El exministro de la UCD Manuel Clavero Arévalo, Hijo Predilecto de Andalucía, ha fallecido este lunes, 14 de junio, a los 95 años de edad, según han confirmado fuentes del Grupo Joly, de cuyo Consejo Editorial era presidente en estos momentos.

Nacido en Sevilla en abril de 1926, ha sido un prestigioso abogado y catedrático de Derecho Administrativo en Salamanca y Sevilla, universidad esta última de la que fue rector por elección entre 1971 y 1975.

Distinguido con el título de Hijo Predilecto de Andalucía en 1999, Clavero Arévalo tuvo como catedrático en Salamanca y Sevilla entre sus alumnos a dos futuros presidentes de gobiernos de la democracia, como fueron Adolfo Suárez y Felipe González.

Además, Clavero Arévalo da nombre desde el pasado año 2020 a una de las medallas de Andalucía que, por el 28 de febrero, concede anualmente el Consejo de Gobierno de la Junta en virtud de una iniciativa del actual presidente de la Junta, Juanma Moreno, y que hasta ahora han recibido el expresidente andaluz Rafael Escuredo, en 2020, y el Parlamento andaluz en este 2021.

Medalla de oro del Instituto de Academias de Andalucía y miembro de las Reales Academias de Ciencias, Bellas Letras y Nobles Artes de Córdoba; de las Buenas Letras de Sevilla y de Jurisprudencia y Legislación de Sevilla, Manuel Clavero ha sido igualmente profesor en la Facultad de Derecho Comparado de Estrasburgo y ha publicado numerosos libros y trabajos sobre diversos aspectos del mundo del Derecho.

En el ámbito de la política, Manuel Clavero Arévalo desempeñó un papel clave en la configuración de la nueva España de las Autonomías, según destacó la Junta cuando le concedió en 1999 el título de Hijo Predilecto de Andalucía. Fundador en 1976 del Partido Social Liberal Andaluz, integrándose posteriormente en la Unión de Centro Democrático.

Diputado al Congreso por Sevilla entre 1977 y 1982, en la transición a la democracia en España ocupó el primer Ministerio para las Regiones (1977-1979), y durante la primera legislatura constitucional se hizo cargo del Ministerio de Cultura. Desde la Junta se subrayó en 1999 que su rechazo al intento gubernamental de privar a Andalucía de un régimen autonómico pleno le llevó a presentar la dimisión como ministro de Cultura, participando activamente en la campaña por el ‘sí’ en el referéndum autonómico del 28 de febrero de 1980.

Ha recibido, entre otros galardones, la Gran Cruz de Alfonso X el Sabio, la Gran Cruz del Mérito Civil y la Gran Cruz de Carlos III, y ha sido miembro de la Orden del Mérito Constitucional.

El juicio del ‘caso BPA’ se ha reanudado este lunes en la sala Magna de la Sede de la Justicia andorrana, con la declaración del que era consejero delegado durante los presuntos hechos, Joan Pau Miquel, el único de los 25 acusados que ha estado en prisión por esta causa.

Es el primer juicio del caso, que comportó la intervención y liquidación del banco andorrano por presuntas irregularidades y blanqueo de capitales en 2015.

Miquel ha defendido ante el Tribunal de Corts –de lo penal– que el banco cumplía con la normativa entonces vigente y ha afirmado en varias ocasiones que las recomendaciones que se hacían en las distintas auditorías «el banco se las ha tomado seriamente».

El exceo ha afirmado que la normativa andorrana de 2018 «incumple aún los estándares del Moneyval», entre otras normas de prevención de blanqueo de capitales y de financiación del terrorismo, y que el banco cumplía la normativa vigente en el momento en el Principado.

En este sentido, ha presentado distintos informes de auditoría en los que se concluye que no se detectan «deficiencias significativas» en los procesos y mecanismos empleados por la entidad bancaria andorrana.

CUESTIONES PREVIAS

La vista se ha iniciado con el planteamiento por parte de letrados de la defensa de dos nuevas cuestiones previas, que han sido rechazadas, marcando así el inicio de la principal vista del ‘caso BPA’.

Según han explicado fuentes jurídicas, una de las cuestiones previas hacía referencia al proceso –iniciado por uno de los letrados– de recusación del fiscal; la sala administrativa del Tribunal Superior celebró la vista por este proceso la semana pasada y ahora debe resolver los recursos presentados.

La otra cuestión previa buscaba poder incorporar pruebas y documentos a la causa, y también ha sido rechazada por el Tribunal.

La vista continuará este martes con la declaración de Miquel, que se prevé que se pueda alargar aún varias jornadas.

Este juicio se ha iniciado y suspendido varias veces; por ejemplo, en enero de 2020 se suspendió para resolver cuestiones previas estableciendo su reanudación para abril de aquel año.

Las organizaciones sociales y sindicales integrantes de la plataforma ‘Refugio por Derecho Madrid’ reclamarán a los distintos grupos políticos que conforman la Asamblea de Madrid esta legislatura la puesta en marcha de medidas en defensa de los refugiados.

Con motivo del Día Mundial de las Personas Refugiadas que se conmemora el próximo 20 de junio, esta plataforma ha exigido así «una respuesta digna a los derechos de todas las personas migrantes y refugiadas» que residen en la Comunidad.

En este sentido, el próximo miércoles se ha convocado un acto conmemorativo en la Asamblea de Madrid en el que se procederá al registro de «una Declaración a la Presidencia de la Asamblea» en este sentido, según ha informado en un comunicado CC.OO., uno de los integrantes de la plataforma.

En concreto, en el acto que tendrá lugar a partir de las 11.30 horas en la cámara madrileña se hará «un llamamiento urgente a la responsabilidad» del gobierno regional «para dar respuesta a la actual emergencia humanitaria».

Así, se reclama una «respuesta digna» a los derechos de todas las personas migrantes y refugiadas que residen en la región para «facilitar el acceso a servicios básicos como la atención sanitaria, servicios sociales, empadronamiento, tarjeta transporte y escolarización, entre otros».

Igualmente, se exige garantizar el desarrollo de políticas autonómicas para potenciar la inclusión socio-laboral de las personas migrantes y solicitantes de protección internacional, entre ellas el acceso a las políticas activas de empleo, vivienda, participación.

Desde CC.OO. se ha trasladado un mensaje de apoyo a los más de 70 millones de personas refugiadas en el mundo, de las que unas 88.762 llegaron el pasado año a España, en un momento además en el que la pandemia de la Covid-19 ha dejado «en situación de extrema vulnerabilidad a personas que ya lo habían dejado todo atrás por ser perseguidas, amenazadas, torturadas, o por haberlo perdido todo en una guerra».

La Ley Trans cumple cuatro años con unos datos que demuestran que estas personas son el colectivo «más vulnerable» de la población LGTBI: suponen una de cada tres atenciones de las oficinas Orienta, se han producido 712 cambios de nombre en las tarjetas SIP, se han llevado a cabo 565 atenciones quirúrgicas y se han registrado 91 activaciones de protocolos escolares entre 2018 y 2020.

La vicepresidenta y consellera de Igualdad y Políticas Inclusivas, Mónica Oltra, ha destacado que estos son algunos de los principales datos del informe de implementación de la Ley integral del reconocimiento del derecho a la identidad y a la expresión de género en la Comunitat Valenciana, elaborado de forma conjunta con el Consejo Consultivo Trans, y que el Consell presentará en Les Corts para trabajar «desde el rigor de la realidad y no sobre determinados fantasmas que son la base de fake news».

Al respecto, ha recalcado que estos datos revelan que las personas trans son las que «más recursos necesitan para llegar a la igualdad efectiva». Por ello, ha mostrado su confianza en que pronto se apruebe la ley estatal, como habló con la ministra Irene Montero, para poder armonizar las normas y que ayude a las comunidades a desplegar sus leyes autonómicas, en especial en el Registro Civil y en despatologizar lo trans.

«Nosotros hemos llegado hasta el último milímetro que hemos podido, pero ahora la pelota está en el tejado de la Administración General del Estado y espero que no esté encalada», ha señalado Oltra, que ha destacado que sería «simbólico» que pudiera aprobarse este mes de junio coincidiendo con Día Internacional del Orgullo LGBT.

Por el momento, ha destacado que la norma valenciana, aprobada por Les Corts en marzo de 2017 con la única oposición del PP, ha cambiado «la vida de muchas personas que han sufrido, y continúan sufriendo, una fuerte discriminación en todos los ámbitos de la vida».

Por su parte, Kristal Calvo en representación de la vocalía social del Consell Consultiu Trans, ha dado las gracias al Consell por la oportunidad que supone esa ley valenciana y ha resaltado que este informe da «visibilidad de lo que está pasando y de lo que no pasa porque hay muchas ‘fakes'».

ATENCIÓN SOCIAL

Entre los diferentes datos de servicios y atenciones realizados con las personas trans, destacan las realizadas por las oficinas Orienta de atención a las personas LGTBI durante la pandemia por covid-19, concretamente entre abril y mayo de 2020, en el que se realizaron 726 atenciones a personas trans, la mayoría de ellas por falta de recursos básicos o problemas de ansiedad debido al confinamiento.

Desde su puesta en funcionamiento en julio de 2019 el servicio Orienta ha realizado 3.152 atenciones que corresponden a 578 personas trans. Si en este periodo de tiempo el total de atenciones realizadas ha sido de 9.378, esto significa que una de cada tres atenciones que realiza Orienta es a una persona trans y, de estas, una de cada cuatro corresponde a personas trans extranjeras, lo que evidencia una mayor vulnerabilidad de este colectivo.

La mayoría de las atenciones son en el grupo de entre los 18 y los 30 años (55,1%), seguido del que va entre los 31 y los 40 (25,3%) y la atención a la preadolescencia y la adolescencia representa el 12,2% de las consultas. Ahora el objetivo es llegar a las personas trans mayores, aquellas que más sufrido la divergencia de género con la dictadura.

Asimismo, se han realizado 46 atenciones vinculadas con situaciones de transfobia, una vulnerabilidad que también reflejan las atenciones del 112 sobre este colectivo, por agresiones o situaciones de peligro e incidentes sanitarios. En este sentido, ha destacado «la importancia de la formación en delitos de odio que este año ya han recibido 676 agentes de los cuerpos de fuerzas y seguridad».

Asimismo, se ha referido al reconocimiento del derecho a la identidad recogido en la Ley Trans con la creación de una documentación administrativa de acuerdo con la identidad de género, «para evitar situaciones de sufrimiento a aquellas personas trans que todavía no han podido cambiar su DNI», ha indicado.

Desde su entrada en vigor y hasta el 30 de diciembre de 2020 se han tramitado 39 solicitudes de cambio en la documentación, la mayoría, el 38,5%, de personas entres 18 y 30 años de edad. El 44% hombres, el 46% mujeres y el 10% personas no binarias.

ATENCIÓN SANITARIA Y EDUCATIVA

Respecto a la atención sanitaria, entre 2017 y 2020 el sistema sanitario público valenciano ha realizado 712 cambios de nombre del SIP y 565 intervenciones quirúrgicas, y solo el pasado año 239 personas recibieron atenciones psicoterapéuticas y 261 tratamientos de terapia hormonal y farmacológica.

En el área de educación, la Conselleria de Educación creó en 2016 un protocolo de acompañamiento para garantizar el derecho a la identidad de género, la expresión de género y la intersexualidad que se activó 91 veces entre los cursos 2018-2019 y 2019-2020.

Por su parte, las incidencias por acoso relacionadas con el colectivo LGTBI representaron un 4% del total en el curso 2018-2019 y un 7% en el 2019-2020. Oltra ha explicado que estas cifras «evidencian que es una realidad poco visibilizada por miedo a mayores represalias tanto en el centro educativo como el entorno familiar».

En el ámbito universitario, los protocolos de atención a la identidad de género se han activado 88 veces en las universidades públicas valencianas entre 2017 y 2020.

INTEGRACIÓN LABORAL

Oltra ha señalado que este colectivo es que el mayor tasa de paro sufre. Por ello, ha destacado las ayudas para su inserción laboral del programa ‘Integramos’ y ha resaltado asimismo los avances realizados en el mundo de la cultura, el deporte y la comunicación.

Con todo, ha recalcado que queda «mucho por hacer» y para ello se han credo tres comisiones en el Consejo Consultivo Trans, constituido el pasado 20 octubre: comisión social para trabajar en cómo llegar a las personas mayores trans; comisión sanitaria para evaluar la atención sanitaria que reciben y avanzar en la despatologitzación porque «cuesta menos cambiar una ley que una mentalidad», y una comisión laboral para abordar la formación y el conocimiento de la realidad trans entre los profesionales de LABORA.

La Sección Tercera de la Audiencia de Sevilla ha comenzado este lunes un juicio contra un varón para el cual la Fiscalía reclama cinco años de cárcel, por un presunto delito de abuso sexual continuado sobre su propia hija menor de edad, de entre cuatro y seis años a la fecha de los supuestos hechos, pesando contra él además cuatro denuncias por masturbarse presuntamente ante mujeres y otra más por agresión sexual.

Durante la vista oral, este varón llamado Alejandro B.D., de unos 45 años de edad, ha declarado que ha acudido a terapia «desde siempre» y que gracias a ello sus conductas de exhibicionismo fueron «tratadas y curadas», toda vez que pesarían en su contra cuatro denuncias por masturbarse presuntamente ante mujeres y otra más por supuesta agresión sexual, causas penales aún pendientes de resolución.

El acusado ha rememorado que «puede ser» que en julio de 2015 su esposa se separase de él, si bien ha defendido que la separación «no es achacable ni imputable» a los presuntos hechos que se le atribuyen, sino a que la relación, fruto de la cual nació en 2011 la niña supuesta víctima de los abusos sexuales continuados que se le atribuyen; «duró el tiempo que duró».

EL ACUSADO LO NIEGA

En ese sentido, después de que en julio de 2015 el matrimonio se separase y posteriormente su exmujer le denunciase por presuntos abusos sexuales sobre la hija menor de edad de ambos, el acusado ha defendido que cuando convivía con su pareja y su hija en el domicilio familiar y durante las visitas que le fueron concedidas a la menor pero bajo la supervisión de la abuela paterna, «nunca, jamás» se desnudó ante la niña, se tocó los genitales ante ella ni la sometió a tocamientos de índole sexual.

El abogado ha defendido que cuando convivía con su pareja y su hija y él estaba en desempleo y su mujer trabajando, la hija de ambos «estaba en la guardería», almorzaba en dicho centro y por las tardes apenas la veía porque la familia de la madre la tenía «absorbida», pasando la mayor parte del tiempo en el domicilio de los abuelos maternos, según ha asegurado, toda vez que la madre de la niña esgrime que Alejandro B.D. era quien cuidaba al principio de la menor porque él estaba en paro y ella trabajaba.

«Yo en casa prácticamente no estaba con ella», ha dicho el acusado respecto a su hija, negando además que se enfadase cuando su mujer bañaba a la niña, pues según la denunciante del caso el acusado insistía en ser él quien bañase a la menor.

EL TESTIMONIO DE LA MENOR

Y mientras en durante el juicio ha sido reproducida una declaración de la menor en la cual la misma manifestaba que su padre le quitaba «la ropa de abajo» y le «tocaba» los genitales cuando su madre estaba trabajando y además cuando ambos estaban en casa de la abuela paterna con motivo del régimen de visitas, Alejandro B.D. ha atribuido tal extremo a que su hija está «manipulada» por su exmujer y la hermana de esta.

La madre de la menor y exesposa del acusado, de su lado, ha narrado que «poco a poco» se fue «enterando» de las situaciones de exhibicionismo que habría protagonizado su exmarido, por lo que tuvo «varios juicios», y que en julio de 2015 decidió separarse de él por «las cosas» que la hija de ambos contaba de él. En ese sentido, ha relatado diversas situaciones en las que la menor habría manifestado que su padre la sometía a tocamientos sexuales o se tocaba él sus órganos sexuales ante ella.

Además, ha esgrimido un informe de un detective privado según el cual durante el régimen de visitas del que gozaba el acusado sobre la menor, la abuela paterna «se ausentaba» pese a que dicho régimen de visitas se ceñía a la supervisión de esta última persona, siendo finalmente suspendido el régimen de visitas en 2017, después de que una profesora del colegio al que asiste la niña informase de que la niña había manifestado recientes tocamientos sexuales por parte de su padre.

En cualquier caso, la Fiscalía reclama para el acusado cinco años de cárcel, seis años de prohibición de acercarse a la víctima o comunicarse con ella y otros seis años de libertad vigilada tras el cumplimiento de la pena de prisión, así como ocho años de inhabilitación para empleo u oficio que implique relación directa y regular con menores de edad.

El Comité de los Derechos del Niño (CDN) de la ONU ha determinado que España violó el derecho a la educación de un niño marroquí de ocho años en Melilla por no admitirlo inmediatamente en la escuela pública después de que se confirmara su residencia en el territorio español.

De madre marroquí, A.E.A. nació en Melilla en 2013 y vive desde entonces en España. Cuando tenía seis años, la madre de A.E.A. intentó matricularlo en la escuela, pero las autoridades no reconocieron su residencia. A pesar de varios procedimientos judiciales, las autoridades administrativas y judiciales locales se negaron a permitir que A.E.A. asistiera a la escuela pública, según se explica en el dictamen.

Su madre presentó una denuncia ante el Comité de los Derechos del Niño de la ONU en marzo de 2020. Ocho meses después, la policía confirmó que A.E.A y su familia vivían en Melilla.

El conflicto se resolvió en marzo de este año, cuando el Ministerio de Educación ordenó a las autoridades locales que permitieran a A.E.A. asistir a la escuela. Si bien, para entonces, había perdido casi dos años de educación formal, según advierte el Comité.

«Celebramos la decisión de admitir a A.E.A. en la escuela. Sin embargo, ha llegado demasiado tarde y no repara totalmente el daño causado por su prolongada ausencia de la escuela», ha indicado el miembro del Comité, Luis Pedernera.

Según añade, «todos los niños tienen derecho a ir a la escuela, independientemente de su situación legal o la de sus padres» por lo que «A.E.A debería haber podido aprender en un aula y hacer amigos con otros niños y niñas de su edad, aunque no tenga la nacionalidad española».

El Comité instó al Estado parte a proporcionar a A.E.A. una compensación adecuada y a que adoptara medidas proactivas para ayudarlo a ponerse al día en la escuela.

«A pesar de que la legislación española garantiza la educación a todos los niños residentes, independientemente de su situación administrativa, A.E.A. y la mayoría de los demás niños sin permiso de residencia legal en Melilla se enfrentan a obstáculos de facto que impiden su escolarización. Esto supone una discriminación que viola la Convención sobre los Derechos del Niño», ha subrayado Pedernera.

El año pasado, el Comité recibió con satisfacción la «rápida» decisión de España de permitir que una niña marroquí de 12 años se matriculara en una escuela local. Hasta ahora, seis niños y niñas que han presentado quejas ante el Comité han sido admitidos en la escuela. Sin embargo, calculan que más de 150 niños sin un permiso de residencia legal en Melilla siguen excluidos del sistema educativo público.

Para evitar violaciones similares, el Comité ha pedido a España que garantice que las autoridades administrativas y judiciales locales tomen medidas eficaces y rápidas para confirmar la residencia de niños y niñas para admitirles en el sistema escolar público sin demora.

Fuentes del Ministerio de Educación indican que el procedimiento tardó un año en resolverse porque, a pesar de que éste Departamento es competente en las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla en materia educativa, son las autoridades locales las que se encargan de analizar si se cumplen todos los requisitos para la escolarización y, por tanto, de hacer todos los trámites.

QUEJAS AL DEFENSOR DEL PUEBLO

Pero este asunto no es nuevo. El Defensor del Pueblo lleva recibiendo quejas desde hace años en relación con las dificultades para la escolarización de niños y niñas extranjeros residentes en dicha ciudad autónoma por «problemas documentales», hechos ante los que la institución muestra su «preocupación» con la actuación y la falta de colaboración de la Dirección Provincial de Educación en Melilla.

Según el Defensor, esta Dirección, a pesar de los reiterados requerimientos del Defensor del Pueblo y de los dictámenes del Comité de Derechos del Niño (hasta siete), continúa sin escolarizar a un grupo de menores que han nacido en Melilla, o residen en la ciudad autónoma desde hace años. En unos casos, sus progenitores no tienen autorización de residencia y, en otros, a pesar de residir legalmente, no pueden empadronarse.

En el momento de publicación del informe (el 6 de mayo de 2021), había más casos similares al expuesto en el último dictamen de la ONU. Es el caso de cuatro hermanos nacidos en Melilla que, tras varios cursos sin escolarizar, también con medida cautelar del Comité solicitando su escolarización, consiguieron ser empadronados y, solo entonces, fueron escolarizados. «En este caso, se da la paradoja de que el padre de los menores es residente legal en Melilla», advierte el Defensor.

En otra de las quejas recibidas por la institución, uno de los menores, de una familia con tres hijos, continuaba sin escolarizar a sus 10 años. Nuevamente es el menor junto a su madre los que se encuentran en situación irregular, no así el padre que cuenta con residencia legal.

CASO «PARTICULARMENTE ILUSTRATIVO»

El Defensor del Pueblo también dio cuenta de otro caso, que califica de «particularmente ilustrativo de la situación que viven estas familias en Melilla», en el que la menor sí fue escolarizada, pero por cumplimiento de la resolución dictada por la ONU.

En esta situación, la madre de la menor fue tutelada por la ciudad autónoma como menor extranjera no acompañada, y tras acceder a su mayoría de edad sin obtener la autorización de residencia a la que tenía derecho, pasó a residir en Melilla en situación de irregularidad, donde tuvo a su hija. Pese a su nacimiento en Melilla, donde reside desde su nacimiento en el año 2008, la niña solo consiguió ser empadronada 11 años después de su nacimiento, en 2019. Y, un año después, madre e hija han obtenido una autorización de residencia por circunstancias excepcionales.

«Pues bien, a pesar de todo lo anterior, la Ciudad Autónoma de Melilla incoó, en octubre de 2020, un expediente de oficio para dar de baja en el Padrón municipal a la menor, por supuestas irregularidades. Esta actuación provocó que el Defensor del Pueblo formulara una Advertencia a la Consejería de Presidencia y Administración Pública, para que cesara en esa actuación por considerar que se podría incurrir en la conducta prevista en el artículo 542 del Código Penal. En noviembre de 2020 se recibió comunicación del citado organismo indicado que se había archivado el expediente de baja», explica el Defensor.

Con todo ello, la institución insistió en su informe anual a la Delegación del Gobierno en Melilla en que debe velar para que «se remuevan los obstáculos existentes que provocan que estas mujeres y sus hijos padezcan situaciones de grave discriminación, al sufrir de manera desproporcionada los obstáculos administrativos que les impiden empadronarse, obtener la tarjeta sanitaria o escolarizar a sus hijos».

DENUNCIAS DE LAS ONG

Asimismo, este dictamen llega pocos días después de que la Plataforma de Infancia desplegara una pizarra gigante delante del Ministerio de Educación, para pedir la escolarización de más de 150 niños y niñas de Melilla que no tienen plaza para el curso 2020/2021.

En la pizarra, desplegada el pasado martes, estaban escritos los nombres de los niños y niñas de Melilla que no han conseguido una plaza en el colegio para el próximo curso, muchos de los cuales llevan años en esta situación, según ha denunciado la Plataforma.

En Comú Podem ha celebrado que el PSOE hayan accedido a no solicitar la suspensión cautelar de la ley de vivienda catalana que regula el alquiler en el recurso que se interpondrá en el Tribunal Constitucional, tal y como habían demandado desde la formación en los últimos días a través de diversos contactos con el socio de coalición.

Según han explicado fuentes de En Comú Podem, se desplegaron contactos con diversos ministros del socio de coalición en el Gobierno estatal para trasladar la «preocupación» que suscitaba la forma de articular dicho recurso.

Y es que desde la confluencia catalana de Unidas Podemos han explicado que el recurso a la normativa catalana podría suponer un «boomerang» e implicar «un ataque» al compromiso de regular los alquileres, que el propio PSOE ha firmado en el pacto de investidura y de presupuestos.

Precisamente Unidas Podemos viene reclamando, en el marco de la negociación de la futura ley de vivienda, el cumplimiento del acuerdo y el despliegue de una regulación que ponga tope de precios al alquiler en zona de mercado tensionados. Mientras, el PSOE planteó un modelo de incentivos fiscales a propietarios que bajaran los precios.

De momento, el consenso no se ha alcanzado y la futura normativa acumula cuatro meses de retraso sobre el cronograma inicialmente previsto para aprobarla en Consejo de Ministros y llevarla al Congreso.

También se transmitió que cuando una ley «funciona», como es el caso del texto que regula los alquileres en Cataluña, lo que se debe hacer es «blindarla y replicarla».

«NO HAY TIEMPO QUE PERDER»

Por tanto, desde En Comú Podem celebran que los ministros hayan «escuchado» y el Gobierno haya tomado finalmente la decisión de que la norma siga vigente hasta que se resuelva el recurso o hasta que haya una ley estatal.

De esta forma, entienden que esta posición «da margen» para introducir la regulación de los alquileres en la nueva ley estatal de Vivienda, una cuestión prioritaria para Unidas Podemos al afectar a la «vida de miles de personas» y sobre la que «no hay tiempo que perder».

El pasado jueves a las puertas del Congreso representantes de Unidas Podemos, ERC, Junts, la CUP, EH Bildu, Más País y Compromís mostraron su apoyo al Sindicato de Inquilinos, que exigía también que no se suspendiera la normativa catalana con ese recurso.

Antes de conocerse la postura del Ejecutivo, el colectivo difundió en redes sociales la convocatoria este lunes por la tarde de caceroladas ante las sedes del PSOE en Madrid, Barcelona y Zaragoza para exigir que el Gobierno no fomentara este recurso.

El secretario general de Junts, Jordi Sànchez, ha asegurado este lunes que se siente legitimado en su cargo, destacando que nadie en la Ejecutiva y en el territorio le ha cuestionado y ha pedido su dimisión, y ha acusado a los críticos que quieren relevarlo de actuar «con ignorancia o mala fe».

«Que nadie pretenda abrir polémicas alrededor de mi persona y sobre todo en el espacio de Junts sobre el valor que doy y Junts da al 1-O. Digo nadie porque estas polémicas sólo tienen una consecuencia: erosionar el proyecto de Junts», ha advertido en rueda de prensa telemática, en la que también ha asegurado que se siente acompañado por el expresidente de la Generalitat y presidente del partido, Carles Puigdemont, con quien habló el viernes.

Todo ello después de que sectores de Junts cuestionaran la figura de Sànchez hasta el punto que impulsaron un manifiesto, en el que pedían la dimisión del secretario general del partido o que pusiera su cargo a disposición de los militantes para que decidan si debe cesar.

Según Sànchez, es difícil que se sienta interpelado por un manifiesto «anónimo», y ha precisado que la polémica abierta desde la semana pasada se ha concretado en que el partido ha recibido cinco cartas críticas, una decena el defensor del militante de Junts, y tres bajas y 9 altas desde el jueves pasado.

«¿De qué estamos hablando? No ha habido ninguna respuesta masiva al ruido, diría que ha sido anecdótica. Cero peticiones de dimisión y de abordar una supuesta crisis. Tenemos un ruido y una crisis inexistente en la estructura del partido», ha sostenido el dirigente de Junts, pese a admitir que hay cosas que pueden gustar o no a una parte de la militancia.

Por ello, defiende que Junts está «absolutamente unido, compacto y cierra filas con el proyecto de la independencia, con el sentimiento de miles de personas y con todo el capital político que representa el otoño de 2017».

«MANIPULACIÓN» DE SUS PALABRAS

En su opinión, algunos han hecho «una manipulación» de sus palabras cuando, en el diario Ara, publicó que el referéndum del 1-O pretendía forzar una negociación con el Estado y no proclamar la independencia, y considera que se ha querido abrir una supuesta crisis política en Junts que no existe.

«En ningún caso escribí ni he pensado nunca que el 1-O no se hizo para ganar la independencia. El 1-O se hizo, y quién hizo posible el 1-O, ciudadanos, partidos, Govern y dirigentes de las entidades, fue para hacer la independencia», ha destacado.

Es más, ha reivindicado que el 1-O representó una «victoria inapelable de la voluntad democrática del país de poder ejercer el derecho a la autodeterminación», y ha recalcado también que es un patrimonio irrenunciable que no pondrá en riesgo y que se sienta padre del 1-O.

INDULTOS

Sobre la movilización en la plaza Colón de Madrid contra los indultos, ha avalado el derecho de los miles de personas que se concentraron a manifestarse, y ha aprovechado para advertir de que, en caso de les concedan esta medida, «es una solución muy parcial» al conflicto catalán.

«Será una decisión que corresponderá al Ejecutivo, pero será una solución si llega del todo insuficiente. Detrás de las 12 personas que pueden ser indultadas, 9 de las cuales están cumpliendo prisión, hay miles de personas que sufren día a día la actuación judicial», ha lamentado Sànchez, que ha reiterado su apuesta por la amnistía.

También ha dejado claro que, aunque lleguen los posibles indultos, «no serán y no pueden ser a cambio de ningún arrepentimiento» por su parte y la del resto de presos independentista, por lo que no conllevarán ninguna renuncia a sus ideales y a la voluntad de poder ejercer el derecho a la autodeterminación, ha apuntado.

Tres de cada diez españoles se han planteado escribir un libro en algún momento y el 15 por ciento ya lo ha hecho o está en proceso de hacerlo, según una encuesta realizada por la empresa de investigación de mercados IPSOS para Kindle.

La encuesta se ha realizado a más de 1.000 adultos residentes en España, incluyendo lectores frecuentes, lectores ocasionales y no lectores; lectores de libros impresos, lectores de libros digitales o ambos.

El estudio refleja que la autopublicación «se está convirtiendo en una opción cada vez más potente» para quienes desean hacer llegar sus historias y libros a lectores de todo el mundo.

Además, destaca que la mitad de los encuestados están familiarizados con la autopublicación y que más del 20 por ciento ha leído libros autopublicados. Según el estudio, el 78 por ciento considera por igual los títulos autopublicados y los publicados tradicionalmente, y el 12 por ciento afirma que se sienten más traídos por los libros autopublicados.

Los menores 35 años están más familiarizados con la autopublicación. De hecho, uno de cada cuatro afirma estar escribiendo un libro o haberlo hecho en algún momento, aunque no lo hayan llegado a publicar.

En cuanto a las opciones de edición para los autores noveles que deciden escribir un libro, el 50 por ciento de los españoles cree que la autopublicación ofrece más oportunidades para los nuevos escritores, y el 73 por ciento opina que el talento del autor también es igual en ambas opciones. Más de la mitad de los encuestados cree que los autores autopublicados tienen mayor control sobre el precio final, así como más libertad artística y creativa.

La autopublicación cada vez está ganando más popularidad, y el 30 por ciento de los encuestados por IPSOS cree que esta vía ofrece acceso a temas más especializados y nicho en comparación con los libros publicados por los cauces tradicionales.

Asimismo, el 23 por ciento considera que las tendencias literarias emergentes tienen una mayor presencia en los libros autopublicados. En general, la mayoría de la gente no ve diferencias entre las dos opciones de publicación, en términos de accesibilidad a nuevas audiencias, diversidad de géneros, argumentos y personajes.

Para Elena Fuentes Moreno, finalista del Premio Literario Amazon Storyteller en las ediciones de 2017 y 2019, la autopublicación con KDP «ha marcado un hito» en su carrera literaria, ya que le permite compartir sus novelas con el mundo «sin necesidad de recursos extra».

Por su parte, Jorge Magano, ganador de la primera edición en 2014, considera que «los premios literarios no se miden en dinero, sino en lectores». «La visibilidad que me concedió ganar el de Amazon supuso mi reencuentro con los de siempre y conseguir muchos lectores nuevos en todo el mundo. Desde entonces me considero rico», ha asegurado.

El plazo de participación en el Premio Literario Amazon Storyteller está abierto hasta el 31 de agosto para los autores que publiquen sus obras en español a través de KDP. Deberán de poner sus libros a la venta en todo el mundo, tanto en formato digital como impreso, y además tendrán que formar parte de KDP Select.

Para que la candidatura sea válida, los participantes necesitarán incluir ‘PremioLiterario2021’ como palabra clave en los detalles del libro. Las obras deben de permanecer disponibles en KDP durante toda la duración del concurso.

El título ganador recibirá un premio en metálico de 5.000 euros y una campaña de marketing valorada en 20.000 euros para promocionar la obra. Además, al ganador se le ofrecerá la posibilidad de firmar un contrato con Amazon Audible para producir su libro en formato de audio. Los cinco finalistas recibirán un dispositivo Kindle Oasis así como visibilidad extra en Amazon.

El 77% de los docentes españoles considera que, en los próximos cursos escolares, su desempeño profesional se centrará en gran medida en dedicar especial atención al bienestar emocional de sus alumnos, según revelan los resultados de la última encuesta realizada por Cambridge International a 500 profesores de toda España.

Los resultados de la encuesta advierten de que los principales retos de cara a los próximos cursos escolares estarán basados en la creación y manejo de material digital (51%), contar con nuevas herramientas y recursos educativos para impartir clase (54%) y, sobre todo, mantener un trato cercano centrado en el apoyo emocional constante a su alumnado (48%).

Según el 51% de los profesores encuestados, el área afectiva-emocional del aprendizaje, que tiene que ver con el manejo y la expresión de las emociones, es la más afectada por la pandemia. En este sentido, consideran que lidiar con emociones como la frustración, el desconcierto, la tristeza y la incertidumbre supuso el obstáculo más difícil para sus alumnos en ese periodo.

Precisamente, los profesores destacan que la relación con sus alumnos se ha fortalecido a raíz de la pandemia: la cercanía y confianza con sus estudiantes ha mejorado en este tiempo y con respecto a años anteriores, según un tercio del profesorado, que ahora se preocupa más por áreas de la vida de los estudiantes que van más allá de su rendimiento escolar. De hecho, la evaluación ultrapersonalizada tiene un hueco en las clases post pandemia, y se intensificará en los próximos años, según destaca el 44% de los encuestados, a través de tutorías frecuentes.

Preguntados sobre el desarrollo del curso escolar 2020-2021, los participantes aseguran que organizaron todo tipo de actividades que ofrecían mayor dedicación a cada estudiante: las tutorías individuales fueron las acciones más populares (59%), seguidas de las reuniones con toda la clase (52%) y las actividades temáticas, con juegos o cuestiones más lúdicas (45%).

Según la encuesta, más de la mitad (51%) de los docentes afirma que su carga de trabajo durante el pasado curso escolar se incrementó debido a los difíciles momentos por los que han tenido que pasar tanto en el ámbito personal como el social: el estrés emocional motivado por la incertidumbre y el miedo al coronavirus de la COVID-19 se posicionan como los aspectos más relevantes para ellos durante el periodo de confinamiento y tras el regreso a las aulas.

Otro dato que aporta el estudio es que para 4 de cada 5 docentes (82%), la colaboración entre colegas es una de las experiencias positivas que querrían mantener de cara a un nuevo curso sin amenaza de pandemia, y esperan que se intensifique en el futuro. Además, un tercio de los encuestados afirma que su centro escolar ha desempeñado un papel importante en el reconocimiento social obtenido tras su esfuerzo por educar durante la pandemia.

DIGITALIZACIÓN EN LAS AULAS

Del mismo modo, el estudio pone de manifiesto que el nuevo panorama digital se ha convertido, en ocasiones, en una dificultad para los profesores, sobre todo al inicio de la pandemia: cerca de la mitad (47%) de los encuestados considera que impartir clases online y ponerse al día con las nuevas plataformas supusieron una gran dificultad en su desempeño profesional. Así, según los docentes españoles, la creación y manejo de material digital (51%) y la formación para el aprendizaje online (60%) serán claves en la educación post pandemia.

En este sentido, los retos que los profesores consideran que los centros escolares deben abordar están precisamente relacionados con el ritmo de aprendizaje de los alumnos a distancia, pues conseguir que mantengan la concentración en las clases online (58%), ayudarles a entender y utilizar las herramientas digitales (55%) o cómo evaluar sus conocimientos a distancia (54%) son algunos de los «deberes» que el profesorado propone al sistema educativo para los próximos años.

La lengua de signos española está en una posición «vulnerable», según el II Informe sobre la situación de la lengua de signos española, elaborado por el Centro de Normalización Lingüística de la Lengua de Signos Española (CNLSE) y presentado este lunes 14 de junio, Día Nacional de las Lenguas de Signos Españolas.

Según las conclusiones de este estudio, «la lengua de signos española está en una posición vulnerable» pues no se le da el mismo valor que a la lengua oral, lo que se traduce en «diferencias de uso, estatus y grado de prestigio».

Por ello, entre las medidas para salvaguardar la lengua de signos españolas, el CNLSE propone fomentar su aprendizaje como segunda lengua y valorar su incorporación en las Escuelas Oficiales de Idiomas.

En concreto, el 95% de las personas sordas encuestadas querría que más personas oyentes aprendieran la lengua de signos y el 68% cree que el alumnado oyente debería tenerla como asignatura obligatoria en el colegio.

El CNLSE también sugiere implementar la educación bilingüe intermodal teniendo en cuenta el tratamiento igualitario de las lenguas, con agrupamientos del alumnado sordo, e incorporar a profesionales sordos y sordociegos.

Según el informe, el 69% de las personas sordas entrevistadas no aprendieron la lengua de signos en su familia y el 90% cree que las familias oyentes deben aprender esta lengua para comunicarse con sus hijos e hijas con sordera.

En este sentido, el CNLSE pide impulsar la comunicación temprana y la interacción signada en el ámbito familiar, y facilitar el acceso gratuito de las familias a la oferta formativa de lengua de signos española.

Según precisa, la mayoría de las niñas y niños sordos nacen en familias oyentes con las que no comparten la lengua de signos, por lo que la escuela y el entorno asociativo se convierten en los principales ámbitos de transmisión de la lengua.

«Las políticas lingüísticas deben reforzar la transmisión intergeneracional de la lengua signada, sin tener que esperar el momento de la escolarización para impedir el fracaso escolar y la privación lingüística», subrayan.

Respecto a los medios de comunicación, el estudio pone de relieve que la presencia de la lengua signada en la televisión es limitada, «solamente en algunos canales y durante pocas horas». En este sentido, el 94% de los encuestados dice que le gustaría que hubiera más programas en lengua de signos.

Desde la CNLSE también reclaman un mayor número de intérpretes debidamente formados y mejores condiciones laborales porque «si bien se ha avanzado exponencialmente en la cantidad y calidad de los servicios», creen que aún se está «lejos de ofrecer un entorno accesible en lengua de signos, tal y como se contempla en la legislación vigente».

TRADUCIR LAS CANCIONES A LENGUA SIGNADA

De los datos también se desprende que «no hay suficientes manifestaciones culturales en lengua de signos española». Así lo piensa el 72% de los entrevistados. Además, el 93% demanda un mayor número de producciones culturales, artísticas y literarias propias de la lengua signada; y al 70% le gustaría que personas sordas signantes tradujeran la letra de las canciones.

Por ello, la CNLSE, reclaman facilitar la generación de manifestaciones culturales propias de la lengua de signos y la formación y promoción de más artistas sordos y sordociegos.

En cuanto a los planes universitarios, el informe señala que la lengua de signos española tiene «escasa presencia» en los planes universitarios como objeto de estudio o de aprendizaje; y que «apenas existen grados y posgrados que tengan en cuenta la realidad lingüística y cultural de la comunidad signante».

Con respecto a las actitudes y políticas de los gobiernos y las instituciones, el 65% de las personas sordas entrevistadas consideran que los poderes públicos «marginan» la lengua signada; y el 87% cree que debería haber una política explícita para esta lengua.

La mayoría considera que, «sin olvidar su importancia, la Ley 27/2007 es una norma débil que no garantiza suficientemente» sus derechos. En este sentido, la CNLSE plantea revisar esta norma para que resulte «más garantista» con los derechos lingüísticos de las personas sordas y sordociegas.

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, y el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se han saludado y conversado brevemente este lunes en un pasillo de la sede de la OTAN, una charla cuyo contenido por ahora se desconoce y que ha durado menos de un minuto.

El contacto se ha producido tras la fotografía de familia de los líderes aliados, instante en el que Sánchez se ha acercado a saludar a Biden como han podido captar las cámaras. En ese momento, todos los líderes se dirigían a la sala donde se produce a esta hora la reunión de jefes de Estado y de Gobierno de la OTAN.

Fuentes gubernamentales han confirmado que este breve contacto es el encuentro en el que han trabajado la Moncloa y la Casa Blanca los últimos días y han señalado que ha servido para «saludarse, conocerse personalmente y establecer un primer contacto».

El hecho de que las cámaras hayan captado el intercambio entre Biden y Sánchez evidencia la «excelente relación que existe entre ambos países», han precisado las fuentes que, sin embargo, no concretan el contenido de la conversación, remitiéndose a la rueda de prensa de esta tarde del presidente del Gobierno.

Aunque desde Moncloa se había apuntado que el primer contacto entre los dos mandatarios estaba confirmado, lo cierto es que no venía incluido en la agenda oficial de ambos.

BIDEN TENDRÁ BILATERALES POR LOS LÍDERES BÁLTICOS Y ERDOGAN

En el caso de Biden, la Casa Blanca sí ha incluido en su agenda del día una reunión conjunta con los mandatarios de Estonia, Kaja Kallas, Letonia, Egils Levits, y Lituania, Gitanas Nauseda, que ya se ha producido, así como otra con el presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, esta última conocida desde la semana pasada.

El propio Sánchez había confiado el viernes en que el encuentro supondría «una muy buena oportunidad para conocernos, hablar por primera vez y seguir estrechando los muy positivos lazos que tenemos entre España y Estados Unidos».

Asimismo, tuvo palabras de elogio para Biden, resaltando que en unos meses se ha convertido en una «referencia mundial» principalmente porque ha permitido superar «mucha de la confrontación» que sembró su antecesor, Donald Trump.

La breve charla mantenida entre los dos presidentes ha sido su primer contacto toda vez que Biden no había llamado hasta ahora a Sánchez, como sí ha hecho a otras decenas de mandatarios internacionales tras su llegada a la Casa Blanca el pasado 20 de enero, y el presidente del Gobierno no fue de los líderes que llamaron al demócrata tras su victoria en las elecciones del pasado 3 de noviembre en Estados Unidos.

Al margen de este ‘encuentro’ con Biden, Moncloa ha informado de que el presidente del gobierno tiene previsto conversar con el primer ministro británico, Boris Johnson, con quien ya se ha entrevistado, así como con el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, y con el presidente turco, Recep Tayyip Erdogan.

Unos veinte activistas de la Plataforma de Afectadas Hipoteca (PAHC) Bages han ocupado este lunes por la mañana una oficina de CaixaBank de Manresa (Barcelona), antigua oficina de Bankia, para reclamar la renovación del contrato de alquiler social de Faisal, un vecino de la zona.

Miembros de la plataforma han explicado que la ocupación ha empezado en torno a las 10 horas de la mañana, y que los activistas han anunciado que no abandonaran la oficina «hasta que no se llegue a una solución para el afectado».

Según ha explicado el afectado, Faisal, compró un piso en 2006 y vivió allí durante 6 años, y después, como no podía pagar la hipoteca, llegó a un acuerdo con el banco y le aceptaron que siguiera «viviendo allí como alquiler social y pagando 400 euros al mes».

«Cuando finalizaba el contrato de alquiler social, vine al banco para que me renovaran el contrato y llamé a un número de teléfono que me facilitaron y no me respondían. Al cabo de un año, como yo no había dejado el piso, me demandaron como ocupa», ha añadido.

MOSSOS D’ESQUADRA

Según han explicado los Mossos d’Esquadra, «los agentes no pueden sacar a los activistas que están dentro de la entidad bancaria hasta que cierre el banco, y se les ha informado de que están cometiendo una falta administrativa».

«Estamos mediando con los activistas desde el primer momento, y se ha informado al responsable de la entidad bancaria a ver si quiere denunciar los hechos, y si cuando cierre el banco no se quieren ir, estarán cometiendo una infracción tipo penal», han añadido.

Han manifestado que se está identificando a los activistas que se encuentran dentro de la oficina bancaria y que «más adelante se procederá según si quieren desalojar o no, y según lo que diga el responsable del banco».

La Ministra de Igualdad, Irene Montero, se ha reunido este lunes con la Fiscal de Sala Delegada de Violencia sobre la Mujer, Teresa Peramato, en un encuentro en el que han acordado un marco de colaboración institucional con el objetivo de luchar, de manera coordinada, contra las violencias machistas.

En la reunión también han estado presentes la Secretaria deEstado de Igualdad y contra la Violencia de Género, Noelia Vera y la Delegada del Gobierno contra la Violencia de Género, Victoria Rosell, tal y como ha informado el Ministerio.

El departamento que dirige Montero también ha informado de que la ministra ha trasladado a Peramato la preocupación y necesidad de colaboración entre todas las instituciones frente a la situación de «alarma machista» y la necesidad de aplicar con urgencia los nuevos avances legislativos en la protección de los niños ante situaciones de violencia de género.

Montero, ha recordado «el avance que ha supuesto a nivel legislativo la Ley Orgánica de protección integral de la infancia y la adolescencia frente a la violencia, al incorporar la suspensión del régimen de visitas ante la sospecha de violencia de género».

A su juicio, esta medida refuerza la importancia de que cualquier menor viva en un entorno alejado de la violencia.

PACTO DE ESTADO

En este sentido, ha señalado que es «imprescindible» que el avance normativo venga acompañado también de instrucciones para aplicar esa suspensión del régimen de visitas del maltratador ante cualquier indicio de violencia de género, la prohibición del falso Síndrome de Alienación Parental (SAP) y el derecho de los menores a ser escuchados.

Desde Igualdad han indicado que, tanto la ministra como la fiscal han considerado «imprescindible» establecer un marco de colaboración y de trabajo conjunto de ambas instituciones.

Finalmente, Montero ha trasladado a Peramato la puesta en marcha del Plan de Mejora y Modernización de los mecanismos de atención a las víctimas de violencia machista, un documento donde los agentes que forman parte del Pacto de Estado están evaluando los fallos en cuanto a detección, prevención y protección de las mujeres víctimas de violencia, para elaborar una propuesta de mejora.

El responsable del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 3 de Andújar (Jaén), competente en Violencia sobre la Mujer, ha acordado el ingreso en prisión provisional, comunicada y sin fianza de M.Q.S., de 35 años, como presunto autor de la muerte de su pareja en la localidad de Marmolejo (Jaén).

El detenido ha prestado declaración ante el titular del Juzgado y será investigado por un delito de homicidio doloso o asesinato, de acuerdo con la calificación judicial de los hechos realizada por el Ministerio Fiscal. Así, según se ha informado desde el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), a lo largo de la investigación se determinará el delito por el que se instruirá la instrucción judicial.

Además, el Juzgado de Andújar se inhibirá en favor de los órganos judiciales de Huelva, dado que es en esta capital donde tenía su residencia la víctima, una mujer, de 36 años y que trabajaba como reportera gráfica de Teleonuba, en Huelva.

El suceso se produjo sobre las 3,30 horas de este sábado cuando un varón solicitó una ambulancia en el término municipal de Marmolejo porque una mujer había sufrido un accidente. Al llegar, se encontraron a la mujer presuntamente atropellada por un vehículo y fallecida.

El varón, vecino de esta localidad de Jaén, fue llevado en un primer momento a las dependencias de la Guardia Civil de Marmolejo y trasladado posteriormente a la Comandancia de la Guardia Civil en Jaén capital donde ha permanecido detenido hasta que este lunes ha sido trasladado pasadas las 10,00 horas al Juzgado de Andújar para su puesta a disposición judicial.

El vehículo que atropelló a la mujer está a nombre del padre del detenido y presunto autor de la muerte violenta de la mujer. Precisamente fue M.Q.S. el que llamó comunicando el accidente y el que en un primer momento negó ante la Guardia Civil tener cualquier tipo de relación con la víctima, aunque parece ser que desde hacía un año eran pareja.

Ahora, será el Juzgado de Huelva de Violencia sobre la Mujer el que se encargue de la instrucción de esta causa.