El portavoz de Unidas Podemos en el Congreso, Pablo Echenique, ha augurado que la moción de censura será una "batalla campal" entre PP, Cs y Vox para luchar por los votos de su espectro político y ha defendido, frente a la postura de ERC, la conveniencia de intervenir en el hemiciclo para exponer sus argumentos y "hacer frente a la extrema derecha".

También ha confirmado que, por parte de su grupo confederal, subirán a la tribuna solo mujeres durante esa sesión. Concretamente, tomarán la palabra la portavoz adjunta, Sofía Fernández Castañón, y la diputada Lucía Muñoz (en representación de Podemos), Roser Maestro (por IU) y una representante de En Comú Podem aún por definir.

En rueda de prensa tras la Junta de Portavoces en el Congreso en referencia al debate que arrancará este miércoles, Echenique ha asegurado que se convertirá en un "combate de la extrema derecha y la extrema derecha", lamentando que con ello Vox "secuestre" la Cámara Baja durante dos días "con la que está cayendo".

El parlamentario de la formación morada ha vaticinado que los ciudadanos verán seguramente a los "tres partidos de la Plaza de Colón seguramente votar distinto pero decir lo mismo, con los mismos ataques al Gobierno".

Preguntado por las palabras de su homólogo de ERC, Gabriel Rufían, quien ha revelado que planteó sin éxito que nadie participara en la moción, Echenique ha dicho que a él nadie le propuso nada pero, en todo caso, la postura de Unidas Podemos es que "hay que hacer frente a la extrema derecha" en España.

Una posición que se sustenta sobre todo en su discurso "enormemente peligroso para la democracia" que tiene efectos en la sociedad. "Hemos visto cosas graves y queremos que en nuestro país la cosa no se deteriore y vayamos a una convivencia violenta en España", ha remachado.

LA MOCIÓN ES LA "ANTIPOLÍTICA"

En esta línea, el representante en Galicia en Común del grupo confederal, Antón Gómez-Reino, ha desdeñado esta moción de censura que representa a la "antipolítica" y que, ante el "ruido y el odio" que promulga la "derecha y la extrema derecha", toca "firmeza democrática", "calma", "feminismo" y "derechos".

Además, ha subrayado que el PP se está "mimetizando" con Vox y que su proyecto político está "vinculado a la extrema derecha", con quien lleva demasiado tiempo desplegando una alianza estratégica.

Canarias ha registrado un total de 16.070 casos de coronavirus desde el inicio de la pandemia, aumentando en las últimas 24 horas en 126, tiempo en el que además ha tenido que lamentar cuatro fallecimiento más a causa del coronavirus --2 en Tenerife, uno en Gran Canaria y otro en Fuerteventura--, ascendiendo la cifra de óbitos a 262.

Así se desprende de los datos que la Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias publica diariamente sobre las 14.00 horas. En ellos se comprueba que del total de casos registrados en el archipiélago actualmente, 6.341 se encuentran activos en las islas, lo que suponen un descenso de 208 en el último día.

En este sentido, se desprende que de los casos activos por Covid-19 que tiene Canarias, 49 personas están en una Unidad de Cuidados Intensivo, 227 permanecen en planta hospitalaria y los 6.065 restantes se encuentran en aislamiento domiciliario.

En cuanto a los pacientes que han superado la enfermedad en las islas se sitúan en 9.467, lo que implica 330 personas más en las últimas 24 horas.

LAS ISLAS

Por islas, Gran Canaria ha computado un total de 8.366 casos desde el inicio de la crisis sanitaria (6 más que hace un día), de los que 3.330 están activos (-91), mientras que 4.931 han superado la enfermedad y 105 han fallecido (+1).

Le sigue en número de casos Tenerife con 5.459 (+51), de los que 2.889 están activos (-119), 2.431 han recibido el alta médica y 139 perecieron (+2).

Lanzarote, por su parte, es la tercera isla con más casos computados, ascendiendo a 1.183 casos (+6), de los que 56 son positivos activos (+1), 1.118 han superado la enfermedad y nueve han muerto.

Tras ella se encuentra Fuerteventura con 732 casos desde el inicio de la pandemia (+2), de los que 43 están activos (+1), mientras que 686 superaron el virus y tres fallecieron (+1).

La Palma, por su parte, se mantiene en 190 casos, cinco de ellos positivos activos, 179 altas médicas y seis muertes; y La Gomera también se mantiene en 83 casos, de los que 12 están activos y 71 han recibido el alta médica.

Finalmente, El Hierro se mantiene en 56 casos, de los que cinco están activos y 51 han superado el virus. Ambas islas, la de La Gomera y El Hierro, no han registrado fallecimientos.

El presidente de Vox, Santiago Abascal, lleva semanas prácticamente encerrado entre su casa y su despacho preparando el discurso de este miércoles en el debate de la moción de censura al Gobierno de coalición. Su intervención presentará "la alternativa" que ofrece Vox a los ciudadanos, mientras que dejará al diputado Ignacio Garriga la crítica al Ejecutivo.

Abascal se enfrenta a su discurso más importante ante las Cortes Generales e intentará aprovechar la ocasión para desgranar las propuestas de su partido en asuntos como economía, sanidad, políticas sociales o política internacional; además de los temas más habituales en él como la unidad de España o el terrorismo.

Como candidato alternativo al Palacio de la Moncloa, el líder de Vox presentará un programa de Gobierno completo, con continuas referencias a la situación actual marcada por la pandemia o el contexto internacional.

El discurso lo ha preparado prácticamente en solitario, aunque lleva meses fijando las bases con su círculo más cercano. No en vano, Vox anunció en el mes de julio la moción de censura y su debate no tendrá lugar hasta tres meses después. Y aunque Abascal dijo no tener ningún interés en ser el candidato y estar abierto a que otra persona encabezara la moción de censura si reunía mayor consenso, todos los ojos estaban ya puestos en él y ha tenido tiempo para articular su intervención.

La 'plana mayor' de Vox ha repasado además las anteriores mociones de censura debatidas en el Congreso --la suya será la quinta de la democracia-- y se ha fijado en detalles como el tiempo de duración del discurso del candidato, que oscila entre los 45 minutos utilizados por Antonio Hernández Mancha en 1987 a las casi tres horas de Pablo Iglesias en 2017. Según apuntan, la intervención de Abascal estará en un punto medio, larga para poder presentar todo su proyecto pero no en exceso.

La parte de crítica al Gobierno quedará reservada para el diputado Ignacio Garriga, quien abrirá el debate este miércoles a las 9.00 horas con un discurso sin límite de tiempo con el que justificar la censura al Gobierno. Garriga afrontará con ello su 'puesta de largo' parlamentaria poco antes de dejar las Cortes Generales para ser el candidato a de Vox en las elecciones al Parlamento de Cataluña del mes de febrero.

La moción de censura de Vox nace con el fracaso prácticamente garantizado, ya que solo cuenta con el apoyo seguro de sus 52 diputados y el resto de partidos han ido mostrando su rechazo a la iniciativa. Solo queda en suspense la postura del PP, que se debate entre votar en contra u optar por la abstención.

Pese a ello, Vox defiende que la moción "ya ha tenido éxito", ya que "se ha ganado en la calle" pese a su rechazo parlamentario. El partido cree que este paso al frente le sirve para capitalizar el "descontento" que existe en la calle contra el Gobierno de Pedro Sánchez y Pablo Iglesias.

Además, Abascal tendrá oportunidad de responder uno a uno a sus rivales políticos, ya que el candidato puede intervenir cuando lo desee durante todo el debate. En Vox no prevén que Abascal haga ninguna mención en su discurso inicial a la postura del PP, pero sí podría reprocharle su indefinición en intervenciones posteriores.

Desde Vox insisten en que el único objetivo de la moción es censurar la gestión del Gobierno de PSOE y Unidas Podemos, aunque de forma indirecta también ponen en un aprieto a los 'populares'. "Si no renuncian a hacer oposición, que no molesten", explican los dirigentes de Vox sobre la actitud del PP.

La Fundación "la Caixa" presenta en CaixaForum Zaragoza la nueva temporada de 'Encuentros con...', el ciclo de conversaciones con un formato íntimo que permite conocer de cerca a los creadores más destacados del panorama artístico actual y sus trayectorias profesionales.

El punto de partida de este ciclo, que comienza este viernes, 23 de octubre, es crear un espacio de reunión una vez al mes para que artistas y creadores que han sido pioneros en disciplinas tan diversas como la fotografía, el diseño, la música, la ilustración, la performance o el ámbito audiovisual presenten sus trabajos, su recorrido profesional y sus experiencias.

Las sesiones transcurren en un ambiente informal y ofrecen la oportunidad al público de acercarse y escuchar en primera persona el trabajo de los artistas.

Durante esta temporada, CaixaForum Zaragoza acogerá las charlas de la ilustradora María Hesse, la fotógrafa Angélica Dass y el ilustrador de cómic Salva Spin.

UN CICLO DEL SELLO FOUND!

Encuentros con...' es un proyecto de la Fundación "la Caixa", comisariado por Artsmoved, que se inicia en 2012 en CaixaForum Barcelona y que ahora se enmarca en el sello de actividades Found!. Parte de la convicción de que son necesarios espacios de escucha activa entre el público y los creadores para promover que la cultura resulte siempre una investigación en constante movimiento.

Desde su creación, este formato rompedor se ha consolidado como una cita imprescindible para un público comprometido con el arte en sus múltiples formas, y para esta temporada ha previsto más de una decena de artistas en todos los centros CaixaForum.

La Fundación "la Caixa" pone en marcha en 2018 CaixaForum Found!, como una nueva apuesta por la cultura más innovadora y creativa orientada a un público inquieto. Tras el éxito de la iniciativa en sus ediciones, se consolida en su tercer año ampliando las propuestas y diversificando los formatos.

Found! sigue apostando por visibilizar el talento nacional e internacional de las artes visuales, la música, el diseño, la ilustración y las prácticas con las nuevas tecnologías --como el 3D--, generar encuentros con nuevos públicos y explorar experiencias culturales alternativas.

MICROCONCIERTOS

A esta nueva temporada de 'Encuentros con...' se suma la programación del ciclo Microconciertos, una apuesta de Fundación "la Caixa" para ofrecer formatos originales que acercan al público la música en directo y que propone actuaciones breves de proximidad a cargo de artistas locales seleccionados. Así mismo, este formato ofrece a los grupos y músicos de la ciudad la oportunidad de tocar en el centro cultural.

La selección de los grupos se lleva a cabo a través de la Convocatoria para actuaciones musicales CaixaForum 2020 y algunas de las citas de la programación de Microconciertos se han enmarcado en la Noche en blanco o Noche de los museos.

En las próximas citas, CaixaForum Zaragoza ofrecerá a los espectadores la oportunidad de disfrutar del recital de música clásica del 'Dúo Ónix', el viernes 23 de octubre y 27 de noviembre, a las 19.00 horas; el repertorio de acordeón y violonchelo del Dúo Adelaida, será el sábado 14 de noviembre, a las 19.30 y 20.30 horas; mientras que la sonoridad medieval de Jota Martínez Ensemble se ha previsto para el domingo 15 de noviembre, a las 11.30 horas.

La música de cámara del Trío Arloesi, se podrá escuchar el sábado 21 de noviembre, a las 19.00 horas; el ritmo de jazz de Miguel Arribas Trío se ha programado para el domingo 22 de noviembre, a las 11.30 horas y las composiciones de Elem cierran el domingo 13 de diciembre, a las 11.30 horas.

Con los Microconciertos, Fundación "la Caixa" refuerza su compromiso por la escena musical local ofreciendo la oportunidad de mostrar al público nuevas e estimulantes propuesta y ofreciendo actuaciones gratuitas en distintos espacios del centro cultural.

PROGRAMA

Este viernes 23 de octubre, a las 20.00 horas, se inaugura el ciclo "Encuentros con...' con la ilustradoras María Hesse, quien disertará sobre "El placer de ilustrar".

María Hesse ha trabajado para distintas editoriales, revistas y marcas comerciales. Tras el fenómeno editorial que supone su primer álbum ilustrado 'Frida Kahlo. Una biografía', traducido en catorce idiomas y ganador del Premio de la Fundación Nacional del Libro Infantil y Juvenil de Brasil, ha publicado 'Bowie. Una biografía', traducido a ocho lenguas.

Su último libro es 'El placer', que es el más íntimo y personal, en el que cuenta su camino hacia el despertar sexual, marcado por mujeres como Safo, la virgen María, Anne Sexton y Erika Lust.

Para el viernes 13 de noviembre, a las 20.00 horas, se podrá asistir al 'Encuentro con...' la fotógrafa Angélica Dass, autora de 'Humanae', una obra fotográfica en constante evolución que propone una reflexión sobre el color de la piel.

Persigue el objetivo de documentar los verdaderos colores de la humanidad en lugar de etiquetas como "blanco", "rojo", "negro" y "amarillo", asociadas a la raza. En última instancia, busca demostrar que lo que define al ser humano es su singularidad ineludible y, por lo tanto, su diversidad.

"Humanae" ha viajado a más de 49 países de seis continentes, desde el Foro Económico Mundial de Davos a las páginas de National Geographic, pasando por escuelas públicas con la firme voluntad de promover un diálogo que celebre nuestras diferencias. El público podrá compartir con ella sus inquietudes artísticas y conocer en profundidad los reclamos que impulsan su obra.

ÚLTIMO ENCUENTRO

El siguiente "Encuentros con...' tendrá lugar el jueves 17 de diciembre, a las 20.00 horas con el ilustrador de cómic Salva Espín, quien expondrá la charla "Un murciano en Marvel Cómics".

Salva Espín es un murciano ilustrador cuyo sueño de trabajar para Marvel Cómics se hace realidad en 2007 a la edad de 25 años. Aunque ha tenido la oportunidad de dibujar a los personajes más importantes del universo Marvel en infinidad de páginas o ilustraciones de portada, es sobre todo conocido por su trabajo en la serie regular y miniseries de Deadpool --que es el personaje por el que empieza a coleccionar cómics de pequeño--.

Entre sus méritos, destaca la creación en 2012 de Evil Deadpool, un personaje que ha pasado a engrosar la lista oficial del universo Marvel, así como varios premios en el mundo del cómic y la ilustración. En CaixaForum compartirá con el público cómo ha sido el recorrido hasta llegar a lo más alto.

Castilla y León contabiliza un total de 72.396 positivos por coronavirus, de ellos 985 nuevos, y de los cuales 36 han sido diagnosticados en la jornada anterior, según datos ofrecidos este martes por la Consejería de Sanidad y recogidos por Europa Press.

Las estadísticas registran, asimismo, 19 fallecimientos en hospitales, de manera que el total en este ámbito es de 2.609, mientras que las altas hospitalarias de pacientes que ingresaron con COVID-19 alcanzan ya las 11.881, tras sumarse otras 117 nuevas.

Los brotes activos actualmente en el conjunto de la Comunidad son 413 --trece más-- y el número total de casos de la COVID-19 a ellos vinculados asciende a los 3.469, 40 más.

Del total de brotes notificados, 43 corresponden a Ávila --seis menos--, 35 a Burgos --uno más--, 20 a León --cuatro más--, 34 a Palencia --los mismos--, 56 a Salamanca --uno menos--, 49 a Segovia --seis más--, 28 a Soria --los mismos--, 121 a Valladolid --ocho más-- y 27 a Zamora --uno más--.

En total, se han diagnosticado ya en la Comunidad 72.396 positivos en COVID-19 en los distintos tipos de pruebas, después de una jornada en la que se han sumado 985 más y en la que no se han superado, por poco, los 1.000 nuevos casos, registro que se había sobrepasado en las tres anteriores jornadas.

Según los datos de la Administración regional, 65.825 positivos han sido diagnosticados en test PCR y de antígenos.

VALLADOLID INCORPORA 288 NUEVOS POSITIVOS

Por provincias y en total, Ávila suma 48 positivos más, con un total de 4.554; Burgos suma 134 positivos, con 10.834 en total; León 162 más, hasta 11.174; Palencia 99 más, con 4.646; Salamanca suma 169 más hasta un total de 11.280; Segovia incorpora 52 nuevos positivos hasta los 6.180 en total; Soria añade 20 más hasta 3.991; Valladolid incorpora 288 positivos, hasta 15.911, y Zamora suma 13, hasta los 3.826.

Respecto al número de fallecidos en hospitales con diagnóstico COVID, la cifra total es de 2.609, 19 más que este lunes. La mayor parte se registra en la provincia de Valladolid, con 524 fallecidos --siete más--, seguida por León, con 519 fallecidos --siete más--; a continuación figura Salamanca, con 462 --tres más--; Burgos, con 285--los mismos--; Segovia se sitúa en 233 --uno más--; Ávila registra 185 --los mismos--, Zamora 150 --sin variación-, Soria 134 --los mismos-- y Palencia 117, --uno más--.

En el caso de las altas, un total de 11.881, se han computado 2.804 en Valladolid; 2.078 en León; en Salamanca 1.877; en Burgos 1.450; en Segovia 1.501; en Ávila 883; en Zamora 629; en Palencia, 570 y en Soria 539.

UN TOTAL DE 72 INGRESADOS MÁS

En cuanto a las hospitalizaciones, permanecen ingresadas con motivo del COVID-19 un total de 1.224 personas --72 más--, 1.069 de ellas en planta--35 más-- y 155 en unidades de críticos --tres más--.

Los pacientes con COVID-19 en UCI se encuentran repartidos en once hospitales de las distintas provincias y ocupan un 51 por ciento de las camas UCI. Así, hay 27 ingresados en el Clínico Universitario de Valladolid, 25 en los complejo de Salamanca y León, 21 en el Universitario de Burgos, 18 en el Río Hortega de la capital vallisoletana y en el complejo de Palencia, seis en el Hospital de El Bierzo, los mismos que en el de Ávila, cuatro en el de Zamora, tres en el de Soria y dos en el de Segovia.

La ocupación, si se tiene en cuenta el total de enfermos críticos, se encuentra en un 93 por ciento de media con respecto a las camas iniciales de las UCI y en un 72 por ciento si se tiene en cuenta las plazas habilitadas para críticos.

SIETE RESIDENTES MÁS FALLECIDOS

Por su parte, la cifra de internos de residencias fallecidos, según los datos facilitados por la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades, se sitúa en 2.851 --siete más que en el último parte emitido el lunes-- en los 1.214 centros de personas mayores tanto públicas como privadas y centros públicos de discapacidad.

De los fallecidos, 1.746 corresponden a casos de positivos confirmados por COVID-19 y otros 1.105, a fallecidos con síntomas compatibles con el virus.

Según los datos facilitados por la Junta, de los 2.851 finados, 1.816 personas han perdido la vida en su residencia o centro, uno más, mientras que seis personas más han fallecido en el hospital, hasta un total de 1.029.

Un total de 50 residentes se encuentra aislado con síntomas compatibles con el COVID-19, once más, y 1.184 se encuentran en esa situación de forma preventiva pero sin síntomas, 48 más.

En cuanto a los centros bajo la tutela de la Junta de Castilla y León, se mantienen con 254 fallecimientos, de ellos 137 con positivo confirmado, mientras que otros 117 han sido con síntomas compatibles. Además, se encuentran hospitalizados 43 residentes --seis más--, mientras que se contabilizan 767 usuarios con positivo en COVID-19 confirmado, seis más.

Por otro lado, no hay ningún residente en aislamiento con síntomas compatibles con el COVID-19, mientras que otros 61 están aislados de forma preventiva sin síntomas, cinco más que ayer.

La Guardia Civil ha desmantelado un grupo criminal que presuntamente se dedicaba a la explotación de mujeres para ejercer la prostitución y al tráfico de drogas en la comarca de La Ribera (Valencia), con la detención de seis mujeres y dos hombres de 22 a 68 años.

Los ocho proporcionaban estupefacientes tanto a los usuarios de un club de alterne como a las mujeres que ejercían la prostitución. También se lucraban de varias extranjeras que estaban obligadas a prostituirse por necesidad ante su precaria situación económica.

La operación 'Guyras' arrancó ante los indicios de que varias personas vendían drogas por la comarca, desde el domicilio de uno de los integrantes de la banda y desde el club de alterne, informa el instituto armado en un comunicado.

Las mujeres extranjeras se prostituían en un inmueble que carecía de las mínimas condiciones higiénico-sanitarias. Una de las detenidas las controlaba en el club, llevaba la contabilidad y les imponía un porcentaje de beneficios por los servicios y por las consumiciones.

En cuanto al tráfico de drogas, los arrestados desarrollaban varios roles: uno proporcionaba la droga a la organización, otros se dedicaban a la distribución y el resto prestaba ayuda logística transportando los estupefacientes y ocultándolos en otros inmuebles, lo que añadió un plus de dificultad a la investigación.

Una vez identificados, los ocho fueron arrestados por delitos de prostitución, pertenencia a grupo criminal y blanqueo de capitales. Son seis hombres y dos mujeres, todos españoles, de entre 22 y 68 años.

En la operación de la Guardia Civil de Cullera y Sueca (Valencia) se han incautado varias cantidades de cocaína, heroína, éxtasis y marihuana, tres vehículos, un revolver y cerca de 70.000 euros en metálico. Las diligencias han pasado a disposición del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 1 de Alzira.

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha aseverado este martes que el hecho de aplicar el toque de queda en Madrid sería asumir que los ciudadanos no están cumpliendo con su deber para evitarlo.

"Se podría argumentar que evita que la gente no esté en las calles, pero antes del toque estamos nosotros como ciudadanos, y tenemos que ser conscientes de que no sería necesario que las fiestas se tengan que evitar con esto, porque ello corresponde a los madrileños. Creo que todos los que vivimos tenemos que ser conscientes de que no debería ser necesario tomar medidas tan drásticas; ya hay restricciones y me parece que no estaríamos cumpliendo nuestro deber como ciudadanos para evitar eso", ha expresado tras inaugurar en CentroCentro una exposición dedicada a Gregorio Ordóñez.

Ello tras afirmar el consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, que el Gobierno de la Comunidad de Madrid está estudiando pedir al Gobierno central que decrete el toque de queda, que permitiría que no existiese ningún movimiento en la región en determinadas horas del día.

Para Almeida, "el gobierno de la Nación debería ser especialmente cuidadoso al lanzar globos sonda", ya que "es importante tener confianza en las instituciones, y para ello transmitir medidas concretas, al margen de que gusten más o menos".

El regidor madrileño se ha mostrado favorable a "tomar la medida que sea necesaria en el momento en el que sea necesario". "Es de eso de lo que soy partidario, no de hacer hipótesis de si me gustan más o menos determinadas medidas", ha concluido.

El exviceconsejero de Empleo de la Junta de Andalucía Agustín Barberá y los exdirectores generales de Trabajo y Seguridad Social Juan Márquez y Daniel Alberto Rivera han declarado este martes como acusados, en el juicio que celebra la Sección Tercera de la Audiencia de Sevilla sobre las subvenciones autonómicas concedidas a la empresa de Dos Hermanas Aceitunas y Conservas (Acyco), una pieza separada de la macro causa de los expedientes de regulación de empleo (ERE) presuntamente fraudulentos o innecesarios y las ayudas supuestamente arbitrarias y sin publicidad financiados con cargo a los fondos autonómicos.

Agustín Barberá, viceconsejero de Empleo entre 2004 y 2010, ha optado por responder sólo a las preguntas de su defensa y de la Fiscalía, que reclama para él 12 años y medio de prisión, cuatro de inhabilitación y 5.400 euros de multa; a cuenta del modo en el que fueron concedidas ayudas autonómicas por valor de más de 3,2 millones de euros a la citada empresa.

Durante su comparecencia, Agustín Barberá ha asegurado que como consejero, no tuvo "ningún contacto, información o relación" con las gestiones implícitas en las ayudas concedidas a Acyco.

Así, ha negado cualquier conocimiento del protocolo firmado entre el exdirector general de Trabajo Francisco Javier Guerrero, también acusado en esta causa y recientemente fallecido, y Encarnación Poto, también acusada, en nombre de Acyco, respecto al ERE promovido por la empresa en 2003 para extinguir 35 puestos de empleos mediante prejubilaciones en condiciones "muy favorables", según un responsable de la empresa también acusado, con cargo a la Junta de Andalucía.

También ha negado "absolutamente" cualquier papel en el convenio firmado al respecto en 2004 por Francisco Javier Guerrero con la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (IDEA), un documento posterior al ERE promovido por Acyco en 2003, exponiendo igualmente que "en modo alguno" conocía la inclusión adicional de dos personas ajenas a Acyco en las prejubilaciones acordadas en el mencionado despido colectivo.

En ese sentido, ha alegado que las direcciones generales de la Consejería de Empleo eran los "órganos de gestión" de las subvenciones financiadas con cargo al programa 31L de los presupuestos autonómicos y que la Viceconsejería "no se encarga de la tramitación" de las ayudas. Es más, ha asegurado que las sesiones de los consejos de dirección de la Consejería de Empleo tenían un carácter de "coordinación" y en dichas reuniones, "no se entraba al detalle" de la gestión. Así, ha asegurado que Guerrero "en absoluto" le informaba de las ayudas individuales.

EL DINERO ANTICIPADO POR LOS TRABAJADORES

También ha negado haber conocido la factura elevada a la Junta de Andalucía por la asociación 3 de Julio de trabajadores de Acyco por los 210.000 euros anticipados para las pólizas de las prejubilaciones del ERE o que durante su etapa como viceconsejero supiese de la reclamación judicial promovida por la firma Garrigues contra Acyco en demanda de los honorarios correspondientes a sus servicios en el ERE de 2003. Después de que Acyco trasladase ese pago a la Junta, Barberá ha opinado que a su entender, no correspondía que la Junta sufragase tal concepto por no coincidir con el objeto del programa presupuestario 31L.

En ese sentido, en este juicio también figura como acusado el abogado José Miguel Caballero, quien por aquella época trabajaba para la citada firma y quien habría propuesto a Acyco el ERE de 2003, según el testimonio del que fuera director de Recursos Humanos y también acusado, Gabriel Barrero.

En cuanto a los "famosos vistos buenos" de las órdenes de pago, ha alegado que se trataba de un acto destinado a detallar el cargo de quien los realizaba, pero no implicaban una "comprobación material de la veracidad" de los pagos porque no estaban acompañados de expedientes o documentos acreditativos. En ese marco, ha asegurado que como viceconsejero, él no firmó "ninguna orden de pago" y sólo firmó un visto bueno, reducido a una "comunicación" a IDEA.

Después ha prestado declaración el director general de Trabajo y Seguridad Social entre 2008 y 2010 Juan Márquez, quien ha asegurado que tras suceder a Guerrero en el cargo, él no emitió órdenes de pago con relación a las prejubilaciones del ERE de Acyco, admitiendo que tuvo conocimiento de los diversos "compromisos" de su antecesor en el puesto y del asunto de la "minuta" de Garrigues. Sobre ello, ha asumido la decisión de no pagar aquel "compromiso" de Guerrero, entendiendo que dicho coste no correspondía a la Administración andaluza.

Respecto a la ayuda de 125.000 euros solicitada en 2009 por Acyco para contrataciones adicionales, cuya primera y única partida fue usada para sufragar parte de los honorarios de Garrigues, según el que fuera director de Recursos Humanos de Acyco y además acusado, Gabriel Barrero, Márquez ha declarado que esa petición de ayuda estaba fuera de lo "usual".

MÁRQUEZ TENÍA "CONFIANZA CIEGA" EN SU EQUIPO

En cualquier caso, ha relatado que tenía "confianza ciega" en su equipo y su papel en esa ayuda se limitó a "firmar" la resolución concediendo la ayuda, sin llegar a ver si quiera el "documento entero". Según ha insistido, era la que fuera asesora de la Dirección General de Trabajo María José Rofa, incorporada por él mismo al departamento, quien redactaba las resoluciones de las ayudas.

Del mismo modo, ha negado cualquier conocimiento de la inclusión de dos "intrusos" entre las prejubilaciones del ERE de Acyco de 2003, defendiendo que durante su etapa fue implementado un "procedimiento que daba todas las garantías posibles" al mecanismo de concesión de ayudas.

Daniel Alberto Rivera, director general de Trabajo y Seguridad Social entre 2010 y 2012, ha admitido preguntas de todas las partes y rememorado de su lado que tras desembarcar en el cargo, los "déficit" detectados en los expedientes relacionados con la concesión de ayudas llevaron a una revisión de casos como el de las subvenciones otorgadas a Acyco, siendo "advertido" además que entre las prejubilaciones del ERE de esta empresa figuraban dos personas ajenas a la misma y la propia Encarnación Poto pese a ser aún "administradora" de la entidad y cobrar por ello. Por eso, según ha dicho, fue iniciado un proceso para reclamarles "las cantidades devengadas".

RIVERA DESCONOCÍA EL "DESTINO FINAL" DE LA AYUDA

Rivera ha admitido que en 2010 ordenó el pago del primer plazo del 75 por ciento de la ayuda solicitada en 2009 por Acyco y tramitada en la etapa de Márquez, negando que entonces sospechase del "destino final" de dicha subvención, sobre todo porque Rofa no le "advirtió" de nada.

Ni Rofa ni los funcionarios, según ha dicho, le trasladaron nada de que la ayuda estuviese "vinculada a una minuta". Al respecto, ha alegado que al no ser debidamente justificado el gasto del 75 por ciento de la ayuda que comprendía el primer plazo de la misma, no autorizó el pago del segundo e inició la "revisión del conjunto de toda esa subvención.

En ese contexto, ha rememorado que en noviembre de 2010, tras ser descubiertos los dos "intrusos" y estaba en marcha una "investigación interna", Rofa fue "apartada" de la sede de la Dirección General de Trabajo y trasladada a Huelva, por "absoluta pérdida de confianza", pues habría acometido "un barrido de toda la información del sistema" informático de la Dirección General de Trabajo y Seguridad Social.

Finalmente, ha lamentado la acusación "sorpresiva" de la Junta de Andalucía respecto a un presunto delito de asociación ilícita, porque figura como "encartado" por unos hechos y unas personas con las que, a su entender, no está "conectado".

La consellera de Presidencia y portavoz del Gobierno catalán, Meritxell Budó, ha asegurado este martes que la Generalitat no descarta tener que aplicar un toque de queda ante el aumento de contagios de coronavirus, pero ha dicho que el Gobierno no le ha comunicado que se lo plantee.

Lo ha dicho en rueda de prensa telemática tras el Consell Executiu, después de que el ministro de Sanidad, Salvador Illa, haya afirmado que el Gobierno estudiará con todas las comunidades autónomas aplicar un toque de queda generalizado en todo el Estado.

"Hemos oído el anuncio del ministro Illa planteando la aplicación de un toque de queda general en el Estado. A nosotros no nos ha llegado la medida concreta por parte del Estado", ha apuntado.

Budó ha sostenido que este miércoles hay una reunión interterritorial entre los consejeros de Salud de todas las comunidades autónomas e Illa, en la que se podría plantear esta medida: "No sé si será en esta reunión cuando se ponga encima de la mesa.

Así, la portavoz del Govern ha argumentado en que el Ejecutivo catalán tiene el toque de queda y otras medidas "sobre la mesa" en el caso de que sea necesario aplicarlo para frenar la pandemia del coronavirus, pero que en ningún caso se ha tomado la decisión de aplicar un toque de queda en Cataluña.

"Ni mucho menos está tomada", y ha defendido que el Govern contempla cualquier opción para luchar ante la pandemia si los datos del coronavirus lo indican.

En este sentido, Budó ha subrayado que todavía es pronto para evaluar si están funcionando las restricciones aplicadas la semana pasada, por lo que en los próximos días analizarán cómo evoluciona la situación epidemiológica para ver si "es necesario o no algún tipo de medida más drástica".

También ha vuelto a contemplar la posibilidad de pedir un estado de alarma, aunque por el momento "no se ha considerado necesario porque jurídicamente todas las medidas se podían tomar sin decretar un estado de alarma".

"De cara a finales de semana veremos hacia dónde van y si son suficientes o no, y si hay que tomar medidas adicionales o llevar a cabo acciones más drásticas como el estado de alarma", ha añadido.

La titular del Juzgado de Primera Instancia número 9 de València ha accedido a la petición realizada por una mujer para que se le conceda la nulidad matrimonial alegando que el hombre le ocultó "deliberadamente" antes de la boda que era homosexual. Asimismo, la sentencia impone al exmarido una indemnización de 3.000 euros.

De esta manera, la jueza estima parcialmente la demanda interpuesta por una mujer contra su exmarido, del que lleva divorciada diez años (desde 2011), después de que dos amigos comunes le aseguraran que conocían la supuesta homosexualidad del hombre desde la infancia y que había mantenido una relación con un varón en la juventud.

La demandante inició entonces un procedimiento civil para pedir la nulidad matrimonial y, además, una indemnización de 10.000 euros. En sus alegaciones aseguraba que, "de haber tenido conocimiento de la condición de homosexual (...) no hubiera prestado su consentimiento" a la boda y expresaba su convencimiento de que él le ocultó su condición sexual "deliberadamente".

Según consta en la sentencia, fechada este lunes, en 2016 el hombre comunicó a su exmujer, "con quien mantenía una buena relación, su condición de homosexual" y ella "le apoyó, según manifiesta, en la creencia de que tal orientación sexual había aflorado con posterioridad al matrimonio".

En el presente caso, razona la jueza, la mujer sostiene que "de haber sido sabedora de la condición sexual practicante de su entonces novio, que le fue ocultada, no habría contraído matrimonio". El demandante, por su parte, negó "haber tenido antes de casarse relaciones homosexuales plenas, más allá de escarceos adolescentes, y alegó que antes de contraer matrimonio había tenido contactos heterosexuales con otras mujeres".

"Sin embargo --prosigue-- sobre este punto no hay prueba directa, sino meros testigos de referencia, pudiendo haber fácilmente acreditado tales contactos trayendo como testigos a sus partenaires". Por el contrario, la jueza señala la "veracidad, contundencia y coherencia" del testimonio de un testigo que prueba que antes de casarse el demandado tuvieron "una relación sentimental mantenida en el tiempo".

Además, cita una sentencia de la Audiencia de Barcelona que sostiene que el error en la identidad de la persona o de determinadas cualidades personales tiene alcance anulatorio cuando, "no solo desde la perspectiva subjetiva, sino también desde la objetiva, es razonable entender que, de haber sido conocida por el otro contrayente, no hubiera prestado su consentimiento matrimonial".

"Por ello, entendemos que el pleno respeto que mostró la actora hacia la homosexualidad de su exesposo, que excluye toda actitud homófoba (...), no quita para entender que tanto para (la demandante) como para el resto de las personas fuera relevante y, aún más, determinante a la hora de prestar su consentimiento matrimonial, la orientación sexual de su pareja", asevera la jueza.

"NO ES UN HECHO BALADÍ"

Y añade: "Es una obviedad que para la mayoría de personas no es un hecho o circunstancia baladí la orientación sexual de sus parejas, debiendo en todo caso probarse lo contrario, esto es, que resulta anodino o irrelevante".

En otro momento de la sentencia, contra la que cabe recurso de apelación, manifiesta: "Y aunque no podemos aventurar cuáles son las razones por las que él no expresó a la que sería su esposa su orientación sexual ni damos por bueno que utilizara el matrimonio como 'pantalla' para ofrecer socialmente una determinada imagen, ha quedado a nuestro juicio acreditado que hubo ocultación a la que iba a ser su esposa de la relación y la práctica homosexual previas al matrimonio".

Sobre la indemnización, estima que la demandante "no ha acreditado que como consecuencia de haber solicitado el divorcio sufriera un rechazo social, ni mucho menos un perjuicio laboral". Agrega que "partiendo de que el desengaño personal no es resarcible económicamente, la compensación debe atemperarse y reducirse a la cantidad de 1.000 euros por cada uno de los tres años que duró el matrimonio".

Tras la celebración del juicio, el hombre demandado, el jurista valenciano Javier Vilalta, lamentó en declaraciones a los medios que se den aún en España estas situaciones que "penalizan y criminalizan" orientaciones sexuales.

Al mismo tiempo, subrayó que, al visibilizar su caso no pretendía "poner el foco" sobre él, sino animar a que formaciones políticas puedan impulsar una iniciativa legislativa que modifique el artículo 73 del Código Civil, "limitando la prescripción de este precepto".

Ese artículo establece entre los supuestos de matrimonio nulo "el celebrado por error en la identidad de la persona del otro contrayente o en aquellas cualidades personales que, por su entidad, hubieren sido determinantes de la prestación del consentimiento".

Por su parte, y tras conocer el fallo, desde la representación legal de la mujer, señalan que la sentencia está "muy clara" e inciden en que "en ningún momento se ha puesto en tela de juicio la condición sexual de nadie", un tema con el que han sido "muy respetuosos".

La Plataforma en Defensa de los Paisajes de Teruel ha alertado de las consecuencias que la instalación de megaparques eólicos provocará en los espacios naturales de carácter singular, al considerarlos desprotegidos ante una normativa "burlada" por el "fraccionamiento" de los proyectos, una supervisión "insuficiente" del INAGA y la "vulnerabilidad económica" de los ayuntamientos para hacer frente a los servicios básicos.

El colectivo del Bajo Aragón ha intervenido en la Comisión de Comparecencias Ciudadanas y Derechos Humanos de las Cortes para lanzar un grito de auxilio en favor del modelo turístico "sostenible" del Matarraña frente a los macroproyectos eólicos que, en palabras de su portavoz, Javier Oquendo, "usurpan el territorio a sus habitantes y reproducen un modelo de sometimiento".

Asumiendo de partida la "emergencia climática" y la necesidad de apostar por las energías renovables, Oquendo ha denunciado que varios de los setenta y tres proyectos que pretenden instalarse en las comarcas turolenses ocupan en algunos casos espacios de la Red Natura e invaden zonas de paso de aves protegidas, campos de cultivo y paisajes turísticos que se verán "seriamente afectados".

Su compañera, Paloma Ibarra, ha incidido en la "gran marca visual" que "desde muchísimos kilómetros de distancia" dejarán molinos de doscientos metros de altura, el triple de los que caracterizan el paisaje de La Muela.

Una implantación que, a su entender, elude, cuando no contraviene directamente, referencias normativas como el Convenio Europeo del Paisaje ratificado por España, los mapas del paisaje en Aragón, la carta de paisaje del Matarraña y el capítulo seis de la Ley de Ordenación del Territorio de Aragón (LOTA).

"El Gobierno de Aragón y estas Cortes son unos irresponsables si no evitan el daño tan grande que se puede producir porque los criterios de protección que establece el INAGA son insuficientes, no basta con atender a los yacimientos arqueológicos de la zona", ha criticado.

A esta postura se ha sumado su compañero de la plataforma Manuel Cárdenas, quien ha explicado la estrategia de las empresas instaladoras de "fraccionar" los proyectos para eludir el control de la Administración y, a ese respecto, ha mencionado varias sentencias del Tribunal Supremo y de los órganos superiores de justicia de regiones como Cantabria y Castilla y León, y ha puesto como ejemplo que los parques Estrella 1, 2, 3 y 4 proyectados en la zona de Gúdar-Maestrazgo sitúan doscientos molinos dentro de la Red Natura.

A esa debilidad normativa, Cárdenas ha sumado la "vulnerabilidad" que presentan las arcas municipales por el grave problema de financiación que sufren los ayuntamientos, a los que acuden los empresarios "ofreciendo una miseria" con la que pueden garantizar la prestación de servicios básicos para la comunidad "que deben ser sufragados por el Estado", ha lamentado.

GRUPOS

Por los grupos parlamentarios, Sergio Ortiz (PSOE) ha defendido la supervisión que realiza el INAGA sobre el impacto ambiental y ha mencionado los beneficios que estos proyectos han llevado a varios pueblos de Castellón, cuyos ayuntamientos se ven compensados y deciden la ubicación.

José Antonio Lagüens (PP) ha llamado a revisar la eficacia de la normativa medioambiental en la protección del paisaje y que el territorio decida a qué se quiere dedicar, pero ha reclamado "realismo" ante el actual modelo energético y por ello ha pedido compensaciones como las que se dan en Dinamarca.

Frente a las "opiniones de blancos y negros" que aparecen en los medios, la diputada de Ciudadanos, Elisa Sacacia, ha defendido "pararse a pensar cómo ordenamos el territorio" y "dónde ubicamos estos proyectos para encontrar un equilibrio justo".

En opinión del diputado de Podemos Equo, Nacho Escartín, los macroproyectos "no son compatibles con el modelo turístico sostenible ya consolidado en el Matarraña" porque "o queremos gente asentada en el territorio o puestos de trabajo para el montaje que luego no se quedan.

El portavoz de CHA, Joaquín Palacín, se ha posicionado a favor de un modelo basado en el autoconsumo con pequeñas instalaciones en lugar de los macroproyectos porque a su juicio "no podemos repetir el modelo de ocupación del territorio, el de los embalses del Pirineo".

El diputado de Vox, Santiago Morón, ha compartido su desagrado por "los molinillos", pero ha destacado que producen energía limpia y que habrá que compatibilizarlo con las afecciones al paisaje, por lo que ha preguntado a los comparecientes por su modelo energético.

El portavoz del PAR, Jesús Guerrero, ha puesto el énfasis en la labor previa de vigilancia a la que se someten estos proyectos antes de su instalación en el territorio con el fin de proteger posibles yacimientos arqueológicos y monumentos.

El juez instructor de la causa del 'procés' independentista, Pablo Llarena, se ha negado a atender los recursos de la exdiputada de la CUP Anna Gabriel --declarada en rebeldía por huir de la justicia a Suiza-- y de la exconsellera de Agricultura de la Generalitat Meritxell Serret --también huída--, que pedían que se enviara su causa a los juzgados de instrucción de Barcelona. Entiende el magistrado que antes de decidir sobre ese extremo, deben presentarse a declarar ante el Supremo.

En dos autos con fecha de 14 de octubre de 2020, y contando con el aval de la Fiscalía, Llarena responde así negativamente a ambas. En el caso de Gabriel indica que "desestima la pretensión de reapertura del proceso a efecto de que se analice nuevamente su competencia y decline el conocimiento de la instrucción del proceso a favor del Juzgado de Instrucción de Barcelona que por turno corresponda y con relación a los hechos imputados y por los que ha sido procesada Anna Gabriel i Sabaté".

Así, señala que su competencia ya ha sido analizada en múltiples resoluciones, y le recuerda que la decisión de enviar el asunto a otro tribunal se adopta tras oír al procesado en declaración indagatoria, "lo que aquí no acontece". Esta aclaración del juez se debe a que Gabriel explica en su recurso que el Supremo envió la causa de otros procesados por desobediencia al Tribunal Superior de Cataluña en 2018.

El juez cita al respecto el informe de la Abogacía del Estado, que recuerda que "la situación procesal de Gabriel, en rebeldía y sin poder concluir la fase sumarial ni concretarse una acusación contra ella, impide que actualmente pueda trasladarse de forma automática lo analizado y resuelto respecto de quienes por haberse sometido a los órganos jurisdiccionales han permitido el agotamiento de la instrucción y la apertura de la fase de enjuiciamiento".

LA VIABILIDAD DEL PROCESO NO PUEDE DEPENDER DE UNA PARTE

En este sentido, explica que lo que pretende la defensa de Gabriel es que se reaperture un procedimiento que está actualmente suspendido "y que fue archivado por encontrarse fugada la reclamante y por haberse ya agotado todas las vías de investigación y de actuación procesal que resultaban factibles".

Y apunta que esa reapertura se pone al servicio de que se analice únicamente si la competencia corresponde a otro órgano jurisdiccional, "con la peculiaridad de que éste estaría igualmente imposibilitado de proseguir el proceso ya paralizado por las mismas razones".

Este auto de Llarena, llega como respuesta al recurso de la defensa, de la exdiputada que solicitaba trasladar la causa a un tribunal de primera instancia porque Gabriel ya no es aforada y considera que el TS "no es competente".

Pero el magistrado dice más, y es que "la viabilidad real" del procedimiento y su culminación "no puede quedar subordinada a unos intereses procesales de parte que no se ajustan al contenido constitucional del derecho de defensa en esta coyuntura".

QUIERE UN CRITERIO JUDICIAL DISTINTO

"Frustrado, precisamente por la actuación de la procesada, el interés general a que se depure la responsabilidad criminal que pueda derivarse de una eventual actuación delictiva de naturaleza pública, la reapertura no puede ser ajena a la viabilidad del procedimiento y orientarse exclusivamente a prospeccionar la posibilidad de quedar sometida a un criterio judicial distinto, pero manteniendo el resto de los obstáculos para que el proceso de exigencia de responsabilidad pueda culminarse", incide.

Por eso, Llarena explica que el sobreseimiento por rebeldía no permite una reapertura si no es por aparición de nuevas evidencias o por la "puesta del rebelde a disposición de la causa".

Al hilo, recuerda que ha contemplado durante todo el proceso la proporcionalidad entre favorecer la comparecencia de Anna Gabriel y permitir que goce de la adecuada defensa. De hecho recuerda que admitió la personación y representación procesal de la investigada, y que esto le ha permitido participar en el proceso.

En el auto de respuesta a Serret, Llarena añade que "aun asumiendo que a la vista de la sentencia de 14 de octubre de 2019 la promoviente no fuera finalmente acusada por el delito de malversación de caudales públicos por el que fue procesada", la causa está archivada y no se reabrirá hasta que sea posible la prosecución del proceso.

Las residencias de mayores de Navarra tienen 152 casos positivos de COVID-19, 17 menos que los registrados el pasado viernes, según los datos reportados por el Departamento de Derechos Sociales del Gobierno foral. En los centros de discapacidad y enfermedad mental hay 18 casos activos. Las altas epidemiológicas ascienden a 92 en las residencias de mayores y 31 en los centros de personas con capacidad.

De las 152 personas residentes en centros de mayores que cursan la enfermedad, 21 se encuentran ingresadas en centros hospitalarios, 45 casos positivos permanecen en residencias con síntomas y 72 también se encuentran en sus centros aunque sin presentar síntomas. En los recursos intermedios de Pamplona y San Adrián, permanecen 14 personas.

Por otra parte, se han producido ya 92 altas epidemiológicas sin necesidad de aislamiento posterior, ha informado el Gobierno foral.

En lo relativo a baja de profesionales en los centros, hay 60 personas: 39 de ellas con positivos sintomáticos y 21 asintomáticos.

Desde el pasado 1 de julio han fallecido 38 personas mayores procedentes de centros residenciales, 28 en centros hospitalarios y 10 en la propia residencia.

Respecto a los centros de personas con discapacidad, en el día de ayer había 18 casos activos: en las residencias permanecen 3 asintomáticos, 6 con síntomas y en los recursos intermedios se encuentran 9 personas.

Siguen subiendo también las altas epidemiológicas hasta sumar 31, ha añadido el Ejecutivo. No se contabilizan nuevos fallecimientos esta semana en los centros de discapacidad y/o enfermedad mental, que han sido 2 desde el pasado 1 de julio.

Hay 15 personas trabajadoras que han causado baja por COVID-19 en estos centros, 13 sintomáticas y 2 asintomáticas.

El Ateneo Mercantil de València ha previsto un conjunto de actividades para conmemorar el centenario de la muerte de uno de los escritores españoles más importantes, Benito Pérez Galdós. Estas propuestas consisten en dedicar una de las sesiones dentro del Ciclo Muy Ilustre Academia de la Música Valenciana a su figura y organizar una serie de conferencias para analizar su obra y su vida.

El homenaje que la entidad rinde al autor arranca este martes en el Ciclo M.I. Academia de la Música Valenciana con la conferencia 'Pérez Galdós y la música: Concierto Galdosiano' impartida por el compositor valenciano, Andrés Valero-Castells.

El 'Concierto Galdosiano', para dos trompetas y orquesta, es la nueva obra que ha compuesto Andrés Valero-Castells y se trata de una obra escrita por encargo de la Fundación SGAE y la AEOS, a propuesta de la Orquesta de Valencia.

Este recital, que se ha dedicado a su memoria, se basa en dos de sus relatos breves: 'Celinina', inspirado en el cuento de navidad 'La mula y el buey', y 'El carpintero y el duque', basado en el relato 'Una industria que vive de la muerte; episodio musical del cólera'.

Además, el Ateneo ha organizado un ciclo de conferencias que lleva por título 'Ciclo del Centenario de la Muerte de Galdós', que será presencial y por Zoom de forma simultánea. Estas actividades arrancarán el próximo jueves, 22 de octubre, con la conferencia del periodista y escritor Fernando G. Delgado que con el título 'Galdós humano' analizará la figura del escritor.

La segunda de las ponencias se celebrará el 26 de noviembre con el título 'Novela y teatro totales de Galdós', que correrá a cargo del profesor y doctor en Filología Juan Pérez Andrés, que analizará parte de su trayectoria como escritor.

Por último, el 2 de diciembre el protagonismo será para el marco histórico en el que vivió Galdós. La conferencia correrá a cargo de José Lendoiro Salvador, bibliotecatio y Doctor en Historia, llevando por título 'La España de Galdós: una sociedad en transformación'.

La Consejería de Salud y Familias ha informado de que se ha notificado un fallecimiento en las últimas 24 horas en el Convento de Santa Ángela de la Cruz de Sevilla capital, en el que hay un brote de coronavirus con 95 casos confirmados de Covid-19.

En este sentido, el informe de la Junta, recogido por Europa Press detalla que se mantienen en 95 los casos positivos de este brote que fue declarado como tal el día 7 de octubre, con 40 casos activos en la denominada Casa Madre, ubicada en la céntrica calle Santa Ángela de la Cruz.

De hecho, estas instalaciones de una de las congregaciones más numerosas de Sevilla han tenido que ser medicalizadas por la Junta de Andalucía desde el día 16 octubre, con un equipo multidisciplinar del Distrito de Atención Primaria de Sevilla y del Hospital Universitario Virgen del Rocío de Sevilla, formado por especialista de Medicina Interna, Medicina Familiar y profesionales de Enfermería.

La decisión de medicalizarlo se ha tomado después de que el equipo de médicos internistas del Hospital Virgen del Rocío haya valorado la situación en la que se encuentran las hermanas, todo ello, junto a la enfermera gestora de casos referente de dicho centro, el epidemiólogo, y la inspección. Además de la asistencia 'in situ', los profesionales analizarán la necesidad de realizar pruebas a los contactos estrechos.

De igual forma, las profesionales de Enfermería facilitarán cuidados a las hermanas, para que la atención que se preste sea "equiparable a la que pudieran recibir en un centro hospitalario". Además, el equipo de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones de Sevilla ha habilitado dos puestos informáticos en el convento para que los profesionales puedan registrar en la historia clínica digital, prescribir medicamentos y acceder a cualquier otro recurso de la red corporativa del Servicio Andaluz de Salud para de esta forma.

La figura del escritor y periodista estadounidense Washington Irving ya forma parte del paisaje de La Rábida, en Palos de la Frontera (Huelva), gracias a la escultura que este martes se ha inaugurado en la pasarela que une el Foro Iberoamericano y el Muelle de las Carabelas.

El presidente de la Diputación, Ignacio Caraballo, y la responsable de la Fundación Cepsa en Huelva, Teresa Millán, han inaugurado la obra, realizada gracias a la colaboración entre ambas instituciones y destinada a poner en valor la gran contribución histórica de Irving al conocimiento y difusión de los lugares colombinos, ha indicado la institución provincial en nota de prensa.

En este sentido, Caraballo ha destacado que con esta escultura se rinde "un merecido homenaje al primer escritor que viajó al convento franciscano en busca de huellas y memorias de Cristóbal Colón. Washington Irving fue el primero que dio dimensión universal a los Lugares Colombinos, a los enclaves vinculados al Descubrimiento de América, a través de su relato A visit to Palos", editado en 1831 en inglés y publicado en español en 1854.

"En una época en la que los Lugares Colombinos estaban sumidos en el olvido, Irving fue un impulsor de la difusión de estos espacios como origen de la gesta descubridora", ha añadido el presidente de la Diputación.

La escultura, en bronce sobre pedestal y a tamaño real, ha sido realizada por el escultor palmerino Martín Lagares, uno de los artistas "más destacados" de la provincia de Huelva.

Así, Caraballo ha señalado que Lagares "ha sabido trasmitir la personalidad de Washington Irving, al esculpirlo integrado en el entorno, contemplando y dibujando el paraje que en su día le cautivó y le llevó a escribir la que algunos consideran la primera guía de viajes como concepto moderno".

Caraballo ha agradecido "la valiosa colaboración de la Fundación Cepsa con la Diputación, un compromiso que se extiende en el tiempo desde hace más de veinticinto años", antes con Cepsa y ahora con su Fundación. Una colaboración dirigida a revitalizar y poner en valor el entorno de La Rábida, "un pilar fundamental" de la identidad americanista de la provincia de Huelva y al que ahora se suma el monumento, "convirtiéndose en una nueva referencia que sigue aportando valor cultural al enclave".

Por su parte, la responsable de la Fundación Cepsa en Huelva ha indicado que este proyecto, que lleva gestándose desde hace dos años, "por fin ve la luz" y ha mostrado su agradecimiento a la Diputación y al escultor de la obra "por hacerlo posible".

Según Teresa Millán, "la Fundación Cepsa se siente muy orgullosa de haber sido partícipe de esta puesta en escena de los lugares colombinos, representada en un escritor que además fue periodista, y por eso hizo esa traslación de su viaje con ese particular estilo- y que, sin duda, es una figura que se merece este reconocimiento".

El autor de la escultura, Martín Lagares, ha destacado que Washington Irving es "el prototipo del escritor romántico, viajero, del siglo XIX y estéticamente da mucho juego estético, lo que unido al lugar donde se enclava la escultura ha sido un punto importante de motivación, que se suma al entusiasmo que me han trasmitido las instituciones que me han encargado la obra".

De otro lado, el responsable de Platalea, Diego Vázquez, ha dinamizado el acto recreando la visita del escritor norteamericano a La Rábida con la lectura de algunos párrafos del libro 'Washington Irving y los Lugares Colombinos', de Antonio Garnica, editada hace dos décadas por el Servicio de Publicaciones y reeditada hace un año.

Fiona Irving Donovan, conocida en nuestra provincia por ser la biznieta de Miss Whitney, la autora del Monumento a Colón de la Punta del Sebo, es además sobrina nieta en quinta generación de Washington Irving y ha remitido a la Diputación y a la Fundación Cepsa una carta de agradecimiento por la escultura.

En su misiva, afirma literalmente que esta escultura, "proporcionará un vínculo visual imaginativo con la historia y la larga y significativa relación de Huelva con América". Para Fiona Irving "la historia da sentido al presente y el arte puede ayudarnos a entender y apreciar mejor el pasado y el futuro".

SOBRE LA RUTA WASHINGTON IRVING

Washington Irving fue un escritor romántico que ejerció como político, abogado, periodista, historiador y embajador. Autor de obras tan célebres como Cuentos de la Alhambra o La Leyenda de Sleepy Hollow, su interés por España y especialmente por Andalucía y por la figura de Colón hacen que, en el verano de 1828, visite La Rábida, Palos de la Frontera y Moguer.

Gracias a este viaje de Washington Irving, Huelva se ha convertido en la puerta de entrada de la ruta del escritor norteamericano por Andalucía. Se trata de un itinerario que puede completarse con los pueblos por los que pasó el viajero en su camino de ida y vuelta entre Sevilla y Huelva, todos ellos citados en su diario: Villarrasa, Niebla, La Palma y Villalba camino de Sanlúcar, en Cádiz.

Todos estos municipios configuran 'La Ruta de Washington Irving por los Lugares Colombinos', un itinerario que vendría a completar al recorrido que el escritor hizo por la zona centro y oriental de Andalucía, hoy con fama mundial.

Esa ruta discurre por Málaga, Sevilla y Granada reviviendo el camino que hizo en 1829 el romántico escritor norteamericano por puntos que básicamente se ajusta a la actual autovía A-92, como sucede con Alcalá de Guadaira, Mairena del Alcor, Carmona, Écija o Antequera, como rumbo habitual de los viajeros extranjeros que llegaban al sur de España por barco a Gibraltar o Sevilla.

La Comisión Europea ha reiterado este martes que va a observar "con atención" el desarrollo de la reforma planteada por PSOE y Unidas Podemos para cambiar el sistema de elección del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), días después de advertir de que no debe comprometerse la independencia judicial ni dejar que el órgano de gobierno de los jueces sea percibido como "vulnerable a la politización".

"No ha habido muchos cambios en los últimos días: Dejamos clara nuestra posición respecto a la propuesta y seguimos de cerca su desarrollo", ha indicado en una rueda de prensa el portavoz comunitario de Justicia, Christina Wigand, que ha retomado así la línea expresada el pasado jueves.

Desde entonces, ha añadido el portavoz, el Gobierno de Pedro Sánchez no ha contactado con los servicios de la Comisión Europea ni nadie del Ejecutivo comunitario se ha dirigido a Madrid para ahondar en este asunto, aunque de manera general los contactos entre Bruselas y las capitales son frecuentes.

La primera advertencia de la Comisión Europea coincidió el pasado jueves con la llegada del presidente del Gobierno a Bruselas para asistir a una cumbre de líderes de la UE, tras la cual Sánchez restó gravedad al aviso y subrayó que semanas antes la propia Comisión recogía en un informe la necesidad de renovar el CGPJ.

Ese mismo día también el líder del Partido Popular, Pablo Casado, viajó a Bruselas para asistir a una reunión previa de líderes de la familia conservadora europea y aprovechó entonces para verse con la jefa del Ejecutivo comunitario, Ursula von der Leyen.

Casado también fue recibido por el comisario de Justicia, el liberal belga Didier Reynders, a petición de político 'popular', que quiso discutir con el comisario sobre la reforma del CGPJ y pedir al Ejecutivo de Von der Leyen que actuara. Casado también remitió una carta firmada con la portavoz popular en el Parlamento Europeo, Dolors Montserrat, en la misma línea.

El informe de la Comisión , en el que se evaluó el Estado de derecho en los Estados miembro, apuntaba en el caso de España que la renovación del CGPJ constituye un "desafío" y advertía de que este órgano no debía ser percibido como "vulnerable a la politización".

El documento recalcaba asimismo la importancia de "reducir la influencia de los poderes legislativo y ejecutivo sobre la judicatura para reforzar la independencia judicial". Los Estados miembro deben seguir los estándares de la Unión Europea para asegurar que no se compromete la independencia judicial", apuntó entonces el portavoz comunitario en declaraciones a Europa Press.

La Fiscalía Anticorrupción ha pedido que la mujer del extesorero del PP Luis Bárcenas, Rosalía Iglesias, entre en prisión para cumplir la condena de 12 años y 11 meses de cárcel que ha impuesto el Tribunal Supremo tras ratificar la sentencia de la Audiencia Nacional por los primeros años de actividades de la trama Gürtel (1999-2005). También ha solicitado que ingresen inmediatamente en un centro penitenciario otros ocho condenados cuyas penas son mayores a seis años de cárcel.

El Ministerio Público ha realizado esta solicitud este martes alegando riesgo de fuga de estos condenados tras conocer la sentencia firme del alto tribunal, pese a que éste ha rebajado las penas impuestas por la Audiencia Nacional en 2018 por la primera época de actividades de la Gürtel (1999-2005).

Así, ha solicitado que la Sección Segunda de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, como tribunal sentenciador, ejecute la condena para la exmujer del líder de la Gürtel y exjefa de Gabinete del Ayuntamiento de Majadahonda, Carmen Rodríguez Quijano (17 años y ocho meses de prisión); el exconcejal de dicho ayuntamiento Juan José Moreno (17 años y dos meses); el exalcalde de Pozuelo de Alarcón Jesús Sepúlveda (14 años y cuatro meses); la que fuera administradora de las empresas del Grupo Correa Isabel Jordán (14 años y 11 meses); y el contable de la Gürtel, José Luis Izquierdo (13 años y 10 meses).

También para la mujer de Bárcenas, Rosalía Iglesias (12 años y 11 meses); el abogado Luis de Miguel (nueve años y un mes); el exconsejero de Inmigración de la Comunidad de Madrid Carlos Clemente (siete años y nueve meses); y el exconcejal de Estepona Ricardo Galeote (seis años y seis meses).

La Fiscalía Anticorrupción ya solicitó prisión provisional para estos condenados en mayo de 2018, pero la Sección Segunda de la Sala de lo Penal acordó dejarles en libertad con medidas cautelares mientras el Supremo revisaba los recursos contra su sentencia.

IGLESIAS Y SEPÚLVEDA PAGARON UNA FIANZA PARA ELUDIR LA PRISIÓN

En el caso de Iglesias y de Sepúlveda (exmarido de la exministra de Sanidad Ana Mato, considerada partícipe a título lucrativo por Gürtel), sí que llegaron a entrar en la cárcel, pero tan solo estuvieron algo más de un día al consignar las fianzas de 200.000 y 100.000 euros, respectivamente, que les impuso el tribunal para eludir la prisión.

Quienes sí se encuentran cumpliendo condena desde entonces son el extesorero del PP (condenado a 29 años y 1 mes de prisión); el exalcalde de Majadahonda Guillermo Ortega (40 años y tres meses) y el exviceconsejero de Presidencia de la Comunidad de Madrid Alberto López Viejo (27 años y 10 meses). El tribunal de 'Gürtel' sí estimó la petición de Anticorrupción de entrada inmediata en prisión al considerar que existía riesgo de fuga.

Este mismo lunes trascendió la noticia de que Bárcenas había iniciado los trámites para solicitar el traslado desde la cárcel de Soto del Real, en la que se encuentra desde entonces, a la prisión de Alcalá Meco donde previsiblemente ingresaría en los próximos días su mujer.

En cuanto a los líderes de la Gürtel, Francisco Correa (condenado a 51 años de cárcel) y el que fuera su 'número dos', Pablo Crespo (36 años y 8 meses), ya estaban en prisión en ese momento, pues entraron en febrero de 2017 --cuando aún se estaba celebrando el juicio por los primeros años de la trama corrupta-- tras conocerse la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) por las irregularidades en el montaje del 'stand' institucional de la Generalitat Valenciana en la Feria Internacional de Turismo (Fitur) en las ediciones de 2005 a 2009.

OTROS CONDENADOS PARA LOS QUE NO SE HA PEDIDO LA ENTRADA EN PRISIÓN

Así las cosas, Anticorrupción no ha solicitado que ingresen en prisión el resto de condenados, en total 15, debido a que sus condenas son más bajas al límite de 6 años que ha establecido para hacer tal petición. Por tanto, la solicitud no iría dirigida contra el denunciante de la Gürtel y exconcejal de Majadahonda, José Luis Peñas (4 años y nueve meses); el abogado Antonio Villaverde (para quien esta vez no solicitan esta medida, ya que el Supremo ha rebajado la pena de ocho años y dos meses a tres años y 11 meses); el exdiputado Jesús Merino (tres años y siete meses); el que fuera asesor de López Viejo, Pedro Rodríguez (tres años); o los trabajadores de las empresas de Correa Alicia Mínguez y Javier Nombela (dos años, un mes y 15 días).

También se librarían el testaferro de Bárcenas, Iván Yáñez (1 años y 10 meses); la mujer de López Viejo, Teresa Gabarra (1 año y seis meses); el extesorero de Alianza Popular (AP) Ángel Sanchís Perales (1 año); su hijo Ángel Sanchís Herrero (9 meses); el empleado de las empresas de Correa Ignacio Gallo Alcántara (9 meses); el exalto cargo de la Comunidad de Madrid Jesús Calvo (seis meses); los empresarios Jacobo Gordon (5 meses) y Alfonso García Pozuelo (dos años sustituible por multa); y el exconcejal de Pozuelo de Alarcón Roberto Fernández (11 meses, dos sustituibles por multa).

La consellera de Presidencia y portavoz del Gobierno catalán, Meritxell Budó, ha afirmado este martes que el Ejecutivo catalán decidirá qué conseller asistirá a la Conferencia de Presidentes del lunes 26, que se celebrará de manera telemática para abordar el reparto de los fondos de recuperación europeos junto a la presidenta de la Comisión Europa, Ursula von der Leyen, en función del orden del día.

"Cuando tengamos el orden del día decidiremos quién asiste", ha dicho en rueda de prensa telemática tras el Consell Executiu al ser preguntado por si tienen decidido si irá el vicepresidente, Pere Aragonès, u otro conseller.

Budó ha asegurado que la Generalitat participará en el encuentro porque quiere "que se pueda escuchar la voz de Cataluña y para expresar la voz de Cataluña" en este debate, pero ha insistido en que todavía no han decidido quién asistirá.

Al no haber presidente tras la inhabilitación de Quim Torra, las funciones de presidente recaen en Aragonès, de manera que en principio le correspondería también la función de representar a la Generalitat en la Conferencia de Presidentes, pero Budó no ha aclarado si participará él u otro conseller.

Tampoco ha concretado qué mecanismo jurídico se utilizaría para delegar la representación de la Generalitat en algún conseller que no fuera Aragonès, que ejerce las atribuciones del presidente tal y como establece el decreto que aprobó el Govern después del cese de Torra.

Budó ha recalcado que, si Torra no hubiese sido inhabilitado, no habría dudas de quién asistiría a la reunión: "Tenemos que recordar que no tenemos presidente. Lo tenemos que hacer visible".

El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, ha remarcado este martes que la moción de censura impulsada por Vox "de forma unilateral" no tiene como objetivo "cambiar el Gobierno" que dirige el socialista Pedro Sánchez sino que, dentro de la oposición, la formación de Santiago Abascal recupere un "protagonismo" que "está perdiendo".

"Esta moción no es para cambiar el Gobierno, sino para intentar replantear el protagonismo de la alternativa al Gobierno. Es lo contrario a cambiar el Gobierno, lo que se pretende es tratar de modificar el protagonismo de los grupos que conforman la oposición. Eso es una moción de censura más hacia la oposición que hacia el Gobierno", ha esgrimido.

Así lo ha trasladado Feijóo en una intervención ante los medios tras reunirse con el alcalde de Ferrol, Ángel Mato. En ella, ha sido cuestionado acerca de si ve que este es el mejor momento para impulsar una iniciativa censora de este tipo contra el Ejecutivo estatal.

El también jefe de filas del PPdeG ha instado a formular esta pregunta "a quién ha interpuesto" la moción (Vox) y ha recalcado que dicho partido la impulsó "sin hablar con nadie" porque "probablemente le viene bien" aunque, bajo su punto de vista, "al conjunto de los españoles ya no le viene tan bien".

"Hay muchísimos motivos para hacer una moción de censura al Gobierno, pero si queremos ser serios y hacer una propuesta alternativa no podemos hacer lo de este partido que, de forma unilateral, para tener un protagonismo que está perdiendo, busca unos minutos de gloria en el Congreso", ha esgrimido, antes de recordar que España vive una situación de pandemia.

POSTURA DEL PP

"Hay partidos en la oposición mucho más responsables", ha contrapuesto y, preguntado por qué postura debería tomar el PP (abstenerse o votar en contra), ha replicado que es "una cuestión perfectamente diseñada por el grupo en el Congreso", que decidirá cuál es la posición "definitiva" de los populares.

A juicio de Feijóo, el Grupo Popular "tomará la decisión que considere oportuno" ante una moción en la que "no se censura al Gobierno sino a la alternativa del Gobierno".

La Mesa por la Hospitalidad de la Iglesia en Madrid ha criticado la reapertura de los centros de internamiento de extranjeros (CIE) en plena pandemia y ha subrayado que "internar a personas en esas condiciones constituye un trato inhumano, indigno y degradante".

Así lo indica en sendas cartas dirigidas al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez; al vicepresidente segundo, Pablo Iglesias; al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska; al ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, y al defensor del Pueblo, Francisco M. Fernández Marugán.

La Mesa de la Hospitalidad muestra su "perplejidad" por la decisión del Ministerio del Interior "en unas circunstancias que no son mejores que cuando se cerraron, con un futuro tan incierto y un umbral de incertidumbre tan alto para todos".

También advierte de que los CIE, "como reconoce la Administración, ni siquiera cuentan con la superficie mínima útil para desarrollar ninguna actividad grupal o relacional sin quebrantar la distancia de seguridad", unas condiciones que ponen "en altísimo riesgo la salud de todas las personas internadas, funcionarias, empleadas en diferentes tareas o voluntarias.

En el texto, enviado este lunes 19 de octubre, la Mesa por la Hospitalidad denuncia que el Gobierno ha hecho "oídos sordos a ese clamor" y pide alternativas.

¿Tendremos que esperar a lamentar alguna desgracia para volver a denunciar la oportunidad perdida de buscar otras alternativas dignas y humanas a la detención de personas administrativamente indocumentadas?", se pregunta la Iglesia de Madrid.

La carta termina mostrando "la esperanza de que el Gobierno de España revoque esta decisión" que consideran "tan profundamente contraria a la dignidad humana".

La Mesa por la Hospitalidad de la Iglesia de Madrid está integrada por la Comunidad de Sant'Egidio, Justicia y Paz, Cáritas, Confer Migraciones, Pueblos Unidos, Sercade y la Delegación de Movilidad Humana de la Conferencia Episcopal Española (CEE).

El magistrado Antonio del Moral, que instruye la causa en el Tribunal Supremo contra el secretario de Organización de Unidas Podemos, Alberto Rodríguez, ha movido ficha tras la incomparecencia este martes del también diputado ante el alto tribunal, donde había sido citado para una declaración voluntaria como investigado en un presunto delito de atentado contra agentes de autoridad durante una protesta en 2014.

El magistrado ha preguntado a la Fiscalía si ve necesario instar o no el suplicatorio al Congreso para poder investigarle.

El parlamentario anunció ayer, desde el "respeto a los procesos judiciales establecidos" no acogerse al ofrecimiento cursado por el instructor del alto tribunal. "En ningún caso he cometido los hechos por los que se me investiga. Acudí a la manifestación, como miles de canarios a ejercer mis derechos democráticos de forma pacífica", según explicó ayer Rodríguez a través del partido.

Esta respuesta y la constatación de la incomparecencia del diputado en la sede del Supremo, donde había sido llamado este martes a las 11.00, han motivado que el magistrado haya resuelto solicitar a la Fiscalía que se posicione sobre la conveniencia o no de instar formalmente el suplicatorio al Congreso de los Diputados.

La Sala de lo Penal de este órgano acordó abrir causa al diputado de Unidas Podemos después de que el juzgado de Instrucción número 4 de San Cristóbal de la Laguna enviase testimonio de un procedimiento seguido contra él en virtud de un atestado instruido por la Policía de la Comisaría de La Laguna en 2014 por la comisión de un presunto delito de atentado contra agentes de la autoridad y lesiones durante una protesta.

Ahora, el Supremo podría emprender un procedimiento de imputación formal del diputado solicitando al Congreso un suplicatorio para poder investigarle. En la misma situación podría verse el líder del partido, Pablo Iglesias, en el caso de que la Sala de lo Penal del alto tribunal acoja la exposición razonada que ha elevado contra él el juez de la pieza 'Dina', que investigó el robo de datos del teléfono móvil de su exasesora Dina Bousselham.

Sobre los hechos atribuidos a Rodríguez el Ministerio fiscal había presentado escrito de acusación calificando su conducta de delito de atentado contra agente de la autoridad y falta de lesiones, hechos por los que solicita la imposición de una pena de un año de prisión por el delito y un mes de multa por la falta.

El juzgado de instrucción había acordado la apertura del juicio oral contra él por hechos presuntamente constitutivos del citado delito, pero al acreditar su condición de diputado, acordó la nulidad parcial de dicho auto en la parte que se refería al aforado.

PROTESTA POR LA LEY WERT

Lo hechos a investigar, según la Fiscalía, se remontan a 2014, cuando Rodríguez participaba en una protesta contra la LOMCE organizada coincidiendo con la visita a La Laguna (Tenerife) del entonces ministro de Educación del Gobierno del PP, José Ignacio Wert, que iba a participar en la inauguración de la catedral.

Según los atestados, la manifestación derivó en insultos a los agentes desplegados para proteger a las autoridades y lanzamiento de vallas y todo tipo de objetos, por lo que algunos agentes resultaron agredidos. Rodríguez se encontraría en un grupo de personas que habrían participado en agresiones, como 'pancartazos' y puñetazos, y su participación exacta en estos delitos deberá ser aclarada ahora por el Supremo.

Respecto a este mismo diputado, el Tribunal Supremo abrió una causa en 2017 por un delito de desorden público en relación con unos hechos ocurridos en la Laguna el 25 de diciembre de 2006 y, posteriormente, declaró extinguida su responsabilidad penal al considerar que había prescrito el delito por el que se le había investigado.

La Fiscalía de Málaga ha acusado a seis trabajadores de una residencia de personas con discapacidad de Málaga capital por el presunto maltrato y coacciones a usuarios supuestamente cometidos en el centro en 2017. Solicita cinco años de prisión para cada uno y acusa a un séptimo empleado por un delito leve de malos tratos.

Los usuarios de la residencia eran personas "con graves discapacidades intelectivas y totalmente dependientes para las tareas de la vida diaria", según dice la fiscal en su escrito de acusación inicial, indicando que los acusados aprovecharon este "especial desvalimiento".

A principios de marzo de 2017, "y ante las sospechas de que los acusados, cuidadores del turno de noche, no estuvieran cumpliendo con sus obligaciones laborales", la dirección de la residencia contrató a una empresa de detectives para comprobar esas sospechas; para lo que colocaron cámaras de video vigilancia.

Tras una primera visualización de las imágenes, la empresa informó a la directora, comprobando ella misma "como los acusados, durante la noche, y guiados por el ánimo de menoscabar la integridad física de los usuarios de la residencia, le infligían un trato denigrante y humillante", dice la acusación pública.

Esto consistía, supuestamente, en "ejercer una violencia física de carácter leve, que no llegaba a causarles lesiones y que se materializaba en propinarles múltiples patadas, rodillazos, manotazos, empujones y tirones de ropa", indica el escrito de la Fiscalía, adelantado por diario 'SUR', apuntando que se centra en siete internos que fueron víctimas.

Esta situación daba lugar a que en ocasiones los usuarios agredidos "cayesen al suelo, donde eran nuevamente agredidos, sin que, debido a la discapacidad que presentaban, pudieran defenderse o pedir auxilio", añadiendo, presuntamente, "expresiones despectivas tales como 'perro, asqueroso'".

Asimismo, supuestamente, los acusados bloqueaban las puertas emergencia, las de los baños, así como las de algunos dormitorios, "impidiendo que los usuarios que allí dormían pudieran salir", dice el ministerio fiscal, que relata los supuestos actos llevados a cabo por cada uno de los acusados.

La fiscal acusa a seis de los trabajadores por un delito de trato degradante, por el que solicita dos años de prisión para cada uno; por otro coacciones, por el que pide tres años de cárcel; y por cinco de maltrato de obra, por el que solicita el pago de una multa de 9.000 euros. Todos los delitos son con carácter continuado.

Al séptimo de los procesados le acusa únicamente por un delito leve maltrato de obra y pide una multa de 1.800 euros. Además, el ministerio público insta a que se imponga a los acusados el alejamiento de las víctimas y a que las indemnicen en la cantidad que se determine.

La portavoz del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha justificado la reforma legislativa impulsada por el PSOE y Unidas Podemos para cambiar el sistema de elección del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) por la necesidad de que el Congreso ayude a superar el "bloqueo" con el que el Partido Popular impide la renovación de este órgano.

En rueda de prensa en el Palacio de la Moncloa este martes tras la reunión del Consejo de Ministros, Montero ha subrayado que la renovación del órgano de gobierno de los jueces "es un mandato constitucional" y el PP "no puede elegir qué leyes cumple y qué leyes incumple".

"Es imprescindible que todos y cada uno asumamos nuestra tarea", también "el principal partido de la oposición", ha añadido al lamentar su actitud "obstruccionista".

Según la ministra, para el Ejecutivo de Pedro Sánchez "es prioritario el diálogo" y sigue abierto a él con el fin de llegar a un acuerdo sobre los nombramientos pendientes en el CGPJ, que deben ser aprobados por el Congreso y el Senado.

IMPULSAR MEDIDAS PARA HACER POSIBLE LA RENOVACIÓN

Pero si la otra parte "no quiere mantener" ese diálogo, "es evidente que es responsabilidad del Gobierno y del legislativo impulsar las medidas correspondientes" para "dar vía libre a la renovación", ha argumentado, indicando que la proposición de ley presentada por el PSOE y Unidas Podemos es consecuencia del "bloqueo provocado por el PP".

Así ha respondido la ministra cuando se le ha preguntado por la decisión de las salas de gobierno de tres tribunales superiores de justicia, el de Madrid, Extremadura y Castilla y León, de unirse a las críticas que ha suscitado en el ámbito de la Justicia la anunciada modificación de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) de esos dos partidos.

El planteamiento de los dos socios del Gobierno de coalición es que las Cámaras puedan designar a doce de los veinte vocales del CGPJ --los de procedencia judicial-- por mayoría absoluta 48 horas después de una primera votación donde no se alcance la mayoría de tres quintos que exige la ley vigente. Este cambio permitiría que las Cortes aprobaran los nombramientos sin contar con el PP.

Montero ha afirmado que el Ejecutivo siempre ha estado "con la mano tendida" al partido de Pablo Casado para pactar la renovación de ese órgano y seguirán dispuestos a un acuerdo si cambia de actitud.

Ha reprochado al PP que, pese a haber estado "a punto de conseguirlo", en verano decidiera "levantarse de la mesa" al rechazar la presencia de Podemos. "Su premisa era que se rompiera este Gobierno de coalición porque sigue sin reconocer la legitimidad que viene de las urnas", ha manifestado.

LLAMAMIENTO A LOS DEMÁS PARTIDOS

La portavoz ha recalcado la importancia de que las instituciones se renueven para evitar su "deterioro". A su juicio, es necesario que el CGPJ funcione "a pleno rendimiento y con todas sus competencias intactas", algo que ve complicado en un órgano que lleva casi dos años con su mandato caducado.

Es urgente salir de esta situación de bloqueo que dura demasiado y hacerlo de la mejor manera posible", ha defendido, advirtiendo de que, si el pacto con el PP no es posible, las demás fuerzas parlamentarias "tendrán que cumplir con la obligación" de contribuir a "una situación de desbloqueo.

A la pregunta de si Sánchez ha ofrecido directamente a Casado la posibilidad de llegar a un acuerdo si PSOE y Unidas Podemos retiran su reforma, Montero ha contestado que quien lleva los contactos con las formaciones políticas sobre este asunto es el ministro de Justicia, Juan Carlos Campo.

"Las llamadas y los contactos se producen en esa discreción. Seguimos trabajando para hacer posible el diálogo y, si no es posible, soluciones alternativas para salir de situación de obstrucción", ha explicado.

Un hombre acusado de liderar una supuesta red de narcotráfico en Mallorca ha negado este martes la versión de la Fiscalía y ha asegurado que sus ingresos procedían de la intermediación inmobiliaria.

El hombre se enfrenta a una petición de 11 años de cárcel y el pago de medio millón de euros de multa por delitos contra la salud pública y pertenencia a grupo criminal. La Fiscalía le señala como el cabecilla en Mallorca de una trama de internacional de narcotráfico, que presuntamente se nutría de cocaína transportada desde Sudamérica hasta la Península y posteriormente era introducida en la Isla.

La Audiencia Provincial de Baleares juzga desde este lunes y hasta finales de mes a 29 acusados de distintas ramas de la organización, con conexiones en Barcelona, Madrid, Sevilla y Valladolid. La Fiscalía pide penas que suman 265 años y medio de cárcel y multas por valor de 8,5 millones.

Con todo, en la primera sesión, 14 acusados -entre ellos, el supuesto hombre de confianza del jefe del grupo en Mallorca- reconocieron su implicación en el narcotráfico para obtener rebajas en las condenas.

EL SUPUESTO LÍDER EN MALLORCA NIEGA EL TRÁFICO DE DROGAS

El hombre señalado por la Fiscalía como el presunto líder del grupo en Palma ha negado totalmente cualquier vínculo con redes de tráfico de drogas. El hombre ha asegurado que se dedicaba a la intermediación inmobiliaria, y que en particular se dedicaba fundamentalmente a la venta de hoteles.

Con este argumento ha justificado sus importantes ingresos, puesto que los precios de venta alcanzaban millones y él recibía comisiones de entre el 3 y el 5 por ciento.

Al margen de esta actividad, ha mencionado que "periódicamente bajaba algún coche de Alemania para venderlo aquí [en Mallorca]", y también "subía camiones grúa a Suiza".

El hombre ha afirmado que su relación con otros acusados era profesional y motivada por la actividad inmobiliaria, a la que también ha vinculado sus viajes por la Península.

Por otro lado, ha asegurado que los 15.700 euros que se intervinieron en su domicilio procedían de la venta de un solar y se los habían prestado sus hermanas para "coger una churrería".

Finalmente, el hombre -que sólo ha contestado a las preguntas de su letrado, David Salvà- ha reconocido que consumía cocaína "casi todos los días", así como MDMA y "algún tranquilizante para dormir". En este sentido, ha afirmado que la droga que la Guardia Civil encontró en su casa era "para consumo propio.

'OPERACIÓN TITANUM'

La presunta banda de narcotraficantes fue desarticulada en la 'Operación Titanum' de la Guardia Civil en 2018. Al margen de los acusados que reconocieron este lunes su participación, el resto de procesados han negado la versión de la Fiscalía. La mayoría sólo ha contestado a las preguntas de su propio abogado.

Varios de los procesados han reconocido ser consumidores de droga declarando así que la sustancia incautada en sus casas era para su propio consumo. Algunos de ellos han afirmado tener también actividad en el sector inmobiliario y han indicado que se conocían por este motivo. El resto también ha dado explicaciones de sus ingresos por su actividad laboral.

Uno de los acusados ha mantenido que hacía de chófer para otro y que éste le había pedido transportar unas cajas, dándole indicaciones para que antes llevara el coche a revisar a un taller de confianza. Fue sorprendido en un peaje por la Guardia Civil con varios paquetes de droga ocultos en un doble fondo del vehículo, pero sostiene que no sabía que los llevaba.

Por su parte, el mecánico que revisó el coche ha negado que preparase los compartimentos ocultos en los vehículos del grupo, como sostiene la Fiscalía.

Una mujer con antecedentes ha afirmado no haber tenido nunca vinculación con el tráfico de drogas, pero ha sostenido que fue condenada al acogerse a un acuerdo con Fiscalía en otro procedimiento. Según su versión, renunció a defender su inocencia para evitar que su pareja entrase en prisión.

MACROJUICIO CON DIFICULTADES POR EL COVID

El número de acusados ha dificultado la celebración del juicio puesto que la Audiencia no dispone de una Sala del tamaño suficiente para dar cabida a los procesados y abogados garantizando el cumplimiento de las medidas frente al COVID-19.

El juicio se está llevando a cabo con el uso simultáneo de varias salas, con los abogados sentados en sillas separadas y sin mesa y en una sala diferente a la de sus defendidos. Esto ha suscitado quejas entre varios de los letrados.

Uno de los acusados, al finalizar su declaración, ha aprovechado para dirigirse al Tribunal para pedir mejoras en la prisión ante la situación por el COVID-19.

UN GRUPO INTERNACIONAL DE NARCOTRAFICANTES

La Fiscalía sostiene en su escrito que los acusados formaban una banda estructurada dedicada al narcotráfico a gran escala, que introducía importantes cantidades de cocaína y hachís en Mallorca. Cabe señalar que ocho de los acusados tienen condenas anteriores por narcotráfico.

Según el fiscal, la agrupación "tenía una gran estabilidad personal y logística" y habría actuado al menos desde septiembre de 2017 hasta noviembre de 2018, año en el que fue desmantelada por una operación policial.

Siguiendo con la versión del Ministerio Público, la banda se dividía en dos ramas: una asentada en la Península -fundamentalmente en Barcelona, Madrid, Sevilla y Valladolid- y otra en Mallorca.

Presuntamente, la rama de la Península se encargaba de traer a España grandes cantidades de droga procedentes de Sudamérica. Esta droga se distribuía en Madrid y Barcelona a menor escala y también se hacía llegar a Mallorca mediante coches con doble fondo o compartimentos ocultos.

La rama de la Península, estaría a su vez dividida en dos sectores que colaboraban entre sí, uno dirigido desde Sevilla y otro desde Barcelona, con una persona encargada de la coordinación entre ambos. Presuntamente, la droga se traía desde Sudamérica mediante 'mulas' u ocultas en contenedores comerciales en buques de carga.

UNA 'SOCIEDAD PANTALLA' EN PERÚ

El fiscal detalla episodios relacionados con una 'sociedad pantalla' en Perú, que supuestamente se dedicaba al transporte de mercancías del sector primario -como madera, pescado o marisco-, pero sin actividad real. Según el fiscal, era una tapadera para el transporte de droga.

En una de sus operaciones planearon introducir la droga a través de un puerto holandés, para lo que uno de los presuntos miembros de la organización se desplazó a Países Bajos para entrevistarse con personal de confianza. La operación fue frustrada cuando se intervino un alijo que iba a ser embarcado en un contenedor desde Perú, en el marco de la 'Operación Empresarios'.

Presuntamente, el grupo intentó llevar a cabo la importación de droga con hasta 15 contenedores con cocaína oculta. La Fiscalía relata que realizaron una prueba enviando un contenedor sin droga para comprobar que no hubiera fallos de diseño en la operación y que el contenedor no llamaba la atención de las autoridades. En 2019 la policía colombiana detectó un envío de la empresa con destino a Bélgica, con 150 kilos de cocaína.

La presidenta de la Asociación Plataforma de Apoyo a las Víctimas del Terrorismo (APAVT), Maite Araluce, ha defendido que la verdad de las víctimas del terrorismo es "la única que vale para construir el relato" de lo acontecido.

Araluce se ha referido en estos términos en las sextas jornadas de la AVT, celebradas este martes en un hotel de San Sebastián bajo el epígrafe 'La evolución del terrorismo: de ETA al yihadismo'. El encuentro ha comenzado un minuto de silencio en memoria de todas las víctimas del terrorismo.

Posteriormente, han tomado la palabra el presidente de APAVT, Miguel Folguera, y el secretario de Igualdad, Derechos Humanos y Cooperación del Gobierno Vasco, José Antonio Rodríguez Ranz.

En su intervención, Araluce ha afirmado que "en estos tiempos, en los que se quiere tergiversar el relato de una forma cada vez más evidente", resulta "imprescindible" contar "la verdad". "La verdad de las víctimas del terrorismo, la única que vale para construir ese relato", ha señalado. Además, ha advertido de que "el terrorismo no es algo del pasado".

En este sentido, Folguera ha lamentado "ETA sigue matando conciencias". "Hacen manifestaciones, homenajes y a las víctimas cada vez les cuesta más sensibilizar a la sociedad", ha denunciado.

A su juicio, el relato de las víctimas del terrorismo es "esencial" para que las nuevas generaciones "conozcan la verdad sobre la historia del terrorismo en nuestro país". "Los jóvenes deben conocer de primera mano la realidad del terrorismo para que no se vuelva a producir algo similar", ha insistido.

Rodríguez Ranz, por su parte, ha mostrado su "compromiso", como responsable de Derechos Humanos, Memoria y Cooperación, en "hacer camino" con las víctimas del terrorismo, en su primer acto desde que ocupa este cargo, "sin falsas equidistancias, pero sin cerrar los ojos a todas y cada una de las vulneraciones de derechos y siendo firmes en la defensa del principio de todos los derechos para todas las personas".

Además, ha recordado que este martes se cumplen nueve años desde el anuncio por parte de ETA del cese definitivo de su actividad armada, señalando que "el principio del fin" de la banda terrorista, en realidad data "de años antes", cuando "una gran mayoría de la sociedad vasca, que no había ni justificado, ni comprendido, ni había estado de acuerdo con ETA, rompe su silencio y se enfrenta democráticamente a la sinrazón violenta de ETA".

Rodríguez Ranz también ha lamentado no haber sido "más firme" en la defensa del derecho a la vida y ha considerado que se ha "avanzado mucho a la hora de hacer justicia a las víctimas", entendida ésta como "reconocimiento, memoria, verdad y reparación". Además, ha subrayado que ese camino se ha recorrido "entre todos y todas, instituciones, organizaciones, asociaciones y, muy especialmente, las víctimas".

"DÉFICITS"

Posteriormente se ha llevado a cabo el panel titulado 'Atención integral a las víctimas del terrorismo desde el Gobierno Vasco', en el que la directora de Víctimas y Derechos Humanos del Gobierno Vasco, Monika Hernando, ha reconocido que "en los 60 y 70 hubo déficits en las políticas de víctimas del terrorismo, y por eso se hizo una autocrítica necesaria".

También ha recalcado que en materia de víctimas del terrorismo en el País Vasco "aún queda mucho trabajo por hacer". En el encuentro también se ha hablado sobre 'Momento y contexto social del atentado: consecuencias psicológicas en las víctimas', sobre lo cual la directora gerente de la AVT y doctora en Psicología, Natalia Moreno, ha abordado "las consecuencias psicológicas en las víctimas del terrorismo derivadas del atentado".

"Un porcentaje importante de personas que sufre un atentado terrorista, principalmente víctimas y familiares, sufrirán un trastorno psicológico a largo plazo, siendo el más prevalente el trastorno de estrés postraumático", ha señalado.

LEGISLACIÓN

Asimismo, bajo el título 'La evolución en la asistencia jurídica a las víctimas del terrorismo' la abogada de la AVT, Carmen Ladrón, ha señalado que "las especificidades de las víctimas del terrorismo, tanto desde un punto de vista asistencial como de su simbolismo, requieren una legislación específica tanto procesal como extra procesal".

También se ha referido a los últimos acercamientos de presos de ETA, señalando que "desde el comienzo de los traslados a presos con delitos de sangre, desde la AVT se han realizado 43 contactos con víctimas para informarlas" y de ellas "33 se han mostrado expresamente agradecidas de recibir esa información directamente de la asociación".

Según ha indicado, la AVT se ha personado "en nombre de las víctimas en once expedientes penitenciarios ante el juzgado de vigilancia penitenciaria". Finalmente, se ha presentado la guía 'Buenas Prácticas para la Asistencia Jurídica a las víctimas del terrorismo'.

La portavoz del Grupo Popular en el Congreso, Cuca Gamarra, ha acusado este martes al secretario de Organización de Podemos, Alberto Rodríguez, de escudarse ahora en el aforamiento que la formación morada "tanto criticaba" y calificaba de "privilegio". Así, ha recalcado que aquello de lo que "tanto renegaba" el partido morado "es lo que hoy está utilizando para protegerse de la acción de la Justicia".

Así se ha pronunciado después de que Rodríguez no haya acudido a la citación cursada por el Tribunal Supremo para que declare, de forma voluntaria, en calidad de investigado por un presunto delito de atentado contra agentes de autoridad. El diputado sostiene que fue a la manifestación de forma pacífica y que prueba de ello es que no fue detenido ni identificado.

La Sala de lo Penal del Supremo acordó abrir causa al diputado de Podemos después de que el juzgado de Instrucción número 4 de San Cristóbal de la Laguna enviase testimonio de un procedimiento seguido contra él en virtud de un atestado instruido por la Policía de la Comisaría de La Laguna en 2014 por la comisión de un presunto delito de atentado contra agentes de la autoridad y lesiones durante una protesta.

RECUERDA CÓMO CRITICABA PODEMOS LOS AFORAMIENTOS EN EL PASADO

En una rueda de prensa en el Congreso, tras la reunión de la Junta de Portavoces, Gamarra ha señalado que esa actitud del número tres de Podemos de no acudir a declarar voluntariamente lleva a tramitar un suplicatorio para llevar a cabo esa declaración.

"Podemos siempre ha hecho bandera de que los aforamientos eran un privilegio y si algo está permitiendo que se acoja a no ir voluntariamente a declarar es justo el aforamiento que tanto criticaban y cuestionaban", ha manifestado.

Gamarra ha señalado que se trata del mismo aforamiento que "hoy está permitiendo que el vicepresidente del Gobierno de España", Pablo Iglesias, que está "señalado por la Justicia", no esté "todavía imputado por cuatro delitos como establece la resolución del juez de la Audiencia Nacional".

Es más, la portavoz del Grupo Popular en el Congreso ha subrayado que este mismo martes la Comisión Constitucional de la Cámara ha acogido un debate sobre aforamientos en relación con un Estatuto de Autonomía pero Podemos no ha asistido. "¿Y por qué no asiste? Debe dar una explicación porque aquello de lo que tanto renegaba es lo que hoy está utilizando para protegerse de la acción de la Justicia", ha concluido.

La Mesa del Congreso ha decidido finalmente no subir el sueldo de los diputados en 2021, un incremento que estaba previsto en el Presupuesto de la Cámara aprobado este martes, pero que al final ha quedado descartado tras haber sido cuestionado públicamente por el PP y Vox y después de que la Mesa del Senado haya decidido congelar las retribuciones de los senadores.

Según han informado fuentes parlamentarias, en una primera reunión, el órgano de gobierno de la Cámara Baja aprobó sus cuentas para el año que viene, que inicialmente preveían una subida del 0,9% en las retribuciones del personal de la Cámara, aplicable también a los diputados. El Presupuesto fue aprobado con los votos de PSOE, Unidas Podemos y el PP y el único voto en contra de Vox.

Eso sí, en esa primera reunión, el PP y Vox se mostraron contrarios a incrementar el sueldo de sus señorías --aunque sí avalaron subírselo al personal de la Cámara--. Unidas Podemos asegura que también manifestó verbalmente su oposición en la reunión del órgano de gobierno de la cámara.

UNA SEGUNDA REUNIÓN PARA RECTIFICAR

Pero, tras conocerse también que el incremento salarial para los senadores no había salido adelante en la Mesa del Senado, la presidenta del Congreso, Meritxell Batet, decidió reunir de nuevo a sus compañeros de Mesa para que las dos instituciones llevaran una posición consensuada en la reunión conjunta para aprobar los presupuestos de las Cortes Generales.

Y ha sido en esa segunda reunión donde, ya por unanimidad de PSOE, PP, Unidas Podemos y Vox, se ha decidido mantener congelado para el año que viene el sueldo de los diputados.

El Congreso viene prorrogando sus presupuestos desde 2018, obligado por la prórroga que desde entonces se ha aplicado también a los Presupuestos Generales del Estado, pero eso hasta ahora no era obstáculo para aplicar a sus señorías la subida salarial pacatada para los funcionarios.

En enero de 2019, entonces con Ana Pastor al frente de la Cámara Baja y mayoría de PP y Ciudadanos, la Mesa del Congreso acordó aplicar a los diputados la subida salarial del 2,25% prevista para los funcionarios, sin esperar a que hubiera Presupuestos Generales de 2019. De hecho, al final ese proyecto fue derrotado provocando la convocatoria de elecciones y en cambio el sueldo de los parlamentarios se subió.

Y el pasado mes de febrero, justo antes del estallido de la pandemia de coronavirus, el Congreso ya con Meritxell Batet de presidenta trasladó a su personal y a los diputados la subida salarial del 2% acordada para los empleados públicos de la Administración General del Estado, un incremento que el Gobierno también se aplicó mediante decreto ley.

CRUCE DE TUITS

En el periodo de tiempo que ha mediado entre las dos reuniones que ha celebrado este martes la Mesa del Congreso, diputados de PP, Vox y Unidas Podemos han utilizado sus cuentas de Twitter para marcar posición sobre esta cuestión.

Así, el secretario general del PP, Teodoro García Egea, ha escrito el siguiente mensaje: "Hoy el PP ha votado en contra de subir el sueldo a los diputados. En el Senado hemos conseguido sumar una mayoría para evitarlo. En el Congreso, PSOE y Podemos han votado a favor de la subida. Suben la cuota a los autónomos y aún quieren subirse ellos el sueldo. Indignante".

Pero el secretario tercero de la Mesa, Javier Sánchez Serna, de Unidas Podemos, le ha acusado de mentir: "Teodoro miente. Unidas Podemos se ha manifestado contra la subida de las retribuciones a las diputadas y diputados. Finalmente, y tras el debate pertinente, la Mesa del Congreso no aprobará dicha subida. Que alguien informe bien a Teo", ha escrito también en Twitter.

Y en términos similares se ha pronunciado en la misma red social el portavoz de Unidas Podemos, Pablo Echenique, incidiendo en que su grupo "desde el principio" se había manifestado en contra de la subida para los diputados y anunciando que acababa de "acordar" con el Grupo Socialista no aplicarla.

Según ha detallado después en rueda de prensa, ha aprovechado la reunión de la Junta de Portavoces --que ha tenido lugar entre las dos reuniones de la Mesa-- para trasladar al secretario general del Grupo Socialista, Rafael Simancas, que Unidas Podemos era partidaria de congelar las retribuciones de sus señorías. "Él estuvo de acuerdo y, a partir de ahí, se tomó la decisión definitiva en la Mesa", ha relatado Echenique.

Y también ha terciado, primero en Twitter y después en comparecencia pública, el portavoz adjunto de Ciudadanos, Edmundo Bal, cuyo partido no tiene asiento en la Mesa. A su juicio, "es una vergüenza", un "bochorno" y un "despropósito" que se haya siquiera planteado la subida "en medio de una crisis sin precedentes que está machacando a autónomos, trabajadores y familias". Este tipo de actuaciones, ha avisado, explica la creciente desafección ciudadana hacia la política.

Esta cuestión también ha provocado un cruce de tuits entre la secretaria general de Vox, Macarena Olona, y la diputada del PP Ana Beltrán. La dirigente de Vox ha puesto de relieve, como también ha hecho luego Iván Espinosa de los Monteros en rueda de prensa, que su grupo había sido el único que había votado en contra del Presupuesto que incluía la subida para los diputados y una partida adicional de dos millones para retribuciones de los miembros de las nuevas comisiones creadas en la Cámara.

"Señora Olona, la mentira es mala en la vida y en la política. El PP ha votado en el Senado y en el Congreso en contra de subir el sueldo a los diputados. Ustedes siempre igual. Infórmese y rectifique", le ha replicado Ana Beltrán

Andalucía suma este martes 20 de octubre 42 muertos en 24 horas, récord en la segunda ola tras el dato del 13 de octubre (41 fallecimientos), según datos consultados por Europa Press en el Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía (IECA), que contabilizan 2.412 positivos de coronavirus (Covid-19) confirmados por PCR y test de antígenos, cuarta mayor cifra de contagios diarios y la peor en un martes.

Nuevamente, Granada y Sevilla suman casi la mitad de los contagios de la jornada, la primera con 685 y la segunda con 653. Les siguen Málaga con 311, Córdoba con 248, Cádiz con 223, Jaén con 170, Almería con 71 y Huelva con 51. Destaca respecto del lunes que Málaga desbanca a Jaén como la tercera provincia con más contagios diarios.

Los 2.412 positivos de este martes es la cuarta cifra más alta tras los 2.577 del día 18, los 2.725 del día 17 y los 2.928 del día 16.

De las 42 muertes que se han contabilizado, Jaén ha sido la que más concentra con 15, seguida de Sevilla con siete y Granada con seis. Detrás van Cádiz con cinco, Málaga y Córdoba con cuatro cada una, y Almería con una, mientras que Huelva no registra.

Por otro lado, los hospitales andaluces han aumentado este martes 20 de octubre su presión asistencial con 1.506 pacientes ingresados por coronavirus (Covid-19), 108 más en 24 horas y 354 más que hace una semana, y de los que 193 se encuentran en una unidad de cuidados intensivos (UCI), cinco más que la víspera y 33 más que hace siete días.

Sevilla repite como la provincia con más hospitalizados con 473, de los que 53 están en UCI, seguida de Granada con 306, 35 en UCI; Málaga con 172, 29 en UCI; Cádiz con 154, 21 en UCI; Jaén con 150, 20 en UCI; Córdoba con 147, 17 en UCI; Almería con 58, 13 en UCI; y Huelva con 46, cinco en UCI.

DOS MUERTOS EN RESIDENCIAS Y UNO EN UN CONVENTO

La situación más preocupante sigue concentrada en las residencias de mayores, donde este martes la Consejería de Salud notifica dos fallecimientos, uno en la Residencia Miramar de Algeciras (Cádiz), que acumula así dos fallecimientos y 56 casos confirmados, y otro en la Residencia Los Olivares de La Carolina (Jaén), centro que afronta su primer brote y donde hay 36 casos.

Por otro lado, el Convento de Santa Ángela de Sevilla se mantiene con 95 casos confirmados y se ha notificado la primera muerte de una monja por coronavirus en las últimas 24 horas.

Además, se han declarado otros tres nuevos brotes en la Residencia Jesús Nazareno de Córdoba, con 18 casos (15 residentes y tres trabajadores); en la Residencia Entreálamos de Atarfe (Granada), con 26 positivos (siete residentes y 19 trabajadores); y en la Residencia La Torre de Caniles (Granada), con 12 afectados (once residentes y un trabajador).

Asimismo, en la Residencia NS Misericordia de Loja (Granada) aumentan a 49 los casos (36 residentes y 13 trabajadores); en la Residencia Alicante de Peligros (Granada), a 24 (15 residentes y nueve trabajadores); y en la Residencia Sanitas de Linares (Jaén), a 14 casos (once residentes y tres trabajadores).

Por otro lado, se ha declarado un brote en el Hospital San Juan Grande de Jerez de la Frontera (Cádiz) con 19 casos confirmados, el brote declarado en la residencia de estudiantes Les Roches de Marbella (Málaga) sube a 29 casos confirmados y en el Centro de Discapacitados Zaytum de Linares (Jaén) hay 16 casos confirmados.

PEOR CIFRA EN MARTES

De acuerdo con los datos de la Consejería, Andalucía ha registrado desde el inicio de la pandemia 97.793 casos confirmados por PCR, 2.412 en 24 horas, y ha alcanzado las 2.211 muertes tras sumar 42 en 24 horas.

El número de casos supone la peor cifra un martes, por encima de los 879 del día 13, los 1.788 del día 6, los 1.236 del 29 de septiembre, los 1.536 del día 22 y del resto de martes en la segunda ola.

Por su parte, la cifra acumulada de hospitalizados sube hasta los 11.675, hasta 162 más en 24 horas. La cifra de pacientes que han pasado por UCI alcanza los 1.174, tras sumar seis en 24 horas, y el número de curados alcanza los 42.696 --801 más en 24 horas--.

HASTA 15 MUERTOS EN JAÉN

En cuanto a los datos provincializados acumulados, de las 2.211 muertes desde el inicio de la pandemia --42 más en 24 horas--, Sevilla con 454 --siete más-- y Málaga con 450 --cuatro más-- se sitúan como las provincias con más fallecidos, seguidas de Granada con 386 --seis más--, Cádiz con 255 --cinco más--, Jaén con 251 --15 más--, Córdoba con 219 --cuatro más--, Almería con 130 --una más-- y Huelva con 66.

Por su parte, los casos confirmados por PCR o test antígenos alcanzan los 97.793 desde el inicio de la pandemia --2.412 más en 24 horas--, liderados por Sevilla, que alcanza los 21.793 casos --653 más--, seguida de Málaga con 19.691 positivos --311 más--, Granada con 15.412 --685 más--, Córdoba con 10.481 --248 más--, Almería con 9.543 --71 más--, Cádiz con 9.654 --233 más--, Jaén con 8.777 --170 más-- y Huelva con 2.451 --51 más--.

Los casos acumulados de coronavirus que han requerido hospitalización alcanzan los 11.675 --162 más en 24 horas--, con Málaga a la cabeza con 2.577 --22 más--, seguida por Sevilla con 2.599 --27 más--, Granada con 1.853 --34 más--, Jaén con 1.237 --35 más--, Córdoba con 1.174 --16 más--, Cádiz con 1.103 --14 más--, Almería con 805 --siete más-- y Huelva con 327 --siete más--.

De ellos, 1.168 han pasado por la UCI en Andalucía, cuatro más en 24 horas, con la provincia de Málaga a la cabeza con 245 --uno más--, seguida de Sevilla con 228 --dos más--, Granada con 165, Córdoba con 139, Cádiz y Jaén con 124, Almería con 107 y Huelva con 36.

Finalmente, la cifra de curados alcanza los 42.696 en toda la región tras sumar 801 en 24 horas, con Málaga a la cabeza con 11.069 --297 más--, seguida de Almería con 7.205 --193 más--, Sevilla con 6.906 --46 más--, Granada con 4.693 --65 más--, Cádiz con 4.406 --103 más--, Córdoba con 3.922 --26 más--, Jaén con 3.642 --64 más-- y Huelva con 853 --siete más--.