La Asociación de Fiscales (AF) ha lamentado este lunes las declaraciones que ha hecho el teniente fiscal del Tribunal Supremo, Luis Navajas, sobre las presiones que supuestamente ha recibido de fiscales «contaminados políticamente» al considerar que están «fuera de lugar».

Así lo ha dicho la presidenta de la asociación mayoritaria de fiscales, Cristina Dexeus, en declaraciones en las que ha subrayado el «respeto profesional y el trabajo desarrollado» por Navajas a la hora de decidir la posición del Ministerio Público sobre las más de 60 denuncias y querellas presentadas contra el Gobierno por la gestión de la pandemia.

En una entrevista en Onda Cero, Navajas ha afirmado que fiscales «contaminados políticamente» trataron de influir en esta decisión, entre los que ha mencionado a la exfiscal general del Estado Consuelo Madrigal y «otro compañero» cuyo nombre no ha dado, aunque fuentes consultadas por Europa Press han indicado que podría tratarse del fiscal Fidel Cadena.

Asimismo, Navajas ha explicado que descartó celebrar una Junta de fiscales de Sala, como solicitó la AF, porque quería evitar «filtraciones» y para no tener que a excluir a dos compañeros por ser «esclavos de su ideología».

Para la Asociación de Fiscales, «tachar ideológicamente a los compañeros está fuera de lugar», pues recuerda que el Ministerio Público, como institución, prevé mecanismos para valorar la profesionalidad y actuación de los fiscales y que cada fiscal puede hacer uso de ellos para defender sus intereses.

Sobre la oportunidad de la Junta de fiscales de Sala, Dexeus ha explicado que precisamente su asociación solicitó su celebración para «blindar» y dar un «mayor respaldo» al teniente fiscal en un caso «extraordinario» como el que se estaba estudiando. Se trataba de evitar cualquier tipo de sospecha de «identificación» de la Fiscalía con el Gobierno, ha indicado.

Por ello, cree que era necesario que Navajas fuera «asesorado» por la cúpula fiscal, ya que ha actuado en sustitución de la fiscal general del Estado, Dolores Delgado, después de que ésta se abstuviera de participar en dicho asunto por haber formado anteriormente parte del Gobierno y haber hecho campaña electoral con el PSOE.

Dexeus también ha lamentado las alusiones que Navajas ha hecho en la entrevista hacia la AF y ha puntualizado que la Junta de fiscales es un «órgano colegiado formado por los mejores juristas», entre los que se encuentran miembros de distintas asociaciones fiscales.

«LA CRÍTICA ENTRE COMPAÑEROS NO AYUDA»

La Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF) también comparte que las afirmaciones de Navajas «no contribuyen, en modo alguno, a transmitir una imagen de unidad de actuación y de absoluta independencia o autonomía de Ministerio Fiscal en el ejercicio de sus funciones».

«No se puede poner en tela de juicio el buen funcionamiento de la Institución. Todo es mejorable, todos nos podemos equivocar, pero la crítica entre compañeros no ayuda, en modo alguno, a potenciar el ejercicio de nuestras funciones con la debida autonomía e imparcialidad», señala la asociación en un comunicado.

La APIF tampoco entiende por qué Navajas no convocó a la Junta de fiscales de Sala cuando se trata del «órgano especialmente cualificado para que las decisiones más importantes que tenga que tomar el fiscal General del Estado (o, asumiendo sus funciones, el teniente del Supremo) sean las más acertadas».

«No parece razonable que no se haya recabado su opinión eneste asunto tan trascendente, afirma la APIF, que indica que de haber escuchado a la Junta de fiscales, la postura de la Fiscalía sobre las demandas y querellas contra el Gobierno «habría quedado más reforzada».

Por último, la asociación recuerda que ya advirtió que el nombramiento de Delgado pondría a la Fiscalía en una «difícil situación» y que denunció que tanto el cargo de teniente del Tribunal Supremo como el fiscal jefe de la Inspección debía ser renovados ya que sus mandatos ya han concluido.

PERPLEJIDAD EN LA FISCALÍA

La rotundidad de afirmaciones de Navajas tanto sobre los intentos de presión por parte de compañeros como en lo referido a otras Fiscalías, como la de Anticorrupción, han causado cierta sorpresa y perplejidad en la cúpula fiscal, según han señalado fuentes consultadas en este ámbito a Europa Press, si bien tanto Madrigal como el otro fiscal señalado, han mostrado su intención de guardar silencio por el momento.

Destacan que Navajas, designado al frente del Supremo por el que fuera fiscal general Eduardo Torres-Dulce, ha mantenido el puesto con todos los sucesores de éste, hasta concluir su mandato este mismo año.

Otros compañeros no entienden la reacción de Navajas, que consideran algo desmesurada, si bien apuntan que podría responder a las críticas que de forma interna habría causado en cierto sector de la Carrera su informe contrario a la investigación de las querellas presentadas contra el gobierno por la gestión de la pandemia.

Como dichas críticas sí llegaron a evidenciarse en algunos medios de comunicación, otras fuentes consideran que la respuesta de Navajas ha supuesto responder de cara a reproches que este veterano fiscal, que se jubilará el próximo mes de diciembre, había recibido por la espalda.

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha anunciado este lunes desde la localidad conquense de Chillarón que este mismo martes el Consejo de Gobierno abrirá la puerta con su toma en consideración a una Proposición de Ley impulsada por el Grupo Socialista en las Cortes regionales para combatir el problema de la ocupación, una norma en la que según el texto, al que ha tenido acceso Europa Press, se plantean penas más duras, una estrategia de lucha contra las mafias y la posibilidad de que los ayuntamientos tengan más legitimidad para actuar.

Según ha precisado García-Page, toca «actuar con más determinación y más precisión» toda vez que en España hay «miles de domicilios ocupados ilegalmente», un delito que además tiene «consecuencias de convivencia social».

Esta legislación que arranca este martes su trámite será trasladada al Estado, toda vez que tocará leyes ya existentes. Se trata de un «trabajo inmenso para combatir con mucha claridad y determinación a las enormes mafias de ocupación ilegal que hay en España».

Además, García-Page ha recordado que con la aprobación de la renta garantizada a nivel estatal ya no hay razón por la que familias en situación de vulnerabilidad puedan acceder a una vivienda.

El texto ya elaborado tipificará «con más dureza a las mafias que hoy conducen a un callejón sin salida a personas con problemas».

Para ello, ha detallado, pedirá medios específicos en la Fiscalía del Estado, así como modificar la normativa de empadronamientos para que los ayuntamientos puedan defenderse de que los ocupas acaben inscritos legalmente en los municipios.

Se trata de una propuesta «dentro de la lealtad institucional», ha defendido, que pretende «dar mayor rapidez a los trámites judiciales».

También se obligará en esta ley a los grandes propietarios –entidades bancarias– a «no estar de brazos cruzados» y tener que denunciar en el caso de sufrir ocupación de sus inmuebles.

TOCARÁ VARIAS LEYES

Con esta Proposición de Ley de Medidas Integrales para la Protección del Patrimonio Inmobiliario, la Seguridad Ciudadana y la Convivencia Vecinal y Contra la Ocupación Ilegal de Viviendas, la intención es impulsar cambios legislativos que articulen mecanismos legales ágiles que permitan la defensa de los derechos de titulares legítimos que se ven privados ilegalmente y sin su consentimiento de la posesión de su vivienda, así como la protección de la seguridad ciudadana y la convivencia vecinal.

Según el texto de la proposición, al que ha tenido acceso Europa Press, habrá un endurecimiento de las penas. De este modo, se aumentan las penas privativas de libertad hasta tres años en caso de uso de la violencia o intimidación y multa de hasta doce meses en caso de ocupación pacífica inconsentida.

Se eleva el plazo de prescripción del delito de uno a cinco años para evitar así que el delito se quede sin castigo.

Además, se podrán tramitar causas por juicio rápido, ya que la policía va a poder hacer denuncia al Juzgado con el atestado de la ocupación. En 48 horas los juzgados deberán acordar el desalojo del ocupa.

De esta forma con este proyecto legislativo se fortalecen el catálogo de diligencias y medidas cautelares que permita a los tribunales disponer el desalojo inmediato en tanto en cuanto se continua la investigación judicial para calificar jurídicamente los hechos.

PERSEGUIRÁ EL CRIMEN ORGANIZADO Y PROTEGERÁ A PROPIETARIOS

Otro de los objetivos de este texto legislativo es perseguir el crimen organizado generado en este entorno. La receta será implementar agravantes por este tipo de delitos y sancionar la utilización de las viviendas ocupadas para la comisión de otro tipos de delitos.

En virtud de esta ley, las comunidades de propietarios y los ayuntamientos quedan legitimados para poder denunciar las ocupaciones.

Considera la proposición de ley que las comunidades de propietarios y los vecinos de inmuebles cercanos son, en múltiples ocasiones, los verdaderos sufridores y sujetos pasivos de las actividades molestas, insalubres, nocivas, peligrosas o ilícitas que llevan a cabo los ilegítimos ocupantes del inmueble, o bien, terceros relacionados con aquéllos incluso para la concertación delictiva.

Procede, por tanto, ampliar la legitimación para actuar, sobre todo en aquellos casos en los que, requiriéndose una respuesta rápida ante la ocupación reciente o en ciernes de un inmueble, el propietario se desentienda o ni tan siquiera tenga conocimiento de la ocupación.

Otro mimbre importante es la modificación de las reglas del padrón municipal para impedir la inscripción de los ocupas, garantizando en todo momento la protección del menor en prestaciones tan esenciales como la atención sanitaria y educativa.

La Mesa del Congreso tiene previsto estudiar este martes el nuevo Código de Conducta de la Cortes Generales que prohibirá a los miembros de ambas Cámaras aceptar regalos que superen los 150 euros y les obligará a comunicar las actividades que hayan desarrollado cinco años de antes de obtener sus actas y que puedan condicionar su actividad política o les hayan proporcionado ingresos económicos.

Así consta en el borrador del nuevo Código de Conducta, al que ha tenido acceso Europa Press, y que tiene aún que ser analizado por los grupos parlamentarios para que planteen las aportaciones que consideren oportunas.

El Congreso ya aprobó su propio Código ético en 2019 siguiendo las recomendaciones del Grupo de Estados contra la Corrupción del Consejo de Europa (GRECO), pero esta misma institución conminó a las autoridades españolas a extenderlo al Senado, por lo que los servicios jurídicos de las Cortes Generales han redactado un documento con este fin.

Cuando se cierre un texto definitivo el nuevo código deberá ser aprobado en una reunión conjunta de las Mesas de ambas Cámaras. La previsión es que pueda salir adelante antes de que acabe septiembre.

Por lo pronto, el borrador reproduce el grueso del código que se aprobó para el Congreso, que no se ha llegado aplicar, pero los letrados han introducido algunas modificaciones para mejorarlo técnicamente.

REGALOS TAMPOCO PARA FAMILIARES

Uno de los cambios radica en que el nuevo código deja claro que los parlamentarios no podrán aceptar regalos, favores o servicios que les sean ofrecidos por su cargo o pueda entenderse que buscan influir en su labor parlamentaria. Eso ya regía para el Congreso, pero ahora se especifica que tampoco podrá aceptarlos «su entorno familiar».

Asimismo, ahora sí se especifica que no se deben aceptar presentes que superen los 150 euros, al contrario de lo que ocurría en código del Congreso, que no fijaba cantidad alguna.

Otra de las novedades es que se concreta el periodo sobre el que los parlamentarios deben informar de su actividades anteriores. Así, si en el código del Congreso no se ponía tope temporal, ahora se propone que tengan que informar de las actividades que hayan desarrollado durante el lustro anterior a su desembarco en las Cámaras. Si se trata de actividades por cuenta ajena, tendrán que precisar el nombre de sus empleadores y el sector de la actividad.

FUNDACIONES Y ONG

También deberán comunicar las donaciones, obsequios y beneficios no remunerados de cualquier naturaleza que hayan obtenido para sí, igualmente durante los cinco años anteriores, incluyendo viajes e invitaciones a actividades culturales o deportivas que, por su valor económico o cualquier otra circunstancia puedan ser relevantes a efectos de un eventual conflicto de intereses.

Además, según el borrador, desde su entrada en vigor se obligará a los parlamentarios a informar también de las organizaciones no gubernamentales, fundaciones o entidades similares a las que contribuyan o haya contribuido ya sea económicamente o altruistamente.

Como ya estaba previsto para el Congreso, las declaraciones de intereses de sus señorías se publicarán en las webs de ambas Cámaras. Si bien el nuevo código común dejará claro que éstas «sólo responderán de la información facilitada por los parlamentarios».

DESAPARECE LA CONFIDENCIALIDAD

Cuando exista un conflicto de intereses, el parlamentario deberá informar antes del inicio del debate del asunto que le afecte y, si duda de que exista o no, podrá dirigirse a la Mesa de la Cámara correspondiente para que resuelva lo que proceda. En el código del Congreso se establecía que este trámite tendría «carácter confidencial«, una precisión que ya no aparece en el borrador del nuevo texto.

Además, mientras que la Oficina de Conflictos de Intereses que se tendría que haber creado en el Congreso iba a tener «funciones de comprobación de la veracidad del contenido de las declaraciones incluidas en el Registro de Intereses», los letrados proponen ahora eliminar esa capacidad. También rebajan la obligatoriedad de crear esa oficina, puesto que ahora sólo se habla de que «se podrá crear».

Otro de los puntos que desaparece en el borrador respecto al texto ya vigente ya para el Congreso es la inclusión entre los principios que deben regir la actuación de los parlamentarios la mención de que han de hacerlo «con pleno acatamiento y respeto a la Constitución y al resto del ordenamiento jurídico, especialmente al Reglamento del Congreso de los Diputados y a las resoluciones que lo desarrollan».

NO USAR EL CARGO PARA ENRIQUECERSE

Según han explicado fuentes parlamentarias, los letrados de las Cortes consideran innecesario reproducir en un Código de Conducta la obligación de acatar y respetar la Constitución, algo que ya se recoge en los Reglamentos de ambas Cámaras, que son normas de rango superior.

Desde el PP ya han adelantado a Europa Press su intención se proponer que esa mención al acatamiento de la Carta Magna se mantenga en el futuro Código de Conducta de las Cortes Generales y recordarán que el texto del Congreso fue aprobado por unanimidad.

Lo que sí plantean incluir como novedad en esos principios es el de «abstenerse de buscar u obtener beneficio económico alguno, directo o indirecto, ni recompensa de ningún tipo» por el ejercicio de su cargo.

Además, el nuevo código deja claro que cuando los parlamentarios viajen atendiendo invitaciones «personales o particulares» o que provengan de entidades privadas y esos desplazamientos no cuentan con autorización de las Cámaras «se abstendrán de hacer uso de su condición para asumir una representación oficial de las Cámaras» y en todo caso cumplirán el código ético.

Los exconsellers de la Generalitat Felip Puig y Ramon Espadaler han testificado este lunes en la Audiencia de Barcelona que ellos mismos compartieron los mensajes de correo electrónico en los que un extrabajador del Centro de Seguridad de la Información de Cataluña (Cesicat) les alertó en 2013 de posibles irregularidades en el centro, y por los que se juzga a los responsables de la agencia de ciberseguridad Carles Flamerich y Xavier Panadero por un presunto delito de revelación de secretos al supuestamente espiar los mails del exempleado.

Durante su declaración como testigo, el entonces conseller de Empresa, Felip Puig, ha explicado que habitualmente reenviaba a su equipo los mails que recibía a su dirección corporativa de la Generalitat, como método para repartir el trabajo, y que también lo hizo en este caso al recibir el mensaje de un exempleado avisando de posibles vulnerabilidades y problemas de seguridad en el propio Cesicat.

Ha contado que tras recibir el mensaje del denunciante, Albert D., le citó para desayunar juntos y tratar el asunto: Le alertó de vulnerabilidades en el Cesicat y mostró su «disconformidad con haber terminado su relación profesional, un cierto resentimiento» por no trabajar más en la agencia de ciberseguridad.

Después del encuentro, Puig avisó al entonces presidente del Cesicat y acusado en este juicio, Carles Flamerich, para que «si había algún problema de seguridad, se dedicaran a ello».

Lo hizo al ver que en los mensajes se adjuntaban «pantallazos de nóminas y datos personales de trabajadores de la Generalitat», a pesar de que, como exempleado, Albert D. no debía tener acceso a esa información, y preocupado por el uso que pudiera darle.

El exconseller Puig también ha asegurado que años más tarde, en 2019, el denunciante le envió mensajes coaccionándolo con esa información que le había enviado: «Había una insistencia, una obsesión, que me llevó a pensar que podía haber una actitud no suficientemente normal».

PETICIÓN DE 4 AÑOS DE CÁRCEL

Por su parte, el exconseller Ramon Espadaler, que en 2013 dirigía el Departamento de Interior, ha asegurado que él mismo reenvió los mails de Albert D. al secretario general de su Conselleria y explicó el contenido al expresidente del Cesicat, el acusado Carles Flamerich, con quien ha asegurado que comentó esos posibles problemas de seguridad: «Me dijo que lo estaban gestionando y me desentendí. No di más importancia al tema».

En este juicio, la Fiscalía pide una pena de prisión de cuatro años y tres meses para Flamerich y el exresponsable del Cesicat Xavier Panadero, ambos acusados de un presunto delito de revelación de secretos al supuestamente crear un sistema para interceptar todos los mails del denunciante Albert D., para conocer lo que «pudiera comunicar cuestionando su profesionalidad», a raíz de su mensaje a consellers y cargos del Govern sobre irregularidades en la agencia de ciberseguridad.

Por el mensaje de Albert D. con información sobre funcionarios de la Generalitat, el Cesicat abrió un incidente de seguridad, según ha explicado quien fue director general de la fundación Cesicat, Xavier Gatius, que ha también declarado como testigo y ha descrito el mail del denunciante como «un incidente de los más significativos en la administración de la Generalitat».

El portavoz de Unidas Podemos en el Congreso, Pablo Echenique, ha acusado al Gobierno regional en Madrid, conformado por PP y Ciudadanos, de «criminalizar a la gente trabajadora y a los migrantes» al solicitar «más presencia policial» para atajar posibles problemas de seguridad generados por la crisis del Covid-19, como la okupación o la delincuencia.

Así lo ha trasladado en un comentario en Twitter tras la reunión entre el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y su homóloga en la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y en el que adjunta unas declaraciones de la dirigente madrileña tras la comparecencia conjunta. El encuentro se ha producido durante el inicio de las restricciones de movilidad que afectan a 850.000 madrileños.

Concretamente, Echenique enlaza un vídeo de la intervención de Ayuso en rueda de prensa en el que alude a que el Covid-19 trae aparejado problemas relativos a la okupación, la delincuencia o los menores extranjeros no acompañados y que se podría abordar, en el espacio de colaboración conjunta entre el Gobierno central y Madrid, el refuerzo la presencia de Policía Nacional y Guardia Civil a tenor del déficit de 2.500 agentes que estima en la región.

EL DINERO DE RASTREADORES PARA LOS «MILLONARIOS»

Ante estas palabras, Echenique ha recriminado que el Gobierno regional de Ayuso y el vicepresidente regional Ignacio Aguado (Cs) «ha regalado el dinero de los rastreadores y la Atención Primaria a sus amigos millonarios».

«Y ahora pide más policía para criminalizar a la gente trabajadora y a las personas migrantes. PP y Ciudadanos gobiernan gracias a la ultraderecha y eso se nota», ha manifestado aludiendo también a Vox, que apoyó la investidura de Ayuso.

INICIO DE LAS RESTRICCIONES EN MADRID

Las restricciones de movilidad han arrancado este lunes en seis distritos de la capital (Carabanchel, Usera, Villaverde, Villa de Vallecas, Puente de Vallecas y Ciudad Lineal) y en otros siete municipios de la región (Fuenlabrada, Humanes, Moraleja de Enmedio, Parla, Getafe, San Sebastián de los Reyes y Alcobendas).

Estas zonas superan los 1.000 contagios por 100.000 habitantes y los controles aleatorios y dinámicos en los perímetros de estos enclaves de la región tendrán carácter informativo para la población durante las primeras 48 horas.

Sánchez y Ayuso han acordado este lunes crear un ‘espacio de cooperación’ entre el Ejecutivo central y el regional, que se reunirá semanalmente, con el objetivo de «coordinar y planificar respuestas contra la pandemia».

Estará compuesto por el ministro de Sanidad, Salvador Illa, la ministra de Política Territorial y Función Pública, Carolina Darias, así como por el vicepresidente de la Comunidad, Ignacio Aguado, y el consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero. Este grupo contará con un portavoz técnico sanitario para atender las demandas informativas de la sociedad.

La presidenta de la Comunidad de Madrid ha pedido hoy que se deje «el activismo» y ha asegurado que con las restricciones de movilidad que se han impuesto en 37 zonas de la región no se busca «estigmatizar.

La ministra de Asuntos Exteriores, UE y Cooperación, Arancha González Laya, ha afirmado este lunes que esta semana continuarán los «contactos técnicos» entre España y Reino Unido en relación con Gibraltar y la situación posterior al Brexit y ha pedido «discreción» para seguir adelante con las conversaciones.

«Las discusiones que España está teniendo necesitan de la confianza de la discreción, ponemos un énfasis muy grande a la confianza y eso es incompatible con ir explicando los términos de la negociación», ha dicho en rueda telemática con los corresponsales en Bruselas tras una reunión del Consejo de Asuntos Exteriores de la UE.

La jefa de la diplomacia se ha expresado así después de que el diario ‘El País’ haya publicado que las negociaciones han encallado porque el Gobierno español quiere que haya agentes españoles en los controles fronterizos que hoy lleva a cabo Gibraltar, cosa que el Gobierno del Peñón lo considera inaceptable y prefiere optar por agentes de Frontex, un cuerpo europeo.

Fuentes conocedoras de la negociación consultadas por Europa Press han explicado que esa presencia de agentes fronterizos afectaría no solo a la Verja sino también al aeropuerto y al puerto de Gibraltar.

«España no tiene por costumbre negociar a través de la prensa. Cuando negocia lo hace con sus socios comerciales o de países terceros. En este caso no va a hacer excepción», ha zanjado González Laya cuando se le ha preguntado si el Gobierno aceptaría que ese control fronterizo lo ejerciese Frontex.

La ministra ha insistido en que España quiere «una solución negociada» para crear «una zona de prosperidad compartida» y que por eso mismo va a «mantener el espíritu de esta negociación».

Así, ha señalado que las conversaciones seguirán, con nuevos contactos técnicos esta semana, a pesar de que «las señales» recibidas «sobre la futura relación entre Reino Unido y la UE son ciertamente no alentadoras», ya que Reino Unido «ha expresado su interés de renunciar a compromisos que ya aceptó en el acuerdo de retirada».

De ese modo, ha afirmado que España quiere «dar una oportunidad a que se negocie este acuerdo entre España y Reino Unido en lo relativo a Gibraltar». «Por España no va a ser», ha asegurado.

La ministra ha transmitido en redes sociales su pésame por el fallecimiento de un diplomático español miembro del equipo negociador, Antonio García Ferrer. «Gran profesional y apreciado compañero», ha escrito en su cuenta de Twitter.

El Partido Laócrata, una formación minoritaria creada en 2018, ha recurrido ante los Tribunales Superiores de Justicia (TSJ) todas las comunidades autónomas y de Ceuta y Melilla las medidas dictadas por las administraciones autonómicas que imponen el uso de mascarilla para «personas sanas» mayores de 6 años, por considerar que supone un «grave riesgo» para la salud física y psicológica y que son medidas «más invasivas» que las recomendadas por el Gobierno y a nivel internacional.

Los ‘laócratas’ han solicitado a los TSJ que anulen las resoluciones de las consejerías de Salud que obligan a los mayores de 6 años a llevar mascarilla y, entretanto, que dicten medidas cautelares para «la suspensión y posterior anulación de las órdenes o resoluciones de las comunidades autónomas y de las dos ciudades autónomas», así como «cualquier acto o disposición posterior en ejecución de las mismas».

El partido ha esgrimido, en primer lugar, que el uso obligatorio de la mascarilla en personas que no han contraído el coronavirus e independientemente de que puedan guardar la distancia de seguridad de 1,5 metros «pone en riesgo grave la salud física y psicológica de las mismas».

A modo de prueba, ha aportado dos informes periciales en los que se establece que «el uso frecuente y prolongado de mascarillas dificulta en la persona portadora de las mismas el proceso respiratorio normal», pudiendo llegar a provocar hipoxia (falta de oxígeno) con repercusión pulmonar pero también cerebral y cardiaca.

En dichos informes se concluye además que el uso de la mascarilla tiene «repercusiones a nivel psicológico», especialmente en la infancia, afirmando que puede generar «miedo al fracaso» y «sentimiento de culpa» en los menores y perjudicar sus habilidades sociales.

Asimismo, los informes periciales sostienen que «no existe ninguna evidencia científica de calidad que avale que el uso de mascarillas reduzca el riesgo de contraer enfermedades respiratorias que se transmiten por gotitas respiratorias de diferentes tamaños».

«Por la grave situación de riesgo descritas en las dos periciales anteriores para la salud físico-mental, le corresponde a la Administración demostrar que no ponen en riesgo la salud de las personas ante ello», ha argumentado la formación en un comunicado.

En segundo lugar, los ‘laócratas’ han argumentado ante los TSJ que las órdenes autonómicas sobre el uso de la mascarilla «imponen medidas más restrictivas, invasivas e ineficaces a la población sana» que las recogidas en las directrices del Real Decreto Ley del 9 de junio, en el Reglamento Internacional Sanitario de 2005 –del que España es parte– y en las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS) para prevenir el contagio del coronavirus, puesto que se limitan a alentar el uso de la mascarilla.

Por último, ha aducido que se trata de una medida «desproporcionada e injustificada» porque «los datos oficiales a 7 de septiembre en toda España en las Unidades de Cuidados Intensivos por la COVID-19 de los últimos siete días han sido 161». En el caso de la Comunidad Madrid, la denuncia –a la que ha tenido acceso Europa Press– es del 16 de septiembre.

El Partido Laócrata, que pretende «superar los errores de la democracia y llenarla de contenido», según declara en su web, ya ha presentado querellas contra el ministro de Transportes, José Luis Ábalos, por el caso conocido como ‘Delcygate’, sobre el paso de la vicepresidenta venezolana, Delcy Rodríguez, por España pese a que tiene prohibida la entrada a la UE, y contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el vicepresidente, Pablo Iglesias, por las designaciones en la Comisión Delegada para Asuntos de Inteligencia.

La Junta de Portavoces del Parlamento de Navarra ha aprobado este lunes una declaración institucional presentada por Podemos por la que ve necesario endurecer el código penal en casos de especial crueldad hacia los animales.

Navarra Suma, PSN, Geroa Bai, Podemos e I-E han votado a favor. EH Bildu se ha abstenido en el punto 2 y ha votado a favor del resto.

Así, el Parlamento considera necesario «reformar el Código Penal para el endurecimiento de las penas en casos de especial crueldad hacia los animales, así como reformar el Código Civil, para distinguir a los animales de las cosas en la línea del Tratado de Lisboa».

También apuesta por aprobar una ley marco de Protección Animal aplicable a todo el territorio español que podría recoger el espíritu de la ley foral 19/2019, de 4 de abril, de protección de los animales de compañía.

Asimismo, aboga por incluir y trabajar de forma interdisciplinar la protección animal y la convivencia responsable en todos los elementos comprendidos del currículum escolar obligatorio.

La declaración incide también en la necesidad de formación de empleadas y empleados públicos para la gestión y ejecución de las políticas públicas de protección animal y la aplicación normativa para el desarrollo de la ley foral 19/2019, de 4 de abril, de protección de los animales de compañía.

También propone el texto que las entidades locales de la Comunidad foral aprueben «con el mayor consenso social y político posible» nuevas ordenanzas de protección animal actualizadas a los marcos normativos europeos, nacionales y autonómicos.

La declaración institucional será enviada al Departamento de Desarrollo Rural y Medio Ambiente del Gobierno de Navarra, a la Federación Navarra de Municipios y Concejos y a la Dirección General de Bienestar Animal del Gobierno de España.

El Parlamento de Cantabria ha iniciado este lunes su sesión plenaria con un minuto de silencio en señal de «respueto y duelo» por Nancy Paola Reyes, la joven guatemalteca asesinada, presuntamente, a manos de su pareja, y cuyos restos fueron hallados en Santander el pasado jueves, desmembrados y en avanzado estado de descomposición en bolsas de basura.

El presidente del Parlamento, el socialista Joaquín Gómez, ha considerado a Nancy Paola Reyes «víctima de la más atroz represión de la violencia de género», una mujer que –ha dicho– llegó de Ciudad Real «soñando con un futuro en Santander» que le fue «salvajemente arrebatado». La pareja de la joven fue detenida como presunto autor de un delito de homicidio.

Además, Gómez ha destacado que este asesinato coincide en el tiempo con el esclarecimiento «de otro asesinato machista», el de Manuela Chavero, desaparecida en Monasterio (Badajoz) hace cuatro años.

El presidente de la Cámara ha subrayado que este año ascienden ya a 35 las víctimas mortales de violencia de género, una «funesta» estadística contra la que el Parlamento, con ese minuto de silencio, expresa un «grito de repulsa y condena».

«También es un alegato contra la indiferencia e, incluso, contra el negacionismo que pueda existir, alrededor de la violencia de género, posiciones que no contribuyen a combatirla», ha dicho Gómez.

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha pedido que se deje «el activismo» y ha asegurado que con las restricciones de movilidad que se han impuesto en 37 zonas de la región no se busca «estigmatizar».

En la rueda de prensa posterior a su reunión con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en la Real Casa de Correos, la dirigente ha hecho un llamamiento a «la solidaridad de marzo» donde todos los políticos, sindicatos y sociedad civil iban «en la misma dirección».

«Ahora estamos en la reivindicación por la reivindicación constante y no siempre esto ayuda», ha declarado. Para Ayuso, si no se va en una misma dirección «va a ser imposible» salir de la situación que genera el coronavirus.

La presidenta de la Comunidad ha pedido «paciencia, colaboración y confianza» a todos los vecinos que pueden verse afectados por las restricciones y ha trasladado que ella solo quiere que las cosas «vayan mejor, que se salven vidas, que desaparezca el virus cuanto antes» así como que la Administración regional sea «apreciada por los vecinos» de estas zonas.

Para Ayuso, son tiempos de «unidad» así como de «dejar el activismo de lado» y ha censurado que solo en Madrid se ponga en marcha una comisión de residencias cuando ha sido «un problema en toda España» así como que tuviese que cargar con una huelga educativa en agosto, cuando no había presentado aún el plan, y tenga movilizaciones sanitarias cuando existe «un problema compartido.

«Hace falta que el activismo de esa manera pare un tiempo, dé un poco de respiro, por que entonces no vamos si no a bloquearlo todo», ha apuntado. Ayuso ha defendido que con las restricciones de movilidad que se han establecido en 37 zonas de la autonomía no se busca «estigmatizar» al sur porque también se están llevando a cabo en lugares como San Sebastián de los Reyes y se impondrán donde sea necesario.

En este punto, ha subrayado que nadie está tratando diferente a estas zonas «por su singularidad» sino por una «cuestión de epidemia, de vidas, de salud«. «El activismo constante sobre Madrid es excepcional y a nadie se le escapa», ha sentenciado.

Y es que sindicatos, partidos de izquierda y asociaciones vecinales se manifestarán el domingo, 27 de septiembre, en Madrid contra las medidas «inútiles y con claro tinte segregador» de la presidenta de la Comunidad, y con el objetivo de exigir que se adopten otras como poner en marcha un comité científico que pilote las decisiones sanitarias o el refuerzo de personal sanitario.

A través de una declaración conjunta, la Federación Regional de Asociaciones Vecinales (FRAVM), CC.OO., UGT, la Asociación en Defensa de la Sanidad Públicas y PSOE, Más Madrid y Podemos han llamado a la movilización al considerar «restrictivas» así como «plenamente rechazables por inútiles y por su claro tinte segregador» las medidas para frenar la pandemia del Gobierno regional.