El líder del PP, Pablo Casado, ha defendido este jueves que se permita confinar áreas sanitarias de salud para hacer frente al cononavirus, al tiempo que ha recalcado que no hace falta que tenga que votarse en el Congreso una modificación del decreto del estado de alarma para ampliar el toque de queda.

En una entrevista en La Sexta, Casado ha reclamado al Gobierno un "marco nacional" contra el Covid-19 dando "un margen" de actuación a las autonomías. Sin embargo, ha acusado al "el capitán del barco", que es Pedro Sánchez, de haber "huido el primero".

"La clave es dar un margen a las autonomías dentro de un plan nacional, con una responsabilidad y liderazgo que tiene que hacer el presidente del Gobierno", ha abundado el presidente del PP, que ha recalcado que él no quiere "hacer política con la pandemia" sino que "esto vaya bien".

Sin embargo, se ha quejado de que Sánchez no llama al primer partido de la oposición y ha subrayado que el PP ha apoyado al Gobierno "hasta la cuarta prórroga" del estado de alarma, "cuándo había en España 40.000 muertos".

"PARA EL TOQUE DE QUEDA NO HACE FALTA VOTAR"

Al ser preguntado si apoyaría una modificación del decreto de alarma en el Congreso para cambiar el toque de queda como plantean varias autonomías si el Gobierno lo propone, Casado ha afirmado que para el toque de queda "no hace falta".

Según ha explicado, el decreto de estado de alarma aprobado hace tres meses incluía una disposición adicional que "se podría modificar para ampliar los presupuestos que hay ahí". "Es decir, para el toque de queda no hace falta que se vote. De hecho, no se puede votar porque es un real decreto que se tiene modificar por Consejo de Ministros", ha apostillado.

El presidente del PP ha dicho que Pedro Sánchez optó por delegar la responsabilidad en las autoridades autonómicas y puede "recuperar la competencia cuando quiera". Dicho esto, ha defendido de nuevo hacer un plan jurídico que permita a las autonomías "tener más margen" y ha recordado que el PP ya lo planteó en mayo pero el Gobierno "no lo ha hecho", a pesar de que Pedro Sánchez "se comprometió" con Ciudadanos y también lo apoyaban los ministros Carmen Calvo y Juan Carlo Campo.

"NO ES LO MISMO" CONFINAR VALLECAS QUE PALENCIA

Casado ha dicho que está "a favor de que se permitan confinar áreas sanitarias de salud" y ha agregado que en este extremo hay "plena coherencia" en su partido. Según ha explicado, "el área sanitaria de salud es clara" y "no es lo mismo" confinar Vallecas que Medina del Campo o Palencia al hablar de "términos poblacionales distintos".

Casado ha destacado que este miércoles "15 autonomías" pidieron al Gobierno más medidas y ha achacado el rechazo del ministro Salvador Illa a la campaña catalana porque si se puede confinar, ERC podrá "justificar mejor" el aplazamiento.

Además, el presidente del PP ha pedido un plan nacional de vacunación y ha calificado de "muy grave" que este miércoles no se supiera "cuál iba a ser el segundo grupo de vacunación". Ante este tipo de hechos, ha pedido de nuevo la dimisión de Illa, que está "más pendiente del PSC que de las PCR".

VE AL GOBIERNO "ROTO" TRAS LAS DIVERGENCIAS EN PENSIONES

Ante las divergencias en materia de pensiones entre José Luis Escrivá y Pablo Iglesias, ha señalado que se está viendo que están "rotos" y ha aprovechado para recordar que la semana pasada "se rompieron en Europa tres gobiernos de coalición: Holanda, Italia y Estonia.

"Un Gobierno con la peor pandemia y con cinco millones de desempleados en España no puede estar en los líos internos", ha enfatizado, al tiempo que ha criticado que el vicepresidente Pablo Iglesias pueda comparar la situación del expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont con la de los exiliados republicanos.

Además ha afeado a Pedro Sánchez que sus prioridades de legislatura sean "la Ley de Memoria Democrática, la ley de eutanasia y el aborto" cuando en España hay una alta tasa de paro y "83.000 muertos en la pandemia". A su juicio, es una "agenda ideológica" y a él "le preocupa" porque evidencia que el Gobierno de coalición "no está en la realidad de la gente", que está pendiente de los impuestos, la educación o la 'okupación' en viviendas.

"Lo digo con pesar, no con acritud, el Gobierno está en babia, no está en la realidad, no sabe lo que está pasando en España, no asume los problemas, no coge el toro por los cuernos", ha aseverado el presidente del PP.

INSISTE EN DEJAR A PODEMOS FUERA DEL CGPJ

En cuanto a la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Casado ha revelado que en la última charla que tuvo con Sánchez le dijo: "Pedro, solo depende de ti. Esto es un acuerdo entre dos grupos parlamentarios, PSOE y PP".

Así, el presidente del PP ha añadido que Sánchez "solo tiene que hacer con Podemos lo que hizo con Caixabank" y ha subrayado que la condición del PP para renovar el CGPJ es "reforzar la independencia del Poder Judicial".

DIFERENCIA ENTRE JUAN CARLOS Y FELIPE VI

Tras la defensa de la Constitución y la monarquía que ha realizado el presidente del Gobierno, Casado ha pedido que "se lo diga a Podemos" porque su vicepresidente dice que la monarquía es "una institución corrupta y franquista y que hay que cambiar a la república". "Que no nos tomen el pelo, que en el Gobierno está Podemos", ha exclamado.

Preguntado si le inquieta que Juan Carlos I no haya pagado impuestos y tenga fortunas en paraísos fiscales, ha indicado que "hay que diferencia lo que ha hecho el Rey Juan Carlos con lo que ha hecho el rey Don Felipe, que se ha comprometido con la ejemplaridad y los valores éticos y morales desde el mismo día en que fue proclamado por las Cortes Generales".

COMISIÓN KITCHEN

Ante el hecho de que Podemos no pida la comparecencia del excomisario José Manuel Villarejo en la comisión Kitchen pero sí al presidente del PP, ha respondido que se puede intuir que a los que no quieren llamar "algo saben" y "habrá que preguntar por qué no les quieren llamar".

"Se puede imaginar lo que sé yo de esa operación", ha enfatizado ante el hecho de que se solicite su comparecencia. De hecho, ha añadido que "a lo mejor" da "igual el tema" pero "intentan perjudicar" al PP, que ha hecho "un ejercicio de transparencia y ejemplaridad absolutamente inédito e incomparable con lo que hace Podemos con sus temas de Neurona y el PSOE con los ERE".

SOBRE VOX Y LA VICTORIA DE BIDEN

Preguntado por las declaraciones del líder de Vox, Santiago Abascal, afeando a Casado que haya elegido la confrontación, Casado ha afirmado que el PP es un partido "moderado, centrista, europeísta", y rechaza los radicalismos y los extremismos.

"Los extremos se retroalimentan porque al final la existencia de Vox hace que gobierne Sánchez y yo quiero que nos reencontremos los españoles en la centralidad para sacar a Sánchez del Gobierno", ha señalado el presidente del PP.

Finalmente, Casado ha elogiado el discurso de Joe Biden y su referencia a la "transparencia y la verdad". Además, ha destacado que reconociese a Juan Guaidó como presidente encargado de Venezuela. Como Sánchez quiere estar muy bien con Biden, sería muy bueno que siguiera esta línea y dejara fuera a Iglesias de la política internacional", ha apostillado.

Castilla y León registra otros 2.968 nuevos positivos, que sitúan la cifra global hasta le fecha en 169.960, al tiempo que suma 28 nuevas víctimas mortales (25 en hospitales y tres en residencias), así como un total de 20.850 altas médicas, de ellas 117 nuevas, según los datos ofrecidos por la Consejería de Sanidad.

Las estadísticas publicadas este jueves registran 25 fallecimientos en los hospitales de la Comunidad, lo que eleva hasta 4.436 la cifra total de defunciones en estos centros.

Los brotes activos actualmente en el conjunto de la Comunidad son 1.337 y los casos positivos a ellos vinculados aumentan hasta 8.078. De ellos, Ávila contabiliza 134 --ocho nuevos--; Burgos, 105 --ocho más--; León, 43 --diez menos--; Palencia, 95 --dos más--; Salamanca contabiliza 291, 22 más; Segovia, 332, 15 más; Soria tiene 74 --siete más--; Valladolid se sitúa en 147 --20 más-- y Zamora 116, nueve más.

En total, se han diagnosticado ya en la Comunidad 169.960 positivos en COVID-19 en los distintos tipos de pruebas, después de que se hayan sumado 2.968 en la última jornada. De esa cifra total, 163.165 positivos han sido confirmados en test PCR y de antígenos.

VALLADOLID A LA CABEZA, CON 711 NUEVOS POSITIVOS

Por provincias, Valladolid es la que suma más positivos notificados en esta jornada, con 711 casos y un total de 39.326, seguida de León, con 592 y un global de 28.004; Salamanca, con 441 y un global de 23.373; Segovia, con 299 y 12.181; Palencia, con 250 y un total de 12.798; Zamora, con 219 y 10.562; Burgos, con 211 y 26.998; Ávila, con 145 y 9.939, y Soria, con 100 y 6.779.

Respecto al número de fallecidos en hospitales con diagnóstico COVID, la cifra total es de 4.436, 25 más que ayer. La mayor parte se registra en la provincia de León con 907 --ocho más--, le sigue Valladolid con 874 --seis más--; a continuación figura Salamanca con 656 --dos más--; Burgos con 596 --dos más--; Zamora anota 357 --dos más--; Palencia se sitúa en 317--dos más--; Segovia llega a los 283--tres más--, mientras que Ávila registra 260, los mismos, y Soria se mantiene en 186.

En el caso de las altas hospitalarias, estas suman 20.850, de las que se han computado 5.044 en Valladolid; 3.710 en León; en Burgos 3.048; en Salamanca, 2.850; en Zamora, 1.475; en Palencia, 1.381; en Segovia 1.301; en Ávila, 1.247 y en Soria 794.

CASI 1.500 HOSPITALIZADOS

En cuanto a las hospitalizaciones, se han disparado un día más hasta sumar un total de 1.608 personas, 128 más que en el anterior parte. De estos pacientes, 1.401 se encuentran en planta --112 más que ayer--, mientras que los hospitalizados en unidades de críticos (UCI) se elevan hasta 207, 16 más que en el anterior parte.

Los pacientes con COVID-19 en UCI se encuentran repartidos en once hospitales de las distintas provincias y ocupan un 63 por ciento de las camas en unidades de críticos, cinco puntos más que en el anterior parte emitido.

Así, se informa de 34 hospitalizados en el en el Río Hortega de Valladolid, 32 en el Clínico Universitario de la misma ciudad; 27 en el Complejo Universitario de Burgos; 26 en el Complejo Asistencial de Salamanca; 22 en el de Palencia; 19 en el Complejo Asistencial de León; 13 en el Hospital Comarcal de El Bierzo; 12 en el de Segovia; ocho en Zamora y siete en Ávila y Soria.

OCHO RESIDENTES FALLECIDOS

En cuanto a las residencias de mayores, centros de personas con discapacidad y viviendas tuteladas, según los datos facilitados por la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades la cifra de fallecidos relacionados con el COVID-19 se sitúa en 3.809 --ocho más-- en los 1.214 centros de personas mayores tanto públicas como privadas y centros públicos de discapacidad.

De los fallecidos, 2.704 corresponden a casos de positivos confirmados por COVID-19, ocho más, y otros 1.105 a fallecidos con síntomas compatibles con el virus, cifra sin cambios desde el mes de junio.

Según los datos facilitados por la Junta, de los 3.809 finados hasta el momento, 2.099 personas han perdido la vida en su residencia o centro, tres más, mientras que otras 1.710 lo han hecho en hospitales, cinco más.

Un total de 14 residentes está aislado con síntomas compatibles con el COVID-19, siete menos, y 1.631 se encuentran en esa situación de forma preventiva pero sin síntomas, 21 más.

En cuanto a los centros bajo la tutela de la Junta de Castilla y León, la cifra de fallecimientos se eleva en una persona hasta los 291, de ellos 174 con positivo confirmado, uno más, mientras que otros 117 han sido con síntomas compatibles.

Además, se encuentran hospitalizados 23 residentes, cuatro más que en el último parte, y se sitúa en 991 el número de los usuarios con positivo en COVID-19 confirmado, tres más.

Por otro lado, no hay ningún residente en aislamiento con síntomas compatibles con el COVID-19; mientras que otros 175 permanecen aislados de forma preventiva sin síntomas, uno menos.

Las mujeres víctimas de violencia de género que se encuentran viviendo en residencias, pisos tutelados o casas de acogida de las comunidades autónomas podrán ser empadronadas en lugares donde en realidad no residen, como la sede de los Servicios Sociales del municipio, por su seguridad, según ha informado el Ministerio de Política Territorial y Función Pública.

Esta es la propuesta que planteó el grupo de trabajo constituido en septiembre de 2020 e integrado por representantes del Defensor del Pueblo, el Instituto Nacional de Estadística (INE), la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), la Oficina Nacional del Censo, la Secretaría de Estado de Igualdad y contra la Violencia de Género y la Secretaría de Estado de Política Territorial y Función Pública.

En concreto, acordaron modificar la Resolución de 17 de febrero de 2020 para introducir un nuevo apartado en el que se dice que, para las víctimas de violencia de género que residan o se encuentren bajo el amparo de la red de recursos de asistencia social integral, "cuando no sea posible el empadronamiento en el domicilio real por razones de seguridad, este podrá llevarse a cabo en lugar que determinen los Servicios Sociales del municipio en el que efectivamente residan".

Ahora, el Consejo de Empadronamiento ha informado favorablemente de la propuesta y, por tanto, el Instituto Nacional de Estadística (INE) procederá a iniciar su tramitación haciendo efectiva en próximas fechas la modificación.

El lugar de empadronamiento podrá ser la sede de una institución social o de los Servicios Sociales de cualquier Administración Pública domiciliada en su término municipal, o cualquier otra dirección que estos indiquen, siempre dentro del citado municipio, tras la correspondiente valoración técnica, según informa el ministerio.

En todo caso, se requiere que los Servicios Sociales y la institución social de referencia estén integrados en la estructura orgánica de alguna Administración Pública; que los responsables de estos servicios informen sobre la habitualidad de la residencia en el municipio de las personas que se pretenden empadronar; y que indiquen la dirección que debe figurar en la inscripción padronal con referencia en el callejero municipal.

En diciembre de 2019, el Defensor del Pueblo hizo una recomendación relativa al empadronamiento de las mujeres víctimas de violencia de género que se encuentran en residencias, pisos tutelados o casas de acogida de las comunidades autónomas.

En concreto, sugirió la modificación del Real Decreto por el que se aprueba el Reglamento de Población y Demarcación Territorial de las Entidades Locales. Si bien, el Ministerio de Igualdad explica que, debido a la complejidad que la modificación de dicha norma planteaba, se consideró como solución "más rápida" la modificación de esta Resolución.

Previo informe del abogado del Estado del Ministerio de Política Territorial y Función Pública, concluyendo que la propuesta resultaba ajustada a Derecho, en marzo de 2020 se planteó al INE y al Defensor del Pueblo la posibilidad de constituir un grupo de trabajo a fin de abordar el problema.

La propuesta fue aceptada por el Defensor del Pueblo y la Secretaría de Estado de Política Territorial y Función Pública se dirigió a la Secretaria de Estado de Igualdad y contra la Violencia de Género para solicitar su participación en el grupo de trabajo, que se constituyó en septiembre de 2020, con los representantes citados.

Podemos ha difundido este jueves en redes sociales un vídeo en el que reivindica la defensa de las pensiones por parte del vicepresidente segundo, Pablo Iglesias, tanto en su etapa en la oposición como en el actual Ejecutivo de coalición.

"Tenemos palabra. En la oposición y en el Gobierno las pensiones se defienden", expone el partido en su cuenta oficial en Twitter para adjuntar el vídeo con varias intervenciones de Iglesias.

La pieza comienza con un fragmento de una rueda de prensa en 2017 sobre su apuesta por un proyecto de ley para "blindar" pensiones dignas, al ser un derecho constitucional.

En esa línea recoge una intervención del líder de Podemos, ya en 2018, que en el Pleno del Congreso vuelve a reivindicar, entonces ante el Gobierno del PP, que garantizara las pensiones públicas. También incluye una parte de una comparecencia ante los medios ese mismo año para ensalzar la movilización del colectivo de pensionistas, descanto que también hicieron posible la moción de censura al expresidente Mariano Rajoy.

El vídeo recoge dos intervenciones recientes del vicepresidente, entre las que se encuentra la entrevista al programa 'Salvados', en la que enfatizó que el acuerdo de gobierno con el PSOE era "cristalino" y recogía una revalorización de las pensiones, lo que era incompatible con "cualquier recorte".

Lo hacía en alusión a la posibilidad de ampliar el cómputo de las pensiones de 25 a 25 años en el plan de reformas que el Gobierno debía mandar a Bruselas, algo que no se incluyó en las fichas técnicas remitidas por Moncloa.

Tras confirmarse que esa opción no se remitió, Iglesias se mostró satisfecho al confirmarse que no había finalmente "ningún recorte de pensiones". "Si alguien ha ganado la batalla son los pensionistas del presente y los pensionistas del futuro. Esto no es una victoria de Unidas Podemos ni de Pablo Iglesias; que las pensiones se vayan a revalorizar es una victoria de la sociedad", dijo en declaraciones a Antena 3, que incluye el vídeo de Podemos.

TENSIÓN SOBRE LAS PENSIONES

La cuestión de aumentar el cálculo de las pensiones fue objeto de polémica durante las últimas semanas. Desde Unidas Podemos dejaron claro que no apoyarían ninguna reforma en ese sentido y advirtieron incluso de que si llegaba al Congreso no lo apoyarían, aunque estaban convencidos de que no pasaría.

Y es que un borrador del Gobierno sobre el Plan de Reformas e Inversiones, incluía la propuesta de elevar la edad del cómputo de la pensión de jubilación de 25 a un máximo de 35 años de manera progresiva, medida que finalmente no se remitió a Bruselas.

Por su parte, el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, aseguró ayer que esa ampliación del periodo de cálculo era una medida que "ni ha existido ni va a existir".

El PPCV ha pedido suspender la aprobación de los proyectos lingüísticos de los centros, al considerar que es "una barbaridad" sacarlos adelante "situación sanitaria y social muy complicada" que vive la Comunidad Valenciana.

Asimismo, pone a disposición de las familias que lo deseen los servicios jurídicos del partido "ante la vulneración de sus derechos fundamentales". También ha solicitado la comparecencia del conseller de Educación, Vicent Marzà, en Les Corts y ha presentado una propuesta en el parlamento autonómico para que "se reforme la norma en aquellos artículos que vulneran la legalidad".

Así lo han anunciado esta mañana la secretaria general del PPCV, Eva Ortiz, y la portavoz de educación, Beatriz Gascó, tras reunirse digitalmente con las confederaciones de padres Covapa y Concapa. "Las familias no van a estar solas. Les apoyamos para que puedan impugnar los proyectos lingüísticos que no se ajusten a la legalidad", ha aseverado Eva Ortiz.

Por su parte, Beatriz Gascó, ha pedido la suspensión de los proyectos lingüísticos de centro. "En la Comunitat Valenciana vivimos una situación sanitaria y social muy complicada, por eso nos parece una barbaridad aprovechar esta coyuntura por parte de la administración para desarrollar planes educativos que van a cambiar el modelo educativo. Aprobar los proyectos lingüísticos de centros como ha pedido Marzà antes de que finalice febrero es una barbaridad", ha recalcado.

Gascó --que ha agradecido "la gran labor que están realizando los docentes en la Comunitat asumiendo un trabajo impagable"-- ha insistido en que "en este contexto tan complicado no se puede pedir que elaboren el proyecto lingüístico de centro para el próximo curso".

La portavoz 'popular' ha recordado que el pasado curso "la administración decidió suspender la aplicación del decreto de proyecto lingüístico porque se tenían que celebrar muchas reuniones y entendían que no era el contexto adecuado para decidir en qué lengua tiene que darse cada asignatura". Incluso, apunta, "hubo en las zonas castellano-hablantes como Orihuela una manifestación donde la comunidad educativa puso el grito en el cielo".

"El plan lingüístico del centro --prosigue-- obliga a los centros a impartir el 25% de asignaturas en valenciano, incluso los exentos de la asignatura de valenciano. Estas medidas, teniendo en cuenta la reciente ley de educación Celaá donde el castellano deja de ser lengua vehicular, van a provocar la implantación real del monolingüismo en detrimento del castellano como ocurre en Cataluña".

Gascó opina que "no tiene sentido aprobarlo este curso pues las circunstancias son las mismas que cuando se aplazó el curso pasado". "Pedimos que se vuelva a suspender la aplicación de los proyectos lingüísticos porque no es posible hacer reuniones para aprobarlo", reclama.

Y añade: "pedimos que el castellano siga siendo lengua vehicular y que, al menos, se respeten los porcentajes mínimos. Vamos dando pasos de gigante para desterrar el castellano a una lengua residual en la enseñanza. Han unificado ya todas las líneas en castellano que pasan a reforzar horas en valenciano. Esto se hace con porcentajes para que nadie sepa nada. En muchos centros ya se da el 80% de tiempo lectivo en valenciano sin hacer ruido".

Para la representante del PP "es lamentable que una ley mal hecha no se reforme". "Les dicen a los centros que no se preocupen y de palabra cambian las instrucciones continuamente en lugar de reformar la ley. Pedimos transparencia y que las instrucciones se den por escrito", agrega.

En este sentido, Beatriz Gascó ha pedido que "se lleve a cabo con criterios objetivos según una planificación para que haya oferta y demanda para poder elegir, con consultas vinculantes en los centros como se ha hecho con la jornada continua, y que se trabaje en una buena proporción para no aplicar un modelo único que no permita que la libertad esté garantizada".

Eva Ortiz ha calificado de "atropello" poner en marcha lo que denomina "imposición lingüística con 24 sentencias en contra y en plena pandemia". "Igual que han hecho con la aprobación de la Ley Celaá quieren llevarlo adelante en el peor momento. Un conseller de educación con 24 sentencias en contra significa que toda lo que ha intentado poner en marcha ha sido tumbado en los tribunales. Ya tarda tiempo Puig en echar al señor Marzà de conseller", ha instado.

REUNIÓN "INMEDIATA" CON MARZÀ

El PPCV ha pedido una reunión inmediata con el conseller Marzà para aclarar estas cuestiones y ha solicitado su comparecencia en les Corts para explicarlo. Ya está bien que se nos desprecie a quienes hablamos castellano en esta Comunidad y que a la gente del sur se nos relegue como dijo el consejero de À Punt Lluis Rivera que dice que los del sur somos una subregión.

Finalmente, Eva Ortiz ha pedido paralizar el proceso que se acaba de abrir "por los mismos motivos que se paró el curso pasado" y, además, ha mostrado su rechazo "al cambio de inspectores a dedo que está llevando a cabo Educación y que sean los asesores lingüísticos quienes se están reuniendo con los centros".

Los candidatos al Consejo de Administración de RTVE, que han comparecido este jueves ante la Comisión Consultiva de Nombramientos del Congreso, han apostado por potenciar la producción propia dentro de la Corporación y ampliar los patrocinios.

Los aspirantes han presentado sus proyectos y han respondido a las cuestiones planteadas por los representantes de los grupos parlamentarios en la Cámara Baja y que se han centrado, entre otras cuestiones, en el modelo de financiación, la producción propia o el papel de los centros territoriales.

En el marco de su intervención, Jenaro Castro ha abogado por "la ampliación de la cobertura del patrocinio como forma de superar la ausencia de publicidad". Además, ha dicho que RTVE "no puede ser un pozo de gasto sin fondo ni criterio, sino el ejemplo modélico de financiación que mire por los intereses de los ciudadanos que pagan la radiotelevisión pública con el dinero de sus impuestos".

Castro considera que "hay que cumplir a rajatabla con la ley, dando prioridad a la producción propia, evitando el despilfarro y sin externalizar bajo ningún concepto la información y el servicio público en sus distintas formas de servicios informativos y magazines de actualidad".

Por su parte, la exdirectora del programa 'Gente' Alicia Fernández Santolaya ha puesto sobre la mesa lo que ha calificado de "un dato alarmante" y es que "menos de un tercio de la programación" de todos los canales es de producción propia interna, lo que "además de incumplir el Mandado-marco", deja una RTVE "expoliada. Aunque no se opone "totalmente" a la producción externa "porque una empresa no es fuerte en todos sus frentes", sí cree que "hay que poner freno a la externalización como regla general y al despilfarro".

PATROCINIOS PARA "INCREMENTAR INGRESOS"

En relación con el modelo de financiación, Fernández Santolaya propone "una mezcla de subvención estatal a través de los Presupuestos Generales del Estado y también ayuda de patrocinios y publicidad puntual en determinadas franjas horarias y canales". "Los patrocinios nos ayudarían muchísimo a incrementar los ingresos", ha declarado, para después añadir que habría que abrir el debate a la sociedad sobre si quiere o no una RTVE con publicidad.

Sobre los centros territoriales, Fernández Santolaya ha puesto de relieve "su papel de cohesión territorial, de pluralidad lingüística" y ha añadido que "están muy escasos de personal".

Durante su intervención, Consuelo Aparicio ha explicado que el objetivo es lograr "una calidad mayor en el producto" y ha afirmado que RTVE tiene que ser "un medio para todos", lo cual es "responsabilidad de todos". También ha defendido que, para ello, que la Dirección debe tener "compromiso y coraje".

En relación con la producción propia, Ana Isabel Cerrada ha declarado que existe una ley que establece "clarísimamente" las obligaciones de RTVE en esta materia, "hasta tal punto que toda la programación informativa se tiene que hacer de forma propia". No obstante, ha concretado que hay que negociar el Mandato-marco, donde "se pueden extender todas las obligaciones para hacer producción propia".

En materia de financiación, la candidata ha manifestado que lo que tiene que hacer el Consejo de Administración "es asegurar con el Gobierno que si se establecen 1.200, 1.300 o 1.400" millones, sean los que ingrese RTVE. También cree que hay que ser "imaginativos" y estudiar qué mejoras se pueden realizar a través de la Ley General de Comunicación Audiovisual que se está tramitando, del Plan España Digital 2025 y de los fondos europeos.

SACAR "MAYOR PARTIDO" A LA PARTE COMERCIAL

Sobre los patrocinios, Francisca González Santana cree que hay que flexibilizar el sistema de patrocinios. "Es necesario extender los patrocinios a los programas de producción propia de RTVE", ha manifestado, para después agregar que se trata "de cambiar la Ley de RTVE y de flexibilizar el sistema de patrocinio". Además, considera que hay que sacar "mayor partido" a la parte comercial.

En su intervención, González Santana opina que el número de trabajadores en los Centros Territoriales "es absolutamente insuficiente", que hay que reforzar las corresponsalías; y propone reactivar "de manera efectiva" la mesa de producción propia de la Corporación, "no solamente con Dirección y sindicatos, también con perfiles de dentro de la casa, que velen por que ese porcentaje de producción propia se cumpla".

José Gregorio Morillas Cantero opina que hay que solicitar al Gobierno y a las Cortes una financiación "estable, a partir de los 1.350 millones de euros, basado en los cumplimientos recogidos en un contrato-programa, la exigencia de un nuevo mandato marco y el replanteamiento de los llamados 'Acuerdos de Los Peñascales'.

Además, el candidato a formar parte del Consejo de Administración ha asegurado que la producción interna permitiría "abaratar costes reales de la mayoría de las producciones" y "poseer el mayor valor añadido de la obra de audiovisual, garantizar el mayor porcentaje de los derechos de explotación de la misma". "Es también garantía de pluralidad en la creación", ha zanjado Morillas Cantero.

En último lugar, Alberto Martínez Arias ha dicho que "el cien por cien de los programas informativos deben hacerse por RTVE", porque, en su opinión, "lo contrario sería mutilar una de las premisas de la función de servicio público de la Corporación". "Externalización de servicios sí, pero de contenidos no informativos y siempre después de apostar por el talento que hay en la casa", ha subrayado.

Finalmente, Martínez Arias ha puesto de relieve que "hay que reforzar las capacidades humanas y técnicas de los Centros Territoriales, que están prácticamente abandonados" y actualizar los sistemas de trabajo.

El Departamento de Sanidad del Gobierno de Aragón ha señalado que la incidencia de la COVID-19 en la comunidad autónoma ha mostrado un cambio de tendencia por primera vez en tres semanas, que consiste en que se está "suavizando" la curva de crecimiento de los contagios.

El director general de Salud Pública, Francisco Javier Falo, ha explicado que si bien "seguimos estando en fase de ascenso" y aumentando la incidencia, "la rapidez con la que estamos creciendo empieza a dar signos de que se amortigua, de que la pendiente empieza suavizarse de alguna manera".

No obstante, ha advertido de que hay "claroscuros" porque "mientras puede ser que en los próximos días podamos llegar a una meseta, una estabilización del incremento de los casos, seguiremos teniendo aumentos tanto en los datos de hospitalización, como de ocupación de camas de intensivos; son las previsiones que mantenemos".

Falo también ha informado de que sigue habiendo una transmisión comunitaria "intensa" en la mayor parte del territorio, especialmente en algunas zonas de la provincia de Teruel.

Por esto motivo, ha pedido estar "extraordinariamente atentos" e insistir en la importacia de mantener las medidas de precaución, "tanto en distancia, como en movilidad, como en distancia social y en higiene básica".

385 CASOS POR 100.000 EN SIETE DÍAS

El Departamento de Sanidad ha precisado que la incidencia acumulada se sitúa en estea fecha en 385 casos por 100.000 habitantes en los últimos siete días, lo que supone que por primera vez desde el pasado 26 de diciembre --cuando fue de 94,67--, se registra una ligera tendencia descendente en los nuevos contagios. Como referencia, en el pico de la tercera oleada, Aragón alcanzó los 602 casos por 100.000 habitantes a siete días.

La Dirección General de Salud Pública ha notificado este miércoles, 20 de enero, 783 nuevos casos de COVID-19 en Aragón, lo que supone que desde el inicio de la pandemia se han infectado un total de 92.288 personas.

Otros indicadores que han experimentado una tendencia descendente o de estabilización han sido el índice de reproducción básico a los siete días --número promedio de personas a las que un sujeto infectado puede llegar a contagiar en una semana--, que se sitúa en 1,01, frente al 1,21 del pasado jueves. Asimismo, la positividad global de pruebas diagnósticas es del 17,6 por ciento en la última semana, frente al 18,57 por ciento de la pasada.

En cuanto a la cifra de fallecimientos, desde el inicio de la pandemia han muerto en la comunidad 2.856 personas --2.082 en Zaragoza, 415 en Huesca y 342 en Teruel--. Esta cifra supone que en la última semana ha habido 73 decesos.

Por su parte, la tasa de letalidad por la COVID-19 en la comunidad autónoma se mantiene, con un porcentaje del 3,1 por ciento. El Gobierno de Aragón ha añadido que las muertes observadas en todo Aragón se encuentran dentro de los umbrales del corredor endémico de los siete años anteriores al 2020, según se refleja en el Sistema de Monitorización de la Mortalidad diaria (MoMo), 'https://momo.isciii.es/public/momo/dashboard/momo_dashboard.html#ccaa'.

Respecto al seguimiento de los contactos a diez días, los datos siguen reflejando un incremento de los casos registrados en las últimas semanas y en estos momentos se está realizando seguimiento a 11.989 personas, frente a las 10.646 de hace una semana. Como referencia, en el pico de la tercera oleada, el pasado mes de noviembre, se llegó a seguir a 24.297 personas.

31% DE OCUPACIÓN DE LAS UCI

La cifra de ingresos en los centros hospitalarios sigue una tendencia ascendente, de modo que en estos momentos la ocupación de camas en planta por enfermos con la COVID-19 es del 14 por ciento y de un 31 por ciento de las camas de cuidados intensivos.

En función de estas cifras, los hospitales aragoneses "adecúan el ritmo de su actividad quirúrgica y sus instalaciones" para poder compaginar la atención a los enfermos con la COVID-19 con pacientes de otras patologías, han apuntado desde el Ejecutivo.

SITUACIÓN DE LAS RESIDENCIAS

Las residencias de mayores en Aragón cuenta en estos momentos con 52 brotes abiertos, que afectan a 900 residentes y a 271 trabajadores, todos ellos positivos en coronavirus SARS-CoV-2. En tres de estos centros solo hay contagiados residentes, en 14 solo trabajadores y en 35 tanto residentes, como trabajadores. Además, el 58,8 por ciento de los casos se concentran en diez centros.

Actualmente, hay 52 personas de centros residenciales que se encuentran ingresadas en hospitales de la comunidad autónoma y los centros Covid atienden a 79 personas, teniendo en cuenta que en Casetas (Zaragoza) hay residentes positivos por coronavirus, pero Gea de Albarracín (Teruel) y Yéqueda (Huesca) atienden a residentes negativos.

Desde que comenzó el segundo periodo de brotes en Aragón, han fallecido 651 personas en las residencias de mayores de la comunidad autónoma.

Por otra parte, un total de 15.540 residentes y 9.677 trabajadores de estos centros han recibido hasta este miércoles, 20 de enero, la primera dosis de la vacuna contra la COVID-19, sumando 25.217 en total. En cuanto a la segunda dosis, se ha inoculado ya a 1.484 personas. El objetivo, esta semana, es que 2.000 personas de 50 centros la hayan recibido.

El PSRM-PSOE ha decidido suspender cautelarmente de militancia a la alcaldesa de Molina de Segura (Murcia), Esther Clavero, y la puesta en marcha de una gestora en la Agrupación Socialista del municipio, debido a que ocupaba el cargo de secretaria general del partido en la localidad.

Así lo ha hecho saber el secretario general del PSRM-PSOE y portavoz socialista en la Asamblea Regional, Diego Conesa, quien ha aclarado en rueda de prensa que el acta de concejal "corresponde a la alcaldesa y es ella la que tiene que tomar la decisión" sobre si abandona el cargo.

"A quien hay que preguntárselo es a ella", ha manifestado Conesa que, no obstante, ha afirmado que en el PSOE "necesitamos políticos ejemplares y todos debemos asumir nuestros errores". A su juicio, "seguro que Clavero actuará con la ejemplaridad que pide el PSOE y también asumirá las responsabilidades de lo que no haya podido hacer bien este tiempo".

"La decisión de renunciar a su acta de concejal o no es única y exclusivamente de la alcaldesa", ha insistido Conesa, quien ha afirmado que él ha tomado las decisiones que puede adoptar como secretario general del partido.

En este sentido, Conesa ha anunciado que el PSOE "seguirá siendo ejemplar y tomando medidas con aquellos compañeros que hayan usado su cargo para aprovecharse y saltarse los protocolos". A este respecto, ha indicado que el PSOE "está siendo ejemplar y actuará de esa misma manera con todos los cargos públicos que se hayan saltado el protocolo de vacunación".

No obstante, ha valorado que la alcaldesa de Molina de Segura "está siendo mucho más transparente, como suele ocurrir, y aportando toda la información que se le requiera". Ha destacado que la propia alcaldesa ha hecho público el caso, así como "documentación sanitaria y cualquier aspecto relacionado".

Con todo, al igual que Conesa ha dicho que pide respeto para sus circunstancias personales y familiares, también lo ha solicitado "para cualquier persona". Y que cualquier denuncia que se tenga que formular, "la realice la propia persona", ha corroborado.

Por otro lado, Conesa ha dicho no tener conocimiento de otras vacunaciones irregulares en el PSOE. Ha recordado que ha recabado información de los cuatro médicos que el partido tiene con responsabilidades en el partido y en los municipios. En concreto, son dos diputados regionales que siguen en activo en sus centros de salud, y uno "ha sido vacunado y otro no.

El alcalde de Las Torres de Cotillas, Joaquín Vela, también médico, "está en activo pero ha renunciado a esa vacunación"; mientras que el portavoz del Grupo Municipal en el Ayuntamiento de Murcia y jefe del Servicio de Urgencias, José Antonio Serrano, ha sido vacunado porque sigue ejerciendo su actividad.

CREE QUE ACTUÓ "CORRECTAMENTE"

Conesa ha hecho estas declaraciones tras acudir a declarar voluntariamente al Juzgado de Instrucción número 3 de Totana por una actuación cuando era alcalde de Alhama de Murcia relacionada con una infracción de tráfico de un concejal de IU.

En este sentido, ha ratificado que tiene el "convencimiento más absoluto" de que actuó "tal y como se merece de su alcalde el municipio de Alhama de Murcia". Y "con esa certeza" ha afirmado que ha realizado las declaraciones y ha respondido a todas las preguntas formuladas por el juez, por la Fiscalía y por su abogado.

"He reiterado lo que ya he explicado en diversas ocasiones pero de manera extensa, detallada y como se merece en su labor la Justicia", según Conesa, quien tiene la convicción de que "hoy volvería a actuar de la misma manera que entonces" porque, tal y como ha hecho saber a la jueza, su actuación fue "correcta y ajustada a la legalidad".

Así, ha señalado que actuaría "con la misma confianza" sobre el empleo público responsable de la correcta tramitación de las multas de tráfico. "Transparencia, honradez y honestidad han sido, son y seguirán siendo los principios, y en ellos seguiré basando mi actuación", según Conesa.

"Tampoco dejaré en todo este tiempo de denunciar y desmontar las redes clientelares de privilegios que lastran el desarrollo y el futuro de nuestra Región", según Conesa, quien ha recordado que ha declarado renunciando a los privilegios que le confieren su facultad de diputado y aforado. "He cumplido con mi obligación de responder ante la Justicia", ha ensalzado.

DENUNCIA ANTE LA FISCALÍA

No obstante, ha reconocido que la ciudadanía está hoy "muy preocupada por la tremenda situación sanitaria que tenemos en nuestra Región". Por eso, ha trasladado un mensaje de apoyo "sincero y sentido" a todas las personas que no se pueden estar despidiendo como se merecen de sus familiares, así como un mensaje de apoyo a los sanitarios.

El secretario general de los socialistas de la Región ha lamentado el "tremendo escándalo de la dinámica corrupta del Gobierno regional con los más de 400 casos, que se sepa en este momento, de vacunación por Covid, saltándose los protocolos establecidos.

Así, ha reafirmado que el PSOE "seguirá siendo ejemplar y tomando medidas con los compañeros que se hayan aprovechado de su cargo público para saltarse el protocolo de vacunación".

Además, ha dado indicaciones para que se proceda este mismo jueves a presentar ante la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de la Región (TSJMU) una denuncia para que se inicie una investigación en la que se aclaren "los criterios, el orden y las personas que han sido vacunadas por decisión del Gobierno regional, saltándose el protocolo de vacunación", como así ha sido el caso del consejero de Salud, altos cargos y más de 400 personas que sepamos hasta el momento".

Ha lamentado que López Miras "no ha mostrado al intención de hacer público el listado de altos cargos que han hecho uso de esta situación y, por eso, cree que "tendrá que actuar la Justicia". Y es que "la ciudadanía necesita confianza y certeza en la vacunación, transparencia sobre cómo se hace y ejemplaridad por parte de esos responsables".

Ha dicho que su intención es saber si hay más cargos del Consejo de Gobierno implicados, además de esas 400 personas, y si el propio López Miras ha sido vacunado, "porque ayer no respondió el consejero en sede parlamentaria". En definitiva, quiere saber "qué personas se han saltado el protocolo" porque "es importante con miles de personas en esta Región que desean ser vacunados y quitarse el miedo".

"Tienen que saber que su administración competente, el Gobierno regional, está actuando conforme a los protocolos y no con la dinámica de chanchullos", según Conesa, quien recuerda también los "chanchullos con la contratación de los rastreadores y durante 25 años" en una dinámica que "no puede seguir soportando la Región",

"El PP de Pedro Antonio Sánchez, de Teodoro García Egea y de Fernando López Miras es un partido corrupto, algo que se ve en la dinámica generalizada que ha adoptado en la Consejería de Salud y en otras instancias y administraciones", según Conesa, quien cree que esto "no se queda en el cese o la dimisión del consejero de Salud".

Conesa ha diferenciado el caso del consejero de Salud y el de la alcaldesa, porque Villegas es quien ha establecido los protocolos "para poder hacerlo o no", mientras que Clavero "se habrá podido saltar o no el protocolo y habrá que ver si se lo han planteado, si se lo han dicho que se lo haga".

"Clavero no es la misma persona que tiene que organizar el protocolo y quien se lo salta, creo que es una diferencia sustancial", ha manifestado.

El Pleno del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha solicitado este jueves a PSOE y Unidas Podemos que reconsideren la decisión adoptada por la Mesa del Congreso de los Diputados de tramitar de forma urgente la propuesta de ambos partidos para limitar los nombramientos discrecionales que puede hacer un CGPJ en funciones, al tiempo que ha vuelto a instar a todas las fuerzas parlamentarias a renovar "a la mayor brevedad" el órgano de gobierno de los jueces, que lleva dos años caducado.

"El Pleno del Consejo General del Poder Judicial se ve en la obligación de solicitar, desde el más profundo respeto a la autonomía parlamentaria, la reconsideración del acuerdo de la Mesa del Congreso de los Diputados de dar tramitación urgente y sin audiencia de ningún tipo a la modificación de una regulación que afecta directamente a una de las principales funciones" del mismo, reza la resolución que se ha acordado este jueves por 16 votos a favor y cinco en contra.

Los vocales del CGPJ han celebrado este Pleno extraordinario, convocado a petición de los 10 miembros designados a propuesta del PP, para dar una respuesta a la Mesa del Congreso después de que el pasado 13 de enero diera luz verde --con los seis votos de PSOE y Unidas Podemos, que se impusieron a los tres de PP y Vox-- a la reforma exprés del CGPJ sin escuchar antes al propio CGPJ y a la Comisión de Venecia del Consejo de Europa, así como a las asociaciones de jueces y fiscales, entre otros operadores jurídicos.

El Consejo General del Poder Judicial ha lamentado "profundamente" que la Mesa del Congreso "haya hecho caso omiso" a la petición que le hizo el pasado 17 de diciembre para que recabara los informes del propio CGPJ, de la Comisión de Venecia y de los demás agentes citados antes de proceder a la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) en los términos propuestos por PSOE y Unidas Podemos.

A su juicio, "dar tramitación urgente y sin audiencia de ningún tipo a la modificación de una regulación que afecta directamente a una de las principales funciones --eliminándola durante la situación de prórroga del mandato-- que el artículo 122 de la Constitución le reserva con carácter exclusivo, para garantizar la independencia de jueces y magistrados", no es "el camino adecuado ni el más respetuoso con las exigencias del principio de separación de poderes".

Tales peticiones", ha subrayado el CGPJ, además de "fruto de un amplísimo consenso en el seno del Consejo, no eran más que un recordatorio de los principios y requerimientos que derivan del Derecho de la Unión Europea e inspiran la actuación del Consejo de Europa para preservar la independencia judicial, como uno de los elementos estructurantes y definitorios del Estado de Derecho por el que este Consejo ha de velar por mandato estricto del artículo 122 de la Constitución.

"SIN RAZÓN ALGUNA"

Los vocales han expresado su especial preocupación por el hecho de que la Mesa del Congreso haya hecho oídos sordos a sus peticiones "sin ofrecer razón alguna". "Y no, precisamente, porque entienda que la relación entre órganos constitucionales demanda una mínima explicación de la negativa a acceder a lo solicitado", han apostillado.

Así, han manifestado que "lo que verdaderamente importa a este Pleno es que la decisión de la Mesa privará al debate parlamentario sobre la reforma promovida y, a la postre, a la ciudadanía del conocimiento y valoración del parecer cualificado y jurídicamente fundado de instituciones creadas 'ex profeso' por las normas de más alto rango para garantizar la independencia judicial".

Igualmente han incidido en que el 'no' de la Mesa del Congreso "orilla la opinión de las asociaciones y entidades representativas del mundo judicial, así como de las instituciones que tienen competencias en materia de justicia, obviando, como se ha dicho, cualquier explicación al respecto".

El CGPJ ha explicado que "la falta de audiencia, no solo desconoce el papel del Consejo General del Poder Judicial como garante de la independencia de jueces y magistrados, sino que también le impide pronunciarse sobre la adecuación de la reforma propuesta a los principios constitucionales y a los estándares europeos de todo Estado de Derecho, basados en el principio de separación de poderes".

Además, ha apuntado que "la decisión de la Mesa del Congreso tampoco da oportunidad al Consejo General del Poder Judicial de informar sobre cómo puede incidir la norma proyectada en el correcto funcionamiento de la administración de justicia por la falta de cobertura de vacantes en el Tribunal Supremo o la falta de cobertura o renovación de las presidencias de Audiencias y de los Tribunales Superiores de Justicia y sus Salas.

RENOVAR ANTES QUE REFORMAR

Por otro lado, el CGPJ ha vuelto a señalar su "preocupación" y "actitud expectante" ante lo que considera que está "en el trasfondo de este asunto", esto es, "la excesiva prolongación de la prórroga del mandato de este Consejo". Por ello, los vocales han reiterado su llamamiento a "las fuerzas políticas representadas en las Cortes Generales para que acuerden su renovación a la mayor brevedad".

En concreto, las ha urgido a "que antepongan el cumplimiento de ese deber constitucional, que a todas ellas concierne, a la apresurada aprobación de unas reformas legales que solo han de abordarse desde los principios constitucionales, la prudencia y la mesura, oyendo y debatiendo todas las opiniones".

Para el órgano de gobierno de los jueces, "esa es la única vía para la formación y consolidación de un amplio consenso que libere a esta institución de su constante cuestionamiento y le dote de una estabilidad que redunde en beneficio de la garantía efectiva y permanente de la independencia judicial".

UN VOTO DISCREPANTE

El acuerdo alcanzado este jueves ha sido aprobado con los votos favorables del presidente del CGPJ y del Tribunal Supremo, Carlos Lesmes; y de los vocales Roser Bach, José Antonio Ballestero, Mar Cabrejas, Ángeles Carmona, Victoria Cinto, Nuria Díaz, Juan Manuel Fernández, Rafael Fernández Valverde, Vicente Guilarte, Enrique Lucas, Carmen Llombart, José María Macías, Juan Martínez Moya, Gerardo Martínez Tristán y Wenceslao Olea.

Por contra, los vocales Álvaro Cuesta, Clara Martínez de Careaga, Rafael Mozo, Concepción Sáez y Pilar Sepúlveda se han posicionado en contra y han anunciado la formulación de un voto particular discrepante.

Se trata de la segunda reunión extraordinaria que se celebra sobre el tema de la reforma. Ya en la reunión del mes pasado, el CGPJ expuso, por amplia mayoría de sus miembros, que la propuesta planteada por los partidos que sustentan al Gobierno afecta al núcleo esencial de las competencias que la Constitución le atribuye expresamente en garantía de la independencia judicial.

El consejero de Salud y Familias, Jesús Aguirre, ha pedido este jueves a los andaluces que de "forma voluntaria y solidaria" se queden en casa a partir de las 20,00 horas.

Así lo ha solicitado al inicio de su intervención en un Pleno extraordinario del Parlamento andaluz y un día después de que el Consejo Interterritorial de Salud rechazase esta petición de la Junta. "Tenemos que disminuir la movilidad al máximo, aislarnos para evitar contagios. A partir de las 20,00 de forma voluntaria y solidaria aislarnos. Yo y mi familia a las 20,00 horas estaremos aislados en casa", ha subrayado.

Aguirre ha explicado que en la reunión de este pasado miércoles hizo de portavoz de una mayoría de comunidades que solicitaba flexibilizar el toque de queda y los confinamientos domiciliarios selectivos. "Si tenemos las competencias, queremos las herramientas", ha pedido, si bien ha advertido de que la respuesta del ministro de Sanidad, Salvador Illa, fue "quizás, quizás, quizás".

En cuanto a la vacunación Covid-19, para poder cumplir los plazos previstos ha insistido en su petición al Gobierno de España para que "en la medida de lo posible, nos suministre un mayor número de dosis de la vacuna, porque nuestro objetivo es vacunar lo antes posible a todos los andaluces. Y precisamente el ritmo de vacunación dependerá de las dosis de la vacuna que recibamos".

La Estrategia Andaluza de Vacunación de la Covid-19, que sigue el último documento de Estrategia de vacunación del Ministerio de Sanidad, se ha recogido en el Plan 24/7, en el que se detallan los grupos de vacunación y los plazos para administrar las dosis. Dicho Plan se ha incorporado al Plan Estratégico Antigripal/Covid 19 en Andalucía para la campaña 2020-2021.

Un plan puesto en marcha en el sistema sanitario andaluz que, según Aguirre, "tiene capacidad suficiente para aumentar de forma importante el número de dosis administradas". Como ejemplo, ha recordado que "en una semana en la campaña de vacunación administramos más de 439.000 dosis".

Entre las claves del Plan de Vacunación de Andalucía está la administración de la vacuna a los grupos priorizados, de acuerdo con el documento del Ministerio de Sanidad. Ya se ha puesto la primera dosis al grupo 1, entre los que están residentes y personal sanitario y sociosanitario que trabaja en residencias de personas mayores y de atención a grandes dependientes, incluyéndose los centros de día vinculados a residencias. El inicio de la segunda dosis comenzó el 17 deenero. Y también se ha puesto la primera dosis al personal sanitario y sociosanitario en primera línea covid, que están en el grupo 2.

El grupo 3, por su parte, está integrado el personal sanitario y sociosanitario no considerado de primera línea covid, y el grupo 4 lo forman los grandes dependientes (grado III de dependencia) que no viven en residencias ya que en este caso pertenecerían al grupo 1. En una segunda etapa de vacunación, están las personas de 70 años o más que no hubieran sido vacunadas. Y, finalmente, el resto de la población.

Aguirre ha recordado la petición hecha la semana pasada al Ministerio de Sanidad para priorizar la vacunación de las personas mayores de 80 años en sus propios domicilios. Por otro lado, se ha referido a la reserva de vacunas que se está haciendo en Andalucía. Una medida que se ha tomado porque "debemos garantizar una reserva estratégica de dosis que nos permita garantizar la administración de la segunda dosis ante eventuales interrupciones del suministro".

INVERSIONES PARA COMBATIR LA PANDEMIA

El consejero de Salud y Familias ha hablado también sobre el conjunto de inversiones que la Junta de Andalucía ha llevado a cabo en los centros sanitarios para adecuarlos a la lucha contra la pandemia. Así, desde elfinal del verano se han llevado a cabo un total de 971 obras en centros de salud, ambulatorios y hospitales, con una inversión de 170 millones de euros.

"Gracias a este esfuerzo inversor, entre otras medidas, hemos incrementado en 883 las camas de hospitalización en planta, es decir, un 7,1 por ciento y 272 las UCI con respirador, es decir, un 32,6 por ciento", ha comentado.

PSOE-A: "NO HAN HECHO LO QUE TENÍAN QUE HACER"

En el turno de intervención de los grupos, el portavoz parlamentario del PSOE-A, José Fiscal, ha señalado "la falta de respeto" del presidente andaluz, Juanma Moreno, por no acudir al Pleno extraordinario e irse "a Jaén sin mascarilla", con los datos "tan tremendos" que se están registrando. "Andalucía es la comunidad, solo Murcia y Castilla y León por encima, que más ha empeorado en lo que va de año", pero vienen aquí a "sacar pecho" de su gestión. "No han hecho lo que tenían que hacer", ha reprochado.

"Antes de navidades ya tenían datos que apuntaban a lo que está ocurriendo. Es una enorme irresponsabilidad", ha advertido, toda vez que ha criticado que la Junta se ponga a "enredar" con el toque de queda con las competencias que de por sí ya tiene. Esto, a su vez, se une, a su juicio, a que Andalucía es "la última en realizar PCR y en rastreadores". "Hemos pasado de salvar la navidad a que la tercera ola es explosiva", ha criticado Fiscal.

Por parte del PP-A, la diputada Beatriz Jurado, tras señalar "las cifras desoladoras" que presenta este jueves la pandemia, ha defendido la gestión del Gobierno andaluz que toma las medidas necesarias "sin que le tiemble el pulso" para hacer frente al coronavirus, frente a un PSOE-A "preocupado de sus problemas internos". Asimismo, se ha mostrado "indignada por la desaparición" del presidente del Gobierno central, Pedro Sánchez, "preocupado por las elecciones catalanes".

"Estamos pidiendo mejores respuestas y nos encontramos con la callada del Gobierno socialista", ha indicado, toda vez que ha criticado "la dejación de funciones" del Ejecutivo central.

El diputado de Ciudadanos (Cs) Emiliano Pozuelo ha defendido como la Junta ha ido modulando la gestión de la pandemia según el escenario y ha señalado "la transparencia" de Aguirre con "multitud de comparecencias" ante la situación provocada por la Covid-19. "La rapidez de propagación de la tercera ola vuelve a poner a prueba el sistema sanitaria y Cs pide a la Junta que centre su esfuerzos en ella y en dotar todos los recursos para proteger a la población", ha pedido, toda vez que le ha aconsejado a Aguirre que "se aísle del ruido político" de estos días para tomar decisiones.

De su lado, el portavoz parlamentario de Vox, Alejandro Hernández, ha reprochado al Gobierno andaluz que "pretenda declinar toda responsabilidad y ceder las decisiones en la lucha contra la pandemia al Gobierno nacional". También ha criticado "el empeño en echar la culpa a los ciudadanos" y, además, ha cuestionado que se cierre la actividad económica cuando el origen de los contagios es en reuniones familiares. "Usted puede cerrar prácticamente todo, menos la actividad esencial y ¿eso es poco?", ha preguntado.

"Toca reinventarse, Aguirre. La pandemia exige algo más que trabajo y compromiso. Hemos respaldado sus actuaciones, pero no sabemos cuánto tiempo podremos seguir haciéndolo de seguir igual las cosas", ha concluido.

Por último, la portavoz parlamentaria de Adelante Andalucía, Inmaculada Nieto, ha detallado el "aparataje jurídico" que el consejero tiene para mejorar los indicadores de la pandemia y ha preguntado sobre "si el problema es que la gente pueda estar en la calle de 20,00 a 22,00 horas.

"Falta personal sanitario, la vacunación va despacio, hay exámenes presenciales en la universidad, no hay teletrabajo garantizado en la función pública, se puede cazar y esquiar, pero el problema está en que la gente puede estar en la calle de 20,00 a 22,00 horas", ha subrayado, toda vez que ha indicado que "el problema está en que no tiene fuerza en el Consejo de Gobierno para decir no" a estas situaciones.

La alcaldesa socialista de Molina de Segura, Esther Clavero, ha querido aclarar, en una rueda de prensa, la polémica suscitada por su vacunación contra la Covid-19 y ha puesto su cargo y militancia "al servicio de su partido", aunque no ha dimitido.

Acompañada de todo su equipo de gobierno, la alcaldesa de Molina de Segura, Esther Clavero, ha informado que ha puesto "al servicio del PSRM su cargo como alcaldesa del municipio y su militancia del partido". Sin embargo, Clavero no ha presentado su dimisión como alcaldesa del municipio molinense.

La primera edil ha defendido su postura y ha querido dejar claro que no se ha servido de su cargo público para saltarse el protocolo de vacunación, como "sí han hecho otros", ha esgrimido

Con respecto a la postura de su partido, Clavero ha asegurado que "ha hablado personalmente con Diego Conesa", quien le "ha manifestado su apoyo" porque "es claro que si hubiera hecho algo mal lo hubiera hecho a escondidas", ha dicho la alcaldesa.

En este sentido, Esther Clavero ha mencionado que si "realmente hubiera hecho algo malo me hubiera vacunado con el centro de salud cerrado, sin otros pacientes, sin celadores y sin nadie. Por lo que, ha argumentado, en ningún momento se ha ocultado la vacunación y que esta se hizo "con luz y taquigráficos, a plena luz del día y con otros usuarios que estaban allí presentes".

"Acudí a plena luz del día, con el centro abierto y con otros pacientes que me vieron porque pensé que no había nada malo en lo que hacía", ha reiterado.

Con respecto a este episodio, la Clavero ha narrado que a ella la llamaron desde su centro de salud para que le inocularan la vacuna y que, tras solicitar personalmente que comprobaran si le tocaba, "recibí una llamada de la responsable de enfermería de mi centro de salud en la que había conformado con la gerencia del SMS que todo estaba correcto".

Clavero ha argumentado que pidió explicaciones a la directora de enfermería del centro de salud y al director del centro médico donde le administraron la vacuna para conocer si "me correspondía la vacuna" y que, tras la comprobación con el SMS, se la administró.

NO QUERÍA VACUNARSE

Es más, la alcaldesa ha manifestado que ella no quería vacunarse "pero que desde el centro de salud le insistieron en que, debido a su historial clínico y su cargo, debía vacunarse o coger una baja médica".

En cualquier caso, Clavero ha dicho que "quizá no fue lo suficientemente precavida ante esta situación", pero no lo consideró porque "pensaba que no estaba haciendo nada malo tras haber recibido todas las comprobaciones facultativas y del propio SMS".

Por su parte, la alcaldesa de Molina ha manifestado que ha sufrido "una violación de su intimidad, ya que se ha accedido a datos personales de su historial clínico con un fin político", por lo que "tomará las medidas oportunas para aclarar estos hechos".

Finalmente, ante las informaciones que señalan la existencia de una relación personal entre ella y el director del centro de salud de Molina donde se le administró la vacuna, Clavero ha respondido que no habla de su vida privada, pero sí negó que tuviera "ninguna relación personal con la jefa de enfermería, que fue quien, según la alcaldesa, realizó la consulta al SMS para que le administraran la vacuna.

La Fiscalía de la Audiencia Nacional ha confirmado su petición de penas que oscilan entre 8 y 41 años de prisión para los tres presuntos miembros de la célula yihadista que atentó en Cataluña el 17 y 18 de agosto de 2017 por delitos entre los que no se incluyen los de asesinato.

La fiscal de la Audiencia Nacional Ana Noé ha anunciado este jueves al tribunal que eleva a definitivas su petición de 41 años de prisión para Mohamed Houli Chemlal; 36 años de cárcel para Driss Oukabir y 8 años de prisión para Said Ben Iazza como colaboradores de la célula terrorista que atacó en Barcelona y Cambrils (Tarragona).

Así, atribuye a los dos primeros los delitos de pertenencia a organización terrorista, tenencia, depósito y fabricación de explosivos, y modifica el delito de conspiración para cometer estragos terroristas, añadiendo que se ha cometido de forma continuada. En cuanto a Ben Iazza, acusa sólo del delito de colaboración con organización terrorista.

En este sentido, el Ministerio Público rechaza acusar por delitos de asesinato, como sí han hecho muchas de las acusaciones particulares y populares, al entender que los tres acusados no participaron directamente en los atentados aunque pertenecieran a la célula yihadista responsable de los mismos.

Ello se debe a que los seis supuestos autores tanto del atropello masivo en La Rambla de Barcelona como en el paseo marítimo de Cambrils murieron abatidos por agentes de la policía autonómica la misma noche o en días posteriores.

El escrito de acusación de la Fiscalía ha sido levemente modificado para cambiar el número de granadas de mano improvisadas que se creían que se habían fabricado en la casa de Alcanar que explotó un día antes de los atentados --en total son 17 y no 19-- y para añadir en el relato de hechos las lesiones sufridas por un agente de los Mossos y la fecha en la que le fue concedida la incapacidad permanente total para su trabajo habitual, así como los daños materiales que sufrió.

PRISIÓN PERMANENTE REVISABLE

En cuanto a las acusaciones populares ejercidas por la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT) y la Asociación 11M Afectados del Terrorismo --esta última también representa a 73 víctimas de los atentados--, también han elevado a definitivas su petición inicial de pena. Reclaman para Mohamed Houli Chemlal y para Driss Oukabir la pena de prisión permanente revisable por 15 víctimas mortales.

Además, ambas asociaciones también les reclama más de 2.000 años de cárcel a cada uno por delitos de integración en organización terrorista, 150 delitos de asesinato terrorista intentados, depósito de explosivos, estragos terroristas y lesiones. Para Said Ben Iazza, la AVT solicita 25 años de cárcel por colaboración con organización terrorista y depósito de explosivos, mientras que 11-M pide 30 años por los mismos delitos más otro de estragos a los que se añaden 34 delitos de lesiones ocasionados por los mismos.

Las acusaciones populares no son las únicas que piden la pena de prisión permanente revisable para Houli Chemlal y Oukabir, pues también lo solicita la acusación particular de algunas víctimas internacionales del atentado, representación que ejerce el despacho Fuster-Fabra Abogados, por el deltio de conspiración para cometer un delito de estragos de carácter terrorista. Esta acusación además pide 27 años de cárcel para Mohamed Houli Chemlal y 22 años de prisión para Driss Oukabir por pertenencia a organización terrorista y tenencia, depósito y fabricación de explosivos, mientras que reclama 8 años por colaboración con organización terrorista para Said Ben Iazza.

Por lo general, casi todas las acusaciones particulares han elevado a definitivas sus escritos de acusación, siendo unas pocas las que han retocado el relato de hechos probados y sus peticiones de penas. Ha sido el caso de las representaciones de Mossos d'Esquadra y bomberos heridos en la explosión de Alcanar, que han introducido dos delitos de muerte en grado de tentativa con carácter terrorista.

Así lo ha hecho también la Generalitat de Cataluña, aumentando su solicitud de pena de 44 a 97 años de prisión para Houli Chemlal y Oukabir, mientras que mantiene la petición de ocho años de cárcel para el tercer acusado.

En cuanto al Ayuntamiento de Barcelona, ha mantenido su petición de 95 años de cárcel para Houli Chemlal, 90 años de prisión para Driss Oukabir y 8 años para Ben Iazza; mientras que el consistorio de Cambrils, que solicitaba inicialmente prisión permanente revisable, finalmente pide 96 años de prisión para los dos primeros acusados, y 10 años de cárcel para Said Ben Iazza.

MANTIENEN DUDAS SOBRE LA MUERTE DEL IMÁN DE RIPOLL

Otra de las acusaciones que han introducido cambios en el relato fáctico de su escrito de acusación es la que ejerce Jaume Alonso-Cuevillas --diputado y abogado del expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont--, que representa a los padres del niño de tres años que murió tras el atropello en Barcelona--. Considera que no se ha podido demostrar en el juicio oral que el imán de Ripoll Abdelbaki Es Satty, a quien se considera líder de la célula yihadista que atentó en Cataluña, muriera en la explosión de Alcanar.

Tampoco considera acreditada el fallecimiento del imán la defensa de Mohamed Houli Chemlal, que ha pedido la nulidad de las actuaciones. Asimismo, ha destacado la "colaboración activa" de este acusado en todo el procedimiento, identificando a todos los miembros de la célula terrorista.

La abogada Mari Carmen González ha subrayado que el acusado no era "líder, ni ejerció nunca toma de decisiones, ni actuó organizando plan alguno", sino que seguía "órdenes" del resto de integrantes "dominantes" del grupo porque tenía miedo por su vida y por la de su familia.

La letrada no ha negado que Mohamed Houli haya "cooperado" y "acompañado" al resto de miembros para la compra de material explosivo, pero en cualquier caso lo hizo porque "no tenía escapatoria", ha dicho. En este sentido, ha señalado que su patrocinado "no sabía elaborar explosivos ni participó en esas tareas".

Por ello, atendiendo a las atenuantes de confesión, reconocimiento de los hechos y colaboración con la justicia, entiende que se debe imponer a Mohamed Houli Chemlal la pena de cuatro años de prisión por el delito cooperación para el depósito de explosivos, aunque ha precisado que no se ha podido probar cuál era la intencionalidad de lo que se estaba fabricando en Alcanar porque los medios utilizados para hallar pruebas "supusieron mover y remover escombros y por ello no puede existir una fidelidad en concretar exactamente no sólo la cantidad de explosivos se encontraron sino todas las piezas de convicción que se hallaron".

En cualquier caso, rechaza la acusación de la Fiscalía porque, en su opinión, no se ha podido demostrar la participación de Mohamed Houli Chemlal en los atentados de Barcelona y Cambrils, ya que no sólo "desconocía" la intención de atentar, sino que cuando ocurrió, el acusado se "encontraba aislado y hospitalizado", al resultar herido en la casa de Alcanar. Ante la posibilidad de que sea condenado por estos hechos, la defensa solicita la pena mínima.

Las defensas de Driss Oukabir y Said Ben Iazza mantienen su petición de absolución por los hechos de los que han sido juzgados. El juicio se retomará el próximo lunes 25 de enero con la exposición del informe de conclusiones de la Fiscalía.

La consejera de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación de la Junta de Andalucía, Rocío Ruiz, ha presentado este jueves la aplicación móvil 'Olimpia' sobre educación afectivo-sexual dirigida a familias, profesorado y alumnado a partir de 13 años.

Ruiz ha destacado que se trata de "un proyecto pionero e innovador en Andalucía que se impulsa desde el Instituto Andaluz de la Mujer con el objetivo de ofrecer a las familias y a la comunidad educativa una herramienta divulgativa y también divertida para abordar una educación afectivo-sexual integral basada en valores como la igualdad, el respeto o la tolerancia con el fin de evitar situaciones que inicien o favorezcan relaciones tóxicas y/o violencia sexual y, por tanto, que sea un instrumento para prevenir la violencia de género".

Ruiz ha advertido de que "la educación afectivo-sexual es una asignatura pendiente de la sociedad y no podemos mirar para otro lado porque este déficit tiene consecuencias".

En este sentido, ha señalado que "organismos internacionales, nacionales y autonómicos nos vienen alertando de que en demasiadas ocasiones el acceso a la sexualidad por parte de nuestra juventud se produce con muchísimo desconocimiento y teniendo solo como información la extraída de la pornografía. Con lo cual tienen una percepción de la sexualidad muy distorsionada y alejada de la realidad".

No en vano, la Fiscalía Superior de Andalucía en su último informe ha alertado de que los delitos contra la libertad sexual entre los menores andaluces ha crecido más de un 26 por ciento. En esta misma línea, Save the Children ha resaltado en su estudio '(Des)Información sexual: pornografía y adolescencia' de 2020 que para el 30 por ciento de adolescentes la pornografía supone la única fuente de información sobre sexualidad.

Mientras tanto, el Instituto Andaluz de Sexología y Psicología asegura que el 90 por ciento de los y las menores de ocho a 16 años ha visto pornografía y han enviado contenidos eróticos por medios electrónicos.

Asimismo, la consejera andaluza ha puesto de relieve que "'Olimpia' es una aplicación gratuita, disponible en las principales plataformas para dispositivos digitales y desarrollada desde una base científica, pedagógica y didáctica por un equipo de personas expertas lideradas por Rocío Carmona, que es psicóloga, educadora sexual y experta en salud con enfoque de género, todo ello bajo el impulso del Instituto Andaluz de la Mujer.

Además, ha explicado que "la aplicación va acompañada de una guía didáctica y que va a permitir desde las aulas, pero también desde el ámbito familiar; informar, formar y educar a nuestras y nuestros adolescentes de una forma lúdica, respetuosa y sin complejos". La guía para el profesorado se puede descargar en la página web del IAM.

La aplicación 'Olimpia' está compuesta por 10 juegos diferentes a través de los cuales se va aprendiendo sobre relaciones afectivo-sexuales como si fuera una pequeña olimpiada personal.

Mediante dichos juegos --sopas de letras, puzzles o relaciona palabras con dibujos-- se incide en el desarrollo del conocimiento del propio cuerpo y sus ciclos vitales, la autoestima y la identidad, promociona la responsabilidad, el placer y la salud y promueve la construcción de relaciones interpersonales sanas, respetuosas, responsables, igualitarias, así como la prevención de la violencia sexual y de pareja.

Esta 'app' está pensada para ser utilizada como una herramienta educativa con una metodología pedagógica e interactiva. El nombre de Olimpia se eligió en honor a Olympe de Gouges, una de las precursoras del feminismo, ya que esta prolífica escritora de obras de teatro, de novelas y de manuscritos de contenido político luchó por la igualdad, contra la esclavitud y a favor de los derechos de las mujeres.

La difusión se realizará a través de las redes sociales del Instituto Andaluz de la Mujer, el Centro de Documentación María Zambrano, las Asociaciones de Madres y Padres de Andalucía (AMPA) y la Consejería de Educación y Deporte, para que le llegue a todo el profesorado.

Por último, la consejera de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación ha incidido en que "la juventud demanda saber sobre todos los aspectos sobre los que siente curiosidad. Si no cubrimos esta necesidad en casa o en el aula, la tratarán de cubrir fuera. Ante una falta de educación afectivo-sexual de calidad e integral, el alumnado acude a la pornografía mas violenta y machista, teniendo terribles consecuencias para el conjunto de la sociedad".

De igual modo, ha animado a familias, profesorado y alumnado a utilizarla mucho con el propósito de "generar debate para seguir avanzando, coeducando y transformando el mundo".

Tras la presentación de la aplicación, la directora del Instituto Andaluz de la Mujer, Laura Fernández, ha dado paso a la proyección de un taller práctico basado en la aplicación 'Olimpia' desarrollado por Rocío Carmona con el alumnado del IES Capellanía de Alhaurín de la Torre (Málaga).