El Papa ha instado a los católicos a no reducir la fe al plano del "legalismo" o al "estatismo de una religiosidad individual" al tiempo que ha instado a alejarse de "las lógicas mortíferas del egoísmo" comprometiéndose en favor "de los más pobres".

"Nunca se debe neutralizar esta dimensión social de la fe cristiana. Como recordé también en la Evangelii Gaudium, el kerigma de la fe cristiana tiene en sí mismo un contenido social, que invita a construir una sociedad en la que triunfe la lógica de las Bienaventuranzas y un mundo solidario y fraterno", ha señalado el Pontífice.

Se expresa así en el prefacio del libro 'Fraternità Segno dei Tempi. Il magistero sociale di Papa Francesco' (Fraternidad signo de los tiempos. El magisterio social del Papa) escrito a dos manos por el Subsecretario de la Sección Migrantes y Refugiados del Dicasterio para el Servicio del Desarrollo Humano Integral, el cardenal Michael Czerny, y el teólogo italiano Christian Barone. El volumen escrito en italiano llegará a las librerías este jueves.

El Papa ha insistido en que el Reino de Dios nunca "debe identificarse o confundirse con alguna conquista terrenal y política" pero ha advertido de que tampoco "debe imaginarse como una realidad puramente interior, personal y espiritual, o como una promesa que sólo concierne al más allá".

Así, ha llamado a "contribuir a realizar la obra del Reino de Dios en el mundo, abriendo espacios de salvación y liberación, sembrando esperanza", de manera que sean contrarrestadas "las lógicas mortíferas del egoísmo con la fraternidad evangélica" y nazca un compromiso "con la ternura y la solidaridad a favor del prójimo, especialmente de los más pobres".

Para el Pontífice, la fraternidad será "más creíble" en el mundo si también en la Iglesia se empieza a vivir como si todos fueran hermanos, viviendo los "respectivos ministerios como un servicio al Evangelio y a la construcción del Reino de Dios y al cuidado de la Casa Común".

Francisco ha dejado claro que el "compromiso de construir una sociedad solidaria" que es parte fundamental de la doctrina Social de la Iglesia no "se trata de un simple aspecto social de la fe cristiana, sino de una realidad que tiene un fundamento teológico". "El anuncio como la experiencia cristiana tienden a provocar consecuencias sociales", ha incidido.

Por otro lado, ha dicho que es necesario "hacer más explícitos los conceptos clave del Concilio Vaticano II, los fundamentos de sus argumentos, su horizonte teológico y pastoral, los argumentos y el método que utilizó".

De este modo, ha hecho hincapié en que la fraternidad "es uno de los signos de los tiempos que el Vaticano II saca a la luz" y es también "lo que necesita" el mundo y el planeta. "Especialmente en una sociedad fuertemente marcada por los desequilibrios, las heridas y las injusticias, nos damos cuenta de que esto también está en el espíritu del Concilio, que nos invitó a leer y escuchar las señales que nos llegan de la historia de la humanidad", ha concluido.

El Consejo de Ministros ha aprobado este martes el Real Decreto-ley que prorroga los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) asociados al Covid hasta el 28 de febrero de 2022 tras el acuerdo alcanzado ayer entre el Gobierno, CCOO, UGT, CEOE y Cepyme.

El ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, ha destacado en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministro que se trata del sexto Real Decreto-ley que alcanzan Gobierno y agentes sociales en materia de ERTE desde el comienzo de la pandemia .

Escrivá ha cifrado en unos 1.200 millones de euros el coste, en el ámbito de la Seguridad Social, de prorrogar los ERTE y las prestaciones para autónomos entre octubre de este año y febrero de 2022. Esta cantidad hay que sumarla a los 21.000 millones de euros que han costado las anteriores prórrogas, según ha precisado.

La norma aprobada hoy contempla la prórroga de los ERTE en sus modalidades actuales hasta el 31 de octubre y, por otro, las nuevas modalidades de ERTE a partir del 1 de noviembre, para las que será obligatorio solicitar ante la autoridad laboral competente su prórroga entre el 1 y el 15 de octubre. Por tanto, los nuevos ERTE, que tendrán como elemento central la formación, se extenderán desde el 1 de noviembre hasta el 28 de febrero de 2022.

Las empresas deberán solicitar a la autoridad laboral la prórroga de todos los expedientes para extender los beneficios de los ERTE hasta el 28 de febrero de 2022. Para tramitar esta solicitud deberán presentar el listado de horas o días de trabajo suspendidos o reducidos desde julio de 2021.

Para el caso particular de los ERTE por razones económicas, técnicas organizativas o de producción, los llamados ETOP, deberán aportar el informe de los representantes de los trabajadores, según ha detallado Trabajo, que ha indicado que se mantiene la simplificación de trámites para pasar de un ERTE de impedimento a uno de limitación y viceversa, de forma que bastará sólo con comunicárselo a la autoridad laboral y a los sindicatos.

Los porcentajes de exoneración a aplicar en el mes de octubre en los ERTE de impedimento y de actividad serán los mismos que en septiembre.

Del 1 de noviembre de 2021 al 28 de febrero de 2022 entrará en vigor un nuevo esquema de ERTE en el que las exoneraciones de mayor cuantía estarán ligadas a que las empresas den formación a los trabajadores suspendidos de empleo.

Junto a estos ERTE formativos se mantendrá la modalidad de ERTE de impedimento, vinculada a la limitación de actividad ante posibles restricciones. Las empresas en un ERTE de impedimento pasarán a tener una exoneración del 100% de la aportación empresarial devengada a partir de noviembre de 2021, durante el periodo de cierre, y hasta el 28 de febrero.

EXONERACIÓN DEL 80% SI LAS EMPRESAS DAN FORMACIÓN

En el caso de los nuevos ERTE en vigor desde noviembre, las empresas de más de diez trabajadores tendrán un 80% de exoneración en sus pagos a la Seguridad Social si imparten formación a los trabajadores en ERTE y un 40% en caso de no hacerlo. Para las empresas de hasta diez empleados, la exención será del 80% si imparten acciones formativas y del 50% si no lo hacen.

En el caso de optar por acciones formativas, las empresas tendrán que dedicar 30 horas de formación por persona si tienen entre 10 y 49 trabajadores y 40 horas si cuentan con plantillas superiores y la formación deberá impartirse durante la jornada suspendida.

Estas actividades formativas, que deberán realizarse antes del 30 de junio de 2022, se vinculan con un aumento del crédito que se utiliza para financiar la formación programada recogida en ley del sistema de formación profesional para el empleo.

Concretamente, según ha detallado Seguridad Social, las empresas que formen a personas afectadas por este tipo de ERTE tendrán derecho a un aumento del crédito para formación de 160 euros por persona en el caso de empresas de menos de diez trabajadores; de 240 euros por persona para empresas de 10 a 49 trabajadores, y de 320 euros por persona para empresas de 50 o más empleados.

Pese a que los ERTE se extienden hasta el 28 de noviembre, la vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha precisado en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros que las empresas que hoy se sujeten a este Real Decreto-ley de prórroga tendrán que acogerse al nuevo mecanismo estructural de flexibilidad interna que se está negociando en el marco de la reforma laboral una vez que éste entre en vigor, lo que previsiblemente sucederá antes del 28 de febrero.

Dicho mecanismo estructural, que reemplazará a los ERTE Covid, incorporará la formación como condición, según ha señalado Díaz, que ha precisado que aún se está trabajando en su definición y en cómo se financiará.

Escrivá, por su lado, ha adelantado que en el mecanismo estructural existirán lo que ha llamado ERTE estructurales y ERTE cíclicos, para situaciones "más sistémicas".

"Esa doble modalidad va a existir. Vamos a trabajar en incentivos a las empresas que transiten de un ERTE a una empresa que no lo está y que esté dispuesta a contratar a un trabajador porque el objetivo es evitar al máximo que los que trabajadores tengan que salir del mercado laboral", ha explicado Escrivá.

EXTENSIÓN DEL CONTADOR A CERO

La norma extiende el llamado 'contador a cero' hasta el 31 de diciembre de 2022, de forma que el tiempo consumido de desempleo por el trabajador que esté en ERTE desde septiembre de 2020 no computará cuando se produzca un despido por cualquier causa después del 1 de enero de 2023. "Nunca ha existido en la historia un mecanismo de protección frente al desempleo tan fuerte como el que estamos desplegando", ha destacado la vicepresidenta segunda.

También se establece en la norma una prestación extraordinaria por desempleo para las personas con contratos fijos-discontinuos, dirigida especialmente al sector turístico y concentrado singularmente en Baleares; se garantiza el 'contador a cero' para este colectivo, que antes no estaba garantizado, y se mantiene en el 70% de la base reguladora el importe de la prestación a recibir por los trabajadores en ERTE durante toda la vigencia de la prórroga.

Asimismo, se mantienen las condiciones de acceso a la prestación, aunque no se tenga el tiempo cotizado requerido, así como el compromiso de mantenimiento del empleo durante un periodo adicional de seis meses; la prohibición de despedir; la interrupción del computo en contratos temporales; la prohibición de horas extras, de operar en paraísos fiscales y de realizar nuevos contratos, y la imposibilidad de externalizar actividad mientras se disfrutan de los beneficios de los ERTE.

Según ha destacado Díaz, el decreto también contempla la prórroga del plan MECUIDA y de la prestación extraordinaria para los profesionales de las artes hasta el 28 de febrero de 2022.

ERTE ESPECÍFICO PARA CANARIAS

El Gobierno también ha trasladado a este decreto el acuerdo alcanzado con los agentes sociales para poner en marcha unos ERTE específicos para las empresas afectadas por la erupción del volcán en la isla de La Palma y en el conjunto de Canarias.

Estos ERTE, ha dicho Díaz, también se sujetan al plazo máximo del 28 de febrero, pero dejando la puerta abierta a prorrogar estas medidas más allá de esa fecha.

Según lo acordado, los trabajadores tendrán protección y las empresas se beneficiarán de exoneraciones de hasta el 100% de las cotizaciones sociales en el caso de ver totalmente impedida su actividad y de hasta el 90% en el caso de limitación de la actividad.

Al mismo tiempo, se ha aprobado un prestación extraordinaria de cuatro meses de duración para los autónomos de La Palma afectados por la erupción.

El portavoz de Vox en el Congreso, Iván Espinosa de los Monteros, ha evitado este martes responder a las críticas recibidas desde la convención que está celebrando el Partido Popular y ha ironizado sobre los "problemas de liderazgo" o desacuerdos que puedan tener los 'populares'.

"No quiero insistir en polémicas con ellos. Están en un intento de revivir un poco un partido que está en un momento delicado", ha dicho Espinosa de los Monteros en rueda de prensa tras la reunión de la Junta de Portavoces del Congreso.

El dirigente de Vox ha respondido así a las afirmaciones del presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijoo, en contra de los populismos. Pero además, le ha recomendado revisar vídeos del fundador del PP y expresidente gallego Manuel Fraga definiendo a su formación como un partido "populista".

"Si no quiere que nos pongamos de acuerdo con populistas igual no quiere que apoyemos a (Isabel Díaz) Ayuso en la Comunidad de Madrid, al alcalde de Madrid o a la Junta de Andalucía", ha sugerido Espinosa de los Monteros. En cualquier caso, ha sugerido a los 'populares' "que miren bien" por qué se llaman Partido Popular y además que aclaren "quién manda" en el partido.

El eurodiputado y portavoz del Comité de Acción Política de Vox, Jorge Buxadé, ya despreció este lunes la Convención del PP diciendo que se trata de un partido que "ya no ilusiona a nadie", ni siquiera a sus afiliados, y se preguntó quién iba a seguirla.

Además, advirtió de que el PP no es un partido "fiable" porque no cumple con los compromisos firmados con Vox para obtener su apoyo en lugares como la Comunidad de Madrid, Andalucía o Murcia. Y puso el caso del alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, y la reciente aprobación del denominado 'Distrito Centro' para limitar la circulación de vehículos por el centro de la capital.

Andalucía registra este martes 28 de septiembre un total de 311 contagios, dato superior a los 292 del mismo día de la semana pasada, según datos consultados en el Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía (IECA), que ha contabilizado ocho fallecidos, dos menos que la cifra del martes pasado (diez).

Por su parte, la incidencia acumulada se sitúa 54,9 por cada 100.000 habitantes, de forma que baja en 2,3 puntos en 24 horas y 14,1 puntos en siete días.

Los 311 casos de este martes se registran tras los 362 del lunes, los 425 del sábado, los 521 del viernes, los 392 del jueves, los 468 del miércoles y los 292 del martes pasado.

En esta jornada, Sevilla es la que más positivos ha registrado con 110, seguida de Málaga con 93, Almería con 36, Granada con 19, Huelva con 18, Cádiz con 16, Córdoba con 15 y Jaén con cuatro. En cuanto a los ocho decesos, Cádiz registra tres, Jaén y Granada dos cada una, y Málaga uno.

La comunidad ha registrado un aumento de diez hospitalizados por Covid para situarse en un total de 378, lo que supone un descenso de 98 en la comparativa intersemanal, mientras que los pacientes en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) han aumentado en uno para colocarse en 105 ingresados, 26 menos que los notificados hace siete días.

MÁLAGA BAJA DE 100 HOSPITALIZADOS

Málaga es la provincia con más hospitalizados con 99 y 19 pacientes en UCI, seguida de Sevilla con 85 y 28 en UCI, Almería con 35 y 19 en UCI, Córdoba con 39 y 14 en UCI, Granada con 40 y 13 en UCI, Cádiz con 31 y cinco en UCI, Jaén con 28 y tres en UCI y Huelva con 21 y tres en UCI.

De acuerdo con los datos de la Consejería de Salud y Familias, Andalucía ha registrado desde el inicio de la pandemia 801.402 casos confirmados --311 más en 24 horas-- y ha alcanzado las 11.182 muertes, ocho más. Por su parte, la cifra acumulada de hospitalizados sube hasta los 56.735, 77 más. La cifra de pacientes que han pasado por UCI alcanza los 6.206 --tres más--, y el número de curados es de 780.788, después de añadirse 3.559.

En cuanto a los datos provincializados acumulados, de los 11.182 fallecidos desde el inicio de la pandemia --ocho más--, Sevilla con 2.278 se mantiene como la provincia con más muertes, seguida por Málaga con 1.956 --dos más--, Granada con 1.864 --dos más--, Cádiz con 1.603 --tres más--, Jaén con 1.079 --dos más--, Córdoba con 1.067, Almería con 923 y Huelva con 412.

Por su parte, los casos confirmados por PCR o test rápidos de antígenos alcanzan los 801.402 desde el inicio de la pandemia --311 más--, liderados por Sevilla con 175.636 --110 más--, seguida de Málaga con 154.014 --93 más--, Cádiz con 112.330 --16 más--, Granada con 108.717 --19 más--, Córdoba con 72.020 --15 más--, Almería con 69.637 --36 más--, Jaén con 63.850 --cuatro más-- y Huelva con 45.198 --18 más--.

Los casos acumulados de coronavirus que han requerido hospitalización son 56.735 --77 más--, con Sevilla a la cabeza con 12.785 --18 más--, seguida de Málaga con 10.419 --trece más--, Granada con 9.151 --siete más--, Cádiz con 6.690 --quince más--, Córdoba con 5.298 --doce más--, Jaén con 5.190 --tres más--, Almería con 4.412 --cinco más-- y Huelva con 2.790 --cuatro más--.

De ellos, 6.206 han pasado por la UCI en Andalucía --tres más--, con la provincia de Sevilla a la cabeza con 1.239, seguida de Granada con 1.167, Málaga con 1.004 --uno más--, Almería con 752, Cádiz con 685, Córdoba con 657, Jaén con 490 --dos más-- y Huelva con 212.

La cifra de curados alcanza los 780.788 en toda la región, 2.647 más en 24 horas, con Sevilla a la cabeza con 169.887 --723 más--, seguida de Málaga con 150.896 --488 más--, Cádiz con 109.333 --321 más--, Granada con 106.037 --278 más--, Córdoba con 70.513 --186 más--, Almería con 67.604 --244 más--, Jaén con 62.759 --188 más-- y Huelva con 43.759 --219 más--.

Según los datos consultados en el Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía (IECA), la incidencia acumulada en los últimos 14 días se sitúa de media en la región en 57,2 casos por cada 100.000 habitantes, con la provincia de Almería a la cabeza con 95,5. Detrás se sitúan Huelva con 69,8; seguida de Málaga con 64,8; Sevilla con 61,1; Granada con 46,5; Cádiz con 35,4; Córdoba con 31 y Jaén con 29,9.

LA TASA ANDALUZA, 8 PUNTOS INFERIOR A LA NACIONAL

Atendiendo a los datos difundidos este martes por el Ministerio de Sanidad, Andalucía ha registrado 4.611 casos en los últimos 14 días con una tasa de 54,48 nuevos contagios por cada 100.000 habitantes --por debajo de la media nacional de 62,58-- y 1.885 en los últimos siete días con una tasa de 22,27, inferior a la nacional de 27,58.

El Gobierno contabiliza 377 pacientes covid en hospitales andaluces, con una ocupación del 2,12% de camas, inferior a la media nacional, situada en el 2,36%, y 102 en UCI, que registran una ocupación del 5,50% de las camas, inferior a la media nacional de 8,47%. Además, registra 45 ingresos por covid en las últimas 24 horas y 46 altas.

El consejero de Presidencia, Justicia e Interior de la Comunidad de Madrid, Enrique López, considera que no es el momento de abrir el debate lanzado por el presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, de descentralización de instituciones, que a su juicio supondría "confrontar y enfrentar a territorios".

"Es el momento de unirnos para poder salir lo antes posible de esta crisis sanitaria del Covid y la crisis económica en la que tenemos que estar todos juntos y no dividir. Sánchez está usando la división y polarización como arma política y por eso se lleva tan bien con los independentistas, los filoterroristas y los herederos de ETA, precisamente con aquellos que no quieren España; y se lleva muy mal con aquellos que queremos a España", ha indicado.

Para el consejero de Presidencia, el presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, "traslada la obsesión que tiene con Isabel Díaz Ayuso y el Gobierno regional a los madrileños y los madrileños lo han trasladado a él lo que piensan el 4 de mayo".

"Sánchez se implicó en esa campaña electoral y tuvo que salir por pies porque vio rápidamente que los madrileños no le quieren, como gran parte de los españoles", ha añadido este mediodía tras participar en la entrega de los premios a la Excelencia de la Economía Social Madrileña que otorga la Agrupación de Sociedades Laborales de Madrid.

El consejero ha insistido en que el presidente del Gobierno de España "tiene manía a Madrid" y que esto es previo a sus declaraciones sobre la descentralización de instituciones y su posible traslado a otros puntos de España para combatir la despoblación.

Enrique López ha apostillado además que Sánchez "no haya puesto el ejemplo más feliz" aludiendo a la sede del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). "La Ley orgánica del Poder Judicial es la que determina dónde radica este órgano y dice que estará en la Villa de Madrid y para cambiar su sede hay que cambiar la ley; estas leyes de que tanto huye Sánchez", ha explicado.

El expresidente del Consejo Europeo y de Polonia, Donald Tusk, ha alertado este martes contra los populismos en Europa y ha animado al líder del PP, Pablo Casado, a ganar las próximas elecciones generales "por el bien" de España y de Europa. "Tú puedes hacerlo", le ha espetado.

Tusk ha participado en la segunda jornada de la Convención Nacional del PP que se celebra en Valladolid bajo el título general 'Nación y sociedad abierta', donde ha pronunciado un discurso en castellano que, según ha dicho, espera que "no sea el último".

El expresidente de Polonia ha hecho hincapié en lo "inestable" que es hoy el panorama político europeo y ha subrayado que "la presión de las fuerzas radicales de izquierda y derecha es omnipresente". Es más, ha señalado que China se está convirtiendo en "un competidor cada vez más serio de los Estados Unidos y aspira al papel de líder global", al tiempo que no faltan los que quieren "debilitar las relaciones transatlánticas".

EL POPULISMO DE IZQUIERDAS Y DE DERECHAS

Tras asegurar que hay que restaurar la confianza de los ciudadanos en la política entendida como el arte de resolver los problemas, ha alertado contra el populismo de izquierdas y de derechas, que no apuesta por construir ni por el consenso sino por "el caos" y "el conflicto". "No hay mucha diferencia entre la derecha radical en Polonia y la izquierda radical en España", ha manifestado, para añadir que "actúan de formar similar y recurren a métodos semejantes".

Tusk ha recordado que antes de abandonar su cargo al frente del Consejo Europeo habló "largo y tendido" con el Papa Francisco sobre los peligros del renovado auge del nacionalismo y del populismo. A su entender, los gobiernos populistas "son casi sin excepción corruptos hasta la médula". "Se parece a las cleptocracias del Este, en las que el Estado es quien está detrás de la corrupción", ha manifestado.

Además, el expresidente de Polonia ha señalado que el "espíritu de la época favorece" a los populismos y ha añadido que para un ciudadano de a pie "resulta cada vez más difícil distinguir la verdad de la mentira".

"VOX Y LA IZQUIERDA RADICAL"

A renglón seguido, ha asegurado que en esta época de cambios radicales, con la revolución tecnológica o la pandemia, se necesitan formaciones estableces como el PP de España y líderes como Pablo Casado.

"Habéis conseguido en estos tiempos tan difíciles para todos devolver la esperanza a los españoles de que su futuro no dependerá del resultado del enfrentamiento entre Vox y la izquierda radical y que pueden contar contigo y tu partido, con eficacia, serenidad y decencia", ha manifestado.

Tusl ha señalado que Casado es "la esperanza de la política europea" porque "no acepta las profecías del declive de occidente ni el triunfo de los extremistas". "Es la muestra de lo que significa un buen liderazgo en tiempo difíciles", ha enfatizado, para añadir que Ortega y Gasset era "demasiado pesimista".

El expresidente del Consejo Europeo ha señalado que el centro derecha europeo necesita líderes "audaces, pragmáticos, jóvenes, fuertes y con la mirada puesta en el futuro", como el primer ministro griego, Kyriakos Mitsotakis, el canciller austríaco, Sebastian Kurtz, o Pablo Casado.

PALABRAS DE ELOGIO TAMBIÉN DE TAJANI

Dicho esto, Donadl Tusk ha concluido con una petición a Casado, ya en inglés: "Pablo, please, win the elections: for the good of our party for the good of Spain, for the good of Europe. I know you. You can do it".

También el expresidente del Parlamento Europeo Antonio Tajani ha tenido palabras de elogio para Pablo Casado durante su charla con el presidente de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco. "Serás uno de los líderes europeos de los próximos años, porque hace falta una política europea y sin líderes no ganamos".

En su intervención Casado ha elogiado la trayectoria política de Tusk, que desde joven "se jugó su vida para defender las libertades" y dio un "ejemplo de lo que Polonia reclamaba a gritos al mundo" con la caída del telón de acero que había "sumido en la miseria a media Europa y medio mundo".

"Frente al comunismo, defendió la democracia, la libre empresa y la libertad de prensa", ha destacado, para añadir que después como líder del Partido Popular Polaco, la Plataforma Cívica, ha venido defendiendo la moderación y los principios liberales y demócratas cristianos frente a los "populismos radicales" que es lo que ahora le han hecho volver a la política nacional de su país.

El Consejo Rector del IVAM, presidido por el conseller de Educación, Cultura y Deporte, Vicent Marzà, ha aprobado la adquisición de obras de arte por un valor de 1.053.741 euros, para ampliar su colección con trabajos de 22 artistas "incorporando la perspectiva de género y apostando por lo local".

Con estas piezas, el museo valenciano enriquece su colección con pinturas, esculturas, instalaciones, fotografías y dibujos realizados, en su mayoría, por mujeres y artistas locales, ha explicado la Generalitat en un comunicado.

Se trata de un total de 40 obras de 22 artistas (16 mujeres, dos personas de género no binario y cuatro hombres), que ha contado con el dictamen favorable previo del consejo asesor.

El listado incluye trabajos de Ana Penyas (València, 1987), Gabriela Kraviez (Buenos Aires, 1965), Berta Cáccamo (Vigo, 1963- 2018), Amparo Tormo (València, 1965), Ludovica Carbotta (Turín, 1982), Lola Lasurt (Barcelona, 1983), Azucena Vieites (Hernani, 1967), Paz Errázuriz (Santiago de Chile, 1944), June Crespo (Pamplona, 1982), Eulàlia Grau (Tarrasa, 1946), Miguel Benlloch (Loja, 1954 - Sevilla, 2018) y Rosana Antolí (Alcoi, 1981), entre otros.

La directora del IVAM, Nuria Enguita, ha destacado que "las obras responden a una serie de líneas que acompañan los ejes del museo para los próximos años, entre ellas: abordar las exclusiones, que no son solo de género, sino también de raza y clase; apostar por el contexto local, y establecer diálogos con otros contextos que nos afectan".

"Nuestra estrategia es pensar la colección desde esa perspectiva para ir retejiendo relatos y prácticas diversas. En esa línea se enmarca la adquisición de estas 40 obras", ha explicado.

ARTISTAS

El museo refuerza así la presencia de mujeres artistas en su colección, algunas pertenecientes a una nueva generación como June Crespo o Ludovica Carbotta; representantes de la pintura de los años noventa, como Berta Cáccamoy; otras personas autoproclamadas de género no binario como la sudafricana Zanele Muholi, reconocida internacionalmente por sus imágenes dedicadas a narrar las historias vitales de lesbianas, gays, bisexuales, trans, queer e intersexuales negros de su país, o Miguel Benlloch, artista, activista y poeta de origen valenciano.

De Muholi el IVAM añade a su colección cinco fotografías pertenecientes a una de sus series más impactantes, 'Somnyama Ngonyama'. Se trata de autorretratos en los que Muholi aborda cuestiones de raza y representación utilizando materiales cotidianos como estropajos y guantes de látex, que convierte en disfraces con una elevada carga política.

La valenciana Ana Penyas, Premio Nacional de Cómic 2018, es otra de las mujeres que entra a formar parte de la colección del IVAM con 'Todo bajo el sol (2020)', un conjunto de 148 dibujos en los que retrata el impacto del turismo y la especulación urbanística a partir de los años sesenta. El IVAM, además, suma a su colección obras de artistas de la Comunitat Valenciana como Amparo Tormo, Jorge Peris, Xisco Mensua, Manuel Boix o Rosana Antolí.

El museo también adquiere una pintura de Sarah Grilo (Buenos Aires, 1919-2007), una creadora que, motivada por el arte callejero y la energía del graffiti, desarrolló un lenguaje propio dentro del expresionismo abstracto, fusionando métodos como el goteo o las superficies coloridas de la pintura de acción, con símbolos, escrituras y garabatos.

Estas compras suponen la oportunidad de añadir a la colección proyectos específicos encargados por el propio museo, obras e instalaciones de Asunción Molinos Gordo, Lola Lasurt i Jorge Peris, que se han expuesto recientemente en el IVAM.

El IVAM ha destacado la compra de obras de autores imprescindibles como Isidoro Valcárcel Medina, Premio Nacional de Artes Plásticas en 2007, Medalla de Oro a las Bellas Artes en 2014 y Premio Velázquez de 2015, y Àngels Ribé, una de las artistas más significativas de las prácticas conceptuales en Cataluña y Premio Nacional de Artes Plásticas en 2019.

Estas piezas refuerzan una de las líneas actuales de trabajo del museo que se centra en la reflexión conceptual y crítica sobre la sociedad, el desarrollo de los medios de masas y las relaciones de lo público y lo privado en el espacio de la ciudad.

La exdoctora Noelia de Mingo ha iniciado una huelga de hambre en el psiquiátrico penitenciario de la cárcel de Fontcalent, en Alicante, donde reingresó el pasado miércoles tras la agresión múltiple que realizó en el municipio madrileño de El Molar, han confirmado fuentes sindicales. A Instituciones Penitenciarias no le consta dicha huelga de hambre, dado que se tendría que comunicar a la dirección del centro penitenciario.

Hace una semana, la exmédica sufría un nuevo episodio violento como consecuencia de la esquizofrenia paranoide que padece tras agredir con un cuchillo a dos mujeres en la localidad donde residía junto a su madre, de 80 años. Se encontraba en libertad provisional de su condena por el asesinato en 2003 de tres personas en la Fundación Jiménez Díaz y bajo custodia familiar.

Tras su detención, la jueza de Instrucción número 2 de Alcobendas ordenaba su ingreso en prisión provisional comunicada y sin fianza de por la presunta comisión de un delito de homicidio en grado de tentativa y atentado a agente de la autoridad. La magistrada ordenó que fuera derivada a la unidad psiquiátrica de la cárcel de Estremera, siendo trasladada al penitenciario de Fontcalent.

La exdoctora fue condenada en 2006 a veinticinco años de reclusión en centro psiquiátrico como responsable de la muerte de tres personas en la Fundación Jiménez Díaz tres años antes.

En octubre de 2017, la Audiencia Provincial de Madrid, a solicitud del juzgado de vigilancia penitenciaria de Alicante y con el informe favorable del Ministerio fiscal, sustituyó el internamiento en centro psiquiátrico por el tratamiento ambulatorio y la custodia familiar.

Lo hizo a la luz de los diferentes informes clínico-forenses, coincidentes todos ellos en la situación de estabilidad de la enferma, en la realidad de que no había vuelto a presentar episodio alguno de descompensación, y ante el hecho de que era plenamente consciente de su enfermedad, de los síntomas que podían descompensarle el curso de su dolencia y la conciencia del daño que había causado.

No obstante, la Audiencia condicionó el tratamiento ambulatorio a que la afectada se sometiera hasta el fin de la reclusión al control, al principio quincenal, de psiquiatría del Hospital Infanta Sofía, de San Sebastián de los Reyes, a la supervisión de los médicos forenses de la propia Audiencia Provincial y al compromiso adquirido por la familia de dar cuenta al tribunal y al especialista clínico de la aparición de síntomas de descompensación en la enferma.

Transcurridos cuatro años desde entonces, el último informe facilitado por los médicos del Hospital Infanta Sofía tiene fecha del pasado día 3 de septiembre. Los médicos que atendieron a Noelia de Mingo concluyeron que a esa fecha la paciente "no presenta descompensación psicótica" y señalan que ha acudido puntual a la administración de la medicación, el antipsicótico que los médicos le han recetado y que se le pone cada cuatro semanas.

En idénticos términos se había pronunciado días antes el Instituto de Medicina Legal de Madrid. Con fecha de 2 de julio de 2021, el Servicio de Especialidades Psiquiatría Forense aclaraba en su informe que Noelia de Mingo "padece una enfermedad grave de curso crónico de la que en la actualidad no presenta sintomatología psicótica activa".

En la misma línea el informe recoge que la paciente había presentado justificante de la inyección mensual de antipsicóticos con que la tratan los psiquiatras del Hospital Infanta Sofía y la emplazan para una nueva valoración en un periodo de tres meses.

La asociación Foro Judicial Independiente (FJI) ha criticado este martes la proposición de ley planteada por el PP para reformar el sistema de elección del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) porque, a su juicio, "sustituir el control de los partidos políticos por el control de las asociaciones judiciales es justo lo contrario a una solución".

FJI se ha expresado así después de que el PSOE, Podemos y sus socios tumbasen este lunes en el Congreso de los Diputados la reforma planteada por los 'populares', que si contó con el apoyo de Vox. La asociación considera que el sistema propuesto por el PP "favorece claramente a las asociaciones judiciales sobre los jueces no asociados, que son casi la mitad de la carrera".

"Y dentro de las asociaciones, el sistema propuesto favorece a las asociaciones mayoritarias. Si esta reforma saliese adelante, es fácil anticipar que todos los vocales pertenecerían a éstas. Es necesario un sistema que garantice la pluralidad proporcional en su composición", han destacado.

En esta línea, FJI cree que la "reforma propuesta por el PP se olvida de algo esencial", y es que "el problema del CGPJ no es únicamente la elección parlamentaria de todos los vocales, sino, también y de forma muy significativa, los nombramientos discrecionales que hace el propio CGPJ".

"La evaluación de los méritos de los candidatos a tales nombramientos debe ser objetiva, sí, pero además debería ser individualizada; y respecto de todos los candidatos, no solo del candidato seleccionado, como se hace en la actualidad. Nada se dice de esto. Además, los propios méritos deberían ser objetivos, y esto se obvia", han lamentado.

UNA REFORMA "TIBIA" QUE NO ABORDA LA POLITIZACIÓN DE LA JUSTICIA

En esta línea, la asociación cree que "la propuesta sigue dejando que sea el propio CGPJ quien fije los méritos para cada convocatoria, lo que no cumple con las exigencias europeas". Así, recuerda, "Europa reclama que los méritos sean objetivos y que estén fijados por ley". "Es decir, hay que otorgar este poder al Parlamento, sacarlo del CGPJ. Y seguir considerando entre esos méritos el tiempo que el juez ha estado en política, no es razonable", añaden.

Por último, desde FJI señalan que "no se elimina la figura del magistrado autonómico, que permanece intacta". Tampoco "se tocan las puertas giratorias", que califican como "la zanahoria con la que la clase política tienta a los jueces".

En definitiva, la asociación de jueces considera la propuesta del partido liderado por Pablo Casado como una "reforma tibia que no toca los aspectos claves de la politización de la Justicia y que, por tanto, no va a acabar con ésta". "De hecho, si se consumase tal cual, acabaría definitivamente con el prestigio del poder judicial", apuntan.

Con todo, FJI deja claro que seguirán "debatiendo con todas las fuerzas políticas, incluido el PP, la mejor forma de proceder a estas esenciales e ineludibles reformas".

El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA), mediante el Fondo Español de Garantía Agraria (FEGA), ha puesto en marcha la segunda fase del programa 2021 de ayuda alimentaria a las personas más desfavorecidas por el que repartirá 40.194.446 kilos/litros de alimentos.

Según ha informado el MAPA en un comunicado, el volumen de alimentos recogidos en la segunda fase supone el 60% del total del programa y se desarrollará del 13 de septiembre al 1 de octubre.

El programa está cofinanciado un 85% por el Fondo de Ayuda Europea para las Personas más Desfavorecidas (FEAD) y un 15% por el Estado.

El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, a través del FEGA, se encarga de comprar los alimentos mediante un procedimiento de licitación pública. Además, participan en la gestión los ministerios de Derechos Sociales y Agenda 2030, y de Trabajo y Economía Social.

El programa 2021 consta de dos fases de suministro y supone ladistribución en el conjunto del año de 63,8 millones de kilos/litros de alimentos.

Los productos se entregan en todas las provincias de España y se reparten a través de los bancos de alimentos, así como de los centros provinciales de Cruz Roja, quienes a su vez distribuyen entre unas 5.600 organizaciones asociadas de reparto, beneficiando a aproximadamente 1,5 millones de personas.

Los alimentos distribuidos son de carácter básico, poco perecederos, de fácil transporte y almacenamiento. En este sentido, el MAPA ha destacado que en esta segunda fase se repartirán de forma gratuita alimentos de calidad y de primera necesidad como arroz blanco, garbanzos cocidos, atún en conserva, pasta alimenticia, tomate frito, galletas, macedonia de verduras, cacao soluble, tarritos infantiles de fruta yde pollo, leche entera UHT y aceite de oliva.

La Sección Tercera del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) ha condenado a España a indemnizar con 9.600 euros en concepto de "daño moral" a un exempleado de un banco que impugnó la legalidad de un despido colectivo al considerar que en los tribunales españoles se vulneró su derecho a un proceso equitativo, contemplado en la Convención Europea de Derechos Humanos. El Estado deberá abonar la suma en un plazo de tres meses.

En una resolución emitida este martes, los magistrados han concluido que "la forma más adecuada" de alivio sería --siempre que así lo solicite el demandante-- la revisión del procedimiento de conformidad a lo establecido en el acuerdo europeo.

El tribunal ha estimado oportuno "otorgar al demandante la suma de 9.600 euros por daño moral, más toda cantidad que pueda adeudar como impuesto sobre esta suma". El demandante reclamaba una indemnización de 30.000 euros.

El caso, denominado Domenech Figueroa contra España, se refiere a un proceso civil iniciado para impugnar la legalidad del despido colectivo implementado por su empleador. El demandante alegó que los tribunales españoles habían un error que posteriormente dio lugar a la inadmisibilidad del recurso casación que interpuso ante el Tribunal Supremo, por lo que considera que le fue privado su derecho de acceso al tribunal de máxima instancia.

ERROR DE UN JUZGADO DE MÁLAGA

Según se relata en la sentencia, el solicitante trabajaba en un establecimiento bancario y ante el anuncio del cierre de todas las sucursales decidió unirse voluntariamente al despido colectivo pactado con la empresa. Sin embargo, finalmente se acordó que no cerraría ninguna sucursal y el demandante inició un procedimiento civil ordinario para solicitar la nulidad de su afiliación al plan de despido colectivo y, subsidiariamente, la indemnización del daño sufrido.

El 23 de septiembre de 2015 el Juzgado de lo Social Número 13 de Málaga desestimó la petición del demandante y declaró erróneamente que el solicitante había retirado su solicitud de nulidad y que había mantenido la reclamación de indemnización hecha en forma alternativa. En enero de 2016, el Juzgado corrigió el error.

NEGATIVA DEL TSJ ANDALUZ

El demandante interpuso recurso con la intención de que se declarara nula su participación en el despido colectivo para luego ser reincorporado en su cargo. En enero de 2017, el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Andalucía desestimó la apelación y cometió el mismo error que el Juzgado de lo Social. Rechazó la solicitud de rectificación del demandante y aseguró que el error no era imputable al tribunal.

Posteriormente, el demandante alegó que la resolución del TSJ andaluz entraba en contradicción con sentencias dictadas por TSJ de otras comunidades autónomas. El recurso de casación fue declarado improcedente por el Tribunal Supremo. Ante tal respuesta, acudió al Tribunal Constitucional, pero en mayo de 2018 este declaró inadmisible el recurso de amparo por considerar que no tenía relevancia constitucional especial.

ÚLTIMA INSTANCIA

En última instancia, llevó el caso al TEDH. Allí el Gobierno, a través de la Abogacía del Estado, alegó que TSJ de Andalucía concluyó que el demandante había elegido un "procedimiento judicial inadecuado para formular su solicitud de nulidad".

El tribunal de Estrasburgo ha reiterado que no le corresponde pronunciarse sobre los errores de derecho presuntamente cometidos por el TSJ andaluz, "salvo error manifiesto de apreciación de vulneración de los derechos y libertades amparados por la Convención" Europea de Derechos Humanos.

En este caso, el TEDH considera que "el error cometido por el tribunal interno tuvo el efecto de privar al solicitante del acceso al Tribunal Supremo".

Un acusado de un delito de odio y amenazas contra dos mujeres por su condición sexual ha alegado en el juicio celebrado en la Audiencia Provincial de Madrid ser homosexual para negar los insultos con sesgo homófobo por los que se ha sentado en el banquillo.

"Ellas sabían que era homosexual. Me costó mucho salir del armario para que me acusen de homófobo", ha aseverado ante el tribunal, una condición sobre la que sus víctimas aseguran que desconocían y que incluso ponen en duda ante los graves insultos recibidos.

Las víctimas han relatado el violento episodio vivido el 6 de octubre de 2017 junto a su hija en un supermercado cuando el acusado, un vecino al que conocían solo de saludar en el rellano, les profirió insultos por su condición sexual, incluyendo amenazas.

Por estos hechos, la fiscal solicita dos años de cárcel para Ismael A. R. por la comisión de un delito contra los derechos fundamentales y otro delito de amenazas.

En las conclusiones finales, la representante del Ministerio Público ha aseverado que ratifica la solicitud de pena al considerar que este tipo de conductas no pueden quedar impunes y están amparadas en el artículo 510 del Código Penal, que regula los delitos de odio. La defensa ha solicitado la libre absolución.

En su declaración, el joven ha narrado que eran vecinos y que el incidente se produjo a raíz de que las mujeres le llamaran la atención después de que escupiera antes de entrar en un supermercado. Según su relato, la hija de las afectadas se le cruzó y una de las mujeres la apartó llamándole supuestamente "asqueroso".

"Me sentí frustrado y las insulté. Me llamaron maricón y marroquí. Nos insultamos. Ellas sabían que yo era homosexual. No soy homófobo. Me ha costado mucho salir del armario con mis padres para que me acusen de homófobo", ha aseverado.

En su turno, una de las víctimas ha explicado que nada más entrar en el supermercado, el acusado les escupió a los pies "de sopetón" sin venir a cuento. En un momento, su hija se despistó y una de ellas comentó a la niña que no se acercara al hombre.

"Empezó a gritarnos y a decir barbaridades y obscenidades delante de la niña. Nos sentimos denigradas y atemorizadas por este señor", ha asegurado Ana A. a preguntas de la fiscal. De igual modo, su pareja ha relatado los insultos que recibieron.

Las afectadas han comentado a su salida que han querido llegar hasta el final porque los hechos se produjeron delante de la menor y para que esto no le vuelva a suceder a otras personas.

CONTRA SU INTEGRIDAD

El fiscal afirma en su escrito, que el acusado profirió amenazas e insultos en el interior de una tienda, como "lesbiana de mierda", hacia una mujer que residía en su mismo inmueble y delante de su hija de dos años de edad.

Según se recoge, el 6 de octubre de 2017 I. A. R. entró en un establecimiento comercial de Madrid donde coincidió con A. A. V. y S. P. S. J. que se encontraban en ese momento en dicho local comprando junto a su hija menor de 2 años y a quienes conocía por vivir en el mismo inmueble, "constándole que aquellas eran pareja sentimental".

El acusado, "con ánimo evidente de menospreciar, humillar y atentar a la dignidad de las mismas", se dirigió a A. A. V. y le espetó: "hija de puta, déjate de cambiar el corte de pelo que ya sabemos todos lo que eres, que sí, que eres una hija de puta, y que a ti lo que te hace falta es que te metan una polla bien grande que estas falta de eso, lesbiana de mierda y sal fuera que te vas a enterar".

La actitud adoptada por el acusado motivó que fuera invitado a abandonar el establecimiento; si bien, antes de irse se dirigió a los dos mujeres y les dijo: "sé dónde vivís, os espero a la salida para que os enteréis, sino ya os pillaré en el portal, os vais a cagar, sois más macho que cualquiera". Ello motivó que llamaran a la Policía "al sentirse atemorizadas por la naturaleza de las expresiones".

Andalucía ha administrado hasta este lunes 27 de septiembre un total de 12.773.094 dosis de la vacuna contra la covid-19 --17.962 más en un día--, y un total de 6.635.506 andaluces cuentan con la pauta vacunal completa --12.852 más--, mientras que 6.820.834 ya tienen al menos una dosis.

Según indica el parte de coronavirus de la Junta de Andalucía, con estas cifras la región tiene al 78,2% de la población con la pauta vacunal completa, y al 88,8% de los mayores de 12 años, mientras que el 80,5% de la población y el 91,4% de los mayores de 12 años ha recibido la primera dosis.

Según datos del Plan Estratégico de Vacunación de la Consejería de Salud y Familias de la Junta de Andalucía, "el 100%" de los andaluces mayores de 60 años cuentan con las dos dosis de la vacuna. En cuanto al resto de grupos de edad, el grupo de las personas de 50 a 59 años se encuentra al 95,1% en relación a la pauta vacunal completa; de 40 a 49 años, el 90,1% al menos una vacuna y el 88,6% completa; de 30 a 39 años, el 81,1% tiene al menos una dosis y el 77,9% las dos; de 20 a 29 años, el 81,6% tiene una dosis y el 77,1% la pauta completa; de 12 a 19 años, el 86,6% tiene al menos una dosis y el 80% ha completado la pauta.

Por provincias, en Sevilla se han administrado 2.972.010, y 1.540.293 personas han completado ya la pauta de la vacuna, mientras que en Málaga el total de dosis asciende hasta el momento a 2.417.662, y las personas con ambas inyecciones ya inoculadas son 1.245.556.

En Cádiz son 1.913.534 las vacunas administradas y las personas con la pauta completa suman 991.710; en Granada, 1.387.291 las administradas y 726.867 las personas con la pauta completa; y en Córdoba, 1.233.077 las dosis administradas y 637.684 las personas con la pauta completa de la vacuna.

El total de dosis administradas en Almería es de 1.087.315 y 564.429 personas han completado la pauta; en Jaén es 981.226, con 513.469 personas con la pauta completa; y en Huelva 780.979 son las dosis administradas y 415.498 los inmunizados.

La consejera de Salud, Sara Alba, ha indicado que su departamento planteará este miércoles en la reunión del Consejo de Gobierno pasar el nivel 1 del Plan de Medidas según Indicadores. Además, propondrá la apertura al 75 por ciento de aforo del ocio nocturno, con uso de la pista de baile portando mascarilla.

Alba ha informado de estas dos cuestiones en una comparecencia de prensa, en la que ha analizado la campaña de vacunación frente al COVID-19 en La Rioja así como la actual situación epidemiológica. En ambos casos han señalado que se avanza de manera positiva, hasta el punto de señalar que "la pandemia dista mucho de situaciones que hemos vivido anteriormente".

Es por ello, que ha justificado la propuesta que se abordará en el Consejo Gobierno de este miércoles, que pasa por situar a La Rioja en el nivel 1, y que en el "apartado de las discotecas y locales de ocio nocturno, que en la actualidad disponen de un límite horario hasta las dos de la madrugada, ahora se ajuste el horario a la licencia correspondiente de cada establecimiento".

Además, se establece un aforo del 75 por ciento "siempre garantizando que se respeten las medidas de higiene y de prevención". También se permitirá el consumo en barra, así como la apertura de la pista de baile con mascarilla. Estas medidas ha anunciado que se han trasladado al propio sector.

Alba ha explicado que se propone que los congresos, encuentros, reuniones de negocios, conferencias o seminarios "puedan celebrarse sin restricciones de aforo", que se extiende también a cines, teatros, circos u auditorios".

De hecho, ha apuntado que la incidencia del coronavirus "sigue disminuyendo tras el descenso iniciado en el mes de agosto, tanto en la población en general, como en las personas mayores de 65 años", con una "incidencia menor en La Rioja con respecto a la media nacional". También ha señalado que la positividad "sigue descendiendo", sin estar en ninguna zona de salud "por encima del 10 por ciento".

Sobre los brotes activos en el ámbito social, Alba ha indicado que "son los vínculos familiares siguen ocupando el primer lugar en el número de brotes y en el número de casos". También ha resaltado que la presión hospitalaria "se mantiene baja".

Podemos ha lamentado que el PSOE "se alinee con PP y Vox y rechace aumentar la protección del Mar Menor convirtiéndolo en un Parque Regional". Así, el diputado murciano y coordinador autonómico de Podemos, Javier Sánchez Serna, ha defendido en el Congreso de los Diputados "dotar a la laguna de la mayor protección e implantar una tasa a las multinacionales del agronegocio y a las grandes explotaciones ganaderas, destinada a inversiones para recuperar el Mar Menor".

Este Proposición No de Ley incluía una batería de medidas a corto, medio y largo plazo para recuperar este ecosistema y de haber sido aprobada, "hubiese supuesto dar los primeros pasos para la declaración del Parque Regional".

Sin embargo, el PSOE "ha optado por reeditar el pacto del nitrato para impedir que se tomen estas medidas, tal y como ya hizo en la Asamblea Regional al aprobar la Ley de Recuperación y Protección del Mar Menor que permitía continuar con los vertidos del agronegocio".

Sánchez Serna ha lamentado, además, que "ninguno de los diputados murcianos del PSOE haya acudido al Congreso a dar la cara y debatir esta propuesta".

"Frente a las amenazas de los nitratos del agronegocio, el urbanismo salvaje o los residuos mineros, que se ciernen sobre el Mar Menor", el diputado de Unidas Podemos ha apostado por la creación de un "escudo protector único", una herramienta que "obligue a actuar ya" a un Gobierno regional "cómplice, que ha hecho de la dejación de funciones toda una estrategia política".

En la PNL debatida, Unidas Podemos también proponía una moratoria indefinida del uso de fertilizantes en el entorno del Mar Menor, ya que "la modificación que ahora ha aprobado el Gobierno regional para prohibir su uso se limita a un plazo de dos años, cuando todos sabemos que los problemas del Mar Menor van a tardar décadas en resolverse".

Además, Sánchez Serna ha mostrado su convicción de que el Ejecutivo autonómico "tampoco tiene ninguna intención de cumplir esa prohibición", algo que habría quedado evidenciado tras "la purga vivida en la Consejería de Agricultura y Medio Ambiente, de la que han despedido a una treintena de técnicos".

Además de aumentar la protección medioambiental al litoral del Mar Menor, la propuesta de Unidas Podemos también aborda la necesidad contar con más ayudas que "potencien una agricultura ordenada, compatible con la regeneración de la laguna salada, para lo que han solicitado que la comarca del campo de Cartagena sea considerada "una región prioritaria a la hora de repartir las ayudas de la PAC".

El diputado ha insistido en que su formación "apuesta por la agricultura y garantizar un futuro para los pequeños y medianos agricultores que pasa necesariamente por ir de la mano de un modelo agrovoltaico, que combine una producción sostenible con la producción de energía fotovoltaica". "Lo que no tiene ningún futuro es el modelo actual puramente extractivo y contaminante de algunas multinacionales", ha aclarado.

Por último, el diputado de Unidas Podemos ha recordado que las leyes ambientales y de protección a la naturaleza "siempre se han regido por el principio de que quien contamina, paga".

Puesto que el Mar Menor "necesitará una inversión millonaria y sostenida durante décadas para poder recuperarse", Sánchez Serna ha reclamado que sean "las multinacionales que lo han contaminado y herido de muerte" las que "paguen la factura.

Por eso, la PNL incluía una tasa a las multinacionales del agronegocio y a las grandes explotaciones ganaderas cuya recaudación "iría destinada a una partida finalista en los presupuestos del Estado, asegurando así que las inversiones llegasen al Mar Menor".

Otra parte de lo recaudado mediante esta tasa serviría para "compensar al sector turístico y al pequeño comercio de la comarca, mientras la agroindustria factura más de 8.000 millones de euros al año otros sectores pagan los platos rotos y se ven abocados a la ruina".

La propuesta de Unidas Podemos que tenía el apoyo de los grupos progresistas de la cámara se encontró, sin embargo, "con el voto en contra del PSOE, que impidió que la propuesta alcanzara la mayoría suficiente para ser aprobada".

Según el diputado Sánchez Serna, "resulta incomprensible que el PSOE vote junto a VOX rechazando la creación de un parque natural en el Mar Menor".

El concejal de Vox en el Ayuntamiento Fernando Martínez Vidal ha eliminado la foto de la vicealcaldesa, Begoña Villacís, con su bebé y le ha pedido disculpas en el Pleno.

"Si hay que pedir disculpas, no tengo problema", ha contestado el concejal de Vox, después de afirmar que en la imagen no se veía el rostro de la niña. "¿Se ha ofendido? Le he pedido disculpas y la he retirado. Le pido disculpas en público", ha manifestado en el Pleno de Cibeles.

La vicealcaldesa de Madrid, Begoña Villacís, ha definido como "lo más bajo" que ha visto la foto con su bebé al salir del hospital cuando dio a luz, tuiteada por el concejal de Vox tras el apoyo de Cs a la moción presentada sobre el aborto.

El Pleno de Cibeles ha aprobado este 28 de septiembre, día por un Aborto Legal y Seguro, aprobar la retirada de subvenciones públicas a entidades que acosen a mujeres en los entornos de las clínicas de interrupción del embarazo (IVE).

La proposición, presentada por Más Madrid, ha sido apoyada por PSOE, Grupo Mixto y Cs, después de que los 'naranja' consiguieran introducir una enmienda a favor de la libertad de conciencia de los médicos. PP y Vox han votado en contra.

Martínez Vidal ha empleado Twitter para atacar a la portavoz de Más Madrid, Rita Maestre, a la que ha acusado de ser la "asaltacapillas que ha conseguido que el Pleno municipal reconozca 'el derecho de toda mujer a ejercer su derecho al aborto en libertad' gracias al apoyo entusiasta de Begoña Villacís y un Ciudadanos sin norte".

En su turno de palabra, el delegado de Desarrollo Urbano, Mariano Fuentes, ha pedido la retirada del tuit. La misma posición ha tenido el socialista Ignacio Benito, que ha mostrado su apoyo a Villacís ante ese "tuit repugnante", fruto de "conductas que deberían estar erradicadas de la actividad política". La edil de Más Madrid Esther Gómez ha reprochado la "misoginia de Vox" y ha transmitido la solidaridad del grupo con Villacís.

El portavoz del Gobierno Vasco, Bingen Zupiria, ha mostrado su confianza en que la transferencia a Euskadi de la competencia sobre la gestión de las prisiones ubicadas en la comunidad autónoma se ejecutará "con normalidad" este próximo viernes, 1 de octubre, tras el acuerdo alcanzado con UGT en torno a las condiciones laborales del personal de estos centros.

Zupiria, en declaraciones a los periodistas tras la reunión semanal del Consejo de Gobierno, ha afirmado que "todo está listo" para que el Gobierno Vasco asuma esta competencia, recogida en el Estatuto de Autonomía de 1979.

El portavoz del Ejecutivo autonómico ha destacado que el diálogo entre los gobiernos central y vasco ha sido "permanente" en los últimos meses para poder llevar a cabo este traspaso competencial.

Además, ha manifestado que el acuerdo logrado este pasado lunes por el Gobierno Vasco y UGT "aclara", al menos durante el tiempo de vigencia del pacto, las cuestiones pendientes que existían en torno a las condiciones laborales que tendrá el personal de las prisiones vascas, una vez que pase a depender de la Administración autonómica.

INSERCIÓN LABORAL

Por otra parte, ha recordado que el Parlamento Vasco aprobará el próximo jueves el proyecto de ley del Gobierno autonómico para la constitución de una agencia destinada a facilitar la inserción laboral de las personas presas, una iniciativa a la que se añade un paquete de ayudas aprobado este martes por el Ejecutivo autonómico para contribuir a este mismo objetivo.

Por todo ello, y a falta de que se produzca finalmente el traspaso el próximo viernes, ha mostrado su confianza en que la transferencia a Euskadi de la gestión de las prisiones se realizará "con normalidad".

La Plataforma de la Infancia ha insistido en la necesidad de contar con un plan de contingencia para evitar las "grandes vulneraciones" de los derechos de los menores migrantes no acompañados en España. En concreto, ese plan debe garantizar la asistencia letrada de los menores migrantes, identificar a los más vulnerables y repartir recursos entre las comunidades autónomas.

"No solo las comunidades autónomas con cercanía de frontera deben asumir estas situaciones, las comunidades autónomas deben cambiar su rol de manera responsable. Los hechos graves que hemos visto en Ceuta no deberían volver a suceder", ha sentenciado el director de la Plataforma de la Infancia, Ricardo Ibarra Roca.

Así lo ha manifestado este martes, 28 de septiembre, el director de la plataforma durante su comparecencia en la Comisión de Derechos de la Infancia y Adolescencia, donde ha informado sobre la situación de los derechos de la infancia en la coyuntura presente.

La situación de contingencia, según ha explicado Ibarra, debe contemplar qué va a pasar con aquellos niños cuyo interés superior diga que tienen que quedarse en España porque la vuelta a su país sea contraria a sus intereses. "Hay niños que viven en entornos complicados en Ceuta, no tiene la capacidad para asumir una situación de estas envergaduras", ha lamentado.

Aunque ha denunciado las "grandes vulneraciones" de los derechos de los niños en España, ha celebrado que se resolviera el "problema enquistado" en Melilla con los menores en el sistema educativo, "pese a que se sabía que tenían residencia en Melilla", algo que "no debería haber pasado".

Ibarra se ha mostrado "muy contento" de que se haya generado un derecho de acceso a la educación en Melilla, pero ha criticado que los mayores de dieciséis años no tengan alternativa todavía dentro del sistema educativo. Así, ha instado a ofrecer garantías para que "esto no vuelva a pasar en el futuro" ante la "situación económica complicada" en Melilla, por lo que ha defendido que no sean solo las comunidades autónomas en fronteras las que "tienen que asumir situaciones excepcionales" ya que "no tienen esa capacidad de dotar de recursos suficientes a estos niños".

ESTRATEGIA INTEGRAL DE INFANCIA MIGRANTE

Asimismo, Ibarra ha reclamado "importantes medidas políticas efectivas más allá de situaciones coyunturales" y ha añadido que están trabajando en una estrategia integral de infancia migrante con el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, con el que colaboran para garantizar los sistemas de protección para que los menores no acompañados tengan "igualdad de oportunidades" a la hora de acceder al sistema laboral.

A pesar de que considera un "avance notable" el despliegue del Ingreso Mínimo Vital, ha matizado que tiene "problemas de configuración" en casos como las familias numerosas con cuatro hijos o familias jóvenes menores de 23 años: "Esperamos que en la tramitación parlamentaria del IMV esté el ánimo de cambiar y mejorar esta medida, que puede funcionar muy bien".

En la misma línea, el director de la plataforma ha detectado "carencias" en el diseño y el funcionamiento del IMV, debido a la "complejidad burocrática" y a la falta de participación del Tercer Sector. Además, ha añadido que "no debe menoscabar las ayudas existentes en las comunidades autónomas como está sucediendo".

Por otro lado, ha alertado del "brutal" impacto de la pandemia en la salud mental de la infancia, debido al confinamiento, la exposición a pantallas, el tiempo que han perdido en espacio de sociabilización o incluso la violencia física que hayan podido sufrir. "Creo que es muy positivo que empecemos a hablar con normalidad de la salud mental, que es algo que tenemos que dejar de menospreciar cuando hablamos de los problemas de los niños", ha dicho.

RETOS PENDIENTES EN LA SITUACIÓN DE LA INFANCIA

Tras la intervención del director de la Plataforma de la Infancia, la diputada del Grupo Parlamentario Socialista Uxía Tizón ha mostrado su preocupación por la situación de los menores en España y ha reconocido que quedan "retos pendientes" como la tasa de pobreza infantil o el abandono escolar. "Se debe trabajar sin descanso para que los niños disfruten de un presente cargado de futuro", ha dicho.

Por parte del Grupo Parlamentario Popular, José Ortiz Galván ha advertido de que los datos de pobreza infantil "son escalofriantes" y que España lidera la tasa de pobreza infantil en la Unión Europea, por lo que ha urgido a revisar el sistema de protección de la infancia. Sobre la educación de 0 a 3 años, ha apuntado que las familias con rentas altas son aquellos que el 62,3% escolarizan a sus hijos en esa franja de edad, frente al 23% en las familias con rentas bajas.

El diputado de Vox Pablo Juan Calvo ha hecho hincapié en que un aspecto "poco tratado" por es asociacionismo juvenil es la "violencia institucional" ya que, a su juicio, la institucionalización de una personas menor de edad "ya es una forma de violencia", por lo que ha apostado por "reducir al máximo" la estancia de los niños en los centros ya que sus vidas "muchas veces se truncan".

Para la diputada del Grupo Parlamentario Republicano María Carvalho Dantas, todas las enmiendas de la Plataforma de la Infancia "han sido imprescindibles" para la Ley de la Infancia, pero ha lamentado "que no se hayan aceptado todas y cada una de ellas". La diputada también ha agradecido a la plataforma por la escolarización de los niños en Melilla y ha destacado que continuarán "trabajando incansablemente" por los derechos del niño.

Desde el Grupo Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común han criticado los "episodios absolutamente despreciables" como los sucedidos con la escolarización en Melilla o la situación en cuenta y han advertido de que hay "retos legislativos pendientes" como el desarrollo de la Ley de Infancia.

En referencia a la situación de los menores en Melilla, el diputado de Ciudadanos Juan Ignacio López-Bas ha calificado de "lamentable" que haya tenido que intervenir la justicia ante la propia actuación del Gobierno: "Es evidente que el cumplimiento de la ley es la solución porque ante la situación de extranjería está la situación de la minoría de edad como un carácter prioritario".

FALTA DE ANÁLISIS DE LAS CONSECUENCIAS DEL COVID EN LOS NIÑOS

En la Comisión también ha participado el coordinador interno del Consejo de la Juventud de España, Ricardo Blázquez, quien ha manifestado que las consecuencias de la pandemia, que ha provocado "grandes cambios" en la vida diaria además de los cambios físicos y fisiológicos a los que sufrieron el virus, "se han analizado obviando a la infancia".

En este sentido, el coordinador del Consejo de la Juventud ha advertido de que la juventud ha sido el colectivo que "más ha hipotecado su vida" durante la pandemia, al tener que aislarse durante tres o cuatro meses cuando están en un proceso de sociabilización y de desarrollo de la personalidad.

Por su parte, el presidente de Justicia Poética, Mario Díez, ha criticado a los grupos parlamentarios por no "despojarse de sus siglas" por los intereses de los menores. "Los menores no entienden la batalla política, entienden de sus derechos y de que no puedan ejercitarlos", ha apostillado.

Precisamente, ha incidido en que "no es posible" ser abogado de un niño en España, algo de lo que, a su juicio, ha culpado al legislador: "Un niño inocente tiene cero derechos frente a los que tiene un criminal. En los juzgados cuando ves a niños que son ceros a la izquierda, que cuentan sus cosas temblando como una hoja y no hay manera de ejercitar sus derechos".

Por último, la secretaria de Familia y Derecho, Isabel Winkels, ha asegurado que la situación jurídica que alerta a las familias "es cada vez más compleja" y que una resolución "ágil y profesional" de conflictos de familia "evita muchos traspasos que se producen a violencia de género".

Una nueva patera con 14 personas a bordo localizada este martes cerca de la costa de Alicante ha elevado a 95 los migrantes rescatados en aguas de la provincia en apenas doce horas.

Se trata de la sexta embarcación que alcanza la costa alicantina y en esta ocasión son todos varones, argelinos y en aparente buen estado de salud, según han confirmado fuentes de Salvamento Marítimo y Cruz Roja.

La patera ha sido interceptada hacia las 11.36 horas de este martes y previamente había sido avistada por un pesquero. Se ha dado traslado a los migrantes al Puerto de Alicante para que sean atendidos por la Cruz Roja.

El resto de embarcaciones, con 81 inmigrantes a bordo, han sido localizadas entre las 22.30 horas del lunes y las 04.00 horas de este martes. Entre las personas rescatadas, la mayoría de origen argelino y sirio, hay once menores de edad, de ellos tres bebés, y dos mujeres embarazadas.

La primera fue interceptada a unos 160 kilómetros de la costa de Santa Pola con 23 personas, entre ellas 13 hombres, cuatro mujeres --una de ellas embarazada--, cinco niños y un bebé de siete meses.

Por su parte, la segunda ha sido localizada en tierra, en Benidorm, y se ha interceptado a 14 personas, en este caso todos varones y mayores de edad.

El resto de embarcaciones también han sido interceptadas en Benidorm con 46 personas, también con otra mujer embarazada en avanzado estado de gestación --de ocho meses-- que iba a bordo con sus cinco hijos, todos menores. La gestante ha sido trasladada al hospital.

Más de 4.500 voluntarios 'héroes LIBERA' han retirado más de 6,7 toneladas de residuos abandonados en la naturaleza --'basuraleza'-- en 258 puntos distribuidos por todo el litoral entre el 18 y el 26 de septiembre en el marco de la campaña '1 m2 por las playas y los mares', que desarrollan Ecoembes y SEO/BirLife en el marco de su Proyecto LIBERA.

En la quinta edición, la campaña ha vuelto a contar con el apoyo de la Fundación Reina Sofía, así como la participación directa de recogida de basuraleza de Su Majestad, que repite por cuarto año consecutivo como 'héroe LIBERA'.

Asimismo, durante esta edición han apoyado la iniciativa y han participado en ella Cruz Roja Española y la Red de Vigilantes Marinos, esta última movilizó a casi 800 buceadores voluntarios que retiraron 1,8 toneladas de residuos de los fondos marinos de 30 puntos del país.

La campaña comenzó el pasado 18 de septiembre, coincidiendo con el Día Internacional de Limpieza de Playas (World Clean Up Day) y finalizó el pasado domingo, 26 de septiembre, en varias jornadas de recogida, clasificación y categorización de residuos.

La basuraleza se caracteriza y registra a través de la aplicación móvil MARNOBA, desarrollada por la Asociación Vertidos Cero y KAI Marine Services.

Entre los objetos retirados destaca, una vez más, el gran número de colillas, latas de bebida, pajitas, cubiertos o vasos de plástico, seguido de piezas de vidrio y botellas de plástico. Todos estos datos serán incluidos en el 'Barómetro de la Basuraleza' que ya cuenta con 430.000 objetos caracterizados, y que serán enviados a la base de datos del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico de España (MITECO).

El coordinador del Proyecto LIBERA en SEO/BirdLife Miguel Muñoz, ha explicado que "la basuraleza en los entornos marinos es una triste realidad, que como se ha conocido recientemente en un estudio, llega hasta los pingüinos antárticos". Por ello, advierte que se debe "tomar conciencia" de las acciones que se realizan ya que estas pueden afectar a otros lugares del planeta.

En la misma línea, la coordinadora del Proyecto LIBERA en Ecoembes Sara Güemes, ha lamentado que la "quinta edición de '1m2 por las playas y los mares' pone de manifiesto el alto número de residuos que desafortunadamente se encuentran abandonados". Güemes ha agradecido, no obstante, el "gran compromiso de la ciudadanía con el planeta" y a la participación de "todos los voluntarios, organizaciones y asociaciones".

El director general de Política Lingüística y Multilingüismo de la Generalitat Valenciana, Rubén Trenzano, ha vuelto a negar en la Audiencia haber cometido algún tipo de irregularidad en ayudas concedidas a empresas de Francis Puig, hermano del presidente de la Generalitat, Ximo Puig, y ha asegurado que no lo conocía. También ha explicado que él firmaba lo que decían sus técnicos, con quienes tenía "confianza plena", y ha advertido de que se revisaron las subvenciones y no se vio nada ilegal.

Trenzano se ha sentado este martes en el banquillo de los acusados, en la Audiencia de Valencia, acusado por el PP --acusación popular-- de un delito de falsedad documental por el que le pide seis años de prisión. La Fiscalía, por su parte, no ve delito y reclama el sobreseimiento de las actuaciones, al igual que la defensa del acusado.

El ministerio público ve "mala fe" en la diputada popular Eva Ortiz con su querella y reclama la condena en costas para el PP. "Dar relevancia jurídico penal a esto me parece ridículo. Si Trenzano tuviera que revisar todas las actuaciones de los técnicos no tendría tiempo, tiene que poner a gente de confianza. No es un técnico en derecho", ha aseverado el fiscal en la exposición de sus conclusiones, en las que ha insistido en que no hay delito. Considera que ha habido una "persecución con fines políticos" probablemente "ilícitos".

Trenzano, acusado de faltar a la verdad al afirmar que las empresas de Francis Puig beneficiarias de una subvención en 2015 y 2016 de ayudas al valenciano --por 56.825 y 23.234 euros-- "presentaron la justificación de gastos realizados en el plazo establecido en las respectivas convocatorias", ha explicado al fiscal --no ha querido responder a las preguntas de la acusación popular-- que realizó su trabajo correctamente.

Ha recordado que todo comenzó con la llegada a la Dirección General de una carta en febrero de 2018 por parte de la síndica del PP Eva Ortíz en la que se aludía a irregularidades en determinadas subvenciones, "sin concretar cuáles", ha especificado.

Los funcionarios que le asistían, tanto el jefe de servicio --quien había trabajado para el gobierno del PP-- como la subdirectora --de libre designación--, se mostraron "sorprendidos" por la manera en la que el PP reclamaba documentación, ya que siempre se hace a través de Les Corts, y dudaron en si contestarle o no.

Finalmente se decidió que sí: "Mi gobierno quiere ser transparente, queremos responder, dar toda la información. Y se le respondió por cortesía", ha apostillado. "Yo soy una persona muy transparente. Sé que políticamente hemos estado en el ojo del huracán en algunas cuestiones y quería ser transparente", ha añadido.

Así, tanto el jefe de servicio como la subdirectora comprobaron si había alguna irregularidad en las subvenciones, miraron expedientes y redactaron una respuesta, ha dicho Trenzano, de Compromís. "Luego yo la firmé digitalmente", ha aseverado. "Tengo plena confianza en mi subdirectora y mis técnicos. Me dijeron que no había ninguna irregularidad y que estaba todo OK. Así que firmé tras los vistos buenos de los técnicos y del jefe de servicio", ha insistido.

"Yo tengo confianza plena en mis técnicos. La gran mayoría de documentos se firman en cadena con el visto bueno de los funcionarios. No me planteé que se pudiera faltar a la verdad. Tengo confianza en ellos y la sigo teniendo", ha aseverado.

"¿Sabe si hicieron actuaciones de comprobación?", le ha preguntado el fiscal, a lo que Trenzano ha contestado que "sí". Luego se aprobaron, en 2017, unos nuevos planes de control --con la reforma de la ley de subvenciones-- y, tras ellos, se volvieron a revisar los expedientes.

"No había ninguna instrucción por parte de la Generalitat de cómo se debían hacer los planes de control. Los funcionarios de cada Dirección General interpretaban la ley y habilitaban los planes", ha apostillado.

"ME ALARMÉ"

Trenzano, que al inicio de su declaración ha lamentado que se hubiera "malinterpretado" su declaración en valenciano en instrucción, ha indicado que tras la respuesta desde su departamento y ver que Ortiz acudía al TSJCV con el asunto, sus técnicos su preocuparon y él se alarmó. "Les dije entonces que teníamos que investigar a ver qué pasaba con esas dos empresas", ha dicho.

En ese momento, el jefe de servicio le comentó la posibilidad de hacer un plan de control a las mercantiles pero el aprobado en 2017 solo se podía practicar de forma aleatoria. Así, se elaboró un nuevo plan de control y se introdujo la posibilidad de revisar subvenciones por "riesgo". De esta forma se supervisó de nuevo la subvención y se vio que todo estaba correcto. Pero esto era un "complemento", no el inicio de las actuaciones, ha expuesto tras concretar que ninguna de las empresas que optó a las subvenciones de 2015 y 2016 y fueron descartadas, presentaron algún tipo de queja o recurso.

Trenzano, así mismo, ha negado tener o haber tenido algún tipo de relación con los hermanos de Ximo Puig: "Desconozco esas empresas. Además, según me han indicado, no son del hermano, sino que tiene participaciones", ha añadido.

Por su parte, el jefe de servicio, que ha declarado en la vista como testigo, ha manifestado que en el departamento se han estado realizado los actuaciones de control habituales "que se podían hacer". "Y se hicieron", ha advertido. También ha insistido en que desconocían que hubiera algún tipo de irregularidad.

El testigo ha explicado que él fue el encargado de redactar la carta de respuesta a Ortiz, que luego remitió a Trenzano para firmar, y ha repetido que se practicaron las actuaciones de control correspondientes.

Por otro lado, la subdirectora de Trenzano, que también ha sido citada a la vista en calidad de testigo, ha coincidido con el acusado y ha asegurado que la carta de Ortiz les llamó la atención. Ha indicado que decidieron responderle y ha subrayado que se hicieron todas las actuaciones de control pertinentes antes de recibir el escrito de la 'popular', en el momento de la justificación de la subvenciones. Y tras ello se volvieron a revisar, ha apostillado.

La consejera de Salud del Gobierno Vasco, Gotzone Sagardui, ha destacado que la tendencia de la pandemia es "favorable" y Euskadi está "cerca de estar bien", si bien ha pedido "cautela" hasta ver si el aumento en los últimos días de algunos indicadores es "coyuntural". En la jornada de este pasado lunes, se han registrado 100 nuevos positivos, aunque han descendido tanto la tasa de positivos como la incidencia acumulada.

En una rueda de prensa tras el Consejo de Gobierno semanal, la consejera ha valorado que los principales indicadores de seguimiento de pandemia muestran "una tendencia favorable". "Se puede concluir que vamos bien y estamos cerca de estar bien", ha señalado.

No obstante, ha pedido "cautela" porque se han observado en los últimos días "ciertos datos de crecimiento" en los indicadores de tasa acumulada en siete días y el índice de reproductividad, que habrá que ver si son "algo circunstancial" o se mantienen en el tiempo.

Según el último boletín del Departamento de Salud, este pasado lunes se han registrado en Euskadi 100 nuevos casos, por encima de los 75 del día anterior. En total, se han efectuado 6.942 PCR y test de antígenos, con 9 positivos en Álava (dos menos que el domingo), 53 en Vizcaya (diez más), 36 en Guipúzcoa (18 más) y dos en personas con residencia fuera de Euskadi (una menos).

Pese al incremento en el número de casos, dado que se han efectuado más pruebas diagnósticas, la tasa de positivos ha bajado cuatro décimas, con lo que se coloca en el 1,4%. La trazabilidad de los casos alcanza una media en los últimos siete días ha subido al 38,9%, porcentaje de positivos detectados por ser contactos de otros casos, frente al 38,2% de positivos que se realizaron las pruebas por presentar síntomas de covid.

La incidencia acumulada por cada 100.000 habitantes en 14 días desciende una jornada más y se sitúa en 83,74 (-5,36 puntos). Los tres territorios vascos reducen este indicador, de manera que Vizcaya presenta una tasa de 84,51, Guipúzcoa de 82,03 y Álava de 73,59.

Por su parte, la razón de tasas de incidencia (que compara la tasa de incidencia acumulada en 14 días actual con la de hace una semana) baja a 0,72 (-0,01) para el conjunto de Euskadi y el número reproductivo básico, que mide a cuántas personas contagia cada caso positivo, sube por tercera jornada consecutiva hasta los 0,89 (+0,03).

Por territorios, en Vizcaya los municipios con más positivos este lunes son Bilbao con diez, Getxo con seis, y Ondarroa y Basauri con cuatro. En Guipúzcoa, los datos más elevados se dan en San Sebastián con cinco y Tolosa con cuatro. Finalmente, en Álava, Vitoria concentra cinco de los contagios y Agurain-Salvatierra registra dos.

En esta jornada, todos los municipios vascos de más de 5.000 habitantes cuentan ya con tasas acumuladas por cada 100.000 habitantes en 14 días inferiores a 400, cifra que marca la llamada 'zona roja' de elevada transmisión.

Por edades, el mayor número de nuevos contagios en la última jornada se produce en la franja de edad de 40 a 49 años, con 21 positivos, las personas de 30 a 39 años, con 18 infectados, y el colectivo de 50 a 59 años, con 14. Los menores de hasta 9 años registran diez casos, las personas de 20 a 29 años nueve y la franja de 10 a 19 años ocho.

Entre los más mayores, se han dado seis positivos entre los de 60 a 69 años, cuatro de 70 a 79 años, ocho de 80 a 89 años y dos en personas que superan los 90 años.

La tasa de incidencia acumulada en 14 días por 100.000 habitantes sólo supera los 100 entre los más pequeños (con 113,29 para los menores de hasta nueve años) y los mayores (con 123,81 en los mayores de 90 años). En el lado contrario, las personas de 60 a 79 años cuentan con una tasa menor de 60.

HOSPITALES

En los hospitales vascos, han ingresado este pasado lunes 15 pacientes con covid, cuatro más que el domingo. La cifra de enfermos con coronavirus en planta se sitúa en 85, dos menos que el día anterior y una treintena menos que hace una semana.

A ellos se suman otras 39 personas que se mantienen ingresadas en las Unidades de Cuidados Intensivos, también dos menos que el domingo y once menos que hace siete días.

"OTRO PASO MÁS, NO SÉ SI EL DEFINITIVO"

La consejera, que ha explicado que en estos momentos no se ha detectado ningún caso de la llamada variante Mu de la covid-19 en Euskadi, se ha referido también a la posibilidad de eliminar restricciones frente a la pandemia, como ha anunciado este martes Navarra.

Sagardui ha defendido que se trata de "un proceso un poco progresivo" en el que se necesita "un periodo de transición" desde una situación de alto grado de incidencia como la que Euskadi ha vivido recientemente.

En este sentido, ha recordado que, en junio, se estaba "en una situación en que pensábamos que era el momento para poder dar más pasos en esa flexibilización" y, sin embargo, "nuevamente nos vimos necesitados de mayores medidas preventivas" debido al crecimiento de casos.

En esta línea, ha insistido en que ahora se está en una situación "muy favorable", con una evolución descendente de los principales valores de seguimiento de la pandemia pero también con "indicadores que hacen llamar a la prudencia, ir haciendo como lo teníamos planificado además, progresivamente".

De este modo, ha apuntado que "parece" que se ha pasado de la fase de transición a una "fase de consolidación", pero ha apelado a "darle tiempo para que esa fase se consolide" y después, ha reiterado, "es la voluntad de todos que vayamos alcanzando esa convivencia casi normalizada con el virus".

En este sentido, ha señalado que el Gobierno Vasco sigue "con el mismo espíritu" que marcó en el último Decreto para "ver la observancia de esta fase".

La consejera ha apelado a mantenerse "atentos" y ha añadido que "lo deseable" sería que los indicadores sobre los que ha planteado la necesidad de observar su evolución "fueran retornando a ese descenso" y que el resto de indicadores mantengan la evolución descendente, con lo que llegará el momento de "dar otro paso más". "No sé si será el definitivo, sí otro más", ha apuntado.

Expertos en seguridad vial de la Fundación Mapfre, la Fundación AXA y la Alianza Española por la Seguridad Vial Infantil (AESVI) han defendido estar martes el uso del casco en los vehículos de movilidad personal, como son los patinetes o las bicicletas eléctricas. "No son juguetes, son vehículos", ha afirmado el director de Prevención y Seguridad Vial de la Fundación Mapfre, Jesús Monclús.

En su comparecencia ante la Comisión sobre Seguridad Vial del Congreso de los Diputados, Jesús Monclús ha indicado que a los usuarios de estos vehículos no se les requiere "ningún tipo de formación" y ha recordado que "el factor humano está detrás del 90 por ciento de los siniestros". "Algo Tenemos aquí por mejorar", ha señalado, al tiempo que ha apuntado que hay que continuar promoviendo el uso del casco y de prendas de alta visibilidad.

En su intervención, Monclús ha detallado sus propuestas y ha señalado que es "importante dar un paso valiente hacia adelante" y fijar el 'objetivo cero' muertos en accidente de tráfico antes de 2050, y la reducción del 50% para 2030, en el caso de fallecidos y heridos graves.

Asimismo, ha propuesto "aprovechar sinergias" en el marco de los Objetivos de Desarrollo Sostenible y ha puesto de relieve la necesidad de que "las víctimas, las personas, estén en el centro de acción, y con una línea de apoyo a sus actividades centrales".

Dejar de utilizar la palabra accidente, mejorar la educación infantil en movilidad segura, sana y sostenible, así como mejorar la formación de conductores a través de módulos obligatorios de concienciación, módulos voluntarios de bicicleta, motociclistas, conductores de bicicletas y patinetes eléctricos son otras de las propuestas que ha planteado a los parlamentarios.

Monclús también ha abogado por una estrategia basada en aspectos transversales clave como un plan de investigación en profundidad de todos los siniestros mortales y muy graves, énfasis en el seguimiento, desarrollo de una herramienta para la toma de decisiones basada en el análisis coste-beneficio, perspectiva de género, un programa innovación, colaboración internacional, incluida la promoción de la Carta Europea de la Seguridad Vial.

Por su parte, el director general de la Fundación AXA, Josep Alfonso Caro, ha declarado que los vehículos de movilidad personal tienen "un impacto muy positivo en las grandes ciudades desde el punto de vista de la sostenibilidad" y de las emisiones de CO2. Así, ha puesto de manifiesto la necesidad de consolidar estas nuevas formas de movilidad, sin perder de vista la "seguridad".

"Vamos a estar siempre a favor del uso del casco obligatorio", ha asegurado Alfonso Caro respecto a la necesidad de instaurar la obligatoriedad de este elemento de protección en bicicletas y vehículos de movilidad personas.

Alfonso Caro ha afirmado que si se quiere impulsar el vehículo eléctrico, hacen falta infraestructuras de carga eléctrica. Además, ha destacado que los sistemas ADAS --Sistemas Avanzados de Asistencia a la Conducción-- "van a ir mejorando, se van a ir incorporando a la conducción y eso va a tener un impacto muy positivo en la seguridad vial".

Por otro lado, se ha mostrado partidario de la eliminación del margen de 20 km/h para adelantar en carreteras convencionales y ha dicho que sería "ideal" implementar un formato "híbrido" formativo, es decir, presencial y 'online'.

"EFICAZ" PARA REDUCIR LESIONES

Antonio Javier Lucas García, presidente de Alianza Española por la Seguridad Vial Infantil (AESVI), también ha apostado por el uso del casco porque "está demostrado que es eficaz para reducir las lesiones". "El casco salva vidas", ha manifestado, al tiempo que ha insistido en que "es un elemento que debería implementarse en todos los sistemas de movilidad".

Respecto a los sistemas de retención infantil, cree que se debe ampliar esa protección a otros modos de transporte, como pueden ser también autocares, taxis o los VTC, es decir, "a todas los modalidades de transporte".

Javier Lucas García ha defendido que los sistemas de protección infantil deberían tener un impuesto reducido y ser incluidos en la categoría de productos esenciales. "Creemos firmemente que reducir su coste animaría a incentivar su uso. Se evitaría el préstamo de sillas, se evitaría la compra de sillas de segunda mano", ha explicado.

El presidente de Alianza Española por la Seguridad Vial Infantil (AESVI) ha rechazado la imposición de un límite de edad para conducir, así como la implantación de una etiqueta o distintivo que identificara a los conductores mayores. "No pensamos que haya que limitar por la edad sino por la capacidad que tienen los conductores", ha zanjado. Por último, se ha opuesto a la eliminación del margen de 20 km/h para adelantar.

La Comisión Covid de la Universidad Internacional de Andalucía (UNIA), presidida por el rector José Ignacio García, ha validado el Plan de Contingencia del curso académico 2021-2022, que previamente ha contado con el visto bueno del Comité de Seguridad y Salud de la institución académica y que contempla la máxima presencialidad así como la apertura de bibliotecas y la posibilidad de compartir habitación en las residencias.

El nuevo plan actualiza el anterior incluyendo las recomendaciones del ministerio con competencias en universidades y la Guía de la consejería de Salud y Familias de la Junta de Andalucía para el curso 2021/2022 y, según ha explicado la Universidad en un comunicado, se contempla la máxima presencialidad en las actividades docentes y culturales.

El plan sigue insistiendo en la necesidad de mantener medidas complementarias para garantizar un entorno académico "seguro y saludable" mediante medidas organizativas y preventivas para poder adaptarse a otros posibles escenarios dentro del período del curso académico .

Dicho plan, por tanto, establece las medidas preventivas y de protección necesarias para "evitar y minimizar, en la medida de lo posible, el contagio de Covid-19, impedir o dificultar su propagación y garantizar la seguridad y salud de todas las personas que, directa o indirectamente, participen en estas actividades", según ha detallado la UNIA.

Como principales novedades, regula la apertura de las bibliotecas y la posibilidad de uso compartido de las habitaciones de las residencias de la UNIA en las sedes de La Rábida (Huelva) y Antonio Machado de Baeza (Jaén).

El plan se basa en la normativa de salud pública vigente recientemente publicada por los ministerios de Sanidad y Universidades y por la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía.

Desde la Comisión Covid se recomienda la atención al deber de cautela y protección de la comunidad universitaria y la adopción de las medidas necesarias como uso de mascarillas, distancia de seguridad y gel hidroalcohólico, para evitar la generación de riesgo de propagación del Covid-19, así como la propia exposición a dicho riesgo.

Las interrupciones voluntarias de embarazo (IVE) descendieron en 2020 hasta las 88.269, un 10,97% menos con respecto al año anterior, cuando llegaron a registrarse 99.149. Así, la tasa se sitúa en 10,30 por cada 1.000 mujeres entre 15 y 44 años, frente a los 11,53 de 2019, según se desprende del Registro Estatal de Interrupciones Voluntarias del Embarazo publicado este martes por el Ministerio de Sanidad, coincidiendo con el Día Mundial del Aborto Seguro.

Tal y como se apunta desde la Dirección General de Salud Pública del Ministerio de Sanidad, esta disminución podría deberse a la situación excepcional causada por la pandemia provocada por la COVID; un descenso que se produjo en todas y cada una de las comunidades autónomas y en todos los grupos etarios.

Como indica, la mayor parte de las IVE tiene lugar durante las primeras semanas del embarazo. Así, el 71,85% de las mismas se registraron antes de la octava semana de gestación (63.421 mujeres), mientras que sólo el 0,18% (138 mujeres del total) se produjo más allá de la vigésimo tercera semana.

En cuanto al uso de anticonceptivos, según los datos el 41,31% no utilizaban ninguno. Por otro lado, las 88.269 interrupciones incluidas en el Registro Estatal fueron realizadas en un total de 207 centros autorizados, siendo el 84,51% de los mismos centros derivados (concertados o no) y el 15,49%, centros públicos.

El Ministerio de Sanidad tiene entre sus prioridades seguir impulsando la Estrategia de Salud Sexual y reproductiva en un trabajo conjunto con las comunidades y ciudades autónomas y las sociedades científicas y asociaciones. Esta Estrategia incluye la prevención de embarazos no deseados y la promoción de la planificación familiar.

"El Departamento que dirige la ministra Carolina Darias tiene el firme propósito de seguir garantizado el derecho de las mujeres a la interrupción voluntaria del embarazo en la sanidad pública, mejorando el acceso de esta prestación en el Sistema Nacional de Salud, al tiempo que valora el trabajo que desarrollan todas y todos los profesionales sanitarios dentro y fuera del Sistema a favor de la salud y la seguridad de las mujeres", advierte en una nota.

257 NIÑAS MENORES DE 15 AÑOS

El pasado año, 257 niñas menores de 15 años tuvieron una interrupción voluntaria del embarazo (frente a 341 el año anterior); de 15 hasta 19 años fueron 8.407 casos (10.038 en 2019); de 20 a 24 se dieron 18.288 casos (20.938 en 2019); de 25 a 29 años 19.279 (21.882 en 2019); de 30 a 34 años 18.569 (20.392 en 2019); de 35 a 39 años fueron 15.738 (17.331 en 2019); de 40 a 44 años fueron 7.057 (7.566 en 2019); y en mayores de 44 años se dieron 674 casos (661 casos en 2019). En el grupo de mujeres mayores de 20 años es donde se produce la mayor tasa, 15,8 por cada 1.000 mujeres, aunque se reduce con respecto al año anterior (18,71 por cada 1.000).

De las 88.269 mujeres que se sometieron a una interrupción voluntaria del embarazo, dentro de las que tienen hijos, 7.861 vivían solas (8,9%), 31.284 en pareja (35,4%), 5.902 con padres y/o familiares (6,6)y 1.103 con otras personas (1,2%). En la categoría de aquellas sin hijos, 7.479 no convivían con nadie (8,4%), 12.260 estaban en pareja (13,99%), vivían con padres y/o familiares 17.654 (20%) y con otras personas 2.209 (2,5%).

El 45,62% no tenía hijos, el 25,31% tenía un hijo y el 20,51 tenía al menos dos hijos. El 64% no había tenido ningún aborto anterior, frente al 23,14 que ya había tenido un aborto y el 7,8 que habría abortado en dos ocasiones anteriormente.

En cuanto a los métodos anticonceptivos, 3.275 afirmó usar métodos naturales; el 25.502 métodos barrera; 1.203 utilizaron métodos mecánicos; 14.722 señaló que había usado métodos hormonales; 732 mujeres afirmó que había usado otros métodos pero sin especificar; 6.367 no señalaron o no consta qué métodos usan, y 36.468 afirmó no haber usado ningún método.

Respecto a los motivos de la interrupción, en 80.209 de las IVE se realizaron a petición de la mujer; 5.055 por grave riesgo para la vida o la salud de la embarazada; 2.733 por riesgo de graves anomalías en el feto; 271 por anomalías fetales incompatibles con la vida o enfermedad extremadamente grave y en un caso se reportaron varios de estos motivos.

POR COMUNIDADES AUTÓNOMAS

Por comunidades autónomas, la mayor tasa de interrupciones voluntarias del embarazo se ha registrado en Cataluña, con 13,44 casos por cada 1.000 mujeres entre 15 y 44 años, por debajo de los 14,72 casos de 2019. En el segundo puesto se encuentra Cataluña con 13,44 casos; Asturias, con 12,03 casos por cada 1.000 mujeres; le sigue Baleares, con 11,87 casos; Murcia asciende a 11,25 (12,07 en 2019); Madrid con 10,94 casos (13,05); Canarias con 10,88 casos (12,10%); y Andalucía 10,85 casos (11,98 casos en 2019).

Por debajo de la media, País Vasco con 9,58 casos; Aragón con 8,50 casos; Comunidad Valenciana con 8,38 casos; Castilla-La Mancha con 8,00 casos; Cantabria con 7,89; Navarra con 7,66 casos; Castilla y León con 6,56 casos; Extremadura con 6,43 casos; La Rioja con 5,86 casos; Galicia con 5,71 casos; y Ceuta y Melilla con 1,94 casos.

Por otro lado, el perfil según la nacionalidad arroja que el 65,80 por ciento eran españolas; un 6,46 por ciento de la Unión Europea, un 1,06 por ciento en el resto de Europa (1% el año anterior); un 4,99 por ciento africanas; un 19,37 por ciento del continente americano, siendo el 13,92 por ciento de América del Sur; y de Asia un 2,17 por ciento.

Unidas Podemos ha propuesto en la Mesa del Congreso que se apliquen sanciones a Vox si vuelven a repetirse episodios como el de la semana pasada, en el que un diputado llamó "bruja" a la portavoz de Igualdad del PSOE y luego rechazó desalojar el hemiciclo tras ser expulsado. Desde Esquerra (ERC), en cambio, aconsejan "ignorar" el "ruido" de que a su juicio genera la formación que lidera Santiago Abascal.

El incidente de la pasada semana tuvo como protagonista al diputado de Vox José María Sánchez García, juez en excedencia, que llamó "bruja" a la portavoz de Igualdad del PSOE, Laura Berja, que estaba en la tribuna. El socialista Alfonso Rodríguez y Gómez de Celis, que en ese momento presidía la sesión, le conminó a retirarlo y, ante la negativa del diputado, le llamó al orden y acabó ordenando su expulsión. Al final, y tras una suspensión del pleno durante diez minutos, el parlamentario retiró sus palabras.

Según confirmaron fuentes parlamentarias, este incidente provocó que la presidenta del Congreso, Meritxell Batet, llamara a su despacho al portavoz de Vox, Iván Espinosa de los Monteros, para dejarle claro que no se podía consentir que en el hemiciclo se cuestionase la labor de la presidencia, la ejerciese quien la ejerciese.

Pero la polémica ha seguido y, en la reunión de la Mesa del Congreso de este martes, los representantes de Unidas Podemos han pedido a la Presidencia más 'dureza' contra Vox.

MÁS CONTUNDENCIA

En rueda de prensa en el Congreso, el secretario primero de la Mesa, Gerardo Pisarello, ha abogado por "sanciones más contundentes" si se repiten estos incidentes, incluyendo la posibilidad que establece el reglamento de impedir a un diputado acudir a los Plenos.

A su juicio, "son actitudes graves que buscan intimidar y generar miedo, y ello exige una actuación más contundente" con una "aplicación más estricta del reglamento". "No vamos a tolerar que la ultraderecha despliegue su matonismo político", ha afirmado.

En otra rueda de prensa, el portavoz de ERC, Gabriel Rufián, ha explicado que prefiere aplicar otra receta: "Nuestra vía es ignorarles y no entrar en el cuerpo a cuerpo con sus líderes", ha señalado.

En su opinión, los 52 diputados de Vox defienden "ideas reaccionarias" y "el ruido que generan acaba tapando las pocas cosas hermosas que ocurren en esta Cámara". Y es que, según ha dicho, la pasada semana los ciudadanos se enteraron de que "un señor decimonónico" llamó 'bruja' a una diputada y en cambio no se percataron de que el Congreso acababa de dar el primer paso para impedir el acoso ante las clínicas abortivas.

EL PSOE CONFÍA EN BATET PARA FRENAR LA ESCALADA

Desde el PSOE, su portavoz Héctor Gómez, ha dicho confiar en la Mesa del Congreso que preside Meritxell Batet para frenar estos incidentes: "Confiamos plenamente en las decisiones de la presidenta para evitar esta escalada de confrontación --ha dicho--. Estos insultos no son nada bueno y no vamos a amparar este tipo de dinámicas".

Cuca Gamarra, del PP, ha mostrado sus recelos ante la propuesta de Unidas Podemos pues considera que ha habido "episodios más graves y más duros" en la historia reciente del Congreso que han quedado sin reproche ni sanción.

La dirigente del PP ha citado como ejemplo las 'coletillas' de diputados nacionalistas e independentistas en el acatamiento de la Constitución, que Batet aceptó entonces y que el PP llevó al TC. Gamarra ha indicado que las actitudes y formas de Vox pueden no gustar, pero retirar la condición de diputado es algo muy grave y no puede quedar en manos de una mayoría.

El diputado de la CUP, Carles Riera, ha indicado este martes que su formación presentará una moción sobre la celebración de un nuevo referéndum de autodeterminación para que se vote en la actual legislatura. Así, ha incidido que pondrá de manifiesto el escepticismo de los anticapitalistas sobre la mesa de diálogo, que ven como un fracaso y creen que las condiciones actuales no hacen que tenga recorrido.

"Esta propuesta nos permite generar un marco político de tensión con el Estado, de reorganización del independentismo y de movilización independentista", ha destacado Riera, que propone el referéndum como 'plan B' a la mesa de diálogo, ha señalado en rueda de prensa en el Parlament.

De este modo, ha añadido que esta iniciativa dibuja un horizonte que debe permitir que el independentismo trabaje conjuntamente una hoja de ruta hacia un nuevo referéndum de autodeterminación: "Aragonès dijo que no había alternativa a la mesa de diálogo, y le decimos que hay y que la CUP la pone sobre la mesa".

Así, ha explicado que las 15 propuestas de resolución que la CUP presentará en el Debate de Política General del Parlament irán enfocadas en tres bloques: el de respuesta a las emergencias sociales, el de cambio de modelo de desarrollo de país y el relativo a la independencia, la amnistía y la autodeterminación.

En este último bloque ha concretado que, además de la relativa al referéndum, habrá mociones de "denuncia a la monarquía y lucha antirrepresiva".

También ha dicho esta propuesta se da en el marco de un contexto político internacional en el que Escocia tiene previsto celebrar un nuevo referéndum en 2023, y que "en el contexto del Brexit este podría dar la victoria al 'sí", lo que volvería a colocar sobre la agenda política internacional el derecho de autodeterminación, según él.

NO DUDA DE QUE LA MESA LA TRAMITARÁ

Sobre la tramitación por parte de la Mesa del Parlament de esta resolución, Riera ha expresado que no tiene "ninguna duda" de que este órgano parlamentario hará su trabajo y la tramitará para que en el Parlament se pueda debatir y hablar de todo.

En cuanto a la posición de Junts y ERC en la votación en el Pleno, el diputado 'cupaire' ha afirmado que no conocen la postura formal ni oficial de estas formaciones, pero consideran que "no puede ser otra que votar positivamente".

EMBATE DEMOCRÁTICO

"Ambos se comprometieron a que en esta legislatura hubiera un nuevo embate democrático. Si éste no es un referéndum, nos deberán explicar cuál es", ha reclamado, y les ha instado a crear un marco político de tensión con el Estado, fijar una hoja de ruta para hacer un referéndum y que sus resultados sean efectivos y se apliquen.

Preguntado por las palabras de la presidenta del Parlament, Laura Borràs, sobre la celebración de un nuevo referéndum, Riera ha sostenido que les ha sorprendido mucho que "Borràs y (Ada) Colau tengan la misma respuesta, que es que no es viable un referéndum en esta legislatura".

LEJOS DE UN ACUERDO DE PRESUPUESTOS

Por otro lado, Riera ha exigido al Govern un "giro a la izquierda e independentista" y ha avisado de que su formación está lejos de poder llegar a un acuerdo para los presupuestos de la Generalitat, aunque todavía no conozcan la propuesta del Ejecutivo de Pere Aragonès.

A este respecto ha asegurado que para conseguir su apoyo en las cuentas, el Govern debería avanzar "en todos los puntos del acuerdo de investidura", así como en el giro independentista y el giro a la izquierda, que consideran que no se están cumpliendo y que prometió el presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, en su discurso de investidura.

Ha avisado de que la visión de conjunto actual de la legislatura hace que la CUP esté "más lejos que cerca, genera más dificultades que facilidades para llegar a un acuerdo" de presupuestos, que de estabilidad y gobernabilidad.

"Este Govern de ERC y Junts ni está haciendo este giro a la izquierda, ni está haciendo este giro independentista. Este Govern está siendo continuista, con políticas públicas neoliberales, que perpetúan la política de la sociovergencia", ha censurado el diputado 'cupaire'.

Para Riera, el Ejecutivo catalán está "encallado" en la mesa de diálogo, que considera que no ha dado resultados, y que es una estrategia que no aporta una hoja de ruta para avanzar hacia el ejercicio de la autodeterminación en Cataluña.

La portavoz del Govern, Patricia Plaja, ha sostenido este martes que la detención del expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont y las discrepancias sobre las euroórdenes han demostrado que el sistema judicial español es "totalmente anacrónico, que lo que busca es venganza".

"La credibilidad del sistema judicial español ya estaba tocada. Pero con las discrepancias de las euroórdenes se demuestra que es un sistema totalmente anacrónico que lo que busca es venganza", ha afirmado en rueda de prensa posterior al Consell Executiu.

Preguntada por si el Govern cree que el Gobierno de Pedro Sánchez tiene alguna responsabilidad en la detención de Puigdemont, Plaja ha contestado que es el Ejecutivo central quien debe dar explicaciones y responder esta cuestión, pero ha afirmado que "el Estado español ha engañado" al Tribunal General de la UE (TGUE).

Sobre el Debate de Política General que comienza este martes hasta el jueves en el Parlament, la portavoz del Govern ha destacado que el presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, en su discurso expondrá las prioridades del Ejecutivo, reafirmará su apuesta por la mesa de diálogo e insistirá en la amnistía y un referéndum para solucionar el conflicto.

El presidente concretará algunas medidas del plan de Govern "que permitirá constatar que la transformación del país ya ha comenzado".

Ha asegurado que será un discurso muy dirigido al conjunto de la ciudadanía teniendo en cuenta la diversidad de la sociedad catalana y que llamará a rebelarse "contra las viejas inercias y a trabajar desde la innovación y con una actitud posibilista".

Preguntada por si el Govern ha abordado la propuesta de resolución de la CUP que plantea impulsar un referéndum de autodeterminación antes de terminar esta legislatura, Plaja ha contestado que en el Consell Executiu "no se ha hablado" y que esto corresponde a los grupos parlamentarios.