La secretaria de Estado de Asuntos Exteriores y para Iberoamérica y el Caribe, Cristina Gallach, ha remarcado este viernes que la política exterior de España la marca el Ministerio del que ella forma parte, ante los avisos del PP sobre las interferencias del vicepresidente Pablo Iglesias.

Durante una comparecencia en la Comisión de Asuntos Iberoamericanos del Senado, el 'popular' Gonzalo Robles le ha dicho Gallach que se alegra "infinito" y espera que, efectivamente, la política la marque el Ministerio, pero ha advertido de que "los versos sueltos pueden dar muchos disgustos" y estropear asuntos en los que se lleva mucho tiempo trabajando.

A su juicio, Iglesias está interfiriendo en asuntos que no son de su competencia y que, además, tradicionalmente son objeto de consenso y puede generar en ellos "muchísima dificultad".

De hecho, al margen de las alusiones a Iglesias, en la primera comparecencia de Gallach en el Senado el ambiente ha sido de cooperación y el 'popular' ha asegurado que su partido no va a "romper el consenso en política exterior", pero ha pedido al Gobierno que tampoco se aparte de él.

Sus palabras han sido recibidas con una invitación del portavoz socialista, José Cepeda, a que el PP apoye los Presupuestos Generales del Estado (PGE) y la secretaria de Estado se ha sumado.

Tanto Robles como Alberto Catalán, de UPN, han cargado duramente contra el papel de Iglesias en el viaje a Bolivia para asistir a la toma de posesión de Luis Arce, "firmando un manifiesto de parte y con socios que generan inquietud sobre los derechos humanos". En su intervención inicial, la secretaria de Estado se había referido al viaje a Bolivia como un "momento de gran diplomacia en todos los sentidos de la palabra".

Además, ha defendido que, en estos meses, el Gobierno ha dejado claro que es capaz de "hablar con todos" y, cuando hay problemas, "pasar mensajes y actuar". "En ningún momento dejamos de decir lo que pensamos y, además, actuamos", ha dicho, poniendo como prueba el hecho de que el nuevo enviado a Venezuela no tiene categoría de embajador sino de encargado de negocios, porque España no reconoce "el régimen de Nicolás Maduro".

No obstante, Gallach, aparte de dejar claro que la política la lidera Exteriores, no ha respondido a la pregunta del senador de UPN sobre si Iglesias firmó esa 'Declaración de La Paz' como vicepresidente.

Tampoco a si el Gobierno ha hecho algún encargo al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero en relación con Venezuela, a los criterios para nombrar al nuevo embajador en Cuba o a por qué España no se suma a la denuncia contra Nicolás Maduro en el TPI, como quería saber Emilio Argüeso, de Ciudadanos.

Robles también ha advertido a Gallach de las declaraciones de Podemos sobre el Sáhara Occidental, "un tema extremadamente sensible en las relaciones con Marruecos y que tiene una implicación muy directa en las crisis migratorias".

Por otro lado, ante los bicentenarios de las independencias de México, Perú y Centroamérica, que se celebran en 2021, ha pedido al Gobierno que no afronte las efemérides, con "resignación ante las críticas" y aceptando una supuesta "culpa" por la conquista como vía para facilitar el acercamiento. Y es que, a su juicio, el argumento de "mirar al futuro" que esgrime Exteriores "supone dar por bueno", por ejemplo, la retirada de estatuas del legado español en la región.

Gallach, que ha apuntado que hace meses que han comenzado los contactos para preparar mensajes y enfoques conjuntos, ha señalado que España plantea la cita "como reflexión hacia el pasado pero sobre todo como reflexión conjunta volcada hacia el futuro" y ha asegurado a los senadores que el Gobierno defiende y pone en valor el legado español.

El Pleno del Consejo Audiovisual de Andalucía (CAA) ha aprobado una 'Instrucción sobre señalización y calificación de contenidos audiovisuales televisivos' en la que se fijan los criterios de avisos acústicos y visuales y el sistema de clasificación por edades que deben aplicar los prestadores audiovisuales bajo la competencia de este órgano. El objetivo es salvaguardar el derecho que tienen los menores, padres, madres y educadores a disponer de la información y los medios adecuados para un acceso responsable a los programas.

El CAA busca así una mejor protección de los más jóvenes ante los contenidos audiovisuales, a través de facilitar el control parental y de fomentar la alfabetización mediática al proporcionarse una selección crítica de los programas. Estos criterios serán además los que utilice el Consejo en sus labores de vigilancia y control de la adecuada calificación por parte de las cadenas.

Según un comunicad, la instrucción se ha elaborado de acuerdo con los estándares y criterios básicos establecidos a nivel nacional. De esta forma, se desarrollo lo dispuesto en la Ley General de la Comunicación Audiovisual (LGCA) y en el Código de Autorregulación de Contenidos Televisivos e Infancia, así como en la Ley Audiovisual de Andalucía (LAA), que extiende la obligación de señalización a los servicios a petición no sometidos a restricciones horarias.

Ante los nuevos hábitos de consumo audiovisual, el CAA considera necesario, por un lado, un comportamiento activo de padres y educadores y, por otro, el establecimiento de sistemas homogéneos y coherentes independientemente del soporte o medio a través de los que se acceden a los contenidos: televisión, plataformas de intercambio de vídeos, cine, videojuegos, etcétera. Asimismo, determinados horarios y periodos requieren de una sensibilidad especial de las prestadoras para evitar que las personas menores de edad accedan a contenidos inadecuados.

La instrucción estipula que los prestadores de servicio de comunicación audiovisual televisiva bajo competencia del Consejo deben calificar y señalizar los contenidos que emiten de acuerdo con los criterios establecidos en el Código de Autorregulación sobre Contenidos Televisivos e Infancia, aprobados y verificados por la autoridad audiovisual nacional. El sistema de calificación y señalización se aplicará a los programas y también a los contenidos promocionales de los mismos.

Las series, miniseries y tv movies, así como los largometrajes y cortometrajes que no hayan sido previamente valorados por el Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales (ICAA), serán calificados por el prestador de televisión en abierto.

CRITERIOS PARA LA CALIFICACIÓN

Las variables que las operadoras deben analizar para evaluar el grado de idoneidad para cada categoría de edad son la violencia, el sexo, el miedo o la angustia, las drogas y adicciones, la discriminación, conductas imitables y el lenguaje. A su vez, cada uno de estos contenidos se subdivide en otros y se valorarán según unos moduladores previstos en función del tipo de presencia o presentación, de la intensidad, del grado de realismo o la frecuencia, en su caso, determinando finalmente la franja de edad adecuada para poder visionar el programa en concreto.

De esta forma, y en el caso por ejemplo de los contenidos violentos, cuando estos se presenten de forma realista, explícita y detallada se calificará para mayores de 12 años; para mayores de 16 cuando además sea frecuente; y para mayores de 18 años cuando además se haga de forma positiva o con recursos que potencien el impacto.Asimismo, la violencia sexual tendrá una consideración más restrictiva que el resto.

Los criterios que deberán aplicarse en el caso de que los programas no hayan sido objeto de una calificación previa son el género, los contenidos positivos para la infancia y los contenidos potencialmente perjudiciales para la infancia.

SEÑALIZACIÓN DE LOS PROGRAMAS

Con el fin de informar de la idoneidad de los programas para los menores, los prestadores del servicio de televisión, tanto lineal como a petición, deben incluir los indicativos acústicos y visuales de la calificación en todos los espacios que emitan, a excepción de los programas informativos y diferentes acontecimientos como los deportivos, musicales, culturales, políticos, corridas y encierros taurinos, menos aquellos que por su contenido requieran una calificación específica, como la lucha o el boxeo.

El indicativo visual se mantendrá a lo largo de todo el programa, independientemente de la calificación de edad. Por su parte, la señalización se realizará de acuerdo con la valoración que hayan tenido los contenidos en función de la edad y con las categorías siguientes: Especialmente recomendada para la infancia, Apta para todos los públicos, No recomendada para menores de siete años, No recomendada para menores de doce años, No recomendada para menores de diecisiete años, No recomendada para menores de dieciocho años y Película X.

Al comienzo y a la reanudación de los programas, tras los cortes publicitarios, la señalización debe aparecer de manera intermitente durante cinco segundos. Además, al inicio hay que incluir un 'scroll' en el que se pueda leer con claridad "programa no recomendado para menores de... años" acompañando al símbolo correspondiente.

Junto al icono relativo a la edad recomendada, se aconseja incluir también una referencia literal o, en su caso, un icono descriptor que identifique el tipo de contenido perjudicial que ha motivado su rango de edad. Esta señalización se incluirá en la información de la programación que se ofrece al público a través de los distintos medios (web, redes sociales, etcétera).

ADVERTENCIA ACÚSTICA

Como medios acústicos de advertencia, en todos los programas cuya clasificación los haga no recomendables para menores de dieciocho años o en espacios o películas X se establece una señal sonora, homogénea para todos los prestadores de televisión y de un segundo de duración, coincidente con el inicio de la emisión del símbolo gráfico.

En el caso de los informativos, la instrucción establece que se deberá advertir verbalmente y antes de su emisión de los contenidos susceptibles de perjudicar el desarrollo físico, mental o moral de los menores, en particular aquellos que contengan imágenes de especial crudeza.

Los criterios de clasificación y señalización tienen el carácter de mínimos, por lo que no excluyen la posibilidad de que las televisiones, de manera individual, puedan proporcionar información adicional destinada a los adultos responsables de los menores de edad o sistemas de control parental.

El CAA recuerda igualmente a través de esta instrucción que el horario general de protección de la infancia comprende desde las 06,00 a las 22,00 horas. Asimismo, las comprendidas, por un lado, entre las 7,00 y las 9,00 y entre las 17,00 y las 20,00 horas en el caso de días laborables y, por otro, entre las 9,00 y las 12,00 horas y las 17,00 y las 20,00 horas en el caso de sábados, domingos y los días que sean declarados como festivos o no laborables de carácter nacional y los que así se determinen para la comunidad autónoma andaluza.

También se relacionan las emisiones de contenidos audiovisuales que están prohibidas tanto por la Ley General de Comunicación Audiovisual. Respecto a la emisión de programas dedicados a juegos de azar y apuestas y los relacionados con el esoterismo y la paraciencia, así como las comunicaciones comerciales sobre estas materias, solo pueden emitirse entre la 1,00 y las 5,00 horas.

El CAA realizará de oficio el control de estas obligaciones de señalización y calificación de contenidos que deben acatar las prestadoras de servicios audiovisuales, y podrá requerirles que faciliten los datos adicionales, con el detalle necesario, que permitan comprobar el cumplimiento de estas exigencias.

Los casos activos de COVID-19 asociados a guarderías, colegios e institutos gallegos han caído en 14 en un día, hasta situarse en el total de 1.194, que obligan a mantener 46 clases cerradas. De hecho, ha mejorado la situación en el CEIP Fogar de Carballo (A Coruña), centro más afectado de toda Galicia, puesto que caen de 40 a 32 --ocho menos-- las personas con la enfermedad y las aulas en cuarentena son ocho, una menos que una jornada atrás.

Sin embargo, de acuerdo con los datos hechos públicos este viernes por la Xunta, el área sanitaria de Vigo continúa como principal foco de contagio y acumula casi un tercio de los positivos relacionados con la comunidad educativa en toda Galicia.

En concreto, registra 344 casos activos de COVID-19, cuatro más que en los datos de este jueves, mientras que también han subido hasta las nueve --una más-- las clases que se encuentran en cuarentena por la pandemia.

Del área de influencia viguesa, el CPR Plurilingüe El Castro es el que registra más positivos, un total de 13, pero no tiene ningún aula clausurada. Destacan también los 10 casos activos del CIFP Manuel Antonio y los siete del CPR Mendiño, todos ellos en la ciudad olívica.

A CORUÑA Y SANTIAGO

Sigue a esta el área sanitaria de A Coruña, donde este viernes hay 262 casos de coronavirus, una decena menos que este jueves. Además, hay 18 clases cerradas, dos menos.

En esta zona, el CEIP Fogar de Carballo es el de mayor incidencia de la pandemia, pero también cabe mencionar la situación del Compañía de María de A Coruña y el CPI Alcalde Xosé Pichel de Coristanco, con ocho positivos cada uno.

En el lado opuesto está el área de Santiago, que ha registrado un ascenso en el total de casos activos, que se sitúan en 116 --cuatro más--, si bien las unidades en cuarentena se mantienen en cuatro.

Como centros con más número de positivos figuran la escuela municipal A Magdalena de Ames, que mantiene una clase cerrada, además del IES Manuel García Barros de A Estrada y el CPR Manuel Peleteiro de la capital gallega, con cinco cada uno.

BAJAN LUGO, PONTEVEDRA Y OURENSE

Mientras tanto, siguen en descenso los infectados asociados a la comunidad educativa del área de Lugo, aunque continúa como la tercera más afectada tras Vigo y A Coruña. Los centros lucenses contabilizan este viernes 168 positivos --12 menos-- y las clases cerradas ascienden a nueve --una más--.

De todos ellos, el CPR Plurilingüe Divino Maestro y el CEIP A Ponte de la capital provincial notifican siete contagios cada uno. A estos les siguen el IES Ánxel Fole de la misma ciudad y el IES Santiago Basanta Silva de Vilalba, con seis.

En el área sanitaria de Pontevedra han bajado en uno, hasta 152, los casos activos de COVID-19, que obligan a mantener un total de cuatro unidades clausuradas --las mismas que este jueves--. En esta zona, destacan el CEIP Enrique Barreiro Piñeiro de Cambados, el IES Chan do Monte de Marín, el CPR Sek-Atlántico de Poio y el CPR Santiago Apóstol de Soutomaior, con seis positivos respectivamente.

Por su parte, el área de Ourense continúa como la segunda que menos enfermos de coronavirus vinculados a los centros educativos acumula, con un total de 92, uno menos que 24 horas atrás.

No obstante, si este jueves no había clases cerradas por la pandemia, este viernes hay una, concretamente en la escuela infantil de Xinzo de Limia, que notifica un positivo. Como el colegio ourensano que se ve más afectado por la pandemia está el CEIP Carlos Casares, también en Xinzo, con ocho casos. En cuanto al resto de la provincia, el CEIP Plurilingüe de Ribadavia contabiliza siete infectados.

Finalmente, comon área menos afectada por la crisis sanitaria está la de Ferrol, que sin embargo suma dos nuevos casos activos, hasta situar el total en 60, y notifica una clase en cuarentena, en la guardería Cativos, cuando hace un día no había ninguna. Además, cabe mencionar la situación en el CEIP Manuel Fraga Iribarne, con seis positivos, como el caso más grave de esta zona.

Plena Inclusión España ha tachado de "éticamente inaceptable" que algunas personas "están utilizando" los rostros, voces y dificultades o limitaciones de los niños con discapacidad intelectual "como arma arrojadiza en el debate público" sobre la nueva Ley Orgánica de modificación de la LOE (LOMLOE), más conocida como 'Ley Celaá'.

Así lo ha denunciado este viernes la organización que trabaja por la plena inclusión de las personas con discapacidad intelectual o del desarrollo y sus familias. "Esta campaña, de forma irresponsable, está contribuyendo a agravar los prejuicios y estereotipos sociales a los que se enfrentan nuestros hijos e hijas cada día de sus vidas", ha alertado.

Por otro lado, ha rechazado "la difusión de información manipulada o parcialmente falsa sobre lo que dice la ley y sobre el futuro de los centros de educación especial".

De este modo, Plena Inclusión ha defendido que "cuando existen suficientes apoyos en el ámbito escolar ordinario, el resultado obtenido es muy positivo" y ha añadido que la educación especial tiene "insuficientes recursos" que, generalmente, tienen que compensar las familias. "Por ello, las administraciones educativas deben garantizar la financiación necesaria", ha recalcado.

Respecto los aspectos positivos de la 'Ley Celaá', la organización ha indicado que "elimina una discriminación histórica porque reconoce el derecho a una titulación adaptada a los alumnos y alumnas".

"La nueva ley admite que es necesario mejorar la capacidad de los colegios ordinarios en los cuales cursan estudios la mayor parte de los niños y niñas con discapacidad intelectual o del desarrollo. Ellos tienen derecho, como cualquier alumno o alumna, a una educación de calidad que permita una inclusión real", ha manifestado.

Asimismo, ha hecho hincapié en que los colegios de educación especial "se reconocen como fuente de conocimiento y experiencia imprescindible", por lo que se les da "un papel fundamental como centros de referencia y apoyo para todo el sistema educativo con la finalidad de mejorar la atención a la diversidad".

No obstante, también rechazan que la ley no prevé "los recursos para garantizar una escolarización óptima del alumnado", que no se reconoce a las familias "el derecho a elegir modalidad educativa con los recursos necesarios" y que "no hay garantía de apoyo para la red de centros concertados de Plena Inclusión".

El Pleno del Congreso aprobó este jueves el dictamen de la Comisión de Educación y FP sobre la LOMLOE, con los votos a favor del PSOE, Unidas Podemos, ERC, PNV y Más País. Por tanto, la iniciativa será remitida al Senado para continuar con el trámite parlamentario.

El Gobierno de España ha concedido 47,8 millones a entidades locales de 13 comunidades autónomas por los daños causados por temporales, incendios y otras catástrofes sucedidas entre junio y septiembre de 2019, tres de los cuales llegarán a Castilla-La Mancha.

Así lo recoge la resolución del secretario de Estado de Política Territorial y Función Pública, Francisco Hernández Spínola, publicada este viernes en el Boletín Oficial del Estado (BOE), por la que se acuerda la asignación de las subvenciones previstas en el artículo 9 del Real Decreto-ley 11/2019, de 20 de septiembre, para adoptar medidas urgentes para paliar daños causados por temporales y situaciones catastróficas, según ha informado la Delegación en nota de prensa.

El delegado del Gobierno en Castilla-La Mancha, Francisco Tierraseca, ha destacado la importancia de los tres millones de euros que llegarán a los pueblos de la región que han sufrido temporales y "con la ayuda de esas subvenciones otorgadas por el Gobierno central podrán paliar destrozos ocasionados en sus instalaciones e infraestructuras".

Tierraseca, que ha mantenido una reunión de trabajo con la subdelegada del Gobierno en la provincia de Ciudad Real, María Ángeles Herreros, ha tenido ocasión de valorar la necesidad de estas ayudas para los municipios ciudadrealeños que vivieron una fuerte granizada en julio del pasado año, que ocasionó importantes destrozos.

Tal y como ha subrayado la ministra de Política Territorial y Función Pública, Carolina Darias, "el Gobierno de España está con la ciudadanía y las entidades locales, no sólo cuando suceden las catástrofes, sino también otorgando subvenciones para reparar los daños producidos en infraestructuras municipales" por estos sucesos que, como los temporales, "cada vez son más frecuentes".

"El Gobierno de España está con la ciudadanía pero también con las entidades locales del país; Diputaciones, Ayuntamientos, Consells y Cabildos insulares", ha hecho hincapié la ministra.

Las ayudas corresponden a la convocatoria de 25 de mayo publicada en el BOE del pasado 2 de junio, por las catástrofes en distintos territorios, como son, en la provincia de Toledo, así como la Comunidad de Madrid, los incendios forestales acaecidos entre los días 26 y 28 del mes de junio de 2019; y en la Comunidad Foral de Navarra, por las inundaciones padecidas el día 8 de julio de 2019.

Del mismo, se recogen los daños en la provincia de Ourense, por la tormenta de granizo e inundaciones registradas el día 8 de julio de 2019; la Comunidad de Madrid, las provincias de Zaragoza y Cáceres, la Comunidad Autónoma de La Rioja, las provincias de Segovia, Valladolid, Ávila, Toledo, Ciudad Real, Alicante, Castellón, Valencia, Sevilla y Málaga, la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia y la Comunidad Autónoma de Illes Balears, como consecuencia de los episodios de fuertes lluvias ocurridos los días 25, 26 y 27 del mes de agosto de 2019, cuando una Depresión Aislada en Niveles Altos (DANA) recorrió de oeste a este la península e Illes Balears.

También los daños producidos en la isla de Gran Canaria por los gravísimos incendios forestales declarados entre los días 10 y 17 del mes de agosto de 2019; y los de las provincias de Albacete, Alicante, Valencia, Almería, Málaga y Granada, la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, la Comunidad Autónoma de Illes Balears y la Comunidad de Madrid, por los graves sucesos causados por una DANA los días 12 a 16 del mes de septiembre de 2019.

35 MUNICIPIOS Y LA DIPUTACIÓN DE ALBACETE

35 municipios de Castilla-La Mancha, más la Diputación Provincial de Albacete, recibirán un total de 3.187.803,39 euros para ejecutar obras de reparación o restitución de: infraestructuras, equipamientos e instalaciones y servicios de titularidad municipal y de las mancomunidades, consecuencia de los destrozos ocasionados por temporales.

En la provincia de Albacete serán 24 municipios, más la Diputación Provincial, quienes recibirán 2.835.412,49 euros, entre los que destacan 473.207,95 euros asignados a Molinicos y los 207.500 euros que recibirá Yeste.

En la provincia de Toledo son nueve las localidades que contarán con 163.844,61 euros para reparar los destrozos causados por fuertes lluvias, donde destaca Borox, con una subvención asignada de 76.917,45 euros.

Y en la provincia de Ciudad Real se han asignado ayudas a dos municipios, que recibirán 188.546, 29 euros, de los que 144.913,33 llegarán a la localidad de Almedina y 43.633,14 para Villanueva de los Infantes.

El BOE de 2 de junio de 2020 publicó el extracto de la Resolución de 25 de mayo de 2020, de la Secretaría de Estado de Política Territorial y Función Pública, que aprobaba la convocatoria de las subvenciones previstas en el artículo 9 del Real Decreto-ley 11/2019, de 20 de septiembre, por el que se adoptan medidas urgentes para paliar los daños causados por temporales y otras situaciones catastróficas.

Las subvenciones tienen como finalidad la ejecución de obras de reparación o restitución de infraestructuras, equipamientos e instalaciones y servicios de titularidad municipal y de las mancomunidades dañadas por catástrofes naturales, así como redes viarias de las diputaciones provinciales, cabildos, consejos insulares y comunidades autónomas uniprovinciales.

Concluido el plazo de presentación de solicitudes, las subdelegaciones o Delegaciones del Gobierno comprobaron los requisitos y remitieron a la Dirección General de Cooperación Autonómica y Local, del Ministerio de Política Territorial y Función Pública, la relación de proyectos y sus cuantías susceptibles de obtener financiación.

Una vez determinados los proyectos susceptibles de obtener financiación, el Ministerio de Hacienda emitió informe favorable en los supuestos a que se refiere la disposición adicional primera de la Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2018.

Asimismo, de conformidad con lo previsto en la Ley 38/2003, General de Subvenciones, el Consejo de Ministros de 3 de noviembre de 2020, autorizó la concesión de subvenciones por cuantía superior a 12 millones de euros.

Culminada, por tanto, toda la tramitación del procedimiento de asignación, se publica hoy la Resolución de la Secretaría de Estado de Política Territorial y Función Pública para la concesión de las subvenciones.

Los positivos por PCR detectados en miembros de la comunidad educativa han obligado a la Consejería de Educación a poner en cuarentena 16 aulas en cuatro provincias de la Comunidad.

La medida afecta este viernes a un grupo de Ávila, seis aulas en Burgos, una de León, tres en Palencia, otras tres de Salamanca, una en Soria y otra de Zamora.

En concreto, en Ávila se ha puesto en cuarentena un grupo en el CEIP Cervantes, mientras que en Burgos, donde más aulas afectadas hay, la medida afecta a dos grupos de Infantil del CEIP Villagonzalo Pedernales, otro del colegio concertado Claret de Aranda de Duero (Primaria), a los centros concertados Jesús María y María Mediadora de la capital y al CEIP Marquesa de Camarasa, de Castrojeriz (en este caso es aula mixta, también de Primaria).

Por su parte, en León se ha puesto en cuarentena un aula del CEIP La Granja en la capital; en Palencia, la medida afecta a un grupo del CEIP Marqués de Santillana de Carrión de los Condes, del Centro Concertado San José de Palencia y del CEIP Villa y Tierra de Saldaña; en Salamanca a un grupo del CEIP San Francisco de Ciudad Rodrigo, a otro del Colegio Concertado María Auxiliadora de Béjar y uno del Colegio La Encarnación de Peñaranda de Bracamonte; en Soria un grupo de unitario de primero y segundo de Educación Primaria de Langa de Duero, perteneciente al CRA La Ribera; y en Zamora un aula en el CEIP de Fermoselle.

Los equipos COVID-colegios realizarán pruebas diagnósticas PCR a alumnos y profesores que hayan mantenido contacto estrecho con los casos positivos. En estos momentos, hay un total de 174 aulas en cuarentena en Castilla y León.

En concreto, de las 174 aulas cuarentenadas, cuatro son de Ávila; 52 de Burgos; 18 de la provincia de León; 17 de Palencia; 14 de Salamanca; nueve de Segovia; 14 de Soria; 32 de la provincia de Valladolid y 14 de Zamora.

En cuanto a los resultados de las pruebas PCR realizadas por los equipos COVID-colegios a los miembros de la comunidad educativa que han entrado en cuarentena, desde que empezara el curso se han confirmado 388 casos de alumnos y 34 de trabajadores con PCR positiva, 16 de las cuales se han confirmado en la última jornada y corresponden a otros tantos alumnos.

La Junta de Castilla y León recuerda a los padres de los niños que estén pendientes de resultados de PCR que no los lleven a su centro educativo hasta que no termine el periodo de cuarentena.

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos ha decidido apoyar la extensión durante 90 días de algunos de los programas de préstamo desplegados por la Reserva Federal en respuesta a la crisis provocada por la pandemia, mientras que ha determinado no prolongar más allá del próximo 31 de diciembre aquellos vinculados a la ley CARES, solicitando además el reembolso de 455.000 millones de dólares (383.285 millones de euros) en fondos sin usar.

"Yo participé personalmente en la redacción de la parte relevante de la legislación y creo que la intención del Congreso era que la autoridad para originar nuevos préstamos o comprar nuevos activos (ya sea directa o indirectamente) venza el 31 de diciembre de 2020", sostiene el secretario del Tesoro, Steven Mnuchin, en una carta remitida al presidente de la Fed, Jerome Powell.

A este respecto, el secretario del Tesoro solicita que la Reserva Federal "devuelva los fondos no utilizados", lo que permitirá que el Congreso reasigne para otros usos los 455.000 millones de dólares (383.285 millones de euros).

Entre los programas que el Tesoro no apoya extender se incluyen dos planes de compra de deuda de empresas, varias facilidades de préstamo a medianas empresas, así como un programa de préstamo a gobiernos locales y otro de apoyo a valores respaldados por titulizaciones.

"En el improbable caso de que en el futuro sea necesario restablecer cualquiera de estas facilidades, la Reserva Federal puede solicitar la aprobación del secretario del Tesoro y, una vez aprobada, los programas pueden financiarse en la medida permitida por la legislación, o fondos adicionales asignados por el Congreso", añade.

Por otro lado, Mnuchin informa de la voluntad del Tesoro de extender por un periodo de 90 días adicionales la Facilidad de Financiamiento de Papeles Comerciales (CPFF), la Facilidad de Crédito para Distribuidores Primarios (PDCF), la Línea de Liquidez del Mercado Monetario(MMLF) y la Línea de Liquidez del Programa de Protección de Nóminas (PPPLF).

La Comunidad de Regantes del Campo de Cartagena quiere mostrar su malestar y preocupación por la pretensión del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico de modificar las actuales reglas de explotación del Trasvase Tajo-Segura. Por ello, dentro del periodo de exposición pública que finaliza hoy (20/11/2020) ha presentado alegaciones oponiéndose al cambio de las reglas de juego del Trasvase.

"Esta reforma carece de cualquier tipo de lógica y oportunidad, generando más incertidumbre, habida cuenta que se pretende modificar una regla después de tan solo 6 años de su entrada en vigor, con idea de volver a modificarla en un corto periodo de tiempo. No está justificada esta urgencia de reformar las reglas de explotación, salvo que sea por el único interés de volver a recortar el Trasvase Tajo-Segura", señalan.

Tal como reconoce ese Ministerio en la página 2 del informe elaborado por el CEDEX de fecha junio 2020, citan, "desde ese punto de vista, el momento indicado para la actualización completa de la regla sería el de la entrada en vigor del nuevo plan hidrológico del Tajo".

Para los regantes, "existe una falta de transparencia total, dado que los usuarios, que según el Ministerio serían los grandes beneficiados, están totalmente en contra de la modificación de estas reglas. No está claro, ni se comprende cuáles son esas razones de urgencia y los objetivos que impulsan la reforma pretendida de las reglas de explotación, ni el alcance y pretensión de la modificación de estas reglas. La gran incertidumbre que sufren en la actualidad los regadíos del Trasvase es debida principalmente a las decisiones políticas del Ministerio, que no tienen en cuenta las recomendaciones técnicas de la Comisión Central de Explotación del Acueducto Tajo-Segura de los volúmenes mensuales a trasvasar".

Desde el plano estrictamente jurídico, opinan, la modificación sería nula de pleno derecho por ser en este momento arbitraria. "Además, va en contra de los principios de seguridad jurídica, confianza legítima, eficacia y eficiencia, necesidad, y no resulta racional ni razonable, por cuanto que, no se basa en los datos reales que deberá ofrecer la nueva planificación hidrológica en el próximo año".

Desde un punto de vista técnico, contiúan, "la nueva norma resulta ineficaz, dado que no logra proporcionar más recursos. Sino todo lo contrario, va a provocar una reducción de los volúmenes trasvasables en los años considerados como muy buenos de hasta un 32 % para el regadío, dado que en nivel 2 se pretende disminuir el volumen mensual trasvasable de 38 a 27 hm3, y se reduce el porcentaje que le corresponde a los regadíos frente al que se otorga a los abastecimientos. Además, se incrementarán las pérdidas anuales por evaporación del agua almacenada en los embalses de la Cabecera del Tajo en 13 hm3, volumen que será recortado del Trasvase Tajo-Segura. Todo ello agravará el déficit hídrico de la Cuenca del Segura".

Dada la importancia del Trasvase en el levante español, antes de tomar cualquier decisión "se debe cuantificar el impacto medioambiental, social y económico que va a provocar una reducción de los volúmenes trasvasables a la cuenca receptora. Por tanto, no se entiende que sin tener en cuenta estos factores, se quiera modificar la normativa actual", han defendido.

"Si realmente se quiere garantizar la regularidad del Trasvase y eliminar su incertidumbre existen soluciones. En primer lugar, la aprobación de los trasvases debe depender exclusivamente de decisiones técnicas; y además el Ministerio tiene en el cajón un estudio técnico elaborado por la ingeniería SER y promovido por el SCRATS, que demuestra que es totalmente viable desde un punto de vista medioambiental la derivación de más de 500 hm3 desde el Duero Medio o el Ebro Medio a la Cabecera del Tajo, con lo que se podría solucionar de manera definitiva el déficit de todo el regadío de la Cuenca del Segura", han concluido.

Un total de 156 docentes y 1.423 alumnos permanecen aislados por haber tenido contacto con alguna de las 1.218 personas --144 docentes y 1.074 alumnos-- que han dado positivo en Covid-19 en 347 centros educativos de la Región de Murcia desde el inicio del curso escolar, el lunes 14 de septiembre.

Esto supone diez nuevos positivos --nueve alumnos y un docente-- con respecto al último balance aportado por la Comunidad este miércoles.

La Consejería de Educación recuerda que hay 280.000 alumnos y 27.000 docentes en la Región, por lo que los 156 docentes aislados representan el 0,57% del total, y los 1.423 alumnos, el 0,50%.

Además, un total de 8.077 estudiantes y 834 profesores han vuelto ya a las aulas tras superar el periodo de cuarentena.

Respecto a la situación de los centros en las últimas horas, el IES Saavedra Fajardo (Murcia) ha registrado 1 alumno positivo y un total de 3 aislados: el positivo y 2 alumnos; mientras que el Colegio público Garre Alpáñez (Balsicas-Torre Pacheco) ha contabilizado 1 alumno positivo y un total de 20 aislados: el positivo, 18 alumnos y 1 docente (Aula de Infantil).

Asimismo, el IES Sierra Minera (La Unión) ha registrado 1 alumno positivo y un total de 2 aislados: el positivo y 1 alumno; el Colegio concertado Santa María Matute (Era Alta-Murcia) 1 alumno positivo y un total de 6 aislados: el positivo y 5 alumnos; y el IES Isaac Peral (Cartagena) 1 alumno positivo y un total de 6 aislados: el positivo y 5 alumnos.

Igualmente, el Colegio público Hernández Ardieta (Roldán-Torre Pacheco) ha sumado 1 alumno positivo y un total de 26 aislados: el positivo, 24 alumnos y 1 docente (Aula de Infantil); el Colegio público San Isidoro y Santa Florentina (Cartagena) 1 alumno positivo y un total de 5 aislados: el positivo y 4 alumnos; y el Colegio público El Recuerdo (San Javier) 1 alumno positivo y un total de 2 aislados: el positivo y 1 alumno.

Finalmente, el Colegio concertado Luis Vives (Nonduermas-Murcia) ha registrado 1 alumno positivo y un total de 13 aislados: el positivo, 11 alumnos y 1 docente (Aula de Infantil); y el IES Gerardo Molina (Torre Pacheco) 1 docente positivo y un total de 2 aislados: el positivo y 1 docente.

Un total de 7.916 alumnos se han matriculado en el Centro Asociado de la UNED Alzira-Valencia 'Francisco Tomás y Valiente' para seguir estudios de grado, máster, acceso a la universidad para mayores de 25 y 45 años e idiomas durante el curso 2020-2021.

Esta cifra supone un aumento de 886 estudiantes respecto al ejercicio anterior, es decir, un crecimiento del 13%, y aún se puede incrementar más durante el período de matriculación previsto para el segundo cuatrimestre en algunas titulaciones, destaca la institución académica en un comunicado.

La universidad pública a distancia crece en sus sedes en València, Alzira, Sagunt, Gandia, Ontinyent y se mantiene en la de Xàtiva. Por estudios, un total de 6.712 personas se han matriculado en grados; 355 en alguno de los másteres; 430 en el centro de idiomas CUID; 386 en el Curso de Acceso Directo a la Universidad para mayores de 25 y 45 años y 33 en los microgrados de Historia de España y Aproximación a los estudios ingleses que constituyen una novedad en la oferta de la UNED para este curso.

La titulación que ha registrado un mayor número de matrículas es el grado en Psicología, con 1.340 alumnos, seguido de los de Derecho (976); Administración y Dirección de Empresas (422); Geografía e Historia (350); Historia del Arte (319) y Educación Social (316).

Desde la UNED detallan que el 55% de alumnos son mujeres y el 45% hombres. La franja de edad en la que se concentra un mayor porcentaje de matriculados es la que va de 26 a 35 años, con un 30% del total, seguida de cerca por el grupo de 36 a 45 años, que supone un 25%. Además, el 21% del alumnado tiene una edad comprendida entre los 46 y los 55 años, el 15%, entre los 18 y los 25, y el 9%, más de 56.

El director del Centro Asociado de la UNED Alzira-Valencia, Alejandro Cerdá, expresa su "agradecimiento a todos los estudiantes que han depositado su confianza en la universidad pública a distancia en un momento, además, en el que la formación es fundamental".

EMISIÓN ONLINE

"Con su colaboración queremos seguir creciendo y mejorando", añade Cerdá, que subraya el interés que ha despertado en el alumnado la emisión en línea de todas las tutorías este curso.

La UNED ofrece 28 grados, 11 grados combinados, 2 microgrados, 79 másteres, 16 idiomas y el Curso de Acceso a la Universidad para mayores de 25 y 45 años, así como más de 500 cursos de Formación Permanente cuya matrícula continúa abierta hasta el próximo 30 de noviembre.

La Consejería de Salud del Principado de Asturias ha notificado este viernes 25 fallecimientos por coronavirus correspondientes a este jueves y 95 hospitalizaciones a causa de la enfermedad que provoca.

En concreto han perdido la vida trece mujeres de 55, 63, 79, 80, 88, 88, 88, 91, 91, 91, 95, 95 y 98 años, y doce hombres 69, 73, 76, 81, 83, 85, 86, 86, 88, 88, 90 y 90. Diez de estas personas tenían domicilio en un centro residencial de mayores. Con estos decesos el total de fallecimientos a causa del virus se sitúa en Asturias en los 802.

En la jornada de este jueves, se produjeron 85 hospitalizaciones en planta y 10 en las Unidades de Cuidados Intensivos (UCI). Además, se registraron 119 altas.

Actualmente, en Asturias hay 841 pacientes ingresados con confirmación o sospecha de coronavirus. Además, otras 143 personas afectadas permanecen en UCI.

El Principado notificó este viernes 316 casos y una tasa de positividad del 5,49% al realizar jornada en la que se produjeron 95 hospitalizaciones de personas con coronavirus: 85 en planta y 10 en UCI. Además, se registraron 119 altas.

El Servicio de Salud del Principado (Sespa) realizó ayer 5.749 pruebas de diagnóstico y la tasa de positividad se situó en el 5,49% al detectarse 316 casos.

El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, ha defendido la subida del 0,9% de las retribuciones de los altos cargos del Gobierno para el año que viene, en lugar de su congelación --como se ha decidido para él y los miembros del Consello, porque "la inmensa mayoría son funcionarios" y para evitar "una asimetría" con subdirectores xerais y otros.

En la rueda de prensa posterior al Consello que este viernes ha aprobado el proyecto de presupuestos, Núñez Feijóo ha valorado esta decisión como "razonable y justificada".

"Todo es opinable", ha admitido a preguntas de los periodistas, si bien ha añadido que, "viendo el origen" de los altos cargos, "la inmensa mayoría" son funcionarios públicos "y se podía dar la paradoja de que subdirectores y otros funcionarios" sí tengan "ese derecho" de incrementar sus retribuciones, pero "funcionarios que ocupan provisionalmente el alto cargo no lo tuvieran".

Actualmente, en la web de Transparencia de la Xunta figuran 56 altos cargos nombrados, aunque este mismo Consello ha aprobado relevos y la sustitución de la vacante de director de Comunicación, que pasa a ocupar el periodista Marcos Gómez.

Del total de cargos que figuran en la actualidad en la web (56), se puede consultar el perfil en 53 casos. De ellos, 41 son trabajadores del sector público, por lo que cobran trienios y --en algunos casos-- complemento de carrera profesional, al margen de su salario como altos cargos; mientras que otros 12 no tienen esta condición.

Solo en el departamento de Presidencia y de la Consellería de Política Social los empleados del sector público son minoría, en la línea de las palabras de Feijóo de que la "inmensa mayoría" de los altos cargos "son funcionarios". Esto es, de seis altos cargos dependientes de Feijóo solo uno es funcionario (el responsable de Deporte), y en el caso de la consellería de Fabiola García, tres altos cargos no eran empleados públicos con anterioridad a su nombramiento.

"OPINABLE"

"Es opinable", ha insistido, antes de precisar que esto es lo que sostiene "el Gobierno de la Xunta en este primer momento", después de congelar los sueldos solo a los miembros del Ejecutivo.

En cualquier caso, Feijóo ha indicado que está "dispuesto a mejorar" las decisiones y ha apostado por "repasar" el número de altos cargos y su origen y mantener la subida si "se confirman" los "datos provisionales" que apuntan, según ha reiterado, que "la inmensa mayoría" de los altos cargos "son funcionarios".

CONGELAR EL SUELDO

En su respuesta a los medios de comunicación, el titular de la Xunta ha destacado que "desde el principio" su postura "quedó clara" al entender que hay que congelar las retribuciones "del gobierno autonómico, los municipales y provinciales y del central".

Por eso, ha recordado, se manifestó en contra del aumento inicialmente previsto para el Ejecutivo central, lo mismo que ocurrió con "alguna corporación provincial", en alusión a la Diputación de Pontevedra.

SUELDOS QUE COBRARÁN

En el borrador de presupuestos con el que se llegó al Consello de la Xunta de este viernes, se recoge un salario para el presidente de la Xunta para el próximo año, que ascenderá a 78.089,88 euros --que también es funcionario pero que en su caso sí verá congelado el sueldo, al que se le suman más de 6.700 euros de trienios; mientras que sus dos vicepresidentes y los conselleiros percibirán 68.154,24 euros cada uno.

La subida del 0,9% afecta a secretarios generales, secretarios generales técnicos, directores generales y delegados territoriales y asimilados. Para ellos, se recoge un total de 60.287,90 euros anuales, frente a los 59.750,20 euros que actualmente tenían estipulados, tal y como se puede confirmar en la web de Transparencia de la Xunta.

Esto supone 537,7 euros más, un 0,89 por ciento de subida para los 56 altos cargos de la Xunta que dependen de las consellerías y del presidente, a los que hay que sumar los siete delegados territoriales y cargos análogos.

Canarias ha registrado este viernes un total de 116 nuevos positivos por coronavirus, 86 de ellos en Tenerife, que elevan la cifra total desde que empezó la pandemia a 19.863 casos, según los datos que cada día actualiza el la Consejería de Sanidad pasadas las 14.00 horas.

Además, ha habido un fallecido más, en este caso en Tenerife, con lo que ya se acumulan 317, mientras que los casos activos descienden a 4.131 al descontarse 129 altas --desde que empezó la pandemia 15.415 han superado la Covid-19 en las islas--.

De los activos, 45 están en la UCI --uno mes que ayer-- y 199 hospitalizados en plantas mientras que 3.887 se encuentran en aislamiento en sus domicilios.

La incidencia acumulada se sitúa en 37,52 casos por cada 100.000 habitantes a 7 días mientras que la de 14 días desciende ligeramente hasta los 79,92 días.

Asimismo, desde que arrancó la pandemia en el archipiélago se han realizado 555.105 pruebas PCR para detectar coronavirus, con un 4,6% de positivos.

Por islas, Gran Canaria se sitúa con 9.185 casos al acumular 21 nuevos positivos este viernes, y se queda en 1.504 activos, seguida de Tenerife, con 8.077 (+86), 2.495 de ellos activos, principalmente en los municipios de Santa Cruz de Tenerife y La Laguna, con 1.001 y 708 casos respectivamente.

Lanzarote llega a 1.362 casos acumulados (+7) y 55 activos; Fuerteventura tiene 861 (+1), 57 de ellos activos y La Palma 210 (+1), con 11 activos.

La Gomera y El Hierro no han registrado casos nuevos en las últimas 24 horas y siguen con 101 y 67 casos acumulados respectivamente, 8 y 1 de ellos activos.

El secretario de Comunicación de Podemos, Juan Manuel del Olmo, ha defendido este viernes ante el juez que investiga las cuentas 'moradas' que los trabajos electorales que el partido contrató para la campaña de 2019 con la consultora política Neurona sí se realizaron, al mismo tiempo que se ha desvinculado de la subcontratación con la empresa mexicana Creative Advice y de los pagos entre ambas sociedades.

Del Olmo; el tesorero de Podemos, Daniel de Frutos; la gerente del partido, Rocío Esther Val; y la encargada de Compras y Finanzas, Andrea Deodato, han comparecido ante el titular del juzgado de instrucción 42 de Madrid, Juan José Escalonilla, en una ronda de declaraciones que ha durado más de cuatro horas y se ha centrado en los trabajos contratados con Neurona para la campaña electoral de 2019, ya que tanto el juez como la Fiscalía y el Tribunal de Cuentas ven indicios de que pudo ser un contrato simulado.

Según fuentes jurídicas, Del Olmo ha explicado a Escalonilla que decidió contratar a Neurona porque era una consultora que le ofrecía confianza en cuanto a su profesionalidad, que estuvo en contacto con cuatro personas de la empresa durante el desarrollo de los trabajos y que personal de la sociedad mercantil, que está radicada en Sevilla y tiene su matriz en México, se desplazó a Madrid para la prestación de los servicios.

De acuerdo con las mismas fuentes, Del Olmo y los demás investigados de Podemos, que han respondido a todas las preguntas menos a las formuladas por las acusaciones populares --entre las que se cuenta Vox--, han detallado al juez cómo se desarrollaron los trabajos, tanto en la secretaría de Comunicación como a efectos administrativos.

En este sentido, De Frutos ha expuesto a Escalonilla que, aunque no estaba en el día a día de los trabajos que hacía Neurona, a través de diversos chats de Podemos en los que se hablaba de temas de campaña sí se comunicaba que esta empresa y otros proveedores de servicios electorales estaban enviando productos, como vídeos, por lo que tenía conocimiento de que el contrato se desarrollaba con normalidad.

Además, De Frutos, que durante la campaña fue el administrador de su partido para la coalición electoral Unidas-Podemos, ha ratificado ante el juez lo declarado la semana pasada por el administrador de Izquierda Unida, Carlos García Ramos, también investigado. Así, ha sostenido que cada parte hacía sus propias contrataciones y que solo se informaban del coste de cada contrato para no exceder el límite legal de gasto electoral.

"Las dudas están totalmente disipadas, los trabajos totalmente acreditados y, por tanto, entendemos que procedería acordar el cierre de la investigación", ha dicho en declaraciones a la prensa el abogado de Podemos, Gorka Vellé. "Salimos con muchísima satisfacción", ha añadido.

LA DERIVADA MEXICANA

Sin embargo, el juez se ha interesado no solo por la prestación de los servicios, sino por los vínculos entre Neurona y Creative Advice, a la que la primera ingresó más de 307.000 euros por los trabajos subcontratados para Podemos.

Fuentes presentes en las declaraciones han revelado que Ecalonilla ha preguntado sobre la relación contractual entre ambas empresas y los pagos de una a otra, y que Del Olmo ha contestado que el partido no se ocupaba de cuestiones internas de Neurona, sino de que cumpliera el contrato.

"En cualquier caso, la administración de Neurona o quien pudiera haber tenido alguna disposición sobre esos dineros o cantidades serán los que tengan la incumbencia sobre esos dineros o servicios. Pero en lo que atañe a la entidad Podemos y a la realización de esos servicios, está más que acreditado en la causa", ha respondido Vellé, al ser interrogado por la prensa sobre la relación entre las dos mercantiles.

"EMPRESA FANTASMA"

En cambio, la abogada de Vox, Marta Castro, ha contado que "no se ha conseguido acreditar los trabajos" por parte de Podemos y ha apuntado a "una posible duplicidad" de los servicios contratados con Neurona respecto a los contratados con la empresa ABD --una parte del caso ya archivada-- y a los realizados por el propio partido.

Castro ha aludido a uno de los dueños mexicanos de Neurona, César Hernández, como "el hombre clave" en esta supuesta trama porque se han referido a él tanto Del Olmo como los demás investigados, por lo que ha avanzado que Vox solicitará al juez que le cite a declarar.

"Nuestra valoración (...) es que entendemos que el asunto cobra unos tintes más graves para Podemos. Neurona sigue siendo la empresa fantasma", ha concluido la representante legal de Vox.

De todas formas, la letrada ha subrayado que está pendiente de "analizar" la información solicitada por Escalonilla respecto a los más de 1.400 documentos que Podemos aportó la semana pasada al juzgado madrileño para probar que los servicios se prestaron.

El juez pidió el pasado martes a la Brigada de Investigación de Blanqueo de Capitales y Anticorrupción (UCDE) que investigue los vídeos entregados por Podemos para justificar los trabajos realizados por Neurona, reclamando en concreto información sobre "la autoría, la fecha de su realización y cuales otros datos informáticos se puedan obtener de dichos vídeos", según una providencia a la que ha tenido acceso Europa Press.

LAS OBRAS EN LA SEDE

El otro eje de las declaraciones de este viernes han sido las obras de reforma de la nueva sede de Podemos. El denunciante, el ex abogado del partido José Manuel Calvente, alertó de que se habían licitado por 649.000 euros y adjudicado por más de 1,3 millones de euros con la presunta intención de favorecer a ciertas empresas.

Sobre esta cuestión, los investigados de Podemos han sostenido que las obras se licitaron y adjudicaron como correspondía y que los trabajos se desarrollaron con normalidad, de acuerdo con dichas fuentes.

No obstante, Castro ha considerado que aún quedan incógnitas por despejar sobre estas obras, tales como "las fechas de inicio" --Calvente denunció que comenzaron antes de que fueran adjudicadas--; las "cuantías", "si el presupuesto era real"; y si el proceso respetó las normas internas de Podemos y las leyes relativas a partidos políticos.

Este viernes también han declarado como testigos los representantes legales de seis empresas contratadas por Podemos para llevar a cabo parte de los trabajos que implicó el conjunto de la obra. La semana pasada ya declaró el arquitecto responsable del proyecto, Manuel Campos García, que ofreció un minucioso informe al juez para justificar el coste final.

En la citada providencia, Escalonilla ha dado cinco días a Podemos para que presente la liquidación de la licencia de obra presentada ante el Ayuntamiento de Madrid y otros tantos al arquitecto para que entregue el acta de recepción de la obra, el certificado final de la misma y los sucesivos certificados emitidos durante su ejecución hasta su finalización para el pago a las contratistas.

El ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, ha anunciado un plan por el que Canarias contará "en un breve espacio de tiempo" con 7.000 plazas de acogida en siete nuevos espacios mientras que el presidente regional, Ángel Víctor Torres, se ha negado a que las islas soporten solas el 100% de la migración.

Así se ha puesto este viernes de manifiesto durante la presentación de las principales líneas del Plan Canarias, acto que contó con la asistencia de la secretaria de Estado de Migraciones, Hana Jalloul, donde se apuntó que autonomías como la Comunidad Valenciana, Navarra, Extremadura, País Vasco y Castilla y León, además del Ayuntamiento de Barcelona, han ofrecido plazas al Ministerio para su sistema de acogida.

En cuanto a las repatriaciones de los migrantes que llegan a Canarias, Escrivá explicó que gran parte de ellos son "retornables", ya que en principio no son candidatos a entrar en el sistema de acogida del Ministerio, que se centra en personas vulnerables y en las que hayan pedido protección internacional.

"Esto no ocurre en la mayoría de los casos. Quizás un 10% de los que están llegando pero teniendo en cuenta la situación tan compleja que hay, desde el Ministerio estamos ayudando en los posible para interpretar nuestro mandato de la forma más flexible posible", dijo.

Por su parte, estas 7.000 plazas propias, que en una primera fase del plan tendrán un carácter de emergencia, buscan tener una mayor capacidad para afrontar la llegada de pateras a Canarias --hace un año solamente habían 100-- y se irán transformando en plazas estables con la próxima adecuación de las instalaciones.

En la actualidad, en Canarias hay 5.500 migrantes repartidos en un total de 17 hoteles, un recurso provisional que el Ministerio prevé dejar de utilizar con las futuras plazas de acogida.

TORRES AGRADECE A LAS CCAA QUE HAN OFRECIDO INSTALACIONES

Mientras, el presidente de Canarias se ha mostrado tajante al rechazar que el archipiélago asuma sola todo el fenómeno de la inmigración, por lo que ha agradecido a las comunidad autónomas que han ofrecido sus instalaciones para compartir la carga que supone la llegada de más de 19.000 migrantes en lo que va de año, de los que, dijo, en la actualidad quedan 9.000 en el archipiélago.

"Canarias está en disposición de aceptar solidariamente un porcentaje de los inmigrantes que llegan a nuestra tierra, del mismo modo que lo están demostrando otras CCAA que se ofrecen a acoger en sus territorios a inmigrantes; un ejemplo solidario que agradezco a los presidentes autonómicos que se han puesto en contacto con nosotros. Éste es el camino", aseveró Torres.

Asimismo, hizo especial hincapié en que el archipiélago "se niega rotundamente a ser quien reciba el 100% de la inmigración que llega". "No podemos solos--resaltó--. No lo aceptamos y nos revelamos ante esta acción".

En este sentido, el presidente entendió que con la presentación de este plan se abre la posibilidad de que personas que están en Canarias puedan estar en territorio peninsular, al tiempo que exigió que el campamento del Muelle de Arguineguín, en los que actualmente hay unos 1.300 migrantes, se cierre lo antes posible.

SIETE EMPLAZAMIENTOS EN GRAN CANARIA, TENERIFE Y FUERTEVENTURA CON 7.000 PLAZAS

En concreto, el plan del Ministerio de Inclusión prevé siete emplazamientos en Gran Canaria (1.950 plazas), Tenerife (3.250) y Fuerteventura (700) --islas que concentran el 95% de las llegadas-- que se incorporarán al sistema de acogida y que se sumarán a las 1.100 plazas propias que ya están en uso en la CCAA.

En primer lugar, el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria cedió al ministerio hace unas semanas el antiguo Colegio León --actualmente en fase de acondicionamiento--.

A este recurso se suman los cinco que la pasada semana aportó el Ministerio de Defensa dentro del Plan Canarias: Las Canteras y Las Raíces (Tenerife), Canarias 50 y Barranco Seco (Gran Canaria) y El Matorral (Fuerteventura) y una nave ubicada en el Puerto de Las Palmas que ha sido cedida por Bankia.

Por otro lado, el Ministerio ha encargado a Tragsa la instalación durante las próximas semanas de carpas. En concreto, habrá 700 plazas en El Matorral; 650 en Canarias 50; 300 en el Colegio León; 500 en Barranco Seco; 500 en la nave cedida por Bankia en el Puerto de Las Palmas; 1.800 en Las Canteras (Tenerife) y 1.450 en Las Raíces.

CENTRAL DE EMERGENCIAS EN CANARIAS

Además, la Secretaría de Estado de Migraciones abrirá una central de emergencias propia en Canarias, que estará exclusivamente dedicada a la coordinación migratoria en las islas con la finalidad de realizar un seguimiento continuo de la situación in situ.

Finalmente, para abordar este plan, el ministerio contará con financiación por parte de la Unión Europea, a través de una adenda a un proyecto EMAS que permitirá obtener 43 millones de euros para los trabajos de emergencia que se están realizando en Canarias. Además, a través de los fondos de recuperación de la UE otros 41 millones de euros en 2021.

La Consejería de Salud de Murcia permitirá abrir a partir de este sábado las terrazas de la hostelería al 100% en Águilas, Ulea y Ojós por encontrarse en un nivel de riesgo de transmisión del Covid "medio". Mientras tanto, Abarán, Beniel, Cartagena, Lorquí, Molina de Segura, Pliego y Santomera abrirán las terrazas con un aforo máximo del 75% al encontrarse con un nivel de transmisión "alto".

En el resto de municipios, la hostelería seguirá cerrada, tal y como ha decidido la Consejería en base a las tasas de incidencia acumulada en los 45 municipios de la Región el pasado lunes, según han informado el consejero de Salud, Manuel Villegas, y el portavoz del Comité de Seguimiento del Covid en la Región, Jaime Pérez.

Pérez espera que no haya un efecto llamada con la apertura de municipios, porque las policías locales de todos los municipios "estarán vigilantes". La orden de las aperturas se publicará este viernes, aunque el protocolo no se publicará hasta la semana que viene, según Pérez, quien ha señalado que la prórroga del toque de queda y los confinamientos se publicará el lunes, cuando se cumple su caducidad.

Ha recordado que el protocolo fija la actividad en terrazas como una actividad de riesgo "medio" con lo que se puede ser más flexibles en su apertura. No obstante, ha advertido que es "fundamental" que "nos concienciemos todos de que el uso de mascarilla es imprescindible también en las terrazas, que solo nos las podemos quitar para comer y para beber".

En este sentido, Villegas ha avanzado que la Consejería de Turismo, Juventud y Deportes impulsará una campaña con pegatinas, carteles y en medios de comunicación para concienciar a la población sobre el uso obligatorio de la mascarilla en terrazas "todo el tiempo", ya que "solo se puede quitar en el momento exacto de la ingestión de bebida o comida. El objetivo, añade, es que el riesgo de esta actividad pase de "medio" a "bajo".

La situación se analizará de nuevo el próximo lunes y se estudiará qué municipios se suman a esta lista, según Pérez, quien ha afirmado que las medidas "podrían haber sido más flexibles en algunos municipios, pero todavía estamos en nivel 2 de riesgo asistencial, con 534 ingresos en los hospitales, 109 de ellos en la UCI, lo que es preocupante".

Por ello, en base a esa fase 2, se acordó mantener el cierre perimetral y el toque de queda, de momento, hasta después del Puente de la Constitución, según Pérez, quien ha señalado que estos criterios permiten adoptarnos a la situación en cada territorio.

CAÍDA EN LA TASA DE INCIDENCIA

En la Región hay 51.000 personas que han sido diagnosticadas desde el inicio de la pandemia, aunque la Consejería de Salud estima que la cifra real de contagiados se eleva a 75.000, es decir, el 5% de la población, frente al 1,6% que se alcanzó en la primera ola.

El consejero ha recordado que la tasa llegó al 1% de la población contagiada en la Región en esta segunda ola, es decir, a unos mil casos nuevos diarios. "Eso quiere decir que en cualquier momento podíamos estar interactuando con un activo", explica. Con esa tasa, añade, "es fácil que la gente que trabaja en centros sanitarios o sociosanitarios contraiga la enfermedad y, aunque se tomen todas las precauciones, acabe contagiando a los residentes, que son una población muy vulnerable".

Ha recordado que el sistema sanitario lanzó una "señal de alarma" porque había hasta mil casos nuevos diarios, teniendo en cuenta que parte de esos casos acabarían en los hospitales y las UCI. "El nivel de contagios hacía prever que el sistema podía claudicar en dos o tres semanas", ha aseverado.

Villegas ha señalado que "nos hemos acostumbrado" a ver cien pacientes por Covid de media ingresados en las UCI, pero recuerda que hay otros 80 o 90 pacientes que están ingresados en intensivos por otras causas, lo que es mucho a pesar de que el sistema puede hasta triplicar su capacidad llegado un momento dado gracias al plan de contingencia.

El Gobierno de España ha concedido 8,07 millones de euros a entidades locales de Andalucía por los daños causados por temporales, incendios y otras catástrofes sucedidas entre junio y septiembre de 2019, cantidad que en España asciende a 47,8 millones para su distribución entre 13 comunidades autónomas.

Así lo recoge la orden publicada este viernes en el Boletín Oficial del Estado (BOE), por la que se acuerda la asignación de las subvenciones previstas en el artículo 9 del Real Decreto-ley 11/2019, de 20 de septiembre, para adoptar medidas urgentes para paliar daños causados por temporales y situaciones catastróficas, ha informado la Delegación del Gobierno por medio de una nota.

En lo que corresponde a Andalucía, se incluyen los daños en las provincias de Sevilla y Málaga por los episodios de fuertes lluvias ocurridos los días 25, 26 y 27 del mes de agosto de 2019, cuando una Depresión Aislada en Niveles Altos (DANA) recorrió de oeste a este la península e Illes Balears.

El BOE recoge también las subvenciones a las provincias Almería, Málaga y Granada, junto con Albacete, Alicante, Valencia, la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, la Comunidad Autónoma de Illes Balears y la Comunidad de Madrid que se vieron afectadas por los graves sucesos causados por una DANA los días 12 a 16 del mes de septiembre de 2019.

La delegada del Gobierno de España en Andalucía, Sandra García, ha destacado que, "a pesar de la situación extraordinaria provocada por la crisis sanitaria, el Gobierno sigue trabajando para solventar necesidades básicas en los distintos territorios y, en este caso, dar respuesta a los graves daños provocados por las lluvias torrenciales que afectaron el pasado año a las provincias andaluzas de Almería, Granada, Málaga y Sevilla".

Las ayudas corresponden a la convocatoria de 25 de mayo publicada en el BOE de 2 de junio, por distintas catástrofes en varios territorios del mapa nacional.

El BOE de 2 de junio de 2020 publicó el extracto de la Resolución de 25 de mayo de 2020, de la Secretaría de Estado de Política Territorial y Función Pública, que aprobaba la convocatoria de las subvenciones previstas en el artículo 9 del Real Decreto-ley 11/2019, de 20 de septiembre, por el que se adoptan medidas urgentes para paliar los daños causados por temporales y otras situaciones catastróficas.

REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS Y EQUIPAMIENTOS

Las subvenciones tienen como finalidad la ejecución de obras de reparación o restitución de infraestructuras, equipamientos e instalaciones y servicios de titularidad municipal y de las mancomunidades dañadas por catástrofes naturales, así como redes viarias de las diputaciones provinciales, cabildos, consejos insulares y comunidades autónomas uniprovinciales.

Concluido el plazo de presentación de solicitudes, las subdelegaciones o Delegaciones del Gobierno comprobaron los requisitos y remitieron a la Dirección General de Cooperación Autonómica y Local, del Ministerio de Política Territorial y Función Pública, la relación de proyectos y sus cuantías susceptibles de obtener financiación.

Una vez determinados los proyectos susceptibles de obtener financiación, el Ministerio de Hacienda emitió informe favorable en los supuestos a que se refiere la disposición adicional primera de la Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2018.

De conformidad con lo previsto en la Ley 38/2003, General de Subvenciones, el Consejo de Ministros de 3 de noviembre de 2020, autorizó la concesión de subvenciones por cuantía superior a 12 millones de euros.

El Gobierno de España, a través del Ministerio de Política Territorial y Función Pública, ha concedido subvenciones por valor de 12.546.284 euros a los municipios de la Comunitat Valenciana que se vieron afectados por la Depresión Asilada en Niveles Altos (DANA), que se registró entre los días 10 y 14 de septiembre de 2019 en las provincias de Valencia y Alicante.

Fue un episodio tormentoso, con precipitaciones históricas, que durante varios días mantuvo en alerta a diversas comarcas del territorio valenciano, muy especialmente a la Vega Baja, donde se invertirá el 80 por ciento del total de las ayudas a la Comunitat Valenciana.

En total, el Ejecutivo central ha concedido 47,8 millones a entidades locales de 13 comunidades autónomas por los daños causados por temporales, incendios y otras catástrofes sucedidas entre junio y septiembre de 2019, según los datos del Ministerio de Política Territorial y Función Pública.

La resolución de subvenciones se concede en base al artículo 9 del Real Decreto- ley 11/2019 de medidas urgentes que el Gobierno de España aprobó tras la DANA del año pasado para paliar los daños causados por el temporal.

En concreto, del total de las subvenciones, 10.389.346 euros irán destinados exclusivamente a municipios de la provincia de Alicante. Así, la mayor parte de la ayuda, 9.670.903 euros, irá dirigida a cofinanciar inversiones en municipios de la Vega Baja.

El resto de las ayudas se reparten en proyectos aprobados para Santa Pola -105.505 euros-, Novelda -145.504 euros-, Gaianes -138.563 euros-, L'Orxa - 4.361 euros-, Penàguila 20.185 euros-, Quatretondeta -48.452 euros-, Alfafara - 64.038 euros-, Beniarrés -48.384 euros- l'Alqueria d'Asnar -43.204 euros- Agres - 54.948 euros- o Parcent -40.923 euros-, en la comarca de la Marina Alta, detalla la administración central en un comunicado.

Mientras, las ayudas del Gobierno de España para la Vega Baja, la comarca más afectada por la DANA, se reparten del siguiente modo: Bigastro: (419.337 euros); Orihuela: (1.242.595 euros); Granja de Rocamora: (499.898 euros); San Fulgencio: (213.436 euros); Los Montesinos: (6.000 euros); Almoradí: (6.401.507 euros); Callosa de Segura: (209.119 euros); Jacarilla: (165.617 euros); Dolores: (65.821 euros); Daya Vieja: (147.773 euros); Pilar de la Horadada: (228.794 euros), y Algorfa (71.006 euros).

Por otra parte, la resolución de asignación de ayudas artículo 9 del Real Decreto- ley 11/2019 de medidas urgentes para paliar los daños causados por temporales y otras situaciones catastróficas también recoge una partida de 1.845.987 euros para la provincia de Valencia.

Los municipios de la Vall d'Albaida y La Costera, otra dos comarcas que sufrieron los efectos de este temporal, acaparan la mayoría de las subvenciones. En el caso de Ontinyent, el Gobierno ha concedido ayudas por valor de 249.945 euros para cofinanciar diversos proyectos de reconstrucción.

Por último, en la provincia de Castellón, donde los daños registrados fueron menores, el importe de las subvenciones asciende a 310.950 euros.

El Real Decreto incluyó a las poblaciones que padecieron los episodios de lluvia y aquellas afectadas directamente como consecuencia de desbordamientos posteriores. Además, también recogió los gastos de emergencia que los municipios afectados asumieron en razón de evacuación, alojamiento y alimentación de personas damnificadas.

OBRAS DE REPARACIÓN

Las subvenciones tienen como finalidad la ejecución de obras de reparación o restitución de infraestructuras, equipamientos e instalaciones y servicios de titularidad municipal y de las mancomunidades dañadas por catástrofes naturales, así como redes viarias de las diputaciones provinciales, cabildos, consejos insulares y comunidades autónomas uniprovinciales.

Concluido el plazo de presentación de solicitudes, las subdelegaciones o Delegaciones del Gobierno comprobaron los requisitos y remitieron a la Dirección General de Cooperación Autonómica y Local, del Ministerio de Política Territorial y Función Pública, la relación de proyectos y sus cuantías susceptibles de obtener financiación.

Una vez determinados los proyectos susceptibles de obtener financiación, el Ministerio de Hacienda emitió informe favorable en los supuestos a que se refiere la disposición adicional primera de la Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2018.

Asimismo, de conformidad con lo previsto en la Ley 38/2003, General de Subvenciones, el Consejo de Ministros de 3 de noviembre de 2020, autorizó la concesión de subvenciones por cuantía superior a 12 millones de euros.

Culminada, por tanto, toda la tramitación del procedimiento de asignación, se publica hoy la Resolución de la Secretaría de Estado de Política Territorial y Función Pública para la concesión de las subvenciones.

Tal y como ha subrayado la ministra de Política Territorial y Función Pública, Carolina Darias, el Gobierno de España, está con la ciudadanía y las entidades, no sólo cuando suceden las catástrofes, sino también otorgando subvenciones ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO para reparar los daños producidos en infraestructuras municipales por estos sucesos que, como los temporales, "cada vez son más frecuentes" en nuestro país.

"El Gobierno de España está con la ciudadanía pero también con las entidades locales del país; Diputaciones, Ayuntamientos, Consells y Cabildos insulares", ha hecho hincapié la ministra.

El portavoz nacional del PP, José Luis Martínez-Almeida, ha reprochado este viernes a la ministra de Educación y Formación Profesional, Isabel Celaá, que "no permita a los españoles elegir centro educativo para sus hijos" cuando ella pudo hacerlo y "decidió llevar a sus hijas a uno concertado, y ella estuvo en uno privado".

Así lo ha manifestado el también regidor de la capital durante la presentación de las obras del Nudo Norte, y donde ha añadido que "el PP no está contra la ley Celaá" sino que está "por la libertad de educación, por respetar los derechos de los padres".

"Si la ministra fue a un colegio privado, y llevó a uno concertado a sus hijas, ¿por qué no permite que los españoles tenga la misma libertad de elección que ella? Si tuvo esa capacidad de decisión y la libertad, que decidió que ella quería llevar a sus hijas a un centro concertado, es necesario que los españoles perciban que somos coherentes, y que no nos permitimos lo que no permitimos a los demás", ha aseverado a continuación.

Y es que, los 'populares' entienden que "no es una buena ley" al nacer "de la falta de consenso", más aún cuando tras la pandemia, "el mejor futuro de los españoles pasa por reforzar el sistema educativo". Además, ha hecho hincapié en que "nadie entiende que la segunda lengua más hablada en el mundo, no tenga carácter vehicular en la cuna de esa lengua".

Por ello, ha recordado, la formación presentará un recurso de inconstitucionalidad, ya que "es una cuestión de estado que afecta a los españoles", por lo que "no se puede pactar con los partidos que no quieren al Estado".

Los universos de Morente, ciclo flamenco promovido por la Diputación de Granada, continúa su programación este viernes a las 20:00 horas con la actividad 'Ecos a Morente', un recorrido histórico por tres de los grandes trabajos discográficos que ofreció el genio albaicinero: 'Despegando' publicado en 1977, 'Sacromonte', en el año 1982, y 'Pablo de Málaga', del año 2008.

Se trata de la quinta actividad dentro del programa del ciclo, que cuenta con un total de nueve actividades, y se podrá seguir en streaming por redes.

El acto contará con la colaboración musical del joven cantaor Tomás García, con Antonio Fernández, y con la guitarra flamenca de Antonio de la Luz, además del análisis crítico-musical de la mano de Juan Pinilla y Francisco Paredes, quienes completarán este universo ortodoxo que abrió las puertas a la creación y continuidad del legado morentiano 10 años después.

Flamenco y Cultura 2020, que se desarrollará hasta el día 27 de noviembre, continúa así rindiendo tributo a la figura de Enrique Morente en esta undécima edición del certamen titulada 'Los universos de Morente.

Por otro lado este sábado está programada la vanguardista actividad 'Verso libre', que contará con la participación de Soleá Morente y Rubén Campos.

Se trata de una propuesta artística que nos invita a pasear por la música que Enrique puso a algunos escritores y escritoras, recuperando los que quizás no hayan sido tan escuchados; y recorriendo de esta manera un camino que va desde Beethoven o Cervantes, pasando por algunos cantes y poesías populares, hasta llegar a poemas actuales, e incluso poemas escritos por él mismo.

Ambas actividades están programadas a las 20:00 horas y podrán seguirse en directo a través del siguiente enlace: https://www.youtube.com/channel/UCzimKIAfedFyT-AlV6OvWbw.

El presidente del PP catalán, Alejandro Fernández, ha reprochado al Gobierno que la reforma de la Ley de Educación, la llamada 'Ley Celaá', hace de la educación especial "un objeto al servicio de una ideología" y cree que las oportunidades que necesitan estos niños quedan liquidadas en esta norma.

Así se ha pronunciado este viernes en un vídeo difundido por la formación, recogido por Europa Press, tras una visita a Alcarràs (Lleida) junto al líder del PP, Pablo Casado, y la presidenta del PP de Lleida, Marisa Xandri, y por la tarde visitarán Lleida capital y se reunirán con el sector educativo.

Un día después de que el Congreso haya aprobado la 'Ley Celaá', Fernández ha reprochado al Gobierno que esta ley no contempla las necesidades especiales de estos estudiantes, sino que tan solo sirve "para que se perciba la diversidad en un centro".

"Hay que recordar los niños con necesidades especiales necesitan precisamente educación especial. Lo importante son sus oportunidades. Necesitan esa oportunidad que se da en estos centros, que la 'Ley Celaá' liquida", ha incidido.

Por otro lado, ha reiterado el compromiso con la escuela bilingüe y afirma que van a defender la calidad educativa y la libertad, porque son "las familias las que deben elegir la educación para sus hijos; porque los hijos no son del Estado, son de sus padres".

"Y recordar algo que la izquierda nunca ha entendido: que el sistema público educativo es la educación pública pero también la pública concertada. No son sistemas que se enfrenten", ha insistido.

AGÈNCIA CATALANA DE LA NATURA

La visita de este viernes ha sido a una explotación agraria y ganadera, en la que Fernández ha aprovechado para reiterar su rechazo a la Agència Catalana de la Natura, porque cree que implica una "auténtica agresión" por parte del Govern a la posibilidad de que el sector gestione libremente su territorio.

"Nadie conoce mejor las necesidades territoriales que quien vive de ellas y por tanto son los más interesados en la sostenibilidad y los más interesados en que el sector perviva. Ahí no es necesario ningún intervencionismo", ha zanjado.

La ponencia de la Comisión de Presupuestos del Congreso que tramita la cuentas para 2021 ha aprobado este miércoles la supresión del impuesto al diésel, pactada entre el Gobierno y el PNV, así como otras enmiendas de los nacionalistas vascos, el PRC y Teruel Existe.

El texto proseguirá ahora su tramitación en la Comisión de Presupuestos a la que ha sido remitido con el apoyo de los grupos del Gobierno y el PNV y la abstención de Ciudadanos, ERC y el PDeCAT. El PP y Vox han votado en contra.

Los grupos comenzarán a debatir y votar el resto de las enmiendas y los vetos a cada una de las secciones del proyecto desde el martes 24 de noviembre.

A lo largo del proceso, el Gobierno podrá vetar cualquier enmienda que suponga un aumento de los gastos o aminoración de los ingresos previstos, para lo cual la Comisión ha dejado de plazo hasta el próximo lunes a los grupos para subsanar.

El Congreso ha remitido al Gobierno la relación de enmiendas que incurren en esta circunstancia, si bien figuran entre ellas varias de las ya incorporadas al proyecto, como la eliminación del llamado 'impuesto al diésel', pero también la ristra de beneficios fiscales para eventos, actos de conmemoraciones o programas varios propuestos por el PSOE y Unidas Podemos en sus enmiendas.

Además, la ponencia ha incluido los 20 millones de euros adicionales dirigidos a entidades locales para financiar políticas del Pacto de Estado contra la Violencia de Género y la 'congelación' de los sueldos del Gobierno, una enmienda que llegó fuera de plazo pero que finalmente ha sido incluida.

Además de la supresión de la subida al diésel para equipararlo con la gasolina, la ponencia ha incorporado otras enmiendas del PNV pactadas con el Gobierno, como el plan renove de 50 millones para la industria de la máquina-herramienta y la creación de un nuevo contrato para la formación dual universitaria.

Respecto a las del PRC, se han sumado enmiendas pactadas con el PSOE, entre ellas la que prevé 14 millones de euros para trabajos dirigidos a acelerar la llegada del AVE a Cantabria, contemplando un total de 158 millones hasta 2024.

De Teruel Existe, una de las enmiendas incorporadas pasa por dirigir una subvención a Cellnex para el desarrollo del Laboratorio Nacional de Acciones contra la Despoblación (Labnad), que tiene previsto desarrollar y estudiar nuevas tecnologías para mejorar las oportunidades y servicios del entorno rural.

UNA "ERRATA" SOBRE USO DE PATRIMONIO DE LA CORONA

Por otro lado, la ponencia ha aceptado una "corrección de errata" en el articulado de la ley, en una disposición dirigida a modificar la Ley del Patrimonio Nacional, y que los grupos del Gobierno buscaban cambiar.

Concretamente, eliminar un párrafo que habilitaba a la Presidencia de Patrimonio Nacional para autorizar el uso total o parcial de bienes inmuebles de la Corona "que no resulten necesarios al inmediato uso" para realizar actividades públicas o privadas de forma "esporádica o temporal".

Esta corrección ha sido aprobada con el voto del PSOE y Unidas Podemos y el voto en contra de Esquerra Republicana y el PDeCAT, mientras que el PP, Vox y Ciudadanos han decidido abstenerse.

EL GOBIERNO SÓLO NECESITA DOS DIPUTADOS HASTA LLEGAR AL PLENO

A partir de ahora, el proyecto de Presupuestos pasa a Comisión, donde se examinará, sección a sección, junto a las cerca de 4.000 enmiendas presentadas por los grupos desde el martes 24 de noviembre hasta el jueves 26.

Para estas votaciones el Gobierno deberá tener un respaldo suficiente de los grupos a sus nuevas cuentas, ya que un rechazo de la Cámara a una sección de los Presupuestos implicaría la devolución de todo el proyecto. En Comisión, el PSOE y Unidas Podemos suman 17 de los 37 diputados, a sólo dos de la mayoría absoluta, lo que da a los grupos del Gobierno un amplio margen de maniobra para sumar los apoyos necesarios para ir sacando adelante las votaciones.

Y es que esos dos votos que le faltan pueden salir del PNV, socio del PSOE en el Gobierno vasco y con el que el Ejecutivo asume un acuerdo; o bien de EH-Bildu, que se ha declarado partidario de apoyar las cuentas; o incluso del PDeCAT, que ocupa la Portavocía del Grupo Plural y que, a diferencia de su socio de Junts, está dispuesto a negociar. Tienen también la carta de Ciudadanos, que aceptó tramitar el Presupuesto para dar margen a la negociación.

Las cuentas llegarán al Pleno del Congreso en dos semanas, a partir del 30 de noviembre, donde cada ministro del Gobierno deberá defender las cuentas y la Cámara Baja votar las enmiendas que hayan sido rechazadas en ponencia y comisión y que, por tanto, queden 'vivas'.

Ésa será la semana clave, donde el PSOE y Unidas Podemos necesitan tener atados los apoyos porque, a falta de una votación de conjunto, el proyecto se va a ir votando sección a sección y una derrota en las cuentas de uno de los ministerios implicaría que todo el proyecto de Presupuestos sería derribado.

Si el proyecto superara las votaciones de cada sección, el Congreso aprobaría los Presupuestos el 3 de diciembre, enviando las cuentas al Senado. Allí continuaría su tramitación, con los mismos procedimientos que en la Cámara Baja, a la que sólo volvería en caso de introducirse cambios, para celebrar una última votación acerca de los mismos, antes de su entrada en vigor.

El Comité de Entidades Representantes de Personas con Discapacidad de la Comunidad de Madrid (CERMI Comunidad de Madrid) ha destacado este viernes que el concepto global de Autonomía Personal que todos y todas utilizamos, debe aterrizarse en la realidad concreta y eso aún no está logrado en nuestra comunidad, ni normativamente y, aún menos, con los recursos adecuados".

Así lo ha puesto de relieve el presidente de CERMI Comunidad de Madrid, Óscar Moral, durante la celebración de una jornada telemática organizada por esta entidad, desarrollada bajo el título 'autonomía personal: nuevo paradigma para la atención e inclusión de las personas con discapacidad'.

El objetivo del encuentro, impulsado por el Área de Autonomía Personal y Vida Independiente de CERMI Comunidad de Madrid, ha sido impulsar la formación y el conocimiento para el desarrollo de políticas dirigidas a personas con discapacidad, orientadas al fomento de la autonomía personal y a los nuevos paradigmas de atención, además de motivar el desarrollo adecuado de la prestación de la asistencia personal en el catálogo de servicios de atención a la dependencia.

La Jornada ha sido inaugurada por el presidente de la Asamblea de Madrid, Juan Trinidad, el presidente de CERMI Comunidad de Madrid, Óscar Moral, y el vicepresidente y coordinador del Área de Autonomía Personal y Vida Independiente de CERMI Madrid, Javier Font.

Así, este último ha puesto sobre la mesa la importancia del autogobierno para todas las personas con discapacidad y la necesidad de generar ese sentimiento a través de la potenciación de la autonomía personal.

Por su parte, Óscar Moral ha destacado que la autonomía personal debe configurarse como un objetivo a conseguir y que, aunque es un concepto que toda la ciudadanía utiliza, "no está aterrizado en la realidad". Asimismo, ha puesto sobre la mesa que "su logro evitaría una situación que lamentablemente es la más habitual la dependencia" que, en su opinión, es "más costosa tanto desde el punto de vista económico y también en el personal en relación con la dignidad de la persona".

Mientras, el presidente del Parlamento regional ha hecho alusión a la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y ha recalcado que algunos de los principios de la convención son el respeto, la autonomía individual y la independencia de las personas. En este sentido, ha asegurado que "es fundamental garantizar los apoyos necesarios para fomentar la independencia y favorecer así su incorporación activa en la vida de la comunidad en condiciones de igualdad y no discriminación".

Posteriormente, el delegado del CERMI para los Derechos Humanos y la Convención Internacional de la Discapacidad, Jesús Martín, ha ofrecido una ponencia en la que ha analizado la importancia de la convención para la garantía de los derechos fundamentales de las personas con discapacidad, un tratado que, según ha recordado, "vincula a todas las administraciones del Estado".

"El adjetivo de discapacidad sigue colonizando nuestras vidas y eclipsa a la persona, con su dignidad y derechos", ha añadido Martín, quien ha destacado que "los dos principios que permean la Convención son la inclusión y la autodeterminación", para lo que deben garantizarse premisas como la accesibilidad universal y la provisión de apoyos para la toma de decisiones, entre otros.

Asimismo, Martín ha recalcado que las personas con discapacidad "siguen sin disponer de apoyos suficientes y que los recursos no ponen el foco en el desarrollo de las posibilidades que tenemos para vivir de forma autónoma".

De esta manera, ha hecho alusión al artículo 19 de la convención, que reconoce el derecho en igualdad de condiciones de las personas con discapacidad a vivir de forma independiente y a ser incluidas en la comunidad con libertad de elegir, algo que para Martín "debe ser el principal discurso de los derechos humanos".

Por último, ha añadido que es fundamental "buscar en la convención la mejor aliada para reescribir la historia de las personas con discapacidad para que esta sea una historia de autodeterminación, de bienestar, de inclusión y, sobre todo, de derechos.

En la mesa central de la jornada, moderada por la directora técnica de la Entidad, María Jesús Baile, han participado tres presidentes de entidades y asociaciones de CERMI Comunidad de Madrid, Javier Font, en este caso representando a FAMMA-Cocemfe Madrid, Mariano Casado, de Plena Inclusión Madrid y Valentín Fernandez-Jardón, de Aspaym Madrid. Además, ha contado con la participación de dos personas con discapacidad que han trasladado su valiosa experiencia personal, Clara Ochoa y Javier García Pajares.

ACCESIBILIDAD EN VIVIENDA

Durante la mesa, todos los intervinientes han coincidido en la necesidad de reforzar la apuesta por la accesibilidad universal en "entornos tan importantes como la vivienda para no estar encerrados en una jaula de oro"; reforzar la figura de la asistencia personal; impulsar el empoderamiento de las personas con discapacidad, y la necesidad de brindar los apoyos necesarios para la vida autónoma, entre otras cuestiones.

A continuación, Rafael de Asís, catedrático de Filosofía del Derecho en la Universidad Carlos III de Madrid ha realizado un conciso y brillante análisis del último informe de la ONU sobre el cumplimiento de la Convención en España, haciendo especial hincapié en los artículos dedicados a la autonomía personal.

La jornada ha sido clausurada por la secretaria general de CERMI Madrid, María Teresa Rodríguez, y el presidente de la entidad. El propósito de la jornada ha sido "buscar y fomentar la independencia de las personas con discapacidad, ya que es una cuestión de derechos humanos", tal y como ha explicado el propio presidente de CERMI Comunidad de Madrid.

A este encuentro virtual han asistido más de 100 personas, una amplia representación de senadores, diputados de la Asamblea de Madrid, de los grupos parlamentarios; además de profesionales, representantes de Entidades, personas con discapacidad interesadas, etc.

La presidenta de Ciudadanos, Inés Arrimadas, ha asegurado que el acuerdo entre el PNV y el Gobierno central en torno a varias enmiendas a los Presupuestos Generales del Estado hace "menos necesarios todavía" el apoyo de EH Bildu y ERC para sacar adelante los PGE, por lo que ha emplazado al presidente, Pedro Sánchez, a revertir las "cesiones" efectuadas ante ambas formaciones y optar por la "vía moderada" para aprobar las cuentas.

Arrimadas, que este viernes se ha reunido con los dos diputados de Ciudadanos integrados en el grupo de PP+Cs del Parlamento Vasco, se ha referido, de esta forma, al acuerdo entre el PNV y el Gobierno central en torno a varias enmienda a los PGE, un pacto que se interpreta como un avance hacia un eventual respaldo de la formación jeltzale a los presupuestos del próximo año.

La líder de Ciudadanos ha afirmado que este acuerdo "confirma una vez más" que los votos de EH Bildu y ERC "no son necesarios" para que Sánchez pueda sacar adelante los PGE, por lo que si el presidente recurre a esos partidos para aprobar las cuentas es "porque quiere".

En la misma línea, ha manifestado que el pacto entre los 'jeltzales' y el Ejecutivo central "refuerza" la evidencia que EH Bildu y ERC no son necesarios para poder aprobar las cuentas. "Sánchez debería escuchar las voces moderadas que, dentro de su Gobierno, del PSOE y de los votantes socialistas, le dicen que entre en la vía moderada con Ciudadanos y otros partidos", ha añadido.

La dirigente de Ciudadanos ha subrayado que el pacto entre el PNV y el Gobierno demuestra que "hoy son menos necesarios todavía" los apoyos de la formación abertzale y de los republicanos catalanes para aprobar las cuentas. Por ese motivo, ha reiterado su emplazamiento a Sánchez para que recurra a la "vía moderada" que -según ha dicho- representa Ciudadanos y otras formaciones que también pueden aportar la mayoría necesaria para aprobar los presupuestos de 2021.

"MANO TENDIDA"

En todo caso, ha advertido de que, para poder recibir el respaldo de Ciudadanos a los PGE, el Gobierno central deberá "desandar el camino" que ha iniciado con sus "cesiones" a EH Bildu y ERC. "Hemos tendido la mano al gobierno para que no coja la mano de Otegi, condenado como cooperador necesario en un secuestro; y de Junqueras, condenados por malversación y sedición", ha manifestado.

En este sentido, ha insistido en que si Sánchez "coge la mano" de Otegi y Junqueras "no es porque no tenga otra opción", sino porque "le da la gana". Arrimadas, que ha rechazado que su disposición a acordar las cuentas con el Gobierno central pueda "debilitarla" en el seno de su propia formación, ha reivindicado la capacidad de Ciudadanos para llegar a acuerdos "útiles".

LA "MEDALLA" DEL IMPUESTO AL DIESEL

De esa forma, ha asegurado que el acuerdo entre el PNV y el PSE para eliminar de los PGE la subida de impuestos al diésel "da la razón" a Ciudadanos, formación que ya anunció hace unas semanas que el Gobierno le había comunicado su compromiso de no incluir dicho incremento en los presupuestos.

"No me importa a quien le den la medalla, sino que millones de españoles no van a tener que pagar un sobrecoste al coger el coche", ha afirmado. Además, ha subrayado que como contraprestación a su acuerdo para no enmendar a la totalidad los PGE, Ciudadanos ya ha conseguido otros logros "útiles", como evitar la subida del IVA en la escuela concertada y especial.

En todo caso, ha recordado que dicho acuerdo solo implicaba que Ciudadanos no presentaría una enmienda a la totalidad los PGE y que votaría -como así hizo- contra las que pudieran presentar otras formaciones.

De esa forma, ha avisado de que para votar a favor de las Cuentas, su formación reclama otras condiciones a Sánchez, como el establecimiento de un modelo de ayudas similar al alemán para los autónomos afectados por la crisis del coronavirus, y revertir las "concesiones" que -según ha dicho- ha realizado el Gobierno central ante el "separatismo", incluida la "humillación" que supone la eliminación del carácter del castellano como lengua vehicular en la enseñanza.

ACERCAMIENTO DE PRESOS

En este sentido, también ha advertido de que el acercamiento de presos de ETA a cárceles próximas a su lugar de residencia familiar "no puede ser moneda de cambio" para el apoyo a unos presupuestos. Arrimadas ha explicado que para evitar que esto pueda producirse, su grupo registrará una proposición no de ley en el Congreso de los Diputados, en la que planteará la reforma del Reglamento Penitenciario para "endurecer" los requisitos para acercar a los presos a prisiones próximas a sus lugares de origen.

La líder de Ciudadanos, que ha recordado que esta es una demanda que su partido ha planteado en numerosas ocasiones, ha indicado que lo que pretende es que "se exija" y se demuestre el "arrepentimiento" de los presos, y que estos deban "colaborar con la Justicia" para que sean acercados a prisiones próximas a su residencia familiar.

Arrimadas también ha asegurado que Ciudadanos propondrá una reforma de la Ley Electoral para que las personas que se fueron de Euskadi por la amenaza del terrorismo puedan votar en el País Vasco en todas las elecciones.

COALICIÓN CON EL PP

La líder de Ciudadanos ha destacado el entendimiento alcanzado entre su partido y el PP para conformar la coalición PP+Cs en Euskadi, sobre la que ha asegurado que representa un "bastión del constitucionalismo".

No obstante, en referencia a la posibilidad de reeditar este modelo para las elecciones catalanas, ha afirmado que la situación de ambas comunidades autónomas es "diferente", y ha reiterado que su apuesta para Cataluña es conformar una coalición "lo más transversal posible", en la que además de Cs y PP, también pueda entrar el PSC. "No tiro la toalla", ha manifestado.

El PP considera que España está asistiendo al "acta de defunción" del principio de libertad educativa, según ha manifestado el diputado de este partido en el Congreso por Huesca, Mario Garcés, al referirse a la Ley Orgánica de modificación de la LOE (LOMLOE), aprobada este jueves en el Parlamento español, también conocida como 'Ley Celaá'.

Garcés ha explicado que su partido apuesta por un modelo en el que prime la libertad de elección, "donde todo sea complementario, nadie excluya a nadie y, fundamentalmente, donde cada padre y madre puedan decidir libremente cómo sea la educación de sus hijos".

El diputado ha esgrimido que los niños "tienen que ser educados en sus casas, con un complemento máximo por parte del sistema educativo" y, en ese sentido, "tan buena es la educación pública, como la privada y concertada".

Ha remarcado: "Nadie puede mermar a ningún altoaragonés el derecho absoluto, pleno y libre que tiene de elegir cuál es el colegio o la escuela a la que quiere llevar a sus hijos".

Por su parte, la senadora del PP por Huesca, Ana Alós, ha expresado su preocupación por las consecuencias que esta aprobación puede tener para la educación concertada en Huesca, que "pasará a ser subsidiaria de la pública".

Esto supondrá, ha continuado, que la administración "va a decidir donde se escolariza a los niños y será antes la pública que la concertada" y "puede ocurrir que las escuelas concertadas tengan dificultades económicas para subsistir", algo que "acabará afectando a todos los alumnos que desarrollan en ella su educación".

El líder del PP, Pablo Casado, ha acusado este viernes al jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, de lograr un 10% menos de ayudas para los agricultores y ganaderos que el Gobierno de Mariano Rajoy en la negociación de la Política Agraria Común (PAC), algo que, según sus cálculos, se traducirá en la pérdida de 600 millones de euros anuales. Además, ha solicitado que los fondos de recuperación europeos incluyan partidas para el campo español.

Así se ha pronunciado Casado tras visitar en Alcarrás (Lleida) una explotación agraria y ganadera junto al presidente del PPC, Alejandro Fernández y la presidenta del PP de Lleida, Marisa Xandri. Se trata de su tercera visita a Cataluña este mes de noviembre y tiene intención de acudir todas las semanas para apoyar al PP catalán en la precampaña catalana, según han informado a Europa Press fuentes del partido.

En un vídeo grabado en esa misma explotación agraria que ha difundido el PP, Casado ha anunciado que el Grupo Popular Europeo reivindicará que los fondos de recuperación europeos "también lleguen al campo español" e incluyan partidas específicas.

En concreto, Casado ha explicado que el PP aboga por que una parte de esos 140.000 millones de euros se destine a apoyar a agricultores y ganaderos, a modernizar infraestructuras hidráulicas y a dinamizar el sector para que compita aún más y aumente su valor exportador.

"NO SE HA CONSEGUIDO" UNA BUENA NEGOCIACIÓN CON LA PAC

A renglón seguido, el líder del PP ha recalcado que España necesitaba "una buena negociación" del Ejecutivo con la PAC pero "no se ha conseguido". Según ha señalado, los agricultores y ganaderos catalanes van a perder 100 millones de euros y el conjunto de España percibirá un 10% menos de ayudas.

"Los cálculos que hacemos es que los agricultores y ganaderos catalanes van a perder 100 millones en este marco que se acaba de negociar y que además el Gobierno pretende vender como que se ha negociado bien con un 10% menos de ayudas a España, casi 600 millones menos de lo que dejamos negociado en la última previsión que hicimos hace siete años", ha subrayado, para añadir que el PP está "preocupado" por esta PAC.

Por su parte, Alejandro Fernández ha asegurado que España no puede permitirse el "lujo" de ser "débil" en Europa como, a su entender, ha sucedido con el Gobierno de Sánchez "ni tampoco desprestigiar e insultar a Europa como hacen otros", en alusión a Vox.

El papel de España es ser fuerte en Europa precisamente para apoyar a este sector, que tiene enorme dependencia de las ayudas comunitarias para poder salir adelante y ese es el compromiso del PP", ha enfatizado Fernández.

La nueva política agraria común no entrará en vigor hasta 2023, para dar tiempo a los Estados miembros a adoptar las nuevas disposiciones. En cualquier caso, contará con un presupuesto para los próximos siete años de 390.000 millones. A España le corresponden unos 47.700 millones.

MÁS ACTOS EN LLEIDA ESTA JORNADA

Durante su visita, Pablo Casado ha destacado el compromiso del Partido Popular con la provincia de Lleida y con su agricultura y explotaciones ganaderas, que, según ha dicho, son un referente en toda Europa.

Tras visitar la explotación ganadera, Casado, Fernández y Xandri se trasladarán a la sede de la empresa ICG, donde realizarán un recorrido por las instalaciones y se reunirán con empresarios catalanes de los sectores de la hostelería, tecnológico, comercio y distribución, entre otros.

Además, por la tarde mantendrán un encuentro con representantes de centros de educación concertada y especial junto a los presidentes regional y provincial del PPC, justo un día después de que el Pleno del Congreso haya aprobado la llamada 'Ley Celáa'.

El Servicio de Publicaciones de la Fundación Unicaja ha editado el libro 'El origen de la escritura. La magia de los símbolos', una obra del arqueólogo malagueño Juan Manuel Muñoz, que repasa la historia de la escritura a través del origen de los primeros signos y símbolos hallados en el yacimiento malagueño del 'Cerro de la Tortuga', una de las primeras manifestaciones de comunicación escritas aparecidas en la Península Ibérica, y de otros muchos hallazgos.

El responsable de Publicaciones y Premios de la Fundación Unicaja, Francisco Cañadas, y el autor del libro, Juan Manuel Muñoz, han destacado el interés de la obra, que parte del hallazgo en 1960 de este asentamiento ibero-púnico, donde se documentó y estudió el descubrimiento de las primeras formas escritas en nuestro territorio, y en este libro se quiere, paso a paso, dar a entender cómo se formó la escritura en la Península Ibérica.

Del riguroso estudio de la recopilación de cientos de rocas con grabados en el yacimiento malagueño del 'Cerro de la Tortuga' y también del 'Cerro del Villar' ha nacido este libro, que pretende, según explica el propio autor, que sirva como un gran inventario de grabados que determinen qué fueron esas primitivas incisiones en piedras y rocas, han indicado desde Fundación Unicaja en un comunicado.

De esta forma, el objetivo es determinar si se trataba o no de un sistema de escritura consolidado después en la época del Calcolítico en la Península Ibérica, en plena Edad del Cobre, que explique los pasos necesarios de la transformación del símbolo en signo, y de ahí el descubrimiento de la escritura.

Muñoz Gambero ha estructurado su publicación en tres grandes apartados. En el primero realiza una explicación conceptual de los contenidos simbólicos de las pinturas paleolíticas, analizando el proceso evolutivo de los pictogramas y los ideogramas en el mundo prehistórico. A través de la historia de la escritura en el mundo antiguo describe una relación morfológica con nuestra manera de escribir.

El segundo segmento está dedicado al descubrimiento de los lugares donde se grababan las rocas, estudiando el paisaje y su entorno. El profesor no se limita únicamente a sus descubrimientos en Málaga, sino que realiza un amplio recorrido por los alfabetos del Mediterráneo, llegando también a las primeras ciudades neolíticas del Próximo Oriente y Asia Menor. Desde el Neolítico, con la aparición de la agricultura y la ganadería, hasta la conexión de este período de tiempo con el norte de África, un asunto rechazado por muchos arqueólogos pero presente en un gran número de investigaciones modernas.

Por último, el libro desarrolla el método que se ha seguido para clasificar y definir los grabados y ordenar las cartelas, determinando los métodos tecnológicos y los grupos de grabado, atendiendo a la ubicación o el momento del hallazgo.

Juan Manuel Muñoz Gambero (Málaga, 1942) fue el descubridor y posterior director de las excavaciones arqueológicas del 'Cerro de la Tortuga' y de la ciudad fenicia del 'Cerro del Villar', ambas en Málaga.

Su vida ha estado siempre ligada a la arqueología, formando parte de las Excavaciones Arqueológicas Españolas para Egipto, organizadas por la Unesco. De hecho, llegó a dirigir los trabajos de una Necrópolis Meroítica de un poblado del Alto Egipcio.

Fue el director del primer curso de Arqueología Práctica para Escuelas de Magisterio en Málaga y el director de la revista 'Malaka', dedicada a la historia y la arqueología. Ponente de prestigiosos congresos y director de seminarios, ahora ha escrito un nuevo libro, 'El origen de la escritura. La magia de los símbolos'.

La Audiencia Provincial de Madrid ha ordenado que se reabra la causa contra la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, y el consejero de Sanidad, Enrique Escudero, por presuntas negligencias en la gestión de la primera fase de la pandemia en cuatro residencias de la localidad madrileña de Leganés.

Así consta en un auto, en el que se estima parcialmente el recurso de apelación interpuesto por Mareas de Residencias contra el auto de inadmisión a trámite formulado por el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 5 de Leganés.

La querella iba dirigida contra Ayuso, cuatro directores de residencias de Leganés y Escudero. Se formuló por delitos de homicidio imprudentes, lesiones, omisión del deber de socorro, trato degradante y prevaricación.

Por tanto, los magistrados dejan sin efecto dicha inadmisión a los efectos de practicar las diligencias que se sugieren en esta resolución, entre ellas la toma de declaración a cada uno de los querellados y a dos de los residentes que se contagiaron del virus si su salud se lo permite.

Además, creen "preciso" que el juez instructor conozca los protocolos de actuación que se siguieron en las residencias implicadas, así como los criterios de derivación a los hospitales.

También insta al instructor que se requiera a las residencias la historia de los residentes a los que se refiere la querella, así como a los centros hospitales donde fueron derivados las historias clínicas.

Igualmente, los magistrados ordenan al juez que solicite a las residencias que informen sobre cuáles eran los medios de protección individual y colectiva de los que disponían en las fechas en las que se produjeron los hechos.

En la querella, familias de varios residentes fallecidos en cuatro residencias de Leganés denunciaban la supuesta comisión de los delitos de homicidio imprudente, lesiones imprudentes, omisión del deber de socorro, trato degradante y prevaricación.

FALTA DE INDICIOS DE CRIMINALIDAD

Los motivos principales que argumentó el instructor para no dar cabida a la querella eran la falta indicios de criminalidad, y que se consideraba que los relatos de hechos de los querellantes se sustentaban en indicios delictivos, entre otros motivos.

El Juzgado también indicó que fallecimientos y contagios fueron causados por la pandemia y no por la actuación de los querellados, "dado que se trataba de un fenómeno novedoso del que poco o nada se sabía, y se sigue sin saber". Por ello, apuntó que cualquier responsabilidad que existiera debería dirimirse en la jurisdicción civil o contencioso-administrativa.

Los abogados de la Marea de Residencias acordaron recurrir en apelación a la Audiencia de Madrid, que ahora estima de forma parcial su recurso. Desde Marea de Residencias han tachado el auto de "buena noticia".

Entre otros motivos, los recurrentes alegaron la vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva sin indefensión, "al imposibilitar a los querellantes iniciar una investigación judicial sobre el fallecimiento o contagio de sus familiares".

Las nuevas denuncias por abusos contra miembros de la Iglesia católica en los últimos seis meses en España han sido "cero o muy pocas", según ha asegurado la Conferencia Episcopal Española (CEE).

La Comunidad de Madrid ha cerrado por un brote de coronavirus un colegio de Educación Infantil y Primaria del municipio de Mataelpino, el primero desde el inicio del curso 2020/2021, y mantiene 1.258 aulas y 25.753 alumnos en cuarentena.

Así lo ha indicado la directora general de Salud Pública de la Comunidad de Madrid, Elena Andradas, en la rueda de prensa semana para informar sobre la situación epidemiológica y asistencial de la región, junto al viceconsejero de Salud Pública y Plan Covid-19, Antonio Zapatero.

Según Andradas, dichas cifras implican que un 2 por ciento de las aulas de la región y un 1,8 por ciento de los alumnos están afectados por cuarentenas para frenar la transmisión del Covid-19.

En cuanto al centro clausurado, el Josefina Carabias, ha precisado que, a raíz del estudio de "un brote", se ha cerrado "de forma transitoria unos días para realizar una serie de medidas de desinfección, limpieza y demás, y se está ya preparando todo para poder reabrirlo en el menor tiempo posible".

Fuentes de la Consejería de Educación y Juventud han confirmado que se trata del primer CEIP cerrado a causa del Covid desde el inicio del curso 2020/2021, periodo en el que se han tenido que cerrar cuatro escuelas infantiles.

Asimismo, han indicado que el CEIP Josefina Carabias se trata de un centro de línea 1 con un total de 160 alumnos.

Por su parte, el Ayuntamiento de El Boalo-Cerceda-Mataelpino ha informado del cierre ante la "confirmación de varios casos positivos" y el "alarmante ascenso de los mismos en un periodo de escasas 72 horas".

A través de un comunicado, el Consistorio ha explicado que la decisión se ha tomado "tras consultar" a Salud Pública y a los "organismos educativos pertinentes", teniendo en cuenta "el impacto de las cifras en una Comunidad Educativa pequeña como es la de este colegio.

"FRENAR LA PROPAGACIÓN DEL VIRUS"

"Desde la dirección del colegio se lamenta profundamente haber tenido que tomar esta decisión, pero también se reafirma la voluntad de frenar la propagación del virus reduciendo la posibilidad de contagio", indican en el comunicado del Ayuntamiento.

Así, han avanzado que para retomar las clases con "total seguridad sanitaria" se están "desinfectando y limpiando" todos los espacios del centro, colaborando conjuntamente de manera diaria Protección Civil con equipos de ozono y una empresa de limpiezas.

"Docentes, personal no docente, cocina, monitoras de comedor y personal de limpieza, están deseando volver a ver a todo el alumnado muy pronto por el cole, con las energías renovadas para aunar esfuerzos en la misma dirección. A todos les deseamos una pronta recuperación", subrayan.

La consellera de Salud de la Generalitat de Cataluña, Alba Vergés, ha presentado la nueva estrategia del departamento para acompañar el Plan de flexibilización de las restricciones derivadas de la segunda ola de la pandemia de coronavirus en la que, entre otras medidas, se harán cribados a partir de kits de automuestra de pruebas PCR que los ciudadanos podrán recoger en las farmacias catalanas.

Lo ha explicado este viernes en rueda de prensa acompañada del secretario de Salud Pública, Josep Maria Argimon, que ha concretado que la estrategia recoge tres tipos de cribado: comunitarios, a personas vulnerables como los usuarios de residencias y a colectivos específicos como los profesionales sanitarios.

El secretario ha detallado que la estrategia con kits de automuestra PCR tendrán una organización similar a los cribados que realiza Cataluña con el cáncer de colon: se notificará a la población por carta, que si decide participar deberá ir a la farmacia a recoger el kit, se realizará la prueba PCR a si mismo, devolverá el kit a la farmacia etiquetado como indicará en la carta para que se analice en un laboratorio y tendrá el resultado en 48 horas.

Como sigue la misma estrategia que el cribado del cáncer de colon, el secretario ha defendido su viabilidad: "Es una logística que ya tenemos preparada y bien validada desde hace muchos años. Tenemos oficinas de cribado, tenemos cargado el censo y conocemos el envío de cartas".

Argimon ha explicado que empezarán a enviar cartas en un mes, que empezarán con la población de 50 años o más con la misma toma de muestras que han planteado en los institutos catalanes, que "no tiene dificultad" y no precisa de ningún tipo de permiso para su despliegue.

Al ser preguntado por si esta estrategia de kits de automuestra PCR en las farmacias tendrá una periodicidad, Argimon ha descartado esa opción y ha explicado que será "una sola vez".

RESIDENCIAS

Otra de las líneas de la estrategia del departamento es el cribado a colectivos vulnerables como los usuarios de las residencias catalanas, por lo que "intensificarán" el testeo en el ámbito residencial que pasará a tener una frecuencia semanal.

Además, Argimon ha concretado hace "tres semanas o más" que no realizan cribados a un 70% de los centros residenciales catalanes al ser consideradas verdes --sin casos de coronavirus--, en los que volverán a hacer pruebas para la detección de asintomáticos.

ÁMBITO DEPORTIVO

Conjuntamente con la Secretaría General del Deporte de la Generalitat, iniciarán también cribados a personas en clubes de deportivos de 18 años o más, al ser la franja en la que "menos esfuerzo diagnóstico" han hecho y la que tiene la incidencia de casos más elevada.

Ha detallado que pedirán a los clubes que tengan a una persona responsable de recoger la información de los testados para que se pueda garantizar la trazabilidad y para que la ciudadanía disponga de los resultados así como los profesionales sanitarios en el historial clínico del paciente.

También reclamarán que haya alguien que pueda realizar la toma de muestras y Argimon ha subrayado que estos cribados no se realizarán para poder competir: "Que no nos dé falsa seguridad, no es para un uso individual", ha advertido.

CRIBADOS COMUNITARIOS

Argimon ha anunciado que el lunes retomarán los cribados comunitarios "en zonas con una alta incidencia" de casos que empezarán en las localidades de Rubí y Terrassa (Barcelona) a través del Banc de Sang i Teixits, que se hará cargo de todo el proceso.

Lo haremos intentando desplegar el máximo número de personas para llegar al máximo número de gente en poco días", ha argumentado el secretario en relación a estas zonas de mayor incidencia de la pandemia.

Asimismo, la estrategia del departamento también incluye cribados comunitarios en puntos ligeros, es decir, en vez de realizar un "gran despliegue" de personas, se hará con poca gente pero en muchos puntos que estén lo más dispersos posible de toda la geografía de Cataluña.

El departamento seguirá realizando los cribados poblacionales a través de las escuelas con más de 300 personas en equipos móviles que se desplazan a todas los centros, con los que han realizado 488.000 pruebas PCR en dos meses, cerca del medio millón que anunció el Govern en septiembre.

Castilla y León contabiliza un total de 120.490 positivos por coronavirus, de ellos 1.403 nuevos, con 31 fallecidos notificados en las últimas 24 horas (27 de ellos en hospitales y cuatro en residencias) y 182 altas más, según datos ofrecidos por la Consejería de Sanidad y recogidos.

Las estadísticas de este viernes registran 27 fallecimientos en hospitales. En total en este ámbito se han notificado hasta el momento en la Comunidad 3.469 defunciones. Por su parte, las altas hospitalarias de pacientes que ingresaron con COVID-19 alcanzan ya las 16.209, tras sumarse otras 182 en las 24 horas anteriores.

Los brotes activos actualmente en el conjunto de la Comunidad son 589 y los casos positivos a ellos vinculados se sitúan en 5.025. De ellos, Ávila contabiliza 73--los mismos--; Burgos, 42, dos menos; León, 37, tres menos que ayer; Palencia, 45--los mismos--; Salamanca, 44, cinco menos; Segovia, 53, tres menos; Soria, 58, cuatro menos; Valladolid, 184, nueve más, y Zamora 53, uno más.

En total, se han diagnosticado ya en la Comunidad 120.490 positivos en COVID-19 en los distintos tipos de pruebas, después de una jornada en la que se han sumado 1.403. Según los datos de la Administración regional, 113.764 positivos han sido diagnosticados en test PCR y de antígenos.

Por provincias, Valladolid es la que acumula más positivos este martes, con 365 más y un total de 27.698; seguida de Burgos, con 368 más y 20.564; León, con 243 y un total de 19.664; Salamanca, con 84 más para un total de 17.279; Palencia, con 129 y un total de 7.958; Segovia, con 12 más y 7.734; Zamora, con 123 más y 7.502; Ávila, con 41 más y 6.749, y Soria, con 38 más y 5.342.

SIN FALLECIDOS EN EL HOSPITAL EN SEGOVIA

Respecto al número de fallecidos en hospitales con diagnóstico COVID, la cifra total es de 3.469, 27 más que en la jornada anterior. La mayor parte se registra en la provincia de León con 719 --nueve más--, le sigue Valladolid con 709 --11 más--; a continuación figura Salamanca, con 571 --seis más--; Burgos, con 406 --15 más--; Segovia con 245 --sin cambios--; Zamora 254 --siete más--; Ávila registra 220 --dos más--; Palencia suma dos más hasta los 187, y Soria, 158 --cinco más--.

En el caso de las altas, un total de 16.209, se han computado 3.940 en Valladolid; 2.946 en León; en Salamanca 2.407; en Burgos 2.129; en Segovia 1.148; en Ávila 1.057; en Zamora 1.065; en Palencia, 874, y en Soria 643.

DESCIENDEN LAS HOSPITALIZACIONES EN PLANTA PERO NO EN CRÍTICOS

En cuanto a las hospitalizaciones, permanecen ingresadas con motivo del COVID-19 un total de 1.638 personas --54 menos que en la jornada anterior--. El descenso corresponde íntegramente a los pacientes que se encuentran en planta, 1.390 --60 menos--, ya que 248 están en unidades de críticos --cinco más que la jornada anterior--.

Los pacientes con COVID-19 en UCI se encuentran repartidos en once hospitales de las distintas provincias y ocupan un 77 por ciento de las camas en unidades de críticos, un punto porcentual más.

Así, se informa de 44 ingresados tanto en el Río Hortega de Valladolid; 43 tanto en el Hospital Clínico de Valladolid como en el Complejo Asistencial Universitario de Burgos; 29 en el Complejo Asistencial de León; 25 en el Complejo Asistencial Universitario de Salamanca; 24 en el de Palencia; 13 en el Hospital de El Bierzo; diez en el complejo asistencial de Zamora; ocho en el de Ávila, siete en el de Segovia y dos en el de Soria.

DIECIOCHO INTERNOS DE RESIDENCIAS FALLECIDOS

Por su parte, la cifra notificada de internos de residencias de mayores y personas con discapacidad fallecidos, según los datos facilitados por la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades, se sitúa en 3.278 --18 más que en el último parte emitido-- en los 1.214 centros de personas mayores tanto públicas como privadas y centros públicos de discapacidad.

De los fallecidos, 2.173 corresponden a casos de positivos confirmados por COVID-19, 18 más que en la jornada anterior, y otros 1.105 a fallecidos con síntomas compatibles con el virus, cifra sin cambios desde el mes de junio.

Según los datos facilitados por la Junta, de los 3.278 finados hasta el momento, 1.938 personas han perdido la vida en su residencia o centro, cuatro más que el dato de ayer, mientras que 14 personas más han fallecido en el hospital, hasta un total de 1.340.

Un total de 23 residentes se encuentra aislado con síntomas compatibles con el COVID-19, tres más, y 1.835 se encuentran en esa situación de forma preventiva pero sin síntomas, 260 menos.

En cuanto a los centros bajo la tutela de la Junta de Castilla y León, la cifra de fallecimientos asciende a 279, tras notificarse dos más que en el anterior parte, de ellos 162 con positivo confirmado, mientras que otros 117 han sido con síntomas compatibles.

Además, se encuentran hospitalizados 31 residentes, dos menos, y ascienden a 920 los usuarios con positivo en COVID-19 confirmado, los mismos.

Por otro lado, no hay ningún residente en aislamiento con síntomas compatibles con el COVID-19 y 154 aislados de forma preventiva sin síntomas, 89 menos.