El ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, José Luis Ábalos, ha reconocido que ante el problema de la inmigración en Canarias "se está haciendo lo que dijo que podía pasar" en cuanto a "algunos casos singulares y puntuales en función de determinadas situaciones".

Así se ha referido este jueves en su visita a León, donde ha inaugurado el Centro de Regulación y Control (CRC) de alta velocidad de León al ser preguntado por la denuncia por parte de diferentes sindicatos policiales de traslado de inmigrantes de Canarias a la Península.

Ábalos ha reconocido que "no es un experto en inmigración" y ha puesto de manifiesto lo dicho hace unas semanas en su visita a Tenerife, que "es un tema complejo y no se puede hacer demagogia".

En esta tesitura ha reiterado dos visiones de este problema "contradictorias y confrontadas" como son los que tienen una humanitaria y "se escandalizan ante cualquier cuestionamiento de la dignidad" y otra xenófoba que "ve la inmigración como una invasión planificada y proyectada".

Así, ha manifestado que "ninguna de ellas es objetiva y adecuada" y ha abogado por "equilibrar ambas" con una política pública que enfrente esta situación "y busque consenso con aquellos que quieren gobernar y no utilizar este testimonio para otros intereses".

El ministro ha reconocido que "pasarlos a la península no es la solución" y ha reclamado "coherencia" a aquellos que dicen una cosa y la contraria dependiendo del territorio y ha recordado que "todos somos España".

Además, ha explicado que se trabaja "con las autoridades de los países de origen", ya que como país "no se puede dar por válido todo el tráfico de inmigración irregular y no se puede soportar porque la responsabilidad no lo permite".

La Comisión de Justicia del Congreso ha aprobado este jueves la proposición de Ley del PSOE para regular la eutanasia, que ha contado con el apoyo de todos los grupos parlamentarios a excepción de PP y Vox.

El texto será llevado a debate y votación al Pleno de la Cámara, previsiblemente, el jueves de la próxima semana, y tras ser aprobado se remitirá al Senado para completar la tramitación parlamentaria. Al ser de rango orgánico, la ley de eutanasia necesitara mayoría absoluta en el Pleno del Congreso, un mínimo de 176 votos, aunque a la vista de los apoyos conseguidos este jueves, parece un objetivo asumible para el PSOE.

En todo caso, en la fase de comisión el PSOE ha incorporado al texto varias enmiendas transaccionales pactadas con formaciones como EH Bildu, PNV, BNG, Más País, Junts y ERC, lo que aumentará su base parlamentaria con vistas a la votación del Pleno.

Entre los añadidos de este jueves destacan una modificación para incidir en que esta regulación es un proceso en el ámbito sanitario y que no es un acto que cada uno pueda celebrar arbitrariamente; y una modificación del Código Penal detallando la despenalización de la eutanasia siempre que se cumpla lo establecido en la nueva ley.

Este último texto acordado, hace modificaciones en el artículo 143 del Código Penal para recoger que serán castigados penalmente quienes causen o cooperen "activamente con actos necesarios y directos a la muerte de una persona que sufriera un padecimiento grave, crónico e imposibilitante o una enfermedad grave e incurable con sufrimientos físicos o psíquicos constantes e insoportables por la petición expresa, seria e inequívoca".

Pero, además, se añade un quinto apartado en el que se señala que "no obstante lo dispuesto en el apartado anterior, no incurrirá en responsabilidad penal quien causare o cooperare activamente en la muerte de otra persona cumpliendo lo establecido en la ley orgánica reguladora de la eutanasia".

En el debate, la mayoría de grupos ha destacado el avance que significa esta regulación. Desde Unidas Podemos, su portavoz en esta materia, Rosa María Medel, ha hablado de avance en derechos y ha recordado a quienes se oponen que no se "obliga" a su práctica. En este sentido, también se han expresado los diputado de Junts y ERC, Sergi Miquel y Carolina Telechea, respectivamente quienes ha indicado que, al ser así, esta norma recoge el derecho a una muerte digna y no hacerlo con un "sufrimiento inhumano".

EH Bildu, a través de su representante Iñaki Ruiz de Pinedo, ha celebrado la aprobación de este texto que, según ha indicado, lleva 17 intentos en las Cortes en los últimos 20 años, mientras que el portavoz el PNV en esta comisión, Joseba Agirretxea, ha señalado que esta norma llega para "dar respuesta" a "una nueva situación social" que protagonizan las nuevas generaciones. La diputada de Ciudadanos, Sara Giménez, por su parte, ha recordado la intención de su partido de "completar el marco legal" de esta situación con la ley de cuidados paliativos.

"INJUSTA, INOPORTUNA E INCONSTITUCIONAL"

Muy diferentes han sido los discursos de PP y Vox, las dos únicas formaciones en contra de la regulación de esta práctica. El portavoz de Sanidad de los 'populares', José Ignacio Echániz, ha calificado la ley de "injusta, inoportuna e inconstitucional" y asegura que no responde a "una demanda social" sino que es consecuencia del "proceso transformador" del PSOE en los últimos años hacia un "izquierda radical".

El diputado del PP ha denunciado que los socialistas "vetaron" las solicitudes de comparecencia solicitadas por su formación, con expertos y organismos que buscaban "abrir los ojos" de los grupos parlamentario y ha criticado que se hayan empeñado en sacar adelante esta norma en lugar de regular los cuidados paliativos que, según ha indicado, cuentan con el apoyo de toda la comunidad sanitaria.

Más dura ha sido la portavoz de Vox en este debate, Lourdes Méndez, quien asegura que, con esta norma "criminal", se está quebrantando el orden constitucional de la vida y que regula una materia que, según ha indicado, la cámara "no está legitimada para ello".

Tras recordar que su partido recurrirá esta "fatídica" ley al Tribunal Constitucional, Méndez ha advertido que la regulación de esta práctica tendrá "consecuencias aterradoras".

REPROCHES DEL PSOE AL PP

La exministra de Sanidad y portavoz del PSOE en esta materia, María Luisa Carcedo, ha negado las acusaciones del PP sobre la opinión social sobre la eutanasia asegurando que las encuestas muestran "siempre un apoyo mayoritariamente masivo" a esta práctica y también cuando se pregunta a los profesionales. Además, ha indicado esta regulación es un consejo de la ONU y de "muchos más tribunales constitucionales.

En este sentido, ha acusado al PP de desoír el artículo 24 del Convenio de las Personas con Discapacidad y le ha reprochado que reclame una ley de cuidados paliativos cando, si hubieran querido, ya estaría en vigor en el país "hace muchos años".

Del mismo modo, ha señalado que esta norma tiene "dos precedentes importantes" legislativos en los que el PP ha tenido "protagonismo" como es la ley de autonomía del paciente y la cartera común de servicios. Carcedo ha indicado ha recordado que el paciente "es el que decide, ni los médicos, ni los enfermeros, ni políticos" y ha insistido en que se trata de una norma "garantista".

Unidas Podemos cree que ha llegado el momento de abrir el debate sobre la institucionalidad y el futuro de la monarquía, que está "en riesgo de implosión" ante las irregularidades atribuidas al rey emérito Juan Carlos I. En este sentido, han insistido en sus planteamientos republicanos y que son partidarios de que la ciudadanía pueda elegir la jefatura del Estado desde las urnas.

Además, ha opinado que el actual Rey Felipe VI debe comparecer para responder a las preguntas de la ciudadanía ante un "escándalo" de esta magnitud, pues la sociedad "tiene derecho" a conocer si miembros de la Casa Real "eran una pieza clave en el entramado de corrupción sistemático del Estado".

Así lo ha indicado el diputado y secretario de Sociedad Civil y Movimiento Popular de Podemos, Rafa Mayoral, en rueda de prensa en el Congreso tras conocerse que Juan Carlos I presentó ante la autoridad tributaria una declaración sin requerimiento previo por importe de 678.393,72 euros para saldar la deuda con Hacienda.

Una vez tenido conocimiento de esa voluntad del rey emérito de regularizar su situación fiscal ante Hacienda de cara a evitar un procedimiento judicial, Mayoral ve complicado que pueda conseguirlo con "todas las piezas del rompecabezas que hay encima de la mesa".

En este sentido, ha aludido tanto a su situación tributaria y elementos "documentados" por los medios de comunicación, como su "fortuna personal" de 68 millones de euros del rey emérito, la utilización de "tarjetas opacas" por él y sus nietos y el ser beneficiario de dos fundaciones ubicadas en "paraísos fiscales. También ha recordado que en una de ellas figura el actual Rey Felipe VI.

Y es que todo este asunto para Mayoral evidencia un "sustrato mucho más de fondo" que tiene que ver, por ejemplo, con la propia institucionalidad de la Jefatura del Estado y "si ésta puede estar en manos de un irresponsable".

QUIEREN URNAS PARA ELEGIR LA JEFATURA DEL ESTADO

También ha dicho que es "difícil mantener" que la monarquía como institución se encuentra al margen de la "vergüenza internacional" derivada sobre las actividades del rey emérito, que además se encuentra "escondido en una monarquía absolutista", en alusión a Emiratos Árabes. Sobre todo cuando existen "grave indicios" de la actuación personal de Juan Carlos I, que "ponen en solfa" a la propia corona que tiene una "grave crisis de materiales".

"No es admisible pensar en un estado de Derecho que alguien pueda estar por encima de la ley", ha dicho para enfatizar que se vuelve a poner en el centro el debate sobre la monarquía y la "posibilidad de que el conjunto de la monarquía pueda controlar a las instituciones públicas sin ningún tipo de excepción".

NO PUEDE HABER ESPACIOS DE IMPUNIDAD

Además, Mayoral ha insistido en que "no puede haber espacios para la impunidad" en la arquitectura institucional del país, pues el principio de inviolabilidad del Rey en la Constitución parece "amparar" conductas que para el resto de ciudadanos son delictivas.

El diputado de Unidas Podemos ha recalcado que este debate sobre el futuro de la monarquía no lo han abierto los republicanos sino esta crisis por las presuntas irregularidades de Juan Carlos I, para ahondar que ellos no quieren legislar sobre la corona sino que haya urnas para elegir democráticamente al Jefe del Estado.

EL PSOE NO ES REPUBLICANO

Por otro lado, ha apuntado que, a diferencia del resto de monarquías europeas, la española fue restaurada por un régimen que colaboró con el "holocausto", en referencia a la dictadura franquista, y que repasando la historia se puede apreciar que el reinado de Isabel II se terminó cuando los "corruptos salieron de la jefatura del Estado".

Preguntado sobre si cree que habrá alguna referencia a este asunto en el discurso navideño de Felipe VI, Mayoral ha respondido que no esperan nada y que debería comparecer ante la opinión pública, dado que es curioso que Juan Carlos I "haya dado más entrevistas" que el actual monarca.

En cuanto a las palabras del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, quien aseguró ayer que la monarquía "no está en riesgo", el dirigente de Podemos ha dicho que son respetuosos con todas las opiniones pero que no es ninguna novedad que la formación morada es de ideología republicana y el PSOE "no lo es".

Los hogares españoles redujeron su consumo medio de agua durante 2020 desde los 132 a los 128 litros por persona y día y pagaron un precio medio de 1,90 euros por cada 1.000 litros de agua, según datos del sector, que señala que durante los meses más críticos del confinamiento el consumo cayó en torno a un 10 por ciento, sobre todo lastrado por el agua de uso turístico que bajó algo más de un 20 por ciento.

"El consumo de agua urbana ha descendido más que el PIB en este año.Sobre todo por el agua de uso turístico", ha precisado el presidente de AGA, Manuel Marchena.

Los datos forman parte del XVI Estudio Nacional de Suministro de Agua Potable y Saneamiento en España 2020 (AEAS-AGA), que han presentado en rueda de prensa el presidente de la Asociación Española de Abastecimientos de Agua y Saneamiento (AEAS), Fernando Morcillo, y el presidente institucional de la Asociación Española de Empresas Gestoras de los Servicios de Agua Urbana (AGA), Manuel Marchena.

Los representantes del sector han destacado el bajo coste para los usuarios, ya que el consumo del agua apenas supone el 0,90 por ciento del presupuesto familiar, lejos del 3 por ciento que marca la ONU como una cifra límite para el abastecimiento asequible del agua, como Derecho Humano.

Además, tanto Marchena como Morcillo han asegurado que en España nadie se queda sin agua por impago, y ha recordado que existen distintos mecanismos, normalmente acordados con los servicios de las Administraciones locales para garantizar el acceso al agua.

En cuanto al servicio, Marchena ha señalado que el 35 por ciento de la población es abastecida por entidades públicas, el 33 por ciento por empresas privadas, el 22 por ciento por empresas mixtas y el 10 por ciento restante por servicios municipales.

Así, Marchena ha defendido la "impecable" gestión de este servicio esencial que ha resultado, según Morcillo, de "gran utilidad" para analizar la evolución del coronovirus a través del análisis de las aguas residuales, donde quedan trazas de ADN.

El XVI estudio nacional cubre a 33,88 millones de habitantes, el 72,51 por ciento de la población en los 1.795 municipios y recoge los datos consolidados del año 2018 de los servicios públicos básicos de agua. En él, se refleja que el 68 por ciento del agua urbana es de uso doméstico, el 14 por ciento se dedica al consumo industrial y comercial y el 17 por ciento se asigna a otros usos, como pueden ser los municipales o institucionales.

Precisamente, ha destacado que el agua puede ser un sector "palanca, absolutamente protagonista en la recuperación durante la normalización de la pandemia" y por ello, ha anunciado que el sector ha definido más de 500 proyectos "reales" y "ejecutables" entre 2021 y 2023 que supondrían una aportación a la economía de más de 13.700 millones de euros.

Por eso, ha afirmado que el sector está "deseando" de que cuanto antes se diseñe el procedimiento para acceder a los 72.000 millones de euros de los fondos de recuperación que podrían llegar a España y ejecutar este gran "proyecto tractor de transformación del agua" para el país que sufre el mayor estrés hídrico y que más afectado está por el cambio climático de la Unión Europea.

En concreto, estos 13.776 millones de euros se emplearían en propuestas de resiliencia de las ciudades, 5.735 millones de euros; 1.771 millones en reutilización; otros 1.689 millones en mejora de la calidad de las masas de agua; 1.225 en eficacia en el uso del agua; 1.190 millones en técnicas de drenaje urbano sostenible; 1.037 millones en economía circular; 632 millones en control y digitalización; 270 millones en energía renovable; 138 millones en desalación y 89 millones en eficiencia energética.

Sin embargo, han denunciado un año más el déficit de inversiones y el retraso de inversiones que lastran la capacidad tecnológica del sector, por lo que defienden que estos fondos de la recuperación serían una respuesta "muy apta" para lograr ser un proyecto motor.

Marchena insiste en que la inversión realizada y la prevista siguen siendo insuficientes y que las tarifas siguen sin cubrir los costes, hasta el punto de que en muchos sistemas solo llegan a soportar los gastos operativos, algo que según advierte está "comprometiendo la calidad de los servicios de las futuras generaciones.

Por su parte, el presidente de AEAS, Fernando Morcillo, ha defendido que en el marco del interés del sector en la lucha contra el cambio climático se han implantado distintas técnicas para minimizar la huella de carbono del agua.

Por ejemplo, ha señalado que la media de consumo energético por cada 1.000 litros de agua se ha reducido ligeramente hasta los 0,95 KWh/m3 y que el aprovechamiento energético producido por el sector, en decir, energía verde y renovable por parte de los servicios de agua urbana ha subido respecto al anterior estudio nacional, hasta los 611 gigawatios por hora año, lo que supondría el equivalente al suministro eléctrico durante un año de una población como San Sebastián, de 185.000 habitantes.

Asimismo, ha indicado que el 69 por ciento de los operadores de los servicios de agua urbana cuentan con dispositivos de aprovechamiento energético. Supone, en términos generales, el 49% del consumo total deenergía del operador, del cual el 61% se destina a autoconsumo y el 39% se vierte a la red, según ha precisado.

"Las entidades del sector están alineadas y comprometidas con el cambio climático", ha asegurado Morcillo que añade que el 81 por ciento d e los operadores inscribe su huella ecológica en el registro del Gobierno. Esta huella equivale por consumidor el equivalente a la realización de un viaje de 200 kilómetros en coche particular.

En cuanto a los mecanismos de acción social, ha recordado que el 93 por ciento de la población cuenta con acceso a estos sistemas y que en la actualidad se atiende al 4,7 por ciento de la población con distintos métodos como fondos de solidaridad o reducción de cuantías, con Andalucía y Murcia con las cuantías más altas.

EL COVID, CON LOS DEBERES HECHOS

Por último, respecto al papel que ha jugado y juega el sector tanto en garantizar el abastecimiento como en el análisis de las aguas residuales durante la pandemia, Morcillo ha explicado que cuando a nivel científico Holanda informó de que se había detectado trazas de COVID-19 en las aguas residuales, en España se desarrolló un sistema de análisis que "rápidamente" se extendió por todo el país.

Así, efectivamente ha indicado que en las aguas residuales se encuentra "material genético del virus" pero que no es "viable", es decir, que no prospera y por tanto no puede transmitir. "No hay ningún dato a nivel mundial sobre ninguna afección por aguas residuales, pero esos fragmentos de material genético permiten conocer la cantidad de virus en un barrio o ciudad", ha explicado.

Por último, ha defendido que el esfuerzo de investigación es importante y se está facilitando toda la información a las autoridades sanitarias, que gracias a estos datos pueden incluso predecir a una semana vista la evolución del ciclo de la pandemia en un área concreta. En todo caso, ha asegurado que el agua potable en España es "muy segura" y no supone "ningún vector de contaminación".

En todo caso, ha dicho que el análisis del COVID en las plantas no es puntual y si ha sido posible es porque desde hace muchos años los laboratorios españoles analizan las posibles trazas de otros virus en las aguas residuales dentro de su planificación de medidas preventivas que ahora han servido de base para este proyecto.

Por último, Marchena ha apuntado que en el futuro próximo, las depuradoras van a dejar de ser plantas de tratamiento para convertirse en biofactorías y puesto que el COVID está "para quedarse", el sector seguirá investigando e innovando.

Euskadi ha registrado este pasado miércoles 446 nuevos positivos en coronavirus, lo que supone cuatro menos que en el día anterior, pero se ha incrementado la tasa de positividad en más de un punto, hasta el 6,6%, con menos pruebas realizadas. Además, han ingresado en planta 54 personas, 16 más que en la jornada anterior, pero se han reducido a 116 los pacientes en la UCI, nueve menos.

Según los datos hechos públicos este jueves por el Departamento vasco de Salud, a lo largo de este pasado miércoles se han efectuado en Euskadi 6.767 PCR y test de antígenos, por debajo de las 8.234 pruebas de la jornada precedente, de las que 446 han sido positivas, frente a las 450 del día anterior. De esta forma, la tasa de positivos en relación a las pruebas diagnósticas practicadas se ha incrementado en más de un punto, del 5,5% al 6,6%.

Del total de casos positivos, el 46,6% de las pruebas se habían realizado por ser contactos de personas con covid y el 33,3% por presentar síntomas, datos similares a los de las anteriores jornadas.

Con estos datos, el acumulado en los últimos 14 días por cada 100.000 habitantes sigue bajando y alcanza una tasa media de 317,23 en Euskadi. Por territorios, Vizcaya cuenta con la tasa más baja, 272,91, y Guipúzcoa la más alta, con 366,01. Álava también supera la media, con 342,72.

La razón de tasas de incidencia (que compara la tasa de incidencia acumulada en 14 días actual con la de hace una semana) se sitúa en 0,79. El número reproductivo básico, que mide a cuántas personas contagia cada caso positivo, es de 0,86.

Por territorios, Vizcaya registra la cifra más elevada de nuevos casos, con 210 positivos, lo que supone 17 menos que el día anterior. Bilbao concentra el mayor número, con 76, lo que supone once menos que en la jornada anterior, seguida de Getxo, con 28, Barakaldo, con 20, y Amorebieta, con siete.

El semáforo de colores, con el que el Departamento de Salud indica los municipios de más de 5.000 habitantes que superan los 500 casos de coronavirus por cada 100.000 habitantes en 14 días, mantiene en 'alerta roja' únicamente al municipio de Arrigorriaga.

Por su parte, en Gipuzkoa se han producido 135 contagios (ocho menos que el martes), con 36 positivos en San Sebastián (ocho menos), 16 en Arrasate-Mondragón, 12 en Eibar y siete en Beasain.

En este territorio, mantienen el indicador rojo al superar los 500 casos por cada 100.000 habitantes en 14 días los municipios de Arrasate-Mondragón, Eibar y Ordizia.

El territorio alavés suma 99 positivos (26 más que la jornada precedente), de los que 74 se dan en Vitoria (17 más) y cinco en Amurrio. Ningún municipio alavés de más de 5.000 habitantes llega a los 500 casos de coronavirus por cada 100.000 habitantes.

A estos casos, se suman en la pasada jornada dos positivos más de personas residentes fuera de la Comunidad Autónoma de Euskadi, lo que supone cinco menos que el martes.

Por edades, el mayor número de nuevos contagios registrados se corresponde con las personas de entre 40 y 64 años (183 nuevos positivos), seguidas por los menores de 18 años (92 casos) y las de entre 19 y 39 años (89 contagios). Los mayores de 65 años contabilizan 82 casos, de los que 49 corresponden a personas de más de 80 años.

La tasa de incidencia acumulada en 14 días por 100.000 habitantes más elevada se da entre los mayores de 80 años, con 412,63, y los menores de 18, con 382,23. La más baja es la de la población de 65 a 79 años, con 195,92.

SITUACIÓN EN LOS HOSPITALES

En los hospitales vascos, se han efectuado 54 ingresos en planta a lo largo del miércoles, 16 más que el martes. De este modo, se contabilizan 390 personas ingresadas en las plantas hospitalarias, dos más que la jornada anterior.

Por lo que respecta a las UCI de los centros hospitalarios, permanecen en ellas 116 pacientes afectados por covid, nueve menos que un día antes.

Un testigo que vivía en la nave incendiada de Badalona (Barcelona) ha asegurado que el fuego que ha dejado tres víctimas mortales "se originó a causa de una vela en el primer piso".

Según ha relatado Daoda a Europa Press, la noche de este miércoles estaba en el tercer piso de la nave, cuando un amigo suyo que estaba en el primer piso le llamó para decirle que había fuego y que saliera de la nave.

Otro afectado que también vivía en la nave incendiada, Ebrima, ha explicado que llevaba dos años viviendo en esa nave y ha expresado: "Vi a gente muerta y a gente saltando por las ventanas para salvarse la vida".

Dibri, otro de los ocupantes del recinto, ha explicado que con un extintor intentaron apagar el fuego pero "se incendió toda la nave en unos 15 minutos, rapidísimo, y dentro de la nave había unas 50 personas en ese momento y fue un caos".

Otra testigo, Mina, ha lamentado: "Teníamos el agua cortada, con agua podríamos haber parado esto, tampoco teníamos luz", y ha explicado que los vecinos fueron los únicos que salieron a ayudar con mantas, comida y agua para los ocupantes de la nave.

VECINOS

El propietario de la farmacia de delante de la nave, Arnau Bastardes, ha explicado que la noche de este jueves ha estado en la farmacia ordenando facturas hasta las dos de la madrugada, y escuchó muchos gritos y "saltaron las luces y empezó a sonar la alarma, y al salir fuera, detrás de la farmacia se veía el cielo naranja.

Un vecino del bloque de enfrente, Alex Palomares, ha asegurado que "dentro de la nave había mucha gente y estaba un poco descontrolado, siempre había peleas", y ha explicado que la nave era un complejo privado y desde el Ayuntamiento no se podía hacer nada.

Este vecino ha expresado que "todo pasó muy rápido, los vecinos me avisaron y salí al balcón y vi cómo había gente que saltaba por las ventanas de la nave, mínimo unas tres".

Otra vecina del mismo bloque, Maria, estaba en el balcón cuando se empezó a incendiar la nave, y ha asegurado que tuvo "mucho miedo".

STOP MARE MORTUM

La portavoz de la plataforma Stop Mare Mortum y Barcelona Acull, Angelina Lecha, ha lamentado la situación en la que se encontraban las personas viviendo dentro de la nave incendiada, y ha exclamado: "No es de extrañar que pasen estas cosas".

Lecha ha lamentado que "durante el incendio nadie les ha ofrecido nada, ni mantas, ni comida, ni albergues para pasar la noche y no venía nadie de servicios sociales. Ahora se han llevado a los afectados a la asociación de vecinos para alimentarlos e hidratarlos".

Ha explicado que "la Ley de Extranjería y el tema de la vivienda son la madre de todo esto que está pasando, estas persones tienen todo el derecho a poder buscar una vida mejor, y vienen, quieren trabajar y no se les deja".

La Sección Española de Reporteros Sin Fronteras (RSF) ha puesto en marcha la campaña ES#imPRESScindible con el objetivo de defender la libertad de información, el periodismo y la labor de la organización sin ánimo de lucro, que trabaja para ayudar y proteger a los profesionales de la comunicación en todo el mundo.

"La libertad de información es imprescindible, el periodismo es imprescindible, Reporteros Sin Fronteras (RSF) es imprescindible" es el mensaje fundamental que transmite la nueva campaña de la organización, que se ha presentado este jueves coincidiendo con el Día Internacional de los Derechos Humanos.

El acto de presentación virtual ha contado con el periodista de TVE y presentador del Telediario 2, Carlos Franganillo, como moderador y las intervenciones del presidente de Reporteros Sin Fronteras España, Alfonso Armada; la vicepresidenta de RSF España y creadora de la campaña, Edith R. Cachera; y la responsable de producción de CAI CREAV UCM, Almudena Muñoz.

La iniciativa se apoya en una pieza audiovisual con la participación de periodistas españoles como Ana Blanco, Iñaki Gabilondo, Vicente Vallés, Pedro Piqueras, Angels Barceló, Carlos Alsina, Carme Chaparro, Íñigo Alfonso, Ana Pastor e Ignacio Escolar, así como de personalidades como Vicente del Bosque, Rozalén, José Sacristán, Rosa Montero o un equipo de sanitarios que luchan contra la COVID-19.

Creada íntegramente por la Sección Española de RSF y realizada por el CAI de Creación de Contenidos Audiovisuales y Digitales de la Universidad Complutense (CREAV), la campaña ha sido concebida para las redes sociales y medios audiovisuales. El vídeo principal estará a disposición de cualquier medio de comunicación o blog que quiera apoyar la causa.

En este sentido, Reporteros Sin Fronteras ha apuntado que invita a cualquier persona que lo desee a unirse a la organización o a apoyar su misión mediante una donación, y a grabar su propio vídeo y contar por qué ES#imPRESScindible defender la libertad de información.

RSF busca que la campaña tenga presencia en redes sociales y otros canales y plataformas digitales como YouTube, según ha explicado Franganillo, quien ha defendido que RSF es "imprescindible" y su labor "fundamental", sobre todo, "en este momento actual".

"La libertad de prensa no es propiedad de los periodistas. Nosotros somos depositarios de un bien, que forma parte del equipaje de una democracia. Sin libertad de prensa, la democracia hace agua", ha declarado Alfonso Armada, para después recordar a los periodistas que han sido galardonados este año con los premios de RSF.

El presidente de la Sección Española de Reporteros Sin Fronteras ha hecho hincapié en que la prensa permite a las personas acercarse al mundo y tener una idea más certera de la realidad. Así, Armada ha instado a los periodistas a hacer autocrítica y ser "mejores" y "más impecables" a fin de recuperar el "prestigio que, en parte", han perdido, y a hacerse socio y contribuir con la ONG.

Por su parte, Edith R. Cachera ha explicado que "esta llamada de atención" sobre RSF y la libertad de prensa se produce en un contexto de "progresivo deterioro" de la libertad de prensa en todo el mundo, el impacto de la pandemia en ambos aspectos y porque RSF necesita apoyo.

En el acto, periodistas de diferentes partes del mundo ayudados o respaldados por la ONG como Natalia Sancha, Ricardo García Vilanova y Marc Marginedas, han intervenido mediante varios videos para contar sus experiencias y poner de relieve la importancia del apoyo que han recibido desde RSF.

La Fiscalía del Tribunal Supremo estudiará "detenidamente" la declaración voluntaria hecha pública este miércoles por el Rey emérito Juan Carlos I ante la autoridad tributaria, en la que ha abonado un total de 678.393,72 euros. Se correspondería a lo dejado de pagar en impuestos correspondientes a los ejercicios 2016, 2017, 2018

La información ya ha llegado formalmente a la Fiscalía del Tribunal del Supremo a través de los peritos de Hacienda adscritos al equipo que investiga las tres diligencias abiertas contra el que fuera jefe del Estado hasta junio de 2014, han informado a Europa Press en fuentes del Ministerio Público.

Se trata, según las fuentes consultadas, de un "hecho nuevo" que debe ser analizado de forma pormenorizada antes de decidir sobre el archivo o no de las diligencias de investigación que fueron abiertas hace un año por posibles delitos derivados del uso de tarjetas bancarias con fondos opacos. El dinero, según los investigadores, podría tener su origen en donaciones realizadas al exmonarca por el empresario mexicano Allen Sanginés-Krause.

La Dirección General de Tributos de la Comunidad de Madrid sería la administración competente de remitir el expediente del que se dispone a la Fiscalía en el caso de que se tratara de una regularización del impuesto de sucesiones y donaciones -cuya gestión es autonómica-- tal y como apuntó la propia ministra de Hacienda, María Jesús Montero, tras la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.

Fuentes próximas a la regularización han confirmado a Europa Press que la cantidad abonada, que incluye intereses y recargos, según comunicó ayer el abogado del Rey emérito , Javier Sánchez-Junco, correspondería a donaciones superiores a 800.000 euros. La investigación debe concluir aún si esta cantidad se corresponde con la realidad de lo recibido en las supuestas donaciones.

La presentación de esta declaración parece despejar el camino a un archivo de las diligencias de la Fiscalía respecto al delito fiscal, pero siempre que la declaración sea "completa y veraz".

Esto es porque el artículo 305.4 del Código Penal señala expresamente que se considerará regularizada la situación tributaria "cuando se haya procedido por el obligado tributario al completo reconocimiento y pago de la deuda tributaria, antes de que por la Administración Tributaria se le haya notificado el inicio de actuaciones de comprobación o investigación tendentes a la determinación de las deudas tributarias objeto de la regularización".

Añade que tampoco hay delito, en el caso de que tales actuaciones no se hubieran producido, si se regulariza "antes de que el Ministerio Fiscal, el Abogado del Estado o el representante procesal de la Administración autonómica, foral o local de que se trate, interponga querella o denuncia contra aquél dirigida, o antes de que el Ministerio Fiscal o el Juez de Instrucción realicen actuaciones que le permitan tener conocimiento formal de la iniciación de diligencias".

Este sería el caso aplicable al Rey emérito, según las mismas fuentes, si bien la autoridad tributaria debe comprobar si, tal y como señala el precepto, el reconocimiento de la deuda con la Hacienda pública ha sido "completo", es decir, no quedan cantidades sin reconocer que pudieran seguir ocultas al fisco.

Así, y con independencia de que el abogado remita escrito a la Fiscalía informando de su actuación ante Hacienda, el equipo de fiscales del Tribunal Supremo que investigan el patrimonio del Rey deben recibir notificación formal de la administración tributaria competente y realizar diversas averiguaciones que permitan constatar que las citadas donaciones son tales. Es decir, se debe aclarar el origen de los fondos de los que se benefició tanto el monarca como algunos de sus nietos con el uso de las tarjetas no deriva del blanqueo de capitales.

La presentación de esta declaración por Juan Carlos I para regularizar su situación fiscal, cuatro meses después de su salida de España, está relacionada con el presunto el uso de tarjetas bancarias de las que se habrían beneficiado tanto el emérito como algunos de sus familiares, y usarían fondos opacos del empresario mexicano Allen Sanginés-Krause. El dinero se habría canalizado a través de cuentas bancarias a nombre del coronel Nicolás Murga, que fue durante años ayuda de cámara del monarca emérito.

Este asunto está siendo investigado por la Fiscalía del Tribunal Supremo en unas diligencias en las que también colabora el fiscal jefe Anticorrupción, Alejandro Luzón, que abrió el expediente sobre este asunto hace algo más de un año.

Esta línea de investigación sobre gastos realizados con efectivo y que no había sido declarado a Hacienda se une a las otras dos ya abiertas al rey emérito, la primera por posibles comisiones procedentes del AVE a la Meca y que previsiblemente será archivada por no encontrarse indicios que se puedan perseguir respecto del exjefe del Estado, que es aforado ante el Tribunal Supremo.

Las terceras diligencias abiertas respecto a Juan Carlos I, reveladas por la propia fiscal general del Estado, Dolores Delgado, partieron de una información procedente de "inteligencia financiera" --Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención de Blanqueo de Capitales (Sepblac)--.

Se trataría de conductas realizadas en un espacio temporal aún por delimitar y que inicialmente podrían incardinarse en blanqueo de capitales de los que podrían derivarse delitos fiscales.

Según este aviso, Juan Carlos I tendría casi 10 millones de euros en una cuenta activa en la isla de Jersey que habría intentado mover recientemente. Se investiga por ello la existencia de un 'trust' en el que figura Juan Carlos I como beneficiario y que se nutre de fondos de otro vehículo financiero similar en las Islas del Canal constituido en la década de los años 90.

El consejero de Hacienda, Javier Fernández-Lasquetty, ha sostenido que cree que quieren subir impuestos en Madrid para que "no se note que la izquierda castiga a los ciudadanos con sus impuestos y peores servicios públicos".

Así lo ha expresado el consejero regional en el Pleno de la Asamblea de Madrid, durante su intervención en una interpelación presentada por el PSOE. Lasquetty cree que la izquierda quiere que "no se note que un modelo liberal si funciona y un modelo socialista no".

"No ha funcionado nunca y no va a funcionar ni aunque ustedes les prohíban a los de al lado hacer una política diferente de la suya", ha lanzado. Para Lasquetty, eso sería "freír a impuestos a los madrileños". Además, ha defendido que en Madrid no hay "dumping fiscal" porque en España hay un sistema en el que todos tienen "las mismas reglas".

Lasquetty ha remarcado que la reducción de impuestos en la Comunidad de Madrid comenzó en 2004, con la expresidenta Esperanza Aguirre, y se han ido sucediendo todos los años. Según ha defendido, las rebajas han ido acompasadas de las obligaciones de la autonomía. "El dinero donde mejor está es en el bolsillo de los ciudadanos. No las elites, la gente", ha remarcado.

El titular de Hacienda ha destacado que Madrid es "la región donde menos impuestos se paga y la más competitiva". Así, ha incidido en que desde que empezaron a bajar los impuestos los madrileños se han ahorrado 48.000 millones de euros en el pago de impuestos.

Para Lasquetty, estas políticas han generado "crecimiento económico", se han generado empleos y se han impulsado "oportunidades para millones de personas". Asimismo, ha defendido que la baja fiscalidad también ha tenido el efecto de no haber hecho perder la recaudación.

MADRID TIENE "EL SISTEMA FISCAL MÁS INJUSTO DE ESPAÑA", DICE PSOE

El diputado del PSOE Fernando Fernández ha señalado que la Comunidad ha creado "el sistema fiscal más injusto de toda España" y en estos momentos "necesitan más que nunca servicios públicos consolidados". "Queremos lo mejor para Madrid. No vamos a exigir más esfuerzos a la clase media y trabajadora. Sería más justo pedir más a las clases con rentas más altas", ha sugerido.

A continuación, la diputada de Unidas Podemos-IU Sol Sánchez ha indicado que en Madrid "no es donde menos impuestos se pagan" sino que es "donde menos impuestos pagan los que más tienen". "Madrid es un foco de 'dumping fiscal' para el resto del Estado y una guarida fiscal bendecida por todos ustedes del PP. Paraíso fiscal para unos pocos", ha lanzado.

Por su parte, la parlamentaria de Vox Ana Cuartero ha instado al Gobierno regional a enfrentarse al comunismo y no subir los impuestos en la región, con ayudas para la compra de vivienda social y deducciones en el IRPF.

Por último, el diputado de Más Madrid Alberto Oliver ha criticado a la Comunidad que cuando hablan de modelo fiscal y de que Madrid es "la más solidaria" están omitiendo que "son todos los españoles los que están financiando las rebajas fiscales de Madrid y que la supuesta solidaridad es el vaciamiento del patrimonio del conjunto del país".

El secretario de Estado de España Global, dependiente del Ministerio de Asuntos Exteriores, Manuel Muñiz, se ha mostrado "razonablemente optimista" de cara a un 2021 "más positivo en España para el sector turístico y la movilidad" porque "si se hacen bien las cosas en Navidad, y la situación no se descontrola, se puede iniciar el año con una baja incidencia de contagios" para avanzar hacia un escenario "moderado" de reactivación del turismo y la movilidad.

Muñiz ha intervenido en la sesión de apertura este jueves de una jornada online, organizada por Deusto Business School para analizar la situación del turismo en España y las claves para su reactivación, en la que también han participado el director general de AENA, Javier Marín, el director corporativo de Iberia, Juan Cierco y el decano de Deusto Business School, Álvaro de la Rica.

Tras mostrarse convencido de que España no se encuentra, en estos momentos, "en absoluto" en la situación de marzo, ha señalado que la previsión para España de "un crecimiento robusto" de su economía se va a dar de la conjunción de la evolución de la epidemia, la extensión de las vacunas, la bajada de la mortalidad y mejores tests de diagnóstico. Sumados unos presupuestos generales "expansivos" y la llegada de los fondos europeos de recuperación permiten dibujar un 2021 "más positivo".

En este sentido, ha añadido que esa combinación, "nos pone en posición de ser razonablemente optimistas en cuanto a la movilidad y la mejora del turismo". También ha pedido un consenso europeo para fijar unos parámetros unitarios con el resto de paises comunitarios y "establecer unos mecanismos de reconocimiento mutuo" y de cara a encontrar, entre todos, "una posición que garantice la libre circulación lo más rápidamente posible en cuanto se produzca la recuperación, porque el impacto es elevado".

TRABAJAR UNIDOS

Por su parte, el director general de AENA, Javier Marín, ha afirmado que para ayudar en la recuperación del sector turístico y la movilidad y, por tanto, de la industria aérea, el sector "está trabajando muy unido" aunque, a la espera de cómo será el escenario", cree que "habrá un cambio en el comportamiento social, una tendencia a la consolidación en la industria, algunas compañías dejarán de operar y quedará huella en la macroeconomía que afectará al transporte aereo".

Tras mostrarse optimista por una salida "reforzada" de la situación, se ha manifestado convencido de que, aunque las tendencias tecnológicas se han acelerado en esta pandemia, no cree que, en una gran proporcion, vayan a ser tras esta pandemia "sustitutivas" del viaje, por lo menos, en la parte turistica, donde no cree que se dé ese cambio "en cuanto se levanten las restricciones".

En cuanto a los viajes de negocio, Marín cree que va "a afectar en algo" pero no tendrá un "gran impacto" en su uso, y aunque se sustituirán por conexiones online, no existe preocupación "en el impacto en volumen por el avance de las tecnologías, porque también contribuyen a aumentar la eficiencia y las empresas van a ser más eficientes, pero, en lo esencial, no se va a sustituir el viaje de negocio".

También ha llamado a fortalecer vínculos entre los distintos elementos del sector turístico porque, de esa forma, "se saldrá mas rápido y mas fuertes si se trabaja juntos".

Para lograrlo, ha calificado de "necesidad" avanzar en la armonización de medidas entre países porque "el turismo es internacional y hay que armonizar procedimientos comunes entre todos porque los turistas no van a entender de regiones ni fronteras si presentamos un mapa confuso de requisitos o criterios poco claros.

El responsable de Aena ha considerado que los efectos económicos en el sector están vinculados a los limites de la movilidad, y ha recordado que, los efectos en España hasta la fecha han sido "enormes", con una caída de los pasajeros totales al 30% de la cifra registrada en 2019 que, incluso en noviembre, apenas ha alcanzado al 15% del volumen de viajeros que se tenía en 2019".

Javier Marín ha considerado "positiva" la capacidad de reacción del sector, tras demostrar tras la primera ola que pudo pasar de cero actividad al 50% en verano antes de segunda ola, con un volumen pasajeros superior al 30%.

Asimismo ha destacado la capacidad de Aena para asegurar la liquidez con ingresos cero, mediante la reducción del uso de infraestructuras no imprescindibles y de retrasar inversiones desde la premisa de que la eventual recuperación no se viera limitada por ninguna decisión para poder "tener capacidad de recuperación inmediata siempre", lo que se ha traducido en que no se ha cerrado "ningún aeropuerto de la red y ninguna infraestructura en los grandes para no generar demoras".

SIN OPTIMISMOS

El director corporativo de Iberia, Juan Cierco, ha reconocido que la crisis está siendo "durísima y tiene pinta de que va a seguir", y no se ha mostrado "optimista" con la recuperación para el sector de la movilidad aérea, porque hábitos como las conexiones o reuniones online "han venido para quedarse y eso va a afectar a cuestiones como los viajes de negocio".

En su opinión, España ha sido el país más competitivo del mundo en turismo y ha lamentado que, "cuando el turismo es nuestro petróleo, desde algunos ministerios y desde algunas instancias se habla mal del turismo como se está haciendo". "Lo que hay que hacer es reforzarlo, y si hay que lograr que la dependencia española sea menor, los primeros que abogamos por ella somos nosotros, pero no para hacer la tarta más pequeña sino más grande, ni para denigrarlo", ha añadido.

Cierco ha pedido que España asuma el liderazgo de la movilidad en Europa, porque "es el país que más depende de ella y de la conectividad para su desarrollo", por el gran peso del turismo y porque, "sin turismo este país no va a salir de la crisis y sin conectividad no va a haber turistas para recuperarse.

En este punto ha considerado los fondos europeos de la recuperación "una oportunidad histórica que no se puede desaprovechar" para reforzar las inversiones en turismo y ser el país mejor y más conectado internacionalmente porque no puede concebirse el desarrollo de España sin el desarrollo del turismo y de la conectividad". Entre otros proyectos, ha pedido impulsar con esos fondos la conexión entre la T4 de Barajas y el Tren de Alta Velocidad.

En cuanto a Iberia, Cierco ha reconocido que atraviesa "la peor crisis de la historia de la compañía" pero se ha felicitado de que "ha logrado adaptarse" tras recurrir a sus accionistas y hacer una reestructuración para adecuarse a un "sector competitivo", algo que "se hizo a tiempo y bien para afrontar esta crisis mejor que los competidores".

Finalmente, de cara a una posible recuperación en 2021, ha reconocido que "hay una luz al final del túnel". "Pero nosotros no la vemos especialmente clara y, para el verano, puede que sea mejor, por lo que hay que intentar que la normalidad sea realmente normal", ha puntualizado.

En su presentación, el decano Álavaro de la Rica ha recordado que la pandemia ha tenido un efecto "devastador" sobre el turismo en España, con 70.000 millones de ingresos perdidos, 50 millones menos de turistas y con unas cifras en 2020 "más propias de los años 70".

En su opinión, "a nadie se le escapa su importancia y su efecto tractor sobre la economía del país y de otras actividades como el transporte aéreo, la industria hotelera o otros factores como las infraestructuras. Por eso, su caída actúa como "efecto arrastre para otros sectores y su caída lastra a todo el conjunto por lo que se va a necesitar una respuesta conjunta y sin precedentes", ha asegurado.

La portavoz del Gobierno municipal en el Ayuntamiento de Madrid, Inmaculada Sanz, ha aseverado este jueves que hay "partes" de la Cañada Real en las que se da un "problema evidente de acciones que vulneran el Código Penal", lo que no quita, ha continuado que "haya que adoptar medidas para personas vulnerables".

"Es cierto que en algunas partes hay un problema de seguridad, de actuaciones que no son legales y hay que afrontarlo y decirlo. Eso no quita que haya que adoptar medidas para personas vulnerables, pero no podemos cerrar los ojos y negar un problema evidente ante acciones que vulneran el Código Penal", ha lanzado en rueda de prensa posterior a Junta de Gobierno.

Vecinos de la Cañada Real se han vuelto a concentrar este jueves frente a la Consejería de Vivienda de la Comunidad de Madrid para exigir el restablecimiento del suministro eléctrico tras casi "tres meses" cortado. La presidenta del Ejecutivo madrileño, Isabel Díaz Ayuso, ha asegurado que "una cosa es criminalizar la pobreza" y otra "democratizar la delincuencia". "Para tener los Porsches ahí aparcados, bien; para pagar las facturas que es lo que está provocando esos cortes, no", ha lanzado la dirigente autonómica.

Para Sanz, la presidenta ha "expuesto una situación" ante la que "no se pueden cerrar los ojos". Así, entiende que "hay que abordar dos cuestiones paralelas", por una parte "las plantaciones de marihuana, que provocan dificultades, donde Delegación tiene mucho que decir", y por otra "dar solución a esas familias más vulnerables".

"Seguimos trabajando en un ámbito estructural, en lo que se nos pueda requerir, pero echo de menos ese plan de choque; no nos vamos a quedar quietos ante una situación que nos preocupa y por personas que lo están pasando mal", ha añadido a renglón seguido.

Además, la también delegada de Seguridad y Emergencias ha apuntado que continúa "echando de menos la puesta en marcha de ese plan de choque que la Delegación del Gobierno anunció", y ha reprochado que "va muy tarde ya".

El presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, ha intervenido hoy jueves de forma telemática en el pleno del Comité Europeo de las Regiones, donde ha solicitado un apoyo específico por parte de la Unión Europea que permita al archipiélago hacer frente a la crisis migratoria.

Durante su intervención, el presidente canario ha planteado a la comisaria europea de Interior, Ylva Johannson, que la solidaridad entre los territorios europeos respecto a la acogida de inmigrantes tiene que ser "concreta y efectiva" porque "la inmigración exige que haya solidaridad por parte del resto de la UE, empezando por España".

Ángel Víctor Torres ha dado las gracias a la comisaria por el esfuerzo y el interés que está teniendo ante la difícil situación provocada por la inmigración irregular, sobre todo en un archipiélago como Canarias, que en lo que va de año ha registrado la llegada de más de 20.000 inmigrantes, lo que, según Torres, supone un porcentaje muy alto.

El presidente celebró que tanto la comisaria Johannson como el resto de intervinientes en la sesión plenaria hayan apelado a una "obligada" solidaridad europea porque, según dijo, "hay que tenerlo con los países y, especialmente, con las comunidades que somos frontera, que somos las que recibimos a los inmigrantes".

Por ello, Ángel Víctor Torres pidió un apoyo específico para estas regiones, entre ellas Canarias, porque "no sólo hay que repatriar, sino también acoger, responder y atender, y no podemos hacerlo nosotros solos".

En cuanto a los menores extranjeros no acompañados, Torres señaló que, a petición del Gobierno de España, hay comprometida financiación por parte de la Unión Europea para Canarias, que está aportando 14 millones de euros de fondos propios para la atención de estos niños que llegan solos.

Respecto a las afirmaciones de algunos representantes de distintas comunidades autónomas del Partido Popular y Ciudadanos, y también de algunos partidos como VOX, que han criticado que haya inmigrantes en sus territorios, Ángel Víctor Torres les preguntó si su planteamiento es que toda la inmigración irregular se quede en Canarias.

"Eso no es solidaridad entre los Estados miembros de la UE y entre las comunidades autónomas", recalcó Torres, quien añadió que con sus críticas también están yendo en contra de lo que están planteando sus representantes en Canarias, que defienden que haya una solidaridad en el conjunto de España.

Preguntado por las derivaciones de inmigrantes a la Península, recordó que ya hay acuerdos con distintas comunidades para poder llevar a cabo derivaciones de personas que llegan a Canarias, sobre todo personas con vulnerabilidad, como mujeres y niños, del mismo modo que también se está produciendo un tránsito reglado de personas que tienen documentación para poder moverse con libertad por el resto del territorio español una vez pasan 72 horas.

El jurado del Premio Internacional Jaime Brunet a la Promoción de los Derechos Humanos de la Universidad Pública de Navarra (UPNA) ha decidido conceder el galardón de 2020 al Papa Francisco.

Tal y como se recoge en el fallo, el jurado ha tenido en cuenta cómo el premiado "ha levantado su voz en defensa de las personas refugiadas en situación de vulnerabilidad, abogado por los derechos humanos y por los derechos de todas las personas migrantes, así como por el derecho a una vida digna" y "todo ello, desde un enfoque de fomento de la cultura del encuentro y de la acogida".

El nombre del premiado se ha dado a conocer este jueves, 10 de diciembre, Día Internacional de los Derechos Humanos, en un acto en el que han estado presentes Joaquín Mencos Doussinague, presidente del jurado y vicepresidente de la Fundación Brunet, y Alejandro Torres Gutiérrez, secretario del jurado y catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad Pública de Navarra.

El fallo del jurado destaca también que el Papa "ha venido favoreciendo una cultura de la hospitalidad hacia las personas migrantes y refugiadas, que interpela a nuestras conciencias, comprometiéndose en la defensa de los derechos de los pueblos indígenas, y el cuidado de la casa común, la defensa del medioambiente, y el diálogo intercultural e interreligioso. "Este esfuerzo a favor de los derechos humanos, especialmente de los más desfavorecidos", continúa el fallo, "son valores, cuya consecución ha inspirado, precisamente desde su génesis, a la Fundación Jaime Brunet".

EL PAPA FRANCISCO

El Papa Francisco fue elegido el 13 de marzo de 2013, sucediendo en el pontificado a Benedicto XVI. La candidatura al premio Brunet fue presentada por Fundación Alboan, organización de cooperación internacional jesuita, quien destaca en su propuesta que, desde el inicio de su papado, el pontífice ha hecho hincapié "en la preservación de los bienes colectivos, como el medio ambiente, y ha hecho constantes referencias a conceptos como la justicia social, los problemas estructurales, la periferia y las soluciones colectivas, que los derechos individuales no resuelven.

En este sentido, según indica Alboan en su propuesta, "el papa Francisco ha intentado alejarse de una concepción clásica más individual de los Derechos Humanos" y eso, según aseguran, supone "una visión diferente respecto a papas anteriores".

En su propuesta, además de los méritos conducentes al premio, la organización destaca que se trata del tercer líder mundial en influencia según el informe Twiplomacy. De hecho, en su cuenta de Twitter @pontifex cuenta con más de 51 millones de seguidores y seguidoras.

LA FUNDACIÓN Y EL PREMIO JAIME BRUNET

La Fundación Jaime Brunet es una fundación cultural privada, cuyos fines son el fomento del respeto a la dignidad humana, a las libertades fundamentales y a los derechos humanos, así como la erradicación de situaciones y tratos inhumanos o degradantes. Entre otras actividades, convoca el premio Jaime Brunet Romero con el fin de distinguir un trabajo científico, literario o audiovisual o la trayectoria de una persona o institución que haya destacado en la promoción de los derechos humanos. En total, la fundación ha concedido desde 1998 dieciocho Premios Internacionales Jaime Brunet; el último, en 2017, a la Fundación Vicente Ferrer.

Jaime Brunet Romero (Bayona, Francia, 1926-San Sebastián, Guipúzcoa, 1992) nació en una familia de emprendedores catalanes que se había asentado en el siglo XVIII en Guipúzcoa (donde desarrollaron una importante actividad industrial). Educado con un talante liberal y crítico con la época que le tocó vivir, fue encaminado a la carrera de Derecho por su padre, Jaime Brunet Goitia, jefe local del Partido Republicano y que llegó a ser teniente de alcalde del Ayuntamiento de San Sebastián, donde ya habían ocupado la alcaldía su abuelo y bisabuelo. Cursó sus estudios en la Universidad de Valladolid, en la que ejerció como profesor ayudante, ha informado la UPNA.

En los últimos años de su vida, su sensibilidad por la situación de los derechos humanos y la defensa de la libertad del ciudadano se convirtieron en su constante preocupación. Al no tener descendencia directa, y movido por sus sentimientos que le rebelaban contra las actuaciones injustas, decidió legar su fortuna para crear, a su fallecimiento, la fundación que, con su nombre, se dedicara a divulgar los derechos humanos y a premiar a quienes, por su trabajo en defensa de ellos, se hicieran merecedores de este reconocimiento. De este modo, se creó la Fundación Jaime Brunet Romero, con residencia en la Universidad Pública de Navarra, según su voluntad testamentaria.

La síndica de Unides Podem en Les Corts Valencianes, Naiara Davó, ha presentado una proposición no de ley en la cámara autonómica en la que solicita que la Comunitat Valenciana "se comprometa a acoger un mínimo de personas migrantes en el plazo de tres meses, en solidaridad con la emergencia humanitaria que existe actualmente en Canarias", y se adquiera de esta forma un "un compromiso de solidaridad y corresponsabilidad entre todos los territorios".

La formación ha solicitado documentación y datos al Gobierno Central para que informe sobre el número de inmigrantes trasladados desde Canarias a la Comunitat Valenciana en este año, desglosado con indicación de edad y género y paralelamente, la diputada Irene Gómez ha solicitado la reunión de la comisión de Derechos Humanos de Les Corts para que se pronuncie sobre la comparecencia de la delegada del Gobierno en la autonomía, Gloria Calero, respecto a esta cuestión.

Davó ha recordado en un comunicado que, según el último informe publicado por el Ministerio del Interior, entre el 1 de enero y el 15 de noviembre llegaron por vía marítima 16.760 personas a las islas, lo que supone un incremento del 1.019,6 por ciento respecto al mismo periodo el año anterior.

La síndica de UP ha señalado que la reapertura de estas vías de migración a Canarias "ha generado una crisis humanitaria de enorme dimensión". "El hacinamiento de cientos de personas en el muelle de Arguineguín, al sur de Gran Canaria, la mayoría alojados en campamentos improvisados y sin condiciones mínimas de habitabilidad, está poniendo de manifiesto la falta de recursos y medios por parte de las administraciones locales para poder afrontar esta situación", ha indicado.

Desde el Gobierno de Canarias, ha explicado, se están llevando a cabo actuaciones que garanticen el alojamiento y los derechos de los menores extranjeros no acompañados, poniendo a disposición un total de 21 espacios de alojamiento que permiten atender hasta 1.962 menores en el conjunto del archipiélago, pero desde el propio Gobierno de las islas "se señala que no cuentan con los suficientes recursos para llevar a cabo la tutela y atención de todos los menores, e incluso la Unión Europea carece de programas específicos que permitan afrontar esta situación".

"MAYOR COOPERACIÓN INTERTERRITORIAL"

Davó ha reclamado "mayor cooperación interterritorial en temas de derechos humanos ya que construir una España fraterna implica colaborar con las otras autonomías". En esta línea, ha indicado que muchas de estas personas "huyen de situaciones de persecución política, guerras y violencia en sus países de origen, lo que pone de manifiesto la urgencia de asegurar cuanto antes mecanismos de identificación de las que necesitan protección internacional, por su carácter de refugiadas y con la necesidad de acogerse al derecho de asilo".

Asimismo, considera necesario disminuir la "presión" que vive Canarias, cuestión que pasa por llevar a cabo una planificación "eficiente" de los traslados a la península, "en base a criterios de proporcionalidad entre territorios y según los perfiles de las personas migrantes", de acuerdo con los distintos grados de vulnerabilidad de las personas migrantes y la necesidad de llevar a cabo procedimientos de asilo tras las correspondientes identificaciones de la situación de cada una de ellas.

También ha reconocido el esfuerzo que están llevando a cabo las personas profesionales en el ámbito de atención a las personas migrantes y ha instado a "asegurar vías legales y seguras para migrar y evitar el desastre humanitario que estamos viviendo en las costas de nuestro país, y llevar a cabo políticas de acogida dignas que eviten el desamparo de miles de personas e implantar mecanismos eficientes que garanticen el cumplimiento de los derechos humanos".

El juez de refuerzo del Juzgado de Instrucción número seis de Sevilla, José Ignacio Vilaplana, ha acordado citar como investigado al exviceconsejero de Empleo Justo Mañas en la pieza correspondiente a los expedientes de regulación de empleo (ERE) promovidos por Mercasevilla con cargo a los fondos autonómicos, desestimando la petición de la Fiscalía de llamar a tal causa al exconsejero de Empleo Antonio Fernández, al que excluye de estas actuaciones al haber sido ya juzgado --y condenado-- por el denominado como "procedimiento específico" por el cual eran financiadas con fondos públicos estas reestructuraciones laborales.

En un auto emitido el pasado 2 de diciembre, difundido por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), Vilaplana da cuenta de un informe de la Fiscalía Especial Contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada con relación a la pieza correspondiente a las subvenciones autonómicas concedidas para los ERE promovidos en 2003 y 2007 por la sociedad Mercasevilla, participada mayoritariamente por el Ayuntamiento hispalense y Mercasa, en concreto más de 5,6 millones de euros en el primer caso y más de 6,9 millones en el segundo.

Unas subvenciones, según el juez de refuerzo, presuntamente ilícitas y "extramuros de cualquier legalidad", extremo por el cual se investigan presuntos delitos de prevaricación administrativa, malversación y falsedad documental.

El auto realiza un pormenorizado recorrido respecto a los hechos investigados por tales ERE, rememorando que en el ERE promovido en 2003 por Mercasevilla, en el plan de prejubilaciones suscrito con la empresa consultora Vitalia a través de Francisco José González y Jesús María Bordallo figuraba que el mismo sería sufragado en su mayor parte por la Junta de Andalucía, pese a que Fernando Mellet, como director gerente de Mercasevilla, y Daniel Ponce como subdirector, "no habían formalizado solicitud de subvención alguna", extremo que habrían acometido partiendo de "las buenas relaciones que, a través de" Juan Lanzas, tenía Mellet con el entonces delegado provincial de la Consejería de Empleo, Antonio Rivas.

Para ello, según el juez Vilaplana, Mellet y el entonces director general de Trabajo y Seguridad Social de la Junta Francisco Javier Guerrero, recientemente fallecido, firmaron un protocolo de colaboración en diciembre de 2003, en el que "a pesar de afirmarse que 2002 fue el primer año que Mercasevilla había podido dar resultados positivos", Guerrero "se comprometía al pago del coste de las prejubilaciones", siendo "instrumentalizado el pago ilícito de las correspondientes ayudas" mediante una póliza entre Mercasevilla y Vitalia.

Recuerda el juez que la citada póliza incluía a "indebidamente" a Carmen Fontela, que no tenía relación laboral con Mercasevilla, "aunque finalmente fue excluida de la póliza e incluida como beneficiaria de otra póliza de seguro de una empresa diferente", la del ERE promovido por el restaurante sevillano Río Grande, donde tampoco habría trabajado.

EL OBJETO DE LOS ERE

En cuanto al ERE de 2007 de Mercasevilla, el juez rememora que fue autorizado por Antonio Rivas "pese a que la causa alegada en el primero fuera una sobredimensión de la plantilla y que los gastos de personal superaban el 71% de la cuenta de explotación y a que cuando en 2005 se solicitó" este segundo procedimiento, "se había contratado prácticamente el mismo número de trabajadores que en el primer expediente habían sido despedidos y los gastos de personal seguían superando el 71 por ciento de la cuenta de explotación".

"A pesar de no existir protocolo de colaboración ni convenio que lo articulara, la póliza firmada por Mellet contenía expresa mención a que la Junta de Andalucía abonaría la mayor parte de las primas como ocurriera con la póliza anterior. Sí existían compromisos de pago de Guerrero de suscripción y abono de la póliza y sus suplementos 1 y 2", recuerda el juez, señalando que Mellet y Ponce incluyeron en este ERE a cuatro empleado que no pertenecían a Mercasevilla, sino a su fundación socioasistencial, pese a tratarse de entidades independientes; y junto con Lanzas incluyeron además a Antonio Garrido Santoyo, quien carecía de vínculo alguno con Mercasevilla.

No obstante, precisa el juez que "no se ha encontrado ni en la contabilidad de IDEA ni en la documentación obrante en autos ningún pago por parte de la Junta en relación con esta póliza" del segundo ERE.

En cualquier caso, las ayudas autonómicas concedidas para estos ERE de Mercasevilla "carecerían de objeto definido y concreto, se llevaron a efecto de forma injusta y arbitraria prescindiendo del procedimiento legalmente establecido y sin observancia de los aplicables principios de publicidad, concurrencia y objetividad; concediéndose por el correspondiente director general de Trabajo sin competencia para ello, sin resolución motivada y justificada de concesión, sin acreditación de los requisitos necesarios para su obtención, y sin que se justificase en modo alguno el carácter excepcional de la correspondiente ayuda".

INVESTIGADO JUSTO MAÑAS

En ese marco, el juez instructor acuerda citar como investigado al exviceconsejero de Empleo Justo Mañas para el día 15 de enero de 2021, por una resolución de 2011 con la que autoriza la refinanciación de las pólizas de seguro correspondientes al ERE de 2003. "La posible arbitrariedad de dicho mecanismo de financiación pública guarda una inequívoca y natural conexión con los hechos delictivos por los que se procede", indica el juez.

En paralelo, el juez extiende la imputación que ya pesaba con relación a estos hechos sobre Mellet, Francisco González, el exdirectivo de Vitalia Antonio Albarracín y el denominado como "hombre de paja" Juan Francisco A.L., citando también a este último para el 15 de enero.

De otro lado, el juez desestima la petición de la Fiscalía de llamar a este procedimiento al exconsejero de Empleo Antonio Fernández y le excluye de la causa.

Dado que Fernández ha sido condenado a siete años, once meses y un día de prisión y 19 años, seis meses y un día de inhabilitación absoluta por la Sección Primera de la Audiencia de Sevilla, por el denominado como "procedimiento específico" mediante el cual eran financiadas las subvenciones autonómicas para los ERE o para las empresas, el juez señala que el mismo "habría intervenido en la adjudicación y pago ilícitos de las ayudas" de Mercasevilla, pero recuerda que "estas ayudas fueron acordadas y abonadas dentro del periodo de imputación en la causa del procedimiento específico".

A tal efecto, Vilaplana señala la "doctrina" de la Sección Séptima de la Audiencia de Sevilla en aplicación del principio 'non bis in idem' que impide que un mismo hecho resulte sancionado más de una vez. Fernández, según concluye el juez, "ya habría sido juzgado y condenado (por la Sección Primera de la Audiencia) por su participación en el otorgamiento ilícito de las ayudas que son objeto de las presentes actuaciones". Igualmente, el juez acuerda en este auto llamar a Mercasevilla como responsable civil subsidiaria de los hechos.

Sotheby's ha subastado por 801.500 libras esterlinas --887.827 euros-- el cuadro 'Antes de la corrida', de Joaquín Sorolla, vinculado al caso 'Malaya' y cuya titularidad reclama la empresa Neira de Rei S.L. Hasta ahora, tanto la Audiencia de Málaga como la Fiscalía mantienen que "la propiedad real del cuadro en cuestión corresponde a Carlos Sánchez", condenado en dicha causa.

La Policía Nacional recuperó el pasado mes de octubre el cuadro en Bruselas en el transcurso de una investigación, iniciada en junio a raíz de la existencia de una orden de intervención de la obra por parte de la Audiencia de Málaga; unas pesquisas que supusieron, además, la detención de nuevo de Sánchez, considerado propietario de la pieza.

Al conocer la empresa Neira de Rei que la obra iba a ser subastada presentó ante la Audiencia un escrito pidiendo parar la subasta y que se les entregara el lienzo. Esta petición se argumentaba en una escritura de octubre de este año elevando a público el acuerdo social de aumento de capital de dicha sociedad en la que se aporta la obra. La empresa también se comunicó con la casa de subastas.

No obstante, la subasta se ha llevado a cabo durante una semana, cerrándose este pasado miércoles, han informado desde la empresa en comunicado. Al mismo tiempo, la Sala de la Audiencia de Málaga que realiza la ejecución de la sentencia del caso 'Malaya' hace suyo el informe del fiscal y decreta en una providencia que no procede acceder a lo solicitado.

En dicha resolución, a la que ha tenido acceso Europa Press, el Tribunal reproduce y asume la argumentación del ministerio público sobre que está "acreditado que la propiedad real del cuadro en cuestión corresponde al señor Carlos Sánchez, estando afecto al pago de la responsabilidad pecuniaria derivada de la condena impuesta al mismo en esta causa.

En su informe, la Fiscalía parte de lo que consta acreditado en la sentencia del caso 'Malaya' respecto a que Sánchez sería el propietario de este cuadro a través de la empresa CCF 21, que también está vinculada a otro condenado, Andrés Liétor, el cual tampoco ha satisfecho la multa. Así, se apunta que la empresa pueden plantear una tercería de dominio para seguir litigando sobre la titularidad.

Según la empresa que reclama la propiedad, inicialmente el Sorolla fue confiscado en 2007 en la instrucción del caso 'Malaya', junto a otros cientos de obras de arte. Pero en 2011 fue entregado provisionalmente en depósito a un representante de la empresa propietaria, CCF 21 Negocios Inmobiliarios, S.A., "que fue exonerada por el Tribunal Supremo de toda responsabilidad en el caso".

La obra ha estado en paradero desconocido y en 2017 "había sido denunciada la desaparición del cuadro por un socio de la sociedad propietaria, presuntamente en manos de otros socios que habrían intentado apropiarse de ella y venderla sin éxito alrededor del mundo", dicen desde Neira de Rei. De hecho, los investigadores constataron que había sido expuesta en una feria de arte de Nueva York.

Según Neira de Rei, el Sorolla "fue adquirido en escritura pública en el año 2000 por la empresa CCF 21 para la Colección Santa Fe de la que es propietaria", apuntando que se interesaron por la obra "durante el pasado verano y decidió adquirirlo, asumiendo que se encontraba en paradero desconocido y continuando las denuncias y reclamaciones iniciadas por su anterior propietaria".

Los abogados de Neira de Rei, Gallego y Sanchez-Rollón Abogados (Madrid) y Castillo y Díaz Abogados (Málaga), "pretenden continuar las reclamaciones con todas las consecuencias", ya que "encuentran sobrados motivos para revertir los efectos de la subasta y que el Sorolla sea devuelto a su propietaria, quizás con ánimo de exponerlo en Talavera de la Reina, ciudad de la sede social de la empresa".

Una veintena de asociaciones de víctimas del terrorismo ha alertado mediante una declaración conjunta sobre el intento de blanquear o negar la realidad del terrorismo que protagonizó ETA y otras organizaciones terroristas que actuaron en España, lo que ligan a "intereses partidistas y cortoplacistas" que, en su opinión, suponen un "menoscabo de la calidad de la democracia".

Coincidiendo este 10 de diciembre con el Día Internacional de los Derechos Humanos, las asociaciones firmantes defienden que "nadie pueda blanquear, negar o distorsionar la realidad de las experiencias traumáticas que fueron consecuencia de los gravísimos atentados que el terrorismo cometió, y puede cometer por desgracias todavía, en nuestro país".

"Todas las organizaciones abajo firmantes, desde nuestras legítimas diferencias, coincidimos en el objetivo común de la reclamación de una Memoria ligada al derecho a la Justicia, no sólo penal, también social y política, como pilares básicos de la convivencia democrática, que no pueden ser minusvalorados, olvidados ni tergiversados por intereses partidistas ni cortoplacistas sin menoscabo de la calidad de nuestra democracia", señalan.

CRÍTICAS A LOS QUE HOY JUSTIFICAN O CALLAN

En la declaración, que firma la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT), la Fundación Miguel Ángel Blanco, Dignidad y Justicia o la Fundación Tomás Caballero, se solicita a las instituciones públicas que defiendan su memoria, "especialmente ante los que todavía hoy justifican, relativizan o callan ante décadas de padecimiento terrorista, una estrategia criminal", dicen en alusión a ETA, "que buscó imponer un estado totalitario incompatible con la democracia constitucional que nos ampara".

Se remiten para ello a diciembre de 2010, cuando la mayoría suscribió "El documento de la Justicia de las Víctimas", ante el fin de ETA, donde ya alertaban "sobre un fin del terrorismo con impunidad diciendo que la victoria sobre ETA debe evitar la legitimación de la historia del terrorismo y permitir cerrar, en buena parte en paz, el duelo personal y comunitario de tantas heridas y tanto horror".

Las asociaciones reclaman que se utilicen "todos los recursos y medios necesarios" para esclarecer aquellos actos terroristas que a día de hoy aún continúan si tener responsables determinados, "persiguiendo el reconocimiento de la culpa y la no prescripción de las acciones penales".

HOMENAJES Y CUMPLIMIENTO DE CONDENAS SIN ATAJOS

También solicitan que se dé "tranquilidad a las víctimas, asegurando el cumplimiento de las condenas en curso, sin atisbo de atajos o puertas de atrás y pongan todos los recursos necesarios para paliar la impunidad judicial que sufren, todavía hoy, cientos de familias, víctimas de distintas bandas terroristas".

Los firmantes señalan la necesidad de evitar la "anomalía democrática y la humillación para las víctimas" que supone la celebración continuada de homenajes a los presos terroristas cuando salen de la prisión, así como "la exaltación de un pasado delictivo que utilizó la vida humana como moneda de cambio y que transmite a parte de los jóvenes la idea de que matar, herir o perseguir a nuestros familiares estuvo bien y fue necesario".

Por este motivo, piden que se trabaje "sin descanso por la derrota política, social y jurídica del terrorismo y en el triunfo de la democracia constitucional española, evitando el olvido y la falta de conocimiento de las nuevas generaciones respecto a un capítulo de nuestra historia reciente que ha condicionado gravemente la convivencia y producido un sufrimiento atroz a miles de españoles".

El Gobierno ha indicado que no hay "ningún tipo de conversaciones" en la tramitación de los indultos solicitados a favor de los condenados por el 'procés', "pues todas las actuaciones son escritas y documentadas", conforme a la ley sobre este derecho de gracia, en respuesta a una pregunta parlamentaria de Vox en la que planteaba si el Ejecutivo estaba manteniendo conversaciones sobre dichos indultos.

Moncloa, en una respuesta escrita del 24 de noviembre, ha señalado que "en el procedimiento reglado de la tramitación de la solicitud de indulto solo se incluyen los trámites específicamente previstos en la Ley de 18 de junio de 1870, por la que se establecen las reglas para el ejercicio de la gracia de indulto, entre los cuales no se incluyen ningún tipo de conversaciones, pues todas las actuaciones son escritas y documentadas".

El Ejecutivo de Pedro Sánchez ha contestado así a una pregunta formulada por Vox el pasado 21 de octubre en la que se hacía eco de informaciones periodísticas que apuntaban a la existencia de conversaciones entre el portavoz de Esquerra Republicana (ERC) en el Congreso de los Diputados, Gabriel Rufián, y el director del gabinete del presidente del Gobierno, Iván Redondo, para "llevar a efecto la solicitud de indulto".

El ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, anunció el pasado 23 de septiembre el inicio de la tramitación de las peticiones de indulto realizadas a favor de los condenados por el referéndum independentista del 1 de octubre de 2017, un trámite que suele superar los seis meses. En estos momentos, el asunto se encuentra en el Supremo que, como tribunal sentenciador, debe recabar los informes preceptivos antes de elaborar el suyo y dar traslado de todo al Ministerio.

El presidente del grupo parlamentario de Unidas Podemos en el Congreso, Jaume Asens, urgió la semana pasada al Gobierno a liberar a los presos independentistas antes de las elecciones catalanas del próximo 14 de febrero, para garantizar que se celebran con "normalidad", ya sea mediante la concesión de los indultos solicitados o mediante la reforma del delito de sedición.

Sin embargo, fuentes del alto tribunal han señalado a Europa Press que la realización del preceptivo informe de la Sala enjuiciadora, para el que se requiere recabar antes el criterio de la Fiscalía, tiene sus propios tiempos, "que no son los de la política. El Supremo ya ha dado traslado del expediente de los indultos a la Fiscalía. Además, se podría reclamar la valoración de la Abogacía del Estado, que acusó durante el juicio, ya que la Ley del Jurado prevé pedir valoración a la parte perjudicada.

De acuerdo con fuentes del Ministerio de Justicia hay al menos siete peticiones de indulto a favor del líder de ERC y ex vicepresidente de la Generalitat, Oriol Junqueras; los ex consejeros Dolors Bassa, Joaquim Forn, Josep Rull, Raül Romeva, Jordi Turull, Santi Vila, Meritxell Borràs y Carles Mundó; los 'Jordis' --Jordi Cuixart y Jordi Sànchez--; y la ex presidenta del Parlament Carme Forcadell.

La petición de indulto puede llevarse a cabo por los penados, sus parientes o cualquier otra persona en su nombre. La concesión, en caso de producirse, compete al Rey, a propuesta del ministro de Justicia y previa deliberación del Consejo de Ministros, y debe acordarse mediante Real Decreto publicado en el Boletín Oficial del Estado.

Quedan tan solo horas para que Gorillaz, la banda virtual liderada por Damon Albarn, regrese con 'Song Machine Live From Kong', un regalo anticipado de navidad para todos sus fans en forma de concierto en streaming. Se trata de la primera actuación en directo de Gorillaz desde 2018 que contará con tres espectáculos virtuales en tres zonas horarias diferentes que se celebrarán los próximos días 12 y 13 de diciembre.

Así, este próximo fin de semana, y de la mano de LIVENow, Gorillaz lanzará su espectáculo a gran escala desde el sótano de Kong Studios hasta los hogares de sus cientos de miles de seguidores en todo el globo. Un concierto que combina una emocionante actuación en tiempo real con la animación de Jamie Hewlett.

Tres actuaciones en vivo que prometen ser un show "inmersivo, único y navideño" en el que los 14 integrantes de Gorillaz, con Damon Albarn con 2D, Noodle, Murdoc Niccals y Russel Hobbs a la cabeza, estarán acompañados por algunos artistas invitados muy especiales. Junto a ellos interpretarán las canciones del aclamado nuevo álbum 'Song Machine Season One: Strange Timez', además de las favoritas del repertorio de Gorillaz.

"NOSOTROS LLEVAMOS LA MAGIA, VOSOTROS LA FIESTA"

"Habrá un espectáculo visual impresionante, vibraciones positivas, artistas invitados y, por supuesto, el bueno de Damon acaparando toda la atención, como siempre. Es como un regalo anticipado de Navidad. Porque este año hemos sido buenos, pero ha sido una mierda", afirma Murdoc que invitó a los fans a participar de este evento irrepetible. "Nosotros llevamos la magia, vosotros la fiesta", proclama.

La banda en vivo Gorillaz está compuesta por Damon Albarn, Seye Adelekan (bajo), Jesse Hackett (teclados), Remi Kabaka (percusión), Femi Koleoso (batería), Mike Smith (director musical/teclados), Karl Vanden Bossche (percusión), Jeff Wootton (guitarra) con Matt Allen, Rebecca Freckleton, Petra Luke, Michelle Ndegwa, Ade Omotayo y Angel Williams-Silvera en los coros.

'Song Machine Live From Kong' es una producción de Gorillaz, producida por Eleven Mgmt en colaboración con Block 9 y Pulse Films. Las entradas para seguir el espectáculo ya están disponibles en www.gorillazlivenow.com en los tres horarios programados: Sábado 12 de diciembre a las 12 horas; Domingo 13 de diciembre a la 1 de la madrugada; y Domingo 13 de diciembre a las 20 horas.

ENTRADAS Y PRECIOS

Además de varios horarios, también existen varias modalidades de entradas: Un solo espectáculo por el precio de 15 euros, los tres espectáculos por 30 euros y también existe la posibilidad de comprar cuatro entradas y compartir la experiencia con tres amigos en una sala de fiestas virtual por 40 euros.

LIVENow también ha puesto a disposición del público la posibilidad de crear una sala de encuentro virtual en la que hasta cuatro personas con entrada pueden darse cita para disfrutar de 'Song Machine Live From Kong'. En la página del evento, solo hay que clicar en 'Iniciar sala' debajo del icono 'Ver juntos'. Una vez allí hay que seguir las instrucciones para crear una sala virtual y después seleccionar la opción 'Invitar a un amigo' para obtener un enlace único la sala y enviar un correo electrónico a los otros tres participantes.

Además, en esta opción existe la posibilidad de permitir el acceso a las cámaras compartir con el resto de fans cómo disfrutan viendo Song Machine Live From Kong.

Vecinos de la Cañada Real se han vuelto a concentrar este jueves frente a la Consejería de Vivienda de la Comunidad de Madrid para exigir el restablecimiento del suministro eléctrico tras casi "tres meses" cortado; una situación que va a provocar que pronto empezarán a "llenar hospitales" con "gente enferma" a raíz de la bajada de las temperaturas.

"Nos han cortado la luz en plena pandemia y con el frío que hace... Hay ancianos, niños malitos. ¿Cómo vamos a estar? En poco tiempo vamos a estar llenando hospitales de gente enferma", ha explicado en declaraciones a Europa Press Amida Besar, vecina del Sector V de la Cañada, quien tiene una hija pequeña con un soplo de corazón que se pone "morada" del frío.

El pasado octubre comenzaron los cortes de electricidad en la zona, que, además, el mismo mes fue escenario de varias redadas contra el tráfico y la producción de drogas, especialmente de marihuana, planta cuyo cultivo vincula la Comunidad con las sobrecargas de la red que estarían tras los cortes.

Los vecinos niegan este punto, ya que aseguran que se están producidos por unos limitadores instalados en las torretas que dan suministro al enclave chabolista por parte de Naturgy. En este sentido se ha expresado la presidenta de la asociación Al-Shorok-Amanecer y vecina del Sector V, Cristina Pozas Navarro, quien ha aseverado que "no se puede negar lo que se puede ver".

LIMITADORES EN LAS TORRETAS

Pozas ha criticado que la suministradora no quiera reunirse con las asociaciones de la zona y que todo se vehicule a través del Comisionado para la Cañada Real de la Comunidad de Madrid, puesto que ostenta José Tortosa.

Precisamente este miércoles el Ejecutivo autonómico y el Ayuntamiento de la capital acordaron reunirse de nuevo con Naturgy y poner en marcha una batería de medidas sociales para intentar buscar una solución "urgente" al problema y, mientras tanto, atender a las personas en vulnerabilidad de esta cicatriz urbana.

El mensaje de las personas congregadas frente a la Consejería ha sido claro: "Dejadnos pagar la luz". Esta es su principal reclamación, que permitan regularizar la situación para que, "de haber algo" se arregle y "no pague" el conjunto de vecinos la criminalidad de algunos.

'Basta ya de crueldad', 'Queremos soluciones' o 'Nuestros hijos no pueden estudiar' han sido algunas de las proclamas que han coreado, mientras que en las pancartas que han portado se podían leer mensajes como 'Somos personas, no animales' o 'No hay sobrecarga, hay limitadores'.

"ESTAMOS HARTOS, CANSADOS Y HECHOS UN ASCO"

"Yo lo que pido es que nos devuelvan la luz ahora, si hay una solución más adelante... si tienen que hacer algo... que lo hagan, pero ahora estamos en plena pandemia", ha rogado Besar. Esta vecina ha descrito su vida como "un desastre" con una casa "negra de la humedad", turnos para poder ducharse calentando el agua en el único hornillo que tiene su casa y con ropa lavada a mano que tarda "más de cuatro días sin secar". "Estamos hartos ya, estamos cansados, estamos hechos un asco", ha resumido.

A la zona se han trasladado varios ediles de Más Madrid en el Consistorio, entre ellos María Pilar Sánchez Álvarez quien ha responsabilizado a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y al alcalde de la capital, José Luis Martínez-Almeida, de "no haber tomado ninguna medida" ante una "emergencia humanitaria" que cada día se está volviendo "mucho más grave".