El presidente del Gobierno de Canarias, Ángel Víctor Torres, ha indicado este viernes que con la implantación del certificado Covid en los territorios que se encuentren en nivel 4 de riesgo por la pandemia se busca dar «seguridad» porque «no» quieren cerrar la economía del archipiélago.

Por ello, entiende que el certificado verde, como también se le denomina, «es clave», además ha recordado que Canarias ya solicitó su implantación el pasado año para viajar por la Unión Europea y el espacio Schengen.

El certificado verde recoge si estás vacunado con doble pauta o individual si es la única, así como si has padecido la enfermedad o tienes una prueba negativa de test para poder «moverte con seguridad» por la UE y el espacio Schengen, además de ser una medida que se está implementando en Francia o Alemania.

«Da seguridad y tenemos que caminar hacia la seguridad y aquel que no se quiere vacunar, porque hay quien no se quiere vacunar, que es negacionista, no puede poner en riesgo la seguridad de las personas que sí se quieren vacunar y son responsables, por lo tanto, no pueden pagar los que son responsables frente a quienes teniendo la obligación, que es individual, se niega», apostilló en declaraciones a los periodistas tras la inauguración de la comisaría de Distrito Centro de Policía Nacional en Las Palmas de Gran Canaria.

De esta forma, dijo, si alguien se niega «no puede entrar en los espacios de mayor contaminación, que son los espacios cerrados», considerando que de esta forma se está «preservando un derecho individual» con la adopción de una medida sanitaria.

Torres también ha querido reconocer que «hay mucha gente joven en Canarias que ha ido masivamente a vacunarse», así como ha puesto en valor que este jueves se descargaran más de 70.000 certificados verde.

Finalmente, ha señalado que la subida de niveles de alerta por el aumento de contagios en algunas islas implican medidas que ayudan, y son las que puede adoptar el Gobierno regional, mientras otras dependen de «otros entes, por ejemplo, en estos momentos se está esperando el informe de Fiscalía del Supremo y el posible fallo del Supremo con respecto al toque de queda, que ayudaría muchísimo».

Aún así, ha puntualizado, que actualmente la «realidad es distinta, no» se tiene la ocupación de UCI que de otras olas de pandemia pero sí apeló a la responsabilidad de la ciudadanía ante el incremento de contagios.

IE University ha celebrado la graduación virtual de la clase de 2021 con 2.500 alumnos procedentes de 140 países, de programas de grado universitario y programas master de la institución académica.

Según ha informado este viernes la institución, la ceremonia de graduación ha tenido como protagonista la conferencia magistral de Carolina Barco, graduada Executive MBA de IE Business School y diplomática colombiana-americana que ha ocupado las posiciones de embajadora de Colombia en EE.UU. y en España, y ministra de Relaciones Exteriores de Colombia.

En este sentido, ha explicado que el evento digital e inmersivo ha contado con la participación de Santiago Iñiguez de Onzoño, presidente de IE University; Salvador Carmona, rector de IE University; y los decanos de IE Business School, IE Law School, IE School of Architecture and Design, IE School of Global and Public Affairs, e IE School of Human Sciences and Technology.

Santiago Iñiguez de Onzoño ha destacado la importancia de la innovación en IE University. «La pandemia nos ha impulsado a explorar nuevos formatos y apostar por nuestra metodología de liquid learning», ha señalado, en referencia al modelo de formación que permite a los alumnos asistir a clase de manera presencial o conectarse en remoto de manera simultánea a través de las pantallas instaladas en las aulas, con la misma experiencia inmersiva y excelencia académica.

Iñiguez de Onzoño ha señalado que IE University «ha fomentado la conciencia de comunidad y ha promovido la diversidad y la inclusión durante la pandemia», con el propósito de «promover el cambio positivo a través de la educación, la investigación y la innovación».

El presidente de IE University ha pedido a los graduados que mantengan los mismos niveles de excelencia en su desempeño personal y profesional en el futuro. «En este mundo cada vez más globalizado e interconectado, nuestra misión es mejorar nuestro entorno, crear valor y riqueza sostenible y asumir un compromiso con la responsabilidad social para la construcción de un mundo mejor. Y no estáis solo en esta tarea. Contáis con el apoyo de toda la comunidad de IE University», ha subrayado.

CORAJE PARA ASUMIR NUEVOS RETOS

Por su parte, Carolina Barco ha recordado su primera etapa en España, de 1979 a 1985, cuando regresó a Colombia para apoyar a su padre, Virgilio Barco, durante la campaña presidencial que ganó y le llevó a liderar el Gobierno colombiano de 1986 a 1990.

«De su ejemplo y acciones firmes aprendí la importancia del coraje, del valor para afrontar decisiones difíciles o amenazantes. Todos tenemos la oportunidad de adoptar una postura difícil y marcar la diferencia. Os animo a aceptar estos retos y afrontarlos con determinación y perseverancia», ha afirmado.

Barco fue la primera mujer Embajadora de Colombia en Washington, en 2006. «Pero los tiempos habían cambiado, y mis contrapartes como ministros de Relaciones Exteriores eran Condoleezza Rice, luego Hillary Clinton, y más tarde Nancy Pelosi, quien fue la presidenta de la Cámara», ha señalado.

«Os enfrentaréis a muchos desafíos a medida que avancéis en vuestra carrera y encontraréis giros y vueltas como yo. Mostrad una mente abierta, analizad nuevas propuestas, reforzad vuestras capacidades, rodeaos de buenos equipos con los que trabajar y encontraréis nuevas maneras de servir a los demás», ha concluido.

La Conferencia Sectorial de Cultura, reunida en pleno en su XXIX edición y presidida por el ministro de Cultura y Deporte, Miquel Iceta, ha aprobado este viernes el acuerdo para la distribución de 165,5 millones de euros de los fondos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de la Economía que gestionarán las CCAA y las ciudades de Ceuta y Melilla.

El acuerdo ha salido adelante a pesar del voto en contra de Madrid, Galicia, Euskadi, Cataluña y Murcia y con la abstención de Castilla y León, según ha precisado el ministro este viernes en rueda de prensa tras la reunión.

«Estamos satisfechos de que se le haya dado un relieve a los elementos que tienen que ver con la cultura y el deporte, pero nos hubiera gustado que todavía esa dotación fuese más grande, tiempo habrá», ha precisado Iceta, al tiempo que ha añadido que «el año 2022 va a ser el año del renacimiento cultural y deportivo en España».

Se trata de la primera vez que el ministro de Cultura y Deporte se reúne con los consejeros de las CCAA y las ciudades de Ceuta y Melilla y también la primera reunión presencial del pleno de la Sectorial de Cultura desde el inicio de la pandemia.

El acuerdo contempla siete proyectos del componente 24 ‘Revalorización de la Industria Cultural’ y uno del componente 25 ‘España Hub Audiovisual de Europa’. En total, las CCAA gestionarán 165,5 millones de euros en el periodo 2021-2023, lo que supone el 38,8% del total asignado al Ministerio de Cultura y Deporte.

Las CCAA, Ceuta y Melilla recibirán ya este año un total de 50 millones de euros para dotación de bibliotecas públicas, digitalización de patrimonio cultural y convocatorias de ayudas a salas de cine y a infraestructuras de artes escénicas y musicales, estas últimas antes del 31 de diciembre de 2021.

En concreto, se promoverán tres ejes estratégicos: competitividad, dinamización y digitalización y sostenibilidad de los grandes servicios culturales.

Entre los proyectos que gestionarán las CCAA se encuentra la modernización y gestión sostenible de las infraestructuras de las artes escénicas y musicales, con convocatorias de ayudas por importe de 38 millones de euros para teatros, auditorios, carpas de circo, salas de música en directo, salas de ensayo, espacios escénicos y musicales de compañías de teatro, danza, música y circo, según informa el Ministerio de Cultura.

También se convocarán, antes del 21 de julio de 2022, ayudas por importe de 17 millones de euros, para ayudar a las salas de cine financiando acciones vinculadas a la innovación, el funcionamiento digitalizado y sostenible, la creación y fidelización de públicos y su adaptación de los nuevos hábitos de consumo audiovisual.

Igualmente, procederán a la compra de libros con una inversión total de 10 millones de euros, con la que se estima dotar de 450.000 nuevos títulos a las bibliotecas públicas; contarán con 1,5 millones de euros para digitalizar los fondos documentales de titularidad estatal y gestión autonómica; y apoyarán la aceleración de 250 empresas culturales con 25 millones de euros.

Otro proyecto consistirá en extender la oferta cultural en las áreas no urbanas a través de una inversión de 20 millones de euros, y se tomarán medidas de conservación, restauración y puesta en valor del patrimonio cultural español, con una inversión de 51 millones de euros.

Por otro lado, a propuesta de la Comisión Sectorial de Asuntos Culturales se ha creado la Mesa de Trabajo permanente de la Administración General del Estado y de las CCAA con el sector de la Moda de Autor en España.

El secretario general del PP, Teodoro García Egea, ha reconocido que le hace «gracia» que digan que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, es «Superman». Si eso es así, ha advertido que «la Justicia y el Estado de Derecho es su kryptonita, lo único que puede pararle en este momento».

«Porque el mayor fracaso de la lucha contra la pandemia que ha perpetrado este Gobierno ha sido el Estado de alarma, y el Tribunal Constitucional le ha dicho que ha sido una chapuza jurídica», según García Egea, quien ha recordado que el presidente del PP, Pablo Casado, ya dijo en el debate del primer sobre esta figura le dijo que era un «estado de excepción encubierto».

Además, cree que la Justicia dirá a Pedro Sánchez «lo que piensa de los indultos, hechos contra la ley, contra el criterio de la Sala, contra el tribunal sentenciador y contra el criterio de la Fiscalía». Asimismo, ha señalado que la Justicia va a deliberar sobre el nombramiento de una ministra socialista como Fiscal General del estado, y esta semana la Justicia «también ha puesto negro sobre blanco que las ayudas a la compañía Plus Ultra están bajo sospecha».

«Ningún autónomo ni de la Región ni de España ha recibido una sola ayuda de Pedro Sánchez, pero sí lo ha hecho Plus Ultra, los amigos de Ábalos y del chavismo», según García Egea.

García Egea ha hecho estas declaraciones durante la clausura de los Cursos de Verano del PP de la Región de Murcia celebrada en La Manga, junto al presidente del PP en la Región de Murcia, Fernando López Miras, y el portavoz del PP, José Luis Martínez Almeida.

García Egea ha hablado del peso de la política internacional de Pedro Sánchez y del peso que el Gobierno de España le da a la Región de Murcia. A este respecto, ha recordado que la Comunidad de Murcia tenía un secretario de Estado de Infraestructuras, Pedro Saura, y «tampoco se notaba mucho» porque «si sales a la calle en La Manga y preguntas quién, no lo sabe nadie.

«El peso que tiene que tener la Región para Pedro Sánchez es poner al presidente de Paradores, y del resto de cuestiones de la Región ni se le espera», ha lamentado. Por ello, ha ensalzado que «la única forma de que la Región de Murcia se escuche en Madrid es que Pablo Casado sea presidente del Gobierno». García Egea ha señalado que la Región tiene hoy el mismo peso en el Gobierno de España que «Pedro Sánchez tiene en Estados Unidos».

Así, ha considerado que Pedro Sánchez «ha hecho historia en un asunto clave: es la primera vez en 40 años de democracia que va un presidente del Gobierno a Estados Unidos y no lo recibe nadie de la Administración americana». «Si Sánchez que se quería ir de vacaciones a Estados Unidos, que lo hubiera hecho, pero lo de montarse tres reuniones allí para decir que está de visita multilateral no cuela», ha aseverado.

García Egea ha recordado que, de sus estancias por motivos académicos en los Estados Unidos, «hay una tienda de los presidentes justo enfrente de la Casa Blanca en la que hay una réplica del despacho Oval», por lo que le ha recomendado «que vaya allí a hacerse una foto» para que «los españoles veamos, al menos, que ha pasado por un sitio por el que le han atendido».

«PEDRO SÁNCHEZ DA POR PERDIDA LA REGIÓN»

Ha valorado que una de las consecuencias del cambio de Gobierno es que «Pedro Sánchez ha dado por perdida la Región» porque «sabe que no tiene nada que hacer aquí: nos ha atacado con el trasvase; nos intentando subir los impuestos; ha olvidado absolutamente el Mar Menor; nos ha ninguneado en los PGE y en materia de infraestructuras».

García Egea ha destacado que en la Región «hay partido y hay gobierno». «Más allá de un eslogan, es una declaración política, porque significa que el partido es el depositario de nuestros principios y de nuestros valores, y es la correa de transmisión entre los que confían en nosotros y los que aplican ese programa». Por tanto, señala que «si no tenemos un partido que sea capaz de aglutinar a una mayoría de españoles entre los ciudadanos y la acción de gobierno, tenemos un problema».

«Otros no tienen partido y, por tanto, están empezando a perder el Gobierno y eso les pone muy nerviosos», según García Egea, quien ha remarcado que Pedro Sánchez «no tiene un partido, sino una corte de aduladores que le dice a todo que sí, y al que le lleva la contraria lo manda al cuarto oscuro, como ha pasado con Ábalos y su equipo más cercano».

Ha ensalzado a José Ballesta, que «ha sido injustamente tratado por sus socios de Gobierno» y «demuestra que, o el PP tiene un peso específico en sus gobiernos, o no sabemos lo que puede pasar».

ALMEIDA: «EN MURCIA EMPEZÓ TODO»

Durante su intervención, Almeida ha saludado también «muy especialmente» a Ballesta, a quien ha presentado como «ejemplo de servidor público» que «ha sido víctima de las intrigas entre el PSOE y Cs», aunque cree que los ciudadanos del municipio de Murcia «ya sabían que tenían un extraordinario alcalde».

Ha señalado que el logo de la Escuela de Verano del PPRM «es muy acertadamente una ola: porque la ola del cambio de ciclo político empezó precisamente aquí y os tenemos que estar muy agradecidos todos los españoles» tras esa moción de censura «tramposa con el efecto ‘Teo’ y con López Miras a la cabeza».

«Hicisteis que luego en Madrid, el PP sumara más escaños que toda la izquierda junta y que todos los españoles se dieran cuenta de que el Gobierno de Pedro Sánchez está completamente en el tiempo de descuento», ha señalado Almeida.

«Con Casado en la Presidencia del Gobierno, los murcianos pueden tener la seguridad de que no habrá cambalaches con el agua, sino que se garantizará la suficiencia hídrica», ha destacado Almeida, quien no se ha mostrado partidario de leyes de memoria democrática, sino de que «el aeropuerto de Murcia lleve el nombre de Juan de la Cierva» y de que «se deje de señalar entre buenos y malos».

Ha recordado que el ministro de Presidencia, Félix Bolaños, decía que esta ley iba a evitar que se repita la Guerra Civil. Al contrario, Almeida ha afirmado que «lo que evita que se repita la Guerra civil es la Constitución de 1978». A su juicio, «lo preocupante es que tenemos un Gobierno de España más atento a reabrir las heridas que cerraron nuestros abuelos que a buscar el mejor futuro de los españoles».

«Que un presidente vaya a Estados Unidos y la única repercusión pública es que le comparen por su físico con Superman es un drama para España», según Almeida, quien se pregunta por qué Sánchez «no pisa las calles de España», y cree que no lo hace «porque no puede engañar a nadie más».

Ha recordado que «el CIS de Tezanos» dio una ventaja de 5 puntos al PSOE, y cree que lo deben «ver muy mal» porque si las cosas le van tan bien, no sabe «por qué tienen que cambiar el Gobierno».

«UN PARTIDO FUERTE»

Finalmente, López Miras ha explicado que la Escuela de Verano ha servido para hacer «más partido». De hecho, ha señalado que la Región tiene un Gobierno «de libertad» gracias a que «había un partido fuerte» y a que tiene un secretario general del PP que es de la Región.

«Gracias a eso, en la Región se inició el cambio de tendencia que va a llevar a Pablo Casado a la Moncloa; y gracias a eso, en el Ayuntamiento de Murcia dentro de dos años volveremos a retomar esa Alcaldía dentro de dos años con mayoría absoluta», según López Miras, quien ha indicado que «quedan dos años para explicarles a los murcianos qué es lo que queremos hacer».

«Tenemos dos años para explicar a los murcianos por qué necesitamos infraestructuras que ya estaban paradas con un secretario de Estado que era de la Región: imaginad ahora sin nadie de la Región en el Gobierno de España», según López Miras, quien ha aseverado que «ese es el peso que tiene la Comunidad de Murcia para Sánchez».

Fundación Unicaja y la Agrupación Nacional de Legionarios de Honor han dado a conocer el ganador del II Premio Nacional de Periodismo José Ortega Munilla que ha recaído sobre Emilio Domínguez Díaz, licenciado en Filología Inglesa por la Universidad Complutense de Madrid, por su trabajo titulado ‘Legión centenaria, Legión futura’, publicado en ‘El Confidencial Digital’ el día 29 de abril de 2021.

El jurado ha valorado este trabajo por su «acertado contenido, por su divulgación mediática y por su composición literaria», destacando su capacidad para analizar «las circunstancias cambiantes de todo un siglo de existencia de la Legión y la dificultad de cumplir cien años en los convulsos tiempos que vivimos, realizando una comparación magistral entre la Legión del siglo XXI y la inicial».

Asimismo, el jurado de este Premio ha decidido conceder dos accésits; el primero, a Antonio Ruiz Benítez, por su extenso y detallado trabajo publicado en el número extraordinario de la ‘Revista de Historia Militar’ el 26 de octubre de 2020, bajo el título ‘La Legión en las Misiones Internacionales’; y el segundo a Eduardo López Aranda por su artículo ‘La Legión siglo XXI, breve reflexión’, publicado en el periódico ‘El Faro de Ceuta’, con fecha 17 de abril de 2021.

Este certamen, que toma el nombre del académico y periodista José Ortega Munilla –padre de José Ortega y Gasset–, tiene como uno de sus objetivos el reconocimiento de la historia y la cultura militar, reflejado en la divulgación de la labor del Ejército, y está dotado con un único premio de 10.000 euros, han recordado desde la Fundación en un comunicado.

En esta segunda edición el jurado, presidido por Pedro Luis Gómez y vicepresidido por Elías de Mateo, ha estado compuesto por el general, y ganador de la I edición del Premio, Antonio Esteban, como vocal militar; Antonio Roche, como vocal miembro de la Asociación de la Prensa de Málaga; Álvaro Mendiola, por la Academia de Bellas Artes de San Telmo; Francisco Fernández Verni, presidente de la Agrupación Nacional de Legionarios de Honor «José Ortega Munilla»; y Cristina Rico, directora de Comunicación de la Fundación Unicaja.

TRES PREMIOS ESPECIALES

Con motivo de la celebración este año del Centenario de La Legión, se ha decidido conceder tres reconocimientos adicionales: una Mención Honorifica al fomento de la participación, un Premio Especial a la Excelencia Periodística y un Premio Extraordinario Ad Honoren de Humanidades.

Así, la Mención honorífica se ha concedido a la Comandancia General de Ceuta, por su extraordinaria implicación en el fomento de la participación en esta segunda edición y, por ende, en la divulgación de la historia y valores de la Legión.

El Premio Especial a la Excelencia Periodística se ha otorgado al periodista y académico Luis del Olmo, por su trayectoria profesional y por su contribución al fomento de la cultura de defensa poniendo en valor la labor realizada por las Fuerzas Armadas, en general, y por la Legión, en particular.

Asimismo, el Premio Extraordinario Ad Honoren de Humanidades se ha dispensado a su eminencia el cardenal Carlos Amigo Vallejo, O.F.M., por su contribución a la difusión de los valores humanos legionarios. La vinculación del cardenal Amigo Vallejo con la Confraternidad de Hermandades Españolas Cristianas y Legionarias, y las ponencias por él pronunciadas en sus encuentros constituyen referencias relevantes y extraordinarias en pro del reconocimiento y divulgación de los mismos valores humanos que constituyen la esencia del ‘Credo Legionario’.

A esta segunda edición del certamen, organizado por la Agrupación Nacional de Legionarios de Honor y patrocinado por la Fundación Unicaja, han concurrido 29 trabajos periodísticos escritos y publicados en diferentes medios de comunicación entre el 1 de enero de 2020 y el 30 de abril de 2021, tal y como se recogía en las bases del concurso.

La Audiencia Provincial de Madrid ha decidido prorrogar la prisión provisional para César Román, el ‘Rey del Cachopo’, tras ser condenado a 15 años de cárcel por un delito de homicidio cometido en agosto de 2018 sobre su pareja Heidi Paz.

Según el auto, la Sala ha acordado prorrogar la situación de prisión provisional hasta el límite de la mitad de la pena impuesta en la sentencia dictada. La defensa del acusado se había opuesto a la prórroga de la prisión ante la posibilidad de que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ordene la repetición del juicio.

La letrada de la defensa Ana Isabel Peña ha anunciado que va a recurrir esta decisión ya que ha asegurado que durante el procedimiento «se han ido violando todos y cada uno de sus derechos fundamentales».

«No esperábamos otra resolución que no fuera en este sentido, aún conociendo que no corresponde la ampliación de la prórroga a la mitad de la pena porque no se da ninguno de los requisitos establecidos por la ley. Solo quieren asegurarse que César continúe en prisión hasta que se repita el juicio tras ser anulado, todo ello si puede repetirse», ha informado la abogada en un comunicado.

En la misma línea, ha asegurado que este auto «solo obedece al temor de que al repetirse el juicio en caso se declararse la nulidad del mismo, César continúe en la cárcel hasta que se repita el juicio, si es que se puede repetir».

Desde la defensa han asegurado que «siempre han sabido» que no se le han puesto «las cosas fáciles» al implicado y que se han visto obligados a «utilizar todos los medios legales para que se vea la verdad, la inocencia de César Román». «Estamos preparadas para seguir luchando contra todas las resoluciones que van a seguir llegando en el mismo sentido», ha apuntado.

DELITO DE PROFANACIÓN DE CADÁVER

La condena se impone después de que el jurado popular que enjuició los hechos le declarase culpable de la muerte de la joven hondureña de 25 años. Los miembros del jurado le declararon culpable también de un delito de profanación de cadáver, lo que no ha sido contemplado por el tribunal.

En una sentencia, los magistrados de la Sección 26 penan al ‘Rey del Cachopo’ por homicidio, con las agravantes de parentesco y razón de género. Además, se le imponen cinco años de libertad vigilada una vez que sea excarcelado.

Los magistrados consideran que los hechos juzgados constituyen un delito de homicidio al haberse ocasionado con forma intencionada la muerte de la joven, a quien mató la madrugada del 5 de agosto de 2018 en el piso que había alquilado César poco antes en la calle López Grass del distrito de Vallecas.

La sentencia señala que el descuartizamiento se produce para encubrir su propia conducta homicida, por lo que el delito de homicidio lo absorbe y lo tiene como agravante para la pena en su grado máximo.

El torso de Heidi Paz se halló en el interior de una maleta que se localizó el 13 de agosto de 2018 en la nave que César alquiló poco antes para ubicar su sexta sidrería. La principal prueba de cargo en el juicio fueron las huellas con AND del empresario localizadas en la maleta y en los botes de sosa cáustica empleados para rociar el cadáver.

El acusado defendió en la vista oral que la que fuera su pareja bien estaba viva en Honduras o bien habría acabado con ella una supuesta banda organizada de ‘vuelcos’ de drogas, una tesis negada por los investigadores del Grupo VI de Homicidios.

La sentencia considera probado que el crimen se cometió en la madrugada del 5 de agosto de 20018 después de que la chica acudiera al piso de César en Vallecas tras celebrar un cumpleaños con unos amigos.

El ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha asegurado este viernes que la crisis migratoria que sufrió Canarias en 2020 ha servido para dotarse de infraestructuras «más sólidas» con las que poder hacer frente a cualquier otra de carácter «extraordinario, excepcional».

Marlaska ha apuntado que esta crisis, a la que consideró se respondió con una «solvencia muy razonable», también ha hecho que se incremente el número de agentes en la lucha contra las redes ilegales de «una forma decidida», así como en la valoración de todo el fenómeno para hacerle frente.

Así se ha pronunciado el ministro de Interior, a preguntas de los periodistas, tras asistir al acto de inauguración de la nueva comisaría Distrito Centro de la Policía Nacional en Las Palmas de Gran Canaria, donde ha puesto en valor el trabajo realizado por los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado durante la pandemia del Covid-19 y durante la crisis migratoria sufrida por el archipiélago.

El ministro ha aprovechado su visita a la capital grancanaria para visitar el centro de migrantes de Barranco Seco, gestionado por Policía Nacional, apuntando que ha podido comprobar que hay unas infraestructuras «dignas de un Estado fuerte, sólido como es España».

Aprovechó, además, para destacar la «importancia» de dotarles de los medios materiales necesarios para dignificar su trabajo –el de la policía– y la situación de los migrantes.

En cuanto a las derivaciones, dijo que la política migratoria «no» depende de circunstancias «fragmentadas», sino que deben de analizarse y responder con políticas «de conjunto». Se trata, agregó, de hacer políticas de retorno de personas que no tienen derecho a la protección internacional, garantizar la protección internacional a quienes lo necesiten, mientras que se harán las derivaciones de las personas que «sean necesario y preciso.

VALLA DE MELILLA

Por otro lado, en relación a la mejora de la valla de Melilla, tras haberla saltado esta semana más de 200 inmigrantes subsaharianos, ha apuntado que tanto en la de Melilla como en la de Ceuta se «ha hecho una labor de reparación, de reestructuración importante» durante los dos últimos años.

En concreto, ha indicado que se ha invertido 12 millones de euros. De todos modos, ha reconocido que en la valla de Melilla «todavía queda una zona por conjugar esa reestructuración, que se hará próximamente, y está elaborado el oportuno proyecto».

En este sentido, al ser cuestionado por la relación con Marruecos, ha afirmado que es un «socio extraordinario, excepcional, importante», asegurando que España tiene una relación de amistad «consolidada en el tiempo» con el país alauí, agregando que la relación para garantizar la cooperación y la seguridad es «importante y relevante».

COMISARÍA

Finalmente, sobre la inauguración de la comisaría de Distrito Centro de la Policía Nacional ha mostrado su «especial satisfacción» por ello porque se avanza en la mejora de las infraestructuras y se aporta un espacio «más cercano» a la ciudadanía.

El ministro de Interior reconoció el trabajo de los agentes y expuso que en el caso de esta comisaría ha aumentado «su eficacia en tres puntos porcentuales» en el primer semestre del año, mientras que el conjunto de Canarias está «por encima del 7 por ciento».

La nueva comisaría, de 3.000 metros cuadrados, está construida en una parcela de 4.000 metros cuadrados, y tiene cuatro plantas. Se trata, dijo, de una instalación moderna, apuntando que «invertir en seguridad es mejorar la seguridad de todos y es invertir en libertades».

Esta comisaría, añadió, entra dentro del plan de infraestructura impulsado por el Ministerio en 2019, que prevé una inversión de 600 millones de euros hasta 2025, y que también contempla una nueva comisaría en Puerto del Rosario (Fuerteventura).

El líder de Cs en Cataluña, Carlos Carrizosa, ha presentado una denuncia ante Fiscalía contra la Junta de Gobierno del Instituto Catalán de Finanzas (ICF) y contra el Govern, por los avales a favor de los investigados ante el Tribunal de Cuentas, que considera una «absoluta ilegalidad».

En declaraciones a los periodistas este viernes ante la Fiscalía Superior de Cataluña, ha reprochado al ICF de hacer un «absoluto desprecio a sus funciones, que es ayudar a empresarios y autónomos» en vez de destinar dinero público a cubrir las fianzas impuestas por el Tribunal de Cuentas, según él.

También ha criticado al ICF por disponer de dinero para estas cuestiones pero que «no haya dinero para cubrir las necesidades del 23% de personas al borde de la pobreza» en Cataluña.

También ha exigido la comparecencia en el Parlament del director de la Junta de Gobierno del ICF, Albert Castellanos, después de que el miércoles pidieran también la comparecencia del consejero delegado del ICF, Víctor Guardiola.

Sobre Castellanos, Carrizosa ha recordado su relación con ERC –fue el secretario general de Vicepresidencia y de Economía y Hacienda la pasada legislatura– y ha criticado por eso al líder de ERC, Oriol Junqueras: «Junqueras, uno de los afectados, ha puesto (en el ICF) a uno de sus subordinados para que le dé el dinero a él y a los otros imputados».

GOVERN «COOPERADOR NECESARIO»

Respecto a la denuncia a los miembros del Govern, lo ha acusado de ser «cooperador necesario» de este aval del ICF, por aprobar el decreto 15/2021 de creación de un fondo de 10 millones de euros para cubrir las fianzas del Tribunal de Cuentas.

En el texto de la denuncia, Cs ha reprochado a los actuales miembros del Govern promulgar ese decreto «a sabiendas de su manifiesta ilegalidad e inconstitucionalidad».

Por último, el líder naranja ha exigido al Gobierno de Pedro Sánchez y al PSC, que «tomen las medidas pertinentes» para evitar que estos hechos se sigan produciendo en Cataluña.

España ha votado en contra de incluir la Gran Barrera de Coral de Australia en la Lista de Lugares ‘En Peligro’ del Comité del Patrimonio Mundial de la UNESCO que se celebra en Fuzhou, lo que podría retrasar la implantación de medidas para su protección.

El voto de España ha sido criticado por numerosas voces de las ONG internacionales y ha causado sorpresa al situarse junto a países menos progresistas en la protección del medio ambiente, y en particular de áreas marinas.

El secretario general de WWF España, Juan Carlos del Olmo, ha calificado de «injustificable» la decisión con la que «la diplomacia española se ha lucido» en la UNESCO porque el voto contrario español supondrá un retraso en las medidas para salvar la Gran Barrera de Coral.

El científico y director general de Climate Analytics, Bill Hare, ha calificado de «chocante» que un país «sofisticado como España, un líder climático emergente, se haya dejado manipular por la campaña de Australia».

Pero avisa al Gobierno australiano de que «tarde o temprano» esto se volverá en contra del Ejecutivo de Morrison. «Es una victoria pírrica y a medida que los países se den cuenta de cómo fueron manipulados y que el caso de Australia se construyó sobre nada más que falsas capturas y medias verdades, en febrero del próximo año (la fecha límite acordada para un proceso de evaluación) el Gobierno estará en la misma posición de defender lo indefendible».

En ese sentido, lamenta que entonces «el arrecife correrá el mismo peligro o más que ahora». Para Hare, el alcance global de la «campaña de desinformación» de Australia sobre su «gran acción climática es evidente» este viernes.

En larga trayectoria profesional, pocas veces he visto una socavación tan descarada de un proceso de evaluación científica internacional, dirigido por un gobierno al más alto nivel», ha apostillado el científico que acusa directamente a Australia de «manipular» a los miembros del Comité del Patrimonio Mundial para bloquear la evaluación con base científica de que la Gran Barrera de Coral está en peligro por el cambio climático y de «mentir» a los países sobre su «terrible actuación» en materia de clima.

«No puede haber otra explicación para la forma en que los falsos argumentos climáticos del gobierno de Morrison salieron de la boca de muchos delegados de países», asegura.

Respecto a la votación, ha añadido que se ha producido en el Comité del Patrimonio Mundial un proceso «manipulado por falsedades sobre la política climática de Australia» y de «medias verdades» sobre la Gran Barrera de Coral.

Así, advierte de que «no es un buen augurio» para la COP26 este «rechazo claro, intencionado y frontal del asesoramiento científico sobre el peligro que corre el arrecife por el cambio climático».

El Pleno Tribunal Constitucional (TC) ha acordado de forma unánime (TC) vigencia del apartado de la Ley de Salud de Galicia que contemplaba la vacunación obligatoria de la población, y señala que puede suponer una «intervención corporal coactiva» ajena a la voluntad de los ciudadanos, según ha informado este viernes el órgano de garantías.

Sin esperar a agotar el plazo de los cinco meses máximos de suspensión que puede imponer el TC antes de revisar la medida, se levanta sin embargo el veto que pesaba de forma cautelar sobre otros preceptos que habían sido también recurridos por el Gobierno, como los que permiten a la Xunta ordenar cofinamientos y cuarentenas.

El artículo que sigue en suspenso mientras se resuelve sobre el fondo es el número 5 del artículo 38.2 b) de la Ley que faculta a las autoridades sanitarias autonómicas a imponer la vacunaciónobligatoria a la ciudadanía gallega, a fin de controlar las enfermedades infecciosas transmisibles –cualquiera, no sólo el covid-19– en situaciones de grave riesgo para la salud pública.

El auto, cuyo ponente ha sido el magistrado Andrés Ollero, razona que la vacunación obligatoria no es una medida preventiva que aparezca expresamente contemplada en la Ley Orgánica 3/1986, de medidas especiales en materia de salud pública, y supone una intervención corporal coactiva y practicada al margen de la voluntad del ciudadano, que ha de someterse a la vacunación si se adopta esta medida, so pena de poder ser sancionado, en caso de negativa injustificada a vacunarse.

Razona que la obligación mencionada en el precepto que obligatoria, que supone una interferencia en las personas que afecta directamente al derecho garantizado por el artículo 15 de la Constitución.

Se trataría además de una medida irreversible y que se aparta de la actual Estrategia Nacional de Vacunación contra el COVID-19, acordada en el Consejo interterritorial del Sistema Nacional Salud, que establece la voluntariedad de la vacunación contra dicha enfermedad infecciosa.

El TC señala también sobre este punto que optar ahora por el levantamiento de la suspensión del precepto impugnado sería susceptible de provocar perjuicios ciertos y efectivos que pueden resultar irreparables o de difícil reparación, en la medida en que la vacunación puede imponerse en contra de la voluntad del ciudadano.

El artículo se mantenía ‘congelado’ desde el pasado mes de abril, cuando se admitió a trámite el recurso del Gobierno contra varios preceptos de un artículo en el que se incluía la obligatoriedad de la vacunación. Regula, textualmente, el «sometimiento a medidas profilácticas de prevención de la enfermedad, incluida la vacunación o inmunización, con información, en todo caso, de los posibles riesgos relacionados con la adopción o no adopción de estas medidas».

El Ejecutivo de Sánchez recurrió el pasado 30 de marzo al entender que ciertos puntos de esta norma deberían formar parte de una ley estatal y no autonómica y después de escuchar al Consejo de Estado, que avaló la presentación de recurso de inconstitucionalidad para el apartado cinco de la reforma de la ley sanitaria, el cual, a su vez, incluyó el nuevo artículo 38 de la normativa

Por el contrario, el Tribunal Constitucional sí levanta la suspensión que afecta al resto de lo dispuesto en el artículo 38.2 de dicha Ley. En este listado se incluyen medidas de control de las personas enfermas, cuando fuera procedente, como el aislamiento en domicilio, el internamiento en centro hospitalario o el aislamiento o internamiento en otro lugar adecuado para tal fin.

También el sometimiento de las personas enfermas a tratamiento adecuado y medidas de control de las personas que estén o hayan estado en contacto con las personas enfermas, como el sometimiento a una cuarentena en el domicilio o en otro lugar adecuado para tal fin.

QUÉ SE ENTIENDE POR CUARENTENA

A estos efectos, según la Ley gallega se entenderá por cuarentena la restricción de las actividades y la separación, de las demás personas que no están enfermas, de una persona respecto a la cual pueda tenerse razonablemente la sospecha de que estuvo o haya podido estar expuesta a un riesgo para la salud pública y sea una posible fuente de propagación adicional de enfermedades, de acuerdo con los principios científicos, las pruebas científicas o la información disponible.

El TC levanta también la suspensión que pesaba sobre el sometimiento a observación o a medidas de vigilancia del estado de salud, a examen médico o a pruebas diagnósticas de personas que presenten síntomas compatibles con la enfermedad transmisible de que se trate o de personas respecto a las cuales existan otros indicios objetivos de que puedan suponer un riesgo de transmisión de la enfermedad.

Igualmente se restablecen, hasta que exista sentencia sobre el fondo, las medidas de control del entorno inmediato de las personas enfermas o de las personas que estén o hayan estado en contacto con ellas, así como de las zonas afectadas. A estos efectos, se entenderá por zona afectada aquellos lugares geográficos en los cuales sean necesarias medidas sanitarias de control de la propagación de la enfermedad.

Respecto a todas ellas, el auto señala -al contrario de lo que opina la Abogacía del Estado, que solicitó mantener la suspensión de todos los preceptos-, que nada hay en el precepto impugnado que autorice a interpretar que se excluye la intervención judicial para el caso de que se adopten esas medidas que conlleven restricciones a los desplazamientos y agrupaciones de personas. «La eventual adopción de estas medidas preventivas y la ejecución de las mismas quedan en todo caso sujetas a los requisitos y límites que la Constitución impone», añade el auto.

En su recurso, el Gobierno entiende que ciertos puntos de esta norma deberían formar parte de una ley estatal y no autonómica y después de escuchar al Consejo de Estado, que avaló la presentación de recurso de inconstitucionalidad para el apartado cinco de la reforma de la ley sanitaria, el cual, a su vez, incluyó el nuevo artículo 38 de la normativa.

El pleno del Consell ha ratificado este viernes la I Estrategia Valenciana contra las Violencias Sexuales, con la que pretende dotarse de un instrumento trasversal que permita erradicar este tipo de agresiones, atender a las mujeres supervivientes y establecer mecanismos de prevención. Es el primer documento de estas características en la Comunitat e incluye 183 medidas autonómicas.

«Las violencias sexuales son un problema social global de primer orden, arraigado en un sistema sociocultural patriarcal y machista que opera a través del poder, el sometimiento y el control de sus cuerpos, sexualidad y vida», ha recordado la vicepresidenta y consellera de Igualdad, Mónica Oltra, en su comparecencia semanal como portavoz de gobierno.

La estrategia es fruto de un grupo de trabajo de la comisión de seguimiento del pacto valenciano contra la violencia machista, junto con aportaciones de entidades sociales especializadas en el ámbito de las violencias sexuales y de todas las consellerias dentro de sus competencias.

En concreto, cuenta con tres ejes que se estructuran en diez ámbitos, 53 objetivos y 183 medidas con las que se pretende unir esfuerzos, coordinar y reforzar las estructuras existentes de atención integral a la víctima, además de activar mecanismos de prevención, detección y derivación al recurso asistencial adecuado.

El 60,5% de las mujeres de entre 16 y 24 años afirman haber sufrido algún tipo de agresión sexual, mientras que el 81,2% de las violaciones se producen por hombres que la víctima conoce, según la última macroencuesta de violencia contra la mujer, de 2019, realizada por la Delegación de Gobierno contra la Violencia de Género.

Ante estas cifras, la estrategia pretende trabajar con las mujeres víctimas de las violencias sexuales para que devengan supervivientes, a través de medidas de intervención, acompañamiento y recuperación, en casos de las diferentes manifestaciones de violencias sexuales, como el acoso, los abusos y las agresiones sexuales, la mutilación genital femenina o la explotación sexual.

Incluye el desarrollo de un programa de atención e itinerarios de acompañamiento y alternativa sociolaboral y residencial para mujeres prostituidas. Esto se suma a la puesta en marcha, a través de la renta valenciana de inclusión, de una prestación para las mujeres que se comprometan a un itinerario de inclusión social que incluya salir de la prostitución.

EDUCACIÓN AFECTIVO-SEXUAL OBLIGATORIA DESDE 6 AÑOS

También hay medidas de información, sensibilización y prevención para tratar las violencias sexuales como una problemática estructural y social, donde la educación constituye una herramienta esencial para deconstruir y atacar las actitudes que la fomentan.

Bajo este prisma, una de las medidas es introducir la educación afectivo-sexual obligatoria en el currículum de todas las etapas educativas, a partir de los seis años. La Conselleria de Educación trabajará en la implantación de esta asignatura y en la elaboración de sus materiales, ha avanzado la vicepresidenta.

En materia de prevención, la estrategia aborda la necesidad de trabajar en medidas educativas y de sensibilización en el ámbito de la educación no formal y en otros como el sociolaboral, el afectivo, el laboral o el espacio público.

La investigación, la formación y la detección serán otros de los aspectos que se trabajen para disponer de datos, instrumentos y profesionales capacitadas para identificar y detectar los signos de alarma.

OLTRA NIEGA FALTA DE CONSENSO

En la rueda de prensa, preguntada por las divergencias de entidades y partidos en la elaboración de la estrategia, Oltra ha destacado que en la reunión preparatoria de este miércoles participaron telemáticamente representantes de 54 entidades entre las 65 que componen el pacto.

«¿Si no vienen a las reuniones, cómo vamos a conseguir el consenso? (…) No tengo una güija para crear el consenso», ha añadido en relación a las críticas de la oposición, dejando claro que «quien calla, otorga».

La vicepresidenta también ha explicado que la estrategia se ha presentado como habitualmente en el pleno del Consell, al igual que las de migraciones o el pueblo gitano, y ha habido un asentimiento general con lo que se ha dado por aceptada.

Lo importante, a su juicio, es que es la primera vez que el gobierno valenciano implanta esta herramienta para acabar con «los aterradores porcentajes de mujeres que han sufrido algún tipo de violencia». Ha confiado en que permitirá dar respuesta a esta «necesidad social», actualizar indicadores para mejorar la protección y caminar hacia «un cambio de paradigma alejado de esquemas patriarcales y machistas».

El incendio del Vedado de Eguaras, en el parque natural de Bardenas Reales, está ya estabilizado, aunque todavía no se puede dar por controlado. Se prevé poder extinguirlo en las próximas horas, si las condiciones climatológicas lo permiten.

Así se lo ha transmitido el personal del Servicio de Bomberos de Navarra a la presidenta del Gobierno de Navarra, María Chivite, que ha visitado este viernes la zona afectada por el fuego.

Acompañada por el vicepresidente Javier Remírez y el presidente de Bardenas Reales, José María Agramonte, la presidenta ha lamentado las consecuencias del incendio y, a la espera de las estimaciones definitivas, ha adelantado que el fuego podría haber afectado al 80-90% de la reserva del Vedado de Eguaras.

El incendio, que se inició el martes por la tarde en un campo de cereal, ha afectado al arbolado del Vedado de Eguaras, especialmente en sus cotas más bajas donde está casi completamente quemado, aunque con diferente grado de intensidad ya que la elevada velocidad de propagación hizo que en determinados puntos los daños fueran superficiales.

Por esa razón no es posible determinar la superficie incendiada. En cualquier caso el daño medioambiental es muy elevado al tratarse de una zona de alto valor ecológico, ha informado el Gobierno navarro en un comunicado.

El director del Servicio de Protección Civil y Emergencias, José Javier Boulandier, y el director del Servicio de Bomberos de Navarra, Francisco Javier Baldanta, han recibido a la presidenta en el Puesto de Mando Avanzado, donde le han detallado, mediante imágenes aéreas, dónde se originó el fuego, los frentes que ha tenido durante estos días y cómo ha sido el desarrollo del incendio.

Chivite ha agradecido personalmente el esfuerzo y dedicación del personal del Gobierno de Navarra y de los equipos llegados del Gobierno de Aragón y del Gobierno central, así como la implicación de la población de los municipios limítrofes, que han colaborado en el control de fuego con su maquinaria agrícola.

«Bomberos, forestales y personas voluntarias, agricultores, que han venido a echar una mano… quiero agradecer a todos el esfuerzo y la buena coordinación de todos los equipos», ha destacado la jefa del Ejecutivo foral.

RIESGO DE REBROTES

No obstante, María Chivite ha pedido también «prudencia», porque el fuego, aunque está estabilizado, no está completamente controlado. «Los equipos tienen que seguir trabajando», ha recalcado, sobre todo, ante las condiciones climatológicas adversas que se prevén para este viernes.

El incendio pudo ser estabilizado en el día de ayer, con el establecimiento de un perímetro que no se ha rebasado. No obstante, las condiciones meteorológicas serán determinantes para conseguir controlar por completo el fuego. De hecho, para primeras horas de la tarde de hoy se esperan vientos fuertes del suroeste, con rachas de hasta 51 km/h, muy cálidos y extremadamente secos, con lo que la humedad caerá hasta el 6%.

La situación variará de nuevo en torno a las ocho de la tarde, cuando el viento girará y soplará de norte, más fresco y húmedo, pero en dirección a zonas que no se han quemado lo que supone un riesgo añadido. Todo ello hace que cualquier rebrote pueda descontrolarse con unas consecuencias imprevisibles, han advertido desde el Ejecutivo foral.

Ante esta situación, la presidenta no ha querido perder la oportunidad de trasladar a la ciudadanía la importancia de «redoblar esfuerzos para evitar acciones que podrían desembocar en situaciones como ésta».

Los responsables del operativo de extinción han realizado un vuelo de reconocimiento a primeras horas de esta mañana y han decidido mantener en el lugar dotaciones forestales y personal de los parques de Tafalla, Sangüesa, Lodosa y Tudela, además de dos Brigadas Helitransportadas contra Incendios Forestales (BHIF) con sus helicópteros.

Asimismo, permanece en el lugar personal del Guarderío Forestal del Gobierno de Navarra. Cuentan con el apoyo de un bulldozer y vecinos de Valtierra con tractores, que realizan labores de desbroce y cortafuegos, y de voluntarios de Cruz Roja, que prestan labores de avituallamiento e intendencia.

El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha confirmado la sentencia que condenó a Ana María B.L., de 38 años, a la pena de prisión permanente revisable por el asesinar a su hijo Sergio, de siete años, en 2019 en Huércal de Almería.

La sentencia del Alto Tribunal desestima íntegramente los recursos de apelación interpuestos por la acusada, por la acusación particular y por el Ministerio fiscal, que mantuvo de acuerdo al informe de los forenses del Instituto de Medicina Legal (IML) que la acusada actuó con sus capacidades mermadas por un brote psicótico.

Ana María B.L. fue condenado a la pena de prisión permanente revisable con la agravante de parentesco y la atenuante de confesión por asesinato y como autora de un delito de lesiones psíquicas con el agravante de parentesco con respecto al padre del menor ,a tres años de prisión y como autora de un delito de atentado a la autoridad, ya que opuso resistencia a la detención, a la pena de un año y seis meses de prisión.

La defensa recurrió la sentencia de la Audiencia Provincial de Almería al considerar que el jurado había valorado «erróneamente» la alteración mental de la acusada con incidencia sobre la capacidad de querer y entender.

El jurado descartó por unanimidad, dando por válido un informe de parte, que la acusada presentara en el momento de cometer los hechos un trastorno psicótico agudo y transitorio que le produjo una grave alteración o, al menos, una alteración leve y parcial de sus facultades volitivas e intelectivas.

En este sentido, la sentencia del TSJA indica que el jurado «no ha orillado o ignorado ninguna de las pruebas decisivas sobre esa cuestión, y optó por una de las dos alternativas que se defendieron en el juicio oral, lo que no es sino el ejercicio de su competencia en la valoración de la prueba».

«No hay falta de motivación, ni tampoco se aprecia error en la prueba, por cuanto cada una de las periciales exponía de modo dialéctico y contradictorio las dos versiones, y ninguna de ellas puede calificarse como claramente irrazonable», concluye

La defensa apeló también por no haberse apreciado la circunstancia atenuante de reparación del daño, al defender que intentó auxiliar a la víctima llevándola al hospital.

Pero según la sala, el motivo es «manifiestamente improsperable», puesto que «el daño de la muerte no es reparable en un hospital» y porque «si su objetivo al introducir a la víctima en el automóvil era auxiliarlo por creerlo aún vivo, no se entiende su resistencia a la intervención de la fuerza policial que la interceptó: lo coherente con ese objetivo habría sido pedir ayuda policial para llevar a la víctima al hospital».

Respecto a los recursos de apelación de la acusación particular y del Ministerio Fiscal, denunciando la aplicación indebida de la atenuante analógica de confesión, también han sido desestimados, puesto que, «aunque no cumpliera el requisito temporal de confesión previa a que la investigación se dirigiera contra ella, lo cierto es que fue inmediata y completa, dando verazmente detalles sobre cómo sucedieron los hechos y colaborando por tanto en el esclarecimiento de los hechos según apreció el jurado».

La sentencia dictada por la Sección Segunda explica que sobre las 9,00 horas del 10 de octubre de 2019 la acusada acabó con la vida de su hijo asfixiándolo cuando estaba tumbado en la cama en su casa de Huércal de Almería para después vestirlo, montarlo en el coche con ayuda de una vecina a la que engañó y dirigirse a Las Norias de Daza en El Ejido para requerir la ayuda de una conocida, si bien allí fue detenida después de que la Guardia Civil le diera el alto en «reiteradas ocasiones» y tratara de «atropellar» a los agentes.

El jurado rechazó que la acusada actuara con sus capacidades mentales mermadas, tal y como defendían la Fiscalía y la defensa de Ana María B.L., lo que habría atenuado la pena. Los jurados dedujeron que la acusada no tenía síntomas que «hicieran pensar que continuaba con el trastorno psicótico» que dio lugar a su ingreso hospitalario, ya que el informe de alta hacía constar que la mujer se encontraba «consciente, orientada, con discurso fluido y coherente» con «un buen contacto interpersonal» estando «tranquila y colaboradora».

Asimismo, los psiquiatras de parte, que elaboraron su informe a partir de «una documentación médica que se le dio» sin que llegaran a explorarla, señalaron que el trastorno psicótico agudo y transitorio «no es una enfermedad permanente, se cura y desaparece, no es algo crónico, no afecta a la capacidad volitiva o intelectiva».

Junto a este aspecto, los miembros del jurado también se refirieron la declaración de los guardias civiles que detuvieron a la acusada, quienes manifestaron en sala que la acusada «estaba normal y conocía sus derechos antes de leérselos».

El Tribunal Supremo ha elevado una cuestión prejudicial al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) sobre el comienzo del plazo de prescripción para que los consumidores reclamen las cantidades pagadas como consecuencia de una cláusula nula sobre gastos hipotecarios, al entender que las opciones de las que dispone suscitan dudas sobre su compatibilidad con el Derecho de la Unión Europea.

Estaba previsto que el Tribunal Supremo decidiese el pasado 23 de junio sobre cuál es el plazo para poder reclamar la devolución de los gastos hipotecarios, un fallo que permitiría saber el periodo de tiempo con el que cuentan los hipotecados para iniciar sus reclamaciones de gastos de formalización de las hipotecas.

Sin embargo, acordó, por unanimidad, abrir el trámite de audiencia a las partes, previo al posible planteamiento de una cuestión prejudicial ante el TJUE.

En el Pleno de este jueves, la Sala Primera del Tribunal Supremo decidió plantear dicha cuestión prejudicial sobre el comienzo del plazo de prescripción de la acción de restitución de las cantidades pagadas por el consumidor como consecuencia de una cláusula nula sobre gastos hipotecarios.

El auto ha sido notificado este viernes a las partes y pone de manifiesto que, según la «jurisprudencia constante» del TJUE, los Estados miembros deben, al aplicar el Derecho de la Unión, respetar los principios generales de ese ordenamiento, entre los que se encuentran el principio de seguridad jurídica y el de protección de la confianza legítima.

El Tribunal Supremo ha señalado que las opciones de las que se dispone para fijar el plazo de prescripción para reclamar los gastos hipotecarios generan dudas de compatibilidad con el Derecho de la Unión Europea.

Por un lado, recuerda que diversos pronunciamientos del TJUE descartan que el día inicial del plazo de prescripción de este tipo de acciones sea el día de celebración del contrato o la fecha en la en que se hicieron los pagos indebidos.

Esto deja, a su parecer, dos opciones: que el día inicial del plazo de prescripción sea el de la sentencia que declara la nulidad de la cláusula o que sea la fecha de las sentencias del Supremo que fijaron doctrina jurisprudencial sobre los efectos restitutorios o la fecha de las sentencias del TJUE que declararon que la acción de restitución podía estar sujeta a un plazo de prescripción.

En opinión del Supremo, determinar que el día inicial del plazo de prescripción sea el de la sentencia que declara la nulidad de la cláusula podría ser contrario al principio de seguridad jurídica, pues en la práctica convierte la acción de restitución en «imprescriptible», ya que en el Derecho interno la acción de nulidad no prescribe, por tratarse de una nulidad absoluta.

Además, el Supremo pone de manifiesto que el principio de seguridad jurídica se podría ver gravemente comprometido si se diera lugar a reclamaciones relativas a contratos consumados y extinguidos desde hace décadas.

En cuanto a la segunda opción, que el día inicial sea la fecha de las sentencias del Supremo que fijaron doctrina jurisprudencial sobre los efectos restitutorios (sentencias de 23 de enero de 2019) o la fecha de las sentencias del TJUE que declararon que la acción de restitución podía estar sujeta a un plazo de prescripción (sentencias TJUE de 9 de julio de 2020, Raiffeisen Bank, o de 16 de julio de 2020, Caixabank), el Supremo apunta que podría ser contrario al principio de efectividad.

«Este criterio, que no contradice la prescriptibilidad de la acción de restitución, plantea el problema de que puede ser contrario al principio de efectividad, por ser dudoso que un consumidor medio, razonablemente atento y perspicaz pueda ser conocedor de la jurisprudencia del Tribunal Supremo o del TJUE en la materia», reconoce el alto tribunal.

Son estas dudas de compatibilidad con el Derecho de la Unión Europea suscitadas por ambas opciones las que han llevado al Tribunal Supremo a plantear la cuestión prejudicial al TJUE.