El empresario Jesús Salazar, condenado junto a su hermano Jaime por el desfalco de SOS Cuétara, actual Deoleo, se ha declarado «absolutamente inocente» de obtener de Hacienda más de 2 millones de euros en una devolución del IVA que habría sido fraudulenta, durante el juicio que se ha celebrado este lunes en la Audiencia Nacional sobre esta pieza separada de la «causa madre».
Los Salazar evitaron el juicio por el llamado caso ‘SOS’ al llegar un acuerdo de conformidad en febrero por el cual reconocieron delitos de administración desleal y estafa, entre otros, aceptando penas de hasta un año y medio de cárcel y devolver a Deoleo entre 8 y 12 millones, para compensar los 230 millones que habrían desviado de SOS Cuétara –Jesús como presidente y Jaime, vicepresidente– hacia un entramado societario propio, según cálculos del Ministerio Público.
Aún estaba pendiente de juicio la pieza separada donde se imputan a Jesús Salazar y Francisco Blázquez delitos contra la Hacienda Pública, de blanqueo de capitales e insolvencia punible por los más de 2,5 millones que Hacienda devolvió a Ddal Inversiones en concepto de IVA por una operación inmobiliaria vinculada a dicho entramado. La Fiscalía pide para ellos 8 años de cárcel, una multa de más de 12 millones y otros 2,4 millones para indemnizar al fisco.
«Me considero absolutamente inocente», ha dicho Salazar en el juicio, que ha comenzado este lunes con las cuestiones previas, la declaración de este acusado y el interrogatorio a testigos y peritos de la Agencia Tributaria. Se espera que Blázquez hable el martes, en la última sesión.
Este juicio pone la lupa en dos transacciones inmobiliarias por las que el Grupo SOS vendió en 2006 dos terrenos –uno en Sueca (Valencia) y otro en Pilas (Sevilla)– a Ddal Inversiones, de la que primero los Salazar y después Blázquez fueron administradores únicos, por 4,1 y 14,9 millones, respectivamente, y por la que la mercantil compradora solicitó a Hacienda que le devolviera el IVA soportado: 2.514.329,21 euros.
Según ha expuesto la fiscal en la vista oral, el delito estaría en la compraventa de Pilas porque en realidad no se habría completado. Estaba sujeta a ciertas condiciones, entre ellas que los terrenos –de uso industrial– se recalificaran para uso urbano, algo que no habría ocurrido, de modo que Ddal Inversiones no tendría derecho a la devolución del IVA soportado por esta transacción inmobiliaria.
UNA OPERACIÓN INCOMPLETA
Salazar ha defendido que se trataba de un negocio «muy rentable» para Deoleo porque eran terrenos inservibles desde el punto de vista de la industria aceitera, pero interesantes desde la óptica inmobiliaria, dado que en Sueca se podían construir naves industriales y en Pilas había la expectativa de edificar viviendas, a falta de que el Ayuntamiento diera el visto bueno a la recalificación urbanística.
Sobre Sueca, ha señalado que el contracto transcurrió con normalidad, si bien con el negocio de Pilas se toparon con el freno municipal, ha admitido. Salazar ha sostenido que la «realidad» es que las partes acordaron no ejecutar la condición suspensiva porque estaban convencidas de que era una «operación sana» que acabaría fructificando, como sostiene que fue.
«El IVA íntegro se pagó», ha aseverado enfatizando que, en consecuencia, «la Hacienda Pública no ha tenido ningún descalabro». «El único que podría discutir algo es Deoleo y, como se llevó 8 millones, pues tampoco», ha zanjado.
Sin embargo, Tomás Páramo, que junto a su cuñado, Jaime Salazar, fue administrador de Ddal Inversiones en 2006, ha testificado que la operación de Pilas «no se pagó al 100%». «No se perfeccionó», ha dicho a preguntas del Ministerio Público.
En la misma línea, una perito de la Agencia Tributaria ha indicado que la compraventa de Pilas «no llegó al fin que pretendía», dado que solo hay dos pagos documentados (uno de 1,9 millones en 2006 y otro de 2,6 millones en 2008) y la condición resolutoria establecía que debía abonarse el importe completo antes de 31 de diciembre de 2009.
Así, la experta de Hacienda ha validado la tesis del Ministerio Fiscal, que ha puesto de relieve que, si al acabar 2009 Ddal Inversiones no había pagado los 14,9 millones que costaba el terreno de Pilas, no tenía derecho a solicitar, como hizo, en enero de 2010 a la Agencia Tributaria que le devolviera el IVA soportado por esa compraventa.
COMPRAR POR 120 EUROS Y VENDER POR 75.000 EN 48 HORAS
Otro de los ejes de esta sesión inaugural ha sido la fugaz presencia de Salazar como administrador único de Ddal Inversiones. El 28 de mayo de 2009, compró todas las acciones por 121 euros a Páramo y, 48 horas después, se las vendió a Blázquez por 75.000 euros.
Salazar ha explicado que en mayo de 2009 irrumpió en Ddal Inversiones, hasta ese momento en manos de su hermano y el cuñado de éste, porque se desató el caso ‘SOS’ y Páramo se puso «muy nervioso». Entonces, Jaime le recomendó que entrara para asegurar el pago.
Fue una operación rápida, ha manifestado, porque él era un mero «aceitero» sin experiencia en el sector inmobiliario que solo quería estar a los mandos de Ddal Inversiones el tiempo necesario hasta encontrar a alguien con conocimientos en la materia que sacara adelante la mercantil para que pudiera hacer frente a sus pagos.
Ese hombre, de acuerdo con su relato, era Blázquez «un buen padre de familia» y «buen empresario», que hasta «trajo a Burger King» a España. Le vendió esas mismas acciones por 75.000 euros apenas dos días después de comprarlas.
No quería deshacerse de ellas sin más porque «lo que se regala parece que no tiene valor» y, aunque la situación económica de Ddal Inversiones era mala, «si hace la matemática le salía un buen negocio» con las compras de Sueca y Pilas, ha argumentado.
«A partir de ese momento yo ya no era dueño y mi única preocupación era que Deoleo cobrara lo que se le debía, y cobró íntegramente, es decir, funcionó bien (…), fue una decisión acertada», ha considerado.
«MOVIMIENTO CIRCULAR» DEL DINERO
A pesar de que –de acuerdo con Salazar– solo fue administrador único de Ddal Inversiones unas horas, el cambio no se elevó a escritura pública hasta 2011 En ese ínterin el Juzgado Central de Instrucción Número 4 prohibió a los hermanos disponer de los bienes de la empresa, pero nada más recibir el IVA devuelto por Hacienda, se transfirió casi todo el dinero (2,1 millones) a una mercantil y desde ahí a otras relacionadas con el entramado societario de los imputados.
Salazar ha querido subrayar que, puesto que ‘de facto’ se desprendió de Ddal Inversiones en 2009, ese embargo judicial vino 20 meses después de su salida de la gestora inmobiliaria, desvinculándose así de un presunto alzamiento de bienes.
No obstante, el Ministerio Público, en su escrito de acusación, concluye que esas transferencias fueron realizadas por Blázquez en connivencia con Salazar, «en ejecución del plan común ideado de dificultar el destino final del dinero».
Otros peritos de la Agencia Tributaria han contado que les llamó la atención el «movimiento circular» de los fondos devueltos por Hacienda «justo cuando los señores Salazar estaban con un embargo». «Nos hizo pensar que quizá ese dinero se estaba sacando en efectivo para que volviera a los señores Salazar, que eran quienes tenían primogéneamente Ddal Inversiones», han ilustrado.
La defensas han reclamado en las cuestiones previas una resolución que directamente pusiera fin al proceso penal, aduciendo que unos delitos estaban prescritos y otros tenían efecto de ‘cosa juzgada’ por haberse ventilado en el acuerdo de conformidad. El tribunal, en cambio, ha optado por seguir adelante con el juicio y resolver estos asuntos en la sentencia.
