La secretaria de Acción Institucional de Podemos Andalucía, Alejandra Durán, ha anunciado este miércoles la presentación de iniciativas en todos los ayuntamientos con representación de Podemos con el propósito de que la maestra Justa Freire sea homenajeada con el nombramiento de una calle.

Esta decisión se produce tras la decisión del Ayuntamiento de Madrid de retirar de su nomenclátor el nombre de la pedagoga y recuperar el del general fascista Millán Astray.

Según ha manifestado Durán por medio de una nota de este partido, la iniciativa pretende "dar el merecido reconocimiento a la labor de Justa Freire que repare el injusto trato a su memoria recibido por parte del gobierno municipal de Madrid gobernado por la derecha más rancia".

En este sentido, la dirigente ha recordado que Justa Freire fue una mujer pionera y una de las pedagogas más destacadas de principios del siglo XX que, sin embargo, no obtuvo un lugar en el callejero de Madrid en 2017, lugar que ha perdido tras una larga batalla judicial impulsada por PP, Vox y Cs.

Para la secretaria de Acción Institucional de Podemos Andalucía, estos partidos normalizan el fascismo con este tipo de iniciativas y atentan gravemente contra la memoria democrática y el legado de personas insignes que fueron determinantes en el avance social y la consolidación de nuevos derechos para la población española.

Durán se ha mostrado optimista ante la acogida de la propuesta por parte de los distintos consistorios andaluces, lo que permitirá demostrar una vez más el compromiso de los municipios con los valores democráticos por encima de cualquier intento de las derechas por falsear la Historia y denigrar a personajes históricos claves en la consecución del Estado de Bienestar.

La secretaria de Feminismos de Podemos Andalucía, Araceli Orozco, ha destacado que Justa Freire encarna valores como "el feminismo, la pedagogía y los cuidados" frente a la figura de Millán Astray, representativa de la muerte y la intolerancia, y ha señalado que la defensa del general fascista por parte de los partidos de derecha y ultraderecha "deja muy claras cuáles son las posiciones de estos partidos".

La ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, y el presidente de la Región de Murcia, Fernando López Miras, se han reunido este miércoles para trabajar conjuntamente en la recuperación del Mar Menor. Una reunión en la que el gobierno regional, ha agradecido al Ejecutivo central está predisposición a colaborar, pero ha advertido que no renuncia a exigir compromisos concretos.

En la rueda de prensa posterior al encuentro, tanto Ribera como López Miras han expresado su voluntad de trabajar de forma conjunta porque, aunque con "visiones diferentes" en cuanto al orden de prioridades, comparten un mismo objetivo, que es recuperar y proteger el Mar Menor.

Ribera ha indicado que buscar "fórmulas de entendimiento" y fijar un espacio de trabajo que implique intercambio de información entre administraciones es una de las "claves" para hacer frente a la problemática de la laguna salada.

Así, ha avanzado que uno de los compromisos alcanzados por sendos ejecutivos es establecer encuentros cada seis meses para analizar y hacer un seguimiento al estado del Mar Menor, así como a otros asuntos que competen a la recuperación y protección de su entorno. Todo ello, ha comentado la ministra, desde el "diálogo fluido" con los actores sociales implicados.

Ribera ha defendido la gestión de su departamento desde el episodio de anoxia que sufrió el Mar Menor en 2019, al asegurar que ha supuesto "un antes y un después" con la declaración del acuífero como zona de riesgo químico y la adopción de medidas para combatir los regadíos ilegales en el entorno de la albufera, entre otras actuaciones.

Ha admitido que en ocasiones ha sentido "frustración" al encontrarse con "algo que no nos permitía seguir avanzando" por ser competencia de la Comunidad Autónoma, una situación que espera no se repita gracias al diálogo iniciado por ambos gobiernos, al tiempo que ha defendido la necesidad de que los pasos que se den estén respaldados por expertos técnicos y científicos.

Asimismo, ha defendido la creación de un cinturón verde en torno a la laguna para limitar la afección, lo que podría conllevar, ha dicho, "el ensayo de fórmulas" entre las que se encuentra la posibilidad de que el Estado compre o la compensación a los propietarios de espacios que se encuentran en la zona.

La ministra ha vuelto a insistir en la necesidad de "ser respetuosos con la norma y con los actores sociales" y, en este sentido, ha expresado su satisfacción por el anuncio del Gobierno regional respecto a la prohibición del uso de fertilizantes nitrogenados inorgánicos en la zona 1 del Mar Menor y a la reducción de los plazos administrativos en de la tramitación de expedientes sancionadores.

LÓPEZ MIRAS RECLAMA EL VACIADO DEL ACUÍFERO

Por su parte, el presidente de la Región de Murcia, Fernando López Miras, ha instado a la ministra a actuar sobre el acuífero, donde reposan 300.000 toneladas de nitratos. "Es muy importante actuar para rebajar el nivel freático y evitar que los nitratos lleguen al Mar Menor", ha dicho.

El jefe del Ejecutivo murciano ha expresado su compromiso para requerir la restitución de todos los regadíos ilegales instalados en el entorno del Mar Menor. Al hilo, ha aclarado que ya se ha ordenado la restitución todas las hectáreas detectadas y comunicadas por la Confederación Hidrográfica del Segura (CHS).

Del mismo modo, ha reclamado la puesta en marcha del Plan Vertido Cero, especialmente de los puntos 5,6 y 9, así como establecer una solución a los lodos y fangos que acumula el mar y la recuperación del calado de la gola de Marchamalo, una actuación que se acometería de forma "puntual" y para lo que la Comunidad ya ha remitido el preceptivo informe a Costas.

Tras señalar que los gobiernos regional y central tienen "visiones diferentes y prioridades distintas, pero un objetivo común", el jefe del Ejecutivo murciano ha instado a Ribera a que estudie la posibilidad de clausurar "de forma inmediata" las bocas de riego que proporcionan agua a los cultivos ilegales de la zona.

La Diputación Permanente del Congreso ha aprobado este miércoles por unanimidad las peticiones de comparecencia extraordinaria de la vicepresidenta tercera, Teresa Ribera, y de los ministros de Exteriores, José Manuel Albares, y de Sanidad, Carolina Darias, pero ha rechazado la citar al presidente Pedro Sánchez para que rinda cuentas sobre la crisis de Afganistán y la sentencia del Constitucional contra el primer estado de alarma.

A lo largo de las últimas semanas, el PP fue registrando hasta 16 peticiones de comparecencia de Pedro Sánchez y diez de sus ministros exigiendo explicaciones urgentes por asuntos como la subida del precio de la luz, la crisis de Afganistán, la devolución de menores en Ceuta a Marruecos o la evolución del calendario de vacunación.

Todas las solicitudes se han debatido este miércoles en la Diputación Permanente, presidida por la socialista Meritxell Batet, y tres de ellas, las que había ofrecido el Gobierno el día anterior, han salido adelante por unanimidad.

En concreto, la vicepresidenta Teresa Ribera comparecerá el próximo lunes para dar explicaciones sobre la subida de la luz, mientras que la titular de Sanidad, Carolina Darias, prevé acudir a la Cámara al día siguiente para informar de la campaña de vacunación y del "incumplimiento" del compromiso de vacunación de alcanzar en estas fechas el 70% de la población inmunizada.

También se ha acordado que sea el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, quien comparezca a principios de la próxima semana para informar de la evacuación de Afganistán tras la caída de Kabul a manos de los talibán.

Por contra, el PSOE Y Unidas Podemos, junto con aliados parlamentarios como el PNV y ERC, han rechazado las demás peticiones de comparecencia que registró el PP, entre ellas las solicitudes de que Pedro Sánchez acudiera a un Pleno extraordinario para hablar de la crisis de Afganistán y de la sentencia del TC que declaró inconstitucional el estado de alarma de 2020.

De la misma forma, han sido rechazadas las comparecencias de los ministros de Industria, Reyes Maroto, y de Exteriores para explicar "los logros" del viaje que Sánchez realizó a Estados Unidos en julio, así como de la titular de Hacienda, María Jesús Montero, a la que pedían explicaciones sobre la ayuda pública de 53 millones a la aerolínea Plus Ultra, y la del ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, por la citada sentencia del TC.

En la misma línea, tampoco se han aprobado las comparecencias de la ministra de política Territorial, Isabel Rodríguez, y de la ministra de Transportes, Raquel Sánchez, por la comisión bilateral con Cataluña y el anuncio de inversiones millonarias en El Prat; ni las de la vicepresidenta primera y responsable de Economía, Nadia Calviño, por la autorización de la venta de un porcentaje de Naturgy a un fondo australiano con sede en las Islas Caimán; ni la de la titular de Justicia, Pilar Llop, para dar explicaciones de las causas por las que se deniegan las solicitudes de nacionalización a descendientes de sefardíes.

Los Gobiernos de España y de Francia han recordado este miércoles a los españoles que se unieron a la resistencia francesa durante la Segunda Guerra Mundial y, en particular, a los soldados republicanos que el 24 de agosto de 1944 ayudaron a liberar París, que entonces estaba ocupada por las fuerzas de la Alemania nazi.

Durante una visita a París, el ministro de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, Félix Bolaños, se ha reunido este miércoles con la ministra delegada del Gobierno francés a cargo de la Memoria de Antiguos Combatientes, Geneviève Darrieussecq.

En este encuentro, en el que también ha participado el secretario de Estado para la Memoria Democrática, Fernando Martínez, ambas partes han tratado "los numerosos vínculos memorialistas que unen a Francia y España", según han informado los dos Gobiernos en un comunicado conjunto.

"La memoria compartida de conflictos contemporáneos entre nuestros dos países se ejemplifica en el compromiso y el sufrimiento de los españoles que huyeron de España hacia Francia después de la Guerra Civil y de aquellos que se adhirieron en Francia a la resistencia contra el ocupante", dice la nota.

Este año, en el aniversario de la liberación de París se ha conmemorado especialmente "el papel fundamental que desempeñaron en esta batalla los soldados de la novena compañía del regimiento de marcha del Chad, también llamado 'La Nueve'", añade el comunicado en referencia a los primeros integrantes de la Segunda División Blindada del general Philippe Lecrerc que entraron en la ciudad insurrecta el 24 de agosto de 1944 y que eran en su mayoría españoles.

PROMOVER LOS VALORES DEMOCRÁTICOS DESDE LA MEMORIA COMPARTIDA

Darrieussecq y Bolaños han subrayado que esta memoria compartida debe "ocupar un lugar central dentro de los numerosos vínculos que unen a Francia y España" y servir para "promocionar los valores democráticos comunes" de los dos países, sobre todo en el seno de la Unión Europea.

Tras la reunión, Bolaños y Martínez han visitado el Mont Valérien, alto lugar de memoria democrática del Ministerio de Defensa. Allí se encuentra el claro donde más de 1000 resistentes y rehenes fueron fusilados por las autoridades alemanas durante la ocupación, así como el memorial de la Francia combatiente que rinde homenaje a los combatientes, miembros de la Resistencia y deportados.

Muchos de ellos eran españoles y algunos habían combatido antes en la Guerra Civil. Como homenaje, los dos representantes del Gobierno de España han depositado una corona de flores como homenaje.

Posteriormente, el ministro de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática ha asistido junto a la alcaldesa de París, Anne Hidalgo, al acto por el 77 aniversario de la liberación de la ciudad durante la Segunda Guerra Mundial.

Además, Bolaños ha mantenido un encuentro con el ministro de Relaciones con el Parlamento y Participación Ciudadana de Francia, Marc Fesneau.

Ambos han compartido experiencias sobre los sistemas políticos y los mecanismos de participación ciudadana existentes en sus respectivos paíes y Fesneau se ha interesado especialmente por la rendición de cuentas que hace el Gobierno de España periódicamente a través del Informe 'Cumpliendo', según ha indicado el Ministerio.

La Diputación Permanente del Congreso ha rechazado este miércoles la petición del PP para que la ministra de Justicia, Pilar Llop, explique en la Cámara baja en una sesión extraordinaria las denegaciones "masivas" de nacionalidad a descendientes de sefardíes. Los 'populares' han contado con el apoyo de Vox y Ciudadanos.

El portavoz del PP en esta materia, Carlos Rojas, ha defendido esta petición alegando que se están produciendo denegaciones "masivamente", de forma "indiscriminada" y "sin transparencia".

Según Rojas, entre octubre de 2015 --cuando se puso en marcha la ley que permite esta nacionalización-- y "hasta hace unos meses", de 33.485 peticiones se denegaron 3 solicitudes. Mientras que, de estos meses atrás, se han denegado el 22% de ellas. "Más de 3.000 demandas han sido denegadas en los últimos meses sin que haya ninguna explicación", ha declarado.

El PP quiere que el Gobierno explique si "este cambio de criterio" para otorgar la nacionalidad se debe a "una decisión meramente política" y "apartada del derecho", que refleja la "posición antisemita de izquierdas", o por una actitud "prevaricadora para humillar a los beneficiarios de una ley" puesta en marcha por el PP.

CRÍTICAS AL DISCURSO "EXCESIVO" DEL PP

Tras este discurso, los representantes de PSOE, Podemos, PNV y Coalición Canaria han tachado de "excesivo" y "sobreactuado" el discurso del diputado 'popular'.

El representante socialista en este debate, Francisco Aranda, ha afeado al PP que pida la comparecencia urgente de Llop por este tema cuando la ministra ya ha anunciado que irá al Congreso a explicar las líneas de trabajo de su departamento a principios de septiembre.

También ha señalado que el voto en contra de su partido se debe a que el Ejecutivo realiza las concesiones nacionalidad rigiéndose "escrupulosamente" por lo dispuesto ley 2015 y ha contestado a la cifras de Rojas señalando que en los años del Gobierno del PP (entre 2016 y 2018) se resolvieron 4.500 peticiones de nacionalidad, frente a las 30.000 desde entonces, hasta ahora.

A Unidas Podemos, por su parte, le ha "llamado la atención" que el principal partido de la oposición se preocupe por esta cuestión cuando, a su juicio, existen actualmente otros "problemas" en cuestión. En concreto, a su portavoz, el diputado de Galicia en Común, Antón Gómez Reino, le ha sorprendido el "ahínco" de los 'populares' con el pueblo sefardí y la "total inhibición que tiene con otros ciudadanos e otras nacionalidades" con "dificultades para acceder a la ciudadanía española".

"UNA COSA ES SEFARDÍ Y OTRA SER JUDÍO"

La diputada de Coalición Canaria, Ana Oramas, ha calificado como una "barbaridad" los calificativos del PP sobre este tema y le ha explicado a Rojas que sus palabras sobre antisemitismo no tienen "ningún sentido" porque "una cosa es ser sefardí y otra ser judío".

De forma similar se ha expresado el representante de PNV en este debate, Mikel Legarda, quien ha hablado de una intervención de Rojas "sesgada" y "excesiva". Legarda niega que lo que esté ocurriendo sea una cuestión antisemita porque los solicitantes deben demostrar estar vinculados a los sefardíes y "no a cualquier judío". También ha señalado que se estaban presentado documentos ante notario por poderes, algo que tampoco permite la ley.

El diputado vasco ha señalado que preguntarán sobre este tema a Llop, pero no considera necesario pedir una comparecencia urgente cuando ya ha anunciado que iría al Congreso "en la primera decena" de septiembre.

VOX Y CS APOYAN AL PP

Los únicos grupos que han apoyado esta petición han sido Vox y Ciudadanos. Los de Santiago Abascal han hablado de cifras similares al PP, en cuanto a denegaciones de expedientes y creen que el Ejecutivo, al que también acusan de antisemitismo, quiere "dinamitar" todo "consenso entre españoles". Es por eso que aseguran que también reclamarán explicaciones sobre este tema a la titular de Justicia.

Por su parte, la portavoz de Ciudadanos en este debate, Carmen Martínez, ha mostrado su preocupación por "la ola de negaciones" con respecto a las nacionalidades de los sefardíes y lamenta que los afectados por las decisiones del Gobierno vena "truncadas sus aspiraciones" como ciudadanos españoles.

Andorra cribará la comunidad educativa con test rápidos de antígenos (TRA) para detectar Covid-19 el primer día de curso escolar, según han explicado la ministra de Educación, Enseñanza Superior, Ester Vilarrubla, y la secretaria de Estado de Salud, Helena Mas, en rueda de prensa.

El cribado, que será voluntario y gratuito, se hará en los propios centros escolares y se dirige a los alumnos a partir del primer curso de segundo ciclo de primera enseñanza --equivalente a tercero de primaria, 8 años-- y al personal docente, de apoyo y otro, de los tres sistemas educativos.

El cribado se repetirá al cabo de un par de semanas para llegar a aquellos alumnos que se incorporen a las aulas más tarde y detectar posibles casos en período de incubación.

Durante el curso se irán repitiendo los cribados semanalmente, y se hace una "alta recomendación" a participar especialmente a aquellas personas de la comunidad educativa no inmunizada, ha destacado Mas.

Asimismo, se pide a docentes y resto de personal de todos los sistemas educativos que se sometan a una prueba TRA el mismo día de la incorporación a su lugar de trabajo.

La medida busca iniciar el curso escolar con las máximas garantías y poder mantener las escuelas abiertas, como se consiguió el curso pasado, ha explicado Vilarrubla.

MÁS MEDIDAS PREVENTIVAS

Además del doble cribado, el inicio del curso escolar se ha previsto escalonado para evitar aglomeraciones en las puertas de los centros, de tal manera que los más pequeños empezarán el día 9 de septiembre, secundaria empezará el día 10 y bachillerato y los niveles superiores lo harán el día 13.

Por otro lado, los alumnos a partir de 8 años deberán llevar mascarilla dentro del aula y en las zonas comunes interiores; la mascarilla no será obligatoria en el patio y en espacios exteriores.

Vilarrubla ha defendido la medida para evitar el confinamiento de grupos enteros --cómo pasó al inicio del curso anterior--, aunque las medidas se irán revisando y adaptando a la evolución de la pandemia para garantizar la máxima presencialidad, y "la ilusión pedagógica" es que no tengan que llevar mascarilla todo el curso.

El lavado de manos y la ventilación de los espacios frecuentes completan el protocolo de medidas preventivas frente el Covid-19 en este inicio del curso escolar.

La Diputación Permanente del Congreso de los Diputados ha aprobado este miércoles la comparecencia extraordinaria del ministro de Asuntos Exteriores, UE y Cooperación, José Manuel Albares, para explicar la posición del Gobierno respecto a la crisis en Afganistán y el operativo de evacuación llevado a cabo, pero ha descartado que el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, haga lo propio.

La comparecencia, que debería producirse lunes o martes y será la primera de Albares como ministro tras su nombramiento el pasado 10 de julio, había sido solicitada por el PP, al igual que la del presidente, y ha sido respaldada de forma unánime, mientras que la de Sánchez ha sido rechazada con 35 votos en contra, 29 a favor y tres abstenciones.

Durante su exposición de motivos, el diputado del PP Pablo Hispán ha defendido la necesidad de que comparezca Sánchez, y que "no se esconda" tras su ministro de Exteriores, dado que otros mandatarios ya han acudido a sus respectivos parlamentos, como el británico Boris Johnson o la alemana Angela Merkel, o han hablado públicamente, como el estadounidense Joe Biden o el francés Emmanuel Macron.

Hispan ha echado en cara que después de que Biden anunciara en julio que el repliegue de Afganistán se completaría el 31 de agosto y que se sabía que los talibán terminarán recuperando el control, Sánchez y Albares "se fueron de vacaciones" y además antes de hacerlo aprobaron el cese del embajador en Kabul, Gabriel Ferrán, quien finalmente siguió en su puesto dada la situación y está al frente del operativo de evacuación.

Asimismo, ha sostenido que el presidente debe comparecer no solo para explicar "lo que ha hecho, sino de las consecuencias que esta crisis va a tener en materia de terrorismo, narcotráfico, refugiados, persecución de las mujeres y las minorías religiosas además de las geoestratégica".

SÁNCHEZ DEBERÍA "DAR LA CARA"

En opinión de la portavoz de Ciudadanos, María del Carmen Martínez Granados, "Sánchez no ha estado a la altura de las circunstancias" y tras 20 años de presencia en Afganistán lo mínimo sería que fuera al Congreso a "dar la cara".

No obstante, ha celebrado que el Gobierno "haya salido de su inacción" y ha confiado en que "el márketing no vuelva a comerse la responsabilidad" como ya ocurrió con los migrantes rescatados por el 'Aquarius' y traídos a España en 2018.

"España es una nación solidaria y los españoles no van a tolerar que el Gobierno utilice una vez más el dolor de familias rotas que se han visto obligadas a abandonar sus hogares para hacer campaña de promoción personal", ha prevenido la diputada de Cs.

Por su parte, el portavoz del PSOE, Héctor Gómez Hernández, ha afeado al PP, "un partido de gobierno", que haya convertido la política exterior "en un arma arrojadiza", y más en un asunto como el de Afganistán y les ha echado en cara que quieran "dar lecciones" cuando no hacen ninguna propuesta concreta. "Están haciendo una política de torpedear al Gobierno", ha denunciado.

Entretanto, el portavoz de Podemos, Gerardo Pisarello, ha aprovechado su intervención para arremeter contra Washington. A su juicio, lo ocurrido en Afganistán es un "fracaso de las políticas de Estados Unidos y de la OTAN" y ha lamentado que Europa haya mantenido "una actitud seguidista, sin criterio propio".

El portavoz del socio de Gobierno ha defendido que "el Tribunal de Cuentas y la IGAE deberían decir cuánto han costado estas guerras y dónde se ha destinado el dinero", una petición similar a la que también ha realizado el diputado del PNV, Aitor Esteban, que ha lamentado que los temas que se llevan al Congreso se hacen a "golpe de telediario" y hasta ahora parecía que Afganistán "era algo lejano".

Una opinión que también ha compartido el diputado de Compromís Joan Baldoví, quien ha considerado una "frivolidad" que quienes hablaban de este tema en los últimos días lo hacían para criticar que "el presidente solo hacía un tuit y no salía a comparecer" y "luego que si llevaba alpargatas". "Es absolutamente inaceptable", ha lamentado.

"LO IMPORTANTE ES LO QUE SE HACE"

"Lo importante no es si el presidente comparece o no o si lo hace en alpargatas, lo importante es lo que se hace", ha subrayado, asegurando que no se le "caen los anillos" al decir que el Gobierno "ha tomado la iniciativa y hemos sido un ejemplo, de lo cual me enorgullezco".

Buena parte de los portavoces han tenido palabras de recuerdo hacia los españoles muertos en esta misión y también de elogio hacia el papel que están llevando a cabo tanto el personal diplomático como los cuerpos de seguridad en la evacuación desde Afganistán. "Hay que apoyar en este momento el dispositivo que se está haciendo" y cuando se acabe será el momento de rendir cuentas en el Congreso, ha esgrimido la diputada de CC Ana Oramas.

La nota discordante la ha puesto Vox que, por boca de Ricardo Chamorro, ha sostenido que la "gestión del Gobierno es un desastre" y que la evacuación se ha hecho tarde y se está poniendo en peligro la vida de los colaboradores afganos, afeando a Sánchez que quiere ser el "palmero de Biden".

VOX ADVIERTE DE RIESGOS PARA LA SEGURIDAD

El diputado de Vox también ha criticado que España sea un 'hub' para las repatriaciones de colaboradores afganos de la UE, quienes a continuación serán trasladados a otros estados miembro. A su juicio, "es una barbaridad para nuestra seguridad y para un país que ya tiene una fuerte presión migratoria".

Aunque ha negado que Vox esté en contra de evacuar a los colaboradores afganos, Chamorro ha sostenido que "la prioridad del Gobierno debe ser proteger al pueblo español, intensificar los controles fronterizos y aplicar con rigor nuestras leyes de extranjería y asilo". "No vamos a tolerar que se ponga en peligro a nuestra nación ni nuestra seguridad por cesiones políticas interesadas o por una demagogia buenista", ha recalcado.

Por su parte, Hispan ha dicho que el PP apoya al Gobierno en su esfuerzo para sacar al mayor número de colaboradores afgano posible par que "disfruten de una nueva vida" pero en lo que respecta al resto de refugiados, ha defendido, "es urgente que la UE actúe coordinadamente ya que hay países que han anunciado el cierre de sus fronteras para evitar lo sucedido con la guerra de Siria"

RECHAZO DE OTRAS COMPARECENCIAS

Por otra parte, la Diputación Permanente ha rechazado la solicitud de comparecencia del propio Albares y de la ministra de Industria, Reyes Maroto, en relación con los resultados del viaje realizado por Sánchez el pasado mes de julio a Estados Unidos, en el que esta última le acompañó.

Tampoco ha prosperado la petición del PP para que el ministro de Exteriores para que explicara la situación de las relaciones con Nicaragua tras la llamada a consultas de la embajadora española en Managua el pasado 11 de agosto.

La portavoz del PP, Belén Hoyo, ha pedido al Gobierno que "llame las cosas por su nombre" y reconozca que en Nicaragua hay una dictadura y que vaya un paso más allá y, como le pidió el Congreso a finales de junio con el apoyo del PSOE, promueva la adopción de sanciones en el seno de la UE.

Los portavoces de PSOE y Podemos, y también de otros grupos afines, han reprochado al PP que siempre hable de Nicaragua, Cuba o Venezuela pero se olvide de la situación de los Derechos Humanos en otros países como Colombia, Chile o Brasil, pero también Rusia, China o Arabia Saudí.

La portavoz del PSOE, Ana Belén Fernández Casero, ha defendido que el Gobierno ha mantenido una postura firme en esta cuestión y el propio Sánchez pidió a Ortega la liberación de presos políticos y la celebración de elecciones con garantías democráticas.

El consejero de Educación, Cultura, Deporte y Juventud, Pedro Uruñuela, afirma que "el compromiso común es un curso escolar 21/22 netamente presencial y poner los recursos necesarios para lograrlo". Ha sido tras participar esta mañana en la Conferencia Sectorial de Educación celebrada en la sede del Ministerio de Educación y Formación Profesional en Madrid, en presencia de la ministra Pilar Alegría y los consejeros y consejeras de las Comunidades Autónomas.

Según ha señalado el Ejecutivo riojano, en un clima cordial y de mayoritario consenso, los presentes han coincidido en la apuesta innegable por la presencialidad en las aulas a todos los niveles el próximo curso escolar, para lo que se dedicarán los recursos necesarios en el contexto de la actual realidad sanitaria, claramente más favorable que la de hace un año aunque igualmente enfocada desde una perspectiva de prudencia.

En una extensa Conferencia Sectorial, se ha aprobado el marco general de medidas de seguridad sanitaria para los centros educativos en todo el país, que repite en gran medida el modelo del pasado curso con indicaciones como el uso obligatorio de mascarilla a partir de los 6 años de edad, la ventilación, distancia de seguridad o los grupos de convivencia estable; si bien flexibiliza ámbitos como la interacción entre grupos del mismo nivel o las actividades complementarias, o la propia distancia de seguridad, que pasa a ser de 1,2 metros. Estas medidas ya estaban recogidas en el Plan de Contingencia de La Rioja para el próximo curso, publicado hace unas semanas en el BOR, y que no deberá ser objeto de modificación alguna.

A lo largo de la misma sesión, La Rioja ha conocido que la aportación económica que recibirá este año será parecida a la del pasado curso, y permitirá el margen de maniobra suficiente para cubrir las necesidades y repetir la contratación de la práctica totalidad de los docentes que se contrataron en la región con carácter extraordinario a causa de la pandemia.

El año pasado, el Gobierno de La Rioja, a través de la Consejería de Educación, Cultura, Deporte y Juventud, incrementó su plantilla de docentes en casi el 10 por ciento, con esta incorporación extraordinaria de 413 profesionales (no todos a jornada completa), hasta los 4.540 en total; y en colaboración con los centros educativos y sus necesidades.

CONFIANZA

En su valoración posterior, el consejero de Educación, Cultura, Deporte y Juventud, Pedro Uruñuela, ha destacado "el nivel de confianza general, en el sentido de que en una situación muy compleja, todas las CCAA logramos sacar adelante el pasado curso escolar y las medidas funcionaron; ahora, la situación actual es netamente más favorable que la de hace un año, con todos los docentes vacunados y buena parte del alumnado, y nuevamente trabajamos para adaptarnos a ella y las necesidades que van a surgir, siempre desde la prudencia máxima porque la pandemia sigue en cualquier caso ahí".

El otro punto clave es la apuesta por la presencialidad a todos los niveles, hasta 2º de Bachillerato y FP: "Quedó demostrado que los modelos semipresenciales y a distancia ahondan las diferencias económicas y sociales y no ayudan al alumnado, con lo que el compromiso de todos es poner las medidas necesarias para celebrar este curso de manera presencial".

En este sentido, Uruñuela ha valorado positivamente el compromiso del Gobierno de España para apoyar económicamente a las autonomías en la contratación extraordinaria de profesionales: "Vamos a recibir una cantidad ajustada al escenario actual y nos va a dar margen de maniobra suficiente para atender las necesidades de los centros educativos este año; todos los presentes, incluida la ministra, hemos hablado de la Educación como un ámbito prioritario al que hay que destinar recursos necesarios, más en tiempos como los actuales".

En su conclusión, el consejero ha vuelto a llamar a la Comunidad Educativa de La Rioja "a colaborar como ya hizo el año pasado, para volver a lograr juntos que los centros educativos sean lugares seguros; el punto de partida creemos que es el adecuado y estamos convencidos de que vamos a lograr sacar adelante el curso 21/22".

La Comunidad de Madrid ha notificado 1.651 casos nuevos de coronavirus, de los que 1.432 corresponden a las últimas 24 horas (con un descenso interesemanal del 27,64%), y 13 fallecidos más en hospitales, según el informe de la situación epidemiológica de este lunes, con datos a cierre del día anterior.

En la jornada del martes se notificaron 1.555 casos (96 menos), 1.308 de las últimas 24 horas, y 20 fallecidos (siete más), mientras que el miércoles de la semana anterior se reportaron 2.051 casos (400 más), 1.717 en el último día, y 17 muertos (cuatro más).

El número de hospitalizados se sitúa en 1.230 (cinco menos que el día anterior) y 348 en la UCI (tres menos), mientras que 155 pacientes han recibido el alta. Además, el número de pacientes en seguimiento domiciliario por Atención Primaria es de 2.366.

En el acumulado, la Comunidad de Madrid ha registrado 883.613 positivos, un total de 123.449 casos han requerido hospitalización, 12.927 han precisado UCI y 108.655 han sido dados de alta por los hospitales. Atención Primaria ha realizado el seguimiento domiciliario de 944.694 pacientes.

Respecto a los fallecidos, Sanidad Mortuoria ha contabilizado un total de 24.866, de los cuales 5.087 han sido en centros sociosanitarios, 18.348 en hospitales, 1.401 en domicilios y 30 en otros lugares.

En la Comunidad de Madrid la incidencia acumulada a 14 días continúa en descenso hasta los 303,78 casos por cada 100.000 habitantes, aunque por encima de la media nacional de 291,28, mientras que la registrada a 7 días se sitúa en 130,59 casos, frente a la media en el país de 126,21.

PLAN DE VACUNACIÓN

En cuanto al plan de vacunación, se han administrado un total 8.849.700 dosis de las 10.261.709 recibidas, con 3.830.281 segundas dosis registradas y 231.084 vacunas unidosis de Janssen, de manera que el porcentaje de población de la Comunidad de Madrid con la pauta completa se sitúa en el 65,5%.

Teniendo en cuenta solo la población diana, establecida en 5,9 millones de los 6,8 millones de ciudadanos en la región, el porcentaje de inmunizados representa el 75,3%, mientras que el 85,1% cuenta con al menos una dosis.

DATOS NACIONALES

A nivel nacional, se han notificado 10.781 nuevos casos, 5.580 de ellos diagnosticados en las últimas 24 horas. Estas cifras son inferiores a las del mismo día de la semana pasada, cuando se notificaron 11.956 positivos, lo que indica una tendencia a la baja en la evolución de la pandemia.

La cifra total de contagios en España se eleva ya a 4.815.205 desde el inicio de la pandemia, según las estadísticas oficiales. La incidencia acumulada en los últimos 14 días por 100.000 habitantes se sitúa en 291,28, frente a 305,61 ayer. En las pasadas dos semanas se ha registrado un total de 138.216 positivos.

En el informe de este miércoles se han añadido 163 nuevos fallecimientos, en comparación con 144 el miércoles pasado. Hasta 83.690 personas con prueba diagnóstica positiva han fallecido desde que el virus llegó a España, de acuerdo con los datos recogidos por el Ministerio. En la última semana han fallecido 365 personas con diagnóstico de Covid-19 positivo confirmado en España.

Actualmente, hay 7.657 pacientes ingresados por Covid-19 en toda España (7.959 ayer) y 1.760 en UCI (1.769 ayer). En las últimas 24 horas, se han producido 773 ingresos (799 ayer) y 1.041 altas (1.141 ayer). La tasa de ocupación de camas ocupadas por coronavirus se sitúa en el 6,53 por ciento (6,79% ayer) y en las UCI en el 19,22 por ciento (19,28% ayer).

Entre el 15 y el 21 de agosto, las comunidades autónomas han realizado 776.992 pruebas diagnósticas, de las cuales 498.816 han sido PCR y 278.176 test de antígenos, con una tasa global por 100.000 habitantes de 1.652,25. La tasa total de positividad se sitúa en el 10,49 por ciento, frente al 10,68 por ciento de ayer.

Los chubascos y las tormentas afectarán este jueves a amplias zonas del sur, este y centro peninsular e incluso en algunas zonas podrían ser localmente fuertes, según ha informado la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), que ha avisado por riesgo (amarillo) de tormentas a Teruel, Lugo y Orense.

En concreto, en Teruel podrán ir acompañadas de rachas fuertes de viento y precipitaciones localmente fuertes y granizo. También se ha activado el aviso amarillo, riesgo por tormentas en Lugo y Orense.

En general, en la mayor parte del país predominará el tiempo anticiclónico, seco y soleado, con cielos poco nubosos. No obstante, se espera que continúe una situación de inestabilidad, con nubes medias, altas y de evolución en amplias zonas del interior de la Península, Baleares, Estrecho y Alborán.

Por la mañana prevé que haya chubascos en el extremo sur de Andalucía, Estrecho y Melilla, aunque en estas zonas tenderán a remitir. También puede producirse alguna lluvia débil en el litoral de Lugo.

Respecto a los chubascos y tormentas, la AEMET pronostica que podrán ser localmente fuertes en amplias zonas del sur, este y centro peninsular, aunque también podrán afectar de forma aislada a Baleares y a la cordillera cantábrica occidental. En el norte de Canarias prevé intervalos nubosos y no descarta alguna lluvia débil y aislada.

Asimismo, pronostica que habrá nubes bajas y brumas matinales en Galicia, Cantábrico, nordeste peninsular, Estrecho y nieblas costeras en el oeste de Galicia así como la posibilidad de polvo en suspensión en el sureste peninsular y Alborán. Algunas de esas precipitaciones serán de barro.

Respecto a las temperaturas la AEMET informa de que las diurnas aumentarán en el Cantábrico interior y en el alto Ebro y que descenderán en general en el resto. De forma notable bajarán en las rías gallegasaunque podrían alcanzarse los 34 grados en los grandes ríos de la vertiente atlántica sur así como en el Miño.

Finalmente, los vientos soplarán del nordeste en Galicia y en el Cantábrico, con intevalos de fuerte en el litoral gallego. De componente este llegarán a Baleares y al sur del área mediterránea. En Canarias predominarán los alisios y se esperan posibles rachas de vientos fuertes en las zonas de tormenta.

El Yacimiento Arqueológico de Libisosa en Lezuza (Albacete) ha recogido "importantes descubrimientos" que están permitiendo ampliar, en lo cronológico y también en lo funcional, una suerte de 'Pompeya Ibérica' en este enclave que tiene aún el 90% por "salir a la luz".

El presidente de la Diputación de Albacete, Santi Cabañero, ha visitado el curso de los trabajos de excavación que siguen desarrollándose en el yacimiento junto al arqueólogo y profesor de Historia Antigua de la Universidad de Murcia, Héctor Uroz Rodríguez, y de su padre, José Uroz.

El alcalde de la localidad, Alfonso Avendaño y el director del Instituto de Estudios Albacetenses (IEA) 'Don Juan Manuel', Antonio Selva, han estado presentes en esta visita, ha informado la Diputación en nota de prensa.

Tal y como se avanzaba desde el Gobierno de Castilla-La Mancha, este yacimiento se va a convertir en el sexto Parque Arqueológico del que disfrutará la región (el segundo en la provincia de Albacete, junto al de El Tolmo de Minateda).

El inicio de las excavaciones en Libisosa se sitúa en 1996 de la mano de la institución provincial, realizándose desde 2015 a través de su Instituto de Estudios Albacetenses (IEA) 'Don Juan Manuel' incluyendo desde entonces el acuerdo, además de una cuantía económica para cada ejercicio o campaña, la presentación de una memoria científica adaptada a las normas de publicación del propio Instituto, que ha sido clave a la hora de hacer mucho más accesibles a la provincia los frutos de los trabajos de excavación y estudio de esta joya arqueológica.

Sin ir más lejos, y habiéndose excavado apenas un 10% del cerro, ya cuenta con más de 150.000 piezas inventariadas, como ha podido comprobar en la visita realizada también al Museo vinculado al yacimiento del que disfruta la localidad y que está llamando a ser en un lugar de referencia a nivel turístico dentro de la comarca de la Sierra de Alcaraz y Campo de Montiel, ha informado la Diputación en nota de prensa.

Año a año, cuenta con personal procedente tanto del Plan Extraordinario por el Empleo de los Gobiernos regional y provincial como de proyectos de Recualificación y Reciclaje Profesional (RECUAL) de la Junta para ir consolidando los trabajos que va haciendo aflorar el equipo del profesor Uroz.

Dentro de la apuesta de la Institución provincial por la investigación arqueológica, a través del Instituto de Estudios Albacetenses 'Don Juan Manuel' este 2021 la cuantía a destinar a estudios, excavaciones, restauración, conservación y consolidación del patrimonio provincial supera los 130.000 euros.

Así, a los ocho trabajos que se apoyan a través de la Convocatoria de Subvenciones para el Desarrollo de Proyectos Investigadores Sobre Patrimonio Arqueológico Local de este año, se suman otros tres realizados vía convenio con ayuntamientos, al margen de la inversión de 30.000 euros que se deriva a la restauración, conservación y consolidación del patrimonio.

Tal y como ha ido documentando minuciosamente el propio director de la excavación, "las intervenciones llevadas a cabo en el yacimiento de Libisosa en el último lustro han retomado la excavación y puesta en valor del lado norte del foro de la colonia romana pero, sobre todo, han profundizado en el conocimiento de la gran joya del yacimiento que es su fase iberorromana, revelando un nuevo universo de matices".

Así pues, buena parte de los recursos se han dirigido a la exhumación de un complejo de culto de tipo de gentilicio, destruido de forma precipitada en un momento anterior (siglo II a.C.) a la devastación generalizada del barrio en época de las guerras sertorianas (ca.75 a.C.)

"CONSERVACIÓN EXCEPCIONAL"

Como, día a día, se encargan de lograr Uroz y su equipo, el edificio cuenta con "un nivel de conservación excepcional" visible en sus paredes de adobe pero también con un repertorio material que es el que ha servido para caracterizarlo, incluyendo objetos litúrgicos y un numeroso conjunto de vajilla romana de barniz negro de época antigua.

Este hallazgo sería testigo del inicio de la relación del grupo aristocrático de Libisosa con el nuevo poder romano y de su auto-romanización en un clima de redefinición de identidades y de extensión de nuevos lazos clientelares, que arrancó con la II Guerra Púnica en el que se basa la justificación del poder de las élites ibéricas a partir de finales del siglo III a.C. y cómo tuvieron acceso a todo tipo de cultura material republicana.

La difusión de los resultados de estos trabajos que vienen desarrollándose en el Yacimiento de Libisosa está siguiendo una doble vía (académica y social) con el fin abarcar la mayor divulgación posible y valiéndose del apoyo de la inversión que vienen realizado las diversas instituciones públicas implicadas (además de la Diputación, la Junta, el propio Ayuntamiento de Lezuza y las Universidades de Alicante y Murcia), más allá de los informes y memorias presentados en cada campaña.

Dentro de la vía académica, están las publicaciones científicas en diversas revistas de prestigio y más allá de ese ámbito científico, destaca el importante el esfuerzo que se viene haciendo para hacer llegar a todos este "tesoro" a través de Redes Sociales (en Twitter, bajo el usuario @libisosaoficial) y mediante la renovada página web del Proyecto.

La Diputación Permanente del Congreso de los Diputados ha rechazado este miércoles, con 30 votos a favor y 37 en contra, que la ministra de Sanidad, Carolina Darias, comparezca ante la Comisión de Sanidad y Consumo de la Cámara Baja para explicar la polémica sobre la transferencia a Cataluña de la Formación Sanitaria Especializada (FSE), entre ellos la de médicos internos residentes (MIR).

El defensor de la propuesta, José Ignacio Echániz del PP, ha mostrado su preocupación por "esta nueva cesión al independentismo" y "este ataque a la igualdad y a la cohesión de la sanidad pública española, que destruye un ejemplar modelo de éxito, objetivo y único, a lo largo de los últimos 50 años y uno de los pilares esenciales del Sistema Nacional de Salud, generando endogamia y una fractura irreparable del sistema de formación de los profesionales sanitarios y de su nivel de excelencia".

María Muñoz Vidal, de Ciudadanos, ha señalado que con esta hipotética medida la ministra "ataca una vez más a los sanitarios", a pesar de que Darias fue tajante en que "no está en la agenda del Gobierno" la transferencia de esta competencia a Cataluña. "Es un nuevo rehén de los nacionalistas para seguir en Moncloa", ha afeado.

Juan Luis Steegmann, de VOX, ha defendido el sistema MIR como "un símbolo de igualdad, cohesión y calidad" en la formación de los sanitarios. "Transferirlo a Cataluña contagiaría a otras regiones y eso nos llevaría a la incompetencia sanitaria. Es la columna vertebral de nuestra sanidad", ha reivindicado.

En respuesta, la diputada socialista María Luz Martínez Seijo ha cargado contra "las derechas" por poner el foco en este asunto. "Decir que se va a producir desigualdad en el territorio y que se va a producir factura, ustedes que llevan fragmentando la sanidad durante décadas... Este Gobierno va siempre a defender la calidad del sistema sanitario en su conjunto", ha remachado.

Por otra parte, la Diputación Permanente sí ha apoyado, por unanimidad, que Darias comparezca ante la Comisión de Sanidad y Consumo para dar cuenta sobre el "incumplimiento" del objetivo del 70 por ciento de la población vacunada anunciado por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

"Es un nuevo fracaso de Pedro Sánchez. Los españoles quieren saber la evolución de las nuevas variantes y los nuevos objetivos de inmunidad comunitaria, los criterios de la tercera dosis...", ha señalado Echániz.

La diputada de Ciudadanos, en contraste, ha calificado de "éxito" la campaña de vacunación, pero ha puntualizado que se ha producido "a pesar del Gobierno". "No ha cumplido su torpe objetivo. No solo ha fracaso sino que ha hecho el ridículo", ha añadido al respecto Steegmann.

Martínez Seijo les ha respondido que "llevan mal" los logros del Gobierno. "Intentan enturbiar una vez más un proceso que tiene que generar confianza por encima de todo. Sería el momento de que el PP y el resto de la derecha felicitasen a la población española y al Gobierno, pero eso sería con una derecha responsable. Aprovechan cualquier cuestión, incluso lo que se hace magníficamente, para atacar al Gobierno", ha concluido.

La ministra de Política Territorial, Isabel Rodríguez, y el presidente de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), Abel Caballero, han mantenido este miércoles una reunión en la que, según la FEMP, ambos han coincidido en la necesidad de actualizar la Ley de Bases del Régimen Local y de reformar la financiación local a la vez que la autonómica.

Al término del encuentro, celebrado en la sede del Ministerio, Caballero (PSOE), alcalde de Vigo, ha dicho que comparte con la ministra esos dos objetivos y también que hay que activar los acuerdos alcanzados en la última reunión de la Comisión Nacional de la Administración Local (CNAL), del pasado 28 de julio.

Sobre la Ley de Bases del Régimen Local, por la que se rigen los Ayuntamientos y las demás entidades locales desde 1985, ha defendido que "debe adaptarse al 2021". Según ha añadido, la ministra está de acuerdo en que hay que "trazar una ley para estos tiempos" y, con ese fin, ambas partes van a iniciar "un trabajo conjunto basado en la forma compartida de ver el municipalismo".

Respecto a las actuaciones acordadas en la CNAL, el presidente de la FEMP ha recordado que suponen unas asignaciones sin precedentes que alcanzan los 6.066 millones de euros. De ellos, 495 corresponden al IVA de 2017, otros 3.500 millones de euros compensan la liquidación negativa del año 2020, 471 millones de euros más proceden de la liquidación positiva de 2019 y el próximo año, en la asignación del Estado a los Ayuntamientos, se dedicarán 1.600 millones de euros más.

Por su parte, Rodríguez ha trasladado a Caballero el apoyo del Gobierno de Pedro Sánchez al trabajo de los alcaldes, así como su "compromiso con el municipalismo", que se refleja en "una mayor apuesta por los ingresos para los Ayuntamientos", a los que el Ministerio de Hacienda dará 22.000 millones de euros en entregas a cuenta para el ejercicio de 2022.

CONTAR CON LOS AYUNTAMIENTOS PARA USAR LOS FONDOS EUROPEOS

La ministra se ha mostrado convencida de que la reactivación económica de España tendrá "más éxito" si se cuenta con las entidades locales, "la Administración más cercana" a los ciudadanos, y de que deben tener un papel "clave" en ese ámbito y también en "la cohesión social y el desarrollo de proyectos vitales para las nuevas generaciones".

Por ello, "de su mano queremos desarrollar los planes de los fondos europeos", ha afirmado sobre el plan de recuperación tras la crisis del coronavirus.

El presidente de la FEMP ha agradecido la "sensibilidad municipal" del Ejecutivo del PSOE y Unidas Podemos y se ha congratulado de que al frente de la política territorial esté una persona que ha sido alcaldesa hasta hace poco, concretamente, de Puertollano (Ciudad Real).

"Le he dicho que los Ayuntamientos queremos ir al lado del Gobierno de España y tener una relación directa", ya que "nuestra propia eficacia llevando adelante proyectos y nuestra relación con los ciudadanos se ve muy respaldada en el aval del Gobierno", ha manifestado.

Por último, la ministra y el presidente de la FEMP han acordado que Rodríguez se reúna con la Junta de Gobierno de la FEMP a principios de septiembre.

Sortu ha defendido que cada excarcelación de presos de ETA "refuerza el camino hacia la convivencia y hacia la paz". En este sentido, ha incidido en que es "imprescindible" poner fin a la "política de excepción" que "vulnera los derechos" de este colectivo.

En un comunicado, con motivo de la excarcelación de cinco presos este mes y el recibimiento al expreso de ETA Agustín Almaraz en Bilbao, Sortu ha señalado que "cada preso político que sale de prisión es un hecho que nos acerca a la convivencia y a la paz".

A juicio de la formación de la izquierda abertzale, "para construir la convivencia es imprescindible acabar con la política de excepción que vulnera los derechos de los presos, e impulsar el camino de la excarcelación".

Al respecto ha señalado que, "si se aplicara la legislación penitenciaria ordinaria, el 84% de los presos políticos vascosdebería estar ya pisando la calle" y "el 89% de los que existen en el Estado español".

Para Sortu, "el Estado está negando a esos 157 presos el derecho a los permisos de salida, al tercer grado o a la libertad condicional, con el objetivo de retenerlos el mayor tiempo posible".

Sortu ha recordado que "Agustín Almaraz ha pasado 26 años en prisión y casi 25 de ellos en Andalucía y en primer grado, en situación extrema". A ello ha añadido que "cumplió tres cuartas partes de su condena en 2014, por lo que ha estado preso siete años más de lo que debía".

Por otro lado, ha afirmado que los cinco presos de ETA excarcelados en agosto "han cumplido sus condenas hasta el último día", con "penas de entre 11 y 13 años en el caso del Estado francés y de 25 años largos en el Estado español, la mayoría de ellos sin haber pisado las cárceles vascas hasta el último mes".

En este sentido, ha denunciado que "esta realidad tiene poco de normalidad y de actitud favorable a la convivencia". Sortu ha apuntado que "10 años después de la Conferencia de Aiete y del cese definitivo de la lucha armada de ETA, 199 vascos siguen presos por motivos políticos" y ha indicado que "en cualquier proceso de resoluciónes de conflictos en el mundo se ha dado una salida a la cuestión de los presos para fortalecer la convivencia y la paz".

A su juicio, "mientras haya un solo preso, refugiado o deportadoen la cárcel o en el exilio, no se podrá hablar de paz completa", ya que "difícilmente se construirá la convivencia imponiendo al otro lo que debe o puede hacer o no".

Unidas Podemos ha llevado este miércoles al Congreso su frontal rechazo a la ampliación del aeropuerto de El Prat que el Gobierno de coalición ha sellado con la Generalitat, pero en todo caso sus socios del PSOE han soslayado las críticas de los 'morados' y han rechazado comparecencias del Ejecutivo para aclarar esos planes.

En la Diputación Permanente del Congreso, el PP ha exigido que la ministra de Política Territorial, Isabel Rodríguez, y la titular de Transportes, Raquel Sánchez, comparezcan de urgencia para informar de la reunión de la comisión bilateral con Cataluña de principios de mes y el anuncio de inversiones millonarias en el aeropuerto de El Prat.

Para la diputada Carmen Borrego, portavoz adjunta del PP, es una "exigencia democrática" que el Gobierno dé cuenta de lo acordado en esa reunión, que a su juicio fue impuesta por los independentistas. También María Muñoz, de Ciudadanos, ha defendido las explicaciones sobre lo que considera una "mesa de la vergüenza en un cuarto oscuro", aunque apoya las inversiones en la ampliación de los aeropuertos por ser "buenas para el conjunto de los españoles".

TIRAR DINERO POR EL DESAGÜE

Pero quien ha criticado el acuerdo de la ampliación de El Prat no ha sido la oposición, sino Unidas Podemos, el socio 'morado' del Gobierno. Gerardo Pisarello, de En Comú, ha llegado a decir que invertir 1.700 millones en ampliar el aeropuerto de Barcelona es "tirar dinero por el desagüe".

A su juicio, este tipo de inversiones "no tienen sentido" en un contexto de emergencia climática que busca reducir las emisiones y habiendo mucho margen para reducir la contaminación que generan los vuelos y otros proyectos que necesitarían de los fondos europeos. "No vamos a dejar de alzar la voz contra esta ampliación --ha proclamado--. Sería triste que venga Europa a enmendar esta iniciativa precipitada".

El ponente de Vox, Ignacio Gil Lázaro, ha llamado la atención sobre estas críticas subrayando que "una parte del Gobierno hace una enmienda de totalidad" a los acuerdos alcanzados con el Govern y advirtiendo a ERC de que corre el riesgo de ser engañado por el Ejecutivo de coalición.

El PSOE ha ignorado las críticas de su socio de Gobierno y se ha centrado en rechazar la comparecencia extraordinaria de las ministras que reclamaba el PP. El socialista catalán José Zaragoza ha recordado que, además de prometer 1.700 millones para ampliar El Prat, el Gobierno tiene comprometidos otros 1.600 millones para el aeropuerto de Barajas, por lo que ha acusado al PP de intentar "enfrentar territorios": "Sean más serios y no hagan este espectáculo ridículo", ha soltado.

La Audiencia de Sevilla ha condenado a cinco años y cinco meses de cárcel a un joven que cuando contaba 19 años de edad, intentó agredir sexualmente a una chica de 13 años que acababa de conocer al coincidir dos grupos de jóvenes en el paseo de Juan Carlos I una noche de 2018.

En una sentencia emitida el pasado 20 de julio, la Sección Primera de la Audiencia de Sevilla declara probado, "por expresa conformidad entre las partes" del procedimiento judicial, que sobre las 22 horas del 13 de abril de 2018, el acusado, Cristian B.R., de 19 años a la fecha de los hechos, estaba en el paseo de Juan Carlos I junto a un grupo de jóvenes, a quienes se acercó un grupo de chicas menores de edad.

El encartado, que había consumido alcohol y hachís según el relato de los hechos probados aceptado por todas las partes y que "tiene reconocida una minusvalía del 33 por ciento" como consecuencia de una lesión cerebral padecida a los nueve años, si bien "es consciente de lo que hace"; se aproximó a una de las menores, que entonces contaba con 13 años de edad; "tomándola por el brazo o el hombro sin emplear violencia, apartándola de sus amigas hasta un lugar oculto de los demás, sin que conste que ella se viera forzada".

"Una vez que estaban solos, comenzó a manosearla y, como la chica se oponía a ello, la empujó tirándola al suelo. La agarró después con bastante fuerza bajándole las prendas, incluida la ropa interior", intentando cometer la violación que no consiguió "ante la oposición de ella", indica la sentencia con relación a los hechos probados.

Finalmente, "pasaron por el lugar dos jóvenes que no han podido ser identificadas, momento que aprovechó" la menor para "empujar al procesado y zafarse de él huyendo semidescalza en busca de sus amigas, con las que se reunió contándoles lo ocurrido".

LOS DAÑOS SUFRIDOS

Aunque la menor "no sufrió ninguna lesión vaginal ni derivada de los tocamientos", según la sentencia, "al ser derribada por el procesado para intentar penetrarla, cayó sobre su mano derecha, lo que le causó una fractura extraarticular de la base del primer metacarpiano de esa mano, así como una erosión en el codo derecho" y el antebrazo y un "daño psicológico".

Por todo ello, Cristian B.R. resulta condenado por un delito de agresión sexual a menor de 16 años en grado de tentativa y un delito de lesiones, con las atenuantes de drogadicción y de alteración psíquica, siéndole impuestos cinco años y cinco meses de cárcel, ocho años de prohibición de aproximarse a la menor o comunicarse con ella, otros ocho años de inhabilitación para oficio que implique contacto regular con menores, ocho años de libertad postpenitenciaria y una indemnización de 8.390 euros en favor de la víctima.

La diputada de Más Madrid-Verdes Equo en el Congreso de los Diputados Inés Sabanés ha informado de que su grupo parlamentario quiere buscar a los responsables del 'ecocidio' que se ha producido de forma reiterada en el Mar Menor. Así, pretende que se diriman responsabilidades para poder exigir reparaciones e insta al Gobierno a presionar al ejecutivo murciano si este no ejerce sus competencias con el fin de adoptar medidas que terminen con la degradación de la laguna salada.

Durante la rueda de prensa de portavoces parlamentarios en el Congreso de los Diputados, Sabanés acompañada por el diputado de Compromís Joan Baldoví, ha informado de que la coalición Más País-Verdes Equo, ha registrado una proposición no de ley con propuestas y medidas de actuaciones "urgentes y estructurales" en relación con el Mar Menor, que sufre un episodio de mortandad masiva de peces por anoxia.

"Lo que ha pasado en el Mar Menor es un 'ecocidio': una actuación continuada, reiterada e intencionada de atentar contra un espacio que debería ser protegido", ha sentenciado Sabanés.

En ese sentido, opina que si el Gobierno de Murcia no actúa ni ejerce sus competencias, el de España "tiene que actuar" porque esta situación de "indefinición y emergencia no se puede mantener".

En la iniciativa parlamentaria, según ha detallado, la coalición que forma parte del grupo plural plantea medidas de cogobernanza así como un plan inmediato de actuación para resolver la emergencia de la situación.

Pero además, reclama que se diriman las responsabilidades para saber cuáles son las actuaciones que se precisan y "quien tiene que asumir algunas de las reparaciones de los vertidos, de las que son responsabales también las empresas y sectores" que los hayan realizado.

Al mismo tiempo, ha afirmado que su grupo parlamentario está trabajando con el Partido Verde Europeo a través de la Comisión de Peticiones de la UE y con el eurodiputado Thomas White, quien ya ha visitado la zona porque consideran que "Europa también tiene que tomar cartas en el asunto", si no se ponen de acuerdo en las competencias las administraciones españolas.

"Lo que no puede pasar es el segundo episodio de crisis que se puede catalogar de ecocidio que es un delito que verá la luz pronto, esperemos", ha confiado Sabanés cuyo grupo promueve en Bruselas la tipificación como delito penal de las actuaciones sistemáticas y reiteradas de destrucción del medio ambiente.

Por eso insiste en reclamar al Ejecutivo y al gobierno murciano que actúen y cumplan sus competencias y pide al Estado que "presione" al autonómico si éste no actúa. "En cualquier caso trabajaremos con la comisión europea porque consideramos que desde hace tiempo se ha cometido un delito de forma reiterada e intencionada que está destruyendo un patrimonio de un inmenso valor para nuestro país", ha concluido.

Al respecto, el diputado de Compromis Joan Baldoví ha recordado al Gobierno de Murcia que lleva 26 años gobernando la Región que ostenta las competencias en medio ambiente, pero que ha permitido "cosas que han llevado a la segunda catástrofe" e insta a buscar a los responsables y sancionarlos porque si no se dirime "volverá a suceder el verano que viene".

Por tanto, confía en que la reunión que mantienen este miércoles por la mañana la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, y el presidente de la Región de Murcia, Fernando López-Miras, "sirva para buscar soluciones" y no para eludir responsabilidades.

A su juicio, el hecho de que ambas administraciones sean de signo político distinto no debe ser óbice para que se encuentren soluciones y a los responsables.

Dos exploradores siberianos están llevando a cabo una vuelta al mundo para emular las rutas de los primeros navegantes rusos, en un trimarán que atracó el martes en el puerto de O Vicedo, en Lugo, y que en los próximos días hará escala en A Coruña.

Se trata de Evgeny Kovalevskiy, director de la expedición, y el capitán Stanislav Berezkin, que navegan a bordo del trimarán 'Russian Ocean Way', un barco de 12 metros de eslora y único en el mundo en cuanto a su diseño.

Partieron el pasado mes de julio de San Petersburgo y la travesía, que durará dos años, les llevará a surcar las aguas de 40 países. El trimarán atracó el martes en el puerto lucense de O Vicedo para solventar un problema técnico y en los próximos días hará escala en A Coruña, desde donde partirá rumbo a Vigo y Lisboa.

La presentación de esta expedición ha tenido lugar en la sede la Autoridad Portuaria de A Coruña, con la presencia de su presidente, Martín Fernández Prado, y de los participantes en esta iniciativa, además de la vicepresidenta de la Sociedad Geográfica Rusa y coordinadora de la expedición, Yulia Kaliuzhnaya, entre otros.

Según han explicado, el objetivo, además de emular las rutas de los primeros navegantes rusos, es abrir vías de encuentro y de cooperación con otros países en los ámbitos de la educación, la ciencia, el medio ambiente o el turismo.

Así lo han expuesto Evgeny Kovalevskiy, director de la expedición, y el capitán Stanislav Berezkin, junto a los demás representantes, en un acto que contó también con la presencia del vicepresidente primero de la Sociedad Geográfica Española, Javier Alonso-Iñarra y el cónsul honorario de la Federación de Rusia en Galicia, Pedro Mouriño.

COOPERACIÓN

En la comparecencia ante los medios, Martín Fernández Prado destacó la importancia del puerto de A Coruña como "enclave estratégico en la navegación internacional". Por su parte, el cónsul honorario de Rusia en Galicia subrayó que la cooperación entre España y Rusia en el ámbito naval "está dando frutos muy importantes" e insistió en la posibilidad de estrechar la colaboración entre los puertos gallegos y rusos.

Desde la delegación rusa, el director de la expedición señaló que, entre sus objetivos, está llevar el conocimiento de la naturaleza a los escolares rusos, con quienes se conectarán cada tres meses y enviarán vídeos sobre su viaje.

El capitán del 'Russian Ocean Way' destacó que el proyecto incluye también una vertiente deportiva y pretende establecer tres récords mundiales. "Dar la vuelta al mundo en este tipo de barco, rodear Sudamérica con él, y que sea el viaje más largo de estas características", ha apuntado.

La representante de la Sociedad Geográfica Rusa, por su parte, presentó una nueva ruta turística en Siberia, denominada 'Anillo de oro'.

La Policía Nacional ha difundido este miércoles nuevas imágenes de los "héroes" que continúan en Kabul custodiando a los afganos que esperan para viajar en aviones a España. "Representáis con orgullo nuestros valores más allá de nuestras fronteras", ha señalado la institución en sus redes sociales.

"Todo nuestro apoyo a los compañeros del GEO y de la UIP que siguen en Kabul", asegura la Policía Nacional en referencia a los diez efectivos del Grupo Especial de Operaciones y siete de la Unidad de Intervención Policial --luego reforzados con otros tres GEO-- que permanecen en el aeropuerto afgano junto al embajador y la segunda de la delegación española, así como efectivos militares.

En las imágenes distribuidas se aprecia la labor de custodia de varios agentes en los pasillos de seguridad a los afganos --entre ellos menores-- que se han acercado al aeropuerto pese al peligro por los puestos de control de los talibanes, cumpliendo con las medidas de evacuación de un plan que finaliza el 31 de agosto.

Días atrás la Policía difundió otra imagen en la que se apreciaba a los agentes en Kabul posando con la bandera que honraba en la Embajada de España la memoria de sus compañeros Jorge García Tudela e Isidro Gabino Sanmartín, fallecidos en 2015 en un ataque talibán a la sede de la delegación española. La bandera la recogieron antes de abandonar las instalaciones oficiales para desplazarse al aeropuerto.

MENSAJE DE INTERIOR

El Ministerio del Interior también ha lanzado un mensaje de ánimo a los agentes, enlazando a la publicación en Twitter de la Policía Nacional. "Héroes que tienen todo el respaldo y reconocimiento", señala el departamento que dirige Fernando Grande-Marlaska, que ayer desde la base militar de Torrejón de Ardoz (Madrid) extendió su agradecimiento a los militares y al personal diplomático y responsable del sistema de acogida.

Tras el vuelo que aterrizó esta madrugada, ya son 1.242 las personas que han llegado a España procedentes de Kabul. De ellas, según fuentes del Ministerio del Interior, 1.040 han manifestado a su llegada a la base de Torrejón su intención de solicitar protección internacional.

El ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, ha asegurado este miércoles que el Gobierno está "acelerando" la evacuación de Kabul ante la fecha límite del 31 de agosto.

La conselleira de Infraestruturas e Mobilidade, Ethel Vázquez, ha instado al Ministerio para la Transición Ecológica a aclarar si autorizó la bajada de nivel de los embalses de la cuenca hidrógrafica Miño-Sil, que se encuentran por debajo de la mitad de su capacidad.

Este miércoles, la responsable autonómica se ha reunido con los alcaldes de los ayuntamientos ourensanos de Muíños, Plácido Álvarezd; Vilariño de Conso, Melisa Macía, y Bande, Sandra Quintas, para abordar la situación de los embalses de la Confederación Hidrográfica Miño Sil, a los que pertenecen los embalses que acogen estos tres ayuntamientos y que, en la actualidad, ninguno supera el 27% de su capacidad para almacenar agua.

Tanto la conselleira como los regidores municipales han manifestado su preocupación por la situación en la que se encuentran estos embalses y demandan explicaciones a la Administración central, de la que depende la Confederación Hidrográfica Miño-Sil.

En concreto, la alcaldesa de Vilariño de Conso, Melisa Macía, ha advertido que los dos embalses de su ayuntamiento se encuentran al 13% y al 15% respectivamente; una situación que, advierte, pone en peligro el Macizo Central porque en caso de incendio no podrán recargar las hidronaves.

En el Ayuntamiento de Muíños, su alcalde, Plácido Álvarez, ha destacado que el embalse está al 27% de su capacidad, una realidad que califica como "mala" y que, dice, no les permite disfrutar del entorno.

Vázquez Mourelle ha manifestado que los valores "están por debajo de lo normal en estas épocas del año" y que es "inusual" que no alcancen ni la mitad de su capacidad. Así, ha trasladado que el nivel de ocupación por estas mismas fechas el año pasado era superior al 70% y la media de la última década es superior al 67%.

En este sentido, ha puesto el foco en el Gobierno central, a quien exige que "aclare las circunstancias" que han conducido a esta situación, puesto que en el pasado mes de junio tanto Belesar como As Portas --los dos embalses con mayor capacidad de la CHMS-- estaban a un 55% de su capacidad y "ahora se sitúan por debajo del 30% y en el 15%, respectivamente".

La conselleira considera que se ha producido "un vaciado injustificado" de estos recursos por lo que insta al Gobierno a explicar si autorizó a sus titulares que bajasen el nivel de los embalses.

Además, ha emplazado al Ministerio y a la Confederación Hidrográfica a "poner en marcha los mecanismos" de control y vigilancia para garantizar que el aprovechamiento energético se realice sin afectar al "abastecimiento, mantenimiento del caudal ecológico, biodiversidad o a las actividades turísticas".

Por tanto, cree que el Ministerio "debe concretar" un nivel mínimo acorde al contexto del cambio climático para "evitar riesgos ambientales y en el abastecimiento". A su vez, ha pedido que trasladen las explicaciones necesarias a los alcaldes y alcaldesas de los ayuntamientos afectados, ya que, dice, no han sido informados.

COMPARATIVA GALICIA-COSTA

La titular de Infraestruturas ha analizado la situación en comparación con la Demarcación Galicia-Costa, responsabilidad de la Xunta de Galicia, y que supera el 67% de agua embalsada en comparación con su su capacidad, una situación de "normalidad y tranquilidad", según Vázquez Mourelle.

Así, ha recordado que Augas de Galicia vigila las normas de explotación y tiene establecido el nivel mínimo en el 20% que "solo se puede traspasar en circunstancias puntuales justificadas y con autorización previa".

Todos los grupos políticos del Parlament balear, salvo Vox y MÉS per Menorca, han suscrito este miércoles un manifiesto por el que urgen a la Unión Europea a suspender las deportaciones Afganistán y le piden corredores seguros humanitarios para los solicitantes de asilo.

Además, entre otros puntos, apoyan el ofrecimiento del Govern de acoger mujeres y niñas afganas como refugiadas y piden al Estado medidas de protección para los afganos en riesgo "por ser defensores de los derechos humanos".

El manifiesto también insta a la UE a "seguir de cerca la conducta de los talibanes" porque Afganistán "no se debe volver a convertir nunca más en un refugio seguro para los terroristas". En este sentido, anima a Europa a establecer líneas rojas y a aplicar sanciones y aislamiento diplomático en caso de transgresión.

Además, el texto acordado reconoce la labor humanitaria desarrollada por las Fuerzas Armadas españolas y el personal de la Embajada.

Este gesto de apoyo se ha materializado en un acto institucional en el salón de pasos perdidos del Parlament, presidido por el presidente de la Cámara, Vicenç Thomàs. Junto a él han leído partes del manifiesto los diputados Sílvia Cano (PSIB), Núria Riera (PP), Esperança Sans (Unidas Podemos), Marc Pérez-Ribas (Ciudadanos), Miquel Ensenyat (MÉS per Mallorca) y Josep Melià (PI).

Tras la Junta de Portavoces posterior al acto, el portavoz de MÉS per Menorca, Josep Castells, ha explicado por qué su grupo no ha suscrito el manifiesto. En primer lugar, ha aclarado que no se les había informado, y que de haberlo hecho hubieran estado en el acto.

En cualquier caso, ha considerado que el texto acordado era "un placebo" porque "pasa de puntillas por las causas" que han llevado a la situación de Afganistán, entre ellas, el papel de España y los resultados de su actuación. Con todo, ha matizado que votarán a favor de la mayoría de puntos de la proposición no de ley derivada de este texto.

Por su parte, el portavoz de Vox, Jorge Campos, ha expresado su oposición al manifiesto y ha reclamado que España intensifique los controles de entrada a los afganos y aplique "con rigor" las leyes de extranjería.

La ministra de Defensa, Margarita Robles, y el jefe de Estado Mayor de la Defensa (JEMAD), almirante general Teodoro E. López Calderón, recibirán esta tarde el avión que llega desde Dubai con 292 personas evacuadas desde Afganistán.

Según informan fuentes de Defensa, la previsión es que el avión aterrizaje en la base militar de Torrejón de Ardoz (Madrid) en torno a las 18.00 horas.

Tras el vuelo que aterrizó esta madrugada, ya son 1.242 las personas que han llegado a España procedentes de Kabul dentro del operativo encabezado por el embajador en este país centroasiático. De ellas, según fuentes del Ministerio del Interior, 1.040 han manifestado a su llegada su intención de solicitar protección internacional.

El ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, ha asegurado este miércoles que el Gobierno está "acelerando" la evacuación de Kabul ante la fecha límite del 31 de agosto.

Desde París, donde ha acudido en representación del Gobierno a los actos con motivo del 77 aniversario de la liberación de la capital francesa durante la Segunda Guerra Mundial, ha explicado que se está "acelerando la evacuación de miles y miles de afganas para que puedan tener una vida mejor, una vida plena, de derechos, una vida digna".

Según ha explicado, en las próximas horas llegarán a la base aérea de Torrejón 331 afganos. En concreto, está prevista la llegada de un vuelo fletado por el Servicio Europeo de Acción Exterior (SEAE) procedente de París con 39 personas y otro fletado por el Gobierno español desde Dubai con 292 colaboradores afganos y sus familias, cuyo aterrizaje se espera hacia las 18.25 horas.

Además, ha precisado, dentro del aeropuerto de Kabul ya hay otros 292 afganos a la espera de poder ser evacuados en las próximas horas hacia Dubai y, desde allí, a España.

"Estamos acelerando la evacuación para intentar traer al máximo número posible de colaboradores afganos para garantizar su libertad y que tengan una vida en paz y democracia", ha asegurado Bolaños, resaltando la solidaridad mostrada tanto por España como por la UE.

Está prevista la llegada a primera hora de la noche de otro vuelo de la UE, en este caso procedente de Atenas y con otras 40 personas. Algunos de estos colaboradores ya han sido trasladado a sus países de destino final dentro del bloque.

La portavoz adjunta de Unidas Podemos en el Parlament balear, Esperança Sans, ha reiterado este miércoles los motivos por los que su grupo se opuso a recurrir en el Tribunal Constitucional los PGE de 2021 por no incluir la insularidad, si bien ha insistido en que su partido "continuará reclamando el cumplimiento del REB".

Así se ha expresado la diputada en declaraciones a los medios tras la Junta de Portavoces, después de que la Abogacía del Estado haya presentado sus alegaciones frente al recurso del Parlament contra los presupuestos estatales de 2021 por no dotar el factor de insularidad.

Sans ha defendido que consideran que no hay base legal para un recurso y que por ello en su día votaron en contra de presentar la demanda.

Con todo, la diputada ha recalcado que "es evidente que hace falta una revisión" de la financiación que recibe Baleares, "una Comunidad siempre muy solidaria" con el resto.

BAJAR EL PRECIO DE LA LUZ

Por otro lado, Unidas Podemos ha instado al PSIB para que presione a los socialistas nacionales para que acepten la propuesta que la formación morada ha remitido al Ministerio de Transición Ecológica para bajar el precio de la luz.

"Es un problema que afecta a los ciudadanos de Baleares y de todo el país, y el PSOE debe poner en marcha verdaderas políticas para abaratar el precio de la luz", ha aseverado.

AFGANISTÁN

Al margen de este asunto, Sans ha aprovechado esta intervención para hacer un llamamiento a trabajar en políticas migratorias de manera conjunta en toda la Unión Europea y basadas en los derechos humanos.

"Todas aquellas políticas que no se fundamentan en derechos humanos ya hemos visto qué consecuencias tienen y las estamos viendo en Afganistán. Si queremos que realmente la situación mejore y que las políticas de inmigración no sean como son ahora mismo, se necesita un cambio radical y sobre todo fundamentado en los derechos humanos", ha asegurado.

El Tribunal Supremo (TS) ha ratificado tres sentencias de la Sección Sexta de la Sala de lo Contencioso-administrativo de la Audiencia Nacional de diciembre de 2020 por las que anulaban varios expedientes sancionadores de la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia (CNMC) contra el supuesto cartel de las cementeras por acordar precios.

En tres autos, adelantados por La Información, la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TS inadmite los recursos de casación presentados por la Abogacía del Estado contra la decisión de la Audiencia Nacional por "una carencia manifiesta en el asunto de interés casacional".

Las tres empresas sobre las que debía decidir eran Cementos Portland Valderribas SA, Betón Catalán SA y Betonalia SL. La CNMC sostuvo en septiembre de 2016 que habían cometido diversas infraccionesúnicas y continuadas consistentes en el intercambio de informacióncomercialmente sensible, en la adopción de acuerdos para el reparto demercado de cemento y en la fijación de precios en las zonas geográficasCentro, Noreste y Sur en el mercado del producto de hormigón.

El Supremo recoge en los autos que ya en la sentencia de la Audiencia Nacional se decía que de la prueba obrante no se corroboraba que existiera un plan en el mercado del hormigón y que "no había ninguna constancia de la efectiva celebración de ninguna reunión o 'mesa' ni deacuerdos previos adoptados entre las sancionadas para fijar precios, repartirse el mercado o intercambiar información conforme al supuesto plan preconcebido descrito". Similares argumentos usaba para responder a los otros dos expedientes.

Añadían a esto, en uno de los tres casos concretos que examinaban, que la CNMC había efectuado "una construcción artificiosa y voluntarista de los datos obtenidos en las inspecciones realizadas para concluir que las empresas sancionadas actuaron conforme un plan preconcebido" por el que intercambiaban información sensible para conseguir el reparto del mercado.

Tras esto, explica que la Abogacía del Estado sostiene que previo a analizar si hay un plan global preconcebido el tribunal de instancia debería haber verificado la existencia de los actos, conductas o comportamientos aislados que pudieran ser prohibidos, y luego determinar si se inscriben en un plan o unidad de acción.

Pero el Supremo recuerda por ejemplo en el caso de Betonalia SL que los servicios jurídicos del Estado en su recurso "nada dice sobre la prescripción de la infracción", algo que sí se menciona en la sentencia de la Audiencia Nacional. "Lo que constituye, ya de por sí, causa de inadmisión del recurso de casación al no combatirse el razonamiento que, en realidad, es relevante y determinante de la desestimación del recurso", indica.

LA MULTA DE 2015

Ya en 2016, la CNMC tuvo que devolver a Cementos Portland los 5,72 millones de euros que la cementera de FCC pagó en abril 2012 por la multa que le impuso a comienzos de ese año por haber formado un cartel con otras empresas del sector en Navarra.

El TS estimó parcialmente en diciembre de 2015 el recurso que la empresa elevó en contra de la sanción, de forma que el Alto Tribunal tan sólo ordenó recalcular el importe de la multa.

La consejera de Igualdad y portavoz, Blanca Fernández, en relación con la situación que está atravesando el Mar Menor ha pedido al Gobierno de Murcia que se "tome en serio el asunto" y ha abogado por la colaboración para conseguir entre todos una agricultura, un medio ambiente y un sector turístico sostenibles.

Blanca Fernández ha recordado que desde Castilla-La Mancha hace años que se viene avisando de esta situación ya que "la sobreexplotación de la cabecera del Tajo no solamente iba acabar matando al Tajo, o hiriéndolo de muerte, sino que podía afectar muy gravemente al medio ambiente, también en Murcia, también al Mar Menor y lamentablemente se ha cumplido".

Esta realidad, ha dicho la portavoz del Gobierno, "es muy triste porque se podría haber evitado si no se hubiera apostado por consumir agua sin ningún tipo de control y por esa agricultura intensiva, muchas veces con cultivos que no son legales, que está provocando que hayan herido de muerte estas décadas de drenaje al Tajo y ahora esté bastante herido el Mar Menor".

Conseguir una agricultura, un medio ambiente y un sector turístico sostenibles, en opinión de la consejera, pasa por una racionalización de los recursos hídricos "y por tener en cuenta que el trasvase Tajo-Segura tal y como estaba concebido en la dictadura, hoy en pleno siglo XXI, no tiene ningún sentido y, décadas después, vemos los daños medioambientales tan graves que están produciendo", ha informado la Junta en nota de prensa.

Al respecto, la consejera ha criticado el silencio del líder del Partido Popular en Castilla-La Mancha "que no ha mostrado ni una sola queja, está callado y no haya dicho nada al señor Casado que ha apoyado el trasvase en un momento y en un contexto en el que el Mar Menor tiene un problema enorme porque con el agua de riego del Tajo se llena un acuífero, que es el de la Albufera, de agua y de nitratos y acaba contaminando el Mar Menor".

Por todo ello, la consejera ha dicho que "el silencio de Núñez es cómplice" y le ha pedido "que se ponga del lado de los intereses de Castilla-La Mancha y del sentido común".

LÍDER EN AYUDAS

El Gobierno de Castilla-La Mancha ha defendido que es la Comunidad Autónoma de toda España que mejor está ejecutando las ayudas directas a pymes y autónomos situándose 30 puntos por encima de la media nacional.

Así lo ha manifestado la consejera de Igualdad y portavoz, Blanca Fernández, que ha explicado que este buen resultado se ha conseguido "a base de mucho esfuerzo, de mucha escucha activa, de mucho trabajo y de mucha cercanía por parte del presidente, en primera persona, y también por parte de la Consejería de Economía Empresas y Empleo".

Blanca Fernández ha detallado que se ejecutarán cerca de 400 millones de euros en ayudas directas: 180 millones de fondos propios, a los que se suman los 205 millones financiados por el Gobierno de España, además de otras ayudas para la conciliación o el teletrabajo que se han puesto en marcha para dar respuesta a las necesidades generadas por la COVID.

Este conjunto de ayudas va a permitir movilizar hasta 400 millones de euros para apoyar al tejido productivo de Castilla-La Mancha, esencialmente a personas autónomas y a las pequeñas empresas "que son lo más importante en nuestro tejido productivo ya que un 90 por ciento de la economía de Castilla-La Mancha depende de la pequeña y mediana empresa y de las personas autónomas", ha informado la Junta en nota de prensa.

En ese sentido, la consejera portavoz ha puesto en valor que "Castilla-La Mancha es la Comunidad Autónoma que mejor está ejecutando en este momento este tipo de ayudas".

La Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, dependiente del Ministerio del Interior, ha enviado un recordatorio a todos los centros para que se revisen los protocolos al objeto de impedir "prácticas inadecuadas" como ocurrió en la cárcel de Monterroso (Lugo), donde se abrió un expediente por la difusión de un vídeo en el que los internos se grabaron consumiendo pastillas y haciendo un tatuaje.

También se solicita a las direcciones de los centros penitenciarios que revisen las intervenciones de los funcionarios que resultan "contraproducentes" cuando reducen a reclusos que se muestran agresivos, así como los protocolos para evitar evasiones, suicidios --en concreto en casos de aislamiento por la COVID-- y en prevención por la amenaza terrorista.

Así consta en un oficio de 25 de agosto, en el que la Dirección General de Ejecución Penal y Reinserción Social da cuenta del 'Informe balance en materia de seguridad y tratamiento', correspondiente al segundo trimestre de 2021.

MODIFICAR RUTINAS POR EFICACIA

Aunque en el oficio no se cita ningún caso concreto, este tipo de comunicaciones sirven para "observar determinadas incidencias que aconsejan trasladar indicaciones" a los centros, como fue el caso este mes de agosto del expediente abierto en la prisión de Lugo. En concreto, se llama a "evitar rutinas en los procedimientos seguidos en el área de vigilancia que, por habituales, puedan ser bien conocidas".

Prisiones advierte de que es "inexcusable" no desvirtuar ni rebajar las rutinas de vigilancia para "erradicar prácticas inadecuadas", de ahí que invite a las direcciones de las cárceles a "implementar modificaciones que hagan difícil que la población reclusa pueda anticipar o prever este tipo de actuaciones".

El pasado 11 de agosto, Instituciones Penitenciarias confirmó la apertura de un expediente a siete internos de Monterroso (Lugo) tras utilizar un teléfono móvil --objeto prohibido-- para grabarse consumiendo pastillas, afilando un objeto o realizando un tatuaje. "Dos módulos, uno con diez tíos y otro con otros diez, dos guardias, más la de la noche, cobrando mil y pico pavos, trabajan 48 horas seguidas y luego descansan el resto de la semana", relataba uno de los presos.

REDUCCIONES CONTRAPRODUCENTES

Instituciones Penitenciarias también se detiene en intervenciones de funcionarios que "no siempre producen resultados positivos". En su escrito de 25 de agosto alerta de que hay reducciones de presos que han conllevado "mayor agresividad de las que inicialmente se partía".

De ahí que reclamen tener en cuenta la "pertinencia del momento de la intervención y los procedimientos empleados a efectos de poder modificar los que hubieren resultado estériles e incluso contraproducentes". En los casos que sea posible, reclama "pautas alternativas" pensando tanto en el personal laboral como en la población reclusa.

El oficio también menciona intentos de evasión que ponen de manifiesto la necesidad de prestar "máxima atención" a este tipo de incidentes y a la comprobación regular del funcionamiento de los medios materiales, tecnológicos y de seguridad.

SUICIDIOS Y ALERTA ANTITERRORISTA

Lo mismo ocurre con la prevención de suicidios, un tema recurrente y que ya se comunicó el pasado 1 de octubre de 2020, tanto para casos consumados como para tentativas producidas. En este sentido, se cita la "necesidad ineludible de atención a las situaciones de aislamiento derivadas de los protocolos de COVID", donde para evitar contagios se traslada a presos a determinados módulos, entre otras medidas como la suspensión de comunicaciones.

El oficio termina con el recordatorio, también habitual, para "mantener por parte de todo el personal penitenciario la cautela y las medidas de prevención adecuadas tanto a nivel profesional como en la esfera privada", atendiendo al nivel de alerta antiterrorista de nivel 4 sobre un máximo de 5.