El tribunal de la Audiencia Nacional que ha juzgado el asesinato del ideólogo de la Teoría de la Liberación Ignacio Ellacuría y otros jesuitas españoles en 1989 en El Salvador dará a conocer mañana su sentencia en lectura pública, han informado fuentes jurídicas. En este caso ha sido juzgado el excoronel y exviceministro de Seguridad Pública de El Salvador Inocente Orlando Montano.

El 'caso Ellacuría' fue uno de los primeros que comenzó a juzgarse en la Audiencia Nacional una vez superado el parón en procesal por la pandemia de covid-19.

Al inicio del juicio, el pasado mes de junio, la Fiscalía eximió a un segundo procesado respecto de quien se estimó la prescripcion de los delitos, el exteniente René Yusshy Mendoza, que era uno de los líderes del grupo de oficiales de élite La Tandona implicado. Yusshy confesó los hechos, ya cumplió condena en su país y ha colaborado con la justicia.

Tras escuchar la declaración del acusado, de los testigos y estudiar la documentación obrante en el procedimiento a lo largo de varias sesiones de juicio, el Ministerio Público elevó a definitiva su petición de 150 años de cárcel para el acusado, 30 por cada uno de los cinco "asesinatos terroristas" de religiosos españoles, entre otros Ellacuría, que cuando fue asesinado era el rector de la Universidad Centroamericana (UCA).

Los hechos ocurrieron el 16 de noviembre de 1989, cuando un grupo de militares salvadoreños ejecutaron a los seis jesuítas así como a la mujer y la hija de 15 años de edad del guardia de la universidad.

Montano ocupaba entonces el cargo de viceministro de Seguridad Pública de El Salvador en aquel momento y hacía campaña contra la orden religiosa acusándola de subversiva. Durante su declaración en la Audiencia Nacional negó su vinculación con los asesinatos.

CRIMEN CONTRA ESPAÑOLES EN EL EXTRANJERO

Cinco sacerdotes eran españoles --Ignacio Ellacuría, Ignacio Martín Baró, Segundo Montes Mozo, Amando López Quintana y Juan Ramón Moreno Pardo, todos ellos de entre 47 y 59 años--, de ahí que el caso haya llegado a la Audiencia Nacional, ya que es competente para investigar crímenes terroristas contra españoles en el extranjero.

Según el auto de procesamiento dictado en su día, la muerte de los jesuitas se produjo en un contexto de 'intensa polarización' entre el Gobierno militar de El Salvador y el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), en el cual los sacerdotes se erigieron como mediadores entre ambas partes para un 'proceso de diálogo' y fueron acusados, en virtud de su afinidad con la teología de la liberación, de incitar a los campesinos a "una conspiración comunista internacional al servicio del Kremlin.

La decisión de acabar con la vida de Ellacuría y el resto de jesuitas fue adoptada por un grupo de oficiales de élite denominado La Tandona, al que Montano pertenecía. El excoronel fue extraditado por Estados Unidos en 2017 y desde entonces ha estado en prisión a la espera de la celebración de este juicio.

El Servicio balear de Epidemiología ha notificado este jueves al Ministerio de Sanidad 277 casos más de personas con SARS-CoV-2 y cuatro fallecimientos, de forma que el acumulado en las Islas es de 10.519 casos comunicados desde que se inició la pandemia y 260 personas fallecidas debido al coronavirus.

Según la Conselleria de Salud, este miércoles el Servicio de Salud diagnosticó 325 casos positivos con prueba PCR, los cuales están pendientes de validación por el Servicio balear de Epidemiología y, por tanto, no se han incorporado a esta estadística.

Siguiendo los criterios de contabilización del Ministerio --que excluyen las 105 serologías positivas anteriores al 11 de mayo--, el Servicio balear de Epidemiología ha notificado hasta 10.414 casos al Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias (CCAES). De estos casos comunicados, 8.843 corresponden a Mallorca, 313 a Menorca, 1.167 a Ibiza y 91 a Formentera.

Asimismo, se han comunicado 196 nuevas altas de COVID-19 en la comunidad, de forma que un total de 8.208 personas han superado la enfermedad hasta este jueves. Estos datos suponen que en la comunidad hay 2.051 casos activos en Baleares, 77 más que este miércoles.

SITUACIÓN EN LOS HOSPITALES

En la actualidad, el Servicio de Salud atiende a 6.975 personas por contagio de SARS-CoV-2, de las cuales 397 reciben atención hospitalaria (58 en UCI) y 6.578 en primaria.

En Mallorca hay 325 personas hospitalizadas (50 pacientes en unidades de cuidados intensivos) y 5.671 personas permanecen en su domicilio, donde reciben atención por parte del servicio de atención primaria.

En Menorca, hay ocho personas ingresadas en el Hospital Mateu Orfila (3 en UCI) y 162 están en su domicilio atendidas por parte de primaria; mientras que en Ibiza son 64 las personas hospitalizadas (5 en UCI) y 745 pacientes positivos son seguidos por los equipos de atención primaria en las Pitiusas.

En cuanto a los profesionales sanitarios, hay 326 en vigilancia y 154 con contagio activo. En total, se han notificado 542 casos entre el personal sanitario desde el inicio de la pandemia.

Por otra parte, los laboratorios de los hospitales públicos de la comunidad han realizado 288.184 pruebas diagnósticas. En total son 227.694 PCR, 10.793 test rápidos de anticuerpos y 49.697 serologías.

CASOS EN LAS RESIDENCIAS

Respecto a la situación en las residencias de personas mayores, en estos momentos hay 210 usuarios positivos activos: 25 en Bell Entorn, 58 en la residencia Sèniors Sant Joan, 15 en Verge de l'Esperança, 29 en Sèniors Montuïri, 1 en Oasis, 1 en HHTT Arcadias, 26 en Cala Estància, 25 en Domusvi Capdepera, 13 en Llar d'Ancians Palma y 17 en Sa Serra. De estos usuarios positivos activos, hay 83 hospitalizados.

Asimismo, la residencia de Cala Estància ha comunicado la muerte de uno de sus residentes con COVID-19. En total, desde que se inició la pandemia, 109 personas de centros residenciales para personas mayores han fallecido.

En cuanto a los profesionales, hay 88 trabajadores positivos activos en residencias de Mallorca, 15 en Ibiza y ninguno en Menorca.

Mientras, en las residencias para personas con discapacidad hay un usuario con coronavirus en Mallorca y cinco profesionales positivos.

La Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF) ha afeado a la fiscal general del Estado que no haya convocado el concurso de las plazas de dos miembros natos del Consejo Fiscal, uno de ellos el teniente fiscal del Tribunal Supremo Luis Navajas, cuyos cargos ya han vencido. Navajas ha sido designado para dirigir el equipo que elabora los informes sobre las más de 60 querellas y denuncias que se han presentado contra el Gobierno por su gestión de la pandemia.

En una nota remitida este jueves, APIF recuerda que la renovación de estos nombramientos se regula en el artícculo 41 del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal (EOMF), por lo que "no queda legalmente al arbitrio del Fiscal General mantener libremente en sus cargos a los fiscales cuyo cargo ha vencido, salvo convocando el correspondiente concurso y nombrando de nuevo a las personas por otro periodo".

Así, reprochan que "los dos puestos más importantes en la Fiscalía", en referencia a Navajas y al también miembro nato del Consejo Fiscal Fausto Cartagena, están desempeñados por fiscales "cuyos mandatos vencieron hace bastante tiempo, y siguen en funciones sin sacar la Fiscal General las plazas a concurso, asumiendo importantes tareas, incluyendo delegaciones de la Fiscal General y abriendo expedientes disciplinarios".

"Esos fiscales creemos que por su prestigio y trayectoria merecerían seguir en sus puestos, pero solo bajo el procedimiento legalmente establecido y con todas las garantías, no por actuaciones de favor de la Fiscal General"

La cuestión es de "extraordinaria importancia", según APIF, no solo en relación a la influencia que dichas personas tienen en el ejercicio profesional "con importantísimas responsabilidades, sino también porque son miembros natos en el Consejo Fiscal y lo son en razón a la autoridad que los cargos para los que fueron nombrados suponen en la Fiscalía, de manera que influyen en los nombramientos para los cargos discrecionales en la Carrera que deben ser decididos oído" el citado órgano consultivo.

"Hemos visto en el pasado como fiscales generales continuaban en funciones tras cesar el Gobierno que les nombró (sin previsión estatutaria), y ahora vemos como con los más altos cargos de la Fiscalía sucede lo mismo", añade la APIF, que reclama a Delgado que "respete los tiempos establecidos en la ley y saque las plazas de manera inmediata".

Castilla y León contabiliza un total de 40.413 positivos por coronavirus, 602 más que en los datos de la última estadística en lo que supone el incremento diario de casos más acusado desde el 16 de abril, de ellos solo nueve han sido diagnosticados en las últimas 24 horas, según datos ofrecidos este jueves por la Consejería de Sanidad y recogidos por Europa Press.

Las estadísticas registran, asimismo, seis nuevos fallecimientos en hospitales, de manera que el número de decesos actual en este ámbito es de 2.161, mientras que el número de altas hospitalarias de pacientes que ingresaron con COVID-19 alcanza ya las 9.430, 46 más que en la jornada anterior.

Los brotes activos actualmente en el conjunto de la Comunidad son 173, tres menos que este miércoles, y el número total de casos de la COVID-19 a ellos vinculados es de 1.319, 27 más.

Del total de brotes, 26 corresponden a Ávila --dos más--, 45 a Burgos --cuatro más--, tres a León --cuatro menos--, 18 a Palencia --cinco menos--, 18 también a Salamanca --cinco menos--, 21 a Segovia --dos más--, once a Soria --uno más--, 12 a Valladolid --dos menos-- y 19 a Zamora --cuatro más--.

En total, se han diagnosticado ya en la Comunidad 40.413 positivos por COVID-19 en los distintos tipos de pruebas, después de una jornada en la que se han sumado 601 caso más, lo que supone el mayor incremento diario desde el 16 de abril, cuando se añadieron 683 --el pasado 24 de agosto hubo 636 casos más pero correspondía a varias jornadas--. Según los datos de la Administración regional, 33.344 positivos han sido diagnosticados en test PCR.

Por provincias y en total, Ávila suma 35 positivos más, con un total de 3.005; Burgos suma 149 positivos, con 5.942 en total; León 150 más, hasta 5.058; Palencia cuatro más, con 2.113; Salamanca suma 32 más hasta un total de 6.680; Segovia incorpora 43 nuevos positivos hasta los 4.580 en total; Soria añade 12 más hasta 3.232; Valladolid incorpora 107 positivos, hasta 8.039, y Zamora suma 70, hasta los 1.765.

Respecto al número de fallecidos en hospitales con diagnóstico COVID, la cifra total es de 2.161, seis más. La mayor parte continúa registrándose en la provincia leonesa, con 429, seguida de Valladolid, con 417; Salamanca, con 395; Burgos, con 228 (dos más que este miércoles); Segovia con 217; Ávila con 160 (uno más); Soria, con 125 (uno más); Zamora, con 99 (uno más), y Palencia, con 91 (uno más).

En el caso de las altas, un total de 9.430, se han computado 2.079 en Valladolid; 1.775 en León; en Salamanca 1.474; en Burgos 1.102; en Segovia 969; en Ávila 735; en Soria 474; en Palencia 412, y en Zamora 410.

MENOS PACIENTES INGRESADOS

En cuanto a las hospitalizaciones, permanecen ingresadas con motivo del COVID-19 un total de 367 personas, 321 de ellas en planta --diez menos que ayer-- y 46 en unidades de críticos, la misma cifra que en la jornada anterior.

De los pacientes en UCI, se encuentran repartidos entre los hospitales de las nueve capitales de provincia; con nueve ingresados en el Clínico y otros tantos en el Río Hortega, ambos de Valladolid; ocho en el Universitario de Burgos, cinco en el Universitario de Salamanca, cuatro en el Complejo Asistencial de Zamora, tres en el complejo de Soria, y dos en Ávila, Segovia, León y Palencia.

DOS FALLECIDOS EN LAS PROPIAS RESIDENCIAS

Por su parte, la cifra de internos de residencias fallecidos, según los datos facilitados por la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades, se sitúan en 2.634, tres más que este miércoles, en los 1.214 centros de personas mayores tanto públicas como privadas y centros públicos de discapacidad, tres más que la cifra registrada el martes.

De los fallecidos, 1.529 corresponden a casos de positivos confirmados por COVID-19 y otros 1.105, a fallecidos con síntomas compatibles con el virus.

Según los datos facilitados por la Junta, de los 2.634 finados, 1.731 personas han perdido la vida en su residencia o centro, dos más, mientras que otras 903 han fallecido en el hospital, una más.

Un total de 43 residentes se encuentra aislado con síntomas compatibles con el COVID-19, cuatro más que ayer; y 384 se encuentran en esa situación de forma preventiva pero sin síntomas, 31 más que en la última estadística.

En cuanto a los centros bajo la tutela de la Junta de Castilla y León, los datos de fallecidos se mantienen desde el pasado 3 de julio, con 252, de ellos 135 con positivo confirmado y 117 con síntomas compatibles. Además, hay 22 residentes hospitalizados --uno menos que este miércoles--, mientras que se contabilizan 654 usuarios con diagnóstico confirmado en estos meses, los mismos que en los últimos datos.

Por otro lado, no hay residentes en aislamiento con síntomas compatibles con el COVID-19, mientras que otros 70 --cuatro menos-- están aislados de forma preventiva sin síntomas.

Canarias ha contabilizado este jueves 238 nuevos positivos --frente a los 250 del día anterior-- lo que eleva la suma de acumulados a 9.894 desde que arrancó la pandemia, según recoge el balance de datos que actualiza cada día la Consejería de Sanidad.

El archipiélago cuenta con 6.190 casos activos, 94 menos que ayer, al registrarse 332 altas médicas que sitúan en 3.515 el número de personas que han superado la enfermedad. Asimismo, el número de fallecidos se ha mantenido sin variación desde este miércoles, con 189 muertes.

De las personas que pasan la enfermedad actualmente, 50 están en Unidades de Cuidados Intensivos (UCI) (una menos que ayer), otras 210 están hospitalizadas (+3) y el resto, un total de 5.930, están aisladas en sus domicilios.

Por islas, Gran Canaria ha sumado 142 casos nuevos (por debajo de los 182 de ayer) que suben el acumulado a 5.583. Los activos bajan a 4.180 tras dar de alta a 213 pacientes en las últimas 24 horas.

En Las Palmas de Gran Canaria el número de pacientes activos es de 3.609, mientras que en la isla son 57 las personas que han fallecido, sin variación respecto a este miércoles.

Tenerife ha registrado 39 nuevos casos en el último día, hasta los 2.775 casos acumulados, de los que 1.071 son casos activos, mientras que desde el inicio de la pandemia 119 personas han perdido la vida por el coronavirus.

En Lanzarote se han registrado 43 casos nuevos con lo que los acumulados suben a 897 y los activos a 560, mientras que la cifra de fallecidos sigue en 7.

En el caso de Fuerteventura, con 12 positivos este miércoles, los acumulados suben a 402 y los activos a 138; y en La Palma se alcanzan los 168 tras seis positivos en 24 horas, 37 de ellos activos.

La isla de El Hierro no ha contabilizado ningún nuevo caso, por lo que los acumulados ascienden a 45, 17 de ellos activos, mientras que en La Gomera tampoco hubo nuevos casos, quedándose en un acumulado de 23 casos, 12 de ellos activos.

Hasta la fecha, en Canarias se han realizado 285.926 pruebas PCR para detectar el coronavirus (3.782 en el último día), con un 4,32% de muestras positivas.

El presidente y consejero delegado de Vodafone en España, António Coimbra, dio hoy la “bienvenida” a la competencia al proceso de despliegue del 5G en España, en el que la operadora británica ha sido pionera en este país con el lanzamiento de esta tecnología el año pasado, con más de un año de anticipo a sus rivales.

Durante un diálogo con la exministra de Ciencia y presidenta de la Fundación Cotec, Cristina Garmendia, en el encuentro anual de la patronal tecnológica DigitalES, Coimbra se refirió a los despliegues de 5G anunciados este mes por Telefónica, Orange y MásMóvil.

Dijo que los rivales de Vodafone llegan con “retraso” “pero mejor tarde que nunca”, y ahora lo importantes es acometer las inversiones necesarias para acelerar el despliegue del 5G en los próximos tres años.

“El sector de las telecomunicaciones está en una situación muy difícil y muy deprimida”, dijo Coimbra, “lo estamos viendo con la situación financiera y bursátil de algunas compañías, y ahora tenemos el reto de tener que invertir 5.000 millones de euros para tener una cobertura de 5G por lo menos como la del 4G, y de 10.000 millones si incluimos el coche autónomo”.

De los 5.000 millones, 2.000 procedería de los fondos europeos y 3.000 del sector de las telecomunicaciones, ya que indicó que habría que dedicar un 10% de los fondos destinados al plan de digitalización para dar "un salto cuántico como país" en transformación digital y acelerar el despliegue de 5G.

El primer directivo de Vodafone en España ve con “optimismo” las directrices del Plan de Estrategia Digital 2025 que ha lanzado el Gobierno, y confía en que ponga el acento en dos necesidades capitales: inversión en infraestructuras y mejora de la digitalización de las pymes.

Coimbra espera que el Ejecutivo tenga en cuenta en la elaboración del plan el establecimiento en España de una red de código abierto de radio para redes 5G OpenRAN, porque es una ocasión para que España tome el liderazgo europeo también en este ámbito y generar una industria fuerte.

Garmendia coincidió en que el plan de digitalización que presentó Pedro Sánchez en julio es “urgente” y necesario, y señaló que la pandemia ha demostrado la necesidad de mejorar en aspectos como la educación digital de los españoles, la digitalización de la sanidad y la transformación digital de las pymes.

UGT ve "posturas alejadas" en la negociación sobre la regulación del teletrabajo en las administraciones públicas, al considerar "absolutamente insuficiente" la propuesta del Ministerio de Política Territorial y Función Pública, que pasa por modificar el Estatuto Básico del Empleado Público, por lo que cree que será difícil alcanzar un punto de encuentro.

Así lo ha señalado en declaraciones  el secretario de Administración General de Estado de UGT, Carlos Álvarez, tras la primera reunión de la Mesa General de Negociación de las Administraciones Públicas para abordar la regulación del teletrabajo en el ámbito público.

Función Pública ha planteado que el teletrabajo en las administraciones sea voluntario y reversible, que tengan los mismo derechos y deberes en función de las normas que se dicten en desarrollo del Estatuto, si bien no ha precisado en cuáles.

Por este motivo, y al no concretarse si se realizará por negociación colectiva, ni el derecho a carrera, ni las retribuciones ni las compensaciones, además de por llegar "tarde y con prisas", ha indicado Álvarez.

Álvarez ha criticado que el documento ha llegado "tarde y con prisas" debido a que va adelantada la negociación de la Ley de Trabajo a distancia en el ámbito privado.

El Ministerio ha presentado el texto de modificación del Estatuto Básico del Empleado Público que UGT considera "absolutamente insuficiente", al ver necesario una norma de carácter básico que regule todos los aspectos y que, como en el ámbito privado, se respete la capacidad organizativa y legislativa de las administraciones.

De su lado, CC.OO. ha señalado que lo primero es garantizar la prestación de los servicios públicos de manera presencial y ha avisado de que no admitirá una rebaja en las condiciones de trabajo, incluidos los aspectos de compensación, en los casos donde de manera excepcional se pueda llevar a cabo la modalidad de teletrabajo.

Por su parte, CSIF ha indicado en cambio que espera alcanzar en los próximos días un acuerdo con el Gobierno sobre este asunto para modificar el Estatuto Básico del Empleado Público como regulación básica para los funcionarios y el persona laboral de las administraciones.

LEY DEL TELETRABAJO EN EL ÁMBITO PRIVADO

En cuanto a la negociación referida a la nueva Ley de Trabajo a Distancia, ya avanzada entre Gobierno y sindicatos, se ha suspendido la reunión que había prevista para este jueves.

En el último borrador presentado el pasado viernes el Gobierno elevó del 20% al 30% el porcentaje para entender que el trabajo a distancia es regular en una empresa.

Dicho borrador también apunta que la modificación del porcentaje de presencialidad "solo podrá realizarse si concurre voluntariedad tanto por parte de la persona trabajadora afectada como por parte de la empresa" y que se realizará de conformidad con lo previsto en el convenio colectivo o el acuerdo de empresa que resulten de aplicación.

Igualmente, recoge que cuando el trabajo a distancia sea algo excepcional promovido por una pandemia, la empresa no tendrá que establecer un acuerdo específico con los trabajadores que incluya, entre otras cosas, la compensación de los gastos.

El vicepresidente de la asociación Derecho a Morir Dignamente (DMD), Fernando Marín, ha calificado de "muy triste y decepcionante" la posición que mantienen el PP y Vox respecto a la futura ley de la eutanasia, impulsada por el PSOE.

Marín se ha pronunciado así, después de que el Congreso de los Diputados haya rechazado las enmiendas a la totalidad que ambos partidos han presentado a la ley de eutanasia, la cual continúa su tramitación en la Cámara Baja.

Además, el PP y Vox han presentado una regulación de los cuidados paliativos frente. Una posición que ha sido criticada por el presidente de DMD, quien ha avisado de que los cuidados paliativos "no resuelven" las peticiones de ayuda a morir.

"Las personas que piden morir obviamente que tendrán acceso a los cuidados paliativos, y será después cuando se pueda cursar su petición, por lo que no hay ninguna competencia entre paliativos y eutanasia", ha dicho Marín, para señalar que la "mayoría" de los votantes del PP y de Vox "hubieran preferido que hubiesen aportado algo sobre los requisitos o garantías que debe contemplar la ley, en lugar de decir las sandeces que han dicho y, a veces, de manera muy cínica".

Así, y tras reconocer estar satisfecho porque la futura ley de eutanasia siga tramitándose en el Congreso y porque por primera vez se acerca el número de diputados que apoya la eutanasia a la opinión de la sociedad, Marín ha advertido de es "derecho individual" y no debe ser "ni de derechas ni de izquierdas". "Nos merecemos una derecha mejor, más moderna", ha zanjado.

Coalición Canaria-PNC califica de "buena noticia" que el Estado no se apropie finalmente de los ahorros municipales después de que el decreto sobre el uso de los remanentes haya sido rechazado tanto por el Senado como por el Congreso de los Diputados.

Para la vicesecretaria de CC y vicepresidenta segunda del Parlamento de Canarias, Rosa Dávila, era "vital" que los ayuntamientos pudieran hacer uso de sus ahorros en atender la emergencia social porque son "la primera puerta a la que tocan los ciudadanos cuando necesitan ayuda" y si hubiera prosperado el decreto que impulsaba el PSOE "se hubieran quedado sin capacidad de respuesta".

En el caso de Canarias, recordó Dávila, los nacionalistas habían manifestado su negativa a este intento de "incautación" de los ahorros municipales que, de prosperar, hubiera dejado a la gran mayoría de las corporaciones de las islas sin liquidez y sin margen de maniobra para atender una realidad que, hoy por hoy, ya está marcada por la pérdida de ingresos y la falta de liquidez lo que les dificulta atender las necesidades de sus vecinos.

"Con un paro, que contando los ERTE llega ya al 40% en Canarias y con unas perspectivas económicas que son alarmantes ese decreto era una bomba de relojería para los ayuntamientos", agregó.

La nacionalista también señaló que lo ocurrido con este decreto evidencia que "la vía de la imposición sin diálogo no es el camino para afrontar las consecuencias de esta crisis".

Según Dávila, "la situación que empezamos a afrontar es de tal gravedad que la única forma de superarlo es la vía del consenso; buscar fórmulas que permitan atender la realidad de las familias y de las personas más vulnerables".

Para los nacionalistas, "es necesario que ahora se ponga sobre la mesa una propuesta que permita a los ayuntamientos utilizar su remanente y sacar el dinero de los bancos para atender a los ciudadanos".

El Congreso ha rechazado este jueves las enmiendas a la totalidad que PP y Vox han presentado a la ley de la eutanasia del PSOE, que continúa, así, su tramitación en la Cámara baja. Sólo los de Casado y Abascal han votado a favor de los textos alternativos a la norma socialista.

Tanto PP como Vox han presentado una regulación de los cuidados paliativos frente a lo que el portavoz 'popular' en materia sanitaria, José Ignacio Echániz, ha calificado como el "suicidio asistido". En su intervención, el diputado del PP ha defendido los cuidados paliativos, incluso en el caso que supongan acortar la vida del paciente, como solución al sufrimiento de un enfermo crónico. A su juicio, un país que "no tiene resuelto el tratamiento paliativo" y "la dependencia" no puede "abrir la puerta a la eutanasia".

Echániz ha explicado que aquellos países en los que este derecho existe se han registrados "resultados negativos" porque se "relajan las garantías jurídicas y los controles" y "aumenta la presión social" sobre los ancianos y los enfermos crónicos. "Es una derrota para todos", ha declarado, antes de llamar a los diputados a "no rendirse" en la lucha por la mejora de los cuidados paliativos. "Es lo ético y lo socialmente justo", ha insistido.

En este sentido, ha reprochado a los socialistas que hayan cambiado su sentido del voto en esta materia, ya que hace "tres años" se oponían a la misma. El portavoz del PP ha achacado este cambio a un "desplazamiento" del PSOE hacia los "postulados de podemos" y ha pedido al partido de Pedro Sánchez que vuelva a plantearse su postura en esta ámbito.

Muy similar ha sido el argumento de la representante de Vox, María Ruiz, que ha acusado al partido que sustenta el Gobierno de estar "del lado de la muerte" y de buscar "el camino fácil". "Pretenden liquidar el problema liquidando a la muerte", ha declarado, para añadir que es algo típico de las políticas progresistas, como la ley del aborto o, como ha ocurrido "en las residencias durante los momentos más duros de la pandemia".

"FALTA DE EMPATÍA" EN LA DERECHA

Ruiz, que también ha destacado los problemas que, a su juicio, se presentan ahora en los países de Europa en los que se ha regulado la eutanasia, cree que el PSOE prefiere matar a una personas que dar recursos para que dejen de sufrir y ha dedicado gran parte de su discurso a defender la vida de las personas mayores que, en su opinión, pueden sentirse "presionadas" a dejar de vivir si existe una ley como la de la eutanasia. "Creen que un vida sin calidad no es diga de ser vivida, porque les estorban los no nacidos con discapacidad, los mayores dependientes o los enfermos terminales", ha indicado.

La diputada ha denunciado, además, la decisión de aplicar la eutanasia a un enfermo "no puede recaer en los médicos" porque esos son "un simple mortal" y, a su juicio, "dos categorías" de profesionales.

Tras ambas interveciones, la exministra de Sandidad, la diputada socialista María Luisa Carcedo, ha lamentado la "falta de empatía" que, a su juicio, suele tener la derecha con las creencias y la moral de otras personas, así como el concepto sobre la vida y la muerte que pueda tener cada uno. Además, ha señalado que el debate sobre los cuidados paliativos, que ya existen en el país y están en la cartera del Sistema Nacional de Salud, "no tiene nada que ver" con la ley socialista.

Carcedo ha recordado que el PSOE apoyó la ley de cuidados paliativos que se debatió en el Congreso en la anterior legislatura y reprochó al PP que esta norma, que mejoraba las condiciones actuales de este servicio, podría estar en vigor si ello no hubieran "enredado" en el Senado y hubieran permitido que el texto se publicaa directamente en el BOE.

EL RESTO DE LA OPOSICIÓN APOYA LA EUTANASIA

Del mismo modo, ha rechazado las peticiones que PP y Vox de poner "más recursos" a los paliativos frente a la eutanasia, recordando a los de Pablo Casado lo que se hace en "algunas" comunidades autónomas en este sentido y los "recortes" que se produjeron en el Sistema Nacional de Salud durante la crisis.

La portavoz de ERC en materia sanitaria, Carolina Telechea, ha recordado que "la vida u la muerte son dos caras de la misma moneda" y que "asegurar una vida digna es asegurar una muerte digna", teniendo, además, en cuenta que esto se trata de "un derecho", de la "dignidad", de la "libertad" y de la "autodeterminación personal". "Apoyamos la regulación de la eutanasia", ha declarado.

"Los españoles se merecen un debate serio y sosegado sobre la eutanasia", ha defendido la portavoz de Ciudadanos en este debate, Sara Jiménez, antes de indicar su rechazo a las enmiendas presentadas y su apoyo a la norma socialista que, según ha apuntado, es necesario "mejorar. "Hay personas que en su libertad no quieren paliativos, sino terminar con su sufrimiento", ha declarado. A su juicio, la ley de eutanasia va de "libertades individuales" y del derecho de un persona "irse de esta vida" con "dignidad".

Desde el PNV, Joseba Agirretxea, cree que los de Casado y Abascal "quieren confundir" a la sociedad igualdando paliativos y eutanasia cuando "no son lo mismo", de hecho, los nacionalistas vascos no ven "incompatible" la regularización de la eutanasia y el desarrollo de los cuidados paliativos y creen que los texto alternativos presentados son "alternativos" a otra ley, además de señalar que son de "baja calidad". Del mismo modo, ha denunciado las "barabaridades" dichas por los portavoces de PP y Vox, dando a entender que esta norma pretende "eliminar a gente. "Es inadmisible", ha concluido.

El portavoz del PDCat, Sergi Miquel, ha reprochado a Echániz que haya hablado de "expropiar vidas" y ha lamentado que PP y Vox intenten "imponer" sus principios en esta materia a todos los enfermos; mientras el diputado de BNG, Néstor Rego, ha rechazado "categóricamente" las enmiendas de unas formaciones que ha calificado de "retrógadas" y que, a su juiciom están más preocupados de quitar derecho que de afianzarlos.

El diputado de Más País, Íñigo Errejón, por su parte, se ha dirigido a PP y Vox para señalar que si se aprobaran sus propuestas, los ciudadanos "sólo podrían morir de acuerdo con los valores de una minoría"; mientars que si sale adelante la ley de la eutanasia, los enfermos que así lo soliciten podrán morir de acuerdo con "sus propios valores, incluidos lo votantes" de 'populares' y Vox, "si así lo necesitaran". "Por eso, la libertad es superior y por eso la mayoria de la sociedad está de acuerdo en que avancemos en derechos", ha concluido.

Los representantes de Eh Bildu, Iñaki Ruíz de Pinedo; Nueva Canarias, Pedro Quevedo; y CUP, Albert Botran, ha mostrado su rechazo a los textos de PP y Vox y han recordado a ambas formaciones que el hecho de regular la eutanasia no implica que todos los enfermos vayan ha solicitarla o estén obligados a ello.

El diputado de Nueva Canarias, Pedro Quevedo, ha afirmado que se ha visto "obligado" a votar en contra de la convalidación del real decreto ley de los remanentes de las corporaciones locales ante la "imposibilidad" de conversar con el Gobierno para encontrar una salida, a pesar de haber esperado hasta el último momento a emitir el voto telemático.

En un comunicado, el nacionalista reiteró la voluntad de su partido de "hablar con contenidos claros, en un documento, sobre cómo debe ser" un futuro proyecto de ley y el conjunto de medidas que necesitan las entidades locales y los ciudadanos.

Al respecto, Quevedo explicó que llevaba una semana "intentando tener una conversación" con el Ejecutivo estatal para "tratar de encontrar una salida". "Con este objetivo --dijo--, NC disponía de una propuesta destinada a pactar, en un documento, los contenidos de un proyecto de ley con las correcciones acordadas de un decreto, que fue aprobado por el gabinete de Pedro Sánchez a comienzos del pasado mes de agosto".

Mientras, el diputado recordó a la ministra de Hacienda, Maria Jesús Montero, que "nadie" estuvo "más en contra" de la ley de estabilidad que Nueva Canarias. Por este motivo, "no somos sospechosos de estar en esto con una intención" ajena a la voluntad de acordar una salida. Pero "no ha habido posibilidad", denunció.

Además, indicó que las corporaciones locales son "igual de Estado" que los gobiernos territoriales y el estatal, por lo que sus "necesidades, es decir, la de los ciudadanos son iguales o mayores". Si no ha habido consenso, añadió, "no ha sido por Nueva Canarias, predispuesto a encontrar una salida y mejorar" la norma en discusión.

La aparición de casos positivos de coronavirus ha provocado el confinamiento de siete grupos de alumnado de cinco centros educativos navarros ubicados en Pamplona, Murchante y Falces. Estos grupos estables de convivencia deberán permanecer aislados durante los próximos diez días.

En concreto, se trata de dos grupos de alumnos de quinto curso del ciclo de Educación Primaria del colegio público Mardones y Magaña de la localidad de Murchante, con un total de 48 escolares; de un grupo del ciclo de tercer curso de Educación Primaria del colegio público Doña Álvara Álvarez de Falces, con 9 niños y niñas; y dos clases de tercer curso de Educación Primaria del colegio público José María de Huarte de Pamplona con un total de 45 estudiantes.

Asimismo, en la ikastola Amaiur de Pamplona ha sido confinado un grupo de tercer curso del ciclo de Educación Infantil, ha informado el Gobierno de Navarra en un comunicado.

Además, desde este miércoles, permanece en aislamiento el alumnado de una clase de primer curso de Educación Primaria del colegio The British School of Navarra, en Pamplona, a los que se les realizará hoy la prueba diagnóstica PCR.

Estos grupos se suman a un grupo de 23 alumnos de tercer curso del ciclo de Educación Primaria del colegio público Cardenal Ilundáin de Pamplona que permanece en cuarentena al haberse confirmado un caso positivo en el aula y a los que se les practicará hoy la prueba PCR.

Igualmente, un grupo de cuarto curso de Educación Primaria del colegio Francisco Arbeloa (22 personas) de la localidad de Azagra permanece en aislamiento en sus domicilios hasta el próximo día 15 de septiembre, tras haberse confirmado la presencia de un caso positivo de coronavirus.

A ellos se suman cuatro alumnos de 3 años del ciclo de Educación Infantil del colegio público Los Sauces de Barañáin, confinados por el mismo motivo.

PROCEDIMIENTO ANTE CASOS POSITIVOS

Tras confirmarse los casos se pone en marcha el procedimiento del Departamento de Salud para la gestión de casos Covid en alumnado de centros escolares, que incluye la comunicación desde la dirección del centro a las familias del alumnado que deberá permanecer en aislamiento, un proceso agilizado gracias al acceso inmediato de los rastreadores de Salud a los datos de la plataforma EDUCA del Departamento de Educación.

A todas las familias se les informa de la situación y se les cita por los servicios sanitarios para la realización de las primeras pruebas PCR. Si dan positivo, serán nuevos casos confirmados. Si la prueba es negativa, se continuará con la cuarentena y se repetirá la PCR en el 10º día desde el último contacto con el caso confirmado. Si es negativa, finalizará la cuarentena y se reincorporará al centro escolar. Si da positivo, se convierte en un caso confirmado asintomático e inicia el aislamiento durante un mínimo de 10 días con estudio de contactos estrechos.

El protocolo estipula asimismo que se indicará también la realización de PCR si en algún momento del seguimiento el alumno o alumna presenta síntomas compatibles con Covid. Si es positiva, se considerará caso confirmado con infección activa e iniciará el aislamiento durante 10 días con el estudio de contactos estrechos. Si es negativa, continuará con la cuarentena hasta el 10º día en el que se realizará nueva PCR.

El 62,2% de las mujeres de 65 o más años que han sufrido violencia física, sexual o emocional por parte de alguna pareja ha denunciado o buscado ayuda formal o informal frente al 85,6% de las de 16 a 64 años, lo que revela que las mujeres mayores "ocultan" en mayor medida la violencia sufrida, según la Macroencuesta de Violencia contra la Mujer, elaborada por la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género.

"Las mujeres jóvenes sufren más violencia y tienen más conciencia, lo revelan más, con lo cual algo se puede decir que hemos avanzado en las siguientes generaciones pero la prevalencia del silencio en nuestras mayores es realmente macabra", ha lamentado la delegada del Gobierno contra la Violencia de Género, Victoria Rosell.

Así lo ha indicado este jueves 10 de septiembre en la rueda de prensa telemática para presentar la Macroencuesta sobre violencia de género, en la que también ha participado la ministra de Igualdad, Irene Montero.

En concreto, de los datos se desprende que solo un 25,1% de las mujeres de 65 o más años víctimas de violencia por parte de parejas pasadas han acudido a servicios de ayuda formal frente al 37,3% de las mujeres de 16 a 64 años.

Además, poco más de la mitad de las mujeres mayores de 65 años que sufren violencia por parte de su pareja o expareja cuenta lo que le sucede a personas de su entorno frente a un 81,3% del resto de mujeres.

"A la vista de estos resultados puede concluirse que las mujeres mayores han ocultado la violencia vivida en la pareja en mayor medida que las mujeres de menor edad", indica el estudio.

También son menos las mayores que han roto la relación, un 49,9% frente a un 81,4% entre las que tienen entre 16 y 64 años; y una de las razones que citan para el fin de la misma es el fallecimiento de la pareja.

Por su parte, las mujeres jóvenes de 16 a 24 años han sufrido más la violencia sexual fuera de la pareja (un 11% frente al 6% de las mujeres de 25 años o más). De ellas, el 84,8% ha contado lo sucedido a personas del entorno, sobre todo, a amigas o amigos, según los datos.

9 DE CADA 10 JÓVENES DENUNCIAN LA VIOLENCIA SEXUAL

Además, el 89,2% de las mujeres de 16 a 24 años ha denunciado, buscado ayuda formal o hablado de la violencia sexual fuera de la pareja con personas allegadas frente al 72,6% de las mujeres de 25 o más años.

Igualmente, el estudio pone de manifiesto que la prevalencia del acoso sexual entre las mujeres de 16 a 24 años es muy superior al de las mujeres de 25 o más años. Así, el 60,5% lo ha sufrido en alguna ocasión y el 34,7% antes de cumplir los 15 años de edad frente al 38% yal 16,6% respectivamente de las mujeres de 25 o más años.

En cuanto al stalking o acoso reiterado, el 26,2% de las mujeres de 16 a 24 años dice haberlo sufrido en alguna ocasión frenteal 13,9% de las de 25 o más años.

Por otro lado, el estudio revela que las mujeres con discapacidad acreditada han sufrido violencia sexual fuera de la pareja a lo largo de sus vidas en mayor proporción (10,3%) que las mujeres sin discapacidad acreditada (6,2%).

En el ámbito de la pareja, la prevalencia de la violencia también es mayor (20,7% frente al 13,8%), aunque también denuncian más (30,8% frente al 20,9%) y la mitad de ellas buscan ayuda formal.

Atendiendo al origen, la macroencuesta señala que la incidencia de la violencia en la pareja es superior entre las mujeres nacidas en el extranjero que entre las nacidas en España y revela que las mujeres extranjeras denuncian la violencia de la pareja en mayor medida (28,6% frente al 20%).

Las mujeres nacidas en el extranjero han sufrido violencia sexual fuera de la pareja a lo largo de sus vidas en una proporción ligeramente superior (9,8% frente al 6%) y el 5,2% de ellas han sido violadas por una persona distinta de su pareja o expareja frente al 1,8% de las nacidas en España. También citan en mayor medida haber sufrido violencia sexual de familiares hombres (37,5% frente al 17,6%), según la macroencuesta.

El que fuera responsable del equipo de legal de Podemos José Manuel Calvente ha señalado este jueves ante el juez de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón que la cúpula de la formación 'morada', en concreto Pablo Iglesias, Irene Montero y Juanma del Olmo, usaron la causa del robo del móvil de Dina Bousselham como estrategia para denunciar una operación de las 'cloacas' del Estado de cara a las elecciones de abril de 2019.

Esta declaración se ha producido en el marco de la pieza separada número 10, denominada 'Dina', de la macrocausa 'Tándem', en la que se investiga el robo del teléfono móvil de Dina Bousselham en 2015 cuando era asesora del líder de Podemos, Pablo Iglesias, y el posterior uso de sus datos y difusión en medios.

Fuentes consultadas han asistido al interrogatorio han explicado además que el abogado -que ha respondido a todas las partes durante cerca de tres horas-- habría apuntado directamente a la cúpula del partido señalando a su líder, Pablo Iglesias, a la actual ministra de Igualdad, Irene Montero, y al responsable de comunicación Juanma del Olmo, como los artífices de la estrategia para usar el robo del teléfono de Bousselham para denunciar esa supuesta operación de las cloacas del Estado contra Podemos.

Durante su declaración, Calvente se ha llegado a emocionar al confesar amenazas y presiones del entorno de Podemos sobre él, hasta el punto que García-Castellón ha pedido que se deduzca testimonio para que la Fiscalía investigue esas amenazas y, si es necesario, se le ofrezca protección. Al hilo, Calvente habría señalado que en el entorno de Podemos existirían personas muy violentas, y ha llegado a hablar de una 'kale borroka' o guerrilla.

Por otro lado, y según estas mismas fuentes, Calvente se habría ratificado en su versión sobre los chats del equipo de legal confirmando que en ellos se deducía relación entre la abogada de Podemos Marta Flor y uno de los fiscales del caso, Ignacio Stampa.

"HIPÓTESIS Y OPINIONES"

Sin embargo, el abogado de Iglesias, Raúl Maíllo, que también ha asistido al interrogatorio de Calvente, ha explicado a Europa Press que éste "no ha aportado ninguna prueba" de lo mantenido y "ha basado su declaración en meras hipótesis y opiniones.

De hecho, apunta que ante la pregunta de si el caso 'Dina' era un montaje conocido por la dirección de Podemos, Calvente ni siquiera se habría atrevido a afirmar eso en primera persona y habría dicho que "eso es lo que le comentaron, sin indicar quién se lo dijo". Además, han incidido en que el que fuera abogado de la formación es una persona "con una clara animadversión hacia Podemos".

Por otro lado, fuentes del partido morado han explicado que la declaración de Calvente ha transcurrido como la que hizo ante el Juzgado de Instrucción número 42 de Madrid, sin pruebas y con afirmaciones "basadas en rumores.

Calvente fue llamado a declarar como testigo por García-Castellón en el marco de la pieza 10 después que se publicara en El Confidencial y El Mundo parte de una conversación entre letrados de Podemos en la que se ponía de manifiesto que Calvente cuestionaba la estrategia jurídica emprendida por el partido a raíz de la apertura de la pieza.

En concreto, y según ha explicado el propio Calvente previamente a su comparecencia de este jueves, él advirtió en el partido de que la exasesora había hecho capturas de pantalla de conversaciones que meses después, y tras el robo del terminal, aparecieron publicadas en medios de comunicación, por lo que en aquel momento no se podía asegurar que Podemos hubiese sido víctima de las "cloacas.

Calvente fue despedido de Podemos en diciembre de 2019 tras la acusación de Marta Flor, otra de las letradas del partido y asimismo representante de Bousselham --y hasta hace unas semanas de Pablo Iglesias-- en la pieza 10 del 'caso Villarejo', por acoso sexual y laboral, justo cuando Calvente investigaba posibles irregularidades contables en el partido. Un juez de Madrid archivó recientemente la denuncia de Flor al no detectar indicios de acoso.

El consejero de Obras Públicas, Transportes y Vivienda del Gobierno de Canarias, Sebastián Franquis, ha reclamado este jueves ante la Conferencia Nacional de Transporte organizada por el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, que el Estado recoja y asuma las peculiaridades de la movilidad en el archipiélago canario en la redacción final de la futura Ley de Movilidad Sostenible y Financiación del Transporte que se encuentra en fase de elaboración.

Franquis destacó también durante el encuentro que la movilidad segura y sostenible debe desempeñar un papel fundamental en el plan de reactivación económica que el Gobierno de España presentará en las próximas semanas a la UE y al que Canarias se sumará con varios proyectos.

"El transporte para una comunidad autónoma como la canaria es esencial, no solo por lo que significa en términos de conectividad hacia el resto del territorio nacional o el europeo, sino por lo que significa de cohesión social y de crecimiento económico en un territorio insular como el nuestro", explicó el consejero canario a sus homólogos del resto de España durante la Conferencia Nacional celebrada por videoconferencia.

"Para nosotros es una magnífica noticia que el anteproyecto de esta Ley, que se encuentra en exposición pública, se eleve la movilidad a un derecho ciudadano, una vieja reivindicación que hemos hecho desde siempre en esta comunidad insular. El hecho de que la movilidad sea un derecho ciudadano reafirma a esta como un elemento esencial de cohesión social y de crecimiento económico", añadió Franquis en una nota remitida por su departamento.

El ministro José Luis Ábalos informó también a los representantes autonómicos que el Gobierno de España va a crear un nuevo Sistema Nacional de Movilidad dentro de la nueva Ley que se encuentra en fase de redacción, una herramienta con la que se quieren coordinar desde el Estado las distintas políticas de transporte de las comunidades para aumentar la eficacia de las medidas encaminadas a facilitar la recuperación económica en el sector del transporte.

Según el ministro, lo que se busca es priorizar las inversiones más productivas en cada una de las regiones del Estado de cara a su presentación para optar a los créditos que la UE ha puesto a disposición de España para la reactivación económica.

LA MOVILIDAD, CLAVE PARA SALIR DE LA CRISIS

"Los asuntos que se han puesto hoy encima de la mesa encajan en el debate político tanto a nivel nacional como europeo, que es situar a la movilidad segura y sostenible ocupando un papel esencial en el futuro de ese plan de recuperación", apuntó Franquis.

Por eso, prosiguió, "desde el Gobierno canario estamos trabajando en una serie de proyectos que presentaremos al ministerio en las próximas semanas con la idea de incorporarnos a ese plan que se va a presentar a la UE, proyectos relacionados con la movilidad y que serán esenciales para salir de la crisis actual, una crisis que en Canarias sufrimos doblemente ya que tenemos la planta alojativa paralizada y el turismo es el 40% del PIB de las islas.

Para unificar criterios y coordinar las políticas en la materia, Ábalos invitó a los consejeros y consejeras a sumarse al debate de la Estrategia de Movilidad Segura, Sostenible y Conectada que el Ministerio plantea para planificar las políticas de movilidad del futuro en línea con las exigencias de la Agenda 2030.

"Esta estrategia de movilidad encaja perfectamente en el compromiso que tiene el Gobierno de Canarias de plantear en las próximas semanas un Pacto por la Movilidad Sostenible y Segura en nuestra Comunidad Autónoma y que vamos a enlazar con la Declaración de Emergencia Climática que el Gobierno canario aprobó a finales de 2019, por eso vamos a participar en este debate con entusiasmo y con propuestas", agregó el consejero Franquis.

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha señalado este jueves que la "normalidad" ha marcado el inicio de curso, en el que han reanudado su actividad más de 2.500 centros educativos y más de 60.600 docentes han vuelto a impartir clase en las aulas en la comunidad.

Moreno ha destacado que esta primera jornada lectiva en Infantil Primaria ha transcurrido sin apenas incidentes y ha explicado que la Consejería de Educación realizará un "recuento estadístico" una vez hayan pasado los cuatro días de adaptación fijados para una vuelta al cole marcada por la pandemia de Covid-19.

Moreno se ha pronunciado de este modo tras realizar un seguimiento de la jornada y mantener junto al consejero de Educación y Deporte, Javier Imbroda, una ronda de contacto telemática con ocho responsables de centros educativos de las distintas provincias andaluzas: del CEIP Juan XXIII de Los Gallardos (Almería), el CEIP Al-Ándalus de Jerez de la Frontera (Cádiz), el CEIP Santos Mártires de Córdoba, del CEIP Federico García Lorca de Granada, el CEIP José Oliva de Huelva, el CEIP El Olivo de Jaén, el CEPR San José de Calasanz de Málaga y del CEIP José María del Campo de Sevilla.

Según informa la Junta en un comunicado, el jefe del Ejecutivo andaluz ha agradecido el sacrificio, el tesón, la entrega y el empeño de toda la comunidad educativa por hacer realidad el objetivo de un comienzo de cursopresencial. "El trabajo que han hecho y que siguen haciendo es impagable. La cooperación y el diálogo ayudan a que, pese a todo, haya sido para cierta normalidad", ha asegurado antes de subrayar el "esfuerzo sin precedentes" del Gobierno de Andalucía para ofrecer en este nuevo curso las mayores garantías posibles.

Así, Moreno ha detallado que el Ejecutivo andaluz ha reforzado el profesorado con casi 6.500 nuevascontrataciones y se ha aumentado el personal --1.600 trabajadores más-- y los medios de limpieza y desinfección. Además, ha aportado tres millones de mascarillas y 230.000 litros de gel hidroalcohólico en las aulas y se están haciendo test a docentes y demás empleados de los centros.

ACTUACIÓN INMEDIATA "CUANDO SEA NECESARIO"

Junto a ello, el presidente de la Junta ha subrayado la inversión de 25 millones de euros en obras de adaptación y ampliación en institutos y los 45 millones para la compra de portátiles, 150.000 por parte de la Junta y otros 180.000 con la ayuda del Gobierno de España. "Y, por supuesto, vamos a estar pendientes alminuto de la situación en cada uno de estos centros, y actuaremos con inmediatez cuando y donde sea necesario", ha agregado.

En total, una vez que se incorporen el próximo día 15 los estudiantes de Secundaria y Bachillerato, serán 1.833.000 alumnos los citados en las aulas de los centros escolares andaluces este curso. Las clases se ponen en marcha, según ha subrayado Moreno, después de un "imponente trabajo de organización, adaptación y de medios" y, también, con avances que sitúan a la enseñanza pública en la senda de una mayor calidad.

Al hilo de esto último, ha detallado que este curso se incorporan 31 programas más de bilingüismo, 49 ciclos de FP, Bachillerato Internacional en las ocho provincias, cinco nuevos centros educativos, un total de 690 ampliaciones y reformas, 33 comedores escolares y 30 aulas matinales más.

Por último, ha explicado que se han destinado 90 millones de euros a la renovación de libros y se han retirado 33 módulos prefabricados. "Estamos volcados en poner los medios para la mejor educación posible", ha concluido.

La consejera de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación, Rocío Ruiz, ha defendido este jueves que es competencia del Ministerio de Igualdad que dirige Irene Montero "la persecución de los responsables de las víctimas de trata y prostitución", así como ha pedido a dicho departamento del Gobierno central que "cierre los prostíbulos" haciendo uso de sus competencias.

En respuesta a una pregunta que en la sesión de control al Gobierno andaluz le ha formulado la diputada de Adelante Ana Villaverde, la consejera de Igualdad ha agregado que los centros que pudieran ser prostíbulos tienen en Andalucía "licencia de apertura" como "centros de masaje u hoteles, y no los podemos cerrar nosotros".

Además, ha remarcado que la Junta exige a la ministra de Igualdad "una ley estatal" para "la erradicación de la trata y el tráfico de mujeres", además de "medidas coordinadas, integradas, de verdad, contundentes; no parches ni titulares populistas", según ha aseverado.

La consejera se ha pronunciado así después de que la diputada Ana Villaverde le haya preguntado si el Gobierno andaluz va a "cerrar los prostíbulos" y, si es así, "en qué condiciones y con qué alternativas para las trabajadoras sexuales y mujeres que ejercen la prostitución".

ADELANTE: "CUANTO ANTES SE CIERREN" LOS PROSTÍBULOS, "MEJOR"

La diputada de Adelante ha manifestado que "el cierre de clubes es fundamental para proteger a las trabajadoras sexuales", que son quienes más "se exponen a riesgos para su salud" tanto en el marco de esta pandemia como antes de que ésta se iniciara, y "cuanto antes se cierren" estos centros, "mejor", pero "la cuestión es en qué condiciones", según ha apostillado.

Al hilo, ha criticado que, "mientras por un lado se les señala" a las prostitutas "como potenciales transmisoras del virus, al mismo tiempo no se les ofrecen alternativas y se les condena a situaciones de pobreza extrema, o bien a seguir ejerciendo en condiciones aún peores y de mayor inseguridad", y en ese sentido ha advertido de que, "cuando se cierra un club, se cierra en muchos casos el techo bajo el que viven" estas mujeres, "o su forma de sobrevivir".

Ha lamentado que "la ausencia de derechos de la que parten" estas trabajadoras "hace que no puedan acogerse a un ERTE" --expediente de regulación temporal de empleo--, o que se las "excluya de facto de ayudas para el alquiler para colectivos vulnerables". "Por no tener, no está claro ni el acceso al Ingreso Mínimo Vital, que deja fuera a quienes no se acreditan como víctimas de violencia y trata", según ha apostillado.

La consejera de Igualdad ha respondido que "ya se han realizado muchísimas acciones" desde la Junta en este ámbito, y "hay un plan de contingencia COVID" y "un protocolo específico" por el que desde el Instituto Andaluz de la Mujer (IAM) se ha ofrecido "información y asesoramiento con una primera asistencia", así como "recursos habitacionales".

En virtud de este protocolo, "todas las entidades y ONG especializadas que se han acreditado a través del Ministerio son las que tienen la potestad y competencia para encargar que sean acreditadas mujeres en situación de víctimas de trata y prostitución", según ha explicado la consejera, que ha concretado que con esa acreditación se puede acceder en Andalucía a dichas "medidas de recurso habitacional y apoyo económico".

CSIF espera alcanzar "en los próximos días" un acuerdo con el Ministerio de Política Territorial y Función Pública sobre una regulación básica del teletrabajo para personal funcionario y laboral de todas las administraciones públicas, si bien pide que sea voluntario, reversible, con derecho a desconexión y que no suponga coste económico para los trabajadores.

La organización ha indicado en una nota que confía en que se llegará a un acuerdo "a lo largo de los próximos días" para regular esta cuestión con carácter básico, en el marco del Estatuto Básico del Empleado Público, y a partir de ahí el resto de administraciones podrá desarrollar su propia norma.

En la negociación Función Pública ha planteado que el teletrabajo en las administraciones sea voluntario y reversible, que tengan los mismos derechos y deberes en función de las normas que se dicten en desarrollo del Estatuto, entre otros puntos.

El sindicato recuerda que el pasado 17 de junio CSIF ya alcanzó un acuerdo pionero, vigente hasta el final de la pandemia, en el que se establecían criterios de organización para que la plantilla de la Administración General del Estado pudiera trabajar tanto de manera presencial en el puesto de trabajo, como no presencial, desde sus domicilios durante la nueva normalidad.

En línea con este acuerdo, CSIF defenderá en la negociación un "amplio marco legal", con garantías para el conjunto de los EEPP, que permita la implementación del mismo en condiciones ordinarias y en circunstancias extraordinarias.

Más allá de la situación excepcional de pandemia CSIF considera que las administraciones públicas deben de ser "punta de lanza" en la aplicación del teletrabajo en la sociedad española, como ocurrió en su momento con otros derechos laborales como el permiso de paternidad.

GARANTÍAS Y REGULACIÓN DEL TELETRABAJO

La organización sostiene que el teletrabajo es una medida que debe favorecer la conciliación de la vida laboral y personal, flexibilizar horarios de una manera más racional, prevenir riesgos laborales y proteger la salud, además de disminuir el impacto ambiental, reducir costes en infraestructuras y mejorar la integración de personas con discapacidad o en rehabilitación tras enfermedad.

No obstante, subraya que debe llevar unido una regulación que evite el abuso en los horarios de trabajo, se garantice la protección de datos, reconozca el derecho a la desconexión, que se adapte de manera conveniente al domicilio para evitar otros riesgos laborales y que no ocasione un gasto a la persona trabajadora.

Por ello, CSIF defenderá en la negociación que el teletrabajo sea voluntario y reversible, que no conlleve pérdida de condiciones laborales y retribuciones, que se faciliten los equipos necesarios (ordenador, teléfono corporativo, silla ergonómica).

El portavoz económico de Junts en el Congreso, Ferran Bel, considera que "no es admisible" que un Gobierno en minoría como el de Pedro Sánchez no ofrezca "un plan B" a los ayuntamientos tras perder el decreto de las remanentes municipales y le ha pedido que ahora al menos no se oponga a las alternativas que presente otros partidos en la Cámara como el suyo.

En este sentido, ha anticipado que estos momentos se está tramitando en el Congreso una proposición de ley de reforma de la Ley de Estabilidad Presupuestaria para cambiar la capacidad de veto del Senado a los objetivos de déficit a la que Junts ha presentado dos enmiendas en relación con el techo de gasto y los remanentes para que los ayuntamientos puedan disponer de su superávit.

Así las cosas, Bel ha asegurado que su partido va a intentar la próxima semana urgir a que la ponencia se ponga a trabajar lo más rápidamente posible. "Lo que pido a los miembros del PSOE y Unidas Podemo es que si no tienen 'plan B', no se opongan al plan de otras formaciones" ni que haya "maniobras parlamentarias" que impidan su tramitación.

Ahora bien, el diputado del PDeCAT sostiene que lo mejor sería que la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, presentara un nuevo decreto sobre las remanentes de los ayuntamientos. "Esta Cámara ha tumbado más de un decreto del Gobierno español y cuando esto ha pasado la actitud del ministro del ramo ha sido humilde y ha negociado un nuevo decreto", ha dicho.

El Festival de San Sebastián, que celebrará su 68 edición del 18 al 26 de septiembre, ha incluido en las diferentes secciones de su programación 17 títulos -trece largometrajes y cuatro cortos- que el Festival de Cannes había seleccionado como parte de su 73 edición, cancelada por la pandemia del covid-19.

Su director, Thierry Fremaux, participará en la gala inaugural del Kursaal junto al director del Festival de San Sebastián, José Luis Rebordinos, para rendir homenaje a Cannes y al resto de citas que no han podido celebrarse por el coronavirus.

En un año especial en el que muchos certámenes de cine se han visto suspendidos en todo el mundo, San Sebastián y Cannes han decidido programar y dar visibilidad a varios de los filmes seleccionados por el Festival de Cannes, puesto que a ambos les une "una relación de amistad y colaboración" desde hace años.

Los títulos programados en la Sección Oficial, New Directors, Zabaltegi-Tabakalera, Perlak, Nest y Culinary Zinema son obra de cineastas como Danielle Arbid, Naomi Kawase, François Ozon, Thomas Vinterberg, entre otros. Todos ellos se proyectarán bajo el sello "Selección oficial Cannes 2020".

La Sección Oficial incluye siete largometrajes programados por el certamen francés. Se trata de 'Passion simple', adaptación de la novela homónima de Annie Ernaux a cargo de la directora franco-libanesa Danielle Arbid; 'Sutemose / In The Dusk (En la oscuridad)', un drama de trasfondo bélico del lituano Arunas Bartas; 'Asa Ga Kuru / True Mothers', una nueva exploración del microcosmos familiar de la japonesa Naomi Kawase; 'Été 85 / Summer of 85 (Verano del 85)', un relato de amores adolescentes firmado por el parisino François Ozon; y 'Druk / Another Round', la nueva película del danés Thomas Vinterberg, que retrata a varios profesores embarcados en un excéntrico experimento etílico.

Además de estos cineastas consagrados, también optará a la Concha de Oro y al resto de premios del palmarés oficial la debutante georgiana Dea Kulumbegashvili, que en 'Dasatskisi / Beginning' narra el acoso que sufren una testigo de Jehová y su familia por parte de un grupo extremista. Además, 'El olvido que seremos / Forgotten We'll Be', la película de Fernando Trueba basada en el libro homónimo de Héctor Abad Faciolince, clausurará el Festival fuera de concurso.

Asimismo, Viggo Mortensen recibirá este año el Premio Donostia, la más alta distinción honorífica que concede el Festival de San Sebastián, donde el actor y cineasta estadounidense presentará 'Falling', su debut como director.

NEW DIRECTORS

En New Directors participan tres títulos de la selección Cannes 2020: '16 printemps / Spring Blossom', película dirigida y protagonizada por la parisina Suzanne Lindon, que encarna a una joven que se debate entre el amor por un hombre mayor que ella y el disfrute de su vida adolescente; 'Casa de antiguidades / Memory House', en la que el brasileño Joâo Paulo Miranda Maria utiliza una historia fantástica para captar las tensiones sociales y raciales del Brasil de hoy en día; y 'Limbo' (fuera de concurso), una sátira intercultural en la que el británico Ben Sharrock aborda las dificultades y la esperanza de los refugiados.

Zabaltegi-Tabakalera ofrecerá dos obras incluidas en la competición de cortometrajes de Cannes: 'Stephanie', del belga Leonardo van Dijl, y 'I am Afraid to Forget Your Face', del egipcio Sameh Alaa.

En Perlak se proyectará 'AND / DNA', filme dirigido y protagonizado por Maïwenn sobre una mujer que sufre una crisis de identidad tras la muerte de su abuelo, mientras que en Culinary Zinema se ha programado 'The Truffle Hunters', de los estadounidenses Michael Dweck y Gregory Kershaw, que siguen a un puñado de ancianos a la caza de la cotizada trufa blanca de Alba en los bosques del Piamonte italiano.

Nest acogerá la proyección de 'Muralla china', del argentino Santiago Barzi, y 'I Want To Return Return Return', de la sueca Elsa Rosengren. Ambos trabajos habían sido programados en la Cinéfondation Selection de Cannes, apartado en el que compiten cortos de escuelas de cine de todo el mundo.

Al margen del Festival de Cannes, el Festival de San Sebastián también mostrará, fuera de concurso y como Proyección Especial de su Sección Oficial, 'We Are Who We Are', la serie del italiano Luca Guadagnino que había programado la Quincena de Realizadores de Cannes, también suspendida por el covid-19. Además, Zabaltegi-Tabakalera exhibirá 'Dustin', de la directora francesa Naïla Guiguet, cuyo trabajo figuraba en la sección de cortometrajes de la Semana de la Crítica de Cannes antes de su cancelación.

Agentes de la Guardia Civil han detenido a dos personas tras lograr interceptar a un vehículo de gran cilindrada que transportaba unos 25 fardos con aproximadamente 700 kilos de hachís. En su huida por la N-340 dirección Algeciras (Cádiz), el vehículo sospechoso haembestido a un vehículo oficial camuflado que participaba en el operativo de detención, causando heridas de diversa consideración a los tres agentes ocupantes del mismo.

Se trata del cuarto incidente con redes de narcotraficantes con resultado de atentado contra agente de la autoridad en la última semana. El primero ocurrió cuando tres agentes de la Guardia Civil fueron tiroteados mientras investigaban una plantación de marihuana en Bornos (Cádiz).

Días después, en Algeciras, dos agentes de la Policía Nacional resultaron heridos, uno de ellos de gravedad, al ser embestido por un presunto narcotraficante que acababa de alijar droga, un incidente muy parecido al ocurrido en Estepona (Málaga), donde agentes de la Guardia Civil fueron heridos al ser embestidos en su huida por un coche.

Según ha explicado la Guardia Civil, en la última operación en San Roque se ha visto implicado un vehículo que había sido avistado en el transcurso de un dispositivo de vigilancia establecido en el litoral cuando realizaba la carga de droga suministrada por una embarcación semirrígida en el paraje de la Urca.

En su huida por la N-340, dirección Algeciras, el vehículo embistió contra uno de los vehículos oficiales camuflados, ocasionando heridas a los tres agentes que iban en él. En el operativo han participado agentes de las Comandancias de la Guardia Civil de Algeciras y Málaga, de las Unidades GAR, CCON y OCON-SUR de la Guardia Civil.

Sobre este tema se pronunció este jueves la fiscal especial antidroga de Andalucía, Ana Villagómez, recordando que "la violencia es consustancial a este tipo de actividades delictivas", ya que "un delincuente lo que quiere es huir, y esas huidas siempre son violentas". En este sentido, ha señalado que "todos los días las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad se juegan la vida para intentar detener a los delincuentes".

El pasado lunes, el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, se desplazó a Cádiz para defender los planes en marcha para hacer frente al narcotráfico en el Campo de Gibraltar, sosteniendo que el principio de autoridad se había restablecido y que la virulencia de las organizaciones criminales se debía a que están "desesperados". "Que tengan claro que no queda impune ningún atentado a Policía o Guardia Civil", sostuvo en una comparecencia ante los medios.

Cáritas Cataluña ha presentado este jueves su Memoria 2019 y ha analizado su actividad asistencial durante los meses de pandemia, constatando que el 36% de sus usuarios durante la crisis han recurrido a la entidad por primera vez o tras no necesitarlo durante un largo tiempo.

Lo ha anunciado en una rueda de prensa telemática la representante de la Comisión de Acción Social de Cáritas Cataluña, Cora Mazo; junto al presidente de la organización, Francesc Roig; la representante de la Comisión de Comunicación, Anna Roig; y el Cardenal Arzobispo de Barcelona, Juan José Omella.

Mazo ha indicado que desde el confinamiento, las peticiones de ayuda a las 10 Cáritas diocesanas catalanas para cubrir necesidades básicas han aumentado un 63% y que, en el caso de algunos servicios de la ONG, las solicitudes se han duplicado o triplicado.

El presidente de Cáritas ha reconocido que "los indicadores no son optimistas" y ha recordado que la crisis sanitaria se ha ensañado con los colectivos más vulnerables de la sociedad, que ya sufrían problemas de falta de vivienda, paro cronificado o trabajo precario.

Según Roig, la pandemia ha impactado con especial virulencia en las familias que más sufrieron durante la crisis económica del 2008, que "ya estaban a medio camino de la salida del túnel" pero que no han podido resistir las consecuencias sociales y económicas del Covid-19.

PLAN DE CHOQUE Y UNIDAD

Por todo ello, Roig ha exigido a las autoridades un "plan de choque inmediato, realista y convincente" para atender a los más perjudicados por la crisis; así como un pacto de estado social que aborde las problemáticas que acentúan su situación: vivienda, trabajo, acceso al padrón, conciliación familiar y precariedad.

En la misma línea, Anna Roig ha afirmado: "Venimos de una crisis no resuelta, y estamos ante las puertas de una crisis ante la que podemos hacer alguna cosa, por lo que pedimos que esta respuesta sea clara y que esté al lado de las personas vulnerables".

Por su parte, el Cardenal Omella, que ha clausurado el acto, ha hecho un llamamiento a la unidad para colaborar con solidaridad con los más desfavorecidos, y ha querido reconocer el trabajo de todas las ONG durante la pandemia: "Cómo Cáritas, ellos también son afluentes que desembocan en el río de la solidaridad".

El Cardenal Arzobispo ha afirmado que "Cáritas, que es parte de la Iglesia, seguirá estando al servicio de los más pobres", y ha pedido aprovechar las dificultades de la pandemia del coronavirus para ampliar los lazos de solidaridad y fraternidad.

217.171 PERSONAS ATENDIDAS

Según datos de la Memoria presentada este jueves, las 10 Cáritas catalanas acompañaron en 2019 a un total de 82.139 hogares, lo que se traduce en 217.171 beneficiarios de sus ayudas: un descenso del 2% respecto al 2018 que, según la entidad, no se repetirá este año a causa del impacto del Covid-19.

Así, Mazo ha explicado que "pese a una cierta recuperación en el último año, la gente que atiende Cáritas no llega a poder superar las consecuencias de la crisis del coronavirus", siendo las mujeres (57% del total) y los adultos con niños a cargo (48% del total), los más perjudicados.

Además, ha advertido Cáritas en su informe, cerca de la mitad de los usuarios de la entidad no disponen de una vivienda digna, y este porcentaje crece año a año: si en 2017 representaban el 34%, en 2018 ya eran el 48%, y el pasado 2019, el 49%.

Esta situación de precariedad habitacional incluye a los beneficiarios sin hogar (6%), a los que viven realquilados (20%), a las que viven acogidas en casas de familiares o amigos (12%), los que están en viviendas de entidades sociales (5%) y los que se ven obligados a ocupar (6%).

Finalmente, Mazo ha destacado que, aunque la mayoría de sus beneficiarios están en paro (61%), existe una tendencia al alza de los llamados "trabajadores pobres": personas que pese a tener trabajo, tienen dificultades para subsistir por el hecho de que es precario, temporal, mal pagado o de pocas horas.

La consejera de Salud del Gobierno de Navarra, Santos Induráin, ha defendido el plan de cribado para el ámbito educativo impulsado por el Ejecutivo con motivo del inicio del curso escolar, un plan que ha sido criticado por Navarra Suma al considerarlo "insuficiente".

Induráin, en respuesta a una pregunta de NA+ en el pleno de la Cámara foral, ha recordado que se aprobó una enmienda a la ley foral sobre medidas extraordinarias ante la situación sanitaria para que el Ejecutivo implantara un plan de cribado en el ámbito educativo.

Según ha indicado, este plan, "en cuyas líneas maestras ya estábamos trabajando con anterioridad", tiene como objetivo "medir la prevalencia del virus en este ámbito para reducir la transmisión y contribuir a la prevención de nuevos brotes".

Este plan ha sido elaborado por el Instituto de Salud Pública, incluye la realización de test serológicos y se dirige tanto a profesionales y alumnos de centros vulnerables como de centros no vulnerables en una muestra representativa de la población escolar.

Ha señalado la consejera que con este plan "estamos cumpliendo la orden del Parlamento" y ha afirmado, sobre la opción de haber hecho PCR, que "ya tenemos ejemplos y experiencias de PCR al inicio del curso y de alumnos aislados y cuarentenados".

"Vamos a tener casos en el medio escolar, claro que vamos a tener, lo que aseguramos es cómo actuar. Lo importante es que detectemos los casos y que aislemos los contactos", ha señalado Induráin, para subrayar que "son los organismos de Salud Pública los que marcan las indicaciones a seguir".

Por su parte, la consejera de Navarra Suma Cristina Ibarrola ha expresado su "preocupación" y ha advertido de que "volver a cerrar los centros traería altos costes sociales". En su opinión, el Gobierno foral "no ha sido ambicioso en las medidas preventivas y están poniendo en riesgo la continuidad de la educación presencial por las consecuencias que puedan llevar".

Para la representante de NA+, "si hubieran querido minimizar los riesgos de contagio y el riesgo de cierre de centros lo que tendrían que haber hecho es PCR periódicas". Y ha criticado que el Ejecutivo "se ha limitado en dar por cumplida una ley impuesta haciendo test escasamente al 1% de trabajadores y alumnos". "El plan de cribado es insuficiente. No dan respuesta ni al objetivo de la enmienda ni a la expectativa de la sociedad", ha sostenido.

El consejero de Salud y Familias de la Junta de Andalucía, Jesús Aguirre, ha reconocido este jueves que la situación de rebrotes de coronavirus que se está registrando en las residencias de mayores de Andalucía es "muy preocupante", pero ha subrayado que el 91,4% de los 1.107 centros de ese tipo existentes en la región está actualmente libre de casos de Covid-19.

Así lo ha puesto de relieve el consejero en la sesión de control al Gobierno andaluz en el Pleno del Parlamento, donde ha respondido a sendas preguntas que sobre la situación de las residencias en esta pandemia le han formulado la diputada del PSOE-A Carmen Velasco y la representante de Vox Ana Gil.

Así, la socialista Carmen Velasco ha criticado que el consejero pueda defender como "un éxito" una cifra de fallecimientos en residencias que demuestra que "hemos perdido a más de tres mayores por día desde que empezó la pandemia" en Andalucía, sin que el Gobierno andaluz "haga nada", y se mueva con "mutismo" y "falta de transparencia", según ha opinado.

Ha tildado así de "escalofriantes" los datos sobre la incidencia de la pandemia en las residencias, y también la "incertidumbre de lo que está por venir", y ha remarcado que "la tregua de la pandemia exigía" la puesta en marcha de "recursos y protocolos con financiación para evitar esta nueva situación" de rebrotes de coronavirus en estos centros.

En esa línea, ha exigido a la Junta "más recursos, protección para los profesionales, realización de pruebas, hospitalización para nuestros mayores sin discriminación de edad" y "medicalización de residencias", y ha llamado a "dar la batalla por nuestros mayores" antes de advertir de que los socialistas no van a permitir que estos ancianos queden reducidos a "números".

La diputada socialista ha concluido aseverando que "un gobierno que permite que queden nuestras residencias a una difícil suerte es un gobierno vacío, cruel e inhumano". Hagáselo ver", le ha espetado Carmen Velasco al consejero de Salud y Familias.

VOX: "ALGO SE HA TENIDO QUE HACER MAL"

Por su parte, la diputada de Vox Ana Gil ha incidido en que el vicepresidente segundo del Gobierno y ministro de Derechos Sociales y Agenda 2030, Pablo Iglesias, "asumió el mando único" en materia de residencias de mayores el pasado 19 de marzo, con el estado de alarma en vigor, pero "lo que pasó en España" en ese tiempo "es difícil de definir, un cúmulo de desgracia y muerte" y un "abandono absoluto de todas las residencias, sumidas en el más triste y desesperante caos", según ha alertado.

La parlamentaria se ha hecho eco de los nuevos "rebrotes" de Covid-19 que se están detectando en residencias de mayores, y se ha preguntado por ello "si no hemos aprendido nada desde que empezó la pandemia", así como ha opinado que "algo se ha tenido que hacer mal para que de nuevo sean nuestros mayores los más afectados" por esta pandemia.

Tras recordar que ahora es la Consejería de Salud y Familias la responsable en materia de residencias, Ana Gil ha preguntado a su titular, Jesús Aguirre, si han sido "suficientes" los controles realizados al personal laboral y a los residentes de dichos centros, o si se les ha dotado de "todo el material necesario de protección", y ha concluido advirtiendo de que "las residencias no soportarán una segunda ola de coronavirus como la que hemos sufrido".

MÁS DE 570 MUERTES EN RESIDENCIAS

El consejero de Salud --que ha comentado que en este tiempo de pandemia no ha tenido "ningún tipo de relación" con el ministerio que dirige Pablo Iglesias ni con el de Igualdad, encabezado por Irene Montero, quienes "han estado perdidos en el limbo"--, ha detallado que, según los últimos datos, hasta 573 personas mayores han fallecido en residencias en Andalucía por la Covid-19, y ha trasladado su "máxima condolencia" a sus familias.

En todo caso, ha querido "contextualizar" esta cifra, y al respecto ha apuntado que en Andalucía han fallecido "6,81 mayores por cada 100.000 habitantes", lo que se traduce en que "el 36,71% de los fallecidos por Covid" en la región "han sido mayores en residencias".

Aguirre ha defendido que la "realidad comparada" refleja que esta proporción es "baja" respecto a los datos de otras comunidades autónomas, como Castilla-La Mancha, Navarra o Extremadura, y también inferior a la media española de fallecidos por residencias, situada en el 67,44%, según ha detallado.

También ha puesto de relieve que las 1.107 residencias de mayores de Andalucía estaban "hace un mes libres de Covid", si bien ahora hay 98 con casos positivos de infección, de forma que "el 91,4% todavía siguen libres" de coronavirus, aunque se están produciendo fallecimientos entre contagiados en estos centros, según ha lamentado.

En todo caso, el consejero ha querido dejar claro que esta comparación no sirve "para nada de consuelo", y "tenemos que hacer muchas cosas, mirar en qué hemos fallado" e intentar solventarlo, así como ha dicho compartir "al máximo la preocupación" de los diputados por los mayores internos en residencias.

Igualmente, ha defendido que por parte de la Junta se están tomando "todas las medidas que podemos", y que la Administración autonómica ha sido "pionera en medicalización de residencias", y la "primera medida" que adoptó la Consejería a primeros del pasado mes de marzo fue "vincular las residencias a través de la enfermera de enlace a la Atención Primaria".

Finalmente, ha indicado que la Junta va a desarrollar en estos días "la quinta vuelta" de pruebas PCR en residencias --tanto a trabajadores como a usuarios--, y también va a realizar esos test en el ámbito del "trabajo domiciliario", en el afán por intentar "minimizar al máximo el efecto de esta segunda oleada" de coronavirus.

Para ello también abordarán "a la mayor prontitud" tanto la vacunación contra la Covid-19 --cuando sea posible-- como la de la gripe y el neumococo a principios del próximo mes de octubre, según ha indicado el consejero.

Mutualidad de la Abogacía, entidad aseguradora sin ánimo de lucro que ofrece a los profesionales del derecho y a sus familias soluciones para cubrir todas sus necesidades de previsión y ahorro, ha firmado un acuerdo de colaboración con la Asociación de Juristas y Profesionales del Derecho San Raimundo de Peñafort, con el objetivo de crear sinergias entre ambas entidades e impulsar la investigación en al ámbito legal en España.

La labor de la Asociación tiene como objetivo "divulgar, en la sociedad española, la necesidad de que la convivencia se desarrolle dentro del marco legal, apoyando a las instituciones para potenciar el Derecho y la Justicia".

A través de este nuevo convenio, Mutualidad de la Abogacía patrocinará las nuevas becas de apoyo al estudio de la Asociación, por valor de 150€,para aquellos estudiantes con economías limitadas. Estas ayudas, de carácter mensual, tendrán una duración máxima de tres años.

Además de este proyecto, las dos entidades han acordado la convocatoria del premio "al mejor trabajo de investigación en el sector jurídico 2020", que está dotado con 5.000 euros y llevará el nombre de la entidad aseguradora: Premio 2020 Mutualidad de la Abogacía.

El nuevo acuerdo se enmarca en la estrategia 2020 de la Mutualidad General de la Abogacía que persigue impulsar el talento jurídico en España, así como reforzar el compromiso de la entidad aseguradora con la profesión.

La firma del acuerdo se ha formalizado este 10 de septiembre y ha contado con la participación deEnrique Sanz Fernández-Lomana, presidente de la Mutualidad de la Abogacía, y Rosalina Díaz Valcárcel, presidenta de la Asociación de Juristas y Profesionales del Derecho San Raimundo de Peñafort.

"En un escenario complejo, en el que nuestro país todavía no se ha recuperado de los efectos de la crisis de la COVID, creemos que las becas para los opositores con economías limitadas pueden representar una ayuda interesante para los futuros profesionales del Derecho. El acuerdo con San Raimundo de Peñafort nos permitirá, además, apoyar el talento jurídico mediante unos premios a la investigación que aspiran a convertirse en un referente en nuestro campo", destaca el presidente de la Mutualidad de la Abogacía, Enrique Sanz Fernández-Lomana.

El convenio de colaboración, que ya ha entrado en vigor, se prolongará hasta diciembre de 2020, con posibilidad de ser prorrogado en el futuro, si ambas entidades lo estiman conveniente.