El Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 ha reclamado públicamente la cancelación del espectáculo del ‘bombero torero’ programado para este viernes, 6 de agosto, en la localidad de Zahínos (Badajoz).
De esta forma, el departamento que dirige Ione Belarra rechaza y condena la organización de espectáculos que «denigran a las personas por razón de discapacidad» y «vulneran» los principios fundamentales de la Convención sobre los Derechos de las personas con Discapacidad de Naciones Unidas, como los espectáculos cómicos taurinos representados por personas con displasias óseas (enanismo).
Asimismo, Derechos Sociales condena otras actividades de este tipo que ya se han celebrado, como ‘Popeye Torero’, en Huelva, indica en una nota de prensa.
El director general de Derechos de las Personas con Discapacidad, Jesús Martín Blanco, ha afirmado que «la libertad debe ir acompañada de justicia social, y la autonomía del individuo se cae si no se parte de la igualdad de oportunidades, pues a nadie le gusta tener un trabajo que es motivo de mofa».
Por esta razón, pone a disposición de las personas que protagonizan este tipo de espectáculos un programa específico de reciclaje e inserción laboral para el acceso a un empleo digno y decente.
Martín Blanco ha añadido que «es preocupante, especialmente, que a este tipo de espectáculos asistan niñas y niños». En España, a pesar de la vigencia de la Convención en nuestro ordenamiento jurídico, este tipo de shows son contratados en «numerosas ocasiones» por las administraciones públicas, especialmente ayuntamientos, con motivo de las ferias y fiestas mayores, como algo cultural, ofreciendo a la ciudadanía asistente una «programación basada en la mofa, degradación y humillación de una condición física».
La Dirección General de Derechos de las Personas con Discapacidad recuerda a las administraciones públicas la recomendación hecha a España por el Comité de los Derechos de las Personas con Discapacidad de Naciones Unidas de adoptar medidas para diseñar, poner en marcha y mantener campañas de sensibilización pública y en los medios de comunicación destinadas a erradicar los estereotipos negativos hacia las personas con discapacidad, promover el reconocimiento y el respeto de sus derechos y fomentar una percepción positiva y una mayor conciencia social en lo que se refiere a esas personas en la sociedad.
Desde el ministerio subrayan que respetar la realidad de las personas con enanismo, utilizada «durante siglos como símbolo de mofa, humillación y aislamiento», provocando la «exclusión social y la vulneración» de los derechos fundamentales de todas las personas con esta discapacidad, no es una cuestión «paternalista», sino que se erige en el «parámetro esencial que puede identificar situaciones lesivas de los derechos humanos, protegiendo y haciendo prevalecer un interés general protector de una colectividad».
Asimismo, aluden a «numerosos estudios» en psicología social que han tratado el tema de la identidad no solo a nivel individual sino también a nivel social, y en el ámbito jurídico el Derecho antidiscriminatorio sostiene que los «individuos integrantes de los colectivos discriminados son sujetos de discriminación no a nivel individual, sino precisamente por su pertenencia a ese grupo humano».
Por este motivo, son «todas las personas con displasias óseas las que se ven afectadas por una devaluación social al extrapolarse una imagen estereotipada sin tener en cuenta las distintas realidades de cada persona afectada».
En este sentido, los Estados parte de la Convención, entre los que se encuentra España, en colaboración con las organizaciones que defienden los intereses de las personas con discapacidad, deben tomar «todas las medidas pertinentes» para modificar o derogar leyes, reglamentos, costumbres y prácticas existentes que constituyan «discriminación contra las personas con discapacidad, siendo esta obligación aplicable a todas las partes del Estado español sin limitaciones ni excepciones».
Como medidas concretas para buscar la erradicación de este tipo de espectáculos, la Dirección General de Derechos de las Personas con Discapacidad ha propuesto la modificación del Convenio Nacional taurino vigente, en la que se regula el Toreo Cómico; del Reglamento de Espectáculos Taurinos, y de la Ley Orgánica 4/2015, de protección de la seguridad ciudadana.
Asimismo, se propone acomodar a los preceptos de la Convención la Ley 10/1991, de 4 de abril, sobre potestades administrativas en materia de espectáculos taurinos, y la Ley 18/2013, de 12 de noviembre, para la regulación de la Tauromaquia como patrimonio cultural.
