El pleno de la Diputación de Alicante ha aprobado este miércoles exigir la dimisión o cese como diputado del alcalde de La Nucía, Bernabé Cano (PP) y del encargado de la gestión del centro Doctor Esquerdo, Juan Bautista Roselló (PP), por haberse vacunado contra la covid-19 de manera presuntamente indebida.

La sesión ordinaria celebrada de manera telemática ha aprobado las cuatro mociones relativas a la vacunación de Cano --que se ha ausentado de la sesión plenaria-- y Roselló tras realizar un debate conjunto, pese a que se han votado por separado.

En concreto, ha salido adelante --en este caso con el voto favorable de todos los grupos a excepción del PSPV, que se ha abstenido-- la propuesta de Ciudadanos que solicitaba "garantizar la máxima transparencia y el cumplimiento del protocolo de vacunación, así como asegurar el cese de los políticos que se lo salten o cometan cualquier tipo de irregularidad".

Por su parte, Compromís pedía en su moción la reprobación de Cano y la apertura de una investigación sobre la vacunación de cargos públicos en el Dr. Esquerdo. El PSPV exigía la renuncia de Cano como diputado provincial al mismo tiempo que solicitaba al PP que, en el caso de que el 'popular' no quisiera dejar el acta, pasara a formar parte del grupo de no adscritos. Estas dos mociones se han aprobado con los votos de los socialistas, la coalición Compromís y de Cs. Ha votado en contra el PP.

Por último, el grupo popular de la Diputación ha presentado una moción --que ha recibido los votos a favor de PP y Cs y que ha salido adelante con el voto de calidad del presidente Carlos Mazón-- en la que se exige al 'president' de la Generalitat, Ximo Puig, que "depure responsabilidades" en la Conselleria de Sanidad por el "caos" en el proceso de vacunación.

Durante la sesión, el portavoz de Ciudadanos, Javier Gutiérrez, ha tildado de "lamentable espectáculo" el ofrecido por la clase política en uno de los momentos "más dramáticos" por los que atraviesa la sociedad en alusión a los cargos públicos que "se han saltado" el proceso de vacunación.

"No se ha completado aún la vacunación del primer grupo y ya han aparecido políticos y algunos cargos de designación directa, que sin sonrojo, se han puesto los primeros en la cola. No vamos a entrar en el viejo y sucio juego del 'y tú más', este asunto no va tanto de legalidad como de ética, la legalidad sin ética es una legalidad mal legislada y por tanto se deberá cambiar", ha señalado Gutiérrez.

Asimismo, el diputado 'naranja' ha sostenido tanto su partido como el equipo de gobierno de la institución ha sido "ejemplar" con la retirada de competencias de manera indefinida a Bernabé Cano y ha invitado al portavoz del PSPV, Toni Francés, a "tomar ejemplo" tras acudir a su segunda residencia en Penàguila.

En la misma línea, ha explicado que las propuestas que los grupos Compromís, PSPV y Partido Popular han presentado no son equiparables y ha tachado de "caraduras" a los alcaldes y concejales del PSPV que no han dimitido tras hacerse pública su vacunación. Por último, ha señalado Gutiérrez la "ausencia" de un protocolo "claro y concreto" de vacunación por parte de la Generalitat Valenciana.

Por su parte, el único diputado y portavoz de Compromís en la Diputación, Gerard Fullana, ha reivindicado en su intervención el papel del "político sincero" y ha señalado que no puede pedir a la ciudadanía que perdone a los políticos que se han saltado el proceso de vacunación, "como ha sido el caso de Bernabé Cano y Juan Bautista Roselló".

Al mismo tiempo, ha pedido al PP que "recapacite" puesto que iba a ser el "único grupo" en la Diputación que "no iba a pedir la dimisión de Cano". "No se merecen el perdón de ninguno porque no se trata de un error, y en el caso de Cano es aún más grave porque se saltó todas las normas posibles al entrar en una residencia con un equipo de televisión para hacer propaganda de su vacunación", ha declarado Fullana.

"Se están burlando de la ciudadanía al decir que se pudieron vacunar porque ninguno se lo impidió sabiendo que habrá millones de ciudadanos que morirán por no recibir una dosis que ellos --Cano y Roselló-- sí han recibido", ha añadido el portavoz de Compromís.

Asimismo, Fullana ha subrayado que el PP de la provincia de Alicante no tienen la "autoridad moral" para pedir a Cano que "se vaya casa", aunque es lo que "debería hacer" y ha acusado al presidente, Carlos Mazón, de padecer "eticofobia". Por ello, ha pedido la reprobación de Cano y la apertura de una investigación para la vacunación de Roselló.

Por parte del PSPV, el portavoz Toni Francés, ha sostenido durante la sesión que la formación ha pedido responsabilidades a todos sus cargos públicos que se han vacunado de manera "irregular" y ha insistido en que "todos deberían dimitir". No obstante, ha señalado que "todos no son iguales" en referencia al concejal de Sanidad de Benejúzar, el cual "se vacunó de manera correcta" según Francés.

En referencia al proceso de inmunización de Cano, el también alcalde de Alcoi ha valorado que el 'popular' ha mentido al asegurar que los encargados de Salud Pública fueron los "responsables" de su vacunación. "Bernabé Cano acabará dimitiendo porque no le queda otra salida política, pero el PP debe exigir su salida junto a la Roselló después de, además, entrar en una residencia de mayores", ha añadido.

Sobre su polémico desplazamiento a una segunda residencia en Penàguila la pasada semana, Francés ha acusado al equipo de gobierno de la Diputación (PP y Cs) de "mezclar" su situación familiar con la vacunación debido a su "incapacidad" para asumir la situación.

"He pedido disculpas, yo no soy igual que ustedes, no me salté ningún cierre perimetral y siempre defenderé a mi pueblo duerma en Alcoi o en Penàguila", ha concluido Francés.

Por último, el grupo 'popular' en la Diputación de Alicante señalado en el pleno que era "censurable" el comportamiento de los cargos políticos que se habían vacunado de manera indebida y que "deben dimitir todos". No obstante, han tildado las mociones presentadas por PSPV y Compromís de "parciales" y "sesgadas" y han remarcado que el cese de competencias de manera indefinida, en el caso de Bernabé Cano, era "suficiente".

"Queremos que se estudie el caso con detalle y con el suficiente rigor que permita ver, sin antifaz político, una vacunación que obedeció a criterios objetivos y médicos, según parece, por lo que dejemos actuar a los responsables y no nos precipitemos", ha indicado el portavoz del PP en la Diputación, Eduardo Dolón.

Asimismo, ha recalcado que "no existen protocolos" y que Cano se vacunó como médico de familia. "¿Alguien cree verdaderamente que Bernabé Cano falsificó la ficha de su vacunación? Por ello vamos a apoyar la moción de Cs, para que la Generalitat haga pública la lista de todos los cargos públicos que han recibido la vacuna con abuso de poder y que, a su vez, los partidos inicien los correspondientes expedientes de investigación al respecto", ha matizado Dolón.

Finalmente, la sesión ha aprobado con el voto de calidad de Mazón la moción de los 'populares' para exigir a Ximo Puig que depure responsabilidades en la conselleria de Sanidad por el caos en el proceso de vacunación.

La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo ha confirmado el archivo por parte del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) de la investigación abierta a un juez de Madrid por las expresiones ofensivas que lanzó contra un víctima de violencia de género, a la que llamó "bicha" durante una conversación privada que fue grabada por error al término de la vista que celebrará en relación con su caso.

El Supremo desestima el recurso contra el archivo planteado por la mujer aludida en la conversación, que era una de las partes en el procedimiento cuya vista se acababa de celebrar. El tribunal destaca que, pese al carácter reprobable de las expresiones vertidas en la conversación, su grabación sin consentimiento invalida cualquier utilización de la misma en un procedimiento sancionador.

El caso afecta al juez de Violencia sobre la Mujer número 7 de Madrid, Francisco Javier Martínez Derqui, en relación con el procedimiento civil y penal que llevaba por el divorcio y las denuncias de malos tratos interpuestas por la modelo española María Sanjuán contra su exmarido.

La víctima presentó una queja ante el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) contra este magistrado por referirse a ella como "bicha" o "hija puta" tras una vista, y el Poder Judicial abrió una diligencia informativa que fue finalmente archivada.

CON LA SALA DESALOJADA

La sentencia dada a conocer este miércoles relata que el 27 de junio de 2018, tras finalizar una vista, quedó inadvertidamente conectado el sistema de grabación de la misma, por lo que, una vez desalojada la sala y presentes exclusivamente el magistrado titular del Juzgado, la Letrada de la Administración de Justicia y la Fiscal, "desconocedores de que el sistema de grabación seguía activado, el magistrado empleó expresiones y se refirió a la demandante en términos inequívocamente ofensivos y por completo inaceptables y fuera de lugar",

La grabación de la vista fue entregada a las partes, sin advertir que incluía la conversación posterior, lo que determinó la protesta de la defensa letrada de la demandante y la recusación por parcialidad del magistrado titular del Juzgado, que se apartó de las causas que afectaban a la recurrente, aparte de ofrecer sus disculpas.

El Supremo destaca que la cuestión en el presente procedimiento no es la valoración que puedan merecer las expresiones del juez, sino exclusivamente si la grabación accidental y desconocida de la conversación puede ser tenida en cuenta para dar pie a una diligencia informativa o, en su caso, a un expediente disciplinario, sobre el magistrado que profirió tales expresiones.

En ese sentido, el tribunal indica que fue una grabación "accidental e indebida", que sólo se produjo por un error de quien estuviera al cargo del aparato de grabación. La prolongación de la grabación una vez finalizada la actuación judicial para la que está prevista y debe circunscribirse, será por definición irregular, dice el Supremo, "ya sean grabaciones de imagen, de sonido, o audiovisuales y sean quienes sean los sujetos involucrados".

"El carácter irregular de la grabación no resulta alterado por el lugar, las personas o el contenido. La grabación tiene una finalidad legal, que es dejar constancia audiovisual del acto judicial que tiene lugar, y una vez finalizado dicho acto la grabación carece de toda cobertura legal bajo el amparo del artículo 230 de la Ley Orgánica del Poder Judicial. Esa falta de cobertura legal no queda subsanada por el hecho de que la grabación se produzca en una sala de justicia, porque las personas grabadas sean profesionales de la justicia o por el tema de conversación, puesto que ninguna de tales circunstancias puede hacer que la grabación inadvertida y accidental sea una grabación practicada para el cumplimiento de funciones judiciales previstas por la ley", dice la sentencia.

Así pues, añaden los magistrados, la circunstancia de que la estancia donde se produjo la grabación fuese una sala de vistas no autoriza a que se grabe lo que pueda acontecer en ella, aparte de la realización de actos judiciales públicos.

El que los sujetos grabados fuesen profesionales de la administración de justicia tampoco hace legal una grabación de su conversación una vez finalizado el acto judicial que acababa de tener lugar. Y, en consecuencia, esa conversación, fuese cual fuese su tenor, ha de ser considerada como una conversación privada que sólo podría ser conocida si sus partícipes así lo desearan.

Como la grabación irregular se produjo por inadvertencia del servicio encargado de grabar la vista que se acababa de producir y que, por consiguiente, nadie supo que se estaba produciendo la grabación, para la Sala, en consecuencia y por definición, la grabación de las personas que se encontraban en la sala no fue consentida por éstas, siendo tal consentimiento la única circunstancia que podría haber otorgado validez legal a la grabación.

"En ausencia de consentimiento la grabación es una clara vulneración del ámbito privado de las personas grabadas, lo que invalida cualquier uso de la misma para un procedimiento sancionador", dice la sentencia, que añade que ello no palía el carácter reprobable de las expresiones proferidas en la citada conversación.

Navarra detectó este martes 167 nuevos casos positivos de infección por Covid-19, según los datos facilitados por el Instituto de Salud Pública y Laboral de Navarra (ISPLN), tras realizar en el sistema público de salud 3.394 pruebas (2.209 pruebas PCR y 1.185 test de antígenos), con un 4,9% de positivos.

Por otro lado, se produjeron 10 nuevos ingresos en la Comunidad foral relacionados con esta enfermedad, ninguno en la UCI. Asimismo, ayer no se registró ningún fallecimiento pero se notificaron tres decesos de días previos, dos mujeres de 80 y 92 años, y un hombre de 83 años. El número total de muertes confirmadas por esta causa en Navarra se sitúa, por tanto, en 1.042.

La ocupación hospitalaria, por otra parte, se mantiene estable con 197 pacientes ingresados, 32 de ellos en UCI, es decir, dos menos que ayer.

Según se recoge en el último informe epidemiológico, en la semana del 18 al 24 de enero, que es la última semana con datos completos, se registraron en Navarra 113 defunciones (15 de las cuales se confirmaron por Covid-19), que representan un 13,3% del total, "un número de defunciones que está dentro del rango normal". Las dos semanas anteriores, este porcentaje se situó en el 8,3% y 9,5%, respectivamente.

Además, también se señala en el último informe que en las cuatro últimas semanas analizadas, la mortalidad general en Navarra ha sido un 10% menor que la registrada de promedio en el mismo periodo de los 5 años previos. "Esto sugiere que las medidas preventivas implantadas han prevenido un mayor número de muertes debidas a otras causas que las muertes que se han sumado a causa del Covid-19", se afirma en el Informe.

Por zonas, en Pamplona y su comarca se registraron el 58% de los casos positivos detectados este martes, en el área de Estella el 17% y en la de Tudela, el 9%. Los demás positivos (16%) se reparten por otras zonas de Navarra.

Respecto a los profesionales sanitarios del Sistema Público de Salud afectados por Covid-19, según informa el Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea, en la actualidad hay 68 positivos activos y en la última semana se han producido 28 nuevos contagios. La plantilla está compuesta por casi 13.000 profesionales.

En cuanto a la distribución por franjas de edad de los nuevos casos registrados, el grupo mayoritario es el de menores de 15 años con un 20% y los grupos de 15 a 29 años y el de 45 a 59 años, ambos con un 19%. A continuación, se sitúa el grupo de 30 a 44 años, con 18%. Finalmente, los grupos de 60 a 75 años y el de mayores de 75 años ambos registran un 12% de los nuevos contagios. La edad media de los nuevos positivos está en los 39,9 años. Con respecto al género, el 55% de los casos son mujeres y el 45%, hombres.

Desde la perspectiva de la ocupación hospitalaria, según informa el Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea, tras el balance de ingresos y altas, 197 personas permanecen ingresadas con y por Covid-19 (uno menos que ayer), 32 de las cuales se encuentran en puestos UCI (dos menos que ayer) y otras 20 en hospitalización domiciliaria (dos más que ayer). Los demás, 145 pacientes, están en planta (uno menos que ayer). Todas estas personas dieron positivo en una prueba PCR, sea esta infección o no el motivo de su ingreso hospitalario, y ocupan espacios Covid-19.

La incidencia acumulada de infecciones por el virus, según los reportes diarios y una vez realizado el correspondiente ajuste mensual con los datos del Ministerio de Sanidad, se sitúa en Navarra en 49.004.

LOS CASOS DESCIENDEN UN 12%

El último informe epidemiológico del ISPLN, correspondiente a la semana del 25 al 31 de enero, muestra para Navarra un total de 1.496 casos por PCR o antígeno (227 por 100.000 habitantes) lo que supone un descenso del 12% respecto a la semana anterior donde se registraron 1.673 casos por PCR o por antígeno (253 por 100.000 habitantes).

El 73% de estos nuevos casos eran sintomáticos, y el 73% habían sido contacto de otros casos confirmados. El ámbito de transmisión en el domicilio se ha estabilizado, aunque sigue siendo el más frecuente (48%). Descendieron ligeramente los otros dos ámbitos de transmisión más frecuentes, el de los casos que desconocen el origen de la infección (25%), y los de ámbito social que incluye reuniones de familiares no convivientes (16%). La transmisión en el ámbito laboral supone el 5% de los casos, al escolar el 3,5%, y la transmisión en centros sociosanitarios ha descendido hasta el 1,8% de todos los casos.

Aumentan los casos en el grupo de edad de 4 a 14 años (12%), se estabilizan en el resto de los grupos menores de 35 años y descienden en mayores de 35 años de edad. El descenso alcanza el 20% en los mayores de 55 años. Estos cambios en el patrón de edades pueden contribuir a una menor proporción de formas graves en las próximas semanas.

Por otro lado, entre el 25 al 31 de enero se produjeron 80 ingresos hospitalarios por Covid-19, mostrando un principio de descenso respecto a los 115 de la semana anterior. Los ingresos en UCI atribuibles a Covid-19 también han descendido de 20 a 13, mientras que las defunciones por Covid-19 han aumentado de 15 a 24. Entre los casos confirmados desde el 11 de mayo, el 6,5% requirió ingreso, 7,4 por mil ingresó en UCI y 13,9 por mil falleció a causa del Covid-19.

El riesgo de hospitalización entre los casos confirmados de Covid-19 desde el 11 de mayo es apreciable (1,9%) en menores de 5 años, desciende en niños de 5 a 14 años, y aumenta progresivamente en los siguientes grupos de edad. A partir de 65 años la proporción de ingresados alcanzó el 18,6% y a partir de los 85 años fue del 31%. Los ingresos en UCI se han producido a partir del grupo de 25 años y alcanzan el 4% en el grupo de 65 a 74 años. Los fallecimientos se produjeron en los grupos de 35 años en adelante y entre los casos mayores de 85 años fallecieron el 22%.

DISMINUYE LA TRANSMISIÓN DEL VIRUS

El informe concluye que desciende la transmisión y el número de ingresos por Covid-19, sobre todo en los mayores de 55 años, lo cual sugiere "expectativas favorables en los indicadores de gravedad". Las defunciones aumentan por efecto de la transmisión en semanas previas.

Según recoge el informe, "las medidas preventivas a las que se está sumando la vacunación, están consiguiendo moderar la transmisión del virus, a pesar de las condiciones desfavorables del invierno".

Las ocho capitales andaluzas han reducido en las últimas 24 horas su tasa de incidencia del coronavirus Covid-19 por cada 100.000 habitantes en los últimos 14 días y Málaga repite de nuevo por debajo del millar alcanzado este lunes y que obliga al cierre de toda actividad no esencial durante 14 días a partir de este miércoles 3 de febrero.

Málaga, Almería, Jerez de la Frontera (Cádiz), Marbella (Málaga), Dos Hermanas (Sevilla), Sanlúcar de Barrameda (Cádiz), Estepona (Málaga), San Fernando (Cádiz), Vélez-Málaga y La Línea de la Concepción (Cádiz) son las diez ciudades andaluzas de más de 50.000 habitantes que tienen en vigor desde este miércoles la suspensión de actividad no esencial durante los próximos 14 días, aunque dos de ellas, Málaga y Jerez, ya registran una tasa inferior al millar.

Las restantes ciudades andaluzas con más de 50.000 habitantes siguen presentando este miércoles una tasa superior a los 500 e inferior al millar de casos que implica cierre perimetral a excepción de El Puerto de Santa María, que seguirá con esta medida en vigor aunque esta jornada registra una tasa de 499,4.

Según los últimos datos actualizados por la Consejería de Salud, la mayor tasa por cada 100.000 habitantes en 14 días entre las capitales andaluzas la sigue registrando Almería, con 1.403,2 --7 puntos menos en 24 horas--, seguida de Málaga, con 986,6 tras reducirla en 8,3 puntos.

También rebajan su tasa de incidencia diaria el resto de capitales andaluzas, que se siguen alejando de la tasa del millar de casos que implica suspender la actividad no esencial: Cádiz con 920 --58 puntos menos en 24 horas--, Huelva con 909,4 --31,2 puntos menos--, Córdoba con 854,8 --13,2 puntos menos--, Jaén con 837,2 --16,8 puntos menos--, Granada con 823,5 --33,3 puntos menos-- y Sevilla con 652,9 --18,6 puntos menos--.

Del resto de municipios andaluces de más de 100.000 habitantes, tres rebajan su tasa en 24 horas --Marbella hasta 1.231,4, Dos Hermanas hasta 1.050,7 y Jerez de la Frontera hasta 970,9-- mientras que Algeciras (Cádiz) la incrementa hasta 726,4.

De las 17 ciudades andaluces restantes con más de 50.000 habitantes cinco siguen superando este miércoles la tasa de 1.000 casos Covid por cada 100.000 habitantes en 14 días que implica cierre perimetral: San Fernando con 1.360; La Línea de la Concepción con 1.219,6; Vélez-Málaga con 1.143,7; Estepona con 1.029,5; y Sanlúcar de Barrameda con 1.014,4. Todos ellos rebajan su tasa de incidencia en las últimas 24 horas.

Otras 12 continúan esta jornada con una tasa inferior a los 1.000 casos pero superior a los 500: Chiclana de la Frontera (Cádiz), con 925,4; Utrera (Sevilla), con 916,4; Mijas (Málaga), con 875,9; Alcalá de Guadaíra (Sevilla), con 838; Fuengirola (Málaga), con 772,6; Benalmádena (Málaga), con 765,1; El Ejido (Almería), con 745; Torremolinos (Málaga), con 681; Linares (Jaén), con 657,3; Roquetas de Mar (Almería), con 671,5; y Motril (Granada), con 665,4.

Andalucía en su conjunto ha rebajado durante las últimas 24 horas su tasa de incidencia de casos de Covid-19 por cada 100.000 habitantes en los últimos 14 días hasta 894,3, 29,8 puntos menos que la que se registraba el martes (924,1) y 21 puntos inferior a la del miércoles pasado (915,3).

Los comités provinciales de la Junta de Andalucía evalúan y comunican cada lunes y jueves la actualización de los municipios que superan la tasa de 500 y 1.000 casos para la aplicación de las medidas restrictivas con una vigencia de 14 días que entran en vigor a las 0,00 horas de cada miércoles y sábado, respectivamente. Así, si un municipio baja de 1.000 o de 500 casos, se podrán relajar las medidas, siempre que hayan transcurrido 14 días desde que se aplicaron; mientras que si pasa de más 500 a más de 1.000 casos sí se endurecen las medidas aunque no hayan pasado esas dos semanas, comenzando a contar de nuevo ese plazo de 14 días.

Los usuarios de residencias con Covid-19 en Galicia han vuelto a descender tras registrarse 31 altas, varios fallecimientos y 21 positivos, de ellos 14 en la residencia de Laraxe de Cabanas (A Coruña), donde también se han detectado dos trabajadores contagiados.

Así se recoge en los datos actualizados este miércoles por las consellerías de Política Social y Sanidade, en los que se incluyen 21 positivos entre usuarios. Además de los 14 de Cabanas, se suman tres en la DomusVi Carballo; uno en la Padre Rubinos de A Coruña; otro en O Casón de Moeche; otro en la residencia de mayores de Bande; y otro en la Virxe da Clamadoira de Muíños.

Frente a ello, 31 usuarios han recibido el alta por negativizar. En concreto, seis usuarios de la DomusVi Carballo; cuatro de la San Bartolomeu de Xove; tres de Laraxe de Cabanas; dos de O Casón de Moeche; dos de la residencia y apartamentos de O Incio; dos de la residencia de Bande; dos del hogar residencial Blanco Amor de Boborás; dos de Virxe da Clamadoira de Muíños; dos de la Santa María de Verín; uno de Padre Rubinos de A Coruña; otro de la Ballesol de Oleiros; uno de la San José de Arzúa; uno de Sampedro II de A Merca; otro de la residencia de mayores de Vilardevós y otro de la Paz y Bien de Tui.

De este modo, entre los centros con más usuarios contagiados se incluyen la Nosa Señora do Carme de Sarria, con 73 casos; la DomusVi Carballo, con 65 contagios; la Quercus de Leiro, con 51; la DomusVi Laraxe, con 26; Mi Casa de Ferrol, con 23; la Residencia de Bande, con 15; Mi Casa de Pazos de Borbén, el Fogar Santa María de Verín y la Paz y Bien en Tui, con 14 cada una; la San Simón de Teo y la Sampedro II de A Merca, con 13 en cada caso; y O Casón de Moeche, con 12. A ellas se suman una veintena con menos de una decena de casos.

TRABAJADORES

Por su parte, los trabajadores con Covid-19 en residencias de Galicia descienden a 209 tras registrarse ocho positivos --dos en Laraxe de Cabanas; uno en O Casón de Moeche; uno en As Dores de Lalín; uno en As Gándaras de Lugo; otro en la Sampedro II de A Merca; otro en el hogar residencial de Cerdedo-Cotobade y otro en la DomusVi Ribadumia--, mientras que se han retirado 23 por negativizar.

Así, salen de la lista seis trabajadores de la DomusVi Carballo; cuatro de la Paz y Bien en Tui; tres de la residencia y apartamentos de A Pastoriza; tres de la Quercus de Leiro; dos de Sampedro II de A Merca; uno de Nosa Señora do Socorro de Arnoia; uno de la Casa A Zapateira de Culleredo; otro de la residencia de Ribeira; uno de la residencia de Bande y uno en el hogar residencial Vistahermosa de Vigo. Además, la Xunta retira un trabajador de la DomusVi Vimianzo "por fin de contrato".

Por ello, entre los centros con más personal contagiado se incluyen la residencia DomusVi Carballo, con 23; la Paz y Bien en Tui y la Quercus de Leiro, con 17 cada una; la San José de Arzúa, con 12; y el Fogar Santa María de Verín, O Casón de Moeche, Residencia da Pastoriza y la San Bartolomeu de Xove, con 11 cada una. A ellas se añade medio centenar más con menos de una decena de casos.

CENTROS DE DISCAPACIDAD

En cuanto a los centros de atención a la discapacidad de Galicia bajan a 103 los usuarios contagiados --dos menos--, tras un alta en la Ricardo Baró Aspronaga de Oleiros y fallecer una persona usuaria de la Pai Menni de Betanzos.

En concreto, hay 58 casos en la Residencia de Adultos Pai Menni de Betanzos; 40 en Nuestra Señora de Fátima y Cristo Rey de Crecente; dos en el piso tutelado García Naveira de Betanzos; dos en la Ricardo Baró de Oleiros y uno en la Residencia del Imserso en Bergondo.

Por su lado, los trabajadores de estos centros con coronavirus descienden a 43 --uno menos-- tras el alta de uno de la Ricardo Baró Aspronaga de Oleiros. Así, hay 18 casos en la Pai Menni de Betanzos; nueve en Nuestra Señora de Fátima y Cristo Rey de Crecente; cinco en la DomusVi Bóveda; tres en la del Imserso en Bergondo; dos en Aspace de Sada y otros dos en el Centro de Atención a Persoas con Discapacidade de Sarria, mientras otros cuatro centros tienen un contagiado cada uno.

La Junta de Portavoces ha aprobado la comparecencia este próximo martes, en el pleno del Parlamento balear, de la consellera de Salud y Consumo, Patricia Gómez, para que analice la evolución de la pandemia en Baleares, pero ha rechazado que comparezca para explicar los protocolos de Salud respecto a la vacunación de la COVID-19 tras conocerse los últimos casos de políticos vacunados.

Así, Vox ha presentado una solicitud de comparecencia urgente de la consellera para que "dé explicaciones sobre cuáles son los protocolos" establecidos por Salud en el plan de vacunación y "por qué se los han saltado algunos políticos", según ha dicho el diputado del Grupo Parlamentario Vox, Sergio Rodríguez.

Del mismo modo, el presidente y portavoz del PP Baleares, Gabriel Company, ha asegurado que la comparecencia no ha sido aprobada por la negativa de los partidos del Pacte. Baleares no se merece un Govern ni una consellera de Salud que rechacen comparecer en el Parlament por un tema así", ha subrayado.

Sobre los casos de políticos vacunados en Baleares conocidos este miércoles, el presidente del PP ha asegurado que "no son los primeros ni los últimos casos que conoceremos". "Hace falta más decencia en el proceso de vacunación", ha reclamado.

"Si desde un primer momento, Salud hubiese informado de los protocolos que se siguen justificando cada persona vacunada, no habría tanto problema", ha dicho Company, quien ha reconocido que "no se puede con tanta opacidad y con las mentiras continuas del Govern".

A continuación, el diputado de Vox Sergio Rodríguez ha remarcado que, pese a la negativa recibida este miércoles por los partidos del Pacte a la solicitud de comparecencia de la consellera de Salud por estos casos, "seguirán intentándolo". "No vamos a dejar este tema y vamos a llegar al fondo de la cuestión", ha remachado.

Además de afirmar que la vacunación "es fundamental" en Baleares porque "sin vacunas, no habrá temporada turística", Rodríguez ha asegurado que desde Vox "están seguros que estos casos no son aislados". "Nos quieren convencer con explicaciones peregrinas, pero la sociedad merece respuestas claras", ha subrayado.

Del mismo modo, el diputado de Ciudadanos Marc Pérez-Ribas ha calificado de "escándalo" que cargos políticos "usen su posición para saltarse la cola de vacunación". Por ese motivo, ha reconocido que a Ciudadanos "preocupa mucho" este tema: "No podemos consentir que Salud siga incluyendo personas en las listas de vacunación que no cumplen los requisitos".

Por este motivo, Pérez-Ribas ha exigido la dimisión "inmediata" de estos políticos y que la Conselleria de Salud "muestre total transparencia" ante estos casos. "Es muy dudoso que todo el que ha sido vacunado sea personal de primera línea", ha comentado.

Unidas Podemos, a través de su portavoz en la Cámara balear, Alejandro López, también ha pedido la dimisión o el cese "de forma contundente" de todos los cargos políticos vacunados. "Se debe saber si estaban dentro del protocolo o no, para dejar de generar confusión a la ciudadanía", ha insistido.

En el caso contrario, la portavoz del PSIB en el Parlament, Sílvia Cano, ha destacado que la consellera de Salud y Consumo comparecerá a petición propia este próximo martes en el pleno para "explicar la situación actual de la pandemia.

Cano ha ensalzado la "mejora" de la incidencia acumulada en Mallorca, pero ha afirmado que la COVID-19 sigue "matando vidas". Por eso, ha insistido en que la desescalada de las medidas restrictivas se debe hacer "poco a poco".

Sobre la vacunación, Cano ha remarcado que se están siguiendo los protocolos establecidos en el Consejo Interterritorial de Salud, que fija como grupos prioritarios los usuarios y trabajadores de residencias y los profesionales que trabajan en la primera línea de lucha contra el virus.

Cano ha destacado que en los próximos días "se completará la vacunación definitiva a las residencias y de los profesionales de primera línea, al tiempo que se comenzará a vacunar a las personas dependientes".

La socialista ha recordado que las Islas están preparadas para la vacunación masiva, "con capacidad para poner 80.000 dosis semanales a través de los servicios públicos y sin rehuir de otras opciones en caso de que sea necesario".

El presidente del Gobierno regional, Fernando López Miras, ha considerado que "no hay debate" en torno a la Semana Santa, para la que quedan dos meses, porque "evidentemente, vamos a estar inmersos todavía en la lucha contra la pandemia y tendremos que mantener todavía las medidas de seguridad sanitaria que nos están indicando las autoridades sanitarias".

En una visita la sede de la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC) con motivo del Día Mundial Contra el Cáncer y al ser preguntado por las perspectivas de cara a la Semana Santa, López Miras ha insistido en considerar que "no hay debate" cuando "estamos inmersos en esta tercera ola pandémica".

Además, cree que no hay debate "cuando hemos visto lo que ha sucedido a nivel mundial pero sobre todo en Europa, en España y en todas las comunidades, con esa salida de la primera ola en la que desde el Gobierno de España se nos decía que saldríamos más fuertes y que habíamos vencido al virus, y vimos lo que pasó en verano".

"También hemos visto lo que ha pasado al salir de esta segunda oleada pandémica, en Navidad", tal y como ha afirmado López Miras.

Ha estimado que "por supuesto", dentro de dos meses también habrá "restricciones a la actividad social y a otras muchas circunstancias que van a impedir poder celebrar como conocemos la Semana Santa, que haya procesiones". Incluso, se ha "aventurado" a decir que "no va a poder haber desplazamientos nacionales e internacionales, como si estuviéramos en una situación de normalidad sanitaria".

"Yo creo que es necesario que las administraciones y las instituciones tenemos que transmitir certidumbres, no podemos generar falsas expectativas y cuanto antes todo lo asumamos será mejor, porque va a ser un esfuerzo que se va a traducir en menos contagios y más vida", ha destacado López Miras.

Por lo tanto, ha avanzado que mantener las "restricciones", la "prudencia", la "cautela" y la lucha contra el Covid también durante la Semana Santa "va a hacer también que, espero que en el menor plazo de tiempo posible, podamos de verdad haber superado esta pandemia y, en el camino, haber salvado el mayor numero de vidas posible".

A su juicio, "transmitir otro mensaje va a generar incertidumbre, falsas expectativas y una falsa sensación de mejoría a nivel nacional que, desde luego, no es real, que puede hacer que algunos se confíen y que parte de la sociedad relaje esas medidas y que se traduzca en contagios y más muerte".

El objetivo principal y único de las administraciones y de los responsables públicos, en su opinión, "debe ser proteger a los ciudadanos y salvar el mayor número de vidas posible, y eso es lo que vamos a seguir haciendo desde el Gobierno de la Región".

REUNIÓN DEL COMITÉ INTERTERRITORIAL

En lo que respecta a la reunión del Comité Interterritorial de Sanidad que se celebra este miércoles por la tarde, López Miras ha avanzado que el Ejecutivo murciano va a manifestar "una vez más" su "decepción" ante la "falta de medidas del Gobierno central".

"Durante las últimas tres semanas hemos vivido los mayores picos de contagios en España desde que comenzó la pandemia en marzo, y ayer cifra de muertos en España fue inasumible, la mayor cifra de fallecidos desde la primera ola, y el Gobierno central no ha hecho nada", ha reprochado.

"Esto que ya es de por sí incomprensible, es mucho más sorprendente cuando vemos que tampoco se permite que las comunidades tome decisiones", ha aseverado el presidente del Ejecutivo regional.

Ha recordado que todas las autonomías llevan dos semanas "pidiendo algo tan sencillo al Gobierno central como que, si ellos no van a tomar decisiones, nos dejen a las comunidades tomarlas". Se ha referido, en concreto, a algo "tan simple" como "adelantar el toque de queda", que no cree que sea "una medida trascendental", pero sí "muy importante en ocasiones, cuando los contagios están disparados".

"Ni eso han sido capaces de permitir y, por supuesto, vamos a transmitir esta decepción y esta situación con la que no estamos de acuerdo ninguna comunidad autónoma, sea del signo que sea", ha corroborado.

"Y, por supuesto, vamos a pedir más vacunas", según López Miras, quien ha recordado que "llevamos más de un mes vacunando en la Región y solo han llegado 60.700 vacunas aproximadamente". Así, ha afirmado que "tenemos que poder vacunar a más personas".

"También vamos a solicitar una vez más que se nos permita vacunar a los mayores de 80 años que están en sus domicilios", según López Miras. Ha recordado que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, presentó un plan de vacunación del que después "se ha desentendido".

La Región necesita más vacunas, queremos vacunar más y vacunar a más gente, porque 60.700 vacunas son pocas, tienen que llegar más y nos tienen que permitir vacunaciones masivas a más personas, empezando por los mayores de 80 años", ha concluido.

El secretario de Estado de Seguridad, Rafael Pérez Ruiz, ha asegurado este miércoles que se han dado las órdenes a las direcciones generales para que tengan "lista" la vacunación contra la Covid-19 tanto en los agentes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado como en los funcionarios de prisiones, una vez se finalice el proceso con los grupos vulnerables.

Así lo ha explicado el 'número dos' de Fernando Grande-Marlaska en su intervención en el Executive Forum, donde ha sido interpelado por otras cuestiones como las referencias del vicepresidente segundo y líder de Podemos, Pablo Iglesias, sobre la existencia de 'cloacas' policiales y mediáticas.

Sin citar expresamente ningún caso, el secretario de Estado ha defendido que las actividades ilegales de unos pocos no pueden "manchar" la actuación policial de cientos de agentes. "Tomamos las medidas para acabar con una situación anterior, pasada", ha añadido, subrayando que "siempre" han mantenido la máxima colaboración con las investigaciones judiciales.

La intervención de Rafael Pérez se ha centrado en defender, sobre todo, la gestión frente al Covid-19, "con la prioridad desde el comienzo de proteger a los servidores públicos" y "garantizar el derecho al trabajo con medios eficaces frente al virus". En este sentido, ha citado el "esfuerzo inversor" para dotar de guantes, mascarillas, gafas, mamparas y test, así como para disponer de una "reserva estratégica".

IMPORTANCIA CRÍTICA DE LA VACUNACIÓN

Tras mencionar otras medidas como las modificaciones de la jornada laboral, Pérez ha sostenido que el Ministerio del Interior "está convencido de la importancia crítica que tiene la vacunación de los funcionarios de este departamento, incluidos los funcionarios de Instituciones Penitenciarias".

"Por ello", ha añadido, "una vez que por parte del Ministerio de Sanidad se emitan las directrices oportunas cuando se haya culminado la protección de los grupos más vulnerables --citando a residencias de mayores, sanitarios de primera línea y personas de más de 80 años--, las direcciones generales de la Guardia Civil y de la Policía Nacional, a través de sus servicios médicos y en coordinación obviamente con la Secretaría de Estado de Seguridad, tendrán listas las indicaciones necesarias para materializar esa vacunación de los efectivos".

Hasta la fecha, Aragón y Andalucía han iniciado la vacunación para un grupo reducido de los sanitarios de la Guardia Civil, así como en la Policía Nacional en el caso de Castilla-La Mancha. La medida se ha adoptado por acuerdo con Sanidad, al igual que ocurrió en Cantabria, aunque aquí se decidió inyectar las dosis a los presos y trabajadores de esta comunidad autónoma.

DESEO DE NO VOLVER AL CONFINAMIENTO ESTRICTO

El secretario de Estado ha apuntado que su "deseo" es que no haya que volver a una restricción de la movilidad como ocurrió en marzo con el primer estado de alarma, aunque dejando claro que "estarán a lo que diga la autoridad sanitaria en coordinación con las comunidades autónomas". Pérez ha mencionado que "parece que se estabilizan o apuntan a una bajada" en las cifras de contagios.

El 'número dos' de Grande-Marlaska ha recordado que en 2018 se encontraron con una entrada de migrantes en España que arrojaba cifras "más altas de lo esperable", iniciando un "trabajo continuo" con los países de origen y de tránsito que dio resultados en 2019, para de nuevo repuntar en 2020, sobre todo por la llegada de pateras a Canarias. Sin detallar cifras, ha defendido que este trabajo está dando ya sus frutos, poniendo de ejemplo el retorno de migrantes a sus países de origen a pesar de las restricciones por la Covid-19.

El secretario de Salud Pública de la Generalitat, Josep Maria Argimon, ha explicado este miércoles que han identificado el primer caso de la variante sudafricana del Covid-19 en Catalunya, el segundo en España tras el caso registrado en Vigo.

Lo ha dicho en rueda de prensa junto al jefe del Servicio de Microbiología del Hospital Vall d'Hebron de Barcelona, Tomàs Pumarola, y el catedrático de Microbiología de la Universitat de Barcelona y director del Grupo de Virus Entéricos, Albert Bosch.

Pumarola ha concretado que se ha identificado la mañana de este miércoles en Barcelona por lo que los estudios epidemiológicos del caso están en curso pero ha dicho que no hay una relación clara con Sudáfrica y ha alertado de que "probablemente haya mas casos".

En relación a la variante británica, Pumarola ha precisado que han detectado dicha cepa en todo el territorio catalán en "diversas proporciones": entre el 3 y el 5% de las muestras secuenciadas en las proporciones más bajas y entre el 10 y el 12% en las más altas.

"En las próximas semanas veremos como la proporción irá aumentando cada vez más", ha asegurado Pumarola en relación al incremento del porcentaje de secuenciación del virus que corresponde a la cepa británica.

De hecho, la variante británica ya causa el 13% de todos los casos de Covid-19 de la región sanitaria Metropolitana Sur, según ha informado el Hospital de Bellvitge de L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona) en un comunicado este miércoles.

MÁS TRANSMISIÓN, MISMAS MEDIDAS DE SEGURIDAD

"No son buenas noticias. No lo son porque son cepas que trasmiten más", ha lamentado Argimon en relación a las variantes británica y sudafricana y ha reiterado que la inglesa es probable que termine siendo la dominante, aunque ha insistido en que no es más grave que variantes anteriores.

Así, ha argumentado que las medidas de seguridad que se deben tomar son las mismas que con las variantes anteriores por lo que es preciso hacer aislamiento cuando se es un caso positivo o un contacto estrecho independientemente de si se trata de una variante u otra.

Pumarola ha explicado que las variantes inglesa, sudafricana y brasileña "comparten una mutación que les da una mayor eficacia biológica": se tratan de cepas que se transmiten mejor.

OLOT (GIRONA)

Bosch ha explicado que, de las muestras de aguas fecales que han analizado en Olot (Girona), cerca de un 30% de los casos de Covid-19 que han identificado corresponden a la variante británica.

Ha argumentado que la proximidad geográfica repercute en la aparición de nuevos casos de la cepa inglesa y que también han identificado una "proporción elevada" en Girona y Banyoles (Girona).

La defensa del exdirector de seguridad en la circulación de Adif Andrés Cortabitarte --el cargo de esta empresa pública imputado por 80 muertes en relación con el accidente del tren Alvia en Angrois (Santiago)-- se basa ahora en un decreto de 2020 para rechazar que su cliente tenga responsabilidades en el siniestro, ocurrido en el año 2013.

En un escrito dirigido a mediados de enero a la Audiencia Provincial de A Coruña, el abogado de Cortabitarte alude a esta "normativa nueva" para ampliar su recurso de apelación al cierre de la instrucción del caso, que los mantiene a él y al maquinista como investigados por esos 80 fallecimientos y 144 heridos por imprudencia profesional grave.

En concreto, el exresponsable de seguridad del administrador de infraestructuras ferroviarias está imputado por la ausencia de un correcto análisis de riesgos que, según sostienen varios peritos en informes encargados por el juez, de haberse hecho, habría permitido detectar y mitigar la peligrosidad de la curva en la que se produjo el descarrilamiento del convoy.

Casi ocho años después de la tragedia, cuando los magistrados de la Audiencia tienen que resolver acerca de este y otros recursos contra el cierre de la instrucción (el letrado del maquinista pide su absolución y la plataforma de víctimas reclama más imputados, entre ellos el director de seguridad de Renfe), la defensa de Andrés Cortabitarte remite a un decreto de hace unos meses sobre seguridad operacional e interoperabilidad ferroviarias. Esta norma fue aprobada el pasado 29 de octubre y entró en vigor el 31 de ese mes.

Según argumenta su letrado, esta nueva norma sustituye la denominación de esa evaluación del riesgo cuya ausencia le achaca el instructor, lo que le sirve para argumentar en contra de su imputación por unos hechos que sucedieron en julio de 2013.

"Ahora", alega, "con mucha más propiedad y precisión", ha cambiado la denominación, y el decreto hace alusión a la "documentación justificativa de que se ha llevado a cabo el proceso de gestión del riesgo de acuerdo con el método común de seguridad para la evaluación y valoración del riesgo", en lugar de referirse a una "certificación [...] del cumplimiento de las condiciones exigibles en materia de seguridad en la explotación ferroviaria".

Este cambio nominal refuerza, a juicio de la defensa de Cortabitarte, la tesis de que "el certificado de seguridad de la Dirección de Seguridad en la Circulación no garantiza la seguridad de la vía o línea, sino que la instalación de ERTMS y ASFA se ha ajustado a normativa".

En su recurso, el letrado del investigado de Adif ya argumentaba que "el certificado no es una garantía de la seguridad de la vía, sino de que se ha cumplido la normativa reguladora del proceso de gestión del riesgo, en el caso del firmado por el Sr. Cortabitarte, en el diseño e instalación de los componentes del subsistema control, mando y señalización instalados en la LAV082 (enclavamientos, ASFA y ERTMS)".

LA INTEGRACIÓN

A mayores, remite a este nuevo decreto también para subrayar que "integración de subsistemas no es evaluación 'integral' de riesgos". "Integración de subsistemas no es la realización de un dosier de seguridad 'de línea' que abarque todos los subsistemas estructurales", añade, también haciéndose eco del nuevo decreto aprobado por el actual Gobierno.

"Una cosa es la evaluación independiente de seguridad, que se realiza sobre el dosier o caso de seguridad de un subsistema estructural concreto cuya Especificación Técnica de Interoperabilidad exige la elaboración de tal dosier, y otra muy distinta es la integración segura de subsistemas", defiende.

"RECONOCE SIN PUDOR QUE NO CONTROLÓ LOS RIESGOS"

Por su parte, el abogado del maquinista, Manuel Prieto, ha impugnado este escrito al verlo "extemporáneo" y pide a la Audiencia que lo rechace ya que "un real decreto publicado más de siete años después del siniestro investigado no puede servir de excusa para ampliar el recurso de apelación".

Prieto interpreta que la defensa de Cortabitarte "reconoce sin ningún pudor" que el exdirector de seguridad de Adif "no garantizó la seguridad en la explotación ferroviaria de la línea 082" y tampoco "controló los riesgos que eran de su obligación controlar" ni "efectuó ninguna evaluación de riesgos, ni integral, ni parcial".

El letrado de Francisco Garzón --imputado por circular con un exceso de velocidad al haber recibido una llamada del interventor-- tilda el escrito de la defensa de Cortabitarte de "insólito" y se pregunta "cómo puede el director de la seguridad en la circulación del administrador de la infraestructura ferroviaria, cuya misión principal es garantizar una explotación segura, autorizar a poner en servicio una línea ferroviaria sin saber si la misma es o no segura, si la misma cumple o no la normas más básicas de la seguridad ferroviaria".

Este nuevo paso judicial por parte del abogado del cargo investigado, en opinión de Manuel Prieto, "denota la desidia y negligencia que se tuvo por Adif en la puesta en servicio de la línea" y "es obvio que no se daban las condiciones exigibles para la seguridad de la explotación ferroviaria, ni para firmar tal certificado, pero para el señor Cortabitarte era un trámite más, vacío de contenido".

El Juzgado de Primera Instancia número 19 de Madrid ha condenado a WiZink a devolver a un socio de Facua las cantidades pagadas por intereses usureros que aplicó en una tarjeta revolving más las costas del procedimiento.

De este modo, la sentencia judicial ha condenado a la entidad por una tarjeta revolving contratada en 2001 con un 24,6% TAE, más del triple del interés medio aplicado ese año en los préstamos personales.

Según la asociación, Wizink ha tenido que abonar los 18.000 euros que pagó el padre del demandante, ya fallecido, por los intereses usureros que le aplicó en el producto.

Tras el fallecimiento de su padre, el demandante heredó en febrero de 2012 una deuda asociada a una de estas tarjetas, contratada once años antes con Citibank, cuyo negocio minorista y de tarjetas en España acabó en manos de Wizink.

Entre las condiciones del contrato firmado en 2001 aparecía un interés TAE del 24,6%. Aunque el padre del demandante había pagado desde entonces una cuota de 60 euros mensuales y sólo usó la tarjeta para pequeñas compras, los intereses acumulados mes tras mes provocaron que según el banco acumulase una deuda de 10.106 euros.

La entidad aseguró al demandante que la cuota de 60 euros correspondía "al 1% del saldo dispuesto" y que, aunque ya se había abonado una cantidad hasta el momento de 11.000 euros, quedaban pendientes de pago otros 10.106 euros.

Ante esta situación, el afectado recurrió en 2015 a Facua Madrid para que ejerciera acciones en defensa de sus derechos. En su respuesta, Wizink se limitó a cancelar la tarjeta y a ofrecer una reducción de la deuda a 6.445 euros.

En la demanda, la asociación alegó que el artículo 1 de la Ley de Represión de la Usura recoge que "será nulo todo contrato de préstamo en que se estipule un interés notablemente superior al normal del dinero y manifiestamente desproporcionado con las circunstancias del caso o en condiciones tales que resulte aquél leonino".

La titular del Juzgado de Primera Instancia número 19 de Madrid dictaminó "el carácter usurario del contrato" y que Wizink tendría que "devolver la cantidad abonada en concepto de intereses remuneratorios exceda del capital dispuesto", además de pagar las costas del procedimiento judicial.

Wizink interpuso un recurso de apelación contra la sentencia ante la Audiencia Provincial de Madrid, pero tras la oposición presentada por el equipo jurídico de Facua, el banco decidió desistir.

Tras declararse firme la sentencia, en su ejecución se determinó que la entidad tendría que devolver 18.063 euros al usuario, que recibió el año pasado, más las costas del procedimiento, que acaba de recuperar en enero.

La Comisión Organizadora de la Feria del Libro de Madrid, integrada por editoriales, distribuidoras y librerías, ha adoptado la decisión de fijar la fecha de la Feria 2021 entre el 10 y el 26 de septiembre, debido a la pandemia de coronavirus.

El director de la feria, Manuel Gil, ya adelantó la semana pasada que desde la dirección se "trabajaba abiertamente" con la posibilidad de celebrar la próxima edición en septiembre, decisión ratificada por el comité "siempre y cuando se den las condiciones sociosanitarias que permitan celebrarla de manera presencial".

"Barajamos dos fechas posibles: una sigue siendo en junio y otra saltar el primer semestre e irnos a septiembre. A día de hoy, viendo la evolución de acontecimientos y la situación sociosanitaria, no hace falta ser un genio para pensar que tendrá lugar en septiembre. La realidad se nos impone", señaló.

Gil ha explicado que, a la espera de la evolución de la pandemia, desde la dirección se maneja la posibilidad de mantener medidas estudiadas el año pasado: controles de acceso o cierre al paso de coches. "También hibridaremos mucho contenido físico con el virtual, pero todo el sector espera que volvamos para ir recuperando", ha destacado.

La Feria del Libro de Madrid se vio obligada la pasada edición a celebrarse en otoño en lugar de finales de primavera, como es habitual, y de manera virtual. Ahora, espera celebrarla de manera presencial "bajo los pertinentes controles de aforo, y preservando la salud de visitantes y expositores.

"Los principios de responsabilidad y precaución llevan a tomar esta determinación con objeto de disponer del mejor escenario posible, en el Parque de El Retiro, para el festejo de la 80ª edición ", ha añadido la organización. Entre los actos conmemorativos, ya se trabaja en una Historia gráfica de la Feria, desde el año 1933 hasta los días actuales, cuya puesta de largo tendrá lugar en un acto central del programa.

Con vistas al nuevo calendario, se prevé que el sorteo de las casetas tenga lugar finales de abril; la presentación del cartel (que será obra de una ilustradora), el próximo mes de junio; y el acto para hacer pública la programación, a principios de septiembre.

"Sensible a la actual coyuntura nacional del mundo del libro y al futuro poscovid-19, el proyecto de Feria 2021 desea centrarse en la esperanza de reconstrucción de nuestras industrias creativas y culturales a las que se viene animando y dando aliento desde el pasado año con lemas como #laculturaenpie y #apoyaatulibrería", ha explicado.

Se confirma, asimismo, la presencia de Colombia como País Invitado de Honor en esta edición. Además, la comisión organizadora diseñará un programa especial de este singular aniversario que reunirá a autores y autoras de diversos géneros, sin olvidar la literatura infantil y juvenil.

"No queremos dejar de manifestar, una vez más, nuestro agradecimiento a expositores, librerías, editores y distribuidores, así como a nuestros patrocinadores, empresas colaboradoras y medios de comunicación, que siguen incentivando la celebración de la Feria, haciéndose eco de nuestro compromiso con toda la industria y la sociedad lectora", ha concluido, añadiendo "un especial agradecimiento" al Ayuntamiento, Comunidad de Madrid, y Ministerio de Cultura y Deporte.

El Ayuntamiento de Barcelona ha habilitado 129 nuevos colegios electorales para la jornada del 14 de febrero, teniendo en cuenta que se han tenido que descartar sedes de otras citas electorales y buscar nuevas para adaptarse a las medidas contra la Covid-19, y habrán 495 mesas electorales más.

Lo han explicado la gerente municipal, Sara Berbel; el Secretario General del Ayuntamiento de Barcelona, Jordi Casas; y la directora de logística y mantenimiento de la gerencia de Recursos, Roser Crivillé, en una rueda de prensa telemática este miércoles en la que han detallado el dispositivo municipal que la ciudad desplegará para la jornada electoral.

El 14 de febrero habrá 365 colegios electorales en Barcelona, 94 más que en las anteriores elecciones generales (un 34,68% más), y 35 equipamientos han dejado de ser colegio electoral por no cumplir con las medidas sanitarias.

Por primera vez, y para adaptarse a las medidas sanitarias, se usarán equipamientos deportivos (23) y mercados municipales (10) como colegios electorales --entre ellos el Mercat de Sant Antoni, donde habrá cuatro colegios electorales--, y también habrá 58 espacios electorales privados (21 más), como el auditorio del Barça.

Debido a la adaptación de la jornada por la pandemia, casi 4 de 10 electorales (un 37% del total), votará en un colegio diferente al habitual, y el Ayuntamiento ha preparado una campaña informativa para que la ciudadanía verifique su punto de votación, que podrá hacerlo en la tarjeta censal.

Para las próximas elecciones, el censo se sitúa en 1.099.268 electores, mientras que en los últimos comicios de 2019 fue de 1.122.989, un descenso que Casas ha atribuido al padrón municipal y ha descartado que tenga que ver con la mortalidad provocada por la pandemia.

MESAS DE CUATRO METROS

Habrán 1.929 mesas electorales, 495 más que en las últimas elecciones generales, y se pasará de una media de 783 electores por mesa a 570 electores por mesa (un 27,23% menos), con el objetivo de reducir las colas y aglomeraciones.

Las mesas serán de cuatro metros para garantizar la separación de 1,5 metros entre los miembros y, en algunos casos, se habilitarán carpas en el mismo colegio como espacio auxiliar para dar sitio a las mesas que no quepan en el mismo punto de votación.

Las colas se harán en la calle, de manera que en el momento de votar solo esté el elector y los miembros de la mesa, y la entrada y salida se hará por sitios diferentes para evitar que las personas se crucen.

DISPOSITIVO DE LIMPIEZA

Para poder votar "con total seguridad" y sin ningún riesgo para la salud, el Ayuntamiento ha contemplado un dispositivo de limpieza que incluye la desinfección de todos los colegios, antes, durante y después de las elecciones; además de un dispositivo de retirada de los Equipos de Protección Individual (EPI) una vez finalizada la jornada, así como la desinfección específica de la vía pública en las inmediaciones de los colegios.

Además, habrá 1.085 personas voluntarias --más gente de la que en realidad se necesita, según Berbel-- que garantizarán que los centros de votación se adecuan a los protocolos establecidos y que los electores cumplen con las medidas, y un refuerzo de 935 agentes de la Guardia Urbana que trabajarán durante toda la jornada coordinados con los Mossos d'Esquadra.

Berbel ha asegurado que se podrá votar "con total tranquilidad" y ha destacado la coordinación y el esfuerzo que ha hecho el Ayuntamiento durante los últimos meses para garantizar una convocatoria electoral con los mínimos riesgos para la salud.

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ha informado de que el Ministerio de Sanidad va a impulsará un protocolo de actuación coordinado con todos los agentes implicados, así como Fuerzas de Seguridad del Estado, para actuar y prevenir este tipo de situaciones. Además, entre otras medidas, se ofrecerá apoyo jurídico a las personas afectadas.

La organización se ha pronunciado así tras una reunión con Sanidad en la que ha presentado a los sindicatos del ámbito un informe en el que advierte del incremento en el número de agresiones a los profesionales del Sistema Nacional de Salud por parte de los usuarios.

Se trata esta de la primera reunión de la mesa del ámbito tras un año de parón. En este sentido, el departamento que dirige Carolina Darias se ha comprometido a reactivar el diálogo con los sindicatos y a realizar reuniones trimestrales con los temas prioritarios: temporalidad, déficit de plantillas, mejora de condiciones, prevención de riesgos laborales, jubilación anticipada, recatalogación de categorías o la situación del personal ante el covid19.

Según los últimos datos (2018), hay una tasa de 17,7 agresiones por cada 1.000 profesionales (casi tres puntos más respecto al año anterior). En su mayoría, son mujeres, médicos y enfermeras, y la persona agresora en la mayoría de los casos es el paciente, normalmente un hombre.

En este sentido, CSIF ha avisado de que este tipo de situaciones se han visto agravadas en la actualidad como consecuencia de la crisis del covid19, el déficit en las plantillas y el deterioro en la asistencia sanitaria.

"Por eso, consideramos que hay que actuar con celeridad. Entre otras medidas, reclamamos reforzar la seguridad en todos los centros sanitarios (protocolos contra agresiones, mayor presencia policial, cámaras de vigilancia, botones del pánico, actuaciones de prevención y medidas de autoprotección para los trabajadores); apoyo psicológico, jurídico y de acompañamiento; formación a profesionales y endurecer las sanciones", han dicho desde la organización.

En lo que se refiere al deterioro asistencial, CSIF ha lamentado los últimos datos de la Seguridad Social que indican la destrucción de un total de 9.547 empleos a lo largo del mes de enero. Para CSIF, resulta "indignante" que se haya prescindido de efectivos en uno de los peores meses de la pandemia, en el que se han vuelto a disparar los contagios y la presión hospitalaria, con las UCI al límite.

"Sanidad nos ha trasladado el compromiso de impulsar un registro unificado de personal del Sistema Nacional de Salud para mejorar la planificación, como reclama CSIF, y ha reconocido que carecen de datos unificados de las comunidades autónomas", ha añadido la organización sindical.

Para CSIF, la Sanidad, en concreto, requiere un plan adicional con 289.235 nuevas plazas entre 2021-2031 para equipararse a la media de la Unión Europea. Y es que, España cuenta con tres camas de hospital por cada mil habitantes, frente a las cinco de la media UE o las ocho de Alemania, con lo que conlleva de personal.

"La sanidad tiene un problema de personal estructural, tanto de médicos como de Enfermería, de tal manera que se han tenido que adoptar medidas como la contratación de médicos extracomunitarios sin título homologado, estudiantes en el último año de grado o la movilidad forzosa. Sanidad también mostró su preocupación por la alta tasa de temporalidad, que puede llegar hasta el 60 por ciento en algunas comunidades autónomas", ha apostillado.

Finalmente, en la reunión CSIF también ha reclamado que se aclare el procedimiento para reconocer la enfermedad profesional al personal de la sanidad contagiado con anterioridad a esta norma, que se refuerce la prevención en el personal que se encuentra en primera línea ante el aumento de los contagios y que se realicen estudios de seroprevalencia y PCR periódicas.

El jefe de la Unidad Central de Redes e Inmigración y Falsedades Documentales (Ucrif), Gonzalo Calleja, ha señalado este miércoles que una de las tres menores guineanas obligadas a prostituirse por la recién desarticulada organización de trata de seres humanos y explotación sexual infantil intentó suicidarse al ser amenazada con ser devuelta a Guinea para continuar ejerciendo la prostitución bajo la influencia de la red criminal.

La operación, que comenzó a principios del mes de diciembre, se ha saldado con la detención de siete personas en Mahón y Es Castell, la mayoría de ellas mujeres, todas de origen guineano, que está previsto que este mediodía pasen a disposición judicial.

Calleja ha explicado que hay tres familias implicadas en la trama, aunque ha especificado que la máxima responsable era una mujer guineana de unos 70 años. Una de sus hijas residente en Guinea y que no ha sido arrestada por el momento era la encargada de captar a las menores y llevarlas a Menorca con documentación falsa que hacía constar que eran supuestas "nietas" de la cabecilla.

Sin embargo, el jefe de la Ucrif ha apuntado que, según consta en una de las declaraciones de las víctimas, personas del ejército de Guinea podrían haber facilitado a las víctimas e incluso conseguir documentación falta para que pudieran regularizarse en España.

"Les decían que iban a tener una vida mejor en España y cuando llegaban a Menorca eran obligadas a prostituirse para pagar la deuda que supuestamente habían contraído con la organización", ha manifestado.

Desde la Ucrif tienen constancia de la explotación de tres menores de edad, dos de 16 años y una de 17, aunque hay otras dos víctimas acreditadas mayores de edad. La organización estaba operativa desde hace por lo menos dos años y, según Calleja, se están realizando gestiones para localizar más víctimas que hayan sido explotadas a lo largo de este periodo.

Las víctimas vivían en los domicilios de las líderes de la organización, aunque una de las mayores de edad estaba emancipada, aunque seguía dependiendo de la misma por miedo a posibles represalias a sus hijos residentes en Guinea.

"Hay miembros de la organización en Guinea que, para que las víctimas continuasen bajo el sometimiento de la organización, sometían a sus hijos a diversas vejaciones e incluso les daban latigazos", ha indicado Calleja.

De este modo, ha remarcado que la investigación continúa abierta, aunque ha precisado que los miembros de la organización todavía sin detener se encuentran en Guinea. En este punto, ha hecho hincapié en la colaboración con la policía del país para llevar a cabo futuras detenciones.

Las menores estaban escolarizadas y, según ha dicho el jefe de la Ucrif, eran obligadas a prostituirse sólo con clientes "habituales y de confianza" y de forma esporádica. En este punto, ha indicado que la cabecilla de la organización era la encargada de concertar los encuentros de las menores con los clientes. "Estamos haciendo gestiones para reconocer a estos clientes", ha concluido.

El Foro de Organizaciones de Periodistas (FOP) ha reclamado este miércoles al Gobierno que se reconozca el derecho de los periodistas a que se respete la integridad de su obra, que se les reconozca como autores individuales y que reciban una compensación material por su difusión o por su reutilización.

Según ha defendido la organización, una publicación periódica "no es una obra colectiva, sino una obra compleja en la que distintos autores insertan diversos trabajos, como puede ser una crónica, un análisis o un reportaje, además de incluir otros contenidos".

En este sentido, la entidad ha reclamado al Gobierno que, ahora que tiene que transponer a la legislación española la Directiva Europea 2019/790, reconozca y regule los derechos de autor de los profesionales de la información.

Por otro lado, el FOP también ha solicitado al Ejecutivo y a los grupos parlamentarios del Congreso de los Diputados que promuevan una ley reguladora del secreto profesional de los periodistas "para asegurar la libertad de prensa y el ejercicio de la profesión periodística" en España.

El FOP ha argumentado que se trata de un mandato de la Constitución, que en su artículo 20 establece que "La ley regulará el derecho a la cláusula de conciencia y al secreto profesional en el ejercicio de estas libertades".

"Han transcurrido más de 42 años desde que fue aprobada la Constitución y todavía no han legislado sobre este derecho fundamental. Esta falta de desarrollo legal ha hecho posible que algunos jueces hayan requisado móviles y ordenadores a periodistas e investigado sus fuentes de información para encontrar el origen de determinadas filtraciones, hecho que vulnera el secreto profesional y socaba la libertad de prensa en España", ha manifestado.

Ante la crisis que ha provocado la COVID-19, el FOP ha reclamado a las empresas de medios de comunicación que proporcionen a sus informadores los equipos necesarios para protegerse de la pandemia, y ha hecho un llamamiento a que se extremen las precauciones, tanto dentro como fuera de sus empresas.

El FOP está integrado por el Col.legi de Periodistes de Catalunya, Colexio Profesional de Xornalistas de Galicia, Agrupaciones de Periodistas de CCOO y UGT, Federación de Sindicatos de Periodistas (FeSP) y UPIFC-Sindicat de la Imatge.

Confemetal ha advertido de que los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) no son más que una medida coyuntural y que buena parte de los mismos se transformarán en ERE "antes o después", por lo que pide reformas para revitalizar los sectores más castigados por la crisis.

En su último boletín de coyuntura, la patronal del metal reconoce que los ERTE han sido "una herramienta eficaz, una tabla de salvación para muchas empresas y un freno a la sangría del empleo", pero también avisa de que no pueden durar eternamente.

"Los ERTE están sirviendo para amortiguar el impacto del Covid en el mercado laboral, pero hay que ser realistas, no es posible hibernar 'sine die' la devastadora situación económica que padecemos", subraya la organización empresarial, integrada en CEOE.

Advierte además de que mantener los ERTE demasiado tiempo "puede prolongar la agonía de algunas empresas que ya no podrán salir a flote", debido a que la caída de la demanda sea más permanente de lo esperado o porque se trata de empresas que ya estaban muy debilitadas antes de la crisis sanitaria.

Pero, al mismo tiempo, Confemetal subraya que retirar los ERTE antes de tiempo podría ahogar a algunas empresas que sufren caídas temporales de la demanda y que necesitan este instrumento para sobrevivir hasta que se recuperen.

"Este instrumento de ajuste temporal del empleo no es más que una medida coyuntural, antes o después buena parte de estos ERTE se transformarán en ERE, por lo que es necesario emprender las reformas que sean necesarias para vivificar a los sectores y empresas españolas más afectadas, así como demostrar y convencer a los mercados y a la UE de la solvencia de nuestra economía", defiende Confemetal.

En todo caso, la patronal metalúrgica ha dado la "bienvenida" a la nueva prórroga de los ERTE y de las prestaciones de autónomos hasta el 31 de mayo ante la fuerte expansión del virus, las "inciertas" previsiones económicas sobre España, los retrasos en la vacunación y la aparición de nuevas cepas de Covid, "que pueden retrasar la tan ansiada normalidad".

PROBLEMAS POR LA MORATORIA DE LOS CONCURSOS

Por otra parte, en relación a la moratoria en los concursos de acreedores, que finaliza el próximo 14 de marzo, Confemetal señala que la prórroga o no de esta medida "traerá sin duda problemas de insolvencia difíciles de gestionar".

En el primer caso, es decir, si se prorroga más allá del 14 de marzo, la patronal del metal advierte de que supondría "mantener el coma inducido a empresas que difícilmente pueden mantener sus constantes vitales".

En el supuesto de que no se prorrogara esta moratoria, el problema vendría por el "alud" de expedientes que inundaría los Juzgados de lo Mercantil, según apunta Confemetal.

La Asociación de distribuidoras independientes en España (ADICINE) ha reclamado este miércoles 3 de febrero más apoyo de TVE para la compra de películas al tiempo que han reiterado a las salas que "tengan en cuenta el esfuerzo" realizado durante la pandemia para estrenar películas.

"Nosotros desde el principio de la pandemia hemos solicitado al Gobierno que haya un apoyo de TVE para la compra de títulos a distribuidores independientes. Está programando una cantidad muy pequeña de películas independientes y esto sería igual que el apoyo a las películas españolas" ha señalado Miguel Morales, presidente de ADICINE.

Asimismo, Morales ha adelantado que otra de las solicitudes de la asociación al ICAA es la del incremento de puntos en las ayudas a producción para una "discriminación positiva" a productores independientes. "Hemos demostrado que estamos ahí y defendemos el cine español en las salas", ha añadido.

De hecho, los miembros de ADICINE han distribuido en 2020 un 50% más de películas españolas que en el año anterior, con un incremento del 30% de recaudación, a pesar de la bajada global de la taquilla, un 73% según datos de Rentrak.

Desde esta asociación se ha resaltado su labor de apoyo a las salas cinematográficas desde el inicio de la pandemia, afirmando que estará "con las salas mientras haya un solo cine abierto". No obstante, consideran que esta "apuesta clara" por las salas de cine debería tener su repercusión al concluir la pandemia, frente a las 'majors' que ha optado por guardarse estrenos.

"Creemos que a partir de ahora las salas nos deben de tener más en cuenta y sabrán del esfuerzo de todas las distribuidoras independientes para tener películas en un momento en que el mercado no ha tenido. Hemos arriesgado y estado ahí, incluso sacrificando el resultado final a veces", ha lamentado Carles Rojano, uno de los vocales de la asociación.

En un momento en el que el consumo audiovisual se halla en sus máximos históricos, creemos firmemente en la importancia de mantener una fuerte presencia del cine independiente como garantía de la diversidad cultural, imprescindible para promover la libertad de elección y la imaginación del espectador", ha señalado la asociación.

Así, desde ADICINE se han comprometido a seguir trabajando en esta línea para que la oferta continúe creciendo "en beneficio de la pluralidad, actualmente más necesaria que nunca". Como han señalado, desde la reapertura de los cines después del confinamiento, las películas de la distribución independiente constituyen el 93% de los estrenos.

60 NOMINACIONES A LOS GOYA

Las catorce distribuidoras independientes que conforman esta asociación cuentan con 18 películas nominadas a los Premios Goya, con 60 nominaciones, entre ellas cuatro de las cinco a Mejor Película. La cifra total de los títulos distribuidos por compañías independientes que aspiran a los Goya es de 26 películas con 75 nominaciones.

Entre los estrenos más relevantes de los miembros de ADICINE en 2020 se encuentran la última película de Woody Allen, 'Rifkin's Festival', distribuida por Tripictures; 'Madre Oscura', de SelectaVisión, o la comedia española 'Superagente Makey' de DeAPlaneta.

ADICINE está constituido actualmente por Avalon Distribución, Bteam Pictures, Caramel Films, DeAPlaneta, Festival Films, Filmax, Golem Distribución, Karma Films, La Aventura Audiovisual, SelectaVisión, Syldavia, Tripictures, Vértigo Films y Wanda Visión.