestas relacionadas con el turismo, la digitalización de las pymes, el sector agroalimentario, la salud, la investigación clínica, los medios de comunicación y los medios de pago.

Por otro lado, respecto al ámbito de la transición ecológica, se proponen iniciativas que tienen que ver con las redes y las energías renovables, la movilidad sostenible, la economía azul, la descarbonización de la industria, el hidrógeno, las infraestructuras y la logística, la economía circular, la reforma y rehabilitación integral de edificios y la regeneración urbana.

En otro eje, que tiene que ver con la cohesión social y territorial, se abordan propuestas en materia de industrias culturales y creativas, deporte, reto demográfico y competitividad territorial, formación profesional y acercamiento de la educación a la empresa. En las iniciativas también hay hueco para el compromiso empresarial con la igualdad.

Según CEOE, en cada una de las estrategias se incluyen distintas líneas de inversión y a su vez estas se implementan con más de 400 proyectos específicos. La patronal entiende que su ejecución debe llevarse a cabo por medio de los mecanismos que mejor encajen, ya sea a través de la colaboración público-privada, las licitaciones de contratos públicos o las convocatorias de subvenciones, entre otros.

Más de 100 grupos empresariales y 60 organizaciones empresariales sectoriales y territoriales han trabajado de manera conjunta en un proceso "ágil y altamente participativo" para poner estas 21 propuestas a disposición del Gobierno de cara a su puesta en marcha conjunta en 2021.

"Las empresas españolas ratificamos nuestro compromiso con España, asentado siempre en la independencia, el sentido de Estado y la lealtad institucional", ha dejado claro Garamendi.

La gestora BBVA Asset Management ve un potencial del 16,4% para las bolsas europeas (Stoxx 600) en 2021 y del 15,8% para el Ibex 35, por encima del potencial del 8,7% que pronostica para la renta variable estadounidense (S&P500), según consta en su 'Visión de mercados de 2021'.

"La Bolsa española debería tener un comportamiento parecido al resto de las Bolsa europeas, es decir, positivo o muy positivo en 2021", ha asegurado este jueves el director de estrategia global de BBVA AM, Joaquín García Huerga.

En su escenario central, el selectivo español llegará a diciembre de 2021 con 9.400 puntos, lo que supone una revalorización del precio del 15,8% y unos beneficios del 19,5% incluyendo los dividendos. "Históricamente, el Ibex es un índice cíclico que se ve beneficiado en la recuperación", ha apostillado el experto.

García Huerga ha recordado que la Bolsa española tiene más margen de recuperación, ya que ha caído con más fuerza que otras Bolsas con la llegada de la pandemia. Además, confía en que de forma progresiva, a largo plazo, también se beneficie de la normalización de los tipos de interés.

Precisamente, esta previsión de subida en 2021 está en línea con las estimaciones que ofreció la gestora hace justo un año, cuando confiaba en que el Ibex creciera un 15% para 2020, si bien, con la crisis del coronavirus, acumula pérdidas superiores al 12% en lo que va de año.

García Huerga ha señalado que sus estimaciones prevén un mejor comportamiento de las Bolsas europeas que las estadounidenses, aunque todas experimentarán un "rebote considerable" en 2021 y 2022, impulsados por la revisión de los beneficios empresariales, deprimidos este año. En su escenario central el S&P500 superaría en 2022 los beneficios por acción (BPA) de 2019, los europeos alcanzarían el nivel de ese año y el Ibex todavía estaría por debajo.

BBVA considera que las valoraciones de la Bolsa son "elevadas, pero sostenibles". La gestora ha mostrado una "ligera preferencia" por las emergentes frente a las desarrolladas, por un dólar estable o más débil y el soporte de las políticas monetarias laxas. Por ello, en 2021 las bolsas emergentes podrían comportarse "igual o incluso mejor" que las desarrolladas.

Por sectores, el experto ha señalado que en 2021 podría haber una "rotación sectorial" con la transición al 'value' frente al estilo 'growth', que ha sido más rentable en los últimos 12 años. Así, un ligero repunte tras la normalización de tipos de interés, que han hecho suelo, podrían favorecer a empresas financieras, industriales, de materiales básicos y de energía, en detrimento de las más defensivas.

En cuanto a la deuda soberana, BBVA AM considera que los bonos de países desarrollados continúan ofreciendo una rentabilidad en "mínimos históricos", negativa en casi todos los casos, por lo que la infraponderan en las carteras. Sin embargo, ve atractivo en los bonos de gobiernos de países emergentes, de forma diversificada, por su rentabilidad claramente positiva.

En lo referente al crédito, la gestora considera que los bonos corporativos ofrecieron una rentabilidad muy atractiva en marzo, pero desde entonces su diferencial se ha ido estrechando y su rentabilidad esperada para los próximos doce meses es "moderada o incluso baja". Su análisis muestra una ligera preferencia por el 'high yield' en la Eurozona.

En términos de materias primas, considera que el oro es poco atractivo en los niveles actuales de cotización, mientras que el precio de las materias industriales se verá favorecido por la demanda en la recuperación.

El consejero ejecutivo y director general de Aeropuertos de Aena, Javier Marín, ha avanzado este jueves que el gestor aeroportuario prevé acabar el año con una caída del 70% en el volumen de pasajeros totales respecto al año anterior ante el impacto de la pandemia.

"Este año acabaremos con un 30% del volumen de pasajeros que tuvimos el año pasado", ha adelantado Marín este jueves durante su intervención en la jornada 'Turismo en España: claves para su reactivación', organizada por Deusto Business School.

Además de esta previsión a pocos días de que termine el año, Marín ha informado sobre la caída, aún más severa, del volumen de pasajeros en el mes de noviembre, periodo marcado por la segunda ola de la pandemia en toda Europa. En concreto, durante este mes el desplome del volumen de pasajeros fue del 85%.

"El mes de noviembre, cuando hemos estado viendo la segunda ola y rebrotes por toda Europa, los volúmenes de pasajeros apenas han alcanzado el 15% de los que teníamos el año pasado", ha señalado.

En cuanto al futuro, Marín ha admitido que no saben cómo será ni cuándo se producirá la salida de la crisis, aunque sí ha asumido que "habrá una huella macroeconómica que afectará al transporte aéreo".

No obstante, Marín ha señalado que "algo positivo" que han notado los últimos meses es la capacidad de reacción del sector y la voluntad de los pasajeros de viajar tras el levantamiento de las restricciones, algo que se pudo comprobar en verano, con la apertura del corredor turístico entre Canarias y Reino Unido y con el reciente levantamiento del confinamiento británico, que ha provocado el aumento del tráfico especialmente en el archipiélago canario.

Por ello cree que España será capaz de mantener el nivel de competitividad. "Saldremos reforzados y seguiremos siendo un país líder", ha recalcado.

La Confederación Española de Comercio (CEC) ha solicitado al Gobierno que suspenda de forma temporal la subida que va de tres a doce euros en la cuota de los autónomos prevista para 2021.

La patronal del Comercio se suma así a la petición realizada por la Asociación de Trabajadores Autónomos (ATA) y solicita un aplazamiento de esta subida dado el "delicado" contexto económico en el que está inmerso el país.

Para el sector del comercio, uno de los más castigados por la crisis derivada del Covid-19 y en el que el porcentaje de autónomos supera el 20%, esta subida supondría "un escollo más en el complicado camino hacia la recuperación".

"Muchos subsectores del comercio se encuentran en una situación límite, registrando caídas de facturación interanuales que alcanzan el 50% y con restricciones a la actividad en la mayoría de territorios", ha afirmado el presidente de la CEC, Pedro Campo, quien, en en este sentido, ha solicitado "sensibilidad y comprensión" al Ejecutivo para frenar temporalmente esta subida.

"Si bien este incremento está pactado desde 2018, el contexto de extraordinaria gravedad en el que nos encontramos debería ser tenido en cuenta", ha indicado Campo.

A la subida de la cuota de entre tres y doce euros aplicada en octubre y noviembre, se le sumará, si no se activa una moratoria, una nueva subida en enero de 2021 de entre tres y doce euros más y aquellos que coticen por la base mínima tendrán que pagar 289 euros mensuales el próximo año. Esto se debe, según explica la CEC, a que para 2021 está prevista la aplicación de un nuevo incremento de los tipos de cotización de otro 0,3% por cese de actividad y contingencias profesionales previsto para 2021.

La CEC ha considerado "inoportuno" esta subida, "en un momento en el que, lejos de subidas en los tipos de cotización para los autónomos del sector", el comercio reclama al Gobierno ayudas directas y exoneraciones en las cuotas.

La Confederación ha reiterado, por último, que el 15% de comercios no ha vuelto a abrir sus puertas desde marzo, un porcentaje que, según indica, puede ser mucho mayor si no se aplican medidas paliativas con carácter urgente.

La Comisión Nacional de la Informática y las Libertades (CNIL), la autoridad francesa en materia de privacidad, ha sancionado con 100 millones de euros a Google y con otros 35 millones a Amazon por haber instalado en los ordenadores de los usuarios 'cookies' publicitarias sin consentimiento de estos.

En concreto, el regulador galo ha sancionado con una multa de 60 millones de euros a Google y con otros 40 millones de euros a Google Ireland. En el caso de la compañía fundada por Jeff Bezos, la sanción de 35 millones de euros ha sido impuesta a Amazon Europe Core.

La Comisión ha justificado los importes de las sanciones por la "gravedad del incumplimiento del artículo 82 de la Ley de Protección de Datos", destacando los "considerables beneficios" que obtienen las empresas a través de los ingresos publicitarios generados indirectamente mediante los datos recogidos por estas 'cookies' y señalando que, en el caso del motor de búsqueda, estas prácticas habían afectado a casi cincuenta millones de usuarios en Francia.

En este sentido, el regulador indicó que, tras la actualización acometida por Google en septiembre de 2020, las empresas han dejado de almacenar automáticamente 'cookies' publicitarias en las computadoras de los usuarios tan pronto este entraba a la web francesa del buscador, así como tampoco la web de Amazon en el país galo.

Sin embargo, la Comisión considera que el nuevo 'banner' informativo desplegado por las compañías aún no permitía a los internautas residentes en Francia comprender que estos rastreadores publicitarios se utilizan principalmente para mostrarles anuncios de publicidad personalizados y que aún no se informa claramente a los usuarios de la posibilidad de rechazar estas 'cookies'.

En consecuencia, además de las multas administrativas, CNIL decidió imponer de forma cautelar una multa de 100.000 euros diarios a las compañías si transcurrido un plazo de tres meses no han modificado satisfactoriamente sus avisos.

REACCIÓN DE LAS EMPRESAS

Desde Google, un portavoz de la compañía ha subrayado la convicción de esta en su buen hacer a la hora de facilitar, desde el principio, información y controles claros, una sólida gobernanza de los datos a nivel interno, una infraestructura segura y, por encima de todo ello, productos útiles.

"La decisión de hoy, bajo las leyes francesas de ePrivacy, pasa por alto estos esfuerzos y no tiene en cuenta el hecho de que las normas francesas y la orientación regulatoria son inciertas y están en constante evolución. Seguiremos colaborando con la CNIL, a medida que realizamos mejoras, para comprender sus preocupaciones", ha indicado.

En el caso de Amazon, la compañía ha expresado su desacuerdo con la decisión de la CNIL y ha defendido el carácter prioritario que representa para la empresa la protección de la privacidad de los clientes.

"Estamos en desacuerdo con la decisión de la Comisión Nacional de Informática y Libertades (CNIL) francesa. Proteger la privacidad de nuestros clientes es una de las principales prioridades de Amazon. Actualizamos continuamente nuestros protocolos de privacidad para asegurarnos de que satisfacen las necesidades y expectativas cambiantes de clientes y reguladores en pleno cumplimiento con todas las leyes aplicables en cada país en el que operamos", ha señalado.

Casi la mitad de las empresas, en concreto el 48,5%, está detectando un descenso de su facturación en el trimestre en curso con respecto al tercero y cerca de una cuarta parte (23,9%) afirma que este retroceso de sus ventas está siendo "significativo", según una encuesta realizada por el Banco de España entre casi 12.500 empresas españolas para conocer la evolución de su actividad y la incidencia del Covid en sus negocios.

La encuesta, que ha obtenido una tasa de respuesta superior al 30%, refleja también que las perspectivas para el primer trimestre de 2021 continúan sin ser favorables, ya que el 45,9% de las empresas espera una disminución adicional de su facturación entre enero y marzo.

En valores interanuales, una proporción muy elevada de empresas afirma que está registrando actualmente descensos en sus ventas, con más de un tercio (36,3%) declarando retrocesos superiores al 15% respecto a finales de 2019. El descenso medio para el total de las empresas alcanza casi el 10% y llega hasta cerca del 50% en el caso de la hostelería, uno de los sectores más castigados por la pandemia.

En términos de empleo, las empresas encuestadas por el Banco de España describen un panorama más estable, pues su menor actividad en el cuarto trimestre no se estaría traduciendo en una destrucción de empleo "de magnitud comparable".

Así, aunque casi un 25% de las empresas manifiesta haber recortado plantilla en el trimestre actual, la mayor parte de ellas habría mantenido estable o incluso aumentado levemente su personal. De cara al primer trimestre de 2021, las empresas anticipan que el volumen de sus trabajadores será muy similar al del trimestre actual.

El Banco de España precisa que la valoración de las empresas acerca de su situación actual muestra un grado de heterogeneidad muy elevado por ramas de actividad, debido a que las restricciones para contener la pandemia han perjudicado fundamentalmente a las actividades de servicios.

Así, la actividad y el empleo están evolucionando de forma más negativa en este cuarto trimestre en la hostelería, las actividades de ocio y entretenimiento, y el comercio.

En todo caso, aunque con menor intensidad, los descensos de la actividad y del empleo son mayoritarios en el trimestre en curso en todas las ramas, lo que refleja, según el Banco de España, "un cierto deterioro de la economía tras el fuerte repunte observado en el período inmediatamente posterior a la desescalada.

Las empresas constatan en esta encuesta que este empeoramiento de su actividad está teniendo también reflejo en los precios de venta de sus productos, con descensos que tienden a ser más elevados en las ramas más afectadas por la crisis. Además, esta evolución "estaría presionando a la baja los márgenes de las empresas" por el mayor coste de los 'inputs' de sus procesos productivos. Las expectativas de las empresas apuntan a una prolongación de la contracción de sus márgenes en el primer trimestre de 2021.

INCERTIDUMBRE Y CAÍDA DE LA DEMANDA, FACTORES DETERMINANTES

La encuesta revela que la mayor parte de las empresas apunta a la incertidumbre sobre la evolución de la pandemia y sobre la política económica como el factor con un mayor impacto negativo sobre su actividad reciente.

La presencia de una elevada incertidumbre, que podría afectar a las decisiones de las empresas, se detecta asimismo cuando se les pregunta acerca del momento en el que esperan recuperar el nivel de actividad previo a la pandemia. De la elevada proporción de empresas que no esperan que ello suceda este año (el 82,5%), la mayoría de ellas "no se atreve a poner fecha a tal recuperación".

El segundo factor mencionado más frecuentemente por las empresas como determinante de la caída reciente de su actividad es la disminución de la demanda. También aquí se produce una heterogeneidad por sectores, siendo este factor más relevante en el caso de los servicios.

Por otro lado, el Banco de España señala que el acceso a la financiación externa estaría condicionando la actividad para una proporción de empresas comparativamente más reducida, incluso en las ramas más perjudicadas por el Covid-19.

"Este resultado podría estar apuntando a un funcionamiento apropiado de los mecanismos de garantías crediticias públicas puestos en marcha tras el estallido de la crisis, si bien la proporción relativamente elevada de empresas que, dentro de algunos sectores, mencionan este factor como un condicionante adverso de su actividad productiva sugiere que no todas ellas han logrado solventar plenamente sus necesidades de recursos financieros", sostiene.

Sobre las vías de actuación a las que han recurrido las empresas para paliar los efectos de la crisis, los más frecuentes han sido el acceso a los préstamos avalados por el Instituto de Crédito Oficial (ICO), la reducción de sus inversiones, el fomento del teletrabajo y la formulación de expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE).

Las empresas han hecho un uso más frecuente de estos mecanismos cuanto mayor ha sido el descenso de su facturación. Este es el caso de los préstamos ICO, la disminución de la inversión o los ERTE.

Asimismo, el Banco de España también detecta un mayor uso de las medidas de ajuste de los costes laborales, como las reducciones de plantilla o los ajustes salariales, en las empresas en peor situación económica, aunque, en conjunto, "la utilización de estas herramientas ha sido comparativamente menor hasta la fecha".

En cambio, señala la institución, no existe una relación entre la evolución de la facturación de las empresas y el grado de aumento del teletrabajo o de la explotación de canales de venta 'online'.

La Confederación Española de Comercio (CEC) ha solicitado al Gobierno que suspenda de forma temporal la subida que va de tres a doce euros en la cuota de los autónomos prevista para 2021.

La patronal del Comercio se suma así a la petición realizada por la Asociación de Trabajadores Autónomos (ATA) y solicita un aplazamiento de esta subida dado el "delicado" contexto económico en el que está inmerso el país.

Para el sector del comercio, uno de los más castigados por la crisis derivada del Covid-19 y en el que el porcentaje de autónomos supera el 20%, esta subida supondría "un escollo más en el complicado camino hacia la recuperación".

"Muchos subsectores del comercio se encuentran en una situación límite, registrando caídas de facturación interanuales que alcanzan el 50% y con restricciones a la actividad en la mayoría de territorios", ha afirmado el presidente de la CEC, Pedro Campo, quien, en en este sentido, ha solicitado "sensibilidad y comprensión" al Ejecutivo para frenar temporalmente esta subida.

"Si bien este incremento está pactado desde 2018, el contexto de extraordinaria gravedad en el que nos encontramos debería ser tenido en cuenta", ha indicado Campo.

A la subida de la cuota de entre tres y doce euros aplicada en octubre y noviembre, se le sumará, si no se activa una moratoria, una nueva subida en enero de 2021 de entre tres y doce euros más y aquellos que coticen por la base mínima tendrán que pagar 289 euros mensuales el próximo año. Esto se debe, según explica la CEC, a que para 2021 está prevista la aplicación de un nuevo incremento de los tipos de cotización de otro 0,3% por cese de actividad y contingencias profesionales previsto para 2021.

La CEC ha considerado "inoportuno" esta subida, "en un momento en el que, lejos de subidas en los tipos de cotización para los autónomos del sector", el comercio reclama al Gobierno ayudas directas y exoneraciones en las cuotas.

La Confederación ha reiterado, por último, que el 15% de comercios no ha vuelto a abrir sus puertas desde marzo, un porcentaje que, según indica, puede ser mucho mayor si no se aplican medidas paliativas con carácter urgente.

El presidente y consejero delegado de Aena, Maurici Lucena, ha señalado este jueves que el tráfico en los aeropuertos de Aena ha caído un 71% hasta octubre y que para este año, "con seguridad", la compañía "tendrá pérdidas".

Lucena se ha manifestado así durante su comparecencia en la Comisión de Presupuestos en el Senado, donde ha indicado que "lo más probable" es que las previsiones de organismos internacionales como el Consejo Internacional de Aeropuertos (ACI) o la Asociación Internacional de Líneas Aéreas (IATA) sobre caída del tráfico "estén en lo cierto". Asimismo, ha resaltado que estos mismos organismos no esperan que se recuperen las cifras de 2019 hasta algún momento entre 2024 y 2027.

Por ello, ha destacado que para Aena "se va a producir la paradoja" de enlazar 2019, un año récord en cifras de actividad y de ingresos, con el año 2020, en el que "ya se puede decir que, con seguridad, la empresa tendrá pérdidas".

Lucena ha matizado que "no hay precedentes históricos" para las consecuencias de la pandemia sobre el sector del transporte aéreo, ya que "habría que remontarse a la Segunda Guerra Mundial para encontrar niveles de tráfico tan delgados" como los actuales.

No obstante, ha recordado que no se trata de una situación exclusiva para España y que, a pesar de los sucesivos anuncios sobre la efectividad de las vacunas, "existen importantes incertidumbres sobre la evolución a corto plazo de la actividad de Aena".

Ante esta situación, el presidente de Aena ha resaltado que la compañía ha ajustado capacidad y servicios, a la vez que ha instaurado una serie de procesos para conseguir "aeropuertos seguros", y se han seguido las indicaciones de las autoridades sanitarias para implantar controles.

En cuanto al ámbito financiero, Lucena ha indicado que se han protegido "tanto como se ha sido capaz" la caja y la liquidez, además de haber suspendido el reparto de dividendo con cargo al ejercicio de 2019.

Sobre el proyecto de Presupuestos Generales del Estado (PGE), Lucena ha recordado que Aena se regula a través de un marco regulatorio específico, que es el Documento de Regulación Aeroportuaria (DORA) y que regula "aspectos de todo tipo".

Por ello, ha señalado que las inversiones que se reflejan en el proyecto de los PGE provienen de ese marco regulatorio. Asimismo, ha señalado que las tarifas se fijan también a través de "un proceso bien definido" y que son "unas tarifas extraordinariamente competitivas".

El presidente de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE), Antonio Garamendi, ha indicado este jueves que lo importante en estos momentos es recuperar el empleo y que las empresas que están sufriendo esta situación provocada por la pandemia "recuperen su espacio", por lo que ha afirmado que "no el momento" de hablar de la subida del salario mínimo interprofesional (SMI).

Así lo ha señalado en la rueda de prensa para presentar las 21 iniciativas estratégicas de país para la recuperación y transformación de la economía española, donde ha dejado claro que "con la que está cayendo y la situación en la que se encuentran las empresas", no es "el momento de hablar de estos temas", en relación al SMI.

"Con la situación en la que están las empresas, especialmente las más vulnerables; después de que el año pasado no se indexaron los contratos públicos que afectan a una serie de empresas al salario mínimo y valorando con toda claridad que lo importante es el empleo, que incluso la propia Unión Europea ha planteado en un documento que habría pérdida de empleos como consecuencia de la subida, desde luego, no es el momento de habar de estos temas", ha apostillado.

Garamendi ha añadido que el Gobierno todavía no ha trasladado a los agentes sociales cuál es su opinión sobre la subida del salario mínimo para el próximo año. Sobre el nuevo Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva (AENC), ha afirmado que todavía no se ha empezado a hablar. "Hay temas que se van a negociar y soy partidario de sentarme en la mesa y hablarlos ahí", ha remarcado.

Por otro lado, sobre la jornada laboral de cuatro días, el presidente ha dejado claro que la patronal "no va a entrar en debates que no tocan ni va a contestar cada vez que haya una ocurrencia" y ha remarcado que "España está en una situación seria como para entrar en debates".

No obstante, apuntó que estos temas siempre se tienen que plantear en la negociación colectiva. "Puede haber alguna empresa que por su situación plantee la jornada de cuatro días, pero hay otras muchas que no lo ven. Estando en la situación que estamos, no es el momento de generar desconfianza y que igual la gente no contrate por ver qué va a pasar", ha añadido.

Para el presidente de los empresarios, es necesario que haya estabilidad, "que da confianza, es la que genera empleo y hace que las empresas y empresarios puedan tirar hacia adelante".

Por otro lado, ha insistido en que las reformas que se aprueben deben ir en la "buena dirección" de generar confianza y dar estabilidad al país, ya que esto ayudará a que se anime la inversión, "no solo de capital español, sino también de capital extranjero.

La subgobernadora del Banco de España, Margarita Delgado, ha puesto de manifiesto la importancia de incluir los riesgos medioambientales en los procesos operativos de las entidades financieras, aunque al mismo tiempo ha admitido el ímprobo trabajo que supone.

Durante si intervención en el 'V Encuentro Proyecto Zero: hacia la descabornización total', Delgado ha admitido que es un tema "difícil de gestionar", pero ha subrayado que los bancos son los agentes que deben financiar las iniciativas de transformación de las empresas, las cuales tienen que adaptarse a las nuevas demandas de la sociedad.

"Los bancos deben acompañar a las empresas para poder hacer esa transformación, ya que éstas deben pedir financiación para adaptarse", ha indicado. No obstante, ha añadido que uno de los puntos más relevantes es cómo obtener información fiable, homogénea y comparable entre empresas, países o sectores.

La subgobernadora ha explicado que actualmente la financiación a través de hipotecas para viviendas solamente se otorga si se cuenta con un certificado energético, si bien este requisito solo debe constar en la escritura.

"Son datos que se requieren para poder tomar decisiones más adecuadas", ha apostillado. En este sentido, ha apuntado a la necesidad de que los bancos incorporen en sus sistemas el dato de la eficiencia energética.

En cualquier caso, ha asegurado que la transparencia respecto a la información ambiental ha mejorado, sobre todo entre las empresas cotizadas, gracias a las guías de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) sobre información no financiera.

A pesar de las memorias o la información no financiera, Delgado opina que los bancos necesitan incorporar todas estas mediciones en sus riesgos, lo que permitirá a los supervisores contar con un mejor plano sobre la solvencia bancaria y el impacto de las distintas actividades en el país.

"Es un reto tremendo y supone un trabajo ímprobo, pero necesitamos información fiable", ha añadido. En esta línea, se ha referido a algunas iniciativas públicas como la normativa europea de taxonomía o a soluciones privadas como los bonos verdes.

La Comisión Europea ha propuesto este jueves fijar requisitos obligatorios sobre la sostenibilidad, seguridad y ciclo de vida de todas las baterías que sean comercializadas en la UE, con el objetivo de que el sector contribuya a que el bloque logre cumplir los objetivos climáticos establecidos en el Pacto Verde Europeo.

El nuevo reglamento que ha planteado Bruselas, y que debe ser todavía debatido y acordado por los Estados miembros y el Parlamento, fija una serie de requisitos sobre el uso de materiales para su fabricación, el empleo de sustancias peligrosas, el contenido mínimo de materiales reciclados, la huella de carbono, el rendimiento, la durabilidad o el etiquetado.

El Ejecutivo comunitario considera que es necesario modernizar la normativa vigente debido a la evolución de la economía, los avances tecnológicos y los usos de las baterías. Las características de las pilas, acumuladores y los residuos que generan están regulados por una normativa que data de 2006.

Sin embargo, las autoridades comunitarias prevén que la demanda de baterías aumente "rápidamente" en los próximos años y que incluso se multiplique por 14 hasta 2030. El transporte eléctrico será el principal sector que impulse el uso de las baterías.

Este "crecimiento exponencial" de la demanda de baterías "dará lugar a un aumento equivalente de la demanda de materias primas", advierte la Comisión Europea, que explica en esto la "necesidad de minimizar el impacto ambiental" de las baterías.

Por eso, Bruselas ha propuesto requisitos obligatorios para todas las baterías comercializadas en la UE, ya sean industriales, portátiles, de automóviles o para vehículos eléctricos. En este sentido, la institución defiende que ofrecer seguridad jurídica en este ámbito "contribuirá a desbloquear inversiones a gran escala y a impulsar la capacidad de producción".

Otro de los objetivos del borrador de reglamento es alargar el ciclo de vida de las baterías, por lo propone que a partir del 1 de julio de 2024 solo se puedan comercializar baterías de vehículos eléctricos y recargables que cuenten con una declaración de huella de carbono. De la misma forma, plantea introducir requisitos y objetivos sobre el contenido de los materiales reciclados y la recogida, tratamiento y reciclado de las baterías en la parte final de su vida útil.

En este sentido, estima que el porcentaje de recogida de baterías portátiles, que actualmente es del 45%, debería ascender al 65% en 2025 y al 70% en 2030. Ene l caso de las baterías industriales, de automóviles o de vehículos eléctricos, deben poder recogerse "íntegramente".

Todas las baterías que sean recogidas, añade la Comisión Europea, deben ser recicladas. Además, deben alcanzarse "altos niveles de recuperación", en especial de materiales valiosos como el cobalto, el litio, el níquel y el plomo.

Por último, el reglamento establece un marco para facilitar la reutilización de las baterías de vehículos eléctricos para que puedan tener una segunda vida como sistemas fijos de almacenamiento de energía o como parte de la red eléctrica como recurso energético.

La Comunidad de Madrid ha superado a Vizcaya y pasa a liderar el índice de competitividad fiscal de 2020, junto a las provincias vascas (Vizcaya, Álava y Guipúzcoa) y Canarias, mientras que los peores resultados vuelven a registrarse en Aragón, Asturias y Cataluña, región con la peor puntuación en competitividad fiscal.

Así se desprende del Índice Autonómico de Competitividad Fiscal (IACF) de 2020, publicación de la Fundación para el Avance de la Libertad (Fundalib) junto a la Tax Foundation de Estados Unidos, que tiene en cuenta los tramos autonómicos de los grandes impuestos, los tributos cedidos íntegramente a las comunidades, la especificidad canaria y la de los regímenes forales, y los impuestos adicionales establecidos por cada comunidad autónoma.

La principal novedad del índice de 2020 es que la Comunidad de Madrid ha superado ligeramente a la provincia vasca de Vizcaya, por lo que la desbanca ocupando la primera posición con una puntuación de 7,22 sobre 10, de forma que lidera el índice junto a las provincias vascas --Vizcaya (7,15 puntos), Álava (7,1) y Guipúzcoa (6,93)-- y Canarias (6,41), que desplaza así un puesto a La Rioja (6,12).

Les siguen Castilla-La Mancha (6,05), Murcia (5,99), Cantabria (5,94), Galicia (5,92), y Andalucía (5,89), al tiempo que la bajada más pronunciada respecto al ejercicio de 2019 es la de las Islas Baleares (5,89), que caen cuatro puestos, a la decimosegunda posición. A continuación se sitúan Castilla y león (5,84), Navarra (5,72), Extermadura (5,44) y Comunidad Valenciana (5,36).

El estudio explica que Madrid sube hasta la primera posición al reducir ligeramente su distancia con Vizcaya en el Impuesto sobre la Renta, aunque no haya realizado reformas fiscales que impacten su puntuación.

A su vez, la diferencia entre las tres diputaciones del País Vasco es dada por las diferencias en el Impuesto sobre la Renta y, en especial, en Impuesto sobre el Patrimonio, ya que la regulación de este último en Álava es peor que en Vizcaya, mientras que la situación en Guipúzcoa es más deficiente aún, lastrando a Guipúzcoa hasta llevarla a la decimotercera posición.

Además, a finales de 2019, Álava deflactó la tarifa del Impuesto sobre la Renta e incrementó los mínimos personales y familiares hasta equipararlos con los de Guipúzcoa y Vizcaya. Vizcaya baja hasta la segunda posición al no haber emprendido reformas fiscales importantes y al perder unas décimas en el Impuesto sobre la Renta por las reformas fiscales realizadas en Álava.

De su lado, aunque Canarias mejora en su puesto del ranking por el empeoramiento de La Rioja, su puntación empeora al haber reducido las bonificaciones en el Impuesto sobre Sucesiones y subido hasta dos puntos el tipo marginal del IRPF.

De nuevo los peores resultados vuelven a ser los de Aragón (5,21), Asturias (5,18) y Cataluña, que se sitúa un año más a la cola del índice con una puntuación de 4,66 sobre 10, y es que estas comunidades con peor puntuación general obtienen notas bajas en casi todos los componentes del índice pero especialmente en los tres impuestos más importantes (Renta, Patrimonio y Sucesiones).

El estudio explica que Cataluña aplica la mayor carga fiscal a los tramos e impuestos que gestiona, al tiempo que triplica la media de impuestos adicionales propios, registrando el único cambio importante, ya que reduce las bonificaciones en el Impuesto sobre Sucesiones y sube hasta dos puntos el tipo marginal del IRPF, reduciendo así su puntuación en el IACF 2020.

Además de que Cataluña cuenta con el doble de impuestos autonómicos que las demás comunidades, en 2020 ha aprobado un nuevo impuesto sobre instalaciones que inciden en el medio ambiente, mientras que el impuesto sobre el riesgo medioambiental de elementos radio-tóxicos es declarado inconstitucional.

También ha reducido las bonificaciones en el Impuesto sobre Sucesiones y ha subido hasta dos puntos el tipo marginal del IRPF, a lo que se suman "grandes deficiencias" en la estructura del índice del IRPF y en Patrimonio.

Además de las bajadas de puestos de Baleares y La Rioja, destacan en el índice de competitividad regional de 2020 las subidas de Galicia, Murcia y Canarias, y aunque Cataluña repite un ejercicio más como la región menos competitiva en materia fiscal, en la serie histórica de estos cuatro años, Navarra es la comunidad que más retrocede, al perder siete puestos desde 2017 a 2020.