El Juzgado de Primera Instancia número 46 de Madrid ha fijado el próximo 10 de marzo de 2021 como fecha clave en la disputa fraguada entre Andrea Orcel y Banco Santander en 2018, después de que este lunes se haya celebrado la vista previa del juicio y las partes no hayan alcanzado ningún acuerdo, según fuentes jurídicas.

De este modo, el próximo mes de marzo se iniciará el juicio civil por el fichaje frustrado del banquero italiano procedente de UBS, en el que será interrogada como parte la presidenta de Banco Santander, Ana Botín.

La promesa de Orcel de llevar al banco cántabro a los tribunales se ha oficializado ahora tras no alcanzar ningún acuerdo extrajudicial en la vista previa que ha tenido lugar en la mañana de este lunes.

El banquero italiano formalizó en julio de 2019 su ofensiva legal contra Banco Santander al presentar una demanda tras la cancelación por parte de la entidad de su contrato como consejero delegado.

En su escrito, Orcel reclamaba el cumplimiento de contrato por parte de Santander o, en caso contrario, daños y perjuicios por una cantidad próxima a los 112 millones de euros, incluyendo el sueldo que dejó de cobrar en UBS y el que podría haber percibido en Santander.

De su lado, el Santander esgrime que el contrato nunca se formalizó, al no darse las condiciones al que estaba supeditado, y que solo se trató de una carta con las condiciones de la oferta.

"El consejo del Santander sigue manteniendo que la decisión de no proceder con el nombramiento del señor Orcel fue la adecuada y se gestionó correctamente. La decisión corresponde ahora a los tribunales", han indicado fuentes del banco.

Para defenderse, el banco presidido por Ana Botín puso el caso en manos de su despacho de cabecera, Uría Menéndez. De su lado, Orcel contrató los servicios del bufete De Carlos Remón.

El consejo de administración de Santander decidió no seguir adelante con el nombramiento de Andrea Orcel como consejero delegado casi cuatro meses después de anunciarlo en septiembre de 2018 al considerar inasumible tener que hacer frente en su totalidad al bonus en diferido que se había comprometido a abonarle UBS cuando fue 'fichado' por la entidad cántabra y por pérdida de confianza.

La decisión adoptada a propuesta de las comisiones de nombramientos y retribuciones fue consecuencia de la modificación, tras las negociaciones mantenidas, de las bases sobre las cuales el consejo adoptó la decisión de designar a Orcel y la imposibilidad de que los costes de compensar a éste por sus remuneraciones pasadas excediesen los tenidos en cuenta al acordar el nombramiento.

El hecho de que Orcel grabara desde enero de 2019 conversaciones privadas con Botín sin conocimiento de la presidenta del banco ha sido calificado por la entidad como una prueba de dudosa calidad ética, impropia de alguien que aspiraba a convertirse en CEO del Santander.

La Generalitat valenciana, a través de la Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública, comenzará en breve a asignar los primeros códigos de la aplicación Radar Covid y a realizar pruebas de funcionamiento antes de lanzar la aplicación de forma generalizada.

Así lo ha indicado este lunes la titular de este departamento autonómico, Ana Barceló, que ha señalado que tras resolver "algunas cuestiones de carácter técnico" se ha procedido ya a descargar "los primeros cien códigos".

Barceló se ha pronunciado de este modo tras visitar junto al presidente de la Generalitat, Ximo Puig, y la delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Gloria Calero, la Unidad de Vigilancia Epidemiológica del Cuartel Militar Jaume I, preguntada por el estado de esta aplicación en este territorio y por la fecha en la que podría ponerse en marcha.

La responsable autonómica ha explicado que ha estado "trabajando con el Ministerio" de Sanidad "para resolver algunas cuestiones de carácter técnico relacionadas con el mensaje que debe de transmitirse a una persona" a la que con Radar Covid "le salta el código de que ha estado en contacto con alguna persona que ha dado positivo".

Ana Barceló, que ha resaltado que esta última "no es identificable", ha agregado que una vez resultas "todas esas cuestiones técnicas" se ha procedido ya a descargar "los primeros códigos, los primeros cien códigos", y ha afirmado que a partir de ahora se irán asignando.

"Vamos a empezar a asignarlos y vamos a ver durante unos días cómo funciona y cómo interfiere o completa todo el trabajo que se está llevando a cabo por parte de las personas que tienen encomendado el rastreo y el seguimiento de los contactos", ha manifestado la consellera.

Respecto a la fecha en la que podría estar operativa la aplicación, la titular de Sanidad Universal ha instado a esperar las pruebas y ha afirmado que cuando corresponda se comunicará la puesta en marcha.

"Vamos a esperar estos días de prueba y de asignación de códigos. En el momento en el que vayamos a dar ya el pistoletazo de salida, lo comunicaremos para que todo el mundo pueda bajarse la aplicación. Lo comunicaremos, sin lugar a dudas", ha expuesto Barceló.

Marea de Residencias ha recurrido ya la sentencia del Juzgado de Instrucción número 5 de Leganés, que hace un mes archivó una querella que familiares de residencias de este municipio presentaron en mayo contra la Comunidad de Madrid por su gestión en los geriátricos durante el pico de la pandemia de coronavirus, ha informado una portavoz de este colectivo.

Los motivos principales a los que se aduce la inadmisión son la falta indicios de criminalidad, y que se considera que los relatos de hechos de los querellantes se sustenten en indicios delictivos, entre otros motivos.

El Juzgado también indica que fallecimientos y contagios fueron causados por la pandemia y no por la actuación de los querellados, "dado que se trataba de un fenómeno novedoso del que poco o nada se sabía, y se sigue sin saber". Por ello, cualquier responsabilidad que existiera debería dirimirse en la jurisdicción civil o contencioso-administrativa.

Los abogados de la Marea de Residencias, tras valorar el Auto judicial, lo han recurrido ante la Audiencia Provincial de Madrid, con la intención de que previa estimación del mismo, ordene la admisión de la querella y la práctica de las diligencias que en la misma se contienen.

Entre otros motivos, los recurrentes alegan la vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva sin indefensión, "al imposibilitar a los querellantes iniciar una investigación judicial sobre el fallecimiento o contagio de sus familiares".

También que en la querella se describen "indicios sólidos de criminalidad", tanto en el proceder de la Administración autonómica, como de las residencias. "No estamos apuntando a una investigación prospectiva, como se dice en el auto", esgrimen los recurrentes, que aseguran que combatirá también el argumento de la jueza leganense de que como se trataba de una enfermedad nueva no se pueden derivar responsabilidades penales.

Marea de Residencias mantiene activa otra querella colectiva interpuesta ante el Juzgado número 39 de Madrid, que elevó el caso al Tribunal Supremo y este se lo devolvió para que comenzara la instrucción y diligencias previas. A este Juzgado se adherirán otras querellas particulares de familiares de residentes en la capital. También mantienen abierta otra causa similar en un Juzgado de Alcorcón, que les ha indicado que lo eleven al Tribunal Superior de Justicia de Madrid o al Supremo.

"MERAS CONJERURAS", SEGÚN EL JUZGADO DE LEGANÉS

El Juzgado leganense inadmitió hace casi un mes a trámite la querella presentada por once familias de cuatro residencias de la localidad al considerar que los hechos se basan en "meras conjeturas" y no son constitutivos de "ningún tipo de infracción penal".

Así consta en un auto, al que ha tenido acceso Europa Press, en el que el juez sostiene que el escrito judicial se basa "en subjetividades" y esgrime que el Covid-19 es "una enfermedad nueva de la que poco o nada se sabía en el mes de marzo.

La querella iba dirigida contra la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, cuatro directores de residencias de Leganés y el consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero. Se formuló por delitos de homicidio imprudentes, lesiones, omisión del deber de socorro, trato degradante y prevaricación.

El magistrado detalla que del relato de los hechos "no se deduce la existencia de indicios racionales de criminalidad", indicando que se describe "la dolosa situación por la que han atravesado once familias en relación a familiares suyos que han enfermado y en algunos casos fallecido" por la pandemia.

Así, expone que se pretende "englobar en una misma situación los casos de los once querellantes cuando el propio relato de la querella desprende la existencia de esenciales diferencias entre ellos". "Hasta en cuatro de los casos descritos no se habla ni de sintomatología compatible con dicha infección, ni menos aún de prueba de diagnóstico positiva de la misma", arguye.

Asimismo, reprocha que el relato fáctico sean "meras prospecciones de los querellantes, "no conteniendo inicio alguno en que basar sus sospechas de actuación irregular por parte de las residencias". Insiste en que se habla "de hipótesis" a lo largo de la querella y se extraen conclusiones de meras conjeturas y subjetividades".

En cuanto a los directores de los centros, el juez argumenta que en el contenido de la querella se alude a la actuación de la Comunidad de Madrid y "nada se dice respecto de las residencias" o de "una actuación negligente o culpable", sino que "más bien se las presenta como meras ejecutoras de las directrices" del Gobierno regional.

Y sobre el Ejecutivo liderado por Díaz Ayuso, se muestra en contra de los argumentos de los querellantes sobre una mala aplicación de los protocolos e insiste en que hay que tener en cuenta que se está ante "una enfermedad nueva de la que poco o nada se sabía en marzo".

La ministra de Asuntos Exteriores, UE y Cooperación, Arancha González Laya, ha afirmado este lunes que "si hay un espacio, por pequeño que sea", para que las elecciones parlamentarias en Venezuela puedan celebrarse "con condiciones democráticas, España lo apoyará".

Además, ha dejado claro que no está España quien fije cuáles son esas garantías democráticas, sino que estas tienen que salir de "un diálogo entre los venezolanos" que sería "útil impulsar".

Así lo ha afirmado en vísperas de la reunión del Grupo Internacional del Contacto que se celebrará telemáticamente el jueves, convocado por el alto represenante de la UE, Josep Borrell. Según ha dicho González Laya, el grupo se ha convocado para que Borrell informe y valore las gestiones que ha hecho "con ambas partes para facilitar elecciones con garantías democráticas".

González Laya ha hecho estas declaraciones en rueda de prensa junto a su colega andorrana, María Ubach, con la que se ha reunido en Madrid. Andorra acogerá la próxima Cumbre Iberoamericana, que se ha pospuesto desde noviembre al próximo abril por la pandemia de Covid-19. Ubach ha dejado claro que Venezuela estará invitada a la Cumbre y a las reuniones preparatorias porque la Conferencia Iberoamericana es un "órgano inclusivo".

La semana pasada, tras anunciarse la convocatoria del Grupo de contacto, fuentes europeas señalaron que un aplazamiento de las elecciones parlamentarias previstas para el próximo 6 de diciembre en Venezuela daría margen para negociar las reformas necesarias que permitan celebrar unos comicios "creíbles".

"Un retraso electoral ofrecería espacio político adicional y daría tiempo para negociar reformas que hagan las elecciones creíbles", señalaron estas fuentes, que confirmaron que la UE ha recibido la invitación cursada por el Gobierno de Nicolás Maduro para que la UE envíe observadores, "así como una lista de garantías adicionales para la transparencia del proceso electoral".

El envío de observadores de la UE así como de la ONU, a los que el Gobierno venezolano ya ha enviado sendas cartas de invitación, se enmarca en los contactos que ha venido mantienendo el excandidato presidencial Henrique Capriles y otros opositores con el Ejecutivo con vistas a garantizar las condiciones para unas elecciones justas.

La postura de Capriles, partidario de que la oposición concurra a los comicios si se dan dichas condiciones, choca de plano con la mantenida por el presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, al que los países europeos consideran presidente encargado del país. Guaidó es partidario de boicotear la votación y denuncia que con sus gestiones Capriles está dando legitimidad a la "dictadura" de Maduro.

Borrell ya ha advertido de que para que se pueda enviar una misión de observación a Venezuela deben darse "las condiciones mínimas para unas elecciones creíbles, inclusivas y transparentes", recordaron las fuentes.

El encuentro será de nivel ministerial y se cuenta con la participación de la ministra de Asuntos Exteriores Unión Europea y Cooperación, Arancha González.

El grupo internacional de contacto está formado por Argentina --que se incorporó en agosto--, Bolivia, Costa Rica, Ecuador, la Unión Europea, Francia, Alemania, Italia, Países Bajos, Panamá, Portugal, España, Suecia, Reino Unido y Uruguay.

El alcalde de Zaragoza y portavoz del PP en el Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), Jorge Azcón, ha exigido conocer si la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, negociará con todos los partidos de la Federación al considerar que el acuerdo "es posible" después de que el Ministerio haya "reconocido el error" y plantee un nuevo real decreto.

Azcón se ha referido a la rectificación del Ministerio de Hacienda sobre la regla de gasto de la Ley de estabilidad presupuestaria, de momento, para el año 2020, para que los Ayuntamientos puedan disponer de su superávit de los años 2018-2019.

El Ministerio de Hacienda ha anunciado que impulsará un nuevo decreto ley para que los ayuntamientos cuenten con más recursos para hacer frente a la crisis del coronavirus que, incluirá otros aspectos, además de la suspensión de la regla de gasto para el año 2020, que tendrá un impacto superior a los 3.000 millones de euros.

Esta iniciativa llega después de que el Congreso tumbara el pasado jueves el decreto ley que recogía el acuerdo con la FEMP para la cesión al Gobierno central de los remanentes municipales como condición para habilitar un fondo, que sólo contó con los votos afirmativos del PSOE, Unidas Podemos y Teruel Existe.

"La clave es dialogar", ha resumido Azcón para añadir que los alcaldes solicitan una mesa de negociación y que el presiente de la FEMP, Abel Caballero, "no se vuelva a sentar con la ministra para repartírselo entre ellos, sino entre todos con todas las fuerzas políticas de la FEMP porque es posible llegar al acuerdo".

Ha instado a la ministra a que diga si negociarán con la FEMP o en el Congreso de los Diputados. "Tras constatar que no tienen mayoría, que han tenido un derrota histórica y que vamos tarde en la concesión de ayudas a los ayuntamientos queremos saber si nos comunicarán la rectificación y si tienen voluntad de negociar. Espero que se den cuenta de que tiene que negociar con todos".

CRISIS INSTITUCIONAL DE LA FEMP

En rueda de prensa tras mantener una reunión telemática de la Junta de Portavoces de la FEMP ha trasladado que esta Federación está ante la "mayor crisis de representación institucional de la historia" y le ha dicho al presidente, Abel Caballero, que tiene que "asumir su responsabilidad y decidir si es capaz de representar a todos para que la mesa de negociación sea una realidad o representar solo al PSOE y entonces irse".

A su parecer la "mayor crisis institucional" de la FEMP está provocada por la "falta de diálogo" de la ministra de Hacienda y del presidente de la FEMP.

"Toca rectificar y espero que lo estén haciendo. No podemos negociar sobre una nota de prensa", ha indicado para instar a la ministra a que explique si ha tomado una decisión o es una invitación al diálogo" para saber si se sentará con los alcaldes o les darán ya hecho un acuerdo del Consejo de Ministros.

"Nos gustaría dialogar porque todos los portavoces de la FEMP quieren una mesa de dialogo y sentarse a negociar, de verdad. Los alcaldes necesitamos ayudas, hay que hablar con el Ministerio de Hacienda y ahora hay que ver si acepta esta interlocución".

Azcón ha dicho que los alcaldes desconocen la "letra pequeña" de los reales decretos para incidir en que solo tiene una nota prensa por lo que reclaman el texto completo para negociar. "Si el documento nos lo hacen llegar se buscará el acuerdo, pero si intentan aprobarlo en solitario corren el riesgo de cosechar otra derrota histórica", ha advertido.

En este contexto ha precisado que la votación del real decreto se pierde en el Congreso de los Diputados por 196 votos en contra, de los que 86 son del PP. "Hubo más votos en contra de otras fuerzas que del PP y de esa pluralidad del Parlamento se tiene que dar cuenta el ministerio y también de que hay que dialogar y si no se enteran de que es fundamental nos meterán --a los ayuntamientos en un serio problema".

Azcón ha apuntado que la declaración de los 32 alcaldes de 13 partidos que rechazaron el real decreto piden otro real decreto exprés "sobre la contabilidad de los ayuntamientos, el fondo de transporte y el fondo incondicionado de los 5.000 millones sin tener en cuenta la cesión de remanentes".

La superficie arrasada por los incendios que ya afectan a doce municipios de Orense se eleva, según las últimas estimaciones de la Consellería de Medio Rural, a unas 7.546 hectáreas. Con todo, la situación ha mejorado en la parroquia de Montes, en Cualedro, donde ha sido desactivada la situación 2 de emergencia al dejar de haber peligro para los núcleos de población.

Según el último parte de Medio Rural, permanecen activos fuegos forestales en diez municipios ourensanos --Cualedro, Rairiz de Veiga, Vilariño de Conso, Lobios, Vilar de Barrio, Chandrexa de Queixa, Vilardevós, Laza, Manzaneda y Muíños--. Estabilizados han quedado los fuegos de A Gudiña y Maceda.

De todos los fuegos que afectan a la provincia, los de mayor envergadura son los que se registran en Cualedro (que afecta a unas 1.300 hectáreas), así como Vilariño de Conso y Lobios --en cada una de las localidades las llamas han arrasado unas 2.000 hectáreas--.

El conselleiro do Medio Rural, José González, se desplazó en la noche del domingo hasta Cualedro para supervisar las labores y desde allí apuntó una clara "intencionalidad" de todos los incendios que se habían registrado hasta el momento. No en vano, aprovechó para advertir a los incendiarios que la Xunta seguirá "encima de ellos".

DESACTIVADAS LAS ALERTAS EN CUALEDRO Y RAIRIZ

En Cualedro, la cercanía de las llamas a las viviendas del núcleo de Corzoá ha provocado que la Xunta activase en la tarde del domingo una alerta que al mediodía de este lunes ya ha quedado sin efecto. Además, el fuego ha afectado a cuatro casas del municipio.

Esa misma noche, tanto el alcalde, Luciano Rivero, como los servicios de emergencias del municipio habían recomendado que cientos de vecinos permaneciesen confinados en sus viviendas para evitar que inhalasen el abundante humo que habían levantado las llamas.

En este incendio, declarado a las 14,48 horas del domingo, trabajaron hasta el momento siete agentes, nueve brigadas, 11 motobombas, cinco palas, seis helicópteros y cuatro aviones, además de la Unidad Militar de Emergencias (UME).

Otro incendio que provocó la activación de la alerta por proximidad a las viviendas --ya sin efecto desde la madrugada-- es el de la parroquia de Sabariz, en Rairiz de Veiga, que ha calcinado unas 300 hectáreas. En este foco, declarado a las 13,44 horas del domingo, trabajaron hasta el momento 12 agentes, 18 brigadas, 19 motobombas, dos palas y nueve aviones por parte de la Xunta, así como efectivos de la UME.

FOCOS DE MÁS DE 2.000 HECTÁREAS

El fuego de Vilariño de Conso, concretamente en la parroquia de Sabuguido, es uno de los de mayor envergadura registrados en este fin de semana. Tras iniciarse pasadas las 2,00 de la madrugada del domingo, ha quemado 2.000 hectáreas y en su control trabajaron 12 agentes, 20 brigadas, 13 motobombas, cuatro palas, 12 helicópteros y nueve aviones.

También en Lobios hay sobre 2.000 hectáreas quemadas del Parque Natural da Baixa Limia-Serra do Xurés. La alcaldesa, María del Carmen Yáñez, ha expresado su preocupación por los daños medioambientales "incalculables" que dejará este foco que, sin embargo, no se encuentra próximo a viviendas. En su extinción se han movilizado hasta ahora 11 agentes, 29 brigadas, 13 motobombas, una pala, 10 helicópteros y cinco aviones, además de la UME.

En la tarde de este lunes, Medio Rural ha informado a través de Twitter de la detección de otro incendio que afecta al mismo parque natural, pero en el término municipal de Muíños --parroquia de Requiás--. En concreto, la Consellería asegura que comenzó en dos puntos simultáneos, "lo que da la idea de una clara intencionalidad", y que hay seis hectáreas arrasadas.

OTROS SIETE MUNICIPIOS

En Vilar de Barrio, continúa activo el foco que desde las 11,52 horas del sábado ya afecta a unas 700 hectáreas en la parroquia de Rebordechau. También sigue activo el fuego que lleva 400 hectáreas calcinadas en la parroquia de Queixa, en el término municipal de Chandrexa de Queixa, desde las 16,00 horas del domingo.

En A Gudiña, un incendio forestal en la parroquia de Pentes ha quedado estabilizado tras quemar unas 150 hectáreas; y en Laza, desde aproximadamente la misma hora, se registra otro menor que continúa activo y que ha arrasado 60 de la parroquia de Camba.

En la madrugada de este domingo, Medio Rural ha localizado tres incendios forestales activos en Manzaneda y otro en Vilardevós. En el primero de estos municipios, un primer fuego iniciado a las 5,32 horas en la parroquia de Cernado afecta ya a 150 hectáreas, mientras que otros dos en la parroquia de San Sadurniño que se han unido llevan 50 hectáreas calcinadas desde las 2,40 horas.

En Vilardevós, ya son 300 las que ha quemado el incendio forestal registrado desde pasadas la 1,00 de la madrugada, concretamente la parroquia de Vilar de Cervo.

Por su parte, los dos fuegos iniciados simultáneamente en el municipio de Maceda, en la parroquia de Castro de Escuadro, y que finalmente se habían unido en un único foco, continúan estabilizados desde pasada la medianoche de este lunes. Entre los dos, han quemado 130 hectáreas.

MEDIOS DEL GOBIERNO

En estos trabajos, el Gobierno central ha desplegado un total de 226 medios de la Unidad Militar de Emergencias (UME) para colaborar con los de la Xunta en la extinción de los incendios forestales que asolan a la provincia.

De hecho, el subdelegado del Ejecutivo español en Ourense, Emilio González Afonso, se ha desplazado este lunes hasta Cualedro para supervisar las labores de extinción.

Además de la movilización de efectivos de la UME, por parte del Ministerio para la Transición Ecológica se desplegaron este domingo cuatro Brigadas de Refuerzo de Incendios Forestales (BRIF), siete aviones anfibios, un helicóptero bombardero 'Kamov' y un avión de coordinación y observación (ACO) del Aeropuerto de León.

Asimismo, los aviones del ejército procedentes del Aeropuerto de Lavacolla, en Santiago, efectuaron un total de 131 descargas de agua sobre las zonas de incidencia de las llamas.

RIBAS DE SIL Y CUNTIS

Ya fuera de la provincia de Ourense, permanece activo un incendio en Ribas de Sil (Lugo), en la parroquia de Peites, que afectaría a más de 60 hectáreas, según los cálculos provisionales. Cuenta con cuatro focos, lo que "evidencia también la intencionalidad en este caso", subraya Medio Rural.

Finalmente, en Cuntis (Pontevedra) ha quedado apagado el fuego registrado en la parroquia de Cequeril en el mediodía del pasado sábado, tras quemar unas 26 hectáreas --13 de monte arborado y otras 13 de raso--. En su extinción trabajaron tres técnicos, 10 agentes, 36 brigadas, 18 motobombas, dos palas, cinco helicópteros y cinco aviones.

Familias de nueve pueblos de la escuela de educación infantil y primaria de La Vall de Boí, ubicada en Barruera (Lleida), no han llevado este lunes a clase a 68 estudiantes "por una falta de confianza hacia el docente asignado el curso de infantil por problemas de convivencia vividos durante el curso 2013-2014", según la Asociación de Madres y Padres de Alumnos (Ampa).

El padre de dos estudiantes y miembro de la Ampa, Diego Cano Merino, ha explicado a Europa Press que pidieron su sustitución a la Conselleria de Educación, que les ha avanzado que habrá un refuerzo para supervisar su trabajo, una opción que desde su punto de vista "no es la solución".

El Ampa envió hace unos días una carta al conseller de Educación, Josep Bargalló, en la que sus miembros anunciaban que no llevarían a sus hijos e hijas al colegio argumentando que esa solución es la misma que propuso 2013-2014.

Por su parte, la Conselleria de Eduación ha señalado este lunes que está hablando con las familias para encontrar una solución.

En la carta al conseller, los padres relatan que en otros colegios, como el de Sort, La Vall Fosca y Tremp (Lleida), este maestro también fue rechazado por problemas de convivencia y que incluso algunos padres dejaron de llevar a sus hijos a los centros.

Según el Ampa, en el año 2017 Educación expulsó a este docente de la bolsa de interinos durante dos años considerando que había una "evidencia de falta de competencias profesionales".

El Ampa agrega en la carta que "por un defecto de forma, el juez no se pronunció sobre sus competencias como docente por lo que finalmente este maestro ha sido asignado de nuevo a la escuela".

El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha confirmado la condena a dos hombres, a uno por abusar a plena luz del día en una playa de una mujer que estaba inconsciente al haber ingerido mucho alcohol y al otro por animar a su amigo a hacerlo y no impedir luego que realizara esta acción. No obstante, el alto Tribunal andaluz ha rebajado la pena al primero de tres a dos años de prisión.

Los hechos sucedieron en julio de 2017. Según declaró probado la Audiencia de Málaga, y se recoge en la sentencia del TSJA, los acusados estaban sobre las 14.00 horas en la playa de Burriana de Nerja (Málaga) a la que habían acudido desde Granada tras haber estado en un tablao flamenco.

Así, estaban en compañía de la víctima que en ese momento se encontraba en situación de intensa embriaguez e inconsciente, debido a la gran cantidad de alcohol que había consumido, quedándose dormida y en posición de tendida hacia arriba con una hamaca, llevando sólo puesta la ropa interior.

Según se declaró probado, el acusado aprovechó "el estado de inconsciencia de la víctima y el hecho de estar tendida hacia arriba" y, "tras alentarle el otro procesado a que se subiera sobre la mujer", se deslizó lentamente hasta tenderse sobre el cuerpo de la víctima y realizó los abusos.

El otro procesado "presenció la acción sin evitarla en modo alguno", esperando para "proceder del mismo modo", aunque ambos huyeron del lugar al percatarse de que usuarios de la playa acudían para reprocharles su actitud. La mujer estuvo en estado de inconsciencia hasta que fue despertada por la Policía Local que acudieron tras ser avisados por los usuarios.

Por estos hechos a uno se le condenó por un delito de abuso sexual a la pena de 3 años de prisión, que ahora el TSJA ha rebajado a dos años de cárcel, manteniendo la medida de libertad vigilada durante cinco años, con obligación de participar en un programa formativo de educación sexual.

El otro fue condenado por un delito de omisión de impedir delito contra la libertad sexual, imponiéndole la pena de 24 meses de multa, con cuota diaria de seis euros. Además, se les impuso a los dos la prohibición de aproximarse a menos de 500 metros a la víctima o comunicar con ella durante cinco años y a pagarle 15.000 euros como indemnización por los daños morales ocasionados.

La consellera de Sanidad Universal y Salud Pública, Ana Barceló, ha destacado este lunes la "comunicación diaria" de su departamento con la Fiscalía, que mantiene el control y la supervisión de las residencias de mayores de la Comunidad Valenciana ante el repunte de casos por COVID-19, y ha resaltado su disposición a facilitar la información que se requiera desde esta instancia.

Barceló se ha pronunciado de este modo tras visitar junto al presidente de la Generalitat, Ximo Puig, y la delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Gloria Calero, la Unidad de Vigilancia Epidemiológica del Cuartel Militar Jaume I, preguntada por el control de residencias de mayores por parte de Fiscalía y por las investigaciones en marcha. Esta última tiene abiertas en la actualidad tres investigaciones, dos de ellas en centros de la provincia de Alicante y una más en la de Valencia.

Durante todo el estado de alarma --decretado por el Gobierno frente a la COVID-19-- y desde que se inició la pandemia hemos tenido una comunicación diaria con la Fiscalía, encargada de hacer el seguimiento de la situación de las residencias", ha expuesto la responsable autonómica.

Asimismo, Ana Barceló ha señalado que sobre las investigaciones abiertas a estos centros "todavía no han pedido información" a su conselleria y ha asegurado que, se irá "facilitando, como hasta ahora, si así lo requiere la Fiscalía".

Tras ello, la titular de Sanidad Universal y Salud Pública ha manifestado que en estos momentos "lo importante es que el 70 por ciento de esas residencias solo tiene un caso o dos" de Covid-19 que se encuentran aislados. "Son casos que ya están aislados", ante los que "se han adoptado en seguida todas las medidas" y que "seguimos muy de cerca", ha agregado.

Así, ha manifestado que la actual "no es la misma situación" que la dada "durante los meses más agudos de la pandemia". "En estos momentos existe un control, rapidez e inmediatez", ha declarado, al tiempo que ha apuntado que en gran parte se trata de casos asintomáticos.

"SITUACIÓN DE CONTENCIÓN"

"Además, la mayoría de los casos que detectamos son asintomáticos. Por tanto, en estos momentos la situación es una situación de contención", ha aseverado la consellera.

Barceló ha comentado que, "evidentemente, el virus, en ocasiones, entra en residencias" pero ha insistido en que "lo importante, como en la vida cotidiana, es actuar con rapidez, hacer las pruebas a todos los residentes y a todo el personal sociosanitario para determinar las medidas de aislamiento o cualquier otra que se tenga que adoptar". "En ese sentido es en el que estamos actuando", ha añadido.

La compañía automovilística Citroën prevé que el 5% de los C5 Aircross que venda en España equipará una mecánica híbrida enchufable, según ha anunciado el jefe de Producto de este modelo, Carlos Rodríguez, en la presentación del vehículos.

Tal como ha asegurado la firma francesa, la versión híbrida enchufable del todocamino destaca por sus "cero compromisos" en comparación con el modelo térmico, ya que dispone prácticamente de los mismos elementos y, además, de un motor eléctrico, que le permite recorrer hasta 55 kilómetros en modo 'cero emisiones'.

Con un propulsor gasolina de 180 caballos y un motor eléctrico, el C5 Aircross híbrido enchufable desarrolla hasta 225 caballos de potencia, con unas emisiones medias de entre 32 y 33 gramos de dióxido de carbono (CO2) por cada kilómetro, lo que le permite disponer de la pegatina 'CERO' de la Dirección General de Tráfico (DGT).

El tiempo de carga de su batería eléctrica es de menos de dos horas en un cargador rápido, mientras que en un enchufe doméstico convencional asciende hasta las siete horas.

Desde su lanzamiento a finales de 2018, la marca del Grupo PSA ha matriculado en todo el mundo unas 250.000 unidades del modelo, de las cuales más de 15.000 unidades han sido en España. Ahora, esta nueva versión espera que alcance el 5% de todos los C5 Aircross que se matriculen en el mercado nacional.

Desde Citroën han subrayado las experiencia de "confort absoluto" que supone viajar en este todocamino, gracias a su habitabilidad, a sus asientos, a su suspensión, a la facilidad de uso de sus tecnologías, a su modularidad y a su acústica, entre otros elementos.

"Los amortiguadores hidráulicos permiten una sensación de alfombra voladora, ya que borran cualquier irregularidad que haya en la carretera", ha reivindicado la compañía gala en la presentación de este lunes.

El interior del modelo equipa cinco asientos individuales y, además, el maletero del vehículo dispone de 600 litros de carga, 120 litros menos que su versión térmica pero sigue posicionándose "a la cabeza" de su segmento, según han subrayado desde Citroën. Asimismo, el C5 Aircross híbrido dispone de 20 tecnologías de ayuda a la conducción.

El nuevo híbrido enchufable de Citroën está disponible en España por un precio que parte de los 34.350 euros, mientras que la modalidad renting del modelo se ofrece desde 399 euros al mes.

La ministra de Asuntos Exteriores, UE y Cooperación, Arancha González Laya, considera que "ha llegado la hora" de que la UE se dote de un marco estable para gestionar las migraciones en lugar de tener que hacer "un ejercicio constante de respuestas ad hoc" cada vez que surge una crisis, como sucede ahora con el campo de refugiados de Moria (Grecia).

En rueda de prensa junto a su colega de Andorra, María Ubach, con la que se ha reunido en Madrid, ha apostado por un acuerdo estable para no convertir la migración en "negociaciones constantes" entre los gobiernos. La Comisión Europea presentará su propuesta de reforma del sistema de asilo y migración el próximo 30 de septiembre.

González Laya se ha expresado así preguntada por los llamamientos de Bruselas y de varios alcaldes españoles para que España acoja a menores no acompañados del campamento de Moria y ha replicado que España está "en una situación bastante parecida" a la de Grecia, porque en 2020 ha recibido 14.000 migrantes irregulares.

"Es menos que el año pasado pero se ha multiplicado por siete en Canarias y por cinco las llegadas desde Argelia", ha dicho la ministra, recalcando que España "está teniendo que gestionar de manera responsable y humana" la situación de los migrantes que llegan a las costas "como Grecia tiene que acoger a los que llegan a sus costas".

La ministra ha añadido que España es solidaria con Grecia y así se lo ha expresado personalmente el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a su homólogo, pero que la gestión de las migraciones es responsabilidad de todos los países de la UE.

"Para que no haya menores en Grecia o en España procedentes de países terceros en situación irregular que tengan que ser objeto de estas negociaciones, entre comillas, de países de la UE", ha zanjado.

La Consejería de Sanidad de Canarias ha registrado cinco nuevas muertes por coronavirus en las últimas 24 horas --3 en Gran Canaria, una en Tenerife y otra en Lanzarote--, lo que eleva la cifra de fallecimientos en las islas a 198 personas desde el inicio de la pandemia.

Según recoge el balance de datos que cada día actualiza la Consejería de Sanidad, de igual modo, en el último día se han detectado 214 nuevos positivos procedentes de un total de 2.297 PCR realizadas, cifra ligeramente inferior a la de este domingo, cuando hubo 239 positivos.

Estos positivos elevan a 10.864 acumulado de personas que han tenido la enfermedad en el archipiélago desde el inicio de la pandemia, mientras que 4.012 han recibido el alta médica (+165).

Quedan, por lo tanto, 6.654 casos activos (+44) en Canarias, de los que 54 están en ingresados en Unidades de Cuidados Intensivos (UCI) --dos más que ayer--, 216 están hospitalizadas (+14) y el resto, 6.384 personas (-246), está en aislamiento domiciliario.

Por islas, Gran Canaria ha registrado este lunes 132 nuevos positivos que sitúan el número total de casos desde el inicio de la crisis sanitaria en 6.170 positivos, de los que 4.697 son casos activos --3.896 sólo en Las Palmas de Gran Canaria. Además, en la isla 63 personas han perdido la vida (+3), y 1.410 han superado la enfermedad (+124).

A Gran Canaria le sigue Tenerife con 60 nuevos casos que suman 3.030 y 1.278 casos acumulados y activos, respectivamente, registrando un total de 120 muertes (+1) desde el inicio de la pandemia.

Por su parte, Lanzarote, con 12 nuevos casos, aumenta los acumulados hasta 955 y tiene 475 pacientes activos tras 9 altas médicas. Asimismo, ha registrado 8 fallecimientos desde febrero (+1). En Fuerteventura este lunes se contabilizan 10 nuevos casos --los acumulados son 469 y los activos 147--, con un fallecimiento registrado la semana pasada.

Por su parte, en La Palma no se han registrado positivos, por lo que los acumulados son 172 y los activos en 33; con seis fallecimientos registrados en total.

El Hierro y La Gomera no han registrado casos en 24 horas y se mantienen con 45 acumulados y 17 activos, en el caso de la primera isla, y 23 y 12 en la segunda, respectivamente.

Hasta el momento en el archipiélago se han realizado 298.641 pruebas PCR (+2.297 en el último día) con un índice de positivos del 4,55%.

La CUP se reunirá este lunes por la tarde con JxCat y ERC por separado para abordar la respuesta a la posible inhabilitación del presidente de la Generalitat, Quim Torra, por parte del Tribunal Supremo (TS), han explicado fuentes 'cupaires'.

Según ha avanzado 'Nació Digital', este encuentro se producirá después de que la semana pasada la CUP lanzara su propuesta para responder a la decisión del Supremo, que se ha conocido como la 'vía Venturós', en referencia a lo que hizo la alcaldesa de Berga, Montserrat Venturós (CUP), cuando fue inhabilitada.

Esta propuesta pasaría por pactar la fecha de las elecciones para evitar que sea el triubnal el que determine cuando serán los comicios y, si la inhabilitación se produce antes de esa fecha, plantean que Torra ejerza las funciones institucionales y representativas de la Presidencia, pero que las potestades administrativas y legales recaigan en el presidente en funciones, que sería el actual vicepresidente del Govern, Pere Aragonès.

Las fuentes de la CUP ya citadas han asegurado que estas "reuniones bilaterales" con JxCat y ERC, que se producen a tres días de la vista de Torra en el Supremo, se celebran a propuesta de la formación anticapitalista.

Tanto la CUP como ERC han insistido en las últimas semanas en consensuar entre los partidos independentistas la respuesta antes de la posible inhabilitación del jefe del Ejecutivo, pero desde JxCat defienden que hay que esperar a la sentencia del Supremo.

NO HAY MÁS REUNIONES CERRADAS

Este mismo lunes la secretaria general adjunta y portavoz de ERC, Marta Vilalta, ha emplazado a las formaciones independentistas a llegar al Debate de Política General (DPG) en el Parlament del miércoles con la respuesta consensuada para poder hacerla "explícita" en el pleno.

Fuentes republicanas han detallado a Europa Press que, más allá de la reunión con la CUP, no hay ninguna otra reunión "cerrada" para hablar sobre esta cuestión, aunque su voluntad es sentarse y hablar en las próximas horas para pactar todos los escenarios posibles.

Aunque no quieren concretar públicamente su propuesta, ERC pide contestar a la inhabilitación "con más democracia", es decir, evitar que sea el Supremo quien marque el futuro de la legislatura y de la política catalana, y que sea la ciudadanía la que lo decida, lo que entre otras opciones incluye convocar a los catalanes a las urnas.

Por parte de JxCat, la vicepresidenta del partido, Elsa Artadi, ha afirmado este mismo lunes en rueda de prensa que hay que hablar con todo el independentismo y tejer una estrategia conjunta: "Lo que tenemos que hacer es encontrar una estrategia conjunta que nos permita avanzar, que nos permita recuperar una fuerza que quizás hemos perdido en los últimos dos años y medio".

Los Técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha) piden recuperar el fondo de 5.000 millones de euros para los municipios que presten sus remanentes positivos en un proyecto de ley diferente al real decreto que el Consejo de Ministros aprobará este martes, tras el rechazo sufrido el jueves pasado en el Congreso, después de que la ministra, María Jesús Montero, haya anunciado la suspensión de la regla de gasto de la Ley de Estabilidad Presupuestaria y otras medidas derivadas del modelo de financiación municipal.

El sindicato valora en una nota que el Gobierno haya retomado con celeridad parte de las medidas sobre las que existe un mayor consenso y que quedaron rechazadas en el anterior decreto ley, financie las entregas a cuenta e incorpore la liquidación de la financiación de los municipios en un año marcado por la crisis económica y sanitaria.

Sin embargo, los técnicos consideran necesaria la aprobación de los suplementos de crédito tras la caída de los ingresos tributarios del Estado, para seguir financiando las entregas a cuenta de la financiación local que el Gobierno decidió aumentar en marzo en los 822 millones de euros.

Igualmente, valoran que, tal como se preveía en el real decreto-ley rechazado, se permitirá a determinados ayuntamientos disponer de sus superávits de los años 2018 y 2019, o de sus remanentes positivos, para atender gastos urgentes no presupuestados, asegurar el pago a proveedores dentro de los plazos legales o realizar inversiones financieramente sostenibles.

Por otra parte, Gestha pide que se alcance un acuerdo amplio en la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) que permita disponer al Tesoro de la parte restante de los 14.850 millones "indisponibles" de los municipios, diputaciones provinciales y consejos insulares de Baleares, después de que el Congreso tumbara el anterior real decreto ley por esta controvertida medida.

A su juicio, la recuperación económica municipal debe financiarse principalmente de las transferencias estatales de una parte del fondo de los 140.000 millones, y los municipios más solventes podrán complementar localmente dichos incentivos con parte de sus remanentes, sin necesidad de gastarlos en su totalidad.

De igual modo, los técnicos de Hacienda ya advirtieron de que la pérdida de ingresos de los impuestos municipales (principalmente, el de construcciones y obras -ICIO- y plusvalías - IVTNU-) y de los de tarifa del transporte público hará, previsiblemente, que muchos ayuntamientos incurran en déficit presupuestario en 2020.

Por ello, celebran que no tengan que presentar un plan de ajuste para el próximo año, medida igualmente incluida en el anterior real decreto-ley que no prosperó.

Según el secretario general de los Técnicos de Hacienda (Gestha), José María Mollinedo, "estas medidas no son un Plan B, pero suponen la base sobre la que existe un mayor acuerdo. "El Gobierno debe intentar lograr el máximo consenso posible en la búsqueda de la forma más eficaz para financiar el ingente gasto público que se requiere para apoyar a familias, empresas y sectores económicos en esta crisis", subrayar.

Este acuerdo, propone, podría ser incluido en un proyecto de ley que recupere el fondo de 5.000 millones de euros para los municipios a los que les resulte conveniente prestar sus remanentes positivos.

La presidenta del PSOE, Cristina Narbona, ha rechazado este lunes la "absolutamente inadecuada" propuesta del líder del PP, Pablo Casado, de crear una comisión de investigación sobre la gestión de la pandemia del coronavirus que ha hecho el Gobierno que de Pedro Sánchez, y le ha acusado de querer eludir "otras responsabilidades", en alusión a la 'Operación Kitchen' con esta "maniobra de distracción" y su estrategia de "fijar la atención siempre en el Gobierno".

En la rueda de prensa que ha ofrecido en la sede socialista de Ferraz, tras la reunión de la Comisión Ejecutiva Federal del PSOE, Narbona ha defendido además que esa comisión no tiene ahora sentido, a su juicio, porque desde que se acabó el estado de alarma son las Comunidades Autónomas las que tiene las responsabilidades en materia sanitaria.

"Al Gobierno se le negó la posibilidad de seguir dirigiendo de manera centralizada el estado de alarma en nuestro país", ha apostillado Narbona, tras recordar que las sucesivas peticiones para prorrogar el estado de alarma que fue planteando el Gobierno cada quince días, en un ejercicio además de "rendición de cuentas" ante el Parlamento, fueron teniendo "paulatinamente" cada vez menos apoyos.

Asimismo, Narbona ha recordado que el propio Sánchez ya dijo que cuando la pandemia termine, el Gobierno será el primero que analice todo lo que ha sucedido y cómo ha gestionado la situación, haciendo "una evaluación para identificar todas las cosas que se podrían haber hecho de otra forma".

"Pero en este momento, la propuesta del PP de una comisión sólo sobre la gestión del Gobierno central es absolutamente inadecuada, porque estamos en un momento en que todas las administraciones están combatiendo, en algunos casos, con resultados muy preocupantes, la padenmia", ha enfatizado.

En este sentido, ha criticado que es "bastante lamentable que se pretenda imputar al Gobierno de la nación, por ejemplo, la ocultación del número de fallecidos, cuando es una información que dan las Comunidades Autónomas". "Sin ninguna duda, hoy en día no tenemos una información perfecta, y no pasa solo aquí en España. La pandemia ha supuesto un reto impresionante", ha apostillado.

Por todo ello, la dirigente socialista considera que esta propuesta lo que en realidad parece es un intento de Casado de "eludir otras responsabilidades y fijar la atención siempre en el Gobierno.

"En su momento el Gobierno analizará con todos los expertos y garantías dónde se pueden mejorar las actuaciones cuando hay una pandemia como esta, inédita. Pero en este momento parece una maniobra de distracción, teniendo en cuenta otras cosas que estos días preocupan y ocupan a la ciudadanía y también al PP", ha apostillado, en clara alusión a la 'Operación Kitchen', como se denominó el operativo supuestamente desplegado desde el Ministerio del Interior del Gobierno de Mariano Rajoy para espiar el extesorero del PP Luis Bárcenas.

QUE APOYE INVESTIGAR LA KITCHEN SI QUIERE ALEJARSE DEL "VIEJO PP"

A este respecto, Narbona ha aprovechado durante la rueda de prensa para pedir a Casado que apoye la creación de la comisión de investigación sobre el caso 'Kitchen', si de verdad quiere "alejar" a su partido de ese "viejo PP" al que la dirección actual atribuye las imputaciones.

"Esa sería la prueba más importante de que Casado quiere que se sepa toda la verdad y que se asuman las correspondientes responsabilidades por parte de cada una de las personas que puedan verse implicadas", ha afirmado.

No obstante, la presidenta del PSOE ha recordado a Casado que por mucho que insista en que durante los hechos investigados en este caso él era "solo un diputado por Ávila", porque también fue, según ha recordado, director del gabinete de José María Aznar y con Rajoy, vicesecretario de Comunicación en la dirección nacional. "No solo un simple diputado por Ávila", ha recalcado.

"Creemos que Casado tiene ahora la oportunidad de demostrar que quiere dejar atrás todas las prácticas de corrupción que tuvieron en su momento", ha añadido. "Ahora es el momento para que el PP, si se aleja de lo que ellos puedan querer considerar viejo PP, acepte en el Congreso la creación de una comisión de investigación sobre la Kitchen", ha enfatizado.

La portavoz de la Ejecutiva nacional de Ciudadanos, Melisa Rodríguez, ha reafirmado la voluntad de su partido de negociar los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2021 con el Gobierno y ha dicho que si el presidente, Pedro Sánchez, prefiere pactarlos con los que quieren "romper" España, en alusión a ERC, tendrá que explicar su decisión a los ciudadanos.

En rueda de prensa en la sede de Cs tras la reunión del Comité Permanente del partido, Rodríguez ha reiterado que van a "seguir siendo responsables" y por eso continuarán ofreciéndose a negociar unos Presupuestos "para todos los españoles", con el fin de aportar soluciones en la situación "inédita" de la pandemia del coronavirus.

En cambio, cree que un partido independentista como Esquerra Republicana de Catalunya "solo mira por sus propios intereses" y no va a favorecer la igualdad entre todos los españoles. Por ello, ha insistido en que no habrá unas cuentas públicas apoyadas al mismo tiempo por ERC y por Ciudadanos: "No tenemos nada que hacer con Esquerra".

De esta manera, será el Gobierno del PSOE y Unidas Podemos quien "tenga que explicar a los ciudadanos por qué prefiere a aquellos que quieren romper nuestro país frente a los que queremos trabajar por España", ha concluido Rodríguez, que no ha aclarado si Cs ha recibido ya alguna llamada para empezar las negociaciones.

Cs ES LA ALTERNATIVA PARA NO DEPENDER DE ERC

Ante la posibilidad de que Sánchez escoja a ERC para pactar los Presupuestos, la dirigente del partido naranja ha señalado que ahora "ya no vale que el Gobierno diga que nadie quería sentarse y que "solo los independentistas les tienden la mano". "Nosotros estamos poniendo la alternativa sobre la mesa para que no se tenga que depender de ERC", ha afirmado.

Por otro lado, Rodríguez se ha referido a la falta de claridad del Ejecutivo a la hora de elegir una vía o la otra, después de que el ministro de Transportes y secretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos, dijera este lunes que "lo deseable" sería aprobar los PGE con la mayoría que facilitó la investidura de Sánchez como presidente del Gobierno, en la que está ERC pero no Cs.

En su opinión, estas declaraciones de Ábalos pueden tener como objetivo "intentar calmar las aguas entre los socios de gobierno", dadas las "disonancias continuas" en el "matrimonio enfadado" formado por los socialistas y Unidas Podemos.

Además, cree que Sánchez "cambia de posición continuamente" y que así lo puso de manifiesto en el Congreso la semana pasada, cuando, tras haberse reunido con la líder de Cs, Inés Arrimadas, para hablar de los Presupuestos, dijo que este partido aún no había salido de "la foto de Colón" que protagonizó junto al PP y Vox. "No sabe dónde situarnos y no sabe cómo contentar a su socio de gobierno para no tener una revuelta interna", ha comentado.

REFORMA DEL DELITO DE SEDICIÓN

Por otro lado, a la portavoz de Ciudadanos le han preguntado qué le parece la reforma del delito de sedición que pretende hacer el Gobierno --que beneficiaría a los líderes independentistas que cumplen condena por el 'procés'-- y si sería un motivo para que su partido rechazase negociar los Presupuestos.

Aunque no ha aclarado esto último, ha indicado que cualquier cambio legislativo que tenga como fin "dulcificar la vida a unas personas" --en este caso, los políticos presos-- "en lugar de combatir la vulneración de derechos y el saltarse la ley" que supusieron el referéndum y la declaración unilateral de independencia es algo que "no está dentro del marco de garantías y derechos de todos los ciudadanos".

La reforma de las salas Iturbi y Rodrigo del Palau de la Música de València y para adecuar el auditorio para hacerlo más sostenible y energéticamente eficiente ha dado este lunes un paso más en su tramitación administrativa al adjudicarse el contrato de redacción del proyecto básico y de ejecución, dirección de obra y coordinación de seguridad y salud para la adecuación de las instalaciones. La adjudicación se ha hecho por un importe total de 244.295,13 euros.

Ahora la empresa adjudicataria dispondrá de tres meses para abordar su redacción. La concejala de Gestión de Recursos del Ayuntamiento de València, Luisa Notario, ha destacado que los plazos administrativos se han reducido "al máximo" gracias al trabajo realizado durante el confinamiento para acelerar todos los procedimientos que no se encontraran en una fase de plazos administrativos.

Según ha informado el Ayuntamiento, así "se compensó en parte todo el periodo del estado de alarma en que los plazos se suspendieron, así como el tiempo perdido a consecuencia de la interposición por parte del Colegio de Arquitectos de un recurso que fue desestimado meses después por el Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales".

Además, ha explicado que el proyecto pretenderá recuperar las bases del original, de García de Paredes en 1984. La intervención prevé la reforma integral de las salas Iturbi y Rodrigo y la adecuación de las instalaciones para conseguir un edificio sostenible y eficiente energéticamente. También se contempla la reparación del aplacado de piedra de la fachada y la eliminación de filtraciones de agua.

ACÚSTICA

Notario ha incidido en la "singularidad" del edificio, lo que supone que hacen falta soluciones técnicas específicas sobre la acústica de las salas, una cuestión que tendrá que abordar la empresa adjudicataria con un certificado acústico específico de cada espacio, una vez finalizados los trabajos.

El proyecto también incluirá la sustitución de todas de las butacas de las dos salas principales (tendrán que tener propiedades ergonómicas y fonoabsorbentes y ser compatibles con el nuevo sistema de impulsión de climatización); la sustitución de todos los reflectores acústicos de las dos salas, con las mismas características acústicas y propiedades resistentes que las del proyecto original, y la sustitución de los climatizadores, sistema hidráulico y sistema de distribución e impulsión del edificio.

Además de reparar las filtraciones de agua en la cúpula del vestíbulo y la sustitución de vidrios rotos, se busca recuperar la imagen original del edificio, mediante la eliminación de "elementos impropios" y la homogeneización del color de toda la carpintería metálica exterior.

En este sentido, Notario ya avanzó hace unos meses que se realizará un estudio sobre la viabilidad de aplicar una imprimación al vidrio de la cúpula del vestíbulo "como medida de ahorro energético, con el fin de reducir la temperatura resultante por la incidencia de los rayos de sol".

Así mismo, se estudiará la reparación o sustitución del aplacado de piedra calcárea de la fachada, que actualmente presenta zonas con un "alto grado de deterioro".

La actuación se completa con la actualización de la instalación del sistema de detección y protección contraincendios, adecuado a normativa vigente; la integración de todas las instalaciones en un único sistema de gestión del edificio (mejorando la domótica e integrando sistemas de seguridad, protección de incendios, de accesos); y la reparación de las filtraciones de agua en la sala de exposiciones con acceso directamente desde el antiguo cauce del río, que actualmente está cerrada, a causa de las humedades que imposibilitan su uso.

La presidenta del PSOE, Cristina Narbona, ha defendido este lunes que "rectificar es de sabios", después de que el Gobierno haya decidido impulsar un nuevo decreto para suspender la regla de gasto y flexibilizar el uso del superávit de los ayuntamientos, tras tumbar el Congreso la semana pasada su iniciativa sobre el uso de los remanentes.

En la rueda de prensa que ha ofrecido en la sede socialista de Ferraz, tras la reunión de la Comisión Ejecutiva Federal del PSOE, Narbona ha asegurado que de este modo el Gobierno retoma, con una "nueva oferta de diálogo", la "vía de las negociaciones", y asume así su obligación de resolver los "problemas graves" de los ayuntamientos.

"La razón, por lo tanto, de reemprender el camino de las negociaciones, es la responsabilidad que se tiene que ejercer desde el Gobierno, cuando algo no sale a gusto del Gobierno de turno. Habrá que intentar hacerlo de otra forma, por el bien de los ayuntamientos", ha apostillado después.

No obstante la propia ministra de Hacienda y portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, descartó la pasada semana, tras la derrota, que estuviera pensando en presentar un nuevo decreto que recabara más consenso, y descargó la responsabilidad sobre los grupos, para proponer alternativas.

"HUMILDAD Y DEPORTIVIDAD"

Preguntada sobre cuál ha sido el motivo que ha llevado al Gobierno a rectificar en este sentido y presentar finalmente un nuevo decreto que reformule el anterior, Narbona ha insistido en que "la actitud frente a una derrota no puede ser otra que una actitud deportiva". "Hay que asumir con deportividad las derrotas, como Pedro Sánchez ha demostrado muchas veces", ha apostillado.

En este sentido, Narbona ha ahondado en que ante la negativa del Congreso de convalidar el decreto, cabían dos actitudes. Por un lado, "la de la soberbia y la arrogancia" de "inhibirse de la situación de los ayuntamientos", y por otro, "una actitud desde la humildad" que es la que, a su juicio, ha asumido el Ejecutivo de Pedro Sánchez para "resolver el problema de los ciudadanos".

"Nadie niega que no se fue capaz de aprobar el decreto, pero ante eso, el Gobierno hubiera podido decir que como no han querido aceptar lo que hemos planteado, nos olvidamos de los ayuntamientos. En lugar de ello, el Gobierno se ha puesto a trabajar de forma inmediata y vuelve a abrirse a la negociación", ha enfatizado.

Así, ha señalado que "no cabía en ningún caso dejar a los ayuntamientos tirados, por el hecho de que los partidos políticos en el Parlamento, y en particular el PP, que gobierna en muchos sitios, bloqueara la oferta del Gobierno".

En cuanto a los aspectos que no incluirá, de momento, el nuevo decreto --como las medidas para el uso de los remanentes de tesorería--, Narbona ha confirmado que la intención del Gobierno es "que se pueda enriquecer el contenido de la norma" con las negociaciones que van a volver a abrir con los grupos.

"Puede haber algo más, si hay alternativas sobre la mesa que se puedan debatir y que puedan dar tranquilidad a los ayuntamientos en un momento tan grave este", ha explicado, al tiempo que ha manifestado que esperan que esta vez sí consigan que el resultado final "sea el que merecen los ayuntamientos, que son la administración más cercana".

El portavoz del PPdeG en el Parlamento gallego, Pedro Puy, ha puesto en cuestión la necesidad de una comisión de investigación sobre la gestión de las residencias de mayores durante la pandemia, solicitada desde la oposición, y ha apelado al consenso en la comisión para la reactivación económica y social, planteada por el presidente de la Xunta, para debatir "reformas".

En rueda de prensa, tras la primera reunión de grupo de la legislatura, preparatoria de la junta de portavoces convocada para este martes, ha incidido en que en el Parlamento hay comisiones permanentes "en las que se pueden hacer iniciativas en el ámbito sanitario y de política social".

"El trabajo parlamentario vinculado a la actualidad y las necesidades del país tiene muchos medios por los que discurrir", ha añadido refiriéndose, en particular, a la "comisión específica" ya anunciada por el titular del Ejecutivo gallego, Alberto Núñez Feijóo. "Creo que esta cuestión quedó aclarada en el propio debate de investidura", ha añadido.

Frente a la comisión a la investigación, ha avanzado que la postura del PP "es intentar que el trabajo de esa comisión -- de reactivación económica y social-- sea positivo para saber qué fallo y, sobre esa base, proponer reformas para el futuro". "Confiamos en poder llegar a un acuerdo al respecto", ha sentenciado el portavoz parlamentario, quien ha avanzado que su intención es buscar "cierto grado de consenso" sobre su funcionamiento.

Puy ha agradecido, mientras, los acuerdos que, según ha dicho, se han alcanzado ya sobre el desarrollo de los plenos y comisiones, al tiempo que ha aprovechado su intervención para incidir en las cuestiones tratadas en la reunión del grupo del PP, entre ellas el Covid.

DEMANDAS AL GOBIERNO

Al hilo de ello, ha reclamado al Gobierno que "retire las limitaciones para la reposición de personal en el sistema sanitario público"; una normativa nacional que regule las sanciones por los incumplimientos en las medidas higiénico-sanitarias impuestas, así como que la Ley Orgánica de Sanidad Pública "permita que las comunidades autónomas puedan actuar con más eficacia en la adaptación de medidas que prevengan los contagios".

Ya en el ámbito industrial, y ante la "difícil situación" de Alcoa, ha reclamado "cuanto antes" un marco electrointensivo. Respecto a la situación de los astilleros en Ferrol, ha pedido carga de trabajo hasta el inicio de las fragatas.

POSTURA DE PSdeG y BNG

Por su parte, preguntado en rueda de prensa de si ha habido contactos entre las tres fuerzas políticas con representación en el Parlamento para consensuar medidas en la nueva legislatura, el secretario xeral del PSdeG, Gonzalo Caballero, ha criticado que "el Gobierno del PP no hizo los deberes", tampoco en lo relativo a "cómo va a ser la comisión de reconstrucción" tras la pandemia de la Covid-19.

"Abierto al diálogo", el líder socialista ha asegurado que no ha habido "ningún contacto" para iniciarlo "sobre cualquier cuestión fundamental" y ha demandado al PP "que ejerza sus responsabilidades en el ámbito de las residencias" de mayores.

"Igual que los profesores están a la espera, igual las familias de los usuarios de las residencias están a la espera, y los vecinos de los desalojados por los incendios están a la espera... también en Galicia estamos a la espera de que el PP tome iniciativas para llegar a acuerdos ante problemas que no es capaz de solucionar", ha concluido.

A continuación, también en rueda de prensa, la portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, ha respondido igualmente que "no" ha habido ningún contacto y que el Bloque no ha recibido ninguna invitación "por parte de quien tiene la responsabilidad de poner en marcha un acuerdo positivo para el país".

"Esperamos que esa actitud no se quede en un titular de prensa del debate de investidura. Galicia no se puede gobernar a base de titulares", ha subrayado.

En este escenario, y dada la existencia de "muchas familias" que están "pasándolo muy mal", los nacionalistas muestran la "mano tendida para que haya acuerdos útiles", lo que a su juicio "significa cambiar las políticas" desarrolladas hasta ahora.

El presidente de la Generalitat valenciana, Ximo Puig, ha considerado "positivo" el anuncio hecho este lunes por el Gobierno central de impulsar un nuevo decreto para los ayuntamientos que contemple la suspensión de la regla de gasto porque, según ha dicho, esta medida ayudará a que estas administraciones "puedan colaborar activamente en la recuperación económica y social".

Puig se ha pronunciado de este modo tras visitar junto a la consellera de Sanidad Universal y Salud Pública, Ana Barceló, y la delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Gloria Calero, la Unidad de Vigilancia Epidemiológica del Cuartel Militar Jaume I, preguntado por esa decisión del Ejecutivo central.

El Ministerio de Hacienda ha anunciado esta jornada que va a impulsar un nuevo decreto ley con el fin de que los ayuntamientos cuenten con más recursos para hacer frente a la crisis del coronavirus que, entre otras cosas, incluirá la suspensión de la regla de gasto para el año 2020, y tendrá un impacto superior a los 3.000 millones de euros.

El jefe del Consell ha comentado que conocía que "en las últimas semanas se estaba produciendo un proceso de diálogo" respecto a los recursos municipales entre el Gobierno y las administraciones locales y ha asegurado que "ese diálogo es fundamental".

Tras ello, Ximo Puig ha expuesto que le parece "positivo que el Ministerio de Hacienda abra esa posibilidad" para los consistorios y que estos puedan contribuir también a la recuperación a partir de la pandemia de la Covid-19.

"Creo que es positivo para que los ayuntamientos puedan también colaborar activamente a la recuperación económica y social de la Comunitat" Valenciana, ha aseverado el presidente de la Generalitat.

El consejero de Educación de la Generalitat de Cataluña, Josep Bargalló, ha defendido este lunes la apertura de los centros educativos en el inicio de curso: "Teníamos que abrir los centros para garantizar el derecho de escolarización de niños y jóvenes"

En una atención a los medios en la Escola Joaquim Ruyra de L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona), acompañado de la alcaldesa, Núria Marin, y de la secretaria general de Educación, Núria Cuenca, ha afirmado que la escuela es "el lugar de educación y socialización".

Bargalló ha alabado el "esfuerzo y sacrificio" de los equipos docentes para poder abrir los centros, así como ha reconocido la labor de los ayuntamientos, que se han puesto a disposición de la Conselleria de Educación.

El consejero ha admitido que es un curso que se abre con incertidumbres, en el que "pasarán cosas", pero ha manifestado el compromiso del departamento de trabajar para atender las necesidades que se puedan plantear.

"Pese a todo, el curso ha comenzado con pocas incidencias", ha señalado Bargalló, que ha dicho que el departamento será transparente para combatir los rumores.

Bargalló ha insistido en la defensa de la estancabilidad de los grupos estables de convivencia, que han funcionado en otros sistemas educativos de Europa.

ESPACIO SEGURO

Preguntado por medidas ante aquellos padres que no quieran llevar a sus hijos a la escuela, ha dicho que el departamento aboga por "convencer" de que es un espacio seguro, y que la actuación de la Fiscalía sea un segundo paso.

"Las escuelas son más seguras que la calle", ha dicho Bargalló, que ha insistido en convencer de que son el lugar más seguro tras la propia casa.

El consejero ha remarcado, además, que los centros educativos son "la mejor escuela sanitaria" para traspasar hábitos de higiene y seguridad a las familias.

La Región de Murcia registra tres nuevos fallecidos en la última jornada. Se trata de dos mujeres de 85 y 90 años y un varón de 80 años, por lo que la cifra de fallecidos asciende a 178, según ha informado la Consejería de Salud.

El número total de afectados en la Región de Murcia desde el comienzo de la crisis asciende a 13.815 caso, de los que 12.109 han sido acreditados mediante PCR (457 más que el día anterior), según los datos del Servicio de Epidemiología correspondientes a este domingo a las 23.59 horas.

De los 457 nuevos casos, 110 corresponden al municipio de Murcia, 95 a Lorca, 47 a Jumilla, 38 a Totana, 24 a Cartagena, 14 a Alcantarilla, 8 a Águilas, 8 a San javier, 8 a San Pedro del Pinatar, 7 a Fuente Álamo, 7 a Mazarrón, 7 a La Unión, 7 a Yecla, 6 a Alhama de Murcia, 6 a Archena, 6 a Cieza, 6 a Molina de Segura, 5 a Caravaca de la Cruz, 5 a Lorquí, 5 a Mula, y 5 a Puerto Lumbreras. El resto están repartidos entre diversas localidades

El número de casos activos asciende a 6.249 personas (187 más que el día anterior), de las que 344 se encuentran ingresadas en centros hospitalarios (2 menos), 60 de ellas en cuidados intensivos (una menos respecto a la jornada anterior).

El resto, 5.905, permanecen en aislamiento domiciliario (189 más) y hay 5.682 personas curadas, 267 de ellas el día anterior. Además, el número de pruebas realizadas sigue creciendo, en concreto ya se han realizado 190.420 pruebas PCR y 65.918 de anticuerpos.

El director general de Tráfico, Pere Navarro, ha participado este lunes en un acto de celebración por los 50 años de la Asociación Española de Prevención de los Accidentes de Tráfico (PAT), en donde ha reclamado la necesidad de colaboración de todos los agentes para terminar con la siniestralidad vial. "De aquí a unos años nadie podrá explicarse cómo convivimos tanto tiempo con tanto dolor y sufrimiento", ha declarado.

Durante su intervención telemática en la rueda de prensa, en la que se ha presentado el libro '50 años de la Seguridad Vial, una historia que contar'. Navarro ha destacado la labor de PAT en estos años "adelantándose ocho años a la ONU" al reclamar ya en 1997 un día al año dedicado a la memoria de las víctimas de accidentes --que se estableció en 2005-- y pidiendo la figura de un fiscal especializado en la materia o reformas en el Código Penal que, finalmente se llevaron a cabo.

El director de la DGT ha celebrado que este libro se haga público en la semana de la movilidad, una materia de la que, según ha explicado, depende la Seguridad Vial, pues, para Navarro, "si las políticas de movilidad no funcionan", la Seguridad vial "tampoco" y viceversa. "Queda mucho trabajo por delante", ha reconocido el responsable de Tráfico del Gobierno.

"SINIESTROS EVITABLES"

El presidente de PAT, Vicente Sánchez, ha recordado, por su parte, que hace años la ciudadanía y los políticos pensaban que "la siniestralidad no tenía solución" porque era "el precio del progreso", un pensamiento al que la asociación no se quiso unir.

Gracias a la lucha, ha explicado, en 25 años se ha bajado muchísimo el número de víctimas en las carreteras y se ha concienciado de que la gente "no muere consecuencia de accidentes, sino de siniestros evitables. En este sentido, ha apuntado, las administraciones están obligados a actuar en esta materia, mientras que aquellos que no tiene obligación, como las asociaciones, han de ser "responsables" para reclamar ayuda.

El libro cuenta con anécdotas, reflexiones e interesantes aportaciones del propio Navarro, del Fiscal de sala de Seguridad Vial, Bartolomé Vargas, de directores del Servei Català de Trànsit o de Jordi Jané expresidente de la comisión de seguridad vial del Congreso de los diputados, entre otros.

Estos escritos, ha explicado la organización, hilan el relato de los hitos más importantes de la historia de la Seguridad Vial narrados a través de 14 capítulos. Las más de 150 páginas hablan sobre el papel de las asociaciones de víctimas en la seguridad vial; la curva de evolución de siniestros los últimos 50 años; los sistemas de seguridad activos y pasivos en los vehículos; o educación y civismo; entre otros.

El ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, ha recibido este lunes la Memoria Anual de la Fiscalía General del Estado correspondiente al año 2019 de manos de la fiscal general del Estado, Dolores Delgado. En este documento se recogen las actividades tanto de las diferentes fiscalías territoriales como de las especiales y de áreas especializadas.

Durante el encuentro, que según comunicado del departamento de Campo ha tenido lugar en la sede del ministerio este mediodía, ambos han puesto en común los datos más relevantes contemplados en el documento, y han destacado la estrecha colaboración entre la Fiscalía y el Ministerio de Justicia, así como del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y las consejerías de Justicia de las comunidades autónomas con competencias en la materia, durante la pandemia.

Desde Justicia, subrayan que la coordinación ha sido fundamental para mantener el servicio público de la administración de Justicia "en estos momentos difíciles". Añaden que esa colaboración interdepartamental pone de relieve la importancia de aunar fuerzas para ofrecer un servicio público de calidad también de cara al futuro.

En esta Memoria Anual, que presentó Delgado en el acto de apertura del año judicial el pasado lunes, se incluye la evolución de la criminalidad, la prevención del delito y las propuestas para una mayor eficacia de la Justicia.

La Comisión Europea ha lanzado este lunes una propuesta para apoyar a artistas, organizaciones e instituciones culturales en regiones ultraperiféricas de la UE, como es el caso de Canarias.

En concreto, el plan europeo constará de un millón de euros para ayudar al menos a 45 proyectos con 20.000 euros, en una respuesta de la política de Cohesión a un sector fuertemente castigados por la pandemia del coronavirus en regiones que parten con desventaja por su situación geográfica.

"Las zonas más remotas de la UE tienen una cultura rica y única que debemos preservar. El apoyo que lanzamos con este plan conseguirá marcar la diferencia para promocionar y sostener el sector cultural en estos territorios, que han sido afectados por el coronavirus", ha valorado la comisaria de Cohesión, Elisa Ferreira.

Según ha informado en un comunicado la Comisión Europea, el plan se centrará en proyectos que protejan y promuevan la cultura local e indígena, las artes populares y las prácticas ancestrales de los territorios ultraperiféricos, de tal forma que se mejore el diálogo cultural y se dé a conocer el trabajo de este sector.

La UE cuenta con medidas específicas en favor del desarrollo de las regiones más lejanas, conocidas como ultraperiféricas -- esta son: Guadalupe, la Guayana Francesa, la Reunión, Martinica, Mayotte y San Martín (Francia), las Azores y Madeira (Portugal) y las islas Canarias (España)--. Este apoyo busca paliar las dificultades derivadas de la gran lejanía geográfica de estas regiones.

El secretario general de UGT, Pepe Álvarez, ha acusado al Gobierno de actuar como un "trilero" al presentar la semana pasada en la mesa de negociación sobre la prórroga de los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) una propuesta de última hora que modifica las bases de la normativa vigente y que elimina el 'contador a cero' para los perceptores de la prestación.

"Queríamos cerrar un acuerdo lo antes posible, las bases estaban puestas, pero el Ejecutivo aparece ahora con una propuesta de última hora, la de eliminar el contador a cero en el desempleo de las personas en ERTE, y esto es algo que no vamos a asumir. Se han acabado las concesiones y no vamos a aceptar ni esto ni quitar la cláusula que impide despedir a los trabajadores en los seis meses posteriores al ERTE, como plantea la patronal", ha advertido en una rueda de prensa en Baleares.

El dirigente sindical ha criticado que algunos piensen que los ERTE son un "chollo" para los trabajadores y ha instado a llegar a un acuerdo de inmediato. "Sería un desastre desmontar el sistema productivo de nuestro país por no llegar a un acuerdo", ha añadido.

Álvarez ha pedido que el acuerdo sobre ERTE no se centre en sectores concretos, pues, por ejemplo, hay muchos sectores que no son estrictamente turísticos pero que dependen mucho del turismo y se deberían poder acoger a un ERTE.

"Hay acuerdo ya en mantener la prestación al 70% para las personas que están en ERTE; en el compromiso de encontrar un mecanismo para que los fijos discontinuos que no han podido cotizar y no tienen derecho al desempleo puedan tener una prestación, y en relación a los temporales tenemos que llegar a un acuerdo ya", ha espetado.

Por otro lado y en relación a la futura ley del trabajo a distancia, el líder sindical ha pedido a la patronal que sea consciente de que esta materia hay que regularla y que "no tiene sentido" no considerar trabajo a distancia de carácter regular aquel que no supera el 30% de la jornada semanal.

En su opinión, se trata de un porcentaje demasiado alto, que debería reducirse, por lo que se ha mostrado dispuesto a negociar con las organizaciones empresariales "una compensación".

"El teletrabajo actual es un chollo, una ganga para las empresas. Que vaya todo a cargo del trabajador es un chollo para las empresas. Deberíamos haber firmado ya una ley y un acuerdo la semana pasada, y aún estamos esperando", ha lamentado.

El líder del PP, Pablo Casado, ha asegurado este lunes que el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, "solo acierta cuando rectifica", después de que el Gobierno haya decidido ahora suspender ahora la regla de gasto para que los ayuntamientos puedan utilizar su superávit. Además, ha indicado que esta decisión "desautoriza" a la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, y al presidente de la FEMP, Abel Caballero, que deben "asumir su responsabilidad por este fracaso".

El Ministerio de Hacienda ha anunciado que va a impulsar un nuevo decreto ley para que los Ayuntamientos cuenten con más recursos para hacer frente a la crisis del coronavirus que, entre otras cosas, incluirá la suspensión de la regla de gasto para el año 2020, y tendrá un impacto superior a los 3.000 millones de euros. No obstante, no se abordarán medidas relativas a los remanentes de tesorería de los ayuntamientos, por "falta de consenso".

Esta iniciativa llega después de que el Congreso tumbara el pasado jueves el decreto ley que recogía el acuerdo con la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) para la cesión al Estado de los remanentes municipales, que sólo contó con los votos afirmativos del PSOE, Unidas Podemos y Teruel Existe.

Casado ha recalcado que Sánchez "solo acierta cuando rectifica". "La rebelión de alcaldes liderada por el PP evitó que confiscaran sus ahorros para los vecinos más afectados por Covid. Hoy suspenden la regla de gasto desautorizando a Montero y Caballero que deben asumir su responsabilidad por este fracaso", ha subrayado en un mensaje en su cuenta de Twitter, que ha recogido Europa Press.

En parecidos términos se ha expresado el secretario general del PP, Teodoro García Egea, que ha asegurado que este paso evidencia que "los alcaldes del Partido Popular consiguen lo que es de justicia", con el fin de que "los ahorros de los vecinos se utilicen para atender sus necesidades y no al Gobierno más caro de la historia"."Solo aciertan cuando hacen caso al PP", ha señalado en la misma red social.

"SIGA RECTIFICANDO MONTERO"

De la misma manera, el vicesecretario de Política Territorial del PP, Antonio González Terol, ha indicado que los miembros del Ejecutivo "solo aciertan cuando rectifican y hacen caso al Partido Popular".

"Ahora bien, siguen faltando 5.000 millones incondicionados de ayudas para los Ayuntamientos. Siga rectificando, ministra María Jesús Montero", le ha demandado el dirigente 'popular', que defendió desde la tribuna del Congreso el "no" del PP al decreto de remanentes alegando que era el "robo del siglo".

Desde su cuenta oficial en Twitter, el PP ha destacado que se trata de "otra rectificación" del Gobierno "fruto del trabajo" del Grupo Popular en Congreso y Senado, "que hizo que fracasara el injusto decreto que pretendía confiscar los ahorros de las entidades locales".