El Proyecto Libera, la iniciativa ambiental de Ecoembes y SEO/BirdLife ha lanzado la quinta edición del programa 'Apadrinamientos de espacios naturales', que en esta ocasión contará con 80 ayudas para proyectos que podrán presentarse a la convocatoria desde este martes hasta el próximo 17 de septiembre.

La iniciativa busca impulsar y potenciar el trabajo de organizaciones locales que trabajan en la conservación de biodiversidad. En las cuatro ediciones anteriores un total de 231 organizaciones han formado parte del programa y se han convertido en apadrinadas por LIBERA.

En la nueva edición se dispondrán 80 ayudas, divididas en dos categorías en función de la antigüedad del proyecto. Por un lado, los 'Apadrinamientos plus', con una ayuda económica de hasta 3.000 euros, financian a un máximo de cinco proyectos que hayan formado parte del programa durante los dos últimos años o más, dándoles así la oportunidad de ampliar el alcance de sus proyectos.

Por otra parte, las entidades que reciban las ayudas de hasta 1.500 euros contarán con un asesoramiento técnico durante el desarrollo de las acciones propuestas, un seguimiento y respaldo continuo, y la formación necesaria para poder impulsar sus proyectos.

Los pilares de las actuaciones son el conocimiento, la prevención y la valoración, por lo que las propuestas que se presenten deberán trabajar en torno a una de ellas.

En concreto, podrán centrarse en actividades de mejora de la calidad de los espacios a través de la recuperación y mejora ambiental de un espacio no urbano con un alto valor ecológico; investigación y seguimiento de los aspectos concretos de la diversidad natural que contribuyan a mejorar el conocimiento que se tiene sobre el entorno y, en tercer lugar en la sensibilización y educación con la población local para difundir el valor de los espacios naturales y mejorar en su cuidado y conservación.

El plazo de presentación de proyectos termina el 17 de septiembre y se podrá realizar a través de la web. El fallo, tras evaluar las propuestas se dará a conocer un mes después, el 16 de octubre. En mayo de 2022 Proyecto Libera organizará un encuentro para intercambiar experiencias, analizar y poner en común los puntos de vista para crear sinergias entre las organizaciones.

El coordinador del Proyecto LIBERA en SEO/BirdLife, Miguel Muñoz, ha destacado que la cercanía con el territorio y con los problemas ambientales permite a las asociaciones y entidades locales trabajar para mejorar la calidad de vida de los espacios naturales. "Desde el proyecto LIBERA apoyamos esta gran labor de personas que tienen una gran implicación con la protección de la naturaleza y que lideran en sus territorios la lucha contra la basuraleza. Son unos gran aliados", ha celebrado.

Por su parte, la coordinadora del Proyecto LIBERA en Ecoembes, Sara Güemes, ha subrayado que las entidades locales son "un agente de cambio muy importante" para preservar y proteger los espacios naturales. "Estas ayudas tienen como finalidad fomentar la labor de todos aquellos ciudadanos que quieran impulsar sus proyectos y proteger el medio ambiente. Esperamos con ilusión conocer las propuestas presentadas en esta quinta edición y, entre todos, construir una red comprometida con nuestros ecosistemas y clave para terminar con la basuraleza", ha concluido.

La ministra de Política Territorial y portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, ha excluido la financiación autonómica de la agenda que el Ejecutivo llevará a la Comisión Bilateral con la Generalitat catalana y la ha enmarcado dentro del espacio donde a su juicio debe tratarse, que es la Conferencia de Política Fiscal y Financiera.

En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, la ministra ha explicado que los tres grandes temas que se abordarán en la reunión que se celebrará el próximo 2 de agosto en Madrid serán las becas, las infraestructuras y el terreno de lo audiovisual, con un proyecto que tiene que ver con el "uso de la lengua".

"Esos son los temas en que más se había trabajado y las primeras sensaciones son positivas", ha destacado Rodríguez, que ha recordado que eso fue lo que acordó con la consejera de Presidencia catalana, Laura Vilagrà, con quien mantuvo una conversación la pasada semana, perfilando así un encuentro que busca "avanzar en concordia" y en la relación entre gobiernos.

Una serie de "asuntos" que ya están "trabajados y avanzados" y que son importantes de cara a la ciudadanía, que está "esperando un contexto distinto de relaciones" después de "demasiados años donde lo único que se hablaba en la agenda era el asunto soberanista o el independentismo", ha destacado la ministra.

En esta línea, la titular de Política Territorial ha dejado claro que las cuestiones relacionadas con la financiación ya tienen un espacio propio, en tanto que esto no afecta "solo a Cataluña sino a todo el Estado".

EN CATALUÑA HAY "MUCHAS MESAS DESEOSAS DE UN DIÁLOGO"

Precisamente, Rodríguez también ha hecho alusión a la Conferencia de Presidentes que se celebra el próximo 30 de julio en Salamanca, y en la que se abordará un tema de "fundamental trascendencia" como es la implementación de los Fondos Europeos Next Generation en todo el territorio.

"Es una conferencia muy importante por el contexto económico y el diseño que vamos a afrontar, con una esperanza de lograrlo en base a estos fondos. Sin duda es la prioridad de la agenda de la conferencia, que se complementa con uno de los grandes asuntos de igualdad y cohesión en nuestro país, independientemente de donde cada uno decida hacer su vida y con especial atención a zonas con mayor dificultad por la situación demográfica", ha explicado.

Así, y tras sostener que el Gobierno de Pedro Sánchez se "diferencia de otros anteriores en su voluntad de acuerdo con otros territorios, Rodríguez ha recordado que además de la Comisión Bilateral con Cataluña existe un "foro adicional" que es la mesa de diálogo y que "tendrá que convocarse en septiembre".

"Muchas mesas deseosas de un diálogo", ha continuado la ministra, que ha insistido en que el Ejecutivo ha "dado muestras de disposición" hacia un nuevo horizonte. "Y ahora se esperan por parte del Gobierno de Cataluña", ha apostillado.

El vicepresidente y portavoz de la Junta de Castilla y León, Francisco Igea, ha reconocido este martes que "todos" han tomado medidas "equivocadas" durante la pandemia, algo que se ha agravado en esta quinta ola con mensajes confusos que han "relajado a la población", por lo que ha reconocido: "Somos idiotas".

Igea se ha referido de este modo a la situación que vive España o Reino Unido, países donde, pese a ser los de mayor vacunación, se ha registrado un mayor número de contagios en esta quinta ola, algo que se ha producido, a su juicio, porque la relajación es "mayor".

"Hemos tomado medidas equivocadas, hemos relajado a la población y esto es lo que ha ocurrido", ha aseverado, tras lo que se ha preguntado si se ha visto a otros presidentes de la UE decir: "Esto se ha acabado". "Nuestra política se parece más a la de Reino Unido que a la otros países", ha señalado.

De este modo ha explicado que hay países que avanzan para no convivir con el virus y otros que lo hacen para "ganar las vacaciones". En este sentido, Igea ha reconocido que los incrementos de incidencia se han producido en España durante los 16 meses de pandemia cada vez que pasaba un periodo vacacional.

"¿Ustedes son idiotas?, pues sí, hemos hecho cinco veces la misma cosa", ha asegurado, tras lo que ha reseñado que ya se conoce cómo se contagia el virus, a través del contacto social, algo que ha explosionado en esta quinta ola cuando ha concluido el periodo lectivo y se han dado mensajes "equivocados".

"Nos hemos equivocado y hacemos autocrítica", ha asegurado Igea, quien ha considerado que también deberían hacer lo mismo otros gobiernos autonómicos o el ejecutivo central. "No puedo negar la realidad, no hemos estado bien, lo que no sé es si somos los únicos que no hemos estado bien", ha concluido.

Por su parte, la consejera de Sanidad, Verónica Casado, ha advertido de que todavía no existe una inmunidad de rebaño y la relajación de medidas ha llevado a una mayor incidencia en España y Reino Unido pese a una mayor vacunación.

La Reina Letizia se ha reunido esta mañana con representantes de distintas organizaciones sociales que trabajan en el ámbito de la salud mental, entre las que se encuentra Fad, en una audiencia en el Palacio de la Zarzuela. "No puede ser un tema tabú, ni un motivo de vergüenza para quien lo sufre", ha afirmado en el encuentro la directora general de Fad, Beatriz Martín Padura.

El objetivo de esta reunión ha sido analizar de forma conjunta cómo está afectando la pandemia al bienestar emocional de distintos colectivos, en especial jóvenes y población vulnerable; exponer proyectos e iniciativas que puedan contribuir a la mejora de la situación; y lanzar un mensaje de apoyo a los afectados y sus familias.

Además de Fad, a la reunión han acudido representantes de la Confederación de Salud Mental, la Federación Española de Enfermedades Raras (FEDER), Cruz Roja, el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI); la Asociación Española contra el Cáncer (AECC) y UNICEF.

Según datos del Ministerio de Sanidad, en España, una de cada diez personas mayores de 15 años ha sido diagnosticada con algún problema de salud mental y dos millones de personas toman ansiolíticos a diario. Y según el INE, doscientas intentan suicidarse cada día y diez de ellas lo consiguen. Para Martín Padura, "son datos devastadores que deben ser visibilizados".

"Muchas personas y familias están sufriendo, y más tras la pandemia. Es nuestra responsabilidad, así lo entendemos desde Fad, transmitirles que no están solos y que somos muchas las instituciones que ya estamos trabajando y poniendo en marcha servicios de apoyo, como en nuestro caso el SIOF (Servicio de Información y Orientación Fad)", ha añadido.

A juicio de Panura, "la evidencia científica nos dice que los trastornos mentales comienzan mayoritariamente durante la niñez y la adolescencia, especialmente a partir de los 14 años. Por eso es fundamental que trabajemos en su prevención e identificación desde estas edades".

Según datos de diferentes estudios del Centro Reina Sofía sobre Adolescencia y Juventud de Fad, al ser preguntados por sus perspectivas de futuro, más de la mitad de los y las jóvenes (54,1%) creen que tendrán que trabajar en lo que sea, depender económicamente de la familia (43,6%) y estar en paro o con dificultades para encontrar trabajo (41,1%).

En el ámbito emocional, la excepcionalidad pandémica ha afectado al estado anímico de la juventud, aumentando significativamente sus fuentes de estrés: destaca particularmente el estrés con el trabajo/estudios y con la situación económica.

Así, al ser preguntados en concreto por los problemas psicológicos que han experimentado, alrededor de la mitad de jóvenes cree haber tenido algún tipo de problema psicológico a lo largo de su vida, de manera recurrente para 1 de cada 4.

Esta percepción de problemas es más alta entre las chicas, y es superior en los grupos de mayor edad. También es muy relevante que un 40% declara no haber recurrido a apoyo especializado, y una proporción similar tampoco lo ha compartido con nadie de su entorno. Formalmente, entre quienes cuentan con un diagnóstico, los problemas más frecuentes son la depresión y la ansiedad, y hay un porcentaje ligeramente superior entre las mujeres.

En el SIOF Joven de Fad --servicio gratuito y específico de salud mental puesto en marcha en marzo de 2020 para ofrecer apoyo emocional y social a jóvenes entre 15 y 29 años-- se ha observado un claro crecimiento en el último año de las consultas relacionadas sobre todo con la ansiedad y el estrés.

CONFINAMIENTO Y JÓVENES

En el encuentro, el presidente de Salud Mental de España Nel González expuso los datos de los que dispone la confederación sobre la salud mental en España durante la pandemia, entre los que destacan que el 46% de la población española manifestó un aumento del malestar psicológico durante el confinamiento y un 44% señala que ha disminuido su optimismo y confianza.

Según el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), desde el inicio de la pandemia hasta la actualidad, un 6,4% de la población ha acudido a un profesional de la salud mental por algún tipo de síntoma, siendo el mayor porcentaje un 43,7% por ansiedad y un 35,5% por depresión. Más del doble de las personas que han acudido a estos servicios de salud mental son mujeres.

Según este mismo estudio, un 5,8% de la población ha recibido un tratamiento psicofarmacológico, entre los que destacan los ansiolíticos (un 58,7%) y los antidepresivos (41,3%). Durante el confinamiento, el 30% de las personas manifestó haber tenido ataques de pánico, el 25% se sintió excluida socialmente y el 55% sentía que no era capaz de controlar la preocupación. El mismo estudio señala que un 41,9% de las personas entrevistadas han tenido problemas de sueño, entre otros aspectos.

En el caso de las personas jóvenes, la población de los 18 a los 34 años es la que ha frecuentado más los servicios de salud mental, ha tenido más ataques de ansiedad, más síntomas de tristeza y han sido las personas que más han modificado su vida habitual debido a esta situación.

Además, en el caso de las personas que conviven con sus hijos o nietos, un 12,6% han buscado ayuda profesional en salud mental para solicitar ayuda para sus descendientes. Un 69,7% han acudido a profesionales de la psicología.

El coordinador de Cruz Roja, Antoni Bruel, explicó que sus servicios de teleasistencia han detectado que las personas que más han sufrido emocionalmente la situación han sido las personas mayores, en situación de soledad no deseada, y las más jóvenes, que han visto frustrados sus planes inmediatos de vida y cercenada su socialización por los iguales, algo tan necesario y fundamental en esta etapa de la vida. Por ello, propone una estrategia para la prevención, detección y atención de problemas emocionales y de salud mental, que incluye la formación del personal laboral y voluntario y un plan de acción.

Por su parte, para la presidenta del Comité de Estudios y Formación de UNICEF España y miembro de su patronato, María Ángeles Espinosa, el impacto de la COVID-19 ha puesto en evidencia la necesidad de que la salud mental sea una prioridad ineludible en la respuesta a la pandemia y la reconstrucción de la sociedad y urge a que España acelere el proceso de adopción de la Estrategia Nacional de Salud Mental cuyo borrador ya está en marcha.

Mientras, la AECC ha lamentado que la mayoría de pacientes y familiares no recibieron la atención psicológica que necesitaban durante la pandemia debido a que los recursos de sistema, ya de por sí escasos, se derivaron a cubrir las necesidades provocadas por la Covid.

La directora de FEDER, Alba Ancochea, ha señalado que más allá de las enfermedades raras que, ya de por sí, cursan con trastornos mentales, la problemática asociada a padecer una enfermedad rara genera afecciones en el estado de ánimo tres veces por encima del resto de la población. Concretamente la incertidumbre, el sentimiento de aislamiento, discriminación e indefensión son las fuentes más comunes de alteración del estado de ánimo. Por ello, se refirió también a la necesidad de apoyar al tercer sector y de generar estructuras para proponer el soporte social.

Por último, Ramón Rodríguez, representante del CERMI, confía en que 2021 actúe como punto de inflexión en la mejora y la ampliación de los recursos para intervenir y prevenir en la que será la principal causa de discapacidad en 2030: los problemas de salud mental. A juicio del CERMI, resulta imperioso priorizar la inversión en recursos para la prevención, la detección precoz y la intervención temprana, de calidad, en salud mental, tanto a nivel individual como familiar.

El 98,3 por ciento de los centros sociosanitarios o residencia de mayores de Andalucía están libres de Covid-19 entre sus residentes, mientras que se han contabilizado contagios en 96 residentes y 112 trabajadores.

La Consejería de Salud y Familias ha dado a conocer este martes al Consejo de Gobierno el informe sobre el estado de los centros sociosanitarios en Andalucía ante el coronavirus. Únicamente diez instalaciones de las 1.107 en seguimiento proactivo presentan algún caso positivo entre sus usuarios.

En la actualidad, se mantienen en seguimiento proactivo 1.107 centros en toda Andalucía de los que 18 presentan algún caso positivo en usuarios, lo que supone el 1,7% del total (el 98,3% está libre de Covid-19 en usuarios). Por su parte, 55 centros contabilizan casos sólo en trabajadores.

De forma pormenorizada, se contabilizan en las residencias de mayores un total de 96 residentes positivos, de los que ocho se encuentran ingresados; en cuanto a los trabajadores, hay 112 casos confirmados.

En lo que respecta a la realización de pruebas, desde abril y hasta la fecha, se han realizado 882.452 test a residentes y trabajadores, dando un total de 11.236 positivos.

Ese total de pruebas incluye los test de antígenos que se realizan a todos los trabajadores cada siete días desde el 24 de septiembre y cada 14 días al 20% de todas las residencias: 119.076 a residentes y 494.257 a trabajadores. En total, 613.333 test de antígenos.

Todas estas pruebas se han efectuado en residencias de mayores, en centros de atención a refugiados, centros de acogida, viviendas supervisadas y servicio de ayuda a domicilio.

Desde que comenzó el estado de alarma hasta la actualidad se intensificó el seguimiento habitual que se venía realizando en residencias, iniciando un seguimiento proactivo de llamadas y visitas con apoyo para los cuidados y prevención del Covid-19, en el caso de aquellas personas atendidas en sus domicilios y centros residenciales.

En la actualidad, no se encuentra medicalizada ninguna residencia. Por su parte, se han habilitado diez centros de evacuación: Centro Residencial El Zapillo de Almería, el Hospital San Carlos de Cádiz, el HARE de Vejer (Cádiz), Doctor Olóriz (Granada), la Asociación Frater de Huelva, Doctor Sagaz de Jaén, Hospital Civil de Málaga, el Hospital Vithas de Sevilla, el HARE de Lebrija (Sevilla), y el Hotel Pirula de Écija (Sevilla).

El Consejo de Ministros ha aprobado este martes el Real Decreto que va a permitir la venta de test de autodiagnóstico, es decir, de antígenos o de anticuerpos, contra la COVID-19 en farmacias sin necesidad de receta.

En rueda de prensa, la portavoz del Gobierno y ministra de Política Territorial, Isabel Rodríguez, ha calificado esta decisión como "una medida muy reclamada y deseada", y ha felicitado al Ministerio de Sanidad por el acuerdo alcanzado con los colegios de farmacéuticos y la industria farmacéutica.

Rodríguez ha resaltado que con su venta sin receta se permite a los ciudadanos hacer, "a título personal, un ejercicio de prevención" ante posibles contagios. En cualquier caso, ha insistido en que si el test da positivo se debe acudir al centro de salud para "chequear de nuevo" el diagnóstico y poder registrarlo ante el sistema sanitario.

En comparecencia ante la Comisión de Sanidad y Consumo del Congreso de los Diputados, Darias reivindicó la semana pasada que "se hace necesario aumentar la capacidad diagnóstica para identificar de forma más rápida sospecha de casos positivos e incluso de asintomáticos, como está ocurriendo en la población de 12 a 29 años, y controlar de la manera más eficaz posible la progresión de la pandemia.

"La exigencia de prescripción constituía una barrera", admitió la ministra. Este Real Decreto-Ley recibió el pasado viernes 8 de julio el preceptivo dictamen positivo del Consejo de Estado.

Darias justificó por qué en España han tardado tanto tiempo en llegar estas pruebas diagnósticas, en contraste con otros países europeos como Francia o Alemania, donde se pueden adquirir en farmacias, sin prescripción y a módicos precios, desde hace meses.

"Hasta que no teníamos la existencia de test de autodiagnóstico con marcado CE no podíamos autorizarlo. Estábamos esperando la llegada al mercado. Tan pronto llegaron nos pusimos en marcha con la tramitación del Real Decreto-Ley, que tiene su proceso. También estábamos esperando al dictamen del Consejo de Estado", explicó.

En la misma línea, Rodríguez ha esgrimido este martes que han tardado en llegar porque no estaban disponibles en formato de autodiagnóstico. "Una vez esos productos han estado disponibles por la industria y se ha armado el diálogo con las farmacias la posibilidad logística de organizarlo, se ha decidido poder traerlo. Es ahora el momento oportuno en cuanto a evolución de la industria en los productos que posibilitan el autodiagnóstico", ha resaltado.

Según las cifras aportadas por Darias, habrá disponibles hasta cinco test con marcados CE y otros 11 con marcado en Europa, mientras que otros 39 están en investigación.

"PRECIOS ASEQUIBLES"

Rodríguez ha defendido que el Ejecutivo tiene "un interés muy importante" en que estos test tengan "precios asequibles para los consumidores". Misma afirmación realizó Darias, quien argumentó que el Gobierno va a "trabajar" para que estas pruebas tengan un "precio asequible".

"Vamos a trabajar para que sea un precio asequible para la ciudadanía de este país", anunció la ministra en rueda de prensa el pasado miércoles tras la reunión del Pleno del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (CISNS).

DETALLES DEL REAL DECRETO

El borrador de la nueva norma de Sanidad, publicado en mayo, justifica que "la disponibilidad de pruebas de autodiagnóstico para la COVID-19 permitirá a la población general la realización de las pruebas sin la intervención de un profesional sanitario, lo que por un lado reducirá en cierta medida la presión asistencial de los centros sanitarios y permitirá la identificación rápida de sospechas de casos positivos".

De la misma forma, el Ministerio reconoce que la crisis sanitaria por la COVID-19 "hace necesario aumentar la capacidad diagnóstica del Sistema Nacional de Salud, con objeto de identificar de forma rápida sospechas de casos positivos, para tomar las medidas adecuadas y así controlar eficazmente la progresión de la pandemia y al mismo tiempo atender a los afectados por la pandemia y ayudar a su recuperación".

"Teniendo en cuenta que la exigencia de prescripción para la venta al público de estos productos constituiría una importante barrera para su uso, es conveniente incluirlos entre los productos de autodiagnóstico exceptuados de la necesidad de prescripción para su adquisición en farmacias", explicó el Ministerio en su borrador.

Respecto a la repercusión que para la economía pueda producir la aprobación del Real Decreto-Ley, Sanidad considera que "aumentar la capacidad diagnóstica del Sistema Nacional de Salud, con objeto de identificar de forma rápida sospechas de casos positivos, ayudará a controlar eficazmente la progresión de la pandemia y, por lo tanto, a la disminución de las restricciones de movilidad y a la reanudación de las actividades normales.

Tras aprobarse esta norma, las pruebas de autodiagnóstico de la COVID-19 se unirán a otros test que tampoco necesitan receta, como los del embarazo y de la fertilidad, así como los destinados a la determinación de la glucemia o la detección del VIH. Al igual que estos productos, los test para detectar la COVID-19 podrán tendrán permitido realizar publicidad.

El delegado de Salud, Carlos Bautista, ha reconocido que los datos de contagios por COVID-19 son los mismos que en la tercera ola "que fue brutal" y, aunque ha dicho que "no están generando tanta repercusión hospitalaria, sí la tenemos", con personas "muy jóvenes" en Unidades de Cuidados Intensivos (UCI), por lo que ha apelado a "la responsabilidad de todo el mundo".

En respuesta a los periodistas tras una rueda de prensa, Bautista ha explicado que "no hay una repercusión clínica tan importante como en otras olas, pero tenemos contagiados en residencias de mayores que están vacunados, tenemos contagios con repercusión de gente vacunada", por lo que ha considerado que "la realidad es que tenemos que ser ahora más prudentes que nunca".

Así, ha indicado que los datos son consecuencia del "causa, efecto", señalando en primer lugar que "hemos tenido a la población joven todo el año muy bien cuidada por los docentes, sus familias, en los colegios", pero ha llegado el final de curso y "han cogido vacaciones, han quitado la obligación de la mascarilla y nos encontramos con la población joven en la calle relacionándose sin mascarilla, no hace falta que sea en botellón".

"Es una situación explosiva", ha aseverado, al unirse varias circunstancias como la presencia de la variante Delta, la no obligación de llevar mascarilla, con la que se ha mostrado en contra; y la mayor movilidad por el verano y por ser Málaga una zona turística.

Además, el delegado ha indicado que también están llegando menos vacunas, con lo que "podíamos estar vacunando a los jóvenes mayores de 18 años y no lo estamos haciendo porque faltan dosis". Con todo, "estamos en una situación compleja", ha manifestado.

"Se ha generado un pequeño cóctel explosivo y esos son los efectos y la realidad", ha insistido el delegado, quien ha explicado que el Gobierno andaluz "no tiene herramientas jurídicas ni legales para limitar la situación, no podemos poner toque de queda, no podemos obligar a poner la mascarilla, hay que apretar los dientes".

Ha indicado que en el Comité de Expertos de Andalucía, que se reúne este martes, "efectivamente se pueden tomar medidas de aforo y horarios, siempre pensando en el bien común, en los que estén ingresados en hospitales, que es lo que más nos preocupa, pero también en la población que necesita vivir de su pequeño negocio, bares u hoteles".

La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo ha fijado el próximo 21 de septiembre, a las 10.00 horas, para el comienzo de juicio en el que se piden 6 meses de prisión, inhabilitación para el sufragio pasivo por el tiempo de condena y multa de 180 euros para el secretario de Organización y diputado de Unidas Podemos Alberto Rodríguez por presunto delito de atentado contra agente de la autoridad y otro leve de lesiones; así como una indemnización de 250 euros para el policía al que supuestamente pateó durante una protesta en La Laguna (Tenerife) en 2014.

Además, la Sala admite en un auto todas las pruebas propuestas por la Fiscalía para celebrar en el juicio oral, entre ellas la testifical de tres policías que participaron en la protesta y sus partes médicos; mientras que rechaza las presentadas por la defensa de Rodríguez por considerar que no tienen relación con los hechos, no apreciarse su relevancia para el juicio o haber sido ya admitidas.

Entre estas pruebas están la testifical de dos sanitarias, la reproducción de vídeos de la protesta o las pruebas practicadas y la sentencia y dictada por un juzgado de Tenerife de la que dimana esta causa. Según el Supremo estas últimas, al proceder de otra sede judicial, no son valorables en el presente procedimiento.

Los hechos instruidos en el Supremo, dada la condición de aforado de Rodríguez, ocurrieron el 25 de enero de 2014 en La Laguna (Tenerife) con motivo de una manifestación contra el entonces ministro José Ignacio Wert durante la cual el hoy parlamentario presuntamente propinó una patada a un agente.

PROTESTA CONTRA WERT

En el escrito de conclusiones provisionales del fiscal, dado a conocer este martes, se relata que el 25 de enero de 2014 se organizó por las autoridades competentes un dispositivo policial en el centro de la localidad de La Laguna, con ocasión de la inauguración de la Catedral de Nuestra Señora de los Remedios, a la que estaba previsto que asistiera el entonces ministro de Cultura José Ignacio Wert porque se tenía conocimiento de que se había convocado una manifestación bajo el lema "Rechazo a la LOMCE

Según el relato del Ministerio Público, unas 500 personas se reunieron tras el vallado trenzado próximo a la Catedral y protegido por efectivos policiales y comenzaron a gritar: "perros, hijos de puta", "quitaos de en medio, dejad a Wert en nuestras manos".

En un momento dado una mujer, auxiliada por otras personas, comenzó a cortar los lazos que aseguraban la valla, llegando a dejarla pasar por su edad, pero al negarse los Agentes a que accediera al interior del templo, volvió al otro lado del vallado, momento en el que el grupo, que había aumentado en unas doscientas personas, comenzó a lanzara los policías y diversos objetos, como piedras, botellas de agua y tomates.

En este contexto sitúa el fiscal a Rodríguez, a quien se acusa de propinar una patada a un policía que a consecuencia de la misma, sufrió una contusión en la rodilla izquierda, requiriendo asistencia y cinco días de recuperación.

Se le atribuye por lo tanto un delito previsto y penado en los artículos 550. 1 y 2 del Código Penal en la regulación dadaa tal precepto por el Código de 2015, por ser más favorable, y un delito leve de lesiones recogido en el artículo 147.2 del Código Penal, y se pide también que asuma las costas procesales.

LA DEFENSA NO VE ACREDITADA LA AGRESIÓN

La defensa del diputado, que aportó un soporte digital con la grabación de algunos momentos seleccionados de la manifestación en que se sitúan los hechos, solicita que se decretase el archivo de la causa acordándose el sobreseimiento libre por no haber quedado suficientemente acreditada la comisión de infracción penal alguna.

El magistrado que instruyó este asunto, Antonio Del Moral, justificó su decisión de sentarle en el banquillo en "las declaraciones del agente policial que aparece como supuesta víctima, más la objetividad de los partes médicos".

Durante su declaración ante Del Moral el pasado 4 de marzo, Rodríguez negó los hechos por los que fue imputado y enmarcó las investigaciones en su contra en "la criminalización de la protesta social".

El dirigente 'morado' sostiene que se limitó a participar "junto a miles de canarios en una manifestación por la educación pública y contra los recortes", aseverando que "ni siquiera estaba en ese momento" en el que se produjeron las agresiones a los agentes.

La consejera de Sanidad de la Junta de Castilla y León, Verónica Casado, ha pedido a la ciudadanía que se autoimponga un toque de queda de entre la 1.00 y las 6.000 horas de la madrugada para evitar una mayor propagación del virus, al tiempo que ha recomendado que se limite "al máximo" el contacto social dada la situación actual de trasmisión comunitaria en la Comunidad.

Casado ha comparecido junto al vicepresidente de la Junta, Francisco Igea, para explicar las nuevas medidas adoptadas por la Junta para intentar frenar el volumen de contagios de esta quinta ola y ha precisado que "la pandemia no ha terminado", a lo que ha sumado que "nadie está libre de todo riesgo".

Ante esta situación, la consejera ha defendido que las medidas adoptadas por la Junta y que se basan en el cierre de las barras en hostelería, el cierre del interior del ocio nocturno, limitación a 10 personas por mesa, cierre de establecimientos a la 1.30 horas y cierre de parques en la madrugada tienen como objetivo paliar el nivel de contagios ante la imposibilidad de poder aplicar un toque de queda.

No obstante, ha reseñado que esta medida, junto con la mascarilla y la vacunación son las acciones que se han demostrado efectivas para paliar este virus, por lo que ha pedido a la población "responsabilidad", la autoimposicion de toque de queda y uso de mascarilla.

Casado ha insistido en que la quinta ola ha tenido una "abrupta explosión" con casos de personas de entre los 14 y los 29 años que, en este caso, era población no inmunizada, algo que se ha propiciado por la "relajación de las medidas" y la presencia de nuevas variantes más contagiosas.

De este modo, la consejera ha defendido que cada ola ha sido diferente a la anterior y, en esta ocasión, el semáforo que fue "útil" en olas anteriores no lo es dada la tipología del contagio que está relacionada con los grupos etarios y el ocio nocturno.

Esta situación ha obligado a la Junta a centrar las medidas en esos tramos de edad más afectados y no aplicar acciones de forma indiscriminada. "No nos parece concordante medidas como puede ser el cierre del turismo rural sin tener una implicación directa con esta nueva ola".

En su explicación, la consejera ha señalado que el 6 de julio se comenzó a vislumbrar esta quinta ola, lo que llevó a la Junta a reclamar a Gobierno central la implantación de un toque de queda, algo que finalmente no se llevó a efecto y que, además, desaconsejaron los servicios jurídicos de la Junta cuando se les consultó para imponerlo en la Comunidad.

"No tenemos un paraguas jurídico", ha lamentado Casado, quien ha defendido la decisión del Ejecutivo de imponer medidas quirúrgicas para atajar el volumen de contagios. "La transmisión en comunitaria, no afecta sólo a jóvenes, pedimos la colaboración de todos los ciudadanos para que se apliquen todas las medidas de prevención posible", ha señalado.

"No podemos bajar la guardia", ha reclamado la consejera, quien ha asegurado que la Junta sigue identificando a contactos, cuarentenando y aislando posibles contactos.

Por su parte, el vicepresidente de la Junta ha defendido que la intención de la Junta es intentar mantener un "equilibrio sensato" entre las medidas y la situación actual que pasa por incrementos de contagios en todos los grupos de edad. "Esta circunstancia nos ha hecho tomar este conjunto de medidas que se acordaron ayer Consejo de Gobierno".

Igea ha aprovechado su intervención para reclamar a los ciudadanos que extremen la responsabilidad individual, al tiempo que ha pedido a ayuntamientos y autoridades locales su máxima colaboración para lograr el cumplimiento de las normas, un ruego al que ha sumado a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado con el fin de que sean "rigurosos" con la tramitación de las denuncias en el caso de que haya infracciones.

"Vamos a seguir tomando decisiones e intentar que no paguen justos por pecadores en el incumplimiento de las normas", ha zajando.

La Audiencia Provincial de A Coruña ha decretado que la investigación del crimen de Samuel Luiz, sucedido en la madrugada del pasado 3 de julio en el paseo marítimo de A Coruña, debe continuar bajo secreto de sumario, tal y como ordenó la jueza instructora tras lo hechos que le costaron la vida a este joven de 24 años.

De esta forma, la Audiencia estima el recurso interpuesto por la Fiscalía y deja sin efecto el auto dictado el 14 de julio por el Juzgado de Instrucción número 8 de A Coruña que levantaba el secreto de las actuaciones.

Esta medida, que es temporal, impide a las partes personadas en el caso acceder al contenido de las diligencias de investigación practicadas hasta el momento. En la actualidad hay tres jóvenes en prisión provisional, comunicada y sin fianza por la paliza que le costó la vida a Samuel Luiz.

Además, dos chicos que no alcanzan la mayoría de edad --uno de ellos con antecedentes penales-- ingresaron en un centro de menores. Una sexta detenida, una mujer de entre 20 y 25 años, fue puesta en libertad condicionada a comparecencias regulares en el juzgado.

Públicamente, al menos el abogado de uno de los chicos que permenece encarcelado ya reclamó el levantamiento del secreto de sumario, pero la Audiencia Provincial apuesta por que la partes no puedan acceder al contenido de las diligencias hasta que se lleven a cabo las testificales de las personas que presenciaron la paliza.

GRAVEDAD DEL DELITO

Según informa el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG), el tribunal tiene en cuenta para mantener la medida "la gravedad del delito principal objeto de investigación, la pluralidad de implicados y la existencia de una serie de diligencias de investigación policiales y judiciales pendientes de práctica y de carácter indudablemente urgente".

Además, indica en el auto que esta situación de secreto "debería prolongarse, al menos, hasta que se realicen los actos de instrucción sustanciales", entre ellos las testificales de las personas que presenciaron los hechos.

El secreto, según la Audiencia, es necesario para "velar por el adecuado desarrollo de la instrucción, garantizando las fuentes de prueba, la plena normalidad de su desarrollo y evitando situaciones de riesgo para la pluralidad de los testigos pendientes de prestar declaración". Así, el tribunal advierte de que la labor de indagación policial "no está concluida".

Los magistrados explican en el auto que la figura del secreto de las actuaciones, como toda norma limitativa de los derechos fundamentales, es temporal y, en este caso, necesaria. Por ello, recuerdan que la "limitación temporal del ejercicio del derecho de defensa" está destinada "a establecer precauciones de salvaguarda cuando la intervención del acusado en las actuaciones judiciales pueda dar lugar a interferencias, manipulaciones u obstaculizaciones de investigación".

Además, matizan que la medida es "necesaria, excepcional, temporal y prorrogable, de forma que la operatividad del derecho de defensa no quede relegada al juicio oral".

Esquerra Republicana (ERC) ha pedido este martes derogar la vigente Ley de Seguridad Nacional, que data de 2015, mientras que la CUP y el PDeCAT han avanzado su rechazado a la nueva norma que en este ámbito está promoviendo el Gobierno.

En rueda de prensa en el Congreso, el portavoz parlamentario de ERC, Gabriel Rufián, ha anunciado que su grupo ha presentado una proposición de ley para suprimir la actual Ley de Seguridad Nacional que, a su juicio, "atenta de manera clara contra derechos fundamentales".

En su iniciativa, los independentistas catalanes justifican la necesidad de 'liquidar' la citada norma porque es un texto jurídico "inexplicable y confuso" en tanto que interpreta la seguridad nacional como un concepto constitucional "cuando la Constitución de 1978 no recoge tal concepto".

"RETUERCE" EL ESTADO DE DERECHO Y ES UN "EXPOLIO" COMPETENCIAL

ERC también critica que el Gobierno, "sin previa consulta o deliberación previa" del Parlamento, pueda actuar vía real decreto cuando la situación sea interés para la seguridad nacional por la gravedad y la urgencia de sus efectos.

"Un retorcimiento del Estado derecho -- a su juicio-- que avala intervenciones excepcionales para situación de contestación social y que es digno instrumento ejecutorios de la llamada Ley Mordaza".

Y cuestiona, además, que la norma otorgue facultades a su juicio "exorbitantes" a la Presidencia del Gobierno y al Consejo de Seguridad Nacional para la absorción y centralización de todos los medios materiales y personales de las comunidades autónomas e incluso locales, "relegando" a éstas a un mero papel de "espectador".

Ello supone, para Esquerra Republicana, "un expolio competencial" además de un "menoscabo" a la autonomía política de comunidades como Cataluña y Euskadi, que cuentan ya con sus propias policías autonómicas.

"UN CATÁLOGO PELIGROSO DE REGRESIONES DEMOCRÁTICAS"

De su lado, tanto la CUP como el PDeCAT ya han avanzado su rechazo a la nueva Ley de Seguridad Nacional que persigue reforzar los mecanismos a disposición del Estado para acceder a los recursos necesarios para la gestión de crisis. Entre otros aspectos, permitirá movilizar a los españoles en caso de crisis, intervenir empresas y requisar bienes.

A este respecto, el diputado de la CUP, Albert Botrán, se ha mostrado contrario a una norma que, a su juicio, supone "un giro autoritario del Estado" porque ofrece "un catálogo peligroso de regresiones democráticas".

En la misma línea se ha manifestado el portavoz del PDeCAT en el Congreso, Ferrán Bel, quien ha avanzado que si el Gobierno no modifica los puntos que restringen fuertemente las libertades de los ciudadanos o el acceso a su patrimonio, la norma no podrá contar con su apoyo.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, viaja este martes a Estados Unidos para iniciar una gira económica por Estados Unidos, con parada en Nueva York, Los Ángeles y San Francisco entre los días 21 y el 23, y que tiene como objetivo situar a España y a sus empresas en el "radar" de las inversiones y las oportunidades de negocio que se abren con el fin de la pandemia y la llegada de la recuperación.

Para ello, Sánchez se reunirá con destacados empresarios y representantes del sector financiero, tecnológico y audiovisual, pero no se verá ni con el presidente estadounidense, Joe Biden, ni con nadie de su administración, al tratarse de un viaje con un enfoque exclusivamente económico.

NO SE HA PEDIDO REUNIÓN CON BIDEN

Es más, fuentes gubernamentales explican que desde el Ejecutivo ni siquiera han solicitado a la Casa Blanca que se produjeran este tipo de encuentros políticos, por la importancia que le dan al carácter económico de la gira y a la agenda "de primer nivel" que tendrá el presidente en este sentido.

En esa agenda figuran en Nueva York reuniones con el cofundador de Bloomberg, Michael Bloomberg, con el consejero delegado de BlackRock, Larry Finck y con representantes de JP Morgan, Goldman Sachs o Soros Fund Management, entre otros.

En Los Ángeles, Sánchez visitará la sede de la NASA y los estudios de Universal, donde se verá con ejecutivos del mundo audiovisual, como Netflix o HBO. Y por último, en San Francisco, en Silicon Valley, se reunirá en la sede de Apple con su director ejecutivo de Apple, Tim Cook; y se verá con los CEO de HP, Microsoft, Intel, PayPal y Qualcomm, en el garage donde el fundador de HP ideó la compañía.

Desde Moncloa defienden que el viaje se justifica por sí mismo tal y como está enfocado por expreso deseo del propio Sánchez, con la mente puesta en la atracción de inversiones de cara a la recuperación económica, y por tanto no se consideran necesarios en este caso los contactos de carácter político con la nueva Administración.

"ES AHORA EL MOMENTO DE UN VIAJE ECONÓMICO A EEUU"

Con el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia recién aprobado por Europa, y con las empresas "a punto de tomar decisiones de inversión muy importantes", el Gobierno considera que es ahora el momento para hacer este tipo de viaje, y que ya habrá ocasión de seguir estrechando los contactos entre el Ejecutivo español y el estadounidense "más adelante.

Además, las fuentes consultadas recalcan que la relación con Estados Unidos es excelente y que hay contactos a distintos niveles, más allá de que no se produzca un encuentro a nivel presidencial, después del breve contacto mantenido por Sánchez y Biden durante la cumbre de la OTAN en Bruselas el pasado 14 de junio.

Sánchez estará acompañado en esta gira por la ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto, que llegará desde Whashington, donde ha pasado el fin de semana reuniéndose, ella sí, con sus homólogos del Gobierno estadounidense, como el secretario de Comercio. Además, en esta ocasión Sánchez se llevará a representantes de cinco startups: Redpoint, RatedPower, Adara Ventures, Wallbox y Carto.

La gira del presidente arranca este miércoles 21 en Nueva York a las 8.30 hora local --las 14.30 en España--, con una entrevista en directo para la MSNBC --la primera de varias que ofrecerá a medios estadounidenses--, y su primera jornada se centrará en contactos enfocados en el sector financiero y los fondos de inversión.

En concreto, mantendrá a las 10.30 --16.30 hora española-- una reunión con inversores, y después un almuerzo de trabajo con el cofundador de Bloomberg, y una reunión con el consejero delegado de BlackRock. Tras estos encuentros, participa en una entrevista-coloquio organizada por Reuters, en el Instituto Cervantes de Nueva York. Por último, inaugurará la nueva sede de la Oficina Económica y Comercial deEspaña en Nueva York, en el icónico edificio Chrysler, antes de desplazase a Los Ángeles.

Su segunda jornada de la gira el jueves 22, ya en Los Ángeles, arrancará con una visita a las 9.30 horas --18.30 hora española-- al Jet Propulsion Laboratory de la NASA, donde entre otras cosas se diseñan los Rovers que viajan a Marte, como el Perseverance y el Curiosity, con algunas piezas fabricadas en España.

Después se desplazará a la Universidad de California en los Ángeles (UCLA) para participar a las 12.00 horas --21.00 hora española-- en el acto 'Presencia del español y sus culturas en Estados Unidos'. Tras el acto, Sánchez será entrevistado en la cadena CNN en español.

Esta cita llega precisamente una semana después de que el Gobierno haya aprobado la creación en esta ciudad de una nueva sede del Instituto Cervantes, que pueda llegar a ser "la casa del hispano" en Los Ángeles. Según Moncloa, se espera que Estados Unidos sea el segundo país en cifra de hispanohablantes para 2060 por detrás de México.

En la que es la meca del cine la agenda también estará enfocada al sector audiovisual, con la vista puesta en resaltar las virtudes que ofrece España para este sector, tras el reciente impulso del Plan de Impulso al Sector Audiovisual, para convertir el país en un Hub Audiovisual. Para ello, el presidente visitará los estudios de Universal, mantendrá un encuentro con los CEOs de Netflix, HBO, Disney, Warner y Activision, y participará en el evento España hub audiovisual.

La última etapa de la gira será el viernes 23 en San Francisco y, en este caso, el interés estará enfocado al sector tecnológico, dado que allí se encuentra Silicon Valley y tienen su sede las principales empresas del sector. Allí Sánchez visitará la sede de Apple, y se verá con Tim Cook. También tiene previsto un almuerzo con los CEO de Intel, PayPal, Qualcomm, Levi's y Microsoft, organizada por el CEO de HP en The HP garage, el garaje de Silicon Valley en el que se ideó la compañía y que hoy es un museo.

En cuanto a los asuntos a tratar en los contactos, que estarán enfocados en el sector privado, las fuentes aseguran que no hay ningún tema tabú a abordar, lo que incluye la conocida como 'tasa Google', si bien inciden en que no es una cuestión a debatir.

De hecho, Moncloa ha querido dejar claro que Sánchez no acude a esta cita con propuestas fiscales para atraer las inversiones, ya que es el presidente de un Gobierno "serio", que no va ofrecer intercambios "detrás de las cortinas", sino a exponer las oportunidades de negocio que ofrece España gracias al plan de recuperación y transformación que ya ha sido aprobado por Bruselas.

Por último, Sánchez ofrecerá a las 14.30 horas --23.30 hora española-- una entrevista con Bloomberg Technology, antes de desplazarse al campus de HP para reunirse con inversores y emprendedores españoles. Sánchez cerrará su gira con una comparecencia ante los medios desde el campos de HP, prevista para las 17.00 horas, las 2.00 de la madrugada en España.

Los magistrados del Tribunal Constitucional que votaron en contra de la sentencia que declara la inconstitucionalidad de algunos preceptos del decreto de estado de alarma de marzo de 2020 coinciden en sus argumentos en defender la proporcionalidad e idoneidad del instrumento elegido por el Gobierno para imponer limitaciones de derechos como el de circulación o reunión que se impusieron para hacer frente al coronavirus. Por contra, la mayoría dictaminó que lo que hubo fue una restricción de "alta intensidad" de derechos que hubiera requerido un estado de alarma.

Se de la circunstancia de que la sentencia, que se notificó a las 22 horas de este lunes, no incluye uno de los cinco votos discrepantes, el del magistrado Juan Antonio Xiol, que ha pedido un par de días más para terminar de redactar su escrito, según fuentes de este órgano. Finalmente, y ante el interés del presidente Juan José González Rivas de notificar una resolución parte de cuyo contenido se había filtrado el pasado viernes, se decidió notificarla a última hora de ayer sin esperar al magistrado progresista.

Por lo que respecta al resto de discrepantes, cada uno ha elaborado su propio voto particular. Para la progresista María Luisa Balaguer se daban las circunstancias propias de la declaración del estado de alarma, "de modo que el instrumento elegido por el ejecutivo nacionalfue el constitucionalmente adecuado", sin perjuicio del análisis que se pueda hacer sobre las medidas y sus efectos sobre la restricción, más o menos intensa, al ejercicio de determinados derechos fundamentales

Discrepa de sus compañeros porque, entre otras razones, en su apreciación olvidan que la restricción de movimientos no fue absoluta, en la medida en que se contemplaban un elevado número de excepciones y de razones que justificaban la salida del domicilio.

También destaca esta magistrada la "deferencia con el ejecutivo y con el Congreso de los Diputados que ratificó la decisión llegado el momento, autorizando la prórroga, y que actuaban en ejerciciode las funciones que la Constitución reconoce a cada uno de estos poderes". Adoptaron estas decisiones, además, "contando con la información escasa y disponible en ese momento, decisionespertinentes y adecuadas al principio de precaución previamente referido".

Así, concluye que la restricción de la libertad deambulatoria contenida en el artículo 7 del real decreto "pese a ser severa, no resultaba desproporcionada, teniendo en cuenta la necesidad degarantizar el derecho a la salud de la ciudadanía en el contexto de desabastecimiento de equipos médicos, materiales y humanos, existente en el momento en que se adoptaron las medidas cuestionadas, y la situación equivalente que se estaba viviendo en todos los países de nuestroentorno".

CONDE-PUMPIDO

Por su parte, el magistrado Cándido Conde-Pumpido mantiene en su voto particular su fuerte oposición a la postura mayoritaria, defendida por seis de los magistrados, de la que afirma "no resuelve, sino que crea un grave problema político, al desarmar al Estado contra las pandemias, privándole del instrumento que la ley determina expresamente para hacer frente a las crisis sanitarias, el estado de alarma".

A juicio del magistrado la construcción doctrinal de la sentencia podría suscitar "en un inadvertido lector la impresión de que lo que se consigue con la misma es una mejor garantía de los derechos, pues sesomete al Gobierno a un control parlamentario desde el primer momento en el que se produce la restricción de aquellos".

POSICIÓN DEL PRESIDENTE

En opinión del presidente del TC, que votó con la minoría, fueron constitucionalmente admisibles aquellas medidas que limitaron la libertad de circulación, "pues no suprimían el ejercicio del derecho y eran proporcionales en la consecución del objetivo público que las justifica".

Máxime, añade en su voto, "al tener en cuenta que la OMS, desde el primer momento (enero 2020) en una valoración científica y no política consideró como factores decisivos de la difusión del virus la movilidad y los desplazamientos, así como las reuniones privadas en grupos acumulados".

Abunda el presidente en que la libertad de circulación y de libre elección de residencia, con la utilización de conceptos formulados de modo abierto, "produjo el efecto de moderar el rigor de la restricción, que no puede ser calificada de cesación del ejercicio de los derechos o de suspensión de su vigencia, encuadrable en el estado de excepción".

González Rivas defiende también que el estado de alarma representó "una contribución muy importante para evitar el contagio masivo de una enfermedad entonces desconocida y mortal, produciendo un efecto dirigido a mantener el presupuesto ontológico de todas las manifestaciones humanas, que es la vida y los derechos fundamentales de ciudadanos afectados".

VISIÓN DE OLLERO

El magistrado Andrés Ollero, enmarcado en el ala conservadora, ha emitido otro voto particular desde "el máximo respeto" a sus colegas al "discrepar de la consideración mayoritaria de que, dada la intensidad de la limitación de derechos producida, habría tenido lugar de hecho una auténtica suspensión de los mismos que debiera haber obligado constitucionalmente a declarar un estado de excepción".

"La clave, a mi juicio, radica en que al declarar el estado de excepción se decide, a priori, afectar al contenido esencial de derechos fundamentales. Por el contrario, considero que el estado de alarma solo se convierte en inconstitucional cuando se detecta a posteriori --puede que incluso de modo cautelar-- que la limitación de los derechos en las previsiones de la norma o en la aplicación a un caso concreto es desproporcionada, afectando por tanto a su contenido esencial", resume.

Ollero argumenta asimismo que el estado de excepción "tiene claros precedentes referidos a problemas de orden público con notorias connotaciones políticas", mientras que "el de alarma remite a catástrofes y situaciones como la actual pandemia".

PREMISAS INCORRECTAS

Además, cree que el estado de excepción por el que aboga la sentencia del TC es "deudor" de algunos puntos de partida que no comparte. En primer lugar, que se debería haber examinado todo lo ocurrido en "una visión de conjunto", lo cual avisa de que excedería los límites del recurso planteado por Vox.

El segundo supondría entender los estados de alarma, excepción y sitio como "una escala progresiva de mayor incidencia sobre los derechos de los ciudadanos", mientras que la tercera premisa implicaría marcar diferencias entre "los derechos fundamentales clásicos" y los considerados económicos, sociales y culturales.

"No me parece acertado pretender identificar con los derechos fundamentales, proclives --como ha señalado la doctrina-- a un juego normativo o todo o nada, a derechos de diversa estructura, pero tampoco dar por hecho que las medidas exigidas por la protección de estos últimos no pueden --aun sin desbordar la obligada proporcionalidad-- superar la incidencia práctica de los anteriores", señala.

Apunta además que el estado de excepción obliga a fijar la duración del mismo, sin que pueda exceder de 30 días prorrogables por el mismo tiempo.

De haber sido así, esgrime, se habría transmitido a la población la idea de que se podía poner fin a la pandemia "en uno o dos meses". Aunque a lo largo del estado de alarma se han escuchado "no pocas majaderías, incluso de portavoces autorizados", "no se llegó a este extremo", concluye. Y habría que hacer una "interpretación tortuosa" para esquivar este precepto constitucional.

La Federación Española del Reciclaje (FER) pide al Gobierno que implante medidas para garantizar el libre comercio de materias primas secundarias en la modificación del Reglamento de traslados de residuos de la Unión Europea, porque considera que restringir la exportación de materiales reciclados fuera de Europa que cumplan con los estándares de calidad frenaría la competitividad de las empresas recuperadoras, impediría cumplir con los objetivos de la UE y ralentizaría la transición hacia la economía circular.

La reclamación llega tras la publicación de la propuesta de modificación del Reglamento 1013/2006 sobre traslados de residuos por parte de la Comisión Europea, que se publicará después de verano, establecerá un nuevo escenario para las exportaciones de materias primas secundarias.

A juicio de la FER, este reglamento podría suponer "nuevas trabas" al comercio internacional de materiales reciclados. Si bien, la directora general de la FER, Alicia García-Franco, admite de que el reglamento actual tiene "graves deficiencias, como procedimientos muy largos, enrevesados, costosos y anticuados, además de notables carencias en la armonización entre los países".

La también vicepresidenta de la Confederación Europea de Industrias del Reciclaje (EuRIC) señala que de acuerdo con los datos de Eurostat, la industria europea sigue siendo principalmente lineal, con solo el 12 por ciento de las materias primas que utiliza provenientes del reciclaje, como así se destaca en el Pacto Verde Europeo.

De este modo, ha reclamado cambios en la modificación de la normativa que sean "de gran alcance" para incentivar las cadenas de valor circulares, alinear los procedimientos de envío de residuos con los objetivos establecidos por el nuevo Plan de Acción de Economía Circular y abordar de manera más efectiva los traslados ilegales.

No obstante, alerta de que para la industria europea del reciclaje sospecha que entre las modificaciones al Reglamento se incluirán restricciones o prohibiciones a la exportación de residuos fuera de la zona euro.

"Se podría pensar que cerrar las fronteras a las materias primas secundarias contribuirá a aumentar la proporción de material reciclado y a disminuir la proporción de materias primas extraídas, pero tal premisa jamás se cumplirá si antes no se consigue que las materias primas secundarias sean más baratas que las materias primas vírgenes y no se aumente la capacidad y el número de instalaciones de producción y aplicaciones que usen materias primas secundarias, tales como la granza de plástico, la chatarra o el caucho granulado", alerta.

En todo caso, asegura que si se limita el libre comercio de materias primas provenientes del reciclaje, "se frenará la competitividad de la industria del reciclaje europea".

Por ello, solicita que antes de implantar una "decisión tan radical" sería más positivo establecer antes requisitos más estrictos para evitar las exportaciones de residuos sin procesar y/o tratar a países no pertenecientes a la OCDE, así como distinguir claramente los residuos que no se han tratado de las materias primas secundarias que sí han sido procesadas, una cuestión fundamental para lograr unas condiciones equitativas respecto a las materias primas vírgenes".

En este contexto, recuerda que las materias primas secundarias procedentes del reciclaje pueden sustituir a las materias primas vírgenes en los procesos de producción, por lo que reclama "incentivos para que compitan en precio, cantidad y calidad".

Castilla y León ha notificado este martes 1.547 nuevos positivos de COVID-19, para sumar un total de 267.490 desde el inicio de la pandemia, con dos nuevos fallecido para un total de 5.808, y 56 altas médicas más, 30.883 en total, según los datos ofrecidos por la Consejería de Sanidad y recogidos por Europa Press.

Los fallecimientos en hospitales ascienden a 5.808, dos más que en el anterior parte, mientras que los brotes activos actualmente en el conjunto de la Comunidad son 511 --cuatro menos que en el anterior parte-- y los casos positivos a ellos vinculados ascienden a 2.692 --45 más--.

De ellos, Ávila contabiliza 40 brotes --tres más que en el anterior parte--; Burgos, 22 --siete menos--; León, diez --uno menos--; Palencia, 18 --sin cambios--; Salamanca, 88 --cuatro más--; Segovia, 80 --uno más--; Soria, 87 --cinco más--; Valladolid cuenta con 65, cuatro menos, y Zamora, 99, siete menos.

En total, se han diagnosticado ya en la Comunidad 267.490 positivos de COVID-19 en los distintos tipos de pruebas, después de sumar 1.547 más en la última jornada. De ese total, 260.998 positivos han sido confirmados en test PCR y de antígenos.

BURGOS SUMA 451 CONTAGIOS

Por provincias, Burgos es la que más positivos ha notificado desde el día anterior, con 451 casos para un total de 44.481; seguida por Valladolid, con 360 positivos más y 58.948 en total; León, con 200 más y 46.621; Palencia con 156 y un total de 21.877; Salamanca y Segovia, ambas con 84 casos más y, respectivamente, 35.672 y 18.836 en total; Ávila, con 77 más y 14.217; Soria, con 69 y un acumulado de 10.832; y Zamora, con 66 más y 16.006.

Respecto al número de fallecidos en hospitales con diagnóstico COVID, la cifra se incrementa hasta los 5.808, después de que se haya registrado dos nuevos decesos en las provincias de Palencia y Valladolid. Del total, 1.186 corresponden a Valladolid, uno más; seguida por León, con 1.162; Salamanca, que tiene 843; Burgos, 718; Palencia, 455, uno más; Zamora, con 437; Segovia, con 371; Ávila, con 348, y Soria, con 288.

En el caso de las altas hospitalarias, estas suman un total de 30.883, 56 más desde el anterior parte, lo que supone la cifra más alta notificada en un día desde el pasado 11 de mayo. De ellas, se han computado 7.540 en Valladolid; 5.326 en León; en Burgos, 4.366; en Salamanca, 4.167; en Palencia, 2.331; en Zamora, 2.023; en Segovia, 1.970; en Ávila, 1.813, y en Soria, 1.347.

AUMENTAN LOS HOSPITALIZADOS

Según la última actualización, los hospitales de la Comunidad tienen ingresados un total de 428 pacientes con COVID-19, nueva más que el día anterior. De ellos, 60 están hospitalizados en unidades de críticos (UCI) --dos más que en el anterior parte--, mientras que 368 se encuentran en planta, siete más.

Los pacientes con COVID-19 en UCI se encuentran repartidos en once hospitales de las distintas provincias --todos los que tienen unidades de este tipo-- y ocupan un 18 por ciento de las camas inicialmente habilitadas en unidades de críticos, el mismo porcentaje que en la jornada precedente.

Así, se informa de 14 ingresados en el Complejo Asistencial de Burgos; nueve en los de León y Palencia así como en el Clínico Universitario de Valladolid; cinco en el Río Hortega de la misma ciudad; cuatro en el Complejo de Segovia; tres en el complejo Soria y dos en los de Ávila, Salamanca y Zamora.

Andalucía "se suma" a la petición que este martes ha realizado por carta el lehendakari del País Vasco, Iñigo Urkullu, al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para que reforme su decreto para establecer la obligatoriedad del uso de la mascarilla antes de su convalidación este miércoles en el Congreso de los Diputados.

A preguntas de los periodistas en la rueda de prensa posterior a la reunión semanal del Consejo de Gobierno, el consejero de la Presidencia, Administración Pública e Interior y portavoz del Ejecutivo andaluz, Elías Bendodo, ha dicho que "Andalucía se suma" a esa idea del lehendakari; en concreto, "a que el presidente del Gobierno se actualice, ponga los pies en la tierra y vea cómo va a la pandemia en nuestro país".

Y es que, según ha subrayado Bendodo, desde que decayó el pasado 26 de junio la obligatoriedad de las mascarillas en espacios exteriores siempre que se pudiera guardar la distancia mínima de seguridad interpersonal, los contagios "se han multiplicado" en el conjunto de España.

En esa línea, Bendodo ha considerado que el presidente Sánchez "antepuso sus intereses partidistas a los sanitarios anunciando el fin de la mascarilla obligatoria al aire libre cuando el virus nos ha demostrado que en cuestión de días cambia todo".

"Fue una decisión precipitada y no acertada", según ha remarcado el consejero portavoz, que ha recordado que desde la Junta sugirieron a los andaluces que "no dejaran de usar la mascarilla" pese a la decisión del Gobierno, y "los andaluces están siendo muy responsables", siguiendo usando las mascarillas "en la mayoría de espacios públicos".

Bendodo ha remarcado que la mascarilla se debe seguir usando "con más motivo ahora, cuando se han multiplicado los contagios", y ha dicho que "tendría sentido" que se recupere el uso obligatorio del que se ha demostrado como "la herramienta más eficaz para evitar contagios junto a la vacunación", según ha subrayado.

"Tiene sentido que la mascarilla se siga usando en cualquier sitio, porque se ha demostrado eficaz", según ha insistido el consejero portavoz, quien ha sostenido además que la eliminación del uso obligatorio de la mascarilla ha sido uno de los casos en los que "se demuestra que el Gobierno central no ha liderado esta pandemia", porque la "inmensa mayoría" de los ciudadanos no se la quitó pese a la decisión del Ejecutivo, según ha puesto de relieve.

Euskadi ha registrado este pasado lunes 1.314 nuevos casos de covid-19, 304 más que un día antes, y la tasa de positivos respecto a las pruebas practicadas se ha reducido hasta el 11%, mientras que la incidencia acumulada sube a 585,99 casos por 100.000 habitantes en 14 días, 37 puntos más que el domingo, y alcanza los 3.562 casos entre los menores de 17 a 18 años, 251 puntos más que en la jornada previa.

En las UCI permanecen 44 pacientes, dos más que en la jornada previa, y en las últimas horas han ingresado en planta 48 personas con covid, 12 más que el domingo.

Según los últimos datos aportados por el Departamento vasco de Salud, durante la jornada de este pasado lunes se han realizado 11.944 pruebas diagnósticas (6.924 PCR y 5.020 pruebas de antígenos), por encima de las 7.927 del domingo, con un resultado de 1.314 nuevos infectados, frente a los 1.010 de la jornada anterior. De esta forma, la tasa de positivos respecto a las pruebas realizadas se ha reducido del 12,7% al 11%.

La tasa de casos positivos acumulados en 14 días por cada 100.000 habitantes ha subido 37 puntos en la última jornada y se sitúa para toda Euskadi en 585,99 (era 548,34 el domingo). Entre los menores de 17 a 18 años este indicador sigue creciendo y alcanza los 3.562,81 casos (3.311,67 el domingo).

Este indicador, que se incrementa en los tres territorios, presenta la tasa más elevada en Guipúzcoa, con 674,85 casos este lunes (644,31 en la jornada anterior), mientras que en Vizcaya sube a 527,39 (483,88 un día antes) y en Álava es de 453,65 casos (428,82 en la jornada previa).

Por su parte, se ha reducido la razón de tasas de incidencia (que compara la tasa de incidencia acumulada en 14 días actual con la de hace una semana), a 1,69 para el conjunto de Euskadi (1,72 en la jornada previa), y el número reproductivo básico, que mide a cuántas personas contagia cada caso positivo ha descendido hasta 1,29 (era de 1,30 el día previo).

La trazabilidad de los casos alcanza una media en los últimos siete días del 37,9%, porcentaje de positivos detectados por ser contactos de otros casos, frente al 49,2% de positivos que se realizaron las pruebas por presentar síntomas de covid.

Por territorios, este pasado lunes se han detectado 694 nuevos positivos en Vizcaya, 215 más que el domingo, otros 440 en Guipúzcoa (42 más que en la jornada anterior) y Álava ha contabilizado 139 nuevos contagios (27 más que el día previo). A ellos, se suman 41 contagios entre personas con residencia fuera de la Comunidad Autónoma Vasca, frente a los 21 de la jornada precedente.

En el caso de Vizcaya, los municipios con más positivos este pasado lunes son Bilbao, con 204 y una tasa de incidencia al alza de 537,41 casos, Getxo con 63, Barakaldo con 59, Basauri con 28, Galdakao y Portugalete con 19 en cada municipio, Durango y Santurtzi con 18, y Leioa y Bermeo con 17.

En Guipúzcoa, San Sebastián contabiliza 130 positivos más y sube la tasa de incidencia a 655,19 casos, mientras que en Irún se han registrado 37 contagios más, otros 20 en Zarautz, 17 en Beasain y Tolosa, y 16 en Errenteria.

En cuanto al territorio alavés, Vitoria suma 98 positivos y sitúa la tasa de incidencia en 454,28, mientras que en Amurrio se han registrado nueve contagios más y ocho en Llodio.

MUNICIPIOS EN ROJO

Con los datos de esta pasada jornada, 58 poblaciones de más de 5.000 habitantes presentan tasas acumuladas superiores a los 400 casos en 14 días por cada 100.000 habitantes. En concreto, las guipuzcoanas de Andoain, Arrasate-Mondragón, Astigarraga, Azkoitia, Beasain, Deba, Eibar, Hernani, Hondarribia, Irun, Lasarte-Oria, Lazkao, Lezo, Mutriku, Oiartzun, Oñati, Ordizia, Orio, Pasaia, Tolosa, Urnieta, Urretxu, Villabona, Zarautz, Zumaia y Zumarraga, así como su capital, San Sebastián.

También están en 'zona roja' los municipios vizcaínos de Abadiño, Abanto Zierbena, Amorebieta-Etxano, Arrigorriaga, Balmaseda, Barakaldo, Basauri, Berango, Bermeo, Durango, Elorrio, Erandio, Galdakao, Getxo, Gorliz, Güeñes, Leioa, Lekeitio, Mungia, Muskiz, Ondarroa, Ortuella, Portugalete, Santurtzi, Sestao, Sopela, Trapagaran y Zalla, a los que se suma su capital, Bilbao, así como los alaveses de Amurrio y también su capital, Vitoria.

HOSPITALES

En los hospitales vascos, han ingresado en planta 48 personas con covid durante el lunes, lo que supone 12 más que en la jornada anterior, y son 174 las personas hospitalizadas en planta, diez más que en el día previo.

Además, en las Unidades de Cuidados Intensivos (UCI) de los hospitales vascos hay 44 camas de críticos ocupadas por pacientes con covid, dos más que el día previo.

EDADES

Por edades, el mayor número de nuevos contagios se produce en la franja de edad de entre 19 a 39 años (643 positivos), seguidos de los menores de 18 años (341) y de las personas de entre 40 y 64 años (243 casos). Los mayores de 65 años contabilizan 77 casos, de los que 24 superan los 80 años.

La tasa de incidencia acumulada en 14 días por 100.000 habitantes más elevada se da entre la franja de edad de 19 a 39 años (1.340,02). Por el contrario, la más baja es la de la población de 65 a 79 años (con 113,31). En concreto, entre los jóvenes de 17 a 18 años este indicador es de 3.562,81 casos, 251 puntos más que en la jornada anterior.

El lehendakari, Iñigo Urkullu, ha pedido al presidente Pedro Sánchez por carta que reforme su decreto para establecer la obligatoriedad del uso de la mascarilla antes de su convalidación este miércoles en el Congreso de los Diputados. Además, le ha reclamado que "con carácter urgente", a poder ser, esta misma semana, dote a las comunidades autónomas de medidas con "seguridad jurídica" para limitar la movilidad nocturna y restringir el número de personas que se pueden agrupar.

Así lo ha dado a conocer el portavoz del Gobierno Vasco, Bingen Zupiria, en una comparecencia celebrada este martes ante los medios de comunicación en Vitoria tras la reunión semanal del Consejo de Gobierno.

Concluido el encuentro, el propio lehendakari ha informado a sus consejeros que este pasado lunes remitió a Sánchez una misiva en la que le transmite su preocupación por los efectos que el Real Decreto del pasado 24 de junio sobre la flexibilización del uso de la mascarilla "han tenido", ya que en "muchos casos" ha conllevado que se haya dejado de utilizar, "aunque no fuera ese el objeto" del texto que aprobó el Ejecutivo del Estado.

Ante el hecho de que el decreto vaya a ser ratificado este miércoles en un pleno extraordinario en el Congreso de los Diputados, ha propuesto al presidente del Gobierno que lo modifique antes de su convalidación "para que sea posible reafirmar con nitidez que el uso constante en la mascarilla debe ser una obligación". De esta forma, plantea que se pueda prescindir de ella solo en aquellos "espacios naturales en los que no se produzcan concurrencia de personas".

ALTOS NIVELES DE CONTAGIO

Por otra parte, "ante los niveles de contagio que se están dando y las situaciones dispares que se están produciendo como consecuencia de las ratificaciones o no de los Tribunales de Justicia correspondientes" en cada comunidad autónoma, el lehendakari ha solicitado a Pedro Sánchez "formalmente, en nombre de una cogobernanza real y efectiva, la adopción urgente" esta misma semana de las medidas necesarias para dotar a las autonomías de un marco de seguridad jurídica "suficiente" para que puedan aplicar, de inmediato, medidas.

De esta forma, pretende que se facilite que las comunidades autónomas puedan limitar la movilidad nocturna y el número de personas que se puedan agrupar "en diferentes circunstancias".

Preguntado sobre si el lehendakari no ha pedido declarar el estado de alarma debido a la sentencia del Tribunal Constitucional que declaraba inconstitucionales algunos apartados del real decreto del Gobierno central que declaró el primer estado de alarma por la pandemia, Zupiria ha confirmado que, en la carta, Urkullu no utiliza ni la expresión 'estado de alarma', ni la expresión 'toque de queda', sino que propone una "cogobernanza real y efectiva" y la adopción de las "medidas necesarias" para dotar a las comunidades autónomas de un "marco de seguridad jurídica".

CARÁCTER URGENTE

"No entra en la consideración de cuál es la medida concreta que debería aprobar el presidente del Gobierno", ha insistido, antes de subrayar que lo que pide a Sánchez es que "se adopte alguna medida con carácter urgente, a poder ser, esta misma semana".

El portavoz del Gobierno Vasco ha explicado que, en una entrevista publicada este fin de semana, el lehendakari ya recordaba que existen pronunciamientos del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV), como consecuencia de diferentes consultas realizadas por el Gobierno Vasco en contra de posibles medidas a adoptar.

Además, ha recordado que "es conocida la postura del Gobierno Vasco de no judicializar esta cuestión, por considerar que se trata de una cuestión política y no judicial".

Por otro lado, ha señalado que en octubre de 2020, el lehendakari solicitó la declaración del estado de alarma después de que el TSJPV impidiera la adopción de "determinadas medidas". "Hubo una segunda petición del lehendakari al presidente del gobierno el pasado mes de abril para que se alargara el estado de alarma que no fue considerada oportuna por el presidente del Gobierno", ha señalado.

Por ello, ante las situaciones que se están produciendo en las diferentes comunidades autónomas, con los diferentes pronunciamientos de los Tribunales Superiores de Justicia, algunos de los cuales han hecho incluso referencia al contenido de la sentencia del TC sin conocerse todavía su contenido, crean "una situación de inseguridad que no permite la adopción de medidas efectivas", ha reconocido el portavoz.

Preguntado sobre si el lehendakari ha llamado por teléfono al presidente del Gobierno, Zupiria cree que Urkullu no ha mantenido ninguna conversación directa con Sánchez.

REUNIÓN DEL LABI

El portavoz del Gobierno autonómico ha confirmado que la convocatoria de la reunión del Consejo asesor del Plan de Protección Civil de Euskadi (LABI) se mantiene convocada para este jueves, 22 de julio, a las 16.30 horas.

Bingen Zupiria ha señalado que estará "pendiente de cómo evolucionen los diferentes foros que se van a reunir entre hoy y mañana y las decisiones que pudieran derivar de ellos" para decidir si se adoptan nuevas medidas.

En cualquier caso, ha recordado que hay una serie de medidas "importantes" que están en vigor y que "ordenan la vida social", que son "básicas" sobre el uso de la mascarilla, la distancia interpersonal, así como una limitación de horarios que establece el cierre de establecimientos y actividades culturales, sociales y comerciales a las 2.00 horas.

También ha recordado que los aforos están limitados al 60%; hay limitaciones de público en eventos sociales, culturales y deportivos; limitación de asistencia a lugares de culto; restricciones de horarios de hostelería, prohibido el consumo el barra y de pie, limitado el consumo en exteriores y en grupos con un máximo de seis personas.

"Hay una limitación de los horarios y condiciones de apertura de los txokos; limitaciones en la práctica deportiva; están cerrados los locales juveniles y las lonjas; están cerradas las discotecas. Todas esas medidas están en vigor y, además de eso, llevamos semanas, desde el Gobierno y desde las diferentes instituciones del país, llamando la atención sobre le uso de la mascarilla, sea obligatoria o no--", ha insistido.

Por último, ha reconocido que Euskadi se enfrenta a un verano "muy complicado", y que la situación no se puede juzgar en función de los resultados que se obtengan en un fin de semana un municipio u otro, sino que es algo en lo que "van a tener que colaborar, todas las instituciones y toda la ciudadanía a lo largo de las próximas semanas y, seguramente, durante todo el verano".

El juez de la Audiencia Nacional Alejandro Abascal ha dado un nuevo impulso a la investigación sobre el dinero que el ex embajador español en Caracas Raúl Morodo y su entorno habrían recibido de la petrolera venezolana PDVSA, acordando más de una veintena de declaraciones para el próximo mes de septiembre, incluida la del diplomático y su hijo.

El responsable del Juzgado Central de Instrucción Número 1 ya acordó esta ronda de comparecencias en un auto del pasado 8 de julio pero aún estaba pendiente de poner fecha, algo que ha hecho en una providencia del 14 de julio.

Las declaraciones comenzarán el 20 de septiembre con Morodo y su hijo Alejo, a los que seguirán la ex mujer del primero Cristina Cañeque y la esposa del segundo, Ana Catarina Varandas, todos como investigados. Al día siguiente comparecerán los también imputados Carlos Adolfo Prada Gómez, Marisol Varela y Ana Korina Ulloa.

El 21 de septiembre, Abascal preguntará asimismo a Villalobos, ex viceministro de Energía del Gobierno de Hugo Chávez entre 2004 y 2006 que fue detenido en Madrid en 2017 a petición de Estados Unidos por su presunta implicación en una trama de corrupción vinculada a PDVSA, si bien ya se encuentra libre.

Del 22 al 24 de septiembre, ambos inclusive, Abascal tomará declaración a otras quince personas, todas como testigos, entre ellas Guillermo Morodo, hermano del otrora embajador.

DOCUMENTACIÓN BANCARIA

Abascal ha aceptado así las diligencias propuestas por la Fiscalía Anticorrupción al considerarlas "pertinentes, necesarias y proporcionadas" para esclarecer "definitivamente los hechos y presuntos culpables".

Anticorrupción esgrimió que era necesario volver a escuchar a Morodo, así como a otros investigados y a los testigos, en relación con la documentación bancaria que se ha obtenido tanto de entidades españolas como de otros países y con los archivos incautados en algunos registros.

En el mismo escrito, el Ministerio Público pidió prorrogar la instrucción seis meses aludiendo a la "imposibilidad" de concluir las pesquisas a tiempo, dado que están pendientes de contestación varias comisiones rogatorias.

El Gobierno andaluz ha avisado este martes de que la evolución de la pandemia del coronavirus se está "complicando" tanto en Andalucía como en España, como se pone de manifiesto con el aumento de los contagios diarios, y ha querido dejar claro que si se tienen que "endurecer" las medidas, se "endurecerán" para hacer frente a la actual situación.

Así se ha pronunciado el consejero de la Presidencia y portavoz del Gobierno andaluz, Elías Bendodo, en la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Gobierno, donde se ha referido a la reunión, en la tarde de este martes, del Comité de Alto Impacto en Salud Pública, el conocido comité de expertos, que analizará la situación actual de la pandemia y decidirá si se mantiene las actuales medidas o hay cambios.

"Esperamos que los expertos atinen y sobre todo podamos entender todos que la evolución de la pandemia en Andalucía y en el conjunto de España se está complicando", según ha señalado Elías Bendodo, para quien la única forma de hacer frente a esta situación es vacunando al mayor porcentaje de población.

Ha querido dejar claro que el Gobierno andaluz va a acatar y aceptar las medidas que adopte el comité de expertos y ha recalcado que si hay que "endurecer las medidas, las endureceremos", porque lo primero sigue siendo la salud de las personas.

Ha indicado que el Gobierno andaluz está dispuesto a asumir "el desgaste que haga falta" y su actitud en los momentos difíciles siempre ha sido dar "la cara".

En cambio, según Elías Bendodo, el Gobierno central "ni está ni se le espera", y en ningún momento ha puesto herramientas legales en manos de las comunidades para poder luchar contra la pandemia, porque no ha permitido la reforma ni de la Ley de Salud Pública ni la de Pandemias.

El consejero de la Presidencia ha querido dejar claro que Andalucía es una "comunidad segura", que va afrontando la situación buscando el equilibrio entre la evolución de la pandemia y la economía. Así ha garantizado que temporada de verano "va a seguir en Andalucía", pero serán los expertos los que inviten "a tomar una serie de medidas para evitar la multiplicación de los contagios", que aunque pueda suponer pueden menor nivel de hospitalizaciones que en otras olas, "hay que frenarla".

Bendodo ha mostrado su preocupación por que el número de hospitalizados por Covid haya aumentado en un sólo día en Andalucía en 146 personas, pero ha querido dejar claro que el servicio andaluz de salud "aguanta holgadamente la presión" en este momento.

Ha insistido en que el servicio sanitario andaluz "permite luchar con holgura" ante la presión hospitalaria "que parece que va a aumentar en próximas semanas".

De otro lado, el consejero ha insistido en hacer un llamamiento a los ayuntamientos para que haya mayor control de las llamadas "botellonas" porque se ha demostrado que son un foco importante de contagios entre los jóvenes, ya que no suelen utilizar mascarillas ni existe distancia de seguridad.

La portavoz adjunta de Unidas Podemos en el Congreso, Sofía Castañón, ha asegurado que el ingreso de nuevo de Juana Rivas, condenada a dos años y seis meses de prisión por la sustracción de sus dos hijos menores, en el Centro de Inserción Social (CIS) de Matilde Cantos en Granada, confirma que existe un "sesgo patriarcal y machista en la Justicia".

Así lo ha destacado en rueda de prensa en el Congreso para manifestar su "consternación" y "preocupación" por esta decisión del Juzgado, que estima parcialmente el recurso de la Fiscalía contra la concesión del tercer grado que desde el pasado 15 de junio ha permitido a Juana Rivas cumplir condena en su domicilio con control telemático.

Para Castañón, esta resolución revela que "una vez más" se confirma ese "sesgo patriarcal" en la Justicia, que su grupo parlamentario viene denunciando desde hace tiempo.

Por tanto, Castañón ha recalcado que su formación, desde el Gobierno, va a seguir trabajando en una nueva generación de derechos, como "pilar fundamental" de las luchas contra el machismo.

"Asistimos a lo que entendemos que es una criminalización de las mujeres que se defienden de las violencias machistas y que defienden también a sus hijos e hijas. Hemos visto situaciones terribles de violencia vicaria y contra la infancia y eso requiere no solo nuestro duelo y preocupación sino medidas desde las instituciones", ha ahondado.

De esta forma y con la ministra de Igualdad, Irene Montero, al frente, se llevará próximamente al Consejo de Ministros un decálogo de medidas urgentes ante la situaciones de violencia machista, no solo ante los "duros asesinatos" acaecidos este año sino con otras situaciones, que tienen que ver con este fenómeno y que el Gobierno quiere ejecutar como ya reconoce el Pacto de Estado.

Unidas Podemos ya formalizó ante el Ministerio de Justicia su solicitud de indulto "total" para Juana Rivas, condenada a dos años y seis meses de prisión por un delito de sustracción de menores, al considerar que concurren circunstancias de "utilidad pública" y se dan motivos de "justicia y equidad" para la anulación de la sentencia.

El juzgado de instrucción número 2 de Castellón ha abierto juicio oral contra el secretario autonómico de Empleo, Enric Nomdedéu; la exvicealcaldesa de Castellón, Ali Brancal; y el que fuera asesor de Compromís, Miquel Torres, en la causa abierta contra ellos por supuestamente utilizar el servicio postal municipal del Ayuntamiento de la capital de La Plana para enviar papeletas electorales en 2014.

En noviembre de 2019 la causa fue sobreseída tras pedir la Fiscalía el archivo de la misma. El querellante -Partido Popular- presentó un recurso de apelación ante la Audiencia Provincial en el que solicitaba que se revocacase el auto que decretaba el sobreseimiento provisional de la causa y se acordase la continuación del procedimiento, al alegar que el resultado de las pruebas permitía concluir la concurrencia de todos los requisitos exigidos por el tipo penal objeto de querella -malversación de caudales públicos-.

La Audiencia de Castellón estimó el recurso del querellante al considerar que, examinada toda la instrucción seguida y las alegaciones de las partes, asiste la razón al recurrente, pues del resultado de las diligencias de investigación practicadas no es posible descartar la participación de los investigados en los hechos ilícitos denunciados, "pues existen suficientes indicios racionales de criminalidad para su imputación".

El juzgado considera que procede ahora acordar la apertura del juicio oral al considerar la argumentación contenida en el auto dictado por la Audiencia Provincial.

El juzgado asegura que del resultado de las diligencias practicadas resultaría que no se desvirtúan los indicios de participación de los investigados en los delitos imputados en los términos argumentados por el auto de la Audiencia Provincial y por la acusación.

TESTIGOS

De esta forma, se indica que los testigos propuestos por las defensas reconocieron que en la fecha en la que se imputan los hechos denunciados apenas acudían al Ayuntamiento en el que también se realizarían labores de ensobrado e indicaron la participación delinvestigado Miguel Torres en la dación de instrucciones sobre cómo se debía realizar el ensobrado.

Así mismo, el testigo propuesto por la acusación declaró haber recibido en su domicilio un sobre con el membrete del Ayuntamiento que contenía propaganda electoral y papeletas para las elecciones, coincidente con los que obran en las presentes diligencias sobre los que se realizó la diligencia de apertura, en las fechas en las que se imputan los hechos investigados.

Por todo ello, el juzgado estima que no procede el sobreseimiento de las actuaciones solicitado por el Ministerio fiscal y las defensas de los acusados, por lo que procede el dictado de auto de apertura de juicio oral.

El PP pide por un delito de malversación de caudales públicos 3 años de prisión para Nomdedéu, Brancal y Torres, así como inhabilitación especial para el cargo o empleo público por un periodo de 6 años; y, además, solicita otros 3 años de prisión e inhabilitación especial por un periodo de 2 años para el secretario autonómico de Empleo por falsedad documental.

El ministerio fiscal, en su escrito de conclusiones provisionales, señaló que los hechos relatados no eran constitutivos de delito, y sin delito no hay autor, por lo que pedía la absolución de los acusados, al igual que sus defensas.

NOMDEDÉU

Nomdedeú ha publicado un mensaje en sus redes sociales en el que asegura que no renunciará a su cargo. Según indica, informó a los que tuvo que hacerlo de su determinación para renunciar si el fiscal le acusaba formalmente. "Por injusto que sea, siendo como soy inocente, prefiero alejarme y que no haya alto cargo del gobierno valenciano en la banca, que no haya representante público de Compromis en la banca".

"Pero la fiscalía, lejos de acusarme, reitera que no hay crimen. Por lo tanto, el valor supremo que representaría mi sacrificio renunciando a mi cargo a pesar de ser inocente, sería en este caso un regalo temerario para la estrategia del PP", añade.

El consejero de Presidencia, Justicia e Interior de la Comunidad de Madrid, Enrique López, ha criticado que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, "no ha querido proteger jurídicamente a la población, a pesar de contar con la ayuda del Partido Popular".

López ha hecho estas declaraciones acompañado por el secretario general del Partido Popular en la Región de Murcia, José Miguel Luengo, con quien ha inaugurado la primera edición de los 'Cursos de Verano de PPRM', según informaron fuentes de esta formación política en un comunicado.

El consejero ha explicado que "Pablo Casado, después de dejar de apoyar los estados de alarma, propuso al Gobierno de España instaurar una ley orgánica de pandemias". "Le ofreció hacer una reforma por lectura única con los votos del PP, le ofreció toda la ayuda, y el Gobierno de Sánchez la despreció y seguimos sin contar con un instrumento jurídico que dé certidumbre a las administraciones y a los ciudadanos", ha denunciado López.

Asimismo, el consejero ha destacado que "es una vergüenza política que, desde el Gobierno central, se ponga en cuestión la labor del Tribunal Constitucional y que se trate de deslegitimar porque no les ha gustado la resolución".

"Estamos en el peor momento, con el peor Gobierno y con el peor presidente", ha denunciado el consejero, para continuar diciendo que "es necesario ese cambio para que Pablo Casado pueda dirigir el país y volver a la senda constitucional, al progreso y q no se ponga en cuestión la unidad española".

El Partido Popular, ha recalcado el consejero, "es el partido de estado que sostiene la lealtad a la constitución, que defiende la unidad de la nación y que defiende la igualdad de todos los españoles ante la ley".

Por su parte, Luengo ha subrayado que "los españoles están viendo que es más urgente que nunca cambiar este Gobierno, el más radicalizado de izquierdas de los últimos 40 años, para ofrecer solvencia, certidumbre y credibilidad con personas como el consejero de Presidencia de la Comunidad de Madrid".

Además, Luengo ha puesto en valor "el éxito de convocatoria de los cursos que han tenido muy buena acogida porque han sido los mismos concejales quienes han determinado los temas para los cursos que más podían aportar en su día a día".

La Sala Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura (TSJEX) ha ratificado los cierres perimetrales solicitados este pasado lunes por la Junta de Extremadura en nueve municipios de la región para controlar la incidencia del coronavirus.

Así, en dos autos dictados este martes, la Sala del TSJEx ha acordado en dos autos ratificar de esta forma los cierres de Cabezuela del Valle, Almoharín y Ceclavín, en la provincia de Cáceres, y de Puebla de Sancho Pérez, Puebla de la Calzada, Talavera la Real, Calamonte, Castuera y Guareña en la provincia de Badajoz.

Unos cierres perimetrales que se autorizan, por encontrarse todas ellas en situación de riesgo muy elevado de que se pueda producir un aumento de casos de COVID-19.

En sus dos autos, el TSJEx considera que estas medidas solicitadas por la Junta de Extremadura "están justificadas y son necesarias y proporcionadas" para conseguir el objetivo de la protección de la vida, la salud y la integridad física, al amparo de los artículos 15 y 43 de la Constitución Española.

Así, añade que estas medidas sanitarias solicitadas cumplen con los requisitos de "la existencia de un riesgo inminente y extraordinario que justifica" su adoptación, y señala que de la información remitida por la Junta de Extremadura "se puede deducir, con absoluta claridad, la existencia de un incremento importante en el número de casos afectados por Covid-19".

Por eso, el tribunal considera "notorio" que "es necesario una intervención temprana cuando el nivel de transmisión empieza a crecer a fin de evitar una situación de gravedad excepcional", que afectaríatanto a la vida e integridad física de las personas como a la situación hospitalaria.

Añade el tribunal que estas medidas "resultan proporcionadas", atendiendo al espacio territorial al que afectan, así como a las personas a las que se aplica y a su duración temporal, que es de catorce días.

Finalmente, cabe destacar que se ha dado traslado al Ministerio Fiscal que ha emitido dictamen favorable para las medidas solicitadas por la Junta de Extremadura para estos nueve municipios.

El vicepresidente segundo y consejero de Sanidad y Servicios Sociales, José María Vergeles, ha indicado que espera que "entre hoy y mañana" se traslade a los mayores usuarios de la residencia Virgen del Carmen de Alburquerque que ha sido intervenida por la Junta de Extremadura.

Así, Vergeles ha recordado que este pasado lunes han iniciado el expediente "para desacreditar" a este centro y ha indicado que "no es un proceso sencillo" sino que "es algo muy doloroso" para quienes tienen que tomar la decisión porque están trasladando a unas personas y, por tanto, "desarraigarlas de su núcleo convivencial" algo que, a su juicio, "siempre es un problema".

De este modo, ha manifestado que "con esa empatía" han tenido que tomar "desgraciadamente la decisión" de "iniciar un expediente donde se va a retirar la autorización y la acreditación para la atención a personas en situación de dependencia" a dicha residencia.

Todo ello, ha explicado Vergeles al ser preguntado por este asunto en rueda de prensa en Don Benito, tras el acta que levantó la inspección en este centro residencial y "viendo que no se cumplían las condiciones mínimas de atención" a los residentes.

A este respecto, ha matizado que la retirada de esa autorización y acreditación es "de forma temporal" y van a "solicitar al ayuntamiento, evidentemente, que acometa las reformas necesarias" si quiere "volver a acreditar" esta residencia.

"Y hasta que no esté acreditado ese centro no volverían los residentes", ha señalado, toda vez que ha añadido que "ya se está contactando" con los familiares de los usuarios de esta residencia y "se han buscado las plazas en centros residenciales de alrededor".

Asimismo, ha explicado que hay "17 residentes" que tendrán que desplazar a otros centros residenciales y otros siete más cuyas plazas no estaban conveniadas con el SEPAD por lo que tendrán que "instar al Ayuntamiento a que los traslade" y, si no lo hiciese, la Junta ofrecería "una solución".

La Generalitat ha acordado este martes una prórroga de una semana de las medidas vigentes, incluyendo la petición a la justicia de un confinamiento nocturno que será en 165 municipios --cuatro más que la semana anterior--, ha explicado este martes la portavoz del Govern, Patrícia Plaja.

En rueda de prensa tras el Consell Executiu, ha explicado que el Govern solicitará este miércoles al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) el toque de queda para estos 165 municipios, de más de 5.000 habitantes cuya incidencia a siete días es 400 o más casos por cada 100.000 habitantes y aquellos que están roedados por municipios de alta incidencia.

En la lista de municipios entran en el toque de queda nocturno El Vendrell, Ulldecona, L'Ametlla de Mar, Montbrió del Camp (Tarragona), Gelida, Igualada, Sallent, Santa Maria de Palautordera (Barcelona), La Bisbal d'Empordà, Maçanet de la Selva, Roses, Salt, Vilafant, Sils, Torroella de Montgrí (Girona), Lleida, Tàrrega y Mollerussa (Lleida).

Por contra, salen Abrera, Esparreguera, Cabrils, La Garriga, L'Ametlla del Vallès, Centelles, Sant Celoni, Sant Sadurní d'Anoia, Santa Eulàlia de Ronçana, Santa Margarida i els Monjos, Vilanova del Camí (Barcelona), Alpicat, Solsona (Lleida), Altafulla, Deltebre, (Tarragona), Anglès y Sant Hilari Sacalm (Girona), además de Ullastrell (Barcelona), que sale tras estar rodeado de municipios de alta incidencia.

Plaja ha afirmado que la prórroga de medidas y la solicitud de toque de queda se acuerda para "evitar el colapso" hospitalario y ante la situación preocupante de la pandemia, y ha subrayado que es una situación que el Govern no quiere normalizar.

La portavoz ha señalado que los contagios entre los jóvenes "parece que está frenando", pero ha advertido de que se están desplazando a edades más elevadas y continúa creciendo la cifra de ingresados en los centro hospitalarios.

PRÓRROGA DE UNA SEMANA

Plaja ha defendido que la prórroga de medidas se tome por una semana al afectar a la actividad, y ha reiterado la posición del Govern sobre la mascarilla como elemento de protección si no se está con el grupo burbuja o no se puede mantener distancia.

Respecto al impacto de la sentencia del Tribunal Constitucional sobre el estado de alarma, Plaja ha explicado que los servicios jurídicos están a la espera de la espera de la publicación del fallo.

Agentes de la Policía Nacional han desalojado a primera hora de este martes a cuarenta okupas que vivían en dos edificios okupados en el madrileño distrito de Carabanchel desde 2015 y en el que residían en condiciones infrahumanas "rodeados de basura, excrementos e incluso roedores de grandes dimensiones", han informado fuentes policiales.

El operativo policial, en el que han intervenido unos 200 efectivos y medios aéreos, se ha iniciado esta mañana en la calle José Garrido de este distrito contra los okupas de unas treinta y una viviendas de dos bloques de viviendas.

Fuentes policiales han señalado que no se trata de una operación contra narcopisos, sino un desalojo de dos bloques de viviendas okupadas desde hace seis años.

Durante el desalojo, que sigue activo, los agentes han detenido a cuatro personas por la Ley de Extranjería y han intervenido diferentes efectos como un táser, armas simuladas y distintos tipos de sustancias estupefacientes.

La investigación se inició hace un año por parte del Grupo de Investigación Zonal, en colaboración con la Comisaría del distrito de Carabanchel.

Las averiguaciones realizadas por los agentes permitieron constatar que en ambos bloques de viviendas se aglutinaban numerosas personas que habían usurpado dichos domicilios a su legítimo propietario.

Se encontraba próximo a un centro escolar causando molestias al alumnado llegando incluso a presenciar el consumo de droga así como peleas entre los consumidores habituales.

Los investigadores constataron que varios de los ocupantes de las viviendas procedían de otros narcopisos desmantelados en otros puntos del barrio.

En el interior residían en condiciones infrahumanas e insalubres rodeados de basura, excrementos y sin ninguna medida higiénica existiendo incluso roedores de grandes dimensiones. Era tal la cantidad de suciedad que durante el presente mes se produjo un incendio que afectó a una parte del edificio.

DESALOJADAS 40 PERSONAS

En la mañana de hoy se ha llevado a cabo el dispositivo en el que participaron unos 200 agentes de diferentes unidades de la Policía Nacional tales como UIP, UPR, GOIT, Brigada Provincial de Extranjería y Fronteras y Servicio de Medios Aéreos.

La operación culminó con el desalojo de 40 personas a las que se les imputa un delito leve de usurpación y la detención de cuatro de ellas por infracción a la ley de extranjería.

Se consiguió el desalojo completo de las 31 viviendas de ambos bloques y la incautación de varias armas simuladas, un táser y restos de sustancias estupefacientes.

Artistas como Bill Viola, Daniel Canogar, Hamilton Mestizo, Matteo Bittanti, Monica Rikic y Robert Yang, entre otros, participan en la exposición 'Homo ludens' de CaixaForum Madrid, que pone a dialogar a los videojuegos con el arte contemporáneo a través de más de medio centenar de obras.

Producida y organizada por la Fundación 'la Caixa', la exposición suma 58 piezas de 36 creadores, entre videojuegos y obras de arte, que analiza el papel de los primeros no solo como producto industrial, sino también como fenómeno cultural, estético y artístico.

En la muestra, aparecen temáticas como las mecánicas universales del juego, la industria millonaria del videojuego, su influencia en otras disciplinas como el arte y la ciencia, y la identidad en un mundo donde convive lo real con lo virtual, entre otras cuestiones.

La muestra ofrece un recorrido interactivo y participativo en el cual el espectador actúa como un 'gamer', aunque sin jugar en ningún momento con los videojuegos que se exponen. El espectador elige el itinerario que prefiere hacer, como en un videojuego, a partir de una plaza central que funciona como antesala y espacio distribuidor de la exposición.

Al inicio de la exposición, cada visitante recibirá un dispositivo --el Coin--, un objeto con el que podrá contestar a una serie de preguntas a lo largo del recorrido. A través de las respuestas a estas preguntas, el sistema configurará un avatar para cada visitante que le identificará con un perfil de 'gamer': desde el más escéptico, al más devoto hacia los videojuegos.

En la gran pantalla instalada en la última sala de la exposición se proyecta una comunidad de avatares que representan, a tiempo real, los perfiles acumulados de todos los visitantes de la exposición. La exposición 'Homo Ludens. Videojuegos para entender el presente' se podrá visitar en CaixaForum Madrid hasta el 31 de octubre.

La exposición se inicia en una sala que da la bienvenida al visitante y en la que se puede ver un mural de pantallas que muestra personas de todas las edades, de frente, jugando a videojuegos. En un mostrador, los visitantes reciben el Coin, que les permitirá interactuar (jugar) con la exposición.

Un primer juego de preguntas y respuestas sirve para que los visitantes aprendan cómo funciona el sistema de interacción, y permite recoger la información necesaria para poder perfilar los visitantes y comprender cuál es su relación --o la relación que creen tener-- con los videojuegos.

Seguidamente, se accede al lobby central, un espacio luminoso, desde el cual el visitante puede acceder a cinco salas que abordan distintas temáticas. En la entrada y salida de cada una de las cinco salas, el visitante podrá responder a algunos de los dilemas que plantean los videojuegos.

Esta plaza central de la exposición está concebida como un distribuidor que permite a los visitantes no solo ver, sino también vivir la exposición como si fuera un videojuego.

La exposición está comisariada por Luca Carrubba, director de la asociación ArsGames, dedicada a la investigación y difusión cultural de los videojuegos, y cuenta con el estudio Domestic Data Streamers para el diseño de la museografía y la experiencia interactiva.

La exposición Homo Ludens se inaugura en CaixaForum Madrid y, después, protagonizará una larga itinerancia hasta el año 2025 que la llevará a Barcelona, Sevilla, Valencia, Palma, Tarragona, Zaragoza, Lleida y Girona.

El magistrado del Tribunal Constitucional (TC) Cándido Conde-Pumpido ha pedido disculpas públicamente este martes a sus compañeros del órgano de garantías por algunas expresiones vertidas en lo que explica fue el borrador de su voto discrepante con la sentencia que ha declarado inconstitucionales determinados aspectos del primer decreto de estado de alarma por pandemia de covid.

Dichas expresiones, en las que se refería a sus compañeros como autores de una sentencia "más propia de un lego que del máximo interprete de la Constitución" e incluso como "juristas de salón", hansido eliminadas el voto que se ha incorporado y notificado junto con la sentencia y que se publicará en el Boletín Oficial del Estado (BOE).

"Lamento que algunas de las expresiones desafortunadamente contenidas en el borrador, y que son fruto de la discrepancia propia del arduo debate jurisdiccional sobre asuntos especialmente complejos y relevantes, han molestado a mis compañeros de la mayoría, aquienes pido disculpas", afirma el magistrado progresista en la nota hecha pública este martes.

Sobre ellos, añade, sólo puede "resaltar su integridad, solvencia y compromiso intelectual, así como mi admiración por su profunda formación jurídica y su noble dedicación a la tutela de los derechos fundamentales de todos los ciudadanos". Afirma también que la pluralidad de "sólo puede enriquecer las resoluciones de este Tribunal" y que para él "un orgullo y una satisfacción" deliberar con sus compañeros.

Con independencia de las alusiones al resto de magistrados, que han sido eliminadas, Conde-Pumpido mantiene en su voto particular su fuerte oposición a la postura mayoritaria, defendida por seis de los magistrados, de la que afirma "no resuelve, sino que crea un grave problema político, al desarmar al Estado contra las pandemias, privándole del instrumento que la ley determina expresamente para hacer frente a las crisis sanitarias, el estado de alarma".

A juicio del magistrado la construcción doctrinal de la sentencia podría suscitar "en un inadvertido lector la impresión de que lo que se consigue con la misma es una mejor garantía de los derechos, pues sesomete al Gobierno a un control parlamentario desde el primer momento en el que se produce la restricción de aquellos".

Sin embargo, añade, nada más alejado de la realidad, la construcción lo que permite es "que se debiliten las garantías constitucionales de los derechos a cambio de que la supresión constitucional de los mismos sea autorizada por el Parlamento".

"Ciertamente el resultado inmediato de la construcción de la mayoría no es otro que lograr una declaración de inconstitucionalidad fundada en que el instrumento jurídico utilizado no fue correcto, puro formalismo jurídico, como se ha dicho", añade Conde-Pumpido en voto.

Sin embargo, las consecuencias no son sólo formales, insiste, "pues se prescinde del Estado de alarma a costa de disminuir las garantíasconstitucionales de los derechos fundamentales".

Andalucía ha registrado este martes 20 de julio un total de 3.687 casos de coronavirus, lo que supone sumar por quinto día seguido más de 3.000 casos, según datos consultados en el Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía (IECA), que ha contabilizado nueve fallecidos, cifra más alta desde el 30 de junio (21).

Por otro lado, la tasa de incidencia acumulada de la comunidad ha aumentado por décimo noveno día consecutivo y se sitúa en 418,5 por cada 100.000 habitantes en los últimos 14 días, 20 puntos más en 48 horas y 120,4 puntos más en una semana.

La región no tenía una tasa de contagio tan alta desde el 17 de febrero, hace cinco meses, cuando estaba en 411,2 puntos.

Los 3.687 casos de este martes se registran tras los 4.103 del lunes y domingo, los 3.999 del sábado --la mayor cifra en 24 horas desde el 6 de febrero--, los 3.610 del viernes, los 3.561 del jueves, los 2.901 del miércoles y los 2.906 del martes pasado.

Por provincias, Málaga se sitúa nuevamente como la que más casos suma con 1.137, seguida de Cádiz con 714, Sevilla con 565, Córdoba con 477, Almería con 316, Granada con 204, Huelva con 144 y Jaén con 130.

Los nueve muertos por covid se registran en Sevilla (tres), Málaga, Córdoba (dos cada una), Cádiz y Granada (uno cada una).

146 HOSPITALIZADOS MÁS EN 24 HORAS

Andalucía ha registrado este martes la décimo primera subida consecutiva en el número de hospitalizados con coronavirus hasta los 858, 146 más en un día, lo que supone la mayor subida en 24 horas desde la del 2 de febrero (197) y 225 más que hace siete días, mientras que los pacientes en una Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) han caído hasta 147, dos menos en un día y 25 más que hace una semana.

Málaga es la provincia con más hospitalizados con 313 y 44 pacientes en UCI, seguida de Sevilla con 133 y 34 en UCI; Granada con 114 y 27 en UCI; Cádiz con 96 y once en UCI; Córdoba con 84 y 13 en UCI; Jaén con 54 y once en UCI; Almería con 33 y cuatro en UCI; y Huelva con 31 y tres en UCI.

De acuerdo con los datos de la Consejería de Salud y Familias, Andalucía ha registrado desde el inicio de la pandemia 665.758 casos confirmados --3.687 en 24 horas-- y ha alcanzado las 10.272 muertes, nueve más. Por su parte, la cifra acumulada de hospitalizados sube hasta los 50.681, 237 más. La cifra de pacientes que han pasado por UCI alcanza los 5.663 --19 más--, y el número de curados es de 608.314, después de añadirse 1.282.

En cuanto a los datos provincializados acumulados, de los 10.272 fallecidos desde el inicio de la pandemia --nueve más--, Sevilla con 2.051 --tres más-- se mantiene como la provincia con más muertes, seguida por Granada con 1.788 --uno más--; Málaga con 1.692 --dos más--; Cádiz con 1.512 --uno más--; Jaén con 1.015; Córdoba con 980 --dos más--; Almería con 839 y Huelva con 395.

Por su parte, los casos confirmados por PCR o test rápidos de antígenos alcanzan los 665.758 desde el inicio de la pandemia --3.687 más--, liderados por Sevilla con 143.883 --565 más--, seguida de Málaga con 122.164 --1.137 más--, Granada con 96.868 --204 más--, Cádiz con 92.903 --714 más--, Córdoba con 61.170 --477 más--, Almería con 58.253 --316 más--, Jaén con 54.611 --130 más-- y Huelva con 35.906 --144 más--.

Los casos acumulados de coronavirus que han requerido hospitalización son 50.681 --237 más en 24 horas--, con Sevilla a la cabeza con 11.273 --45 más--, seguida por Málaga con 8.792 --58 más--; Granada con 8.514 --31 más--; Cádiz con 6.026 --49 más--; Jaén con 4.820 --siete más--; Córdoba con 4.821 --23 más--; Almería con 3.986 --21 más--; y Huelva con 2.449 --tres más--.

De ellos, 5.663 han pasado por la UCI en Andalucía --19 más--, con la provincia de Sevilla a la cabeza con 1.129 --dos más--; seguida de Granada con 1.121 --tres más--; Málaga con 828 --ocho más--; Almería con 683 --dos más--; Cádiz con 668 --uno más--; Córdoba con 596 --tres más--; Jaén con 456 y Huelva con 182.

Finalmente, la cifra de curados alcanza los 608.314 en toda la región, 1.282 más en 24 horas, con Sevilla a la cabeza con 134.225 --302 más--, seguida de Málaga con 105.965 --288 más--; Granada con 90.056 --148 más--; Cádiz con 83.425 --178 más--; Córdoba con 55.402 --146 más--; Almería con 55.130 --53 más--; Jaén con 51.212 --94 más-- y Huelva con 32.899 --73 más--.

LA INCIDENCIA ACUMULADA BAJA EN GRANADA

Según los datos consultados en el Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía (IECA), la incidencia acumulada en los últimos 14 días se sitúa de media en la región en 418,5 casos por cada 100.000 habitantes, con la provincia de Málaga a la cabeza con 705,9. Detrás se sitúan Cádiz con 463,8, Córdoba con 438, Granada con 368,2, Huelva con 367,3, Jaén con 293,6, Almería con 277,8 y Sevilla con 263,8.