Unidas Podemos y formaciones independentistas como Bildu, ERC, Junts, PDeCAT y la CUP defenderán este martes en el Pleno del Congreso una proposición no de ley para acabar lo que consideran una «imposición legal del castellano» en España, y a tal fin reclaman extender el uso de las lenguas cooficiales reconocidas, garantizando su uso en el Congreso, los tribunales de justicia o RTVE, permitiendo que figuren en el etiquetado de productos, y reconociendo nuevas, como el asturiano.
Estos partidos, junto con el PNV, Más País, Compromís y el BNG, justifican la presentación de esta iniciativa en la necesidad de que España cumpla con los acuerdos internacionales que ha ratificado, como la Carta Europea de las Lenguas Regionales o Minoritaria, así como la Declaración Universal de los Derechos Lingüísticos o el Protocolo para la Garantía de los Derechos Lingüísticos, y garantice, por ende, la diversidad lingüística y el pluralismo.
«Un Estado debe ser excluyente con todas las discriminaciones, sea cual sea su razón, también la lingüística», señalan en el texto, apuntando la situación de «discriminación» a la que, a su juicio, han sido sometidos en algunas comunidades con lenguas propias distintas del castellano.
EL MISMO RECONOCIMIENTO QUE EL CASTELLANO
Esta proposición nace a iniciativa de asociaciones como Plataforma per la Llengua, Òmnium Cultural, Kontseilua, A Mesa pola normalización lingüística, Nogara, Ciemen, Iniciativa pol asturianu y Acció cultural del País Valencià y del documento titulado ‘Plurilingüismo: libertad, igualdad y democracia’.
Representantes de estas organizaciones tienen previsto este martes por la mañana celebrar un acto de apoyo a esta iniciativa en la conocida como Puerta de los Leones junto a miembros de los partidos firmantes de la misma.
En el texto, de cuya defensa en el Pleno se encargará Bildu, se insta al Gobierno a impulsar acciones para que lenguas como el catalán, el euskera, el gallego o el valenciano gocen «del mismo reconocimiento» que el castellano, y sus hablantes «de los mismos derechos y deberes», y a garantizar que los funcionarios que prestan servicios en esos territorios la conozcan.
En la redacción original, los proponentes -entre los que inicialmente figuraba ERC- también emplazaban al Gobierno a garantizar el uso de las diferentes lenguas en otras instituciones, organismos y tribunales de justicia nacionales. Sin embargo, la Mesa del Congreso, atendiendo las indicaciones de los letrados de la Cámara, pidió a Unidas Podemos y al resto de partidos reformular este punto en tanto que no pueden instar al Ejecutivo a acometer actuaciones que «exceden de su competencia».
En el texto final aparece este punto ya modificado, en el que los promotores llaman al Gobierno a aprobar las iniciativas legislativas oportunas para garantizar el uso del catalán, el euskera, el gallego o el valenciano en las Cortes Generales, los tribunales Constitucional, Supremo y la Audiencia Nacional, organismos como la Agencia Tributaria o la Seguridad Social, u otras empresas y entidades públicas como RTVE.
Además, reclaman que el Estado garantice la capacitación de las lenguas propias del personal de todas las administraciones públicas, incluida la Justicia, y el uso generalizado en las páginas oficiales, así como el «reconocimiento internacional» de estas lenguas «en paridad con el castellano».
