La Fundación Duques de Soria (FDS) retoma su actividad con la pronunciación el 1 de julio del discurso de la Lección Magistral a cargo de Salvato Teles de Menezes, presidente de la Fundação D. Luís I, con sede en la ciudad portuguesa de Cascais, entidad con la que la FDS mantiene convenio permanente de colaboración desde el año 2015.

El secretario general de la Fundación Duques de Soria (FDS), José María Rodríguez-Ponga, junto con los responsables del Centro Internacional Antonio Machado (CIAM) José María García, José Ángel González Sáinz y Graziella Fantini, ha presentado algunas de las actividades previstas para este verano tras celebrarse el Patronato el miércoles 9 de junio.

En relación a la Lección Magistral, Rodríguez-Ponga ha destacado la figura de Salvato Teles, cuya intervención estaba prevista para 2020 pero no pudo celebrarse por el cierre de fronteras, y ha señalado que «aceptó el encargo cuando vio que tres de los escritores que él había traducido participaron en la sesión inaugural», en referencia a Cela, Vargas Llosa y Muñoz Molina.

Además de traductor, Teles es colaborador político, ha ocupado cargos del el Ministerio de Cultura y preside el Festival Internacional de Cines de Cascáis.

El tema de la conferencia será Don Luis I, rey de Portugal de finales del siglo XIX y que da nombre a la Fundación presidida por Teles y con similitudes con el propio ponente, como su perfil cultural o de traductor.

José María Rodríguez-Ponga ha señalado que la Fundación está teniendo ingresos «por primera vez en muchos años» con la creación del observatorio permanente del hispanismo que ha logrado contar con un círculo de protectores, se trata de 18 jóvenes empresarios que aportan cada uno 5.000 euros.

En este sentido, el alcalde de Soria, Carlos Martínez, instó durante el Patronato a que tanto empresarios como instituciones sorianas se sumen a dicho círculo de protectores, como ha detallado Rodríguez-Ponga.

EXPOSICIÓN DE ARTE

La Fundación Duques de Soria retoma la exposición de arte, que se inaugurará el 1 de julio a las 12.00 horas en el Palacio de la Audiencia, a cargo de Alicia Marsans, pintora vinculada a la naturaleza y cuya mayor parte de las obras estará dedicada a las nubes en homenaje a su padre.

La exposición fue organizada por el entonces presidente de la Fundación, Rafael Benjumea Cabeza de Vaca, antes de fallecer, como admirador del padre de Marsans.

José Ángel González Sáinz ha explicado que desde la Fundación Duques de Soria y el Centro Internacional Antonio Machado se busca crear un «verano cultural referencial en el país» con seminarios «de dos horas, de reflexión y para debatir a fondo» con ponentes como politólogos, filósofos o empresarios.

El responsable del CIAM ha señalado que habrá cerca de 120 participantes en los distintos actos que congregarán a la ciudad a cerca de 500 personas, aunque ha lamentado que será el segundo año que el Centro no pueda contar con universitarios extranjeros.

González Sáinz ha subrayado que los objetivos pasan por «recuperar y adaptar» los ciclos que celebraba la FDS y que desde hace ocho años asume el CIAM, acoger «grandes congresos» y lanzar la Escuela Internacional de Humanidades de Soria.

En relación a los congresos, se celebrarán tres. El primero de ellos, ‘Diálogos para el día después, humanismo, tecnología y desarrollo’, será del 5 al 7 de julio, ‘Los retos del relato’, será los días 15 y 16 de julio, el congreso sobre Jiménez Lozano se celebrará del 26 al 27 de julio.

Graziella Fantini ha detallado los cursos organizados por la Escuela Internacional de Humanidades, que estará relacionada con la Politécnica de Madrid y que contará con tres cursos, del 17 al 19 de julio, del 20 al 23 y del 24 al 25 del mismo mes, así como el ciclo ‘Atrévete a pensar’ en enseñanza, en el gusto, en la historia, en los náufragos, en el juego, en el paisaje y en la ciudad.

El portavoz el PP en el Senado y senador por Castilla y León, Javier Maroto, se ha mostrado convencido de que muchos socialistas «se han sonrojado y avergonzado» al ver como el líder del PSOE en la Comunidad, Luis Tudanca, tragaba «con un sapo» y votó en las Cortes regionales en contra de una PNL de los ‘populares’ contraria a la concesión de los indultos a los independentistas catalanes.

Así lo ha aseverado Maroto en una rueda de prensa en la sede del PP de Segovia, donde ha estado acompañada por el secretario regional, Francisco Vázquez, y la presidenta provincial, Paloma Sánchez, y donde ha anunciado que hoy le tocaba vacunarse de la Covid-10 en Navafría.

Maroto ha reprochado a Pedro Sánchez que haya convertido al PSOE «en un partido cesarista y sanchista donde se hace lo que él dice y punto» y cree que se ha «cargado el alma del socialismo» y como «prueba del algodón» se ha referido a Luis Tudanca, quien «en un acto de cobardía sin precedentes prefirió decir que estaba de cuerdo con los indultos antes de que le riña su jefe Sánchez».

Una cobardía que es similar a la del presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, porque, según Maroto, mientras «Tudanca fue cobarde y voto a favor de los indultos» para que no le riñese Pedro Sánchez, el jefe del Ejecutivo manchego «impidió que se votase en el Parlamento para que nadie le pueda llamar la atención».

Sánchez está actuando contra la ley, está actuando en contra de los tribunales, en contra los españoles y en contra los socialistas, que sin duda están en contra de lo que dice y lo que hace pero que no pueden ir el domingo a Colón porque socialista que vean allí, socialista que pierde su cargo. Este es el PSOE que ha construido Sánchez», ha argumentado Maroto.

El senador por Castilla y león está convencido de que en las mesas de recogida de firmas contra los indultos, «habrá muchos socialistas indicando con su firma que el voto del señor Tudanca les ha sonrojado y avergonzado» a lo que ha añadido porque los «socialistas de buena fe, que los hay, tengan que tragar con un sapo y ver como tu líder se traga un sapo y vota a favor de indultar a los golpistas».

Por contra, el senador del PP ha subrayado la «valentía» del presidente de la Junta y del Grupo Paralamentario Popular, Alfonso Fernández Mañueco, por llevar a las Cortes una PNL en contra de los indultos, que salió adelante con los votos de PP, Cs, Vox y Por Ávila, y que es la primera iniciativa en este sentido aprobada en un parlamento autonómico.

Por otro lado, la presidenta del PP de Segovia, Paloma Sanz, ha anunciado que continúan recogiendo firmas en contra de los indultos a los presos del procés y en la capital la recogida tendrá lugar en Fernández Ladreda el próximo domingo, coincidiendo con la convocatoria nacional de manifestación en Madrid.

Sanz ha asegurado que «Sánchez, a costa de permanecer en el sillón de la Moncloa, ha llegado a pactos totalmente deshonrosos para todos los españoles» y ha subrayado que el PP «está a favor de la Constitución y a favor de la Justicia», por lo que ha hecho un llamamiento a todas las personas «sean del partido que sean» para que firmen en contra de los indultos.

El presidente de la Audiencia Provincial de Almería, Luis Columna, ha presidido este jueves la reunión preparatoria para conformar la Comisión Provincial de Violencia de Género que se encargará de coordinar las acciones e intervenciones de las distintas instituciones y agentes en la lucha contra la violencia machista para evitar «el más mínimo resquicio».

«Queremos empezar a trabajar de forma muy seria en un tema tan delicado como es la violencia de género y ver los posibles problemas que podríamos tener entre Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, Fiscalía, juzgados, el Ayuntamiento, servicios sociales, la Junta de Andalucía y los colegios profesionales», ha explicado a los medios el presidente de la Audiencia ante la formación de esta nueva comisión dentro del seno del CGPJ y del Observatorio Estatal de Violencia sobre la Mujer.

Entre sus objetivos, la comisión tratará de abordar algunos asuntos como los posibles problemas que pueda haber en la celebración de juicios rápidos, la definición de los partes de lesiones que remiten los profesionales sanitarios o las órdenes de alejamiento y de búsqueda y captura que se emiten ante presuntos implicados, entre otros asuntos.

Columna ha valorado la puesta en marcha de esta comisión para favorecer la acción de las instituciones y la justicia a la hora de mejorar la protección y cuidado de las víctimas. «Nos tenemos que coordinar y hacer que todo esté perfectamente protocolizado para evitar cualquier disfunción que pueda haber entre nosotros», ha dicho.

Durante este primer encuentro preparatorio se han definido los agentes que representarán a cada una de las instituciones que, de cara al próximo encuentro fechado para el 7 de octubre, deberán aportar además los asuntos a debatir para mejorar la coordinación «para no fallar» en la lucha contra la violencia de género.

El órgano dará prioridad en sus reuniones a tratar los errores de coordinación detectados en cada sector de los componentes de la mesa y las formas de resolverlos así como a las cuestiones novedosas que se aporten o propongan para mejorar la lucha contra la violencia de género. También abordará las cifras sobre la concesión de las órdenes de protección y su análisis.

En este sentido, el nuevo foro servirá para valorar las situaciones de riesgo en las víctimas y las actuaciones de las unidades de policía judicial adscritas, así como de los institutos de medicinal legal. También tiene vocación de abordar las medidas de asistencia letrada a las víctimas desde dependencias policiales así como las quejas realizadas por victimas de malos tratos por mala praxis en su atención.

Para mayor profundidad, los jueces competentes en materia de violencia sobre la mujer, los jueces de lo penal o un magistrado la sección de la Audiencia Provincial especializada en violencia de género podrán comparecer en la mesa previa invitación del presidente de la Audiencia a fin de plantear los problemas que desde su ámbito haya detectado.

A la reunión preparatoria han asistido el magistrado de la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Almería Ignacio Angulo, la fiscal delegada de Violencia sobre la Mujer de la Fiscalía Provincial de Almería, Marta Brea, la secretaria coordinadora Provincial en Almería de la Administración de Justicia, María José Cañizares, la representante del Colegio Provincial de Abogados de Almería Rita María Sánchez, la concejal de Seguridad y Movilidad del Ayuntamiento de Almería, María del Mar García Lorca, así como otros representantes de los órganos judiciales, Junta de Andalucía, Policía Nacional, Guardia Civil y Policía Local.

Cellnex Telecom recurrirá de nuevo a instancias judiciales la decisión de la Comisión Europea sobre el plan de ayudas a la expansión de la Televisión Digital Terrestre (TDT), tras concluir Bruselas que las empresas beneficiadas deben devolver los fondos recibidos porque disfrutaron de una ventaja selectiva incompatible con las normas europeas.

Así lo han asegurado fuentes de la compañía española de servicios e infraestructuras de telecomunicaciones inalámbricas, que han señalado que deberán analizar el contenido de la decisión «en detalle». Es la segunda vez que el Ejecutivo comunitario obliga a España a recuperar estas ayudas. La primera decisión, tomada en 2013, fue tumbada por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TUE) cuatro años después tras estimar los recursos presentados por las autoridades españolas y las compañías beneficiadas.

«Siempre hemos mantenido que, con independencia de la razón que ampare a la decisión de la Comisión en 2013 o la nueva Decisión anunciada ahora, quienes fueron adjudicatarios de los concursos convocados y adjudicados por las Administraciones en 2008-2010, actuaron de buena fe y en conformidad con las condiciones establecidas en los pliegos que los regulaban, y han suministrado y han prestado tanto los equipos como los servicios que les fueron debidamente adjudicados», sostienen fuentes de Cellnex.

En este contexto, indican que «es evidente que si bien la nueva decisión va dirigida al Reino de España», en su condición de parte afectada, recurrirá de nuevo a las instancias judiciales pertinentes «para expresar una vez más» sus objeciones «de fondo y forma, iniciando de nuevo los procesos contencioso-administrativos oportunos y recurriendo en caso necesario a los distintos tribunales superiores.

Añaden que la nueva decisión no establece el montante final que deberá ser «efectivamente recuperado». «En todo caso, cualquier cantidad recuperada será automáticamente reclamada a la propia Administración vía reclamación patrimonial por suponer un enriquecimiento injusto pues equipos y servicios se han suministrado y prestado a conformidad de la Administración», concluye.

Bruselas no detalla cuánto dinero tendrá que ser devuelto a las arcas públicas, algo que deberán calcular las autoridades españolas en función del número total de empresas afectadas y de las ayudas que recibió cada una de ellas en virtud de este plan. La cifra estimada en el primer procedimiento ascendía a 260 millones de euros.

Así, la «nueva y detallada» investigación de la Comisión Europea ha concluido que «la ayuda recibida por los operadores terrestres para la digitalización y la ampliación de la red de televisión terrestre en zonas remotas de España es contraria a las normas sobre ayudas estatales de la UE», ha explicado en un comunicado.

A juicio de la Comisión Europea, los operadores de plataformas terrestres «recibieron una ventaja selectiva incompatible» frente a competidores que usan otras tecnologías a través de las medidas adoptadas entre 2005 y 2008, lo que infringe el principio de neutralidad tecnológica.

Las ayudas «no eran neutrales» desde el punto de vista tecnológico porque «partían de la TDT como única tecnología para la conversión digital subvencionada» y otras como el satélite «quedaron excluidas de las ayudas. Por tanto, «solo beneficiaban a los operadores de TDT, aunque esta última tecnología y la de satélite se encontraban en una situación comparable de hecho y de derecho».

La investigación se centra exclusivamente a la que fue determinada en el régimen como zona II, constituida por zonas remotas con alrededor del 2,5% de la población y en la cual «los organismos de radiodifusión no tenían ningún interés comercial en prestar el servicio». Por eso, las autoridades españolas optaron por compensar a los operadores por los costes de conversión.

Las pesquisas que derivaron en la primera decisión se iniciaron en 2010 a raíz de una denuncia presentada por el operador de satélite SES Astra. Sin embargo, fue anulada por el TUE «por lo inadecuado de la justificación de la selectividad de la medida».

Bruselas y España tienen abierto además un procedimiento paralelo relacionado con la aplicación de transición digital en Castilla-La Mancha, cuyas ayudas también fueron declaradas incompatibles en 2014. En este caso, la Justicia europea confirmó la conclusión de Bruselas y la recuperación de las ayudas está en curso.

La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA) ha fallado en contra de la medida del Gobierno del Principado que pretendía obligar a los establecimicimientos de hostelería y restauración a elaborar unos listados de asistentes y, por otra parte, a los establecimientos de ocio nocturno de contar con un listado de clientes. Contra este Auto, que no es firme, cabe recurso ante el Tribunal Supremo.

Ha acordado desestimar la ratificación de las medidas contenidas en los apartados 2.3 (Condiciones para la realización de eventos en establecimientos de hostelería y restauración) y 2.4 (Condiciones para la apertura de establecimientos de ocio nocturno) en cuanto se refiere al listado de asistentes y al listado de clientes adoptadas por la Resolución de 28 de mayo de 2021, de la Consejería de Salud del Principado de Asturias.

Para la Sala, esta competencia jurisdiccional, «vinculada a la garantía en el ejercicio de los derechos y libertades fundamentales, aun cuando se dirige a destinatarios que no están identificados individualmente, debe delimitarse con precisión, ha de comprobarse que las limitaciones establecidas a los derechos resultan justificadas y proporcionadas y, en su caso, exige adoptar mecanismos de seguimiento por parte de la Sala para garantizar una aplicación proporcionada de las medidas y para asegurar el máximo nivel de protección de los derechos fundamentales».

Los magistrados consideran que «la inclusión de la lista de asistentes y de clientes está supeditada al consentimiento de las personas. Por lo que la eventual restricción del derecho fundamental tiene como presupuesto, en todo caso, el consentimiento del ciudadano que desee disfrutar del servicio de hostelería o de las actividades del ocio nocturno en establecimientos determinados. Ello sin olvidar, aunque ciertamente no afecta a la esfera de derechos fundamentales y libertades públicas, que la gestión de tal registro se hace recaer sobre el titular de la actividad, lo que supone depositar la carga de su llevanza y custodia, explicar al cliente su alcance y quedar sometido al control y a posibles sanciones, así como encomendarle la oposición a la admisión de los clientes reacios al mismo».

El TSJA pone de relieve que en este caso, «lo que es cuestionable no es tanto la intensidad de la limitación del derecho a la protección de datos personales, sino la extensión a todo tipo de establecimientos sin justificar adecuadamente, a la vista del informe de los Servicios epidemiológicos del Principado de Asturias, por qué se equipara un establecimiento con terraza con otro que no la tiene, o entre un establecimiento con música y baile y otros que no cuentas con ellos, o, en fin, entre un chigre con un parroquiano habitual y esporádico, un restaurante de moda o una discoteca».

Y es que, si la legislación sectorial distingue según la naturaleza y condiciones de la actividad, «la medida que pretenda aplicar restricciones sobre la misma deberá distinguir en justa correspondencia, pues la eficacia (sin rango de derecho fundamental, art. 103 CE), no autoriza a tratar igual lo que es jurídica y materialmente distinto (art. 14 CE y 18.4 CE, ambos derechos fundamentales con incidencia en la libertad de empresa, art. 38 CE, e intereses del consumidor, art. 51 CE)».

Por todo ello, a juicio de la Sala, «la declaración de necesidad de tales restricciones por la Administración autonómica debe ir acompañada de justificación de su necesidad en relación con las distintas modalidades, sin bastar la genérica invocación de asegurar la distancia social pues hasta el principio de precaución tiene límites y requiere premisas acreditadas».

Además, y en lo que respecta al tiempo de duración de las posibles medidas, el Pleno de la Sala de lo Contencioso asegura que «en todo caso no parece que esta Sala pueda conceder una autorización que suponga una restricción de un derecho fundamental sin conocer de antemano el tiempo máximo de vigencia que, como es obvio, también deberá ser limitado y estar justificado y ser proporcionado».

Tiempo de vigencia que «deberá contarse a partir de la eventual concesión de la ratificación judicial y no cuando previamente lo haya decidido la Administración solicitante de la ratificación».

El portavoz del PP en el Senado, Javier Maroto, ha asegurado que lo que busca el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, al pedir «magnanimidad y comprensión» a los ciudadanos ante los indultos a los independentistas catalanes es que olviden que en campaña electoral prometió que «nunca, nunca, nunca, nunca indultaría a los golpistas» y que «bajen la cabeza como ha hecho el».

Así lo ha aseverado Maroto en una rueda de prensa en la sede del PP de Segovia, donde ha estado acompañada por el secretario regional, Francisco Vázquez, y la presidenta provincial, Paloma Sánchez, y donde ha anunciado que hoy le tocaba vacunarse de la Covid-10 en Navafría.

A pesar de ser un día alegre por su vacunación, Maroto ha reconocido que también es un «día triste» porque se «constatan las intenciones de un presidente de Gobierno que sólo piensa en sí mismo y en quedarse más tiempo en la Moncloa» y así ha recodado cómo Sánchez fue expulsado del PSOE, cómo regresó y se presentó a las primarias y cómo fue elegido líder de los socialistas y entonces cambió los estatutos del partido para que no pudiera ser expulsado como secretario general «cuando no se está de acuerdo con él».

Ha pasado de un partido socialista «a un partido cesarista y sanchista donde se hace lo que diga él, y punto» ha aseverado Maroto, quien considera que Pedro Sánchez ha pedido «comprensión» a los españoles «para que entiendan que o indulta o pierde su puesto de trabajo».

Para el senador por la Comunidad, Sánchez «confunde comprensión con sumisión» ya que, según ha aseverado Javier Maroto, «no quiere comprensión» sino que los ciudadanos «olviden lo que prometió y que los españoles bajen la cabeza como ha hecho él».

«Somos valientes para defender el Estado de Derecho, las leyes y la dignidad de nuestra democracia», ha aseverado Maroto, quien ha insistido en que el PP llevará a cabo todas las acciones que considere, como al recogida de firmas en todas las provincias españolas en contra de la concesión de los indultos, así como las acciones judiciales «que impidan la vulneración del orden jurídico».

Al respecto, Javier Maroto se ha mostrado convencido que hay muchos «socialistas avergonzados» por la decisión de Sánchez y de forma «discreta» dicen no a esos indultos «y si al estado de Derecho y al estado democrático» y mucho de ellos firmarán en contra de dicha medida.

Ciudadanos ha movilizado a sus bases en distintas ciudades de España para apoyar en la calle la concentración que ha organizado en Barcelona para este viernes para reclamar al Gobierno de Pedro Sánchez, con el lema ‘No en nuestro nombre’, que no indulte a los condenados por el ‘procés’ de Cataluña.

Antes de que la plataforma Unión 78 llamara a manifestarse en la plaza de Colón de Madrid, el partido liderado por Inés Arrimadas convocó una protesta en Barcelona, frente a la Delegación del Gobierno «para decir sí a la democracia, sí a la justicia, sí a la convivencia y no a los indultos».

Ahora, la formación naranja ha activado a sus militantes y simpatizantes en más de una decena de capitales –como Oviedo, Pamplona, Valencia, Cáceres o Cádiz– para «unir su voz a la de los constitucionalistas catalanes» este viernes, según ha informado en un comunicado.

DECIR A SÁNCHEZ QUE «LA DIGNIDAD DE LOS ESPAÑOLES NO ESTÁ EN VENTA»

Los afiliados de Cs habilitarán carpas informativas y puntos de encuentro para transmitir a Sánchez y a los partidos independentistas que «son muchos los españoles que rechazan estos privilegios para los socios separatistas del Gobierno de España» y que «la democracia, la justicia y la dignidad de los españoles no están en venta».

«El Gobierno de Pedro Sánchez pretende indultar a quienes intentaron romper España en 2017, a pesar de haber sido condenados por delitos gravísimos, no arrepentirse y amenazar con volver a hacerlo», señala el comunicado.

Ciudadanos, se presenta como «la voz de los constitucionalistas en Cataluña», recuerda cómo defendió «la democracia y la igualdad de todos los españoles» frente al referéndum ilegal y la declaración unilateral de independencia promovidos por la Generalitat en 2017 y apuesta por reivindicar una vez más que «nadie está por encima de la Justicia».

ASISTENTES A LA PROTESTA DE BARCELONA

A la concentración de Barcelona, en la que estarán el líder de Cs en Cataluña, Carlos Carrizosa, y la presidenta del partido, Inés Arrimadas, está previsto que también acuda el presidente del PP Catalán, Alejandro Fernández. Vox, en cambio, no asistirá porque considera que corresponde a la sociedad civil, y no a los partidos políticos, organizar estas protestas.

Además, han manifestado su intención de acudir representantes de asociaciones como Societat Civil Catalana, S’ha Acabat, Convivencia Cívica o la Asociación por la Tolerancia.

La vicepresidenta primera del Gobierno, Carmen Calvo, ha defendido este jueves que hay «otras vías» para prohibir la Fundación Francisco Franco alternativas a la que contempla el anteproyecto de la ley de memoria democrática, y que ha sido cuestionada por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) en su informe no vinculante.

Por ello, ha avanzado que el Ministerio de Memoria Democrática que dirige está estudiando el modo de evitar que existan «instrumentos que enaltezcan al dictador», con una norma que espera llevar al Consejo de Ministros el 29 de junio, o más tardar, a principios de julio, para que empiece su tramitación en el Congreso este verano.

En una entrevista en TVE, la ‘número dos’ del Gobierno ha asegurado que el informe del CGPJ es «bastante razonable», aunque se ha mostrado en desacuerdo con su conclusión de que «enaltecer a las víctimas forma parte de la libertad de expresión».

Ese es el argumento que ha dado el CGPJ para cuestionar que se prohíba por ley la citada fundación por hacer enaltecimiento del franquismo, si no se prueba que exista humillación. «Enaltecer es seguir vilipendiando a las víctimas del franquismo», ha avisado Calvo.

Por ello, ha asegurado que aunque ese informe dice que la vía que han planteado no se sostiene jurídicamente, sí plantea, a su parecer, que «hay otras vías». En este sentido, ha avanzado que ahora tratan de «estudiar que no exista ningún instrumento que enaltezca al dictador» porque consideran que «naturalmente sí que es de interés general que nadie en este país enaltezca ningún tipo de totalitarismo».

CRITICA QUE EL DEBATE «TRAMPOSO» DE «TODOS LOS TOTALITARISMOS»

Y en este punto, ha querido dejar claro que si la ley se centra en el franquismo como el totalitarismo a combatir, es porque es el que se ha sufrido en España, criticando así a los que rechazan la ley argumentando que no persigue «todos los totalitarismos».

«En ese debate siempre se hace la típica propuesta tramposa de «todos los totalitarismos», pero el que le corresponde a los españoles fue el levantamiento de la ultraderecha contra la democracia constitucional. El nuestro es este, así que trataremos de ordenar nuestra memoria en relación a este episodio, que tiene que ver con muchas familias y víctimas que siguen pensando que la democracia no les ha restituido la dignidad», ha ahondado.

Por este motivo, la vicepresidenta ha defendido que quiere tener lista la norma cuanto antes, y ha afirmado que espera depositarla en el Congreso a finales de junio o principios de julio. Su previsión en este momento es que se pueda aprobar el anteproyecto en el Consejo de Ministros del día 29 de junio.

La vicepresidenta tercera, Yolanda Díaz, la ministra de Hacienda y portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, la portavoz del grupo parlamentario Popular en el Congreso, Cuca Gamarra, y la presidenta de Ciudadanos, Inés Arrimadas, se han unido a otros cargos y figuras políticas, para participar en la III carrera de obstáculos virtual ‘Yo No Renuncio’ que organiza el Club de Malasmadres.

«Ellas cuatro son ejemplo de la unidad de acción por la que apuesta la asociación, que lucha por conseguir un Pacto de Estado a favor de la conciliación, con el respaldo de partidos, sindicatos, empresas y familias», ha destacado la organización de este evento, que tendrá lugar el próximo 27 de junio en formato virtual.

Estas mujeres han participado en un video, en el que también aparecen la ministra de Igualdad, Irene Montero, el ministro de Cultura, José Manuel Rodríguez Uribes, la vicealcaldesa de Madrid, Begoña Villacís y la vicepresidenta segunda del Congreso de los Diputados, Ana Pastor; además de periodistas como Cristina Villanueva, Anne Igartiburu e Irene Villa; la psicóloga Patricia Ramírez; la divulgadora Boticaria García; ola actriz Lucía Jiménez, entre otras.

Todos ellos participarán en esta iniciativa que, como ha indicado la organización, tiene como objetivo reclamar a las instituciones medidas reales a favor de la conciliación. «Después de más de un año de pandemia, en el que las mujeres han redoblado su esfuerzo por cuidar de los hijos e hijas, renunciando en muchos casos, Malasmadres cree que es el momento de salir a correr por la conciliación», explican.

«Se puede ser buena madre, buena hija, buena profesional, buena amiga, buena pareja sin renunciar a nosotros mismas. Lo hacemos por nosotras pero también lo hacemos por ellos», destaca en el video la ministra de Hacienda, que ya participó en la segunda edición de la carrera.

INSCRIPCIONES ABIERTAS HASTA EL 21 DE JUNIO

Yolanda Díaz, por su parte, subraya que «ninguna mujer debería tener que renunciar a su carrera para poder conciliar» y reconoce que «superar todas esas barreras es un reto colectivo, en el que todos los pasos suman». Begoña Villacís, que ha estado presente en todas las ediciones, ha declarado que «no es conciliación que a día de hoy una de cada cuatro madres tenga que costear con sus vacaciones cuando un niño se pone malito o tiene que hacer cuarentena».

Las inscripciones para participar están abiertas hasta el próximo 21 de junio en la web ‘carrerayonorenuncio.com’. Al ser en formato virtual, cada participante podrá correr desde el lugar en que se encuentre.

La recaudación por el coste de las inscripciones (una aportación simbólica de 4 euros, aunque gratis para socias) irá destinada a sufragar el coste de la carrera y los servicios que ofrece la asociación: el Teléfono Amarillo de la Conciliación, los estudios y encuestas que realiza y las campañas de visibilización.

«Después de un año de pandemia, tenemos que gritar más que nunca que la conciliación no existe, vamos a generar una gran marea amarilla a favor de la conciliación el próximo 27 de junio. Yo correré porque el día de mañana ninguna mujer tenga que renunciar a su carrera por ser madre», ha concluido Laura Baena, presidenta de la Asociación Yo No Renuncio y fundadora del Club de Malasmadres.

Fundación CERMI Mujeres (FCM) ha denunciado la «realidad oculta» que sufren muchas madres con discapacidad a las que, según señala, se le ha «arrebatado a sus hijos», tanto por estar ellas en situación de discapacidad, como los menores.

Lo ha hecho en el webinario ‘No estás sola’, que ha celebrado este jueves, donde ha recogido los testimonios de algunas de estas mujeres a las que, puntualiza, la FCM quiere acompañar ante esta situación.

En el acto, señala la Fundación, se han escuchado diferentes experiencias de vida relacionadas con esta realidad que, insiste, «sufren muchas mujeres por el hecho de ser madres y tener una discapacidad, ellas mismas o sus hijos».

TESTIMONIOS DE MUJERES EN PRIMERA PERSONA

Como Sara, que lleva luchando 10 meses para recuperar a su hijo, que tiene una enfermedad rara, y que fue apartado de su lado por ser ella «una niña tutelada en un centro de salud mental para menores hasta los 18 años». O Raquel, acusada junto a su entonces marido de negligencia por desnutrición en el Hospital Sant Joan de Deu, a pesar de que su hijo tenía una enfermedad rara que le impedía coger peso.

Ambas mujeres han denunciado la falta de apoyo por parte de la Administración u lo injusto de la Justicia cuando una madre se enfrenta al Estado que le ha quitado la custodia de su hijo.

En muchos casos, han apuntado Sara y Raquel, se acusa a las madres de menores con discapacidad de tener el Síndrome de Münchhausen, una enfermedad que supone la invención de síntomas falsos o que provoca síntomas reales para que parezca que sus hijos están enfermos.

HISTORIAS POSITIVAS

Además de estos dos testimonios, CERMI Mujeres ha trasladado en su webinario otras historias «positivas» que llevan «aliento» a otras mujeres. En este caso, Montserrat, con parálisis cerebral, ha contado como decidió ser madre y siempre ha podido cuidar de su hija, aunque naciera prematura.

«Cuando mi hija empezó a comer yo tenía muchas dificultades para acercarle los cubiertos a la boca, pero pedí ayuda y he podido sacar adelante a mi hija», ha asegurado.

En la webinar, la directora de la Fundación Mundo Bipolar, Guadalupe Morales, ha hecho alusión a un estudio sobre la violencia en mujeres con discapacidad psicosocial o con problemas de salud mental, elaborado por la Federación de Asociaciones de Familiares y Personas con Enfermedad Mental en País Vasco.

Este estudio, según ha asegurado, concluyó que 8 de cada 10 mujeres sufren maltrato por su pareja y que el 26% ha sufrido violencia sexual durante su niñez.

EL ESTIGMA DE LAS ENFERMEDADES MENTALES

Además, ha puesto de manifiesto la escasa credibilidad que se les da a estas mujeres cuando relatan a sus médicos que sufren violencia sexual por parte de sus parejas, y ha lamentado que «no les den crédito por la estigmatización social que existe en salud mental».

En este sentido, ha denunciado que «el hecho de tener un diagnóstico y un problema de salud mental produce en la sociedad un rechazo debido a que se les considera peligrosos o violentos y es muy injusto», lo que, a su juicio, tiene un efecto agravado en las mujeres, a quienes, con frecuencia, como en su caso, se les niega la posibilidad de ser madres.

También ha intervenido en la sesión la abogada Antonia Ortiz de Arcos, quien ha explicado el trabajo de defensa legal de las madres sin hijos. En este sentido, ha denunciado que «el sistema falla cuando un funcionario puede declarar un desamparo de un menor sin que lo autorice previamente un juez». Por ello ha abogado por «cambiar el sistema de protección y que el desamparo se traslade al ámbito judicial y mejorar los protocolos».

Finalmente, Jorge Cardona, miembro del Comité de los Derechos del Niño de Naciones Unidas de 2011 a 2019 y experto internacional en derechos humanos de niños y niñas con discapacidad, ha contextualizado el marco normativo dentro de la ONU y ha asegurado que «los diferentes tratados internacionales tienen la finalidad de marcar los derechos que deben ser protegidos con especificación en aquellas situaciones de mayor vulnerabilidad».

Sergei Tarasov, reclamado por Rusia por un presunto delito de estafa, ha asegurado este jueves, durante al vista de extradición que se ha celebrado en la Audiencia Nacional, que huyó por miedo a la mafia, no a la justicia, una tesis que ha abonado su defensa sosteniendo que en su caso confluyen intereses económicos y políticos que posibilitan que sea víctima de torturas si es entregado a Moscú.

Detenido en diciembre de 2020 en virtud de una orden internacional de captura emitida por un juzgado moscovita, está acusado de un delito de fraude –calificado como estafa en España– como presunto miembro de un grupo criminal que entre octubre y noviembre de 2013 falsificó documentos mercantiles para lograr fraudulentamente el control de determinadas sociedades y hacerse con un patrimonio inmobiliario.

Tarasov, que ha intervenido por videoconferencia con la ayuda de una intérprete, se ha declarado «completamente inocente», enfatizando que fue él quien denunció los hechos. Después, ha contado, fue perseguido por la mafia, a la que ha culpado de las muertes de su jefe y un compañero. A él le dieron una paliza con un bate de béisbol y sufrió un ataque con arma de fuego, ha detallado.

De acuerdo con su versión, no encontró ningún apoyo en las autoridades rusas, ni en la Policía ni en la Justicia, porque también estarían infiltradas por el hampa, de modo que en septiembre de 2015 decidió huir del país, no por miedo a la ley, sino a la mafia, ha dicho.

UN MERO «PEÓN»

Tarasov ha explicado que su caso adquirió connotaciones políticas cuando se vio implicado Georgi Shuppe, yerno del empresario y opositor ruso Boris Berezovski –que fue hallado muerto en 2013 en su casa de Londres, donde vivía asilado–.

El fiscal, sin embargo, ha rechazado que haya una persecución política contra Tarasov, al que ha descrito en todo caso como un mero «peón» en el juego de intereses que ha descrito la defensa.

El abogado del acusado ha coincidido con el Ministerio Público en que su cliente «no es un personaje político importante», si bien al mismo tiempo ha advertido de que «lo importante es que se va a hacer un uso político» del mismo.

En este sentido, ha augurado que, si vuelve a Rusia, podría pasar de investigado a testigo protegido, apuntando que ya ha sucedido con otros acusados en esta causa, mediante una confesión forzosa.

«Existen indicios racionales de que pueda haber sometimiento a torturas con la finalidad de conseguir lo que se pretende», ha alertado. «Existe un riesgo real para su vida y para sus derechos fundamentales», ha remachado.

INMUEBLES POR 99 MILLONES DE EUROS

El Ministerio Fiscal, en cambio, ha insistido en que Tarasov debe ser extraditado porque, en todo caso, el interés político de las autoridades rusas se centraría en la persona de Shuppe.

Así, suscribe las tesis rusas, conforme a las cuales el grupo empresarial para el que trabajaría Tarasov se apoderó irregularmente de mercantiles que ostentaban la propiedad de hasta 21 inmuebles valorados en 9.000 millones de rublos, 99 millones de euros al cambio.

Según el escrito de acusación, esto habría sido posible gracias a la intervención de Tarasov, que como empleado del grupo empresarial dirigido por Mineyev A.A. tenía acceso a la documentación de las compañías que lo integraban.

En un proceso de ampliación de las sociedades que poseían dichos inmuebles, se cambió al director general de cada una, con lo que Mineyev A.A. acabó perdiendo su patrimonio inmobiliario. Cuando éste se dio cuenta y quiso emprender acciones legales fue asesinado en enero de 2014.

Alianza Verde será la nueva formación de carácter ecologista integrada en Unidas Podemos como «pata verde» para reivindicar que el espacio del «cambio» es el único capaz de desplegar políticas medioambientales «reales».

Por tanto, su factor diferencial respecto otras fuerzas verdes es que no creen en el «simbolismo» sino en «cambiar la realidad», desde la convicción de que el ecologismo progresa de la «mano de la izquierda»

Así lo han indicado en rueda de prensa los coordinadores de esta nueva formación, el diputado en el Congreso Juantxo López de Uralde y la bióloga y exdiputada en el Parlamento andaluz Carmen Molina, junto a otros miembros de la recién constituida coordinadora del partido, como el exsecretario autonómico de Medio Ambiente en la Generalitat de Cataluña Julià Álvaro Prat. Un nuevo proyecto político verde y federal que, según han explicado sus fundadores, se nutre de integrantes que proceden también de movimientos ecologistas y del sindicalismo

Durante su comparecencia, López de Uralde ha destacado que Alianza Verde plasma un proyecto que se venía gestando cuando el espacio del ecologismo se «fracturó» en 2019 y una parte decidió, en referencia a Equo, romper con Unidas Podemos y sumarse a Más País, la formación liderada por el diputado Íñigo Errejón.

DESVINCULA SU CREACIÓN CON EL DISCURSO DE MÁS PAÍS

De esta forma, ha desvinculado la constitución de Alianza Verde como reacción a Más País, puesto que su gestación ya estaba prevista pero se retrasó por los distintos ciclos electorales y la irrupción de la pandemia del Covid-19.

«Alianza Verde no es un espacio que surja ahora de la mano del discurso de Más País, surge cuando el espacio verde de Unidas Podemos sufre una fractura y ya apuntamos la necesidad de regenerar este espacio (…) No hay que buscar correlación de fuerzas con el discurso de otras fuerzas políticas», ha ahondado.

Además, el diputado ha subrayado que, coincidiendo con el proceso de renovación en la formación morada, ahora era el momento de presentar este partido que estará en coalición con el espacio confederal de Unidas Podemos, en igualdad de condiciones con el resto de fuerzas que componen el espacio confederal.

Pero, además, persigue respaldar a los nuevos liderazgos que surgen en Unidas Podemos, para conseguir ser el espacio progresista mayoritario y poder liderar un gobierno de izquierda que ponga «en el centro» la crisis ecológica, así como fortalecer el trabajo de «lucha ecológica» desplegado hasta ahora, tanto parlamentario como institucional.

EL ESPACIO VERDE ES UNIDAS PODEMOS, NO HAY NECESIDAD DE AMPLIAR

Por tanto, ha reivindicado que Unidas Podemos es el espacio «del cambio» y en el que tiene que integrarse Alianza Vede, pues es el que permite desplegar con «mucha fuerza y energía» las políticas ecologistas. «No veo la necesidad de ampliar otros espacios», ha ahondado para reafirmar su vinculación con la formación morada, sin establecer «líneas rojas» en la colaboración con otras formaciones.

En esta línea, el diputado en la Cámara Baja ha puesto en valor el trabajo «en verde» desplegado hasta ahora desde la confluencia de Unidas Podemos, que también debe aumentar, y ha señalado que no concibe como rivales al resto de formaciones progresistas, dado que el «enemigo» es la extrema derecha y el «negacionismo» de Vox.

También ha constatado que el progreso en las políticas ecológicas se logra desde los gobiernos de «izquierda», ante la «pasividad» y el «retroceso» de la derecha ante los «problemas ambientales», como revela que la Ley del Cambio Climático se apruebe precisamente cuando Unidas Podemos está en el Ejecutivo estatal.

De esta forma, López de Uralde ha desgranado que la diferencia de Alianza Verde respecto a otras formaciones es su carácter «ecosocialista», desde la convicción clara de que el ecologismo «avanza siempre de la mano de la izquierda» y el aval de que las políticas verdes «reales» se hacen desde Unidas Podemos.

También ha señalado que Alianza Verde tiene claro que quiere «una confluencia presente en todo el estado y que tenga políticas verdes en todo el país», rechazando por tanto el prisma de otros proyectos que basan sus alianzas de carácter «regionalistas», al entender que eso no genera un proyecto ecologista «efectivo».

Tras incidir en que ya se ha logrado avanzar en la protección del lobo, ha marcado como objetivo próximo el desarrollo de la Ley de Residuos, teniendo claro que crear una normativa «no es el final sino el principio del camino».

CONCRECCIÓN FRENTE AL «TACTICISMO» QUE TRUFA EL DISCURSO VERDE

Mientras, Álvaro Prat ha destacado que existe no una «ola» sino una «marea verde profunda» que hace «imprescindible» la creación de un partido como Alianza Verde, que se alce en una agenda política que se «llena de discurso verde» pero envuelto en «mucho tacticismo». «El ecologismo es para hacerse, no para decirse».

Mientras, la también coordinadora de Alianza Verde ha destacado la «ilusión» que supone participar en el espacio «del cambio y la izquierda» que es Unidas Podemos, que deja al espacio verde «bien representado en las instituciones».

Molina ha apuntado, además, que la crisis social está relacionada con la crisis ecológica y que las políticas «verdes» también deben propiciar un cambio de paradigma económico, que no debe basarse en el «crecimiento infinito» de la economía liberal dentro de un planeta finito», sino transitar hacia la sostenibilidad.

La Guardia Civil trabaja con las asociaciones profesionales para aprobar un protocolo interno que unifica los criterios de actuación ante casos de violencia de género, también en el seno del Instituto Armado, obligando a remitir las novedades directamente a la directora general del Cuerpo, María Gámez, para que pueda adoptar medidas «en el ámbito de sus competencias».

Entre esas medidas se recuerda que la Guardia Civil puede ordenar la retirada inmediata y con carácter cautelar del arma a los agentes ante cualquier «situación susceptible» de constituir un acto de violencia de género, según el borrador.

El texto es de aplicación «en las situaciones en que una guardia civil sea víctima de violencia, de cualquier naturaleza, derivada de manifestaciones de discriminación, desigualdad y dominio de hombres sobre mujeres por el hecho de serlo».

«Cualquier situación susceptible de constituir acto de violencia sobre la mujer cuyo autor pueda ser un guardia civil conllevará la retirada inmediata y con carácter cautelar de sus armas oficiales y particulares, con arreglo a los procedimientos previstos ante conductas anómalas que afecten a los guardias civiles», recoge el texto sobre el que se trabaja internamente, sin que sea aún oficial, según remarcan fuentes del Instituto Armado.

El documento recoge medidas para los guardias civiles con procedimientos abiertos por violencia de género o que se le atribuya la «presunta comisión de un delito de violencia sobre la mujer» para vigilar que se cumple con las órdenes de alejamiento, en el caso de que se así se dicte. También se menciona la necesidad de apartar de sus funciones al agente si forma parte de áreas especializadas en el ámbito mujer-menor.

La propuesta, adelantada por la Cadena Ser, incluye medidas para aplicar en los guardias civiles «ante la presunta atribución o comisión de conductas violentas de esta índole, así como en los supuestos en que sea objeto de medidas cautelares, penas o sanciones a raíz de ellas». Además, se ordena que se remita comunicación a la directora general para que pueda adoptar medidas «en el ámbito de sus competencias».

VALORACIÓN DE ASOCIACIONES

La decisión de tener que elevar información directamente a la directora general, María Gámez, de cualquier caso de violencia de género es valorada positivamente por asociaciones profesiones como la mayoritaria AUGC.

Esta asociación sostiene que ya en noviembre del año pasado apostó por crear un protocolo interno de actuación «encaminado no sólo a las víctimas, sino también para las personas encargadas de cursar la documentación o tomar decisiones cuando la víctima es una mujer guardia civil», según ha señalado el portavoz de AUGC, Pedro Carmona.

En el documento se cita declaraciones de Naciones Unidas, la ley contra la violencia de género de 2004, el Pacto de Estado aprobado en esta materia o el Plan de Igualdad de la Guardia Civil de julio de 2019 –así como el plan de acción de noviembre de 2020– para «mejorar la prevención y erradicación de los distintos tipos de acoso, las actitudes sexistas o el trato discriminatorio por razón de sexo, género u orientación sexual».

«PROBLEMA PÚBLICO DE SEGURIDAD»

«El protocolo», recoge el texto del borrador, «se dirige de forma genérica a cualquier violencia que afecta las mujeres como colectivo de manera desproporcionada, que se ejerce sobre ellas en razón de su condición femenina y que no se ciñe a la producida en el ámbito de las relaciones de pareja, sino que incluye tanto la vertiente privada o doméstica como la pública».

En este sentido, se subraya que se trata de «un problema público de seguridad y vulneración de derechos fundamentales», ya que la violencia de género comprende la que tiene por objetivo causar perjuicio o daño a los mujeres y también a sus familiares y allegados menores de edad.

La Guardia Civil quiere que se «desechen actitudes que prejuzguen, presupongan la culpabilidad o resten importancia o defiendan de forma irreflexiva o sesgada a las personas que se vean afectadas por situaciones de esta naturaleza», asegurando que «prevalece el interés de la víctima» respetando con imparcialidad la confidencialidad y el «respeto en el trato con quienes resulten afectados».

En este sentido, relata diferentes situaciones de violencia física o sexual, citando también las de tipo psicológico, económico o digital, por el control del entorno de las nuevas tecnologías de la víctima.