El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz, que investiga los en el Juzgado Central de Instrucción número 5 las donaciones finalistas que aparecen anotadas en los ‘papeles de Bárcenas’, ha respondido negativamente a la solicitud del Congreso de los Diputados para que le remitiera la información que tuviera relativa al operativo ‘Kitchen’. Sigue así la línea marcada previamente por el juez Manuel García-Castellón, quien ya se opuso también a enviar información.

Según confirman fuentes jurídicas, la negativa se debe al carácter reservado de las actuaciones que se siguen en la Audiencia Nacional y que indagan en la conexión entre la pieza de los ‘papeles’ y el operativo parapolicial que se orquestó para sustraer al extesorero documentación sensible a dirigentes del PP y evitar así que llegaran a ser judicializadas en este mismo juzgado.

De esta forma, Pedraz sigue la estela del titular del Juzgado Central de Instrucción número 6, Manuel García-Castellón, quien ya en febrero respondió a la presidenta del Congreso Meritxell Batet que no remitiría la documentación que obra en el sumario de la pieza separada ‘Kitchen’ debido a que «se encuentra en fase de instrucción y por tanto tiene un carácter reservado».

Tanto en el caso de Pedraz como en el de García-Castellón, la solicitud de la documentación por parte de los miembros de la comisión de investigación relativa a la ‘Kitchen’ siguió el conducto reglado, es decir, de la presidenta del Congreso al presidente del Tribunal Supremo, Carlos Lesmes, quien a su vez lo remite a la Audiencia Nacional. Por tanto, el Supremo actúa de mera correa de transmisión en estos casos.

García-Castellón sustentaba su negativa en que la reserva en las actuaciones judiciales es un principio fundamental al que alude el artículo 301 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Y recordaba que ese artículo señala que «las diligencias del sumario serán reservadas y no tendrán carácter público hasta que se abra juicio oral».

Sumaba a esto que hay «límites infranqueables que se verían afectados en el presente caso por la remisión de documentación judicial al órgano parlamentario». Por eso incidía en que no remitía lo requerido por la Mesa de la comisión de investigación de ‘Kitchen’ escudándose en «la necesaria preservación y garantía de la independencia judicial y de los derechos fundamentales de las partes y de terceras personas».

LA AGENDA DE VILLAREJO Y LAS GRABACIONES A COSPEDAL

Cabe recordar que los miembros de la Mesa de la comisión aprobaron reclamar información relativa al comisario –que está en el centro de la investigación de la pieza separada número 7– como sus agendas incorporadas a la causa, las grabaciones efectuadas por el excomisario a Cospedal y a su marido en la sede nacional del PP, y la conversación que Villarejo mantuvo con los empresarios Adrián de la Joya y Alberto Pedraza en febrero de 2017.

También solicitaban tener acceso a los archivos del teléfono móvil de Francisco Martínez –el que fuera número dos en Interior en la época del ministro Jorge Fernández Díaz– y las dos actas notariales instadas por él sobre los mensajes que dice haber recibido desde el móvil de Fernández Díaz, y que hacían mención al operativo.

A esto, desde la comisión sumaban todos los oficios policiales de la causa, el informe del inspector de la Policía Nacional José Ángel Fuentes Gago que declaraba incompatibles las actividades empresariales de Villarejo con el trabajo policial, los expedientes de concesión de medallas con las que se distinguió a algunos de los policías implicados, así como la relación de miembros del tribunal que aprobó el acceso de Sergio Ríos a la escala básica de la Policía.

El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha rebajado de cinco años a nueve meses de prisión la pena de cárcel para tres patrones de una patera de reducidas dimensiones que fue interceptada en abril del pasado año con 35 personas a bordo al entender que, por sus propios actos, no pusieron en «grave peligro» a los ocupantes de la infraembarcación y, por tanto, no es de aplicación una agravante en las penas.

El Alto Tribunal andaluz da traslado de su pronunciamiento a la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Almería para que acuerde la puesta en libertad de los tres acusados, quienes se encuentran en prisión preventiva por estos hecho y, por tanto, ya habrían superado el tiempo de condena establecido en el fallo de apelación ante el que cabe interponer recurso de casación ante el Tribunal Supremo.

El TSJA estima parcialmente el recurso elevado por las defensas de los tres patrones de patera, a los que condena solo por un delito contra los ciudadanos extranjeros sin la agravación por especial riesgopara las personas, cuya aplicación supone una elevación de la pena de cárcel de entre cuatro y ocho años.

Para la sala, la patera, a pesar de no contar con habitáculos para el descanso, contaba con medios de navegación suficientes para llevar a cabo la travesía al portar los acusados una brújula, GPS y linternas para la iluminación, mientras que el estado de la mar no revestía peligro y el número de ocupantes fue sobrevenido puesto que tuvieron que embarcar en plena travesía a los ocupantes de otra patera a la que se rompió el motor.

En este sentido, desgrana las condiciones en las que se produjo el viaje de los inmigrantes, la mayor parte de ellos de nacionalidad marroquí, quienes partieron de la costa de Argelia y fueron interceptados por la Guardia Civil a seis millas náuticas al este de Cabo de Gata la madrugada del 14 de abril.

Sobre las características de la embarcación, una nave semirrígida de recreo, el tribunal señala que la ausencia de elementos y habitáculos que facilitaran el descanso «no puede ser reputada como coadyuvante de peligro concreto para los ocupantes de la embarcación».

Igualmente, señala que las «desfavorables condiciones meteorológicas» reseñadas por «mar rizada» no pueden tildarse como «especialmente desfavorables» ya que «la mar rizada ocupa el grado 1» en la escala Douglas «inmediatamente después de la mar llana o en calma» y «se aplica cuando las olas alcanzan una altura no superior a 0,10 metros, es decir, diez centímetros».

El tribunal rechaza también que no existieran elementos para la navegación y apunta que el fallo de origen relata como uno de los acusados «manejaba brújula y GPS», toda vez que el informe de la inspección de la patera no detalla si había salvavidas y bengalas, toda vez que los agentes que testificaron en el juicio «no se pronuncia ni en sentido positivo ni en negativo».

En cuanto a las luces, la sala destaca que un testigo «relató cómo la nave se comunicaba con las otras mediante linternas, no negando categóricamente que hubiera otra fuente de iluminación».

La sala reconoce el «considerablemente elevado» número de ocupantes que acabó siendo transportado en la embarcación, lo que afectaba a la flotación y estabilidad de la barca, aunque en base a las declaraciones e los testigos protegidos matiza que fue durante el trayecto cuando otra de las embarcaciones que navegaba en el mismo grupo de tres naves «sufrió una avería de motor» y «ello motivó que sus ocupantes hubieran de ser repartidos entre las otras dos» para evitar que «quedaran sin recursos a la deriva en alta mar», lo cual «sí habría supuesto un serio riesgo» para sus vidas.

En este sentido, el TSJA reconoce que el incremento de pasaje fue «forzado» por las expresadas circunstancias y, en consecuencia, «no debe ser integrado en el hecho delictivo como factor agravatorio» para aumentar las penas de prisión.

Ante estas apreciaciones, el tribunal modifica los hechos probados de la sentencia para rechazar que la embarcación «careciera de los mínimos elementos de seguridad» y destacar que la operación «había sido organizada embarcando un total de quince personas incluidos los acusados» pero que en el transcurso de la travesía, compartida por otras dos embarcaciones, una de ellas que transportaba unos 30 inmigrantes «sufrió una avería de motor que la dejó sin impulso y a la deriva, lo cual motivó que los ocupantes de la misma fueran trasladados a las otras dos naves, pasando así 15 de ellos a la que controlaban los acusados».

El líder del PP, Pablo Casado, y el secretario general del partido, Teodoro García Egea, han denunciado el «asalto» de PSOE, Podemos y Ciudadanos al Ayuntamiento de Murcia a través de su moción de censura y han expresado su apoyo al alcalde del PP, José Ballesta, que ha perdido este jueves ha perdido el bastón de mando del consistorio.

En concreto, la moción de censura contra el alcalde popular del Ayuntamiento de Murcia ha salido adelante gracias a los votos de los nueve concejales del PSOE, los cuatro ediles de Ciudadanos y los dos de Podemos-Equo, que han sumado los 15 de los 29 apoyos necesarios para que su iniciativa prosperase.

José Ballesta sólo ha contado con los apoyos de los 11 concejales del PP y los tres Vox, que representan 14 de los 29 ediles del pleno municipal. A partir de este momento, el concejal socialista, José Antonio Serrano, será el nuevo alcalde de Murcia hasta que finalice la actual legislatura en 2023.

CASADO: PRONTO LOS MURCIANOS VOLVERÁN A TENER AL PP EN LA CIUDAD

El presidente del PP, que lleva días exigiendo a los promotores que retiraran la moción de censura en el Ayuntamiento, ha denunciado la actuación de los tres partidos. «El PSOE, Cs y Podemos se reparten la alcaldía de Murcia en plena pandemia y crisis económica», ha asegurado.

Dicho esto, ha expresado «todo» su apoyo a José Ballesta, al que ha definido como «un gran alcalde y servidor público como médico, catedrático y rector». «Muy pronto los murcianos volverán a tener al PP al frente de esta maravillosa ciudad», ha asegurado en un mensaje en su cuenta oficial de Twitter, que ha recogido Europa Press.

En parecidos términos se ha expresado el secretario general del PP y diputado nacional por Murcia, Teodoro García Egea, al recalcar que PSOE, Podemos y Ciudadanos «certifican hoy su asalto al Ayuntamiento de Murcia».

«Ellos ganan sillones, los murcianos pierden un Gobierno de libertad», ha afirmado en la misma red social, para agradecer su labor a Ballesta, que «tanto ha hecho al frente del consistorio y por el bienestar de los vecinos».

Hace justo una semana, Casado y García Egea viajaron a Murcia para asistir a la votación en la Asamblea de Murcia de la frustrada moción de censura contra el presidente de la región, Fernando López Miras. «Hoy empieza la reconstrucción y reunificación del centro derecha en torno al Partido Popular», dijo entonces el líder del PP desde Cartagena.

El fiscal del Tribunal Supremo Jaime Moreno ha argumentado este jueves su petición de ocho meses de multa y un año y cuatro meses de inhabilitación para el diputado de ERC Joan Josep Nuet, por desobedecer los requerimientos que le realizó el Tribunal Constitucional (TC) cuando fue secretario tercero de la Mesa del Parlament de Cataluña en la XI Legislatura respecto de varias resoluciones enmarcadas en el ‘procés’ independentista en Cataluña.

«Estamos ante un representante del pueblo que con su actuación ha permitido que un parlamento actuara sin acatar las resoluciones del Constitucional», pues «erigió su voluntad por encima de estos mandatos», ha manifestado.

El representante del ministerio público ha expuesto sus conclusiones definitivas en la segunda sesión del juicio que se ha celebrado contra este aforado, que fue procesado junto con los líderes independentistas ya condenados por el alto tribunal por su actuación el el «procés» y otros miembros del Parlament igualmente penados por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña .

Igualmente ha solicitado su condena la Abogacía del Estado, mientras que su defensa, ejercida por el letrado Enrique Leiva, ha pedido su absolución señalando que su cliente lo único que intentó fue «tender puentes e intentar resolver por medio de política lo que no podía resolverse por otros medios».

En el mismo sentido, Nuet ha hecho uso de su última palabra para justificar su actuación como político y militante de un partido que trató de mediar entre dos posturas políticas muy encontradas y que creía que «había margen», por lo no fue consciente de la inconstitucionalidad de sus actuaciones.

Lo fundamental para la Fiscalía es la reiterada desobediencia al Tribunal Constitucional, y de hecho Moreno ha calificado de «accesorio» que ésta se produjera en el marco de la celebración de un proceso de independencia y un referéndum. «El mandato podría haber sido demoler un edificio, lo fundamental es que el señor Nuet decidió erigir su voluntad» frente a diversos requerimientos del TC y las advertencias de los propios letrados de la cámara, realizadas cinco veces por escrito y otras tantas de forma oral, ha razonado.

A lo largo de su intervención ante el tribunal, presidido por el magistrado Andrés Martínez Arrieta, el fiscal ha rebatido uno por uno los argumentos exculpatorios utilizados por Nuet durante su declaración de este jueves, como el hecho de que señalara que él se limitaba a permitir el debate de estos asuntos.

» Lo que el Tribunal Constitucional ordenaba es que eso no podía pasar a debate porque era manifiestamente inconstitucional», ha señalado reprochándole que dijera también que no quería vulnerar los derechos parlamentarios, puesto que sí lo hacía respecto de los de las minorías.

También alegó Nuet que él no sabía si las iniciativas eran constitucionales, a lo que el fiscal Moreno señala que tal valoración no la tenía que hacer el diputado, cuyas manifestaciones sobre que su intención era que «trataba de hacer lo inconstitucional constitucional» ha calificado de falaces. «También ha dicho que no le daba tiempo a leer las proposiciones, pero se entregaban el día anterior o el viernes si la reunión de la Mesa era los martes, y al resto de diputados sí les dio tiempo», ha añadido.

Respecto a su creencia de que, tras leer las propuestas en la Mesa pensaba que luego podrían cambiarse durante el su tramitación parlamentaria», Moreno ha señalado que pensar así «no sólo es ingenuo, que lo es», sino que olvida que una cosa es el ámbito político de la cámara y otro el gubernativo. Ante sus manifestaciones, reiteradas durante su última palabra, de que ya estaría el Constitucional para parar lo que ocurriera, Moreno ha espetado: «Ya lo estaba intentando, pero no podía».

» Usted no es el que valora cuando cumplir o no las órdenes del Tribunal Constitucional -le ha recordado-. No puede decir permito luego a partir de aquí con la que se ha liado las cumplo, es que no es así, el cumplimento de su deber tiene límites, y el límite es que es que usted no es el Tribunal Constitucional, no le tiene que convencer, hay que cumplirla».

Ha advertido también de que Fiscalía podría haber llegado hasta una petición de dos años y seis meses de inhabilitación, si bien han tenido en cuenta que los condenados por el tribunal superior de Cataluña lo fueron por un año y diez meses, y la continuidad delictiva de Nuet es menor que la de éstos.

ABOGACÍA DEL ESTADO

Por su parte, la abogada del Estado Rosa María Seoane ha recordado al acusado que no se le juzga por su condición de parlamentario ni su actuación en el Pleno, sino como miembro de la Mesa del Parlament, pues es en dicha condición que se le notificaron los requerimientos del TC que él reconoce haber recibido.

«De su declaración obtenemos como hecho que recibió los requerimientos y que conocía el carácter imperativo que lo del Tribunal Constitucional ordenaba», ha señalado.

En este punto ha valorado la actuación de los testigos también miembros de la Mesa como el hoy diputado de Ciudadanos José María Espejo, en el sentido de que la actuación de los diputados en la Mesa es personal y directa y en lo relatado sobre las reconsideraciones que el grupo de éste solicito tras el visto bueno por parte de este órgano a determinadas propuestas que contravenían las órdenes del TC, en las que Nuet no participó.

Por su parte, la defensa ha insistido en la concurrencia de la eximente de inviolabilidad parlamentaria que ya planteó durante el trámite de cuestiones previas y ha realizado un informe poco técnico y muy político, en el que ha incidido en el problema político que existía en Cataluña y en la intención de su cliente de «tender puentes e intentar resolver por medio de política lo que no podía resolverse por otros medios».

«Lo que se quería evitar es lo que en medios metafóricos era una guerra -ha añadido-, y fue esta forma de hacer política la que ha hecho que el viejo continente haya tenido su mayor periodo de paz». También se ha referido al Tribunal Constitucional en términos weberianos como «el tercero neutral» en este marco y ha subrayado que lo que no podía hacer Nuet ni su grupo parlamentario «era abdicar de la política en una situación muy grave y muy tensionada».

ULTIMA PALABRA

Por su parte, Nuet ha hecho un extenso uso del turno de última palabra ayudado de unas anotaciones para insistir que él es un dirigente político y era inevitable que toda su actuación estuviera vinculada a dicho ámbito. Ha recordado que el partido en el que milita hace 35 años no es independentista sino que viene «de la tradición obrera y federal y quiere reformar la constitución de forma profunda» pero sin ignorarla.

En cuanto a los años del «procés», ha recordado que trató de hacer política en unas circunstancias complejas, entre una mayoría «quería pilotar un proceso y una oposición que se oponía de forma tajante», por lo que el día a día se convirtió en un calvario y los dos años en la Mesa del Parlament «fueron como diez».

«La política no aplica la ley de forma mecánica o robótica, como hacen los jueces, necesita flexibilidad para aplicar la ley», ha seguido justificando, para añadir que una aplicación extensa de los requerimientos del tribunal de garantías hubiera supuesto paralizar la actividad parlamentaria de la cámara catalana. «Voté más veces con Espejo (Cs) y Pérez Ibáñez (PSC) que con la mayoría independentista», ha recordado, para terminar diciendo al tribunal que «deben darle una oportunidad a la política».

El presidente del Parlamento europeo, David Sassoli, ha pedido este jueves en su encuentro con los líderes europeos no ser «ingenuos» y actuar con determinación para proteger el abastecimiento de vacunas en la UE, bloqueando incluso las exportaciones de vacunas producidas por laboratorios que cumplen sus contratos con los Veintisiete si las partidas tienen por destino un país tercero que no permite el flujo de vacunas o componentes en la ruta inversa.

La Comisión Europea ha propuesto reforzar el mecanismo de control de las exportaciones de vacunas para incluir criterios de «reciprocidad» y «proporcionalidad» que permitan ir más allá de vetar exportaciones de farmacéuticas que no cumplen con sus compromisos -como es el caso de AstraZeneca–, e impedir también la salida de cargamentos que vayan a países con altas tasas de vacunación o que no exportan a la UE, como es el caso de Reino Unido.

Los jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Europea escucharán a lo largo de la tarde de este jueves los detalles de la propuesta de boca de la jefa del Ejecutivo comunitario, Ursula von der Leyen, que busca el aval de los 27 para reforzar un instrumento que en los casi dos meses que lleva en funcionamiento sólo ha vetado la exportación de un envío de 250.000 vacunas de AstraZeneca a Australia.

En este sentido, Sassoli, que se ha unido pasadas las 13:00 horas a la primera parte de la cumbre que se celebra por vía telemática, ha subrayado la urgencia de aumentar la producción de vacunas en la Unión Europea y también de acelerar la distribución y aplicación de la vacuna tanto dentro como fuera del bloque.

«Sin embargo, no podemos permitirnos ser ingenuos. Es tiempo de aplicar los principios de reciprocidad y de proporcionalidad antes de dar la luz verde europea a las exportaciones», ha expresado en su discurso ante los 27 mandatarios.

De este modo, el socialista italiano ha mostrado su apoyo a una propuesta que los Veintisiete analizan, no obstante, con ciertas dudas por las consecuencias de aumentar la presión sobre empresas que sí están cumpliendo sus contratos y por el riesgo de un efecto dominó que complique los flujos comerciales.

Sassoli también ha tenido palabras de reconocimiento para el Ejecutivo comunitario por ayudar a las autoridades italianas a localizar «lotes que faltaban» y ha confiado en que estas partidas se utilicen para responder a los pedidos prometidos a la UE y también para los países más vulnerables en el marco de la iniciativa Covax. AstraZeneca confirmó el miércoles que tenía cerca de 30 millones de vacunas en una planta de producción al sur de Roma, pero negó que estuvieran escondidas y aseguró que su plan era repartir cerca de la mitad en Europa y enviar el resto por el canal de Covax.

El aún vicepresidente segundo del Gobierno y ministro de Derechos Sociales, Pablo Iglesias, que se presenta candidato a la presidencia de la Comunidad de Madrid, se ha despedido de su cargo en una de sus últimas intervenciones como miembro de este Ejecutivo, asegurando que ha sido «un honor trabajar por los Derechos Sociales».

«Esta es seguramente una de mis últimas intervenciones como vicepresidente del Gobierno de España, ha sido un honor trabajar desde este puesto por los derechos sociales en nuestro país, seguiré haciéndolo ahora, espero, desde el Gobierno de la Comunidad de Madrid, espero que encabezándolo», ha subrayado Iglesias este jueves en la constitución del ‘Foro Consultivo en Cuidados de Larga Duración y Servicios Sociales’.

Iglesias ha destacado que uno de los ejes del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia es el refuerzo de las políticas de cuidados y los servicios sociales y cuyo impulso les lleva hoy a la creación de este Foro.

Se trata de un órgano de asesoramiento en torno a la economía de los cuidados y el refuerzo de las políticas de igualdad e inclusión, que será coordinado por la Vicepresidencia de Derechos Sociales del Gobierno, y que contará con la participación del Ministerio de Igualdad y el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. En el mismo también estarán representados los interlocutores sociales, la sociedad civil y expertos.

El vicepresidente segundo del Gobierno ha indicado que España «necesita reforzar sus políticas de cuidados» porque «su demanda se ha incrementado como consecuencia del aumento de la esperanza de vida».

Además, ha defendido que «la inversión en cuidados va a servir para reducir las barreras que lastran el acceso de las mujeres al mercado laboral, generará importantísimos retornos fiscales, ampliará la base de cotizantes y aumentará la capacidad de elección de las mujeres sobre la edad a la que quieren ser madres.

En este contexto, Iglesias ha pedido aprovechar los fondos europeos para que «las pequeñas y medianas empresas, los autónomos, los trabajadores, los que más lo necesitan sean los que de verdad se beneficien de estos fondos».

«Aprovechar la oportunidad que nos brindan los fondos europeos significa que no pueden ir a parar a los de siempre para hacer lo de siempre. Estos proyectos de inversión no pueden acabar engordando los beneficios a las mismas oligarquías que siempre han medrado en torno a estos planes de inversión cuando se han producido», ha advertido.

Finalmente, se ha despedido asegurando que deja el Ministerio «en las mejores manos», refiriéndose a la que será nueva ministra de Derechos Sociales, Ione Belarra, a la que ha definido como «comprometida, valiente y brillante», y al secretario de Estado de Derechos Sociales, Nacho Álvarez.

La Asamblea por la Vida, la Libertad y la Dignidad, que aglutina a 150 organizaciones, considera que la publicación este jueves 25 de marzo, Día Internacional de la Vida, de la Ley de eutanasia es «la consumación de una aberración que puede tener consecuencias graves e irreversibles» y se preparan para «una gran movilización».

«Las organizaciones deben prepararse para una gran movilización. Todo este esfuerzo de unidad de la sociedad civil no parará hasta que se derogue la Ley», subraya el presidente de la Fundación Valores y Sociedad, Jaime Mayor Oreja, en un comunicado.

Esta Fundación es una de las organizaciones impulsoras de la Asamblea por la Vida, de la que también forman parte la Asociación Católica de Propagandistas (ACdP), Cristianos en Democracia, la Federación Española de Asociaciones Provida, el Foro de la Familia, e-Cristians o la Fundación Villacisneros, entre otras.

Teniendo en cuenta que la ley entrará en vigor en tres meses, la Asamblea por la Vida, la Libertad y la Dignidad, como ya hizo hace una semana en el Congreso de los Diputados cuando se aprobó la ley, vuelve a instar al PP y a VOX a que interpongan sendos recursos de inconstitucionalidad.

Para la Asamblea, esta ley «otorga al Estado la facultad de decidir bajo qué condiciones se puede dar muerte a una persona, rechazando la aprobación de una legislación sobre cuidados paliativos».

Según recuerda, «solo cinco Estados soberanos tienen leyes parecidas y, de ellos, cuatro la supeditan a un programa nacional de cuidados paliativos».

Por ello, la Asamblea anuncia que trabajará «con urgencia» para «alentar las iniciativas necesarias para lograr la inconstitucionalidad de la ley» y que impulsará una Iniciativa Legislativa Popular por un Plan Integral de Cuidados Paliativos».

Asimismo, señala que exigirán «la existencia de un registro oficial de médicos dispuestos a practicar la eutanasia» así como «la incorporación de los Equipos de Salud Mental ante peticiones de eutanasia o suicidio asistido».

En definitiva, quieren «promover una amplia objeción ciudadana» a la aplicación de la ley y, para ello, anuncian que desarrollarán «grandes eventos contra la ley y en favor de los cuidados paliativos».

UNA PROVOCACIÓN

Por su parte, Derecho a Vivir considera «una provocación» la publicación de la Ley de eutanasia en el BOE justo cuando se celebra el Día Internacional de la Vida.

«Es una provocación y una falta de respeto a la sociedad civil y a los ciudadanos en general», ha denunciado la portavoz y coordinadora de Derecho A Vivir, Rosana Ribera de Gracia.

Según ha precisado, esta norma «impuesta en tiempo récord y en plena pandemia por el social-comunismo, considera mejor matar al anciano, al enfermo crónico o terminal, a la persona discapacitada, o a cualquiera que padece dolor que procurar cuidado y alimento asistencial para evitar el sufrimiento».

En este contexto, Derecho a Vivir anuncia que seguirá trabajando «sin descanso» por «el respeto a la vida y la dignidad de todo ser humano desde la concepción hasta la muerte natural» y que apoyará «cualquier iniciativa para poner cuanto antes en marcha una ley de Cuidados Paliativos».

Javier García Cuenca, presidente de Magic Costa Blanca, sustituye a Juan Molas como presidente del Instituto Tecnológico Hotelero (ITH), tras ser elegido durante la Asamblea Anual y Electoral de la organización, celebrada esta jueves en el Hotel Meliá Castilla, en Madrid.

La candidatura de García Cuenca ha sido la única presentada para la presidencia, en representación de Industrias Hoteleras del Mediterráneo, ya que Juan Molas Marcellés no se presentó a su reelección.

Molas ocupaba la presidencia del ITH desde diciembre de 2008, cargo que compaginó con la presidencia de la Confederación Española de Hoteles y Alojamientos Turísticos (Cehat), de la que se despidió a finales de 2019. Actualmente, preside la Mesa del Turismo.

De esta forma, el nuevo presidente conciliará este cargo con la vicepresidencia de Magic Costa Blanca Hotels & Resorts y con la vicepresidencia de la Asociación Empresarial Hotelera de Benidorm y la Costa Blanca (Hosbec).

García Cuenca, en su discurso, ha agradecido a Molas todo el trabajo depositado a lo largo de estos años de ITH y a todos los socios del Instituto Tecnológico Hotelero, del Comité Ejecutivo de Cehat y a su presidente Jorge Marichal, por la confianza depositada para afrontar «este reto en un momento histórico en el que confluye la mayor crisis del sector».

Por su parte, Molas ha destacado y agradecido la «gran labor» de todo el equipo humano que conforma ITH por el compromiso, lealtad y esfuerzo, a lo largo de estos años.

La junta directiva de García Cuenca estará formada por el vicepresidente Jorge Marichal, presidente de Cehat y de Ashotel; Ramón Estalella, que continúa su función como secretario general; y se suma el tesorero Miguel Mirones, presidente del Instituto para la Calidad Turística Española (ICTE); y el director general que continuará con sus funciones al frente de ITH, Álvaro Carrillo de Albornoz. El equipo directivo también estará formado por 15 vocales.

RECONOCIMIENTO A JUAN MOLAS

Durante la Asamblea Anual de ITH, Ramón Estalella, secretario general, ha agradecido la ilusión y el gran esfuerzo a Juan Molas y le ha entregado una placa conmemorativa en nombre de ITH.

En su discurso, Molas ha realizado un resumen de los proyectos más relevantes llevados a cabo por el Instituto a lo largo de estos años, mientras que el director general de ITH, Álvaro Carrillo de Albornoz, ha presentado los proyectos más destacables del año 2020.

La presidenta del Consejo Superior de Deportes (CSD), Irene Lozano, ha asegurado que no tiene «la menor idea» de quién le sustituirá en el cargo a partir de la próxima semana, aunque le ha avisado de que deberá «hacer un trabajo de gestión importante y también político», ya que «es un puesto mucho más político de lo que parece desde fuera».

«No tengo la menor idea de quién es mi sustituto. La persona que venga a este puesto lo más importante es que sepa que tiene que hacer un trabajo de gestión importante y también político, porque también es un puesto muy político, mucho más de lo que parece desde fuera. Para gestionar hay que tener capacidad y eso es lo más importante», explicó Lozano ante la prensa en la sede del CSD.

A la hora de repasar sus 14 meses en el cargo, que abandonará oficialmente el próximo martes, la todavía presidenta del CSD reconoció que le resulta «complicado» ponerse nota porque le «cuesta un poco» hablar de sí misma.

Lo que hemos hecho muy importante es sacar al deporte de la pandemia. Ahora ya se ve, pero hubo momentos muy oscuros en los que no era tan obvio porque era una de las actividades más afectadas. Nuestros deportistas estaban muy preocupados y hemos conseguido ir sacándolo adelante con unos protocolos que les ha dado absoluta confianza a los deportistas. En un año muy duro hemos hecho todo lo que estaba en la mano hacer para salvar el deporte», reivindicó.

Respecto al fútbol, rememoró que «desde el principio» vio «muy clara la solución» para provocar el entendimiento entre Luis Rubiales y Javier Tebas. «Sentarles a una mesa y negociar. Creo que el Pacto de Viana tuvo la enorme oportunidad de ver que se podía hacer cuando los distintos actores tenemos voluntad. Me gustaría que esa cultura del pacto calara en el deporte. Creo que hemos dejado un hito importante con ese pacto», dijo.

En cuanto a la vuelta de público a los estadios, subrayó que comparte «ese deseo», pero que todavía deben ser prudentes. «Lo último que hemos hablado con el Ministerio de Sanidad es que primero tenemos que ver cómo impactan las cifras de incidencia después de la Semana Santa y a partir de ahí tomar decisiones, que siempre se tomarán protegiendo la salud de los deportistas», afirmó.

Respecto a las tareas que se quedan pendientes en el CSD, Lozano denunció que le parece «una injusticia enorme que las tres ligas profesionales de España sean de hombres». «Eso hay que cambiarlo y generar un espacio de igualdad para que las mujeres deportistas sean iguales que los hombres. Lo del fútbol queda muy avanzado y también hemos empezado a trabajar en la profesionalización del baloncesto», indicó.

Además, recalcó que abandona el cargo con la tranquilidad de que «el proyecto de Ley del Deporte está terminado». «E incluso actualizado después de la pandemia, está en el Ministerio para los siguientes trámites administrativos. Dentro de la complicación por la pandemia, dejamos una situación buena para el deporte», resumió.

El Ayuntamiento de Granada ha restaurado cuatro sombreros de Manuel de Falla que forman parte de los fondos expuestos en su carmen, un trabajo encargado al único sombrerero en activo en Granada, cuyo establecimiento fundado en 1964 todavía permanece abierto, y que ha utilizado los instrumentos y técnicas originales con que fueron hechas estas piezas en su momento.

Se trata de un sombrero flexible modelo hongo, de fieltro y color negro y copa alta; dos sombreros de paseo –uno de ellos, de paja flexible tipo panamá y color natural y un segundo de paja italiana modelo canotier– y por último, un sombrero de copa o chistera estilo ‘príncipe Alberto’ en seda negra con brillo.

La edad de los sombreros y el estado de conservación obligó a un trabajo intermedio consistente en recuperar las propiedades de los materiales que los componen y para ello se rehidrató el material básico del que están hechos en cada caso y se devolvió la flexibilidad a elementos accesorios, como la piel de cinta interior o los forros.

Así, una vez que los sombreros estaban en condiciones de ser manipulados sin riesgo de daños, se hizo un trabajo de documentación para determinar cuáles eran sus formas originales y su aspecto inicial. Para ello se usó el material fotográfico del Archivo Manuel de Falla y otras fuentes documentales que permitieran conocer con precisión las características originales de los sombreros.

También se analizaron las trazas de forma que mantenían (aristas, pliegues, costuras) distinguiéndolas de vestigios dejados por el uso o por condiciones inadecuadas de conservación y limpieza.

Concluido lo anterior, se planteó que el proceso de recuperación de las prendas exigía utilizar los instrumentos y las técnicas originales con que fueron hechos en su momento esos sombreros. Todos los materiales así como el proceso han sido ejecutados siguiendo las normas sobre restauración y conservación del patrimonio artístico, garantizando la reversibilidad y la estabilidad sobre las piezas sin provocarle nuevas alternaciones. El tiempo empleado para la intervención ha sido de tres meses.

La concejal de Patrimonio de Granada, Eva Martín, ha celebrado la calidad del trabajo, una labor que arranca con un estudio inicial de las piezas, su fecha aproximada de manufacturación, el origen, los materiales y el procedimiento de confección, así como la evaluación de los daños y posibilidad de restauración.

La edil ha enmarcado esta intervención en el Plan de Conservación del patrimonio municipal 2020-2023, que arrancó el pasado año con distintas actuaciones en todos los campos, incidiendo en que «servirá para la difusión, investigación y mayor conocimiento del patrimonio granadino para generaciones actuales y futuras».

Agentes de la Policía Nacional han detenido en Málaga capital, tras una investigación coordinada con la Policía Local, a dos hombres de nacionalidad española, como presuntos responsables de los delitos contra la integridad moral, la intimidad y la propia imagen, ya que supuestamente publicaron en redes sociales vídeos en los que se jactaban de una persona con discapacidad.

Así, según han informado desde la Comisaría provincial, los jóvenes publicaron en redes sociales varias grabaciones en las que presuntamente aparecía un hombre realizando flexiones, al que alentaban mientras el resto de los presentes se reían y le ofrecían monedas. Los arrestados fueron puestos a disposición del Juzgado de Guardia.

La actuación policial se inició con la investigación y posterior informe de una ciberpatrulla de la Policía Local de Málaga, en la que detectaron una cuenta de una conocida red social que contaba con material videográfico cuyo contenido podría dar lugar a la comisión de un delito contra la integridad moral, han precisado en un comunicado.

El análisis de las grabaciones muestra, señala la Policía Nacional, como un varón realiza, con gran dificultad, flexiones en el suelo y que las personas que lo presencian le alientan a que continúe mientras se ríen de él. Finalmente, los participantes acaban entregándole unas monedas.

A raíz de estos hechos, agentes del grupo de Policía Judicial de la comisaría del Distrito Este de Málaga continuaron con las pesquisas para esclarecer el posible ilícito penal, realizando gestiones tendentes a la identificación y localización de los supuestos involucrados.

Así, tras dichas diligencias, los investigadores han confirmado que la víctima de estos hechos es un hombre de 58 años, que padece una discapacidad psíquica, y han comprobado que los presuntos autores son el administrador del perfil donde se mostraban los videos y uno de los jóvenes que le ofrece dinero para que realice la acción.

Finalmente, los agentes detuvieron a los dos jóvenes, de 23 y 20 años, por delitos contra la integridad moral, la intimidad y la propia imagen.