Quantcast

El juez prorroga el embargo sobre 2 fincas para cubrir la posible responsabilidad económica del caso Pujol

El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz ha prorrogado otros cuatro años la prohibición de disponer de dos fincas para cubrir la responsabilidad pecuniaria que se pueda derivar del juicio al ex presidente catalán Jordi Pujol y su familia por formar presuntamente una organización criminal que se habría enriquecido durante décadas con actividades corruptas valiéndose de su posición política.

En un auto del pasado viernes, el titular del Juzgado Central de Instrucción (JCI) Número 5 de la Audiencia Nacional ha decidido, siguiendo el criterio del Ministerio Fiscal, extender la vigencia de la medida cautelar, que se acordó el 12 de julio de 2017 y expiraba ahora, al considerar que siguen presentes las circunstancias que justificaron la orden de embargo en su día.

El objetivo, ha recordado Pedraz, es «garantizar las responsabilidades pecuniarias inherentes a los delitos de blanqueo de capitales, contra la Hacienda Pública, así como, en su caso, de uno o varios delitos de falsedad en documento mercantil, todo ello sin perjuicio de ulterior calificación».

La prohibición de enajenación, transmisión o cualquier otra operación recae sobre dos bienes inmuebles, ambos ubicados en Barcelona, que pertenecen a las mercantiles Active Translation y a Iniciatives Marketing Inversions, según consta en los registros de propiedad de la ciudad condal y Mataró.

AL BANQUILLO DE LOS ACUSADOS

Pedraz acordó el pasado mes de junio la apertura de juicio oral contra Jordi Pujol y sus hijos pidiendo al ‘clan’ que deposite 7,5 millones de euros para cubrir las eventuales responsabilidades civiles.

Con ello, lleva al banquillo de los acusados a toda la familia, a excepción de la mujer del ex president, Marta Ferrusola –a la que exoneró por su estado de salud después de que la defensa presentara un informe médico en el que alegaba que sufría demencia severa–, así como a otras once personas, entre ellas Mercé Gironés, la ex mujer del primogénito de los Pujol, Jordi Pujol Ferrusola, y varios empresarios.

El magistrado les imputa presuntos delitos de asociación ilícita, blanqueo de capitales, delito continuado de falsificación de documento mercantil, delito de frustración en la ejecución y hasta siete delitos contra la Hacienda Pública.

HASTA 29 AÑOS DE CÁRCEL

De esta forma, siguió el camino señalado por la Fiscalía Anticorrupción, que en su escrito de acusación se dirigió contra todo el ‘clan’, al estimar que actuaron conjuntamente, mientras que Abogacía del Estado apuntó solo al primogénito, su ex mujer y otro hermano, Josep Pujol Ferrusola, aunque destacó el papel de Jordi Pujol Jr y su madre en la «dirección operativa» de esta presunta organización criminal.

El Ministerio Público solicitó 9 años de cárcel para el ex president, 29 para su hijo mayor, 14 para Josep y 17 para Gironés por delitos de organización criminal o asociación ilícita, blanqueo de capitales, contra la Hacienda Pública, falsedad documental y frustración de la ejecución en relación con la gestión de su patrimonio. Para los demás –Pere, Oleguer, Oriol, Mireia y Marta Pujol Ferrusola–, reclamó 8 años de prisión por asociación ilícita y blanqueo de capitales.

La Abogacía del Estado, por su parte, pidió una pena de 25 años de cárcel para Jordi Pujol Jr, así como de 17 años y medio para su ex mujer y 4 para Josep, por delitos de blanqueo de capitales, contra la Hacienda Pública, falsificación en documento mercantil y frustración a la ejecución, exonerando al resto de la familia.

SE APROVECHARON DE «UNA POSICIÓN PRIVILEGIADA»

En el auto con el que el juez José de la Mata –antiguo titular del JCI 5– puso fin a la instrucción en julio de 2020, propuso juzgar a la familia al completo por formar presuntamente una organización criminal para, aprovechándose de su «posición privilegiada de ascendencia en la vida política, social y económica catalana durante décadas», acumular un «patrimonio desmedido directamente relacionado con percepciones económicas derivadas de actividades corruptas».

De la Mata dio por acreditado que parte de esas «actividades corruptas» que habría cometido la familia coincidieron en el tiempo con la Presidencia de la Generalitat de Cataluña que ostentó Jordi Pujol entre 1980 y 2003, aunque se habrían prolongado más allá de su salida del cargo, generándoles «cantidades millonarias» que desvinculó de la herencia familiar del abuelo Florensi Pujol esgrimida por los acusados.

El instructor situó origen del dinero en los pagos ilícitos realizados por terceras personas, en su mayor parte vinculadas a distintas empresas, que realizaban entregas millonarias a la familia, disimuladas bajo estructuras societarias más o menos sofisticadas y utilizando paraísos fiscales y fórmulas contractuales. Y ello a cambio de una «contraprestación» que pasaba por que los Pujol ejercieran «concretas influencias» para adjudicaciones y concesiones «a lo largo y ancho del espacio geográfico catalán».

De la Mata concretó el papel que cada miembro de la familia habría desempeñado en esta operativa. El liderazgo estaba «encarnado» en Jordi Pujol y Marta Ferrusola, que se autodenominaba ‘la ‘madre superiora de la congregación’. En el siguiente escalón estaba Jordi Pujol Jr, ‘el capellán de la parroquia’, que siguiendo las instrucciones de sus padres «asumió la dirección de toda la estrategia y la recepción y distribución de las cantidades ilícitas» dentro del grupo familiar.

El resto de los hermanos –Josep, Pere, Oleguer, Oriol, Marta y Mireia–, sin perjuicio de su participación individual en determinados negocios u operaciones, «seguían las instrucciones» del mayor, «abriendo sus propias posiciones bancarias en Andorra, gestionando los capitales que eran distribuidos» por el primogénito y «tomando decisiones a lo largo de los años para mantener oculto su patrimonio ilícito».