El presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, ha afirmado que la inversión de 1.700 millones de euros en el aeropuerto de El Prat forma parte de las obligaciones del Estado de cohesionar territorialmente el país en materia de comunicaciones, y en este sentido ha manifestado que el proyecto será "muy bueno para Barcelona, muy bueno para Cataluña y muy bueno para España".

En este sentido, en una comparecencia en Badajoz en la que ha sido preguntado por este asunto, ha señalado que la "moda" en España ahora es que "nadie puede hacer nada que no perjudique al de al lado". "Sino perjudica, no tiene relevancia ninguna", ha añadido.

Al respecto, ha remarcado que el Gobierno de España tiene la obligación de salvaguardar la cohesión territorial en varias materias, entre ellas el agua, la energía, la defensa, la seguridad y las comunicaciones.

En este punto, ha señalado que si "alguien ahora dice que por qué se van a gastar 1.700 millones en comunicaciones para cohesionar, no Cataluña, sino todo el país, alguien podrá decir que los 1.400 millones que va a costar la conexión entre Madrid y Talavera (de la línea de Extremadura del AVE) son excesivos".

De este modo, ha alertado sobre este tipo de "juegos", porque si se empieza a "medir lo que se invierte en cada sitio el Gobierno pierde capacidad para cohesionar el país, y esto es una lucha de españoles contra españoles que no nos conduce absolutamente a nada", ha remarcado.

Además, Vara ha defendido que prefiere que se esté hablando en Cataluña sobre la ampliación del aeropuerto y, por tanto, de mejorar la cohesión del país, ha dicho, que de hacer un referéndum el 1 de octubre.

Asimismo, ha señalado que para poder reivindicar en los últimos años lo que se ha invertido en la alta velocidad en Extremadura hay que "entender cuando se invierte dinero también en otros lugares".

La Consejería de Salud de la Generalitat de Cataluña ha detectado al menos 842 casos más de los esperados en los asistentes a los festivales de música Vida, Canet Rock y Cruïlla 14 días después de su celebración, y un riesgo entre 1,35 y 2,6 veces superior de contagio al de la media.

En rueda de prensa del proceso de vacunación, la secretaria de Salud Pública, Carmen Cabezas, ha explicado que para determinar ese excedente de casos se analizó datos de unos 50.000 asistentes de estos tres festivales con un grupo control de la misma edad, sexo y zona de residencia.

Cabezas ha señalado que eran tres festivales masivos con medidas específicas, que partían de la experiencia en la sala Apolo, el concierto de Love of Lesbian en el Sant Jordi y la prueba en el ocio nocturno de Sitges (Barcelona) y en los que era necesario test de antígenos previo negativo.

La secretaria de Salud Pública ha afirmado que este extra de casos no esperado "ha tenido un papel, uno más entre otros aspectos" que han contribuido en la quinta ola, recordando otros acontecimientos como graduaciones o viajes de estudiantes.

Ha explicado que en el Festival Vida de Vilanova i la Geltrú en los primeros días tras el festival se dio un número similar de casos entre asistentes y el grupo control que infiere que el cribado no ha sido tan "efectivo", cosa que en el Canet Rock y el Cruïlla el cribado hizo que hubiera más casos en el grupo control los primeros días.

Entre los asistentes al Vida dos semanas después de su celebración se detectaron 466 casos --por 197 en el grupo control-- con unos casos esperados de 225, en el Canet Rock 956 --por 524 en el grupo control-- con unos casos esperados de 576 y en el Cruïlla se detectaron 857 --por 571 en el grupo control-- con unos casos esperados de 636: la cifra total de contagiados de asistentes a los tres festivales 14 días después fue de 2.279.

271 CON TAR PREVIO.

Cabezas también ha señalado que 271 personas, un 0,45% de los asistentes, fue a los festivales teniendo un test de antígenos previo positivo en los diez días anteriores, remarcando la importancia de la cuarentena y que el test de antígenos es "una capa" de protección, como lo son la mascarilla y la vacunación.

Ha apelado a la responsabilidad individual y a la realización de las cuarentenas tanto por el bien personal como el de la sociedad, y ha dicho que los festivales musicales han podido contribuir de "una manera delimitada" al incremento de casos.

Cabezas ha subrayado que la situación de los festivales ahora es diferente porque solo se pueden hacer sentados y con distancia de seguridad.

La Unidad Sindical de Usuarios del Júcar (USUJ) ha remitido una carta a la ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, solicitándole su intervención para solventar la ausencia del convenio del Embalse de Alarcón en el borrador del Plan Hidrológico del Júcar 2022-2027, actualmente en fase de información pública.

Esta entidad, que aglutina a los 40.000 regantes de la Acequia Real del Júcar, la Real Acequia de Escalona, la Real Acequia de Carcaixent, la Acequia Mayor de Cuatro Pueblos y las Comunidades de Regantes de Sueca y Cullera --propietarios del embalse de Alarcón junto a los usuarios industriales del río--, ha solicitado una reunión urgente con la Ministra para tratar este asunto "esencial para los intereses de los regantes valencianos".

El Convenio del Embalse de Alarcón, firmado en 2001, supone a su juicio una muestra de solidaridad de los regantes valencianos con el resto de los usuarios del Júcar. A través de este acuerdo, USUJ logró el cumplimiento de la sentencia del Tribunal Supremo de 1983 que obligaba a la administración a la entrega del embalse, "pagado al 100% por los usuarios", y cedía su gestión a cambio de una serie de contraprestaciones: la garantía de una curva de reserva de agua, la ejecución a cargo de las administraciones públicas de las obras de modernización de regadíos y la exención de los gastos de gestión, mantenimiento y explotación del embalse durante 60 años.

Por ello, la misiva pone de manifiesto que "el convenio de Alarcón, las resoluciones de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) dictadas en su aplicación y la doctrina del Tribunal Supremo, que lo ha interpretado y aplicado durante todos estos años, ha llevado hoy a una situación de seguridad jurídica y de paz en el Júcar evitando en gran medida los conflictos territoriales por el agua".

Y es que, para estos regantes, todos se han beneficiado del convenio: "el Ministerio obteniendo legítimamente la gestión y explotación del embalse de Alarcón sin necesidad de expropiarlo; los usuarios de la USUJ logrando mantener la garantía de derechos de agua prioritarios a través de la reserva establecida en Alarcón, el compromiso de modernización de sus regadíos y el especial régimen económico en el canon de regulación y en las tarifas de las obras de modernización; el resto de usuarios del Júcar al disponer de un embalse de 1.113 hm3 y de unos ahorros de 178 hm3 para el sistema obtenidos con las obras de modernización ejecutadas en la Acequia Real del Júcar.

"No pedimos más que el cumplimiento de lo que ya acordamos hace 20 años --aseveran: el respeto a nuestra reserva de agua en Alarcón, la finalización de nuestras obras de modernización y el respeto al régimen económico especial pactado en compensación al coste que pagamos por el embalse y cuya gestión cedimos".

Respecto a la modernización de regadíos, recuerdan que "aún quedan cerca de cien millones de euros" para terminar sus obras, unos trabajos que "ya el plan hidrológico de 1998 declaraba prioritarias y urgentes y que aún siguen pendientes". El Ministerio ha aprobado la inversión de más de 1.500 millones en obras de regadío dentro del 'Plan de recuperación y resiliencia' y no entendemos por qué no ha incluido nuestras obras", lamentan.

Esto demuestra, a su juicio, el agravio que supone algunas de las obras incluidas en el plan de recuperación: "Hace poco salieron a información pública los proyectos de las obras de sustitución de bombeos de la Mancha Oriental con una inversión de 69 millones. El compromiso de sustitución de bombeos nació de los acuerdos del PHJ de 1998, un plan que priorizaba nuestras obras por la necesidad de generar previamente ahorros de agua para el sistema".

Por todo ello, USUJ ha solicitado formalmente al Ministerio que haga pública su firme decisión de cumplir con los acuerdos del convenio del Embalse de Alarcón y de incorporar estos acuerdos en el Plan Hidrológico del Júcar ciclo 2022-2027, además de incluir la totalidad de las obras de modernización pendientes en el 'Plan de recuperación y resiliencia' para su inmediata ejecución".

El Partido Popular ha emplazado este miércoles al Gobierno liderado por Pedro Sánchez a aclarar si cederá el MIR a Cataluña. A su entender, la ministra de Sanidad, Carolina Darias, debe "dar la cara" en el Congreso y explicar "a todos los médicos españoles si quiere cambiar el modelo".

"¿Vale más y es más importante para el Gobierno de España saber catalán que ser un buen médico? Que lo expliquen inmediatamente el señor Sánchez y la ministra de Sanidad", ha declarado a los periodistas el vicesecretario de Comunicación del PP, Pablo Montesinos.

Así se ha pronunciado depués de el Gobierno y la Generalitat hayan acordado impulsar un grupo de trabajo --cuyas reuniones comenzarán en octubre-- para estudiar la viabilidad de esa transferencia de la formación sanitaria especializada.

CASADO: "NO PUEDE JUGAR" CON LA SALUD POR UN "PUÑADO DE ESCAÑOS"

El presidente del PP, Pablo Casado, ha expresado su rechazo rotundo a la posibilidad de que pueda cederse el MIR a Cataluña. "Si Sánchez cambia el sistema MIR para pagar a los secesionistas, lo recuperaremos en cuanto lleguemos al Gobierno", ha avisado.

Casado ha afirmado que el Ejecutivo "tiene el récord mundial de contagios de sanitarios por Covid y no puede jugar con su carrera profesional, ni con la salud de los españoles por un puñado de escaños".

En parecidos términos se ha expresado la exministra de Sanidad y actual portavoz en Bruselas, Dolors Montserrat, que ha afirmado que si Sánchez permite el traspaso del MIR, el PP lo recuperá al llegar a Moncloa. "El Gobierno ningunea, una vez más, a los MIR. Primero cambian el sistema de selección de plazas y ahora son usados como moneda de cambio con sus socios independentistas", ha denunciado en la misma red social.

MONTESINOS: EXIGIMOS LA COMPARECENCIA URGENTE DE DARIAS

En declaraciones a los medios en las puertas de la sede del PP, Montesinos ha señalado que cada día conocen "más detalles de la agenda secreta" entre Pedro Sánchez y el presidente de la Generalitat, Pere Aragonés, y ha añadido que "lo último afecta al sistema MIR".

"Exigimos la comparecencia urgente de la ministra de Sanidad para que aclare a todos los médicos españoles si quiere cambiar el modelo y que aclare también si para Pedro Sánchez vale más el carné de un independentista y saber catalán que ser un buen médico y hacer mejor las funciones sanitarias", ha enfatizado.

En este sentido, el responsable de Comunicación del PP ha subrayado que Pedro Sánchez "tiene que ser muy claro" sobre este tema y por eso ha urgido a la ministra de Sanidad a ofrecer explicaciones en el Congreso de los Diputados cuanto antes.

Montesinos ha advertido de que éste puede ser "el camino de un sistema distinto por cada comunidad autónoma" y ha añadido que esto "es gravísimo después de que la sanidad española y el sistema MIR sea reconocido internacionalmente".

GAMARRA: EL MIR "NO PUEDE SER MONEDA DE CAMBIO POR APOYO AL GOBIERNO"

Por su parte, la portavoz del Grupo Popular en el Congreso, Cuca Gamarra, ha resaltado que el MIR es "un modelo de éxito, reconocido internacionalmente y garantía de cohesión del sistema" y ha subrayado que el PP defiende y quiere garantizar ese modelo. "No puede ser moneda de cambio por apoyo al Gobierno", ha afirmado.

En una entrevista en Onda Cero, Gamarra ha advertido además que el traspaso del MIR a Cataluña "llevaría a romper un modelo de formación que ha funcionado y que es un modelo de éxito" en España. Es más, cree que eso abocaría a la creación de 17 modelos cuando "debe ser una competencia exclusiva del Estado".

Gamarra ha recriminado al Gobierno que "premie" a quienes no acuden a las Conferencias de Presidentes con cumbres bilaterales que son "chantajes" de los independentistas para conseguir sus objetivos "a través de la presión y poniendo siempre en jaque el orden constitucional". "Son cesiones públicas y notorias y no son dignas de un Gobierno que busque el interés general y la igualdad", ha manifestado.

PASTOR: "ESPERO QUE LA ESPAÑA MULTINIVEL NO LLEGUE AL SISTEMA MIR"

También se ha pronunciado sobre este tema la exministra de Sanidad y vicesecretaria de Política Social, Ana Pastor, quién ha asegurado que espera que "la España multinivel" que quieren impulsar Sánchez y el PSOE "no llegue al sistema MIR".

"Lamentable que la clave de que nuestro Sistema Nacional de Salud (SNS) sea excelente, sea moneda de cambio del independentismo. Si lo hacen, será derogado de forma inmediata cuando lleguemos al Gobierno", ha anunciado Pastor en un mensaje en su cuenta oficial de Twitter.

El fiscal suizo Yves Bertossa ha imputado al presidente del Banco Mirabaud, Yves Mirabaud, por no haber informado al organismo de prevención de blanqueo de capitales de la entrada en su entidad en 2008 de la cantidad de 65 millones de euros con destino a la cuenta de la fundación panameña Lucum, de la que era beneficiario el rey emérito Juan Carlos I.

Según adelantaba El País y han confirmado fuentes del caso, el fiscal del cantón de Ginebra incluye así a Mirabaud entre los investigados en la causa que se sigue en el país helvético por blanqueo de capitales y cobro de comisiones irregulares. El motivo es la falta de transparencia sobre esa donación de 100 millones de dólares --65 millones de euros-- que el emérito recibió del rey Abdalá de Arabia Saudí.

Este nuevo paso en la investigación suiza llega cuando se acaba de cumplir un año del exilio del rey emérito a Emiratos Árabes Unidos, donde reside desde entonces. El anuncio de que el que fuera rey de España durante casi cuatro décadas partía de nuevo al exilio, en el que nació, fue la culminación de una serie de acontecimientos, que se aceleraron a raíz de su abdicación en junio de 2014, ligados a su vida privada y sus actividades financieras que le han terminado situando en el punto de mira de la justicia.

Su salida del país se produjo después de que el 'Sunday Telegraph' desvelara el 14 de marzo de 2020 un generoso 'regalo' millonario al emérito por parte de Arabia Saudí. Esto llevó a que Don Felipe anunciara el 15 de marzo que retiraba su asignación el Rey emérito.

Además, en marzo de 2019 se recibieron ya en Zarzuela dos cartas del bufete británico en el que trabaja el abogado de Corinna Larssen, examante de Juan Carlos I, informando de que Don Felipe y la Princesa de Asturias figuraban como segundo y tercer beneficiarios de la Fundación Lucum.

Dicha fundación fue creada en 2008 para supuestamente ocultar esa donación que Arabia Saudí habría hecho al entonces jefe de Estado. Esos fondos permanecieron en una cuenta en Suiza hasta que en 2012 el emérito transfirió los 65 millones a Corina Larssen.

Por otra parte, el 2 de marzo de 2019 Álvaro de Orleans-Borbón, primo lejano de Juan Carlos I, negaba en una entrevista en 'El País' ser el "testaferro" del emérito y aseguraba que los fondos de la Fundación Zagatka, creada en 2003 en Ginebra, eran suyos y que su objetivo era poder ayudar a las familias reales que lo necesitaran.

El siguiente hito en el devenir judicial del emérito llegó el 5 de junio cuando la fiscal general del Estado, Dolores Delgado, encargaba al fiscal de Sala del Tribunal Supremo de la especialidad de Delitos Económicos, Juan Ignacio Campos, las diligencias respecto al supuesto cobro de comisiones por el emérito por la concesión del AVE a La Meca a empresas españolas.

Según explicó la Fiscalía General del Estado (FGE), la investigación asumida por Campos se derivaba de las diligencias abiertas en diciembre de 2018 por Anticorrupción para aclarar el destino de 80 millones de euros que según Corinna Larsen se habrían repartido entre otros Don Juan Carlos por la citada adjudicación en 2011.

Con el emérito ya en Emiratos Arabes, el pasado noviembre la Fiscalía del Tribunal Supremo anunció dos nuevas investigaciones. La primera, por el uso por parte de Don Juan Carlos y otros familiares de tarjetas de crédito opacas con cargo a cuentas en las que ninguno de ellos figuran como titulares los años 2016, 2017 y 2018. Dado que los gastos superaban los incrementos de renta no declarados por encima de los 120.000 euros, la Fiscalía previno de que podrían constituir delito fiscal.

La segunda está relacionada con la existencia de una cuenta con 10 millones de euros a nombre del Rey emérito en la isla de Jersey, un paraíso fiscal.

DOS REGULARIZACIONES Y UNA DEMANDA

Ante estos hechos, el antiguo monarca procedió el 9 de diciembre a una regularización fiscal por 678.000 euros en relación al uso de tarjetas bancarias con fondos opacos del empresario mexicano Allen Sanginés-Krause, uno de los tres asuntos investigados en su contra.

A esta siguió una segunda --en teoría la última-- el 25 de febrero por casi 4,4 millones de euros por rentas no declaradas durante varios ejercicios que suman más de 8 millones de euros de pagos en especie y que tienen que ver con "determinados gastos por viajes y servicios realizados" por el Rey emérito a costa de la Fundación Zagatka, a cargo de su primo Álvaro de Orleans-Borbón, que está siendo investigado por la Fiscalía suiza por las actividades de esta firma.

Los pagos se habrían realizado hasta 2018, con posterioridad a la abdicación, y el Rey emérito aparecería como beneficiario de Zagatka hasta junio de 2020, cuando la fundación modificó sus estatutos y suprimió a Don Juan Carlos y a sus tres hijos como beneficiarios. En este sentido, Álvaro de Orleans volvió a reivindicar que la fundación es suya y que no ejerce de "testaferro".

En mayo, la Agencia Tributaria (AEAT) notificaba al rey emérito la apertura de una inspección y le pedía más información para comprobar la veracidad de las regularizaciones que ha presentado y que han permitido aflorar esos casi 5 millones de euros, la mayor parte presuntamente relacionados con vuelos privados que le sufragó la fundación de su primo.

Mientras, el emérito suma un nuevo frente judicial, y es que en julio se conocía que su examante Corinna Larsen ha presentado una demanda contra él ante la High Court de Londres en la que reclama una indemnización por los costes de su tratamiento médico de salud mental, por el gasto derivado de la "instalación de medidas de seguridad personal y servicios diarios de protección" y por el monto que le supuso la contratación de "exdiplomáticos y exfuncionarios del Gobierno" para que interviniesen con el fin de "poner fin al acoso" que denuncia por parte del rey emérito. También reclama que Juan Carlos I no se pueda acercar a menos de 150 metros de ninguna de sus residencias.

La Consejería de Transición Ecológica, Lucha contra el Cambio Climático y Planificación Territorial del Gobierno de Canarias, a través del Servicio de Biodiversidad, desarrollará el 'Proyecto Ojeadores' en las islas de Fuerteventura, Lanzarote, La Palma y La Gomera para detectar los efectos del cambio climático en los hábitats y especies de interés comunitario en estos territorios.

De este modo, el proyecto contará con un equipo de dos biólogos por isla, especializados en botánica y zoología, con conocimientos previos del territorio que realizarán anualmente recorridos a pie por Zonas de Especial Conservación, Zonas de Especial Conservación para las Aves o Hábitats de Interés Comunitario para su análisis y toma de datos, según ha informado el Gobierno de Canarias en un comunicado.

A través del 'Proyecto Ojeadores' también se obtiene información de los impactos en el medio natural derivados de la actividad humana, así como de núcleos de especies exóticas para realizar acciones a corto plazo que posibiliten su desaparición, ya que comprometen el estado de conservación de hábitats y especies de interés comunitario y la integridad de la Red Natura 2000 --red de áreas de conservación de la biodiversidad en la Unión Europea--.

En este sentido, el desarrollo de un protocolo de toma de datos para el seguimiento de los espacios naturales de la Red Natura 2000 en Canarias y su puesta en práctica permitirán, aseguran, "homogeneizar esta tarea en todas las islas" para la realización de informes sexenales con información actualizada de estos hábitats y especies de interés comunitario.

Estos trabajos se enmarcan en el Programa Operativo FEDER (2014-2020) y la empresa pública de Gestión y Planeamiento Territorial y Medioambiental (Gesplan) es la encargada de su ejecución, tras promoverlo desde el Servicio de Biodiversidad de la Dirección General de Lucha contra el Cambio Climático y Medio Ambiente, siendo técnicos de este servicio los que los diseñan y supervisan.

En las últimas décadas Canarias ha registrado cada vez con más frecuencia eventos climáticos anómalos que reflejan un aumento de la temperatura en las islas, esto puede provocar cambios en la distribución de muchas especies silvestres, variaciones en los ciclos hidrológicos o expansión de especies exóticas, como es el caso de especies de árboles centenarios que no han sobrevivido a los cambios del clima.

Un total de 174 centros residenciales de servicios sociales presentan este miércoles algún caso activo de coronavirus entre los residentes --el miércoles de la semana pasada se contabilizaban 163--: 129 residencias de ancianos, 28 para personas con discapacidad, 4 centros de salud mental y 13 en otros recursos, como centros de infancia y de personas en riesgo de exclusión.

Según datos de la Conselleria de Derechos Sociales de la Generalitat, 815 residentes son casos confirmados de Covid-19, un 1,4% del total, y la gran mayoría son asintomáticos o tienen síntomas leves.

Entre los profesionales, 688 han dado positivo, un 1,5% del total, y seis están ingresados en el hospital y uno en UCI.

A lo largo de la semana, entre el 23 y el 29 de julio, ha habido 73 defunciones de residentes por Covid-19 y 78 ingresos hospitalarios.

Por tipología de centro, en las residencias de ancianos hay 672 casos activos, 1,4% de los residentes, en 129 residencias; en centros para discapacitados, 95 casos, 1,5% del total, en 28 residencias, y en centros de salud mental, siete casos, 0,6% del total, en cuatro residencias.

VACUNACIONES

El 96,5% de las personas que viven en centros residenciales están vacunadas en primera dosis y el 94,6% con la pauta completa, mientras que entre los trabajadores, el 90,1% ha recibido la primera dosis y un 84,2% la pauta completa.

En la última semana, entre el 24 y el 30 de julio, se han realizado 13.900 pruebas PCR y 3.002 test de antígenos en las residencias de Catalunya, con un 4,35% de resultados positivos.

Según el último recuento, del total de 1.026 residencias de ancianos, 123 (11,99%) están en color rojo con casos activos, aparición de nuevos casos y brote en investigación; 208 (20,27%) en naranja, con casos positivos pero brote controlado, y 695 (67,74%) en verde, sin ningún caso.

El vicesecretario de Comunicación del PP, Pablo Montesinos, ha vuelto a pedir este miércoles al Gobierno que impulse una Ley de Pandemias que permita ofrecer certidumbre y seguridad jurídica a las comunidades autónomas en su lucha contra la pandemia.

Montesinos ha realizado esta petición en un momento en que está abierto el debate sobre el pasaporte Covid. El Gobierno de Galicia es partidario de esa media y la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, se ha mostrado favorable a implantarlo en el acceso a determinados espacios públicos, si bien la Comunidad no prevé aplicar de momento ese certificado. Por su parte, Andalucía ha aplazado su implantación hasta contar con el aval de la Justicia.

Por lo pronto, el Gobierno ha descartado estudiar una fórmula para que sea necesario disponer del Certificado Covid-19 para poder acceder a algunos lugares como bares o restaurantes por entender que se estaría "estigmatizando" a la población joven que no está todavía vacunada, en palabras de la ministra Isabel Rodríguez.

"MANO TENDIDA" PARA APROBAR UNA LEY DE PANDEMIAS

Montesinos no ha entrado a valorar el pasaporte Covid y se ha centrado en exigir la aprobación de una Ley de Pandemias, pidiendo al Gobierno que acepte la "mano tendida" del PP para sacar adelante esa norma que "desde hace más de un año le lleva proponiendo Pablo Casado".

Según ha subrayado, esa norma daría "seguridad jurídica a las comunidades autónomas" y está siendo reclamada, además de por el PP, por comunidades autónomas gobernadas por el PSOE y por el propio Consejo de Estado.

"Pedro Sánchez no acepta la Ley de Pandemias simplemente porque se la ha propuesto Pablo Casado y eso es de una enorme irresponsabilidad. Por eso le exigimos al presidente del Gobierno que rectifique, que hable con el PP y que se apruebe esa Ley de Pandemias porque no puede haber 17 modelos diferentes, no puede haber 17 soluciones diferentes", ha asegurado en declaraciones a los medios en la puerta de la sede del PP.

En este punto, ha recalcado que las autonomías están "pidiendo ayuda al Gobierno de España", que "no puede mirar para otro lado" sino que tiene que "coger el timón" aprobando "esa Ley de Pandemias y colaborando con las comunidades en esta quinta ola".

TEROL CULPA AL GOBIERNO DE QUE LAS CCAA VAYAN A LOS TRIBUNALES

Por su parte, el vicesecretario de Política Territorial del PP, Antonio González Terol, ha culpado al Gobierno que las comunidades tengan que ir a los tribunales a la hora de aplicar restricciones ante la nueva ola de contagios.

"Nosotros tenemos una posición común en algo muy claro y es exigir al Gobierno de España que las CCAA no tengan que acudir a los Tribunales Superiores de Justicia para convalidar las decisiones que toman. Esto se tendría que haber resuelto si se hubiera hecho caso a Pablo Casado, que propuso y exigió a este Gobierno que apruebe de una vez por todas una Ley de Pandemias", ha afirmado.

Ésa ha sido la respuesta de Terol, en una entrevista en Cope, al ser preguntado si el PP nacional tiene una posición común respecto al pasaporte Covid o es partidario de dejar que cada autonomía lo gestione como vea.

Terol ha indicado que él no puede valorar cuáles son las decisiones de cada comunidad pero como político sí que podía exigir al Gobierno que ofrezca a las autonomías las "herramientas para tener una postura y una estrategia común, y no 17 planes de vacunación y 17 respuestas distintas".

Según el responsable de Política Territorial del PP, debería existir una "respuesta única coordinada por el Gobierno", al que ha acusado de "abdicar de sus funciones de coordinación sanitaria" en la lucha contra el coronavirus.

El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, ha defendido este miércoles en Lisboa que España es un país seguro para el turismo y ha resaltado el buen ritmo de vacunación de la población española, con cerca del 60% con la pauta completa, respondiendo así a la clasificación del Reino Unido que deja fuera a España de la "lista verde".

"España es un país seguro para visitar y cerca del 60% de la población ya tiene la pauta completa", ha subrayado Albares en la rueda de prensa tras su reunión en Lisboa con su homólogo portugués, Augusto Santos Silva.

El ministro de Exteriores ha viajado este miércoles a Portugal para encontrarse con su homólogo portugués y abordar asuntos referidos a relaciones bilaterales, iniciar la preparación de la 32 Cumbre luso-española, que tendrá lugar en Trujillo (Extremadura) el próximo 28 de octubre, y para asentar la coordinación de ambos países en materia de Covid y la recuperación económica europea, así como temas de agenda internacional.

Albares ha agradecido durante su intervención la hospitalidad por parte de Portugal, destacando que esta es su primera visita a un país de la Unión Europea, desde que ocupara el cargo de ministro de Exteriores, y ha resaltado la "excepcional" relación con el país vecino.

PRIMERA VISITA A UN SOCIO DE LA UE

"Esta es mi primera rueda de prensa con un homólogo y mi primera visita a un país de la UE, algo que no ha sido al azar. Portugal y España mantenemos unas relaciones excepcionales de amistad, vecindad, históricas y culturales y compartimos una doble alma: somos europeos e iberoamericanos", ha manifestado.

Asimismo, Albares ha repasado los puntos más importantes que ambos ministros han abordado en la reunión incidiendo en la "excelente" campaña de vacunación que están llevando a cabo Portugal y España, pese a ser dos países que no figuran en la "lista verde" de Reino Unido. "Estamos a la cabeza en la UE en cuanto a ritmo de vacunación. Este es el gran desafío de nuestra generación y no hay otra solución que vacunar", ha matizado.

Preguntado por si Portugal y España tienen planes concretos a medio plazo para crear una conexión de ferrocarril más ecológica, Albares ha asegurado que es un tema "central" en el que ambos gobiernos están trabajando "profundamente" y que abordarán con más detalle en la 32 Cumbre Luso-Española que tendrá lugar en Trujillo (Cáceres).

32 CUMBRE LUSO-ESPAÑOLA

"Esta es una cuestión que tiene connotaciones técnicas que se nos escapan a los ministros de exteriores, pero sí hemos constatado que es un punto fundamental el de las interconexiones ferroviarias sostenibles para el medioambiente", ha remarcado.

En este sentido, el ministro español ha reiterado su compromiso con Portugal para trabajar en estas interconxiones ferroviarias además de trabajar en temas de ámbito internacional, enfocados principalmente en los países latinoamericanos. "El espíritu que nos anima es colaborar e ir juntos en la misma dirección y conseguir un desarrollo integral en Venezuela para que avance socialmente", ha apostillado.

Albares también ha sido preguntado por una posible fecha para viajar a Rabat en vías de destensar la situación con Marruecos, a lo que ha respondido que la diplomacia requiere "tranquilidad y tiempo", aunque eso no indica que "no sea algo prioritario".

"El viaje a un país tan importante para España, como es Marruecos, que es un país amigo y socio estratégico de primer orden es fundamental, pero también el segundo y el tercero", ha detallado, indicando que hay que abrir caminos para "construir confianza y solidez" y es necesario que los viajes sean algo "recurrente y permanente".

Castilla y León ha notificado este miércoles 898 nuevos positivos de COVID-19 --56 más que ayer--, para sumar un total de 284,269 desde el inicio de la pandemia, con once fallecidos más para un total de 5.884, y 83 nuevas altas médicas, 31.732 en total, según los datos ofrecidos por la Consejería de Sanidad.

En total, se han diagnosticado ya en la Comunidad 284.269 positivos de COVID-19 en los distintos tipos de pruebas, después de sumar 898 más en la última jornada. De ese total, 277.780 positivos han sido confirmados en test PCR y de antígenos.

Los brotes activos registrados ascienden a 534, 17 más con un total de 2.920 casos, 47 más, vinculados a ellos.

BURGOS SUMA 224 CONTAGIOS

Por provincias, Burgos es la que más positivos han notificado desde la jornada anterior, con 224 casos más para un total de 48.392; le sigue Valladolid, con 217 nuevos positivos y un total de 62.802; León, con 115 y en total 48.837; Salamanca, con 100 y 37.003 totales; Ávila, con 66 y 15.295; Segovia, con 62 y un total de 19.859; Palencia, con 47 nuevos y en total 23.461; Soria, con 43 nuevos para un total de 11.703; y Zamora, con 24 y un total de 16.917.

Respecto al número de fallecidos en hospitales con diagnóstico COVID, la cifra se incrementa hasta los 5.884, después de que se hayan registrado once nuevos decesos en las provincias de Palencia (siete), León (tres) y Valladolid (uno).

Del total, 1.195 corresponden a Valladolid; seguida por León, con 1.179; Salamanca, que tiene 846; Burgos, 735; Palencia, 477; Zamora, con 441; Segovia, con 373; Ávila, con 348, y Soria, con 290.

En el caso de las altas hospitalarias, éstas suman un total de 31.732, 83 más desde el anterior parte. De ellas, se han computado 7.741 en Valladolid; 5.481 en León; en Burgos, 4.591; en Salamanca, 4.207; en Palencia, 2.438; en Zamora, 2.085; en Segovia, 1.990; en Ávila, 1.828, y en Soria, 1.371.

BAJAN LAS HOSPITALIZACIONES

Según la última actualización, los hospitales de la Comunidad albergan 498 pacientes con COVID-19, 44 menos que el día anterior. De ellos, 86 están hospitalizados en unidades de críticos (UCI) --cinco más que en el anterior parte--, mientras que en planta se reducen las cifras, con 412, 49 menos.

Los pacientes con COVID-19 en UCI se encuentran repartidos en once hospitales de las distintas provincias --todos los que tienen unidades de este tipo-- y ocupan un 26 por ciento de las camas inicialmente habilitadas en unidades de críticos, dos puntos más que en la jornada precedente.

Así, se informa de 20 ingresados en el Complejo Universitario de Burgos; doce en el Complejo Asistencial de Palencia, once en el Hospital Clínico Universitario de Valladolid, diez en el Río Hortega de esta misma ciudad, siete en el Hospital de El Bierzo; seis en el Complejo de Segovia; cinco en el de Ávila, cuatro en Soria, tres en Salamanca y otros tantos en el de Zamora.

Andalucía registra este miércoles 4 de agosto un total de 3.655 casos de coronavirus, inferior a los 4.754 positivos de la víspera y a los 3.848 de hace siete días, según los datos consultados en el Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía (IECA), que ha contabilizado 15 muertes, menor dato que las 23 del martes, pero superior las siete del miércoles pasado.

Por otro lado, la tasa de incidencia acumulada de la comunidad ha bajado por primera vez tras 33 días de subidas consecutivas y se sitúa en 586 por cada 100.000 habitantes en los últimos 14 días, 11,6 puntos menos en 24 horas, pero 46 puntos más en un semana.

Los 3.655 positivos de este miércoles se registran tras los 4.459 del martes, los 4.467 del lunes y domingo, los 5.138 del sábado, los 5.099 del viernes, los 4.893 del jueves y los 3.848 del miércoles pasado.

Por provincias, Sevilla es la que más casos suma, con 935, seguida de Málaga con 822, Cádiz con 480, Granada con 365, Córdoba con 326, Jaén con 314, Almería con 227 y Huelva con 186. En cuanto a los fallecidos, seis se han registrado en Málaga, cuatro en Sevilla, tres en Córdoba, uno en Almería y otro en Jaén.

La comunidad ha experimentado una subida de hospitalizados hasta un total de 1.336, 36 más en 24 horas y 185 más que hace siete días, mientras que los pacientes en una Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) suben hasta 238, ocho más en un día y 41 más en una semana.

Málaga es la provincia con más hospitalizados con 505 y 88 pacientes en UCI, seguida de Sevilla con 237 y 38 en UCI, Cádiz con 164 y 27 en UCI, Córdoba con 127 y 27 en UCI, Granada con 116 y 23 en UCI, Almería con 69 y 20 en UCI, Huelva con 59 y nueve en UCI y Jaén con 59 y doce en UCI.

15 MUERTES MÁS

De acuerdo con los datos de la Consejería de Salud y Familias, Andalucía ha registrado desde el inicio de la pandemia 724.292 casos confirmados --3.655 en 24 horas-- y ha alcanzado las 10.403 muertes, 15 más. Por su parte, la cifra acumulada de hospitalizados sube hasta los 52.533, 132 más. La cifra de pacientes que han pasado por UCI alcanza los 5.806 --cinco más--, y el número de curados es de 631.104, después de añadirse 2.118.

En cuanto a los datos provincializados acumulados, de los 10.403 fallecidos desde el inicio de la pandemia --15 más--, Sevilla con 2.070 se mantiene como la provincia con más muertes, seguida por Granada con 1.811, Málaga con 1.744 --seis más--, Cádiz con 1.518, Jaén con 1.023 --uno más--, Córdoba con 988, Almería con 854 --uno más-- y Huelva con 395.

Por su parte, los casos confirmados por PCR o test rápidos de antígenos alcanzan los 724.292 desde el inicio de la pandemia --3.655 más--, liderados por Sevilla con 155.072 --935 más--, seguida de Málaga con 138.287 --822 más--, Granada con 101.743 --365 más--, Cádiz con 101.933 --480 más--, Córdoba con 66.480 --326 más--, Almería con 62.943 --227 más--, Jaén con 58.315 --314 más-- y Huelva con 39.519 --186 más--.

132 INGRESOS MÁS EN UN DÍA

Los casos acumulados de coronavirus que han requerido hospitalización son 52.533 --132 más en 24 horas--, con Sevilla a la cabeza con 11.605 --18 más--, seguida por Málaga con 9.490 --57 más--, Granada con 8.700 --14 más--, Cádiz con 6.230 --cinco más--, Córdoba con 4.951 --17 más--, Almería con 4.111 --tres más--, Jaén con 4.909 --doce más-- y Huelva con 2.537 --seis más--.

De ellos, 5.806 han pasado por la UCI en Andalucía --cinco más--, con la provincia de Sevilla a la cabeza que se mantiene en 1.151, seguida de Granada con 1.127 --uno más--, Málaga con 890 --uno más--, Almería y Cádiz que se mantienen en 699 y 671 respectivamente, Córdoba con 615 --dos más--, Jaén con 465 --tres más-- y Huelva no suma y permanece en 188.

Finalmente, la cifra de curados alcanza los 631.104 en toda la región, 2.118 más en 24 horas, con Sevilla a la cabeza con 137.553 --239 más--, seguida de Málaga con 112.455 --585 más--, Granada con 92.246 --69 más--, Cádiz con 86.404 --217 más--, Córdoba con 57.738 --197 más--, Almería con 56.388 --154 más--, Jaén con 53.826 --446 más-- y Huelva con 34.494 --211 más--.

CÁDIZ Y HUELVA SUPERAN LOS 600

Según los datos consultados en el Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía (IECA), la incidencia acumulada en los últimos 14 días se sitúa de media en la región en 586 casos por cada 100.000 habitantes, con la provincia de Málaga a la cabeza con 805,9. Detrás se sitúan Cádiz con 615,5, Huelva con 608, Córdoba con 579,6, Almería con 557,3, Jaén con 517,9, Sevilla con 477,1 y Granada con 437,8.

El presidente del Gobierno de Canarias, Ángel Víctor Torres, ha avanzado este miércoles que no se prevén cambios de nivel de alerta por el coronavirus en ninguna de las islas, ya que los datos indican que "no hay aumento" en relación a la semana anterior, "por tanto habrá consolidación", y a la espera de los próximos días, se atisba una situación que apunta a la posibilidad de "doblegar la curva".

De todos modos, ha señalado que este jueves, en Consejo de Gobierno, se analizará la situación con el informe preceptivo, si bien ha matizado que la semana anterior fue "de consolidación de positivos" y este miércoles se observa "una disminución de contagios con respecto al miércoles anterior", por lo que parece que se está en una situación "de posible doblegar la curva pero hay que esperar a los próximos días".

Aún así, ha admitido en declaraciones a los periodistas durante un acto público, que actualmente hay presión asistencial especialmente en las islas que se está "peor, que es en Tenerife y La Palma, pero también aumenta en la isla de Gran Canaria", si bien ha matizado que "siempre la presión en los hospitales y las UCI es superior en las siguientes semanas a cuando se empieza a doblegar la curva".

Sin embargo, el presidente de Canarias ha avanzado que, "en principio, no se prevén cambios de niveles porque no hay aumento y, por tanto, habrá consolidación", a lo que ha añadido que "no" cree tampoco que se produzcan "bajadas de niveles".

De todas forma, ha señalado que el Gobierno de Canarias continuará como hasta ahora adoptando las mismas decisiones que en los últimos 17 meses "han dado éxito y que han hecho que se frenen los contagios y se frene la curva".

En relación con ello, Torres dijo que aunque "no" comparte los fallos de la justicia, toman las decisiones que consideran, ya que esto ha convertido a Canarias "en la comunidad más favorable en cuanto al desarrollo de la pandemia en muchas ocasiones" al, dijo, adelantarse "en medidas como el semáforo, el cierre de las islas, el toque de queda".

CAMINO DEL 70%

Por otro lado, ha señalado que actualmente El Hierro y La Palma ya tienen al 70 por ciento de su población "inmunizada" y "pronto lo estará La Gomera y La Graciosa", así como el resto de las islas, indicando en este sentido que el mes de agosto "es fundamental" para alcanzar en las próximas semanas el 70 por ciento de la población canaria con la pauta completa de la vacuna contra la Covid-19.

Torres ha aprovechado para pedir a los ciudadanos, ante la movilidad aérea y portuaria que se está produciendo entre islas, que sigan utilizando la mascarilla, la distancia y que sean respetuoso.

Finalmente, ha incidido en que las semanas próximas "son claves" para estar en la "mejor posición posible" para los meses que quedan de 2021 en los que, añadió, Canarias se 'juega' la economía a través del turismo internacional.

Por ello, aunque lamentó que algunas de las medidas impulsadas por el Gobierno regional han sido rechazadas por el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC), recordó que la pasada semana, en la Conferencia de Presidencias, apeló a la "unificación de criterio" porque "no tiene lógica que municipios con mucha menos incidencia que Canarias estén con toque de queda en Navarra", mientras en las islas "no" se puede hacer.

Un joven de 23 años ha quedado en libertad con cargos después de haber sido detenido el jueves como presunto autor material de "numerosos" incendios forestales en El Garrobo (Sevilla) y alrededores.

La detención la llevaron a cabo agentes del Área de Medio Ambiente de la Jefatura Provincial de Sevilla de la Unidad del Cuerpo Nacional de Policía Adscrita a la Comunidad Autónoma de Andalucía.

Desde el pasado 7 de junio se han producido 25 incendios de diversa entidad y consideración, muchos de ellos conatos, en diferentes parajes forestales próximos a El Garrobo, hechos que han causado "gran alarma social" entre los vecinos de la zona, hasta el punto de crear patrullas ciudadanas de prevención para impedir la reiteración de la peligrosa actividad incendiaria, según ha informado la Junta en un comunicado.

El más importante de los incendios tuvo lugar en la madrugada del viernes 23 de julio. El Servicio 112 Emergencias Andalucía alertó de la existencia de un incendio forestal en la zona de pastos y arbolado próxima al túnel de la Media Fanega en el paraje Venta del Alto (Guillena), que requirió la movilización por parte del Plan Infoca de 32 bomberos forestales, un técnico de operaciones, un agente de medio ambiente, dos vehículos autobomba y un helicóptero.

Las llamas adquirieron tal dimensión que obligaron a cortar el tráfico rodado en un tramo de la carretera nacional N-630 durante cinco horas, estando también a punto de ser desalojados de sus viviendas los vecinos de una urbanización próxima al lugar.

El detenido, natural del El Garrobo, fue sorprendido por testigos en el lugar de los hechos tomando, presuntamente, desde su teléfono móvil, imágenes de las llamas y del incendio en sí.

Una vez en dependencias policiales, fue incapaz de "ofrecer una explicación razonable a su presencia" en la zona en esas horas, percatándose los investigadores de que, efectivamente, en su teléfono móvil guardaba imágenes de éste y otros incendios.

Tras la confección del correspondiente atestado, el detenido, a quien sus familiares han calificado de "bombero frustrado", ha sido puesto a disposición de la autoridad judicial que ha decretado su puesta en libertad con cargos en tanto los investigadores "continúan las gestiones tendentes a determinar su exacta participación en los incendios producidos".

La Unidad del Cuerpo Nacional de Policía Adscrita participa activamente todos los años en el Plan Infoca patrullando por los montes y espacios naturales, actuando tanto como policía administrativa y policía judicial en la vigilancia de conductas sancionables e investigación de incendios forestales, respectivamente.

El delegado del Gobierno en el País Vasco, Denis Itxaso, ha afirmado este miércoles que depende del lehendakari, Iñigo Urkullu, solicitar a la justicia la aplicación de un "toque de queda" para restringir la movilidad nocturna y ha considerado que, "si no se emplea esa vía, es porque no se cree necesaria".

"Trato de no decirle a nadie lo que tiene que hacer. Lo que sí creo es que todos debemos jugar con coherencia. Si uno cree que existen lugares con una incidencia y con un riesgo que requeriría una restricción de la movilidad nocturna, tiene herramientas, como lo han hecho otras comunidades autónomas con las mismas competencias que tiene el Gobierno Vasco, para poder llevarlo a cabo y pedir autorización al Tribunal Superior de Justicia (TSJ)", ha afirmado.

En una rueda de prensa celebrada en San Sebastián para presentar el informe 'Cumpliendo' en relación a Euskadi, Itxaso ha recordado que hay algunas comunidades autónomas que "están decretando restricciones a la movilidad nocturna de forma quirúrgica, discriminada y en los sitios donde hay mayor incidencia pandémica, y están contando incluso con el aval de la justicia para ello", entre las que ha citado el caso de Aragón.

A su juicio, "siempre es una puerta a la que puede acceder el Gobierno Vasco para poder decretarlo, siempre y cuando sea discrimada, quirúrgica y en aquellos lugares donde esté debidamente justificado y motivado".

Denis Itxaso ha considerado que "lo que no parece que en estos momentos tenga mucha razón de ser es pedir café para todos, es decir, decretar en estos momentos un toque de queda a nivel nacional". "No sé si va acorde con la situación epidemiológica que estamos viviendo, no lo cree así el Gobierno de España", ha destacado.

Preguntado por si en su opinión la situación actual requiere un toque de queda, ha resaltado que su apoyo al Gobierno Vasco "es igual al que pide el Gobierno de España al resto de actores políticos e instituciones". "Cuando digo que no le voy a decir al lehendakari lo que tiene que hacer es porque mi sentido de la lealtad institucional está por encima de lo que pueda ser mi opinión sobre lo que se debería o debería dejarse de hacer", ha manifestado.

VACUNACIÓN

Por otro lado, ha apuntado que no hay convocada una reunión del LABI, aunque ha recordado que el lehendakari "siempre ha dejado la puerta abierta a poder convocarlo en función de los datos epidemiológicos".

En ese sentido, ha señalado que Euskadi sigue presentando datos de incidencia "muy altos" y ha querido poner de manifiesto el "enorme esfuerzo" que está haciendo el Gobierno Vasco con "el ritmo de vacunación". "No hay tiempo que perder, es muy importante entrar en esa fase de vacunación de los más jóvenes", ha subrayado, al tiempo que ha advertido de que las personas de menor edad "no están en absoluto libres de infectarse del Covid y tampoco de poder enfermar".

"Está muy bien que tengamos unos días de vacaciones, poder salir, pero prioricemos nuestra salud porque priorizando nuestra salud también estemos posiblemente salvando la vida de otras personas. Son fechas en las que salimos, nos podemos contagiar y luego tenemos citas familiares y en ellas nos podemos reunir con gente que, como ya está vacunada con la doble pauta y presuntamente inmunizada, pensamos que no va a pasar nada, pero todos sabemos que el nivel de protección que otorgan las vacunas no es del cien por cien", ha recordado.

Por todo ello, ha hecho un llamamiento a la responsabilidad y un "ruego público" para que la ciudadanía "aproveche las miles de citas que están libres" en Osakidetza y acuda a vacunarse porque, según ha dicho, "hay vacunas, hay citas y hay necesidad de hacerlo".

Además, en cuanto al uso de las mascarillas, ha insistido en pedir "precaución" y ha recordado que esta medida de protección "sigue siendo obligatoria" con "una serie de excepciones en las cuales nos la podemos quitar". "Pero mejor que prevalezca el mensaje de que la mascarilla es la mejor fórmula de mantenernos seguros y de evitar contagios a los demás", ha concluido.

El delegado del Gobierno de España en Andalucía, Pedro Fernández, ha señalado este miércoles en rueda de prensa, tras las críticas expresadas por la Junta de Andalucía sobre la reunión de la Comisión Bilateral Generalitat de Cataluña-Gobierno, que "no hay una afrenta, no hay que llorar más", por lo que ha instado al Gobierno andaluz a reclamar su convocatoria. "Si entienden que lo tiene que pedir, que lo pidan", ha afirmado.

A preguntas de los periodistas, tras presentar en rueda de prensa el el segundo informe de rendición de cuentas del Gobierno de España, 'Cumpliendo' e informar de la gestión en Andalucía en el primer semestre del año, Fernández ha invitado al Gobierno andaluz a usar "esa herramienta legal, estatutaria", por lo que se ha lamentado de un ejercicio de "confrontar por confrontar", de manera que "todo les parece mal", antes de instar a la Junta de Andalucía a "hacer como Cataluña: pedir la Comisión Bilateral, que creo que se ha reunido en diez ocasiones desde su creación".

"Andalucía es la Comunidad Autónoma que más inversiones ha recibido del Estado, el 17,7% del peso poblacional", ha sostenido el delegado del Gobierno de España en Andalucía, para cuestionarse "no se dónde está el agravio comparativo", reflexión a la que ha sumado la consideración de que en "el reparto de fondos extraordinarios del Covid es la Junta de Andalucía la que más ha recibido".

Pedro Fernández ha recordado que siendo ministro de Hacienda Cristóbal Montoro éste instó a las comunidades autónomas a pedir préstamos para afrontar el pago de las liquidaciones negativas de las entregas a cuenta del modelo de financiación, comportamiento al que ha opuesto que la actual ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha decicido que "le doy dinero para compensar la liquidación a fondo perdido".

"Andalucía habrá entendido que no es necesaria convocarla", ha colegido el delegado del Gobierno de España en Andalucía tras explicar que la Comisión Bilateral es un órgano contemplado en el Estatuto de Autonomía de Andalucía tras su reforma en 2007.

"Está dentro del Estatuto de Autonomía de 2007 y tiene la Junta el legítimo derecho a pedir que se reúna para abordar desde un conflicto, por temas competenciales, gestión de infraestructuras, de empleo, de Seguridad Social, que es lo que han hecho el Gobierno de España y de Cataluña con absoluta normalidad", ha argumentado Pedro Fernández.

El delegado del Gobierno de España en Andalucía ha subrayado "el mensaje contradictorio de la derecha" al esgrimir el argumento de que "si Cataluña es España, que se reúna el Gobierno de España con la Generalitat entra dentro de la normalidad", por lo que ha recordado que "así lo hacía Aznar y Rajoy y ha habido concesiones por parte de todos".

"La gestión de los puertos la abordó Aznar con Pujol", ha proseguido argumentando, antes de insistir en que el Estatuto de Autonomía de Andalucía contempla la Comisión Bilateral y su Reglamento interno prevé su composición, seis representantes de la Junta de Andalucía y otros seis del Estado, así como su capacidad para "tocar los mismos temas" que la Comisión Bilateral de Cataluña.

La consejera de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación, Rocío Ruiz, ha sostenido que en su partido, Ciudadanos (Cs), "no tienen prisa" para elegir al candidato a la presidencia de la Junta de Andalucía porque "vamos a acabar la legislatura", y en esa línea ha asegurado que no tienen "ningún pensamiento de convocatoria de elecciones" anticipadas que entiende que sería una "irresponsabilidad", por lo que "no es el momento tampoco de hablar de primarias".

"No tenemos ninguna prisa porque nosotros vamos a acabar la legislatura; así lo ha dicho el presidente de la Junta, Juanma Moreno, y lo ha dicho también el consejero de la Presidencia, Elías Bendodo, que las elecciones andaluzas serán para noviembre de 2022", ha incidido la consejera en una entrevista.

"En un momento de crisis como el que tenemos ahora, donde tenemos aprobado ya 730 millones para el proyecto de reactivación económica; donde hay una ley como la Lista --ley del suelo--, que la están esperando todos los municipios como agua de mayo para organizar territorialmente Andalucía; cuando tenemos también fondo europeos que tenemos que poner en marcha, organizar unas elecciones, que son seis meses de parón administrativo y de parón absolutamente de todo, sería una irresponsabilidad enorme", ha remarcado.

Y, ha añadido, "nosotros que hemos demostrado ser siempre un Gobierno estable, sólido y responsable, ahora mismo evidentemente no tenemos ningún pensamiento de convocatoria de elecciones, y por tanto no es el momento de elecciones ni tampoco de hablar de primarias".

En este sentido, y cuestionada sobre si ahora que el PSOE-A tiene ya también su candidato a la presidencia quizá sería oportuno que se supiera quién sería el de Ciudadanos, Ruiz ha contestado que en el caso del Partido Socialista "era otra cuestión diferente porque tenía que hacer un cambio y así lo ha hecho". "Cada partido tiene su situación y creo que en el nuestro ahora mismo no estamos en esta dinámica", ha afirmado.

CAMBIOS EN EL GRUPO PARLAMENTARIO

Por otra parte, y sobre los cambios en la dirección del grupo parlamentario de Cs, la consejera ha subrayado que "tiene muy buena relación" con todos los compañeros y ha precisado que el hasta ahora portavoz Sergio Romero "había solicitado ese cambio hace tiempo por cuestiones personales". "Sé que le va a ir muy bien en su nueva etapa", ha destacado.

"Le deseo la mejor suerte del mundo a los compañeros porque tenemos que iniciar esta nueva etapa fuerte, el final de lo que nos queda de este año largo para acabar la legislatura y que Ciudadanos se haga fuerte del Parlamento, que presente muchas iniciativas y que demuestre para lo que vinimos a la política, para hacer propuestas y mejorar la vida de los andaluces", ha finalizado.

El vicepresidente regional, José Luis Martínez Guijarro, ha destacado este miércoles que el Gobierno de Castilla-La Mancha considera necesario que el Ejecutivo central mantenga en los Presupuestos Generales del Estado (PGE) del próximo año los fondos COVID que destina a las comunidades autónomas para compensar los efectos de la pandemia.

Martínez Guijarro, que ha visitado en la provincia de Albacete las localidades de El Bonillo y Fuensanta, ha recordado que así se trasladó desde Castilla-La Mancha en la última Conferencia de Presidentes celebrada la pasada semana en Salamanca, pues "la crisis sanitaria no ha terminado" y las comunidades autónomas "tenemos que seguir haciendo un esfuerzo para mantener el refuerzo de las plantillas en educación o en sanidad", ha informado la Junta en nota de prensa.

Precisamente, el Consejo de Ministros de esta semana ha dado luz verde al decreto que recoge el reparto de los 13.486 millones de euros para 2021 y por el que Castilla-La Mancha recibirá 605,3 millones de euros. Un reparto que, ha recordado Martínez Guijarro, se ha hecho en función de la población ajustada, tal y como reclamaba el Gobierno regional, y no del Producto Interior Bruto, como pedían otras comunidades autónomas.

LA ITI MOVILIZA 1.400 MILLONES DE EUROS EN LA REGIÓN

El vicepresidente ha visitado en El Bonillo junto al alcalde del municipio, Juan Gil Gutiérrez, y el delegado de la Junta en Albacete, Pedro Antonio Ruiz Santos, algunos de los proyectos que ha ejecutado el Ayuntamiento de la localidad con cargo a las ayudas de Inversión Territorial Integrada (ITI) y que, en su conjunto, han alcanzado los 400.000 euros de inversión.

Entre ellos destacan los relacionados con la promoción del turismo en el municipio, para lo que se ha acometido la construcción de un aparcamiento de autocaravanas; el acondicionamiento de itinerarios turísticos; la mejora de senderos BTT; o la puesta en marcha de una página web de turismo (www.turismoelbonillo.com).

Desde su puesta en marcha en 2017, las inversiones con cargo a la ITI se han destinado esencialmente a aquellos municipios que han sufrido pérdida demográfica en los últimos años. Así, se han desarrollado un total de 227 convocatorias que incorporan criterios de discriminación positiva a favor de los territorios ITI, ascendiendo el importe global convocado a 1.400 millones de euros.

REMODELACIÓN DE LA PLAZA MAYOR EN FUENSANTA

Posteriormente, Martínez Guijarro acompañado por el alcalde de Fuensanta, José Manuel Núñez, ha visitado la localidad albaceteña que, con apenas 400 habitantes, está haciendo una importante apuesta por fomentar el sector turístico aprovechando el importante patrimonio cultural con el que cuenta el municipio.

Además, el Gobierno de Castilla-La Mancha colaborará económicamente en la reforma de la Plaza Mayor, uno de los espacios más céntricos del municipio, para llevar a cabo, entre otras, obras que mejoren la accesibilidad de la zona.

El Consejo de Ministros ha remitido al Congreso y al Senado, para su ratificación, la enmienda por la que se suprime uno de los artículos del Estatuto de Roma que regula el funcionamiento de la Corte Penal Internacional (TPI). Se trata de cláusula que facilita una inmunidad de siete años para los miembros de aquellos Estados que se adhieren a este órgano en relación con determinadas conductas calificadas como crímenes de guerra.

En concreto, el artículo que se suprime permite a un estado excluir de la competencia de la Corte hechos relacionados con crímenes de guerra cometidos en su territorio o por sus nacionales durante siete años. La cláusula no cubre, sin embargo, los casos de genocidio o crímenes de lesa humanidad.

El Estatuto de Roma, adoptado en Roma el 17 de julio de 1998, es el instrumento constitutivo de la Corte Penal Internacional. Fue ratificado por España el 24 de octubre de 2000 y entró en vigor para nuestro país el 1 de julio de 2002.

A diferencia de los Tribunales Especiales de Naciones Unidas (Tribunal Penal Internacional para Ruanda, Tribunal Penal Internacional para la Ex Yugoslavia), cuya naturaleza es la de órganos subsidiarios del Consejo de Seguridad, la jurisdicción de la CPI es subsidiaria respecto a la jurisdicción de los Estados.

El textual del artículo 124 del Estatuto es el siguiente: "No obstante lo dispuesto en los párrafos 1 y 2 del artículo 12, un Estado, al hacerse parte en el presente Estatuto, podrá declarar que, durante un período de siete años contados a partir de la fecha en que el Estatuto entre en vigor a su respecto, no aceptará la competencia de la Corte sobre la categoría de crímenes a que se hace referencia en el artículo 8 cuando se denuncie la comisión de uno de esos crímenes por sus nacionales o en su territorio. La declaración formulada de conformidad con el presente artículo podrá ser retirada en cualquier momento. Lo dispuesto en el presente artículo será reconsiderado en la Conferencia de Revisión que se convoque de conformidad con el párrafo 1 del artículo 123".

REVISÁNDOSE DESDE 2010

La Conferencia de Revisión del Estatuto de Roma, celebrada en Kampala (mayo-junio de 2010), decidió remitir la posible supresión del artículo 124 a la Asamblea de Estados parte en el Estatuto de Roma (la "Asamblea"), que puede en cualquier momento proponer a los Estados parte enmiendas al Estatuto.

La Asamblea mandató al Grupo de Trabajo sobre las Enmiendas de la Asamblea de los Estados Partes (el "Grupo de Trabajo") para presentar una propuesta de supresión y el 24 de julio de 2015, Noruega, en su calidad de presidente del Grupo de Trabajo, presentó a la Asamblea una propuesta para que la reconsideración del artículo 124 consistiese en su supresión.

Según se establece en el párrafo 4 del artículo 121 del Estatuto de Roma, la enmienda entrará en vigor un año después de que siete octavos de los actualmente 123 Estados Partes manifiesten el consentimiento en obligarse por ella.

Hasta el momento solamente lo han ratificado Andorra, Austria, Bélgica, Croacia, Finlandia, Francia, Italia, Letonia, Países Bajos, Noruega, Portugal, Rumanía, Eslovaquia, Eslovenia y Suiza; y ahora se unirá España.

Para hacerlo, se ha contado con dictamen favorable de los Ministerios de Justicia y de Interior; mientras que el Consejo de Estado en su dictamen de 1 de marzo de 2018, determinó que la prestación del consentimiento del Estado para obligarse requiere la previa autorización de las Cortes Generales.

El Tribunal Superior de Justicia de Cantabria ha ratificado la suspensión del cierre interior de los establecimientos hosteleros en municipios de la región que estén en nivel 3 de riesgo (alto) por coronavirus.

Así lo ha acordado la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJC en un auto dictado este miércoles, con el que confirma la medida cautelar acordada el pasado viernes tras la petición del sector, y después de haber atendido las alegaciones de Sanidad.

La resolución deja sin efecto el cierre del interior de locales de hostelería y restauración en ayuntamientos con alta incidencia de Covid.

La primera medida tuvo carácter urgente, ya que fue adoptada a instancias de la Asociación Empresarial de Hostelería de Cantabria sin que fuera oída la parte demandada, la administración regional.

Pero la Sala dio tres días a la Consejería de Sanidad para que presentase sus alegaciones a la decisión adoptada, extremo que llevó a cabo ayer, lunes.

Hoy, tras conocer sus argumentos, el tribunal ha confirmado su decisión y mantiene la suspensión del cierre del interior de bares y restaurantes.

En un auto contra el que cabe recurso de reposición, los magistrados se refieren a la resolución del consejero de Sanidad, Miguel Rodríguez, del pasado viernes -relacionada con la necesidad del 'pasaporte Covid' para acceder a esos locales-, ya que el Gobierno en sus alegaciones argumentó la pérdida sobrevenida de objeto del pleito dada la existencia de esta nueva norma.

Sin embargo, la Sala del TSJC señala que "al tratarse de una nueva resolución que incorpora una nueva excepción al cierre del interior de los establecimientos de hostelería y restauración que no forma parte del presente recurso contencioso administrativo ni de la medida cautelar sobre la que la Sala se ha pronunciado, no puede prosperar la alegada pérdida de objeto del presente recurso".

"Sin que proceda en este momento entrar en el análisis y valoración de la decimosexta modificación que, reiteramos, es ajena a este procedimiento y medida cautelar, al no ser objeto del recurso entablado", abundan los jueces.

VALORACIÓN DEL RIESGO

Finalmente, el auto justifica el mantenimiento de la medida cautelar en el hecho de que, entre las alegaciones presentadas por la administración, "no exista alguna relativa a los errores que pone manifiesto la asociación solicitante sobre la forma de valoración del riesgo".

Y tampoco acerca de las razones "que justifiquen que la administración haya obviado la necesidad de poner en relación los indicadores que sirven para calificar los niveles de riesgo de las características de la población y el incremento poblacional que experimentan diversas zonas turísticas".

El delegado del Gobierno en el País Vasco, Denis Itxaso, ha asegurado que el trabajo para transferir a Euskadi el resto de las competencias pendientes, incluida la del Ingreso Mínimo Vital (IMV), "prosigue de forma seria en un diálogo franco, colaborativo y de mutua confianza entre gobiernos".

En una rueda de prensa celebrada en San Sebastián para presentar el informe 'Cumpliendo' en relación a Euskadi, Itxaso ha recordado que el Ejecutivo central acordó un calendario de negociaciones con el Gobierno vasco para poder seguir completando el estatuto.

De este modo, ha señalado que se está trabajando por parte del Ministerio de Política Territorial, ahora liderado por la ministra Isabel Rodríguez, "de forma muy intensa, ministerio a ministerio, con el Gobierno Vasco también, para poder mantener esos compromisos".

Tras destacar que hubo una adaptación del calendario inicialmente pactado en la anterior legislatura vasca porque "la pandemia había descuadrado los tiempos y los plazos", ha apuntado que con Miquel Iceta como ministro del ramo "se pudo proceder a un traspaso de cuatro o cinco materias, entre ellas la competencia de Instituciones Penitenciarias que el próximo 1 de octubre formalmente pasará a manos del Gobierno Vasco".

"El trabajo para el resto de las competencias, incluida la del Ingreso Mínimo Vital, prosigue de forma seria en un diálogo franco, colaborativo y de mutua confianza entre gobiernos", ha asegurado.

El delegado del Gobierno ha destacado que no se trata de trabajos "fáciles" porque son negociaciones que "tienen implicaciones legales, presupuestarias, financieras y técnicas". No obstante, ha insistido en que "hay plena voluntad" por parte de ambos gobiernos de cumplir con ese calendario de negociaciones.

Itxaso, en ese sentido, ha precisado que "un calendario de negociaciones no es un calendario de acuerdos, las negociaciones se sabe cuándo empiezan pero no cuándo terminan". "Eso no quiere decir que haya una estrategia de dilación, ni mucho menos, todo lo contrario", ha resaltado.

De esta manera, ha afirmado que el Departamento de Gobernanza del Gobierno Vasco "sabe perfectamente, y así lo ha manifestado públicamente, que es mucho mejor que las competencias lleguen bien a que lleguen pronto", al tiempo que ha insistido en que "se está haciendo un trabajo arduo para que el diseño de esas transferencias sea un diseño con garantías legales, jurídicas, y con plena satisfacción para ambas partes".

"No son trabajos fáciles y mucho menos cuando hablamos de un nuevo derecho social como es el ingreso mínimo vital, que es de nueva creación, que se ha creado en plena pandemia y que se quiere transferir a la comunidad autónoma, pero lleva tiempo", ha insistido, para añadir que le consta que la vicelehendakari, Idoia Mendia, "está haciendo un importante trabajo con su interlocutor del ramo, con el ministro Escrivá, para ir alcanzando esos acuerdos".

TAV

Por otro lado, preguntado por la entrada soterrada del Tren de Alta Velocidad en Bilbao y Vitoria, el delegado del Gobierno en Euskadi ha remarcado que "nadie debe en poner en duda que el ministerio de Transportes tiene plena voluntad de cumplir con los compromisos adquiridos". "Eso quiere decir que si las instituciones locales plantean la llegada soterrada del TAV así se hará. No hay ninguna duda sobre eso", ha subrayado.

Sin embargo, ha sostenido que el TAV "es una infraestructura de sistema que, en el caso de la Y vasca, hay que contextualizarlo en el eje transfronterizo atlántico de la alta velocidad europea, que todos queremos que llegue cuanto antes".

Por ello, ha considerado que "convendría valorar la posibilidad de que haya llegadas provisionales para que el TAV sea una infraestructura que empiece a surtir sus efectos económicos cuanto antes", aunque "sin menoscabo y sin que nadie deba poner en duda el hecho de que la solución definitiva del acceso y de la penetración ferroviaria en ambas ciudades sea de forma soterrada, tal y como lo han planteado las instituciones locales".

"Es razonable y sensato que esa posibilidad de llegada provisional en esas dos ciudades se ponga sobre la mesa para que la infraestructura se pueda poner en marcha cuanto antes", ha aseverado.

NUEVO ESTATUS

Denis Itxaso, cuestionado por la reactivación del diálogo sobre el nuevo estatus, ha asegurado que Euskadi "cuenta en estos momentos con un alto nivel de autogobierno y tiene legítimo derecho a poder ampliarlo". En todo caso, se ha mostrado convencido de que "el Partido Socialista siempre va a estar dispuesto a dialogar sobre profundizar en el autogobierno vasco".

"Otra cosa es que necesitemos tener todos los sentidos puestos en la salida de la crisis, en proteger a las personas más vulnerables y que más se están viendo afectadas por esta crisis pandémica y que toda la atención política debería estar puesta ahí, sin menoscabo de que se puedan plantear modificaciones estatutarias que permitan por ejemplo elevar el techo competencial del estatuto de Gernika", ha expresado.

En esa línea, ha defendido que "cualquier profundización del autogobierno que se produzca cuente al menos con el mismo apoyo que tuvo el estatuto de Gernika hace 40 años".

"Es importante que esas reformas, cuando van a afectar a varias generaciones, cuenten con el mayor respaldo social y político posible, que concite adhesiones de tal manera que cuando sean sometidas al refrendo de la ciudadanía también cuenten con un gran apoyo porque eso es lo que permite que los acuerdos sirvan para varias generaciones", ha concluido.

La Consejería de Salud del Gobierno asturiano ha confirmado tres nuevos fallecimientos por COVID-19 registrados este martes, en una jornada en la que no se registró ningún ingreso en unidad de cuidados intensivos (UCI). Fallecieron dos mujeres de 86 y 91 años, y un hombre de 72.

A lo largo del martes se detectaron 201 nuevos casos de coronavirus en Asturias, y se produjeron 19 ingresos en planta, mientras que 21 pacientes recibieron el alta.

Actualmente hay 145 pacientes hospitalizados con confirmación o sospecha de covid y otras 33 personas permanecen en unidades de cuidados intensivos.

El Sespa realizó el martes 3.354 pruebas de detección y la tasa de positividad se situó en el 9,30%. La ocupación total por covid en los hospitales asturianos es del 5,30% y, en el caso de las UCI, se eleva al 11,07%.

INCIDENCIA

Con los datos actualizados de la última semana, se confirma un descenso del 18% en la incidencia acumulada a 7 días, que se sitúa en 198 casos por 100.000 habitantes. Por su parte, la incidencia a 14 días ha bajado hasta los 462 casos por 100.000 habitantes.

Por grupos etarios, sigue disminuyendo la incidencia en personas de 15 a 30 años (ha bajado un 40% en los últimos 7 días), aunque se mantiene en niveles altos, con cifras superiores a los 600 casos por 100.000 habitantes. Por ese motivo, Salud recomienda a este sector de la población que disminuya su actividad social y el número de contactos estrechos.

Por otra parte, se observa una tendencia de estabilización de los contagios entre la población de más de 65 años, aunque todavía se mantienen en niveles de riesgo muy alto, según la clasificación del Ministerio de Sanidad, con un incremento inferior al 10% en su incidencia acumulada a 14 días.

El delegado del Gobierno en Galicia, José Miñones, ha reivindicado la inversión del Ejecutivo central en la comunidad autónoma gallega, con una inversión directa en lo que va de año de 3.909 millones, al tiempo que ha tildado de "lamentos infundados" las críticas del presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo.

En la presentación del informe de rendición de cuentas del Gobierno 'Cumpliendo', ha hecho repaso de las medidas adoptadas por el Ejecutivo, entre ellas la rebaja de peajes en la AP-9; la prórroga del bono social, aprobada este martes en Consejo de Ministros y del que se beneficiarán 87.000 gallegos y gallegas.

El delegado del Gobierno ha detallado también que la acción del Ejecutivo incluye "medidas de choque" en los ámbitos económicos y sociales "que han supuesto una fuerte inversión en Galicia", así como "medidas sanitarias" y transferencias a la Xunta "históricas".

Así, ha apuntado que el año pasado hubo transferencias extraordinarias a la Administración gallega por 1.469 millones de euros. "Estos fondos permitieron que los ingresos de la Comunidad creciesen un 8,8%, pero sin ellos habrían bajado un 5,4%", ha apostillado.

En lo que va del presente año, ha apuntado que "las transferencias del Gobierno de España a la Xunta alcanzan la cifra de 9.621 millones de euros". "Solo las transferencias ordinarias suponen 2.936 euros por gallega y gallego frente a los 2.572 euros de media nacional por habitante".

"Representamos el 5,7% de la población y recibimos el 6,9% de los fondos", ha asegurado destacando, además, que en el ámbito sanitario se entregaron al Sergas 3,5 millones de dosis de vacunas por la Covid.

PIDE LEALTAD INSTITUCIONAL

En base a estas cifras, el delegado del Gobierno ha señalado que "la discriminación de la que habla la Xunta es una discriminación positiva" y ha considerado que, por ello, el presidente de la Xunta debería estar "agradecido". "Y demostrar la lealtad institucional de la que presume, pero que no ejerce", ha añadido.

Mientras, ha calificado de "histórica" la transferencia que el Gobierno hará a los ayuntamientos frente a una Administración gallega "que no transfiere recursos" a los municipios.

La ministra de Ciencia e Innovación, Diana Morant, retomará en septiembre la reforma de la Ley de la Ciencia que preparaba su antecesor, el astronauta Pedro Duque. "Tiene que estar aprobada en verano del próximo año" 2022, ha indicado.

"La ciencia tiene que estar es reforzada por un amplísimo consenso político. La inversión en ciencia no puede depender de quién gobierne en cada momento. Por tanto, la ciencia se tiene que blindar por ley y sí hay un calendario y estamos dispuestos a cumplirlo".

Según ha destacado la ministra en una entrevista concedida a laSexta, "la ciudadanía reconoce la ciencia como la solución a los grandes problemas y más en este tiempo de pandemia, en el que han reconocido la vacuna como la única salida para salvar vidas".

"Creo que estamos en un momento de concienciación de la sociedad muy alto", ha manifestado, para después añadir: "Estamos en un muy buen momento". Así, Morant ha recordado que el Ministerio ha aumentado un 60 por ciento su presupuesto y ha asegurado que el año que viene lo volverá a hacer.

En este sentido, la ministra de Ciencia ha destacado que entre 2019 y 2021 "el segundo sector que más ha crecido en afiliación a la Seguridad Social ha sido el de Investigación y desarrollo (I + D)". "Algo se está moviendo en este país. La cultura de la ciencia, de la innovación está empezando a calar tanto en el sistema público, como en el sistema privado", ha explicado. Según la titular de la cartera de Ciencia, "por supuesto, el sistema público tiene que ser ejemplar".

"BLINDAR" LA CARRERA CIENTÍFICA Y "MEJORARLA"

De nuevo respecto a la Ley de la Ciencia, ha asegurado que se va a "blindar" la carrera científica y a "mejorarla". "Vamos a intentar que nuestros científicos se queden aquí en condiciones de dignidad, ya no solo salarial, sino también de prestigio, que puedan desarrollar sus investigaciones, que sea prestigioso investigar en nuestro país", ha subrayado.

A través de la Ley, como ha detallado la ministra, también se va a "recuperar el talento" que se haya podido perder y se va a hacer un "especial esfuerzo en las científicas, en las mujeres y en las carreras científicas de las mujeres".

Diana Morant ha indicado que "todo eso se va a concretar en medidas que ya están sobre la mesa" como son la oferta pública de empleo, un 60%más de presupuesto y "la aspiración a blindar que ese presupuesto no baje nunca más" y que, por tanto, en 2024 España alcance una inversión del 2% del PIB en ciencia y en 2030, junto con Europa, el 3%.

"Ese es el compromiso. También un mensaje clarísimo. La inversión en I + D no la hace sólo la administración pública, la hacen también las empresas privadas", ha recalcado la ministra, que ha afirmado que la innovación es "una pata fundamental" del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

Ha asegurado que "la innovación va a ser básica" para que cumplir con la transformación fijada como objetivo en el Plan y, "por tanto, el Ministerio de Ciencia e Innovación tiene clarísimo que va a provocar esa capacitación y que va a provocar esa I + D en las empresas privadas".

AEROPUERTO DE BARCELONA-EL PRAT

Preguntada por la ampliación del Aeropuerto de Barcelona-El Prat y si un país verde es compatible con una obra en una zona protegida por su riqueza ecológica, Diana Morant ha contestado que no puede "aclarar los detalles" del caso, pero entiende que hay "un sistema de garantías y, por supuesto, cualquier propuesta que se hace hoy es valorada y evaluada y tiene que tener las declaraciones de impacto ambiental favorables para tirar adelante".

Finalmente, la ministra de Ciencia e Innovación ha recalcado que "el sistema es garantista" y cualquier obra "siempre va a tener la garantía del Estado en que sea una obra compatible y, por tanto, una obra sostenible".

El vicesecretario general de Ciudadanos, Edmundo Bal, ha acusado este miércoles al Gobierno de "trocear" la formación de los médicos al estudiar el traspaso a Cataluña de la gestión del MIR en lugar de tomar medidas para frenar el "desmantelamiento del Estado" en esta comunidad.

En una rueda de prensa en la sede nacional del partido naranja, Bal ha denunciado como "el colmo" lo que considera una "nueva cesión" al independentismo catalán y ha subrayado que no hace falta tener "17 'mires' diferentes", uno por cada comunidad.

Bal ha anticipado también el rechazo de Ciudadanos al hipotético traspaso de la gestión del aeropuerto de El Prat y ha denunciado que Cataluña acudiera a la comisión bilateral del pasado lunes con un total de 56 exigencias y que, tras la cita, el presidente catalán, Pere Aragonès, dejara claro que su objetivo sigue siendo la independencia y la amnistía.

A su juicio, el presidente del Gobierno sigue "pensando en las cesiones" a los independentistas para mantenerse en la Moncloa, como demuestra que el Gobierno no vaya a cumplir "la sentencia que obliga impartir una parte de la enseñanza en castellano en Cataluña".

INCENTIVOS PARA FUNCIONARIOS

En este contexto, Bal ha emplazado al presidente a cambiar de estrategia y a que en vez de contentar a los independentistas tome medidas para frenar el "desmantelamiento del Estado" en Cataluña y para proteger a los funcionarios allí destinados del ambiente de "hostilidad" que han creado contra ellos.

Bal se ha referido en especial a los jueces, recordando que el año pasado 37 jueces pidieron salir de Cataluña y sólo siete trabajar allí, donde hay un 10% de las plazas vacantes.

Según ha dicho, esta situación es similar en otros cuerpos que prestan servicio en la Administración General del Estado en Cataluña, donde los funcionarios, en cuanto pueden, piden irse a otra comunidad, lo que lleva a una excesiva rotación en los puestos y a la consecuente pérdida de "calidad" en sus labores.

"Con la connivencia del PSOE y el PP el proceso separatista se ha encargado de desmantelar la estructura del Estado y de crear un clima de hostilidad contra los funcionarios que se van a otros territorios como consecuencia de esa atmósfera irrespirable que ha creado el separatismo", ha resumido Bal, instando al Gobierno a buscar incentivos para que esos funcionarios permanezcan en Cataluña.

Agentes de la Policía Nacional han detenido a diez personas en el aeropuerto de Palma en la última semana, uno de ellos un 'mulero' que portaba 50 cilindros de cocaína en el cuerpo.

Según ha detallado este miércoles la Policía en una nota de prensa, agentes del Puesto Fronterizo del Aeropuerto de Son Sant Joan prosiguen con los controles de frontera con la finalidad de detectar la posible llegada de delincuentes provenientes del extranjero, frenar la utilización de documentos falsos así como de atacar la introducción de estupefacientes.

Con motivo de un control en uno de los vuelos llegado de Sudamérica, fue detenido un varón del que se pudo constatar a través del sistema de rayos X que portaba droga en su cuerpo.

Una vez detenido el viajero e ingresado en el hospital fue expulsando hasta un total de 50 cilindros con cocaína, que contenían cerca de 400 gramos. Tras el incidente, el Grupo I del Grupo de Estupefacientes, se hizo cargo de las investigaciones.

Por otro lado, fueron detenidos tres ciudadanos albaneses que utilizaban documentos falsos y falsificados cuando pretendían viajar con ellos. Uno de esos pasaportes había sido sustraído en Grecia, los otros documentos falsos eran italianos.

Otros dos de los detenidos son españoles. El primero se encontraba alterando el orden y que cuando acudieron los policías a tranquilizarle se enfrentó a ellos por lo que finalmente tuvo que ser reducido y arrestado por resistencia. El segundo lo fue por reclamación judicial cuando aterrizaba procedente de Barcelona.

El séptimo detenido, ciudadano británico, fue interceptado cuando llegaba procedente de Reino Unido y resultó tener un orden de búsqueda y personación por un juzgado de Palma.

Asimismo, este martes se detuvo a tres personas más. Uno procedente de Reino Unido y que tenía pendiente prohibición de entrada en territorio español por haber sido expulsado anteriormente.

Las otras dos mujeres han sido detenidas por tener pendientes varias requisitorias de diferentes juzgados, ambas son delincuentes habituales de temporada.

La ciudad de Vigo ha iniciado este miércoles el montaje exterior de su alumbrado navideño que, como ha avanzado el alcalde, Abel Caballero, en esta campaña contará con "11 millones de luces led", además de las tradicionales atracciones (mercadillo, noria, pistas de hielo, el árbol y otros adornos gigantes) y "muchas sorpresas". "Nueva York se nos va a queda pequeño", ha proclamado un pletórico regidor.

Así, en declaraciones a los medios, el alcalde ha confirmado que la ciudad contará con más de 3.000 motivos lumínicos, 350 calles adornadas, 1.000 árboles iluminados, "el mayor árbol de luces led del planeta", el muñeco de nieve "que ha crecido tres metros", la gran caja de regalos o la bola gigantesca. En total, unos 11 millones de led que van a "iluminar el planeta entero".

A esto se unirán dos pistas de hielo y una rampa de esquí, el mercadillo en la Plaza de Compostela y la gran noria, así como otras actividades y "sorpresas" que no ha querido desvelar.

El alcalde ha reiterado su confianza en que el avance de la vacunación permita llega a las Navidades con una "situación pandémica de normalidad", y ha vuelto a recalcar su previsión de "millones" de visitas a la ciudad. "La Navidad de Vigo va a ser apoteósica", ha zanjado.

VISITAR VIGO PARA "IR AL CIELO"

Abel Caballero ha extendido una invitación "a todo el mundo" para que visite la urbe olívica porque, "el que quiera ir al cielo tiene que venir a las Navidades de Vigo" y ha añadido: "Nueva York se nos va a quedar pequeño". "Tendremos una gran Navidad en la ciudad de la luz, que es Vigo (...), cuando alguien dice la palabra Navidad en cualquier parte del mundo ya piensa en Vigo e, inmodestamente debo decir, en su alcalde", ha aseverado.

Cuestionado acerca de la instalación del alumbrado en Ourense, que se inició algo antes, Abel Caballero ha eludido entrar en comparaciones porque, según ha subrayado, Vigo tiene como "referencias" a ciudades como Nueva York, Londres o Tokio. Al respecto, ha apuntado que "Madrid ya se retiró de la competición, solo compiten Nueva York, Londres o Tokio, y con dificultades".

Finalmente, el alcalde, quien ha recalcado que el presupuesto del alumbrado es "ridículo" en comparación con el de otras ciudades (solo las luces cuestan algo menos de un millón de euros), ha avanzado "sorpresas" para el acto de encendido, que aún no tiene fecha.