Un total de 22 de los 27 corporativos que conforman la oposición en el Pleno del Ayuntamiento de Granada, los de los grupos municipales de PSOE, PP, y Vox, junto con los no adscritos, han abandonado su sesión ordinaria de este viernes para escenificar su posición contraria a la permanencia del alcalde, Luis Salvador, que gobierna con un solo edil de su partido, Cs, y que no ha descartado marcharse la semana que viene, cuando habrá «noticias importantes» para desbloquear la crisis municipal en un plazo que ha situado en unos diez días.

El Pleno, en el que algunos ediles han participado de manera telemática, ha tomado conocimiento de los escritos por los que Manuel Olivares y Lucía Garrido pasaron a ser concejales no adscritos tras abandonar el grupo de Cs y el equipo de gobierno local, órgano que dejaban previamente los ediles del PP.

La crisis municipal abierta desde el 8 de junio, día en que se formalizaron estas salidas, ha protagonizado esta reunión plenaria, a cuya organización se comprometía entonces Salvador, que destacaba este pasado miércoles a los medios que, con 40 puntos en el orden del día, era uno de los de mayor contenido político en lo que va de mandato.

Al inicio de la sesión plenaria de este viernes, que ha visto antes de marcharse el grueso de corporativos los puntos de gestión municipal del orden del día, el concejal del PSOE José María Corpas le ha pedido al regidor que aproveche esta reunión en el Ayuntamiento para dimitir y poner «fecha de caducidad a esta situación». En su opinión, esta reunión de la corporación «no es democrática» y escenifica la soledad de dos ediles «frente a 25». Cuando «gobernar es imposible con dos personas», «qué sentido tiene mantener esa situación», ha agregado el edil socialista.

Ante ello, el alcalde ha señalado que la semana próxima habrá «noticias importantes», reconociendo que, si da «un paso al lado», se abren una serie de plazos para «volver a la normalidad», lo cual ha apostado por hacer «en el menor plazo posible», cuantificándolo, en respuesta a Corpas, en unos diez días. Salvador, en este contexto, ha abogado por desarrollar este viernes el Pleno que «los granadinos están esperando», conforme a los puntos del orden del día. «Este alcalde nunca se va a encastillar», ha remachado.

Tras pedir de forma reiterada su dimisión, el portavoz municipal de Unidas Podemos e Independientes, Antonio Cambril, se ha posicionado con el alcalde en la idea de continuar la reunión, incidiendo en que estaba en contra de lo que ha calificado como «agresión» al Pleno, y de «show sin precedentes».

«No hemos venido a hacer teatro ni a posar como modelos para que nos fotografíen» pues «el Pleno simboliza la soberanía popular y no hay que destrozarlo para destrozar al alcalde», ha agregado el portavoz de Unidas Podemos, que tiene tres ediles.

Ha abogado por presentar a partir del lunes una moción de censura, para lo cual iniciará «conversaciones serias para conseguirlo», y ha lamentado que «la misma derecha que ha arruinado» la ciudad «protagonice» lo que ha denominado «grandísimo despropósito».

Sea como sea, y ante la falta de quorum para continuar con la sesión, Salvador ha suspendido el Pleno tras la marcha del grueso de los corporativos, no sin antes agradecer a Cambril el «sentido de la responsabilidad» de su grupo municipal ante esta situación.

El líder del PP, Pablo Casado, ha reunido a su comité jurídico para estudiar las diferentes vías que llevará a cabo la formación para recurrir los indultos a los condenados por sedición y malversación por el referéndum ilegal del 1 de octubre de 2017. Esa acción judicial se basará, fundamentalmente, en el informe emitido el pasado mes de mayo por el Tribunal Supremo, que «se opuso de manera frontal a la concesión de los indultos», según han informado fuentes ‘populares’.

El primer paso será la solicitud de legitimación para poder interponer el recurso ante el Supremo, para lo que disponen de dos meses de plazo. Por el momento, la formación no ha precisado qué fechas maneja para ir desarrollando su acción judicial.

A raíz del debate abierto estos días, el PP se siente «legitimado» como partido político para recurrir los indultos después de que el Gobierno de Mariano Rajoy actuará para llevar a los líderes independentistas del ‘procés’ a la cárcel, según argumentan fuentes de la formación.

Paralelamente, Pablo Casado recurrirá a «nivel personal» tras ser señalado como posible objetivo de atentado por parte de los Comités de Defensa de la República (CDR). «Vamos a intentar buscar todas las fórmulas de legitimación del recurso contra los indultos para presentarlo ante la Sala Tercera del Supremo», confirmó este jueves el ‘número dos’ del partido, Teodoro García Egea.

Este jueves Vox y Cs ya presentaron sus acciones legales frente a los indultos. El primero ha recurrido como partido, recordando que su formación fue la única que se personó en dicho proceso. Por su parte, la presidenta de Ciudadanos, Inés Arrimadas y los diputados José María Espejo-Saavedra y Carlos Carrizosa lo han hecho a título individual, basando su legitimidad en que eran quienes estaban «en primera fila» cuando en el Parlament se produjeron los hechos a través de procedimientos «ilegales».

«DAREMOS LA BATALLA JURÍDICA»

Al término se esa reunión con su equipo jurídico, en la sede nacional del partido, el jefe de la oposición ha afirmado que su formación no va a «tolerar que Sánchez premie a los delincuentes y abandone a los ciudadanos atacados por la violencia y la ruina del procés».

«Daremos la batalla jurídica hasta el final contra los autoindultos trampa que rompen la legalidad, la concordia y la igualdad de los españoles», ha asegurado en un mensaje en su cuenta oficial de Twitter.

Fuentes ‘populares’ han avanzado que la acción judicial del PP se basará, fundamentalmente, en el informe emitido el pasado mes de mayo por el Tribunal Supremo, que «se opuso de manera frontal a la concesión de los indultos».

«El PP, que va a defender la igualdad de los españoles, considera que los indultos son un pago político a los independentistas para que Sánchez pueda permanecer dos años más en La Moncloa», han añadido las mismas fuentes.

Este jueves, desde Bruselas, el propio Casado avanzó que iba a reunir a su equipo jurídico para evaluar cómo van a argumentar la legitimación como «parte afectada» para recurrir al Supremo. «Somos afectados porque un Gobierno discrecionalmente y en contra de la sentencia y de la Fiscalía decida indultar a las personas que fueron condenados por esos actos violentos del 1 de octubre», resaltó, para añadir que si alguien declara la independencia «a través de algaradas violentas, en cualquier región de Europa se habría actuado igual».

Además, el líder del PP destacó que hay «muchas personas afectadas en Cataluña» por lo que pasó entonces y que vieron cómo «sus negocios ardían en esas algaradas». También se refirió a los servidores públicos que «sufrieron la propaganda en las escuelas», «en la atención funcionarial» o en los «hospitales», así como a los que se les «señalaba por ser constitucionalistas».

EL COMITÉ JURÍDICO DEL PP

A este encuentro, en la sede del partido, han asistido el secretario general del PP, Teodoro García Egea; el secretario de Justicia e Interior del PP y consejero de Presidencia, Justicia e Interior de la Comunidad de Madrid, Enrique López; y el magistrado Fernando de Rosa, que en este momento ocupa la Portavocía de la Comisión de Justicia en el Senado.

También estaban presentes el eurodiputado del PP Javier Zarzalejos, que es miembro de la Comisión de Asuntos Jurídicos y de la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior de la UE; el portavoz de Justicia del Grupo Popular en el Congreso y exconsejero de Justicia en la Comunidad Valenciana, Luis Santamaría; la secretaria general del Grupo Popular en el Congreso, Isabel Borrego; y la eurodiputada del partido Isabel Benjumea.

Varios obispos, entre ellos el vicepresidente de la Conferencia Episcopal Española y cardenal arzobispo de Madrid, Carlos Osoro, han expresado su «tristeza» en redes sociales por la entrada en vigor este viernes de la ley de eutanasia.

«Cristo vino a dar vida y a recordarnos la dignidad de cada persona. Qué tristeza me produce la entrada en vigor de la Ley de la Eutanasia. Ahora más que nunca, seamos testigos de la Vida; con amor y pasión, ofertemos vida y cuidados en vez de muerte», subraya el arzobispo de Madrid en un mensaje publicado en su cuenta de Twitter.

Por su parte, el obispo de Getafe, Ginés García Beltrán, ha pedido apostar por los «cuidados paliativos» frente a la eutanasia y ha recordado a los españoles que pueden explicitar en su testamento vital que no quieren que se les practique.

«La vida débil no se destruye, se cuida. Hoy es un buen día para renovar el compromiso por proteger y defender la vida, especialmente la de los más débiles. Apostemos por unos buenos cuidados paliativos, hagamos ya nuestro testamento vital», ha propuesto en un tuit.

También ha declarado su «más firme rechazo» a la ley de eutanasia el nuevo arzobispo de Sevilla, José Ángel Saiz Meneses, quien apuesta como sus homólogos por los cuidados paliativos al final de la vida.

«Hoy entra en vigor la Ley que permite la Eutanasia. Declaro mi más firme rechazo a toda acción que pretenda acabar con la vida d una persona. Se pueden aplicar los Cuidados Paliativos, acompañando a la persona que sufre. Si toda enfermedad no es curable, toda persona sí es cuidable», subraya en Twitter.

Por su parte, el arzobispo de Santiago, Julián Barrio, reivindica en una carta pastoral, la «atención humana, espiritual y médica» frente al «acto homicida» de la eutanasia que, a su juicio, «no es la solución» al «sufrimiento insoportable».

«Os recomiendo hacer el testamento vital ante la ley de la eutanasia recientemente aprobada. En el peregrinar de nuestra existencia es necesaria la credencial de este testamento», afirma Barrio.

En la misiva, el arzobispo compostelano recuerda que «la Iglesia defiende la vida desde su concepción hasta la muerte natural, insistiendo en el respeto debido y en la atención especial de aquellas personas debilitadas». «La vida es un valor sagrado e intangible», subraya.

Este rechazo se suma al ya expresado este jueves por el secretario general y portavoz de la Conferencia Episcopal Española (CEE), Luis Argüello, en la rueda de prensa tras la reunión de la Comisión Permanente de la CEE.

Argüello, que también es obispo auxiliar de Valladolid, pidió que se respete la objeción de conciencia de los profesionales sanitarios y de los hospitales y residencias católicas para que sean «zonas libres de eutanasia».

«Deseo que se respete la objeción de conciencia de los sanitarios y la decisión de entidades en cuyo ideario y en cuya puerta de entrada se dice a los que entran: ‘Este es un lugar donde se ponen por delante los cuidados, una zona libre de eutanasia'», subrayó el portavoz de los obispos.

El senador del PP por Almería y miembro de la Mesa de la Cámara Alta, Rafael Hernando, ha asegurado este viernes que la Iglesia «siempre estuvo por el perdón de los pecados» pero ha subrayado que los condenados por el ‘procés’ no cumplen los requisitos para ese perdón. Por eso, ha calificado de «grave error de la Iglesia» la declaración de la Conferencia Episcopal Española (CEE).

En concreto, el secretario general y portavoz de la Conferencia Episcopal, Luis Argüello, afirmó este jueves que los obispos españoles están con sus homólogos catalanes «por el diálogo», cuando fue preguntado expresamente por la medida de gracia y la postura de las diócesis catalanas.

La Conferencia Episcopal Tarraconense –que reúne a los obispos catalanes– se ha mostrado, ante el contexto social y político en Cataluña, convencida «de la fuerza que tienen el diálogo y las medidas de gracia en todas las situaciones de conflicto».

A raíz de esas declaraciones de la Conferencia Episcopal, Rafael Hernando ha recordado que «la Iglesia siempre estuvo por el perdón de los pecados, pero con tres requisitos: decir los pecados al confesor, propósito de enmienda y cumplir la penitencia».

«Los delincuentes sediciosos no cumplen ninguno. Tampoco los de la Ley del indulto. Grave error de la Iglesia», ha resaltado el parlamentario del Grupo Popular, en un comentario en su cuenta oficial de Twitter.

En otro mensaje, el senador del PP ha criticado la decisión de indultar que ha aprobado el Gobierno de Pedro Sánchez y ha subrayado que, «a pesar de la fanfarria, trompetería y propaganda una gran mayoría» está en contra de la medida de gracia porque «al no haber arrepentimiento saben que lo volverán a intentar».

LA DIRECCIÓN DEL PP SE REAFIRMA EN LA POSICIÓN DE CASADO

Este jueves, la dirección nacional del PP se reafirmó en la posición propia que ha defendido Pablo Casado contra los indultos a los condenados por el ‘procés’ y no entró a valorar el apoyo de los obispos españoles al diálogo, según fuentes de la cúpula del partido.

Así, en ‘Génova’ se remiten a las declaraciones de su jefe de filas, que, según recuerdan, ha sido claro y contundente estos días contra los indultos. «Preferimos perder votos antes que perder el alma, al contrario de lo que hace Sánchez», aseveró esta semana.

De hecho, a raíz de las declaraciones de los empresarios y de los obispos catalanes a favor del diálogo y la medida de gracia, el presidente del PP afirmó que «los únicos accionistas del PP son los españoles». «Solo a ellos nos debemos», proclamó el lunes ante los diputados y senadores de su partido en el Congreso.

El presidente de la asociación ‘La España que reúne’ y exdirigente socialista, Nicolás Redondo Terreros, ha considerado hoy «inadmisible» la propuesta de Miquel Iceta de abordar la reforma de la Constitución en la Mesa de Diálogo con Cataluña. Además, ha cargado contra los indultos por entender que han «envalentonado» a los independentistas catalanes al mismo tiempo que han dividido a los españoles.

En una entrevista en Telemadrid, el exdirigente socialista ha insistido en que es «inadmisible» la declaración del ministro de Política Territorial y Función Pública, Miquel Iceta, quien defendió llevar la reforma de la Constitución a la mesa de diálogo entre Cataluña y el Gobierno.

«Eso es imposible. La reforma de la Constitución se hace en el Congreso y en el Senado y tenemos que decidir todos los españoles. Y eso no tiene ninguna discusión», ha apostillado el exidirgente socialista.

Nicolás Redondo también ha criticado que los indultos no sean «fruto de una negociación» al mismo tiempo que ha asegurado que ha sido un «error» conceder la medida de gracia «de esta manera».

A pesar de ello, Redondo ha señalado que era «engorroso» para España tener a políticos presos y ha trasladado que la crisis en Cataluña se podría haber «impedido» si el Gobierno anterior hubiera actuado. «Confundimos estado autoritario con estado con autoridad», ha destacado.

«ABSOLUTAMENTE TAJANTE» CON LOS CRÍTICOS DE LA DEMOCRACIA

Preguntado por la ley húngara que prohíbe las charlas sobre sexualidad en los colegios y la difusión en televisión de contenidos sobre el colectivo LGTBIQ, Redondo ha defendido que si Hungría mantiene la ley, el país debería ser expulsado de la Unión Europea.

Con todo, el exdirigente socialista ha explicado que los populismos y nacionalismos han vuelto a Europa donde ha avisado que son el «mayor peligro» de la democracia representativa.

En este contexto, Redondo ha señalado que la UE debe ser «absolutamente tajante» con los «críticos» de la democracia al mismo tiempo que ha elogiado las actuaciones «inflexibles» de los jefes de Estado de Luxemburgo, Francia y Holanda.

Así, Redondo ha trasladado que, a su juicio, las democracias representativas tienen «más miedo» a tomar decisiones que a sus «enemigos». «No hay que tener miedo a tomar decisiones», ha zanjado.

El 39,1 por ciento de las personas que buscaron ayuda en Proyecto Hombre en 2020 fue por la cocaína y el 36,1 por ciento por alcohol, según se desprende del ‘Informe 2020 del Observatorio de Proyecto Hombre’, elaborado por la organización y financiado por el Plan Nacional sobre Drogas.

«Por primera vez desde que se realiza este observatorio la cocaína ha superado al alcohol como la principal sustancia generadora de ayuda, tanto en hombres como en mujeres», ha destacado la experta de la Comisión de Evaluación de Proyecto Hombre, Èlia Bellmunt.

De hecho, si se analiza la tendencia de los últimos cuatro años con relación a las sustancias por las que se demanda tratamiento, destaca el incremento del ocho por ciento de las personas atendidas en tratamiento por consumo de cocaína. Y es que, si en 2016 representaban un 31,1 por ciento del total de casos atendidos, en 2020 este dato ascendió hasta el 39,1 por ciento.

No obstante, aunque en el trabajo se alerta de que sigue aumentando el número de personas que a tratamiento por cocaína, el alcohol continúa siendo una sustancia que genera gran cantidad de demandas de tratamiento, tanto en hombres como mujeres, si bien entre ellas las bebidas alcohólicas tienen una mayor prevalencia y entre ellos la cocaína.

Por otro lado, el informe ha evidenciado que las personas con adicción que acuden a tratamiento a Proyecto Hombre responden a un perfil que apenas varía año tras año: varón, de unos 38 años de edad, con empleo y vida sociofamiliar estable. Si bien las mujeres en tratamiento solo suponen el 16,5 por ciento de las personas atendidas, esta cifra ha subido ligeramente en 2020 respecto al año anterior (16,1%).

Las causas de por qué solo un 16,5 por ciento de las mujeres acuden a tratamiento principalmente responden, tal y como ha informado Proyecto Hombre, a un mayor estigma social sobre la mujer que consume alcohol y/u otras drogas, y a que ellas tienen más cargas familiares (hijos o padres, madres a cargo).

En cuanto al consumo más temprano se da en el alcohol en cualquier dosis, a los 16,1 años, y en el cannabis, a los 16,8 años. El consumo más tardío se da en las benzodiacepinas (26,5 años) y la metadona (28,5 años). Por sexos no se observan «diferencias relevantes», si bien las mujeres tienden a iniciar el consumo regular o problemático más tarde que los hombres y de manera especial en el alcohol en grandes cantidades (cuatro años más tarde).

Asimismo, el 30,4 por ciento de las personas en tratamiento en Proyecto Hombre padece algún problema médico crónico que interfiere en su vida cotidiana. No obstante, no se observa que las personas en tratamiento en los centros de Proyecto Hombre presenten una mayor problemática médica crónica que la esperada en la población general.

Esta pauta se repite igualmente respecto a la toma de medicación, habiendo únicamente un 26,3 por ciento que toma algún tipo de medicamento de forma regular por prescripción médica, siendo este porcentaje, no obstante, mayor en las mujeres (35,3%) que en los hombres (24,2%).

MÁS DE LA MITAD HAN TENIDO PROBLEMAS DE PAREJA

Del mismo modo, el trabajo ha mostrado que más de la mitad (56,3%) de las personas atendidas han tenido problemas con la pareja, el 50,1 por ciento los han tenido con la madre y/o con el padre (47,7%) y en un 42,2 por ciento con los hermanos. En un porcentaje ya significativamente «más bajo» aparecen relaciones conflictivas con amigos (25,6%) o compañeros de trabajo (23,2%).

Las relaciones que presentan menor índice de conflictividad son las que se tienen con los hijos que lo hacen en un 10,6 por ciento de los casos. En este sentido también destacan algunas diferencias importantes relacionadas con el sexo: las mujeres presentan mayor conflictividad de pareja con un 66,8 por ciento frente al 54,2 por ciento de los hombres, lo cual se relaciona con los datos sobre el estado civil, con un porcentaje más alto de divorcios y separaciones entre las mujeres.

El análisis de la experiencia de abusos a lo largo de vida nos dice que casi la mitad de las personas atendidas han sufrido, al menos, alguno de los tipos de abuso analizados: así el 48,7 por ciento de las personas manifiesta haber sufrido abuso emocional, el 27,4 por ciento abuso físico y el 9,2 por ciento, abuso sexual.

En cuanto a la fuente de ingresos, desde 2013 se ha ido dando un aumento del empleo y, paralelamente, un descenso de la dependencia de los compañeros y familia. Sin embargo, esta tendencia en lo que respecta al empleo, ha sufrido un retroceso en 2020 debido a la situación de falta de empleo general causada por la pandemia de COVID-19 y a las restricciones que ha supuesto.

«Esto hace imprescindible abordar el entorno familiar y social, tanto sus causas como las pautas y vías de prevención. Es obligatorio abordar de forma intensa, global e integral su entorno socioeconómico», ha detallado el presidente de la Comisión de Evaluación de la Asociación Proyecto Hombre, Jesús Mullor.

CAMPAÑA ‘#COMBATELOINVISIBLE’

Por otra parte, Proyecto Hombre ha lanzado la campaña ‘#CombateLoInvisible’ que, según ha explicado la directora de la organización, Elena Presencio, tiene como objetivo sensibilizar la actual valoración que la sociedad atribuye a las drogas, normalizando e invisibilizando consumos y adicciones, percibiendo de forma muy baja el riesgo que suponen.

«En España las adicciones siguen siendo un problema grande y desde Proyecto Hombre estamos preocupados por la baja percepción de riesgo que hay sobre las drogas, especialmente entre los jóvenes y adolescentes. Por este motivo, lanzamos esta campaña para avisar de que las drogas y las adicciones siguen estando ahí y debemos combatirlas», ha enfatizado Presencio.

La iniciativa cuenta de un spot principal en el que a través de diferentes situaciones cotidianas aparece integrado por realidad virtual un animal peligroso. «Se utiliza esta metáfora visual para expresar la idea, de que «como sociedad hemos interiorizado y normalizado tanto los consumos y las adicciones que han terminado por formar parte de nuestro paisaje», ha enfatizado la directora de la organización.

El secretario general de Sortu, Arkaitz Rodríguez, ha pedido hoy que los presos de ETA salgan de prisión porque considera que «ya han pagado por el daño producido». Además, ha reclamado al PNV que apueste por la soberanía y ha apostado por «reformar profundamente el modelo policial» porque cree que la Ertzaintza rezuma odio hacia los colectivos de la izquierda abertzale.

En declaraciones a Radio Popular, el líder de la formación integrada en EH Bildu se ha referido además a la futura transferencia de la gestión de prisiones a Euskadi y ha defendido que la competencia llega tarde y fruto de «la movilización sostenida durante décadas y del reforzamiento del soberanismo de izquierdas».

Pese a todo, ha considerado que «no es suficiente», ya que la competencia de la política penitenciaria, «la decisión final, seguirá estando en Madrid» y la realidad de los «presos políticos vascos» dista mucho de ser la que debiera ser.

Así, ha reclamado que se ponga fin a la «política de excepción» y «se vaya más allá», por lo que ha apostado por «hablar y reivindicar ya la libertad de todos estos presos». En su opinión, la construcción de una paz «justa, estable y duradera» también exige poner fin a «esta cuestión» y posibilitar que «puedan volver a sus casas».

Según ha expresado, si se afirma que la libertad de los presos de ETA puede «herir ciertas sensibilidades» es «porque estas personas están en la cárcel». «Los militantes de ETA ya han pagado, y de qué manera, por aquella violencia y hechos de los que son responsables. ¿Cuánto han pagado los responsables de la violencia de Estado, los criminales de la guerra sucia, los torturadores? Cero», ha reprobado.

De este modo, Rodríguez ha asegurado que se vive un «agravio comparativo terrible» ya que, mientras «los responsables de la violencia de ETA han pagado, en algunos casos con creces por el daño producido, los responsables de la violencia de Estado no lo han hecho». «Además, mientras la violencia de ETA es pasado, la violencia del Estado continúa siendo presente», ha dicho.

Rodríguez, que ha afirmado además que en los últimos meses se han visto «hechos muy graves protagonizados por la Ertzaintza», ha denunciado que se han «apaleado jóvenes y trabajadores», mientras el Gobierno vasco, a su juicio, ha «criminalizado colectivos y sectores que son víctimas de una actuación desproporcionada» de la Policía vasca.

«PROBLEMA DE LA ERTZAINTZA»

«No son los jóvenes quienes tienen un problema con la Ertzaintza, es la Ertzaintza quien, a la vista de estos sucesos, tiene un auténtico problema con los valores democráticos fundamentales. Una policía democrática no actúa de esa manera, no apalea a sindicalistas, trabajadores y jóvenes», ha expresado.

En esta línea, ha apostado por «reformar profundamente el modelo policial» y ha lamentado que no se haya dado «la menor depuración o cambio tras diez años desde la desaparición de ETA».

«¿Qué cambios se han producido tras la muerte de Iñigo Cabacas? ¿Qué ha cambiado en ese proceder? A veces lo que rezuma es odio hacia determinados colectivos como la Izquierda Abertzale, trabajadores o jóvenes», ha insistido.

Asimismo, ha advertido que en la actual Ertzaintza «perduran actitudes» del pasado y ha defendido un modelo policial que apueste por «la prevención y la contención». «Que ante problemas opte por minimizarlos y no por maximizarlos», ha aseverado.

PIDE AL PNV APOSTAR POR LA SOBERANÍA

Respecto a los indultos a los líderes del ‘procés’ catalán, Rodríguez lo ha considerado un triunfo del independentismo catalán, en la medida que el Gobierno no los hubiera concedido de no haberse visto «obligado a ello».

Tras indicar que no es «fácilmente comprensible» que políticos sean encarcelados «simplemente por haber posibilitado que el pueblo decidiera su futuro, simple y llanamente por poner urnas», ha considerado que el Ejecutivo central trata de «minimizar el descrédito que sufre».

En este contexto, ha reclamado al PNV que deje de «marear la perdiz y de dar vueltas a la rotonda», después de que el lehendakari Urkullu comenzara su primer mandato señalando que en 2015 Euskadi contaría con un nuevo estatus y desde entonces ésta haya sido «una de sus propuestas estrella».

«Ahora vuelven a decir que hace falta un nuevo estatus que establezca una relación de bilateralidad con el Estado. El PNV debe apostar decididamente porque esta sociedad se dote de un nuevo estatus de soberanía», ha afirmado, al tiempo que ha recordado que EH Bildu y PNV ya alcanzaron un acuerdo de bases para un nuevo estatus, pero los jeltzales, «a los diez meses, decidieron desdecirse y hacer un acuerdo alternativo con PSE y Podemos».

De este modo, ha subrayado que EH Bildu «reivindica aquel acuerdo» y ha instado al PNV a «volver» al mismo y apostar «decididamente por un estatus de soberanía».

Por último, el líder de Sortu ha defendido que los vascos tienen «el mismo derecho que «españoles o alemanes» a decidir libremente sobre las cuestiones que les afectan. «¿Está el PNV ahí o no? El PNV lo que hizo en su momento y sigue haciendo es renunciar a todo eso. El acuerdo con PSE y Podemos deja fuera el reconocimiento nacional de este país o la institucionalización del derecho a decidir», ha lamentado.

La defensa de César Román, apodado el ‘Rey del Cachopo’, ha reclamado a Instituciones Penitenciarias que mantenga en la cárcel de Soto del Real a su cliente con la finalidad de poder tener acceso a los equipos informáticos para participar en la confección del recurso de apelación que se presentará para impugnar la condena a 15 años de prisión impuesta por matar y descuartizar a su pareja Heidi Paz Bulnes.

En un escrito, la abogada del empresario solicita que se libre oficio al centro penitenciario para que le mantenga en el módulo 10, donde ha estado cumpliendo prisión preventiva desde que fue detenido en noviembre de 2018.

La solicitud se realiza debido a que César tiene acceso en este módulo a los equipos informáticos, un acceso que autorizó la Audiencia Provincial de Madrid poco antes de la celebración del juicio.

«Así César Román podrá visionar las sesiones del juicio oral y poder hacer anotaciones en dichos ordenadores a fin de participar en la confección de dicho recurso de apelación», señala el escrito de la letrada Ana Isabel Peña.

Durante el juicio, el empresario ayudó a su defensa a realizar gran parte de los interrogatorios al haber estado durante los meses de prisión estudiando a fondo el sumario.

Con el recurso, la defensa quiere impugnar la condena a 15 años de cárcel impuesta por un delito de homicidio, con las agravantes de parentesco y razón de género. La pena por homicidio es la máxima al quedar absorbido el delito de profanación de cadáver al entender el tribunal que se trató de una acción para encubrir la conducta homicida previa.

Los magistrados consideran en la sentencia que los hechos juzgados constituyen un delito de homicidio al haberse ocasionado con forma intencionada la muerte de la joven, a quien mató la madrugada del 5 de agosto de 2018 en el piso que había alquilado César poco antes en la calle López Grass del distrito de Vallecas.

La Sala sustenta su pena en el testimonio que ofrecieron los investigadores del Grupo VI de Homicidios en el juicio, especialmente aquellos que relataron que el móvil de la víctima se halló en la vivienda en la que alquiló una habitación el condenado tras huir a Zaragoza, donde fue detenido dos meses después del crimen.

El Defensor del Pueblo ha resuelto no interponer el recurso de inconstitucionalidad contra la Ley de Eutanasia, que entra este viernes en vigor, declinando así, entre otras, la solicitud del Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI), que pedía la interposición del recurso con respecto a la terminología de la ley, pues considera que hace un «señalamiento» a las personas con discapacidad.

En la resolución de la institución, el Defensor del Pueblo en funciones, Francisco Fernández Marugán, explica que ha adoptado esta decisión basándose en la «neutralidad política e institucional» que debe «caracterizar» su actuación.

«El rango constitucional de la institución y su carácter de Comisionado parlamentario parecen aconsejar por razones de neutralidad institucional, la inhibición del Defensor del Pueblo en los procedimientos constitucionales en que su intervención no resulte imprescindible para cumplir adecuadamente su función de garantía de los derechos constitucionales, ni para salvaguardar la adecuación constitucional del ordenamiento jurídico», precisa.

Así se pronuncia en respuesta a las solicitudes que había recibido la institución para interponer un recurso de inconstitucionalidad contra la ley de eutanasia. Una de estas solicitudes provenía del sector de la discapacidad que considera «discriminatorio» el lenguaje empleado en el texto normativo.

En concreto, el CERMI señalaba que el supuesto imposibilitante, recogido en el artículo 5 de la Ley y su definición recogida en el artículo 3.b, «vinculan el hecho eutanásico a unas características propias de las personas con discapacidad, especialmente de aquellas con grandes necesidades de apoyo, como la falta de autonomía, la dependencia absoluta o las limitaciones».

A juicio del Comité, «la definición innecesariamente evoca y señala a las personas con una gran discapacidad o dependencia, estableciendo un vínculo entre discapacidad y eutanasia e identificando a las personas con discapacidad como potenciales usuarios».

«De ahí que el uso del término imposibilitante resulte discriminatorio por motivos de discapacidad, a juicio de esa organización», subraya.

Los solicitantes del recurso insisten en que la Ley de regulación de la eutanasia «fomenta la idea de que la vida de las personas con discapacidad posee un menor valor» y advierten de que esto es contrario al artículo 10.1 de la Constitución, en el que se consagra la dignidad de la persona, así como la Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad.

Según expone el Defensor del Pueblo, otros solicitantes argumentaban en su solicitud de recurso, que la ley no asegura una adecuada implantación de los cuidados paliativos como alternativa a la eutanasia; que no es legal la obligación de inscripción previa en un registro de objetores de conciencia, para los profesionales que se opongan a practicarla, o que la tramitación y entrada en vigor de la ley ha sido precipitada.

Fernández Marugán recuerda que la ley de eutanasia ya ha sido recurrida ante el Constitucional –en concreto, han presentado recurso tanto Vox como el PP– y, por tanto, dice que no debe realizar un pronunciamiento al respecto sino aguardar a la decisión del alto intérprete de la Constitución.

La Guardia Civil de la Región de Murcia ha desarrollado en la pedanía murciana de Alquerías la operación ‘Caireles’, que se ha saldado con la desarticulación, en el interior de una nave, de un tentadero clandestino de pelea de gallos, donde han sido detenidas cuatro personas como presuntas autoras de delito relativo a la protección de la flora, fauna y animales domésticos (maltrato animal).

En el inmueble se han localizado 31 gallos, ocho de los cuales presentaban heridas graves ocasionadas, supuestamente, en el curso de las peleas, y se han incautado diversos medicamentos, complementos vitamínicos, material quirúrgico, utensilios para la preparación de los gallos para la pelea, así como 8.500 euros, supuestamente utilizados para las apuestas, según informaron fuentes de la Benemérita en un comunicado.

Las actuaciones se iniciaron a principios de año, cuando el Servicio de Protección de la Naturaleza (SEPRONA) de la Guardia Civil, dentro de los servicios que viene realizando para detectar posibles tentaderos ilegales en la Región de Murcia, constató la existencia de una nave, ubicada en una zona agrícola de Alquerías-Murcia, donde se podían estar llevando a cabo peleas ilegales de gallos, sobre la que se realizaron una serie de vigilancias discretas y esporádicas.

En una de estas vigilancias, se pudo observar la presencia de numerosos vehículos en los alrededores, lo que hizo sospechar que en ese momento se podría estar desarrollando una de las citadas peleas ilegales de gallos.

Ante la previsión de que en el recinto existiera un elevado número de personas, la Guardia Civil estableció un amplio dispositivo formado por medio centenar de agentes, del que formó parte una dotación del Servicio Aéreo, en helicóptero.

CERCA DE 150 PERSONAS REUNIDAS

En el interior se halló un tentadero ilegal con estructura fija usada para peleas de gallos, con restos de sangre fresca, lo que indicaba que se había producido una pelea de gallos recientemente, así como una grada con cerca 150 personas, algunas de las cuales intentaron huir al percatarse de la presencia policial.

Las muestras de sangre recogidas en el habitáculo han sido remitidas a la Sección de Medicina Legal de la Facultad de Medicina de la Universidad de Murcia para que se realice un cotejo con el ADN de las aves heridas

Anexo a las gradas fue localizada una sala de preparación anterior a la pelea, que albergaba diversa medicación, ungüentos, complejos vitamínicos y potenciadores energéticos utilizados para gallos, así como otra estancia a modo de bar, con una barra, cocina y mesas para el esparcimiento y recreo.

Así mismo, durante la inspección, los guardias civiles hallaron 31 gallos, todos ellos carentes de cresta y barbillas, ocho de ellos con lesiones grave por heridas que, al parecer, se habrían producido durante las peleas llevadas a cabo antes de la inspección, tales como heridas punzantes en la cabeza, cuello y párpados, crestas arrancadas y restos de sangre coagulada fresca, con inflamación de los globos oculares.

Los agentes solicitaron la presencia de veterinarios oficiales del Servicio de Zoonosis del Ayuntamiento de Murcia, que se personaron de inmediato en el lugar, realizaron una primera atención sanitaria y los trasladaron para ulteriores curas.

MÁS DE 8.000 EUROS EN APUESTAS

También resultaron incautados diversos medicamentos, complementos vitamínicos, material quirúrgico, utensilios para la preparación de los gallos para la pelea, así como 8.500 euros, supuestamente utilizado para las apuestas, además de varios trofeos que serían entregados a los ganadores de las peleas que se llevaban a cabo.

Según se desprende de la investigación, la nave era utilizada para reuniones de una asociación gallística sin contar con ningún tipo de autorización para la celebración de este tipo de eventos o espectáculos públicos.

La operación ‘Caireles’, desarrollada por efectivos del Servicio de Protección de la Naturaleza (SEPRONA) de la Benemérita, ha culminado con la detención de cuatro personas, responsables de la celebración del evento, a las que se le han instruido diligencias como presuntas autoras de los delitos relativos a la protección de la flora, fauna y animales domésticos, por maltrato animal.

Los detenidos, los efectos y el dinero incautado así como las diligencias instruidas han sido puestos a disposición del juzgado de Instrucción de Guardia de Murcia.

DELITO DE MALTRATO ANIMAL

La Guardia Civil recuerda que el delito relativo a la protección de la flora, fauna y animales domésticos, conocido como maltrato animal, se encuentra recogido en el Código Penal, que lo define como el hecho de maltratar injustificadamente a los animales, mediante cualquier medio o procedimiento, causándoles lesiones que menoscaben gravemente su salud.

Así, el delito está castigado con penas de tres meses y un día a un año de prisión e inhabilitación especial de un año y un día a tres años para el ejercicio de profesión, oficio o comercio que tenga relación con los animales y para la tenencia de animales.

El lehendakari, Iñigo Urkullu, ha defendido la reactivación del debate sobre el nuevo estatus en el Parlamento Vasco y, tras asegurar que ello «no amenaza la estabilidad y convivencia» ha añadido que «su negación o demonización conduce a callejones sin salida». Urkullu ha asegurado que, «además de cumplido», el estatuto «debe ser actualizado» y se ha comprometido a «ensanchar al máximo el acuerdo»

Durante su intervención en el pleno de control que este viernes se desarrolla en el Parlamento vasco y, en respuesta a una pregunta del presidente del grupo PP+cs, Carlos Iturgaiz, sobre la reactivación del debate sobre el «pretendido nuevo estatus político» y su impacto sobre la convivencia, Urkullu ha afirmado que su responsabilidad como lehendakari es «apoyar el autogobierno».

Tras recordar que el Estatuto de Gernika es una ley orgánica «aún sin cumplir» ha añadido que «hablar, debatir, negociar y elaborar consensos es tarea de la política». «Este Parlamento es el foro del debate político y es de gran utilidad para poner en marcha el debate sobre el estatus político futuro de Euskadi, es una tarea y responsabilidad de todos nosotros», ha asegurado.

Por ello, ha defendido «la idea de reactivar este debate político aquí y ahora, en este Parlamento, donde reside la soberanía, ahora, en un momento de transformación global».

«Los debates no amenazan la estabilidad ni la convivencia. La imposición o la negación del diálogo sí provocan problemas. La normalización del debate y la negociación política es una profundización de la democracia, su negación o demonización conduce a callejones sin salida», ha manifestado.

Ante estas esta palabras y tras admitir a Urkullu que «está claro que usted quiere el debate sobre el Estatuto», le ha emplazado a explicar «qué tipo de debate desea» y le ha recordado que, con sus últimas declaraciones, el presidente del PNV, Andoni Ortuzar, ha pretendido «seguir la ola catalana». A su juicio, una vez superados los peores momentos de la pandemia, los nacionalistas «han sacado el debate a pasear».

Además, le ha indicado que el PSE, su socio de Gobierno, «no quiere saber nada del tema si el nuevo estatuto va por determinados derroteros, mientras EH Bildu «ha reclamado los derechos de autor de ese bodrio que llegaron a encajar la pasada legislatura».

«Queremos saber si usted mirará para otro lado y dejará discurrir el debate de la mano de Bildu, en la busca de la ruptura, o si defenderá la convivencia, el entendimiento entre vascos que la Constituición y el Estatuto han hecho posible», ha emplazado.

Para Iturgaiz, el tema del nuevos estatus «es viejo, tan viejo como el Plan Ibarretxe». Además, le ha recordado que la actual sociedad es «la menos independentista de las últimas décadas» y el «espejo catalán ha dejado claro» lo que puede ocurrir con «una deriva como esa».

«Ahora queremos saber con quién va a estar usted. La mayoría de los vascos queremos que esté con la convivencia de la sociedad vasca y no con la ruptura y el enfrentamiento entre vascos», queremos que esté con la convivencia y no con la ruptura», ha indicado.

ANCLADO EN EL PASADO

El lehendakari ha acusado a Iturgaiz de «seguir anclado en el pasado» y ha apuntado las transformaciones «profundas», transcurridas dos décadas del siglo XXI. «En este contexto, cualquier país debe plantearse las herramientas con que cuenta para adaptarse a un mundo cambiante, a un proceso de transformación», ha añadido.

Tras preguntarle si considera todavía que el Estatuto «está cumplido» o que a Euskadi no le corresponde «más transferencias» del Estatuto de Gernika, Urkullu ha dicho que, «además de cumplido», el estatuto «debe ser actualizado» porque «el pueblo vasco no renuncia a los derechos que le puedan corresponder en virtud de su historia, que podrán ser actualizados de acuerdo con lo que establezca el ordenamiento jurídico».

«Por nuestra parte, haremos todo lo posible para ensanchar al máximo ese nuevo acuerdo. Más y mejor autogobierno es sinónimo de estabilidad y convivencia. Contribuirá a seguir mejorando el bienestar y las condiciones de vida de nuestra sociedad. Para eso ha de servir el debate sobre la actualización de nuestro autogobierno», ha señalado.

El lehendakari ha advertido a Iturgaiz de que «lamentaría que se quedaran fuera de este proceso, anclados en el pasado». Por ello le ha invitado a «defender un ideario y buscar las coincidencias».