Más de 850.000 pacientes aguardan una operación en la sanidad pública española, y la reunión que debía abordar cómo medir esas listas de espera quirúrgica se aplaza al 9 de octubre.
El Ministerio de Sanidad ha movido la fecha del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (CISNS), el órgano donde se sientan el ministerio y las comunidades autónomas para coordinar la sanidad pública. La cita estaba prevista para este viernes, 2 de octubre, y finalmente se celebrará una semana después.
Detrás del aplazamiento no hay un asunto sanitario. Según han informado fuentes del Ministerio de Sanidad, como el Congreso convocó este mismo viernes un pleno urgente para convalidar o derogar los dos decretos ley sobre vivienda que aprobó el Consejo de Ministros este martes, la reunión sanitaria se traslada al viernes 9 de octubre.
Sobre la mesa había un asunto central que cada vez preocupa más a los pacientes. Hablamos de la aprobación del proyecto de real decreto que regula el denominado Sistema de Información de Listas de Espera del Sistema Nacional de Salud.
Si el nuevo sistema sale adelante, España medirá por primera vez cuánto espera un paciente desde que el médico indica la atención hasta que la recibe
El texto busca homogeneizar cómo se cuentan los tiempos, es decir, que todas las comunidades midan lo mismo y de la misma forma. También pretende actualizar el real decreto vigente, que data de 2003. Asimismo, el nuevo registro incluirá por primera vez las demoras en atención primaria.
Uno de los cambios más relevantes es cuándo empieza a contar el reloj. El tiempo de espera se calculará desde la fecha de la indicación facultativa, esto es, desde que el médico decide que el paciente necesita esa consulta, prueba u operación. Eso sí, el paciente podrá incorporarse al registro hasta cinco días naturales después.
Las listas de espera quirúrgicas, por encima de los 850.000 pacientes
Los afectados directos son los pacientes que ya están en lista de espera quirúrgica que, como hemos mencionado al principio, son listas del sistema público que superan los 850.000 pacientes. Detrás de cada expediente hay una familia que reorganiza cuidados, vacaciones y bajas laborales mientras espera la llamada del hospital. Las comunidades autónomas, que gestionan las listas y aplicarán la norma si sale adelante.
El registro contempla las consultas externas hospitalarias, las pruebas diagnósticas y las intervenciones quirúrgicas. La atención primaria entra por primera vez en ese recuento como puerta de entrada porque, para muchos pacientes, arranca el primer tramo de la espera en cita con el médico de familia o con el especialista al que deriva.
En la misma reunión está previsto que se aborde el reparto de fondos entre las comunidades autónomas. Es un punto que cada territorio sigue de cerca, porque defiende criterios distintos de población, dispersión y envejecimiento. Sin acuerdo en el reparto, la aplicación puede ir a velocidades diferentes según dónde se viva.
La referencia sigue siendo el Real Decreto 605/2003, aprobado hace más de veinte años. Desde entonces, el sistema sanitario se ha transformado, pero la manera de contar las esperas apenas se ha tocado. El propio ministerio reconoce que los datos se tratan de forma distinta según el territorio.
Los datos de las listas de espera no se contabilizan de la misma manera según el territorio, tal y como reconoce incluso el propio Ministerio de Sanidad
Su utilidad práctica depende de dos cosas. La primera, que los datos lleguen en plazo y con el mismo formato en todas las comunidades. La segunda, que permitan comparar servicios, hospitales y provincias para saber dónde se acumula el retraso. Hoy, sin ese criterio común, las comparaciones tienen límites claros.
Para el paciente, el efecto inmediato no conllevará, lamentablemente, una fecha de operación anterior... La norma cambia cómo se mide la espera, no cuántos quirófanos funcionan. Una foto más fiable es la base sobre la que después pueden tomarse decisiones de recursos y de derivación entre comunidades.
El 9 de octubre, por tanto, será la próxima cita. Si el CISNS aprueba el proyecto, el texto seguirá su recorrido administrativo antes de poder aplicarse. Hasta entonces, las listas seguirán midiéndose con los criterios actuales y más de 850.000 personas continuarán esperando su turno.
