La Comisión de Seguimiento del Pacto Antitransfugismo se ha reunido este lunes tras diez años sin convocarse y lo hace con una renovación que incluye el aumento a 22 de las formaciones que lo han suscrito y han establecido una serie de propuestas para su renovación como la ampliación de su ámbito en vigor a las esferas autonómicas y estatal o retirar privilegios en asignación económica a quienes incurran en esta práctica.

La ministra de Política Territorial y Función Pública, Carolina Darias, ha presidido este lunes la reunión del pacto tras la reactivación del mismo que tuvo lugar el pasado 29 de julio, en la que se acordó esta cita para dar cuenta de las nuevas formaciones que se adhieren y las propuestas de renovación del acuerdo.

Entre las renovaciones, el Pacto suma 14 nuevos miembros y se han propuesto nuevas aportaciones al mismo como trasladar el acuerdo del pacto, referido hasta ahora al escenario local, al ámbito del Congreso de los Diputados y Senado, otras instituciones y asambleas autonómicas, promoviendo así un nuevo acuerdo que sume todas las esferas: estatal, autonómica y local.

Las propuestas consideran el transfuguismo asimismo como una forma de corrupción y una práctica antidemocrática que altera las mayorías expresadas por los ciudadanos en las urnas. En este sentido, señalan que los partidos políticos deben ser ejemplares y contundentes contra esta lacra, porque el tránsfuga es responsable de quebrar con su actuación la voluntad popular.

Igualmente, se plantea que los tránsfugas no reciban privilegios en asignación económica, ni premios por quebrar la voluntad popular y que el nuevo consenso se materialice en una reforma legislativa con rango de ley.

DENUNCIAS EN ESTELLA Y SANTA CRUZ DE TENERIFE

La Secretaría del Pacto Antitransfuguismo ha recibido ya dos denuncias, una de ellas presentada por Unión del Pueblo Navarro en relación con un posible caso de transfuguismo de dos ediles de la corporación del Ayuntamiento de Estella (Navarra) y otra del PSOE en relación con otro posible caso en el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife el pasado 13 de julio.

Estas denuncias y aquellas otras que puedan plantearse podrán analizarse a partir del momento en que se apruebe la renovación de los compromisos del Pacto, mediante la actualización de la Adenda correspondiente, y la elección de los nuevos expertos independientes.

Tras este primer encuentro, la Comisión de Seguimiento ha acordado celebrar próximamente una nueva reunión tras las negociaciones para la modificación del Pacto, la actualización de la Adenda y la renovación del grupo de expertos.

Tras estos cambios, forman a partir de ahora parte del Pacto Antitransfuguismo un total de 22 fuerzas políticas con representación parlamentaria. En concreto, a PSOE, PP, Izquierda Unida, ERC, PNV, Coalición Canaria, Unión del Pueblo Navarro y BNG, que ya formaban parte del pacto original, se sumarán ahora Unidas Podemos, Ciudadanos, Galicia en Común, PAR, Cataluña en Común, Agrupación Socialista de la Gomera, Partido Socialista de Cataluña, Foro Asturias, Partido Regionalista de Cantabria, Equo, Más País, Mes per Mallorca, Compromís y Geroa Bai.

Además de la ministra, a este encuentro han acudido también el secretario de Estado de Política Territorial y Función Pública, Francisco Hernandez Spínola, y la secretaria general de Coordinación Territorial, Miryam Álvarez. Los representantes de las distintas formaciones políticas adheridas al Pacto han intervenido por videoconferencia.

El presidente de la Asociación Estatal de Directores y Gerentes de Servicios Sociales de España, José Manuel Ramírez, ha denunciado que desde que empezó la pandemia del Covid-19 la lista de espera de la dependencia se ha reducido en 35.000 personas pero no porque se las haya atendido sino porque han fallecido.

«Desde que empezó el COVID-19 se ha reducido en 35.000 personas la lista de espera de atención a la dependencia porque se han muerto. La reducción de la lista de espera está en los cementerios», ha exclamado José Manuel Ramírez.

Así lo ha indicado este lunes 21 de septiembre durante la jornada virtual ‘Consecuencias del Covid-19 en las personas con la enfermedad de Alzheimer y sus familiares cuidadores’, organizada por la Confederación Española de Asociaciones de Familiares de personas con Alzheimer (CEAFA) con motivo del Día Mundial del Alzheimer.

Ramírez ha criticado los «recortes inmisericordes» que se han hecho desde el año 2012 y ha culpado a todos los gobiernos desde entonces, también al actual porque, según ha advertido, no ha destinado a dependencia lo que la ley dice que debe aportar: «1.500 millones de euros». En este sentido, ha apelado al ministro de Derechos Sociales, Pablo Iglesias.

«El vicepresidente de Derechos Sociales tiene que poner dinero al sistema de atención a la dependencia», ha exigido Ramírez, al tiempo que ha añadido que no se puede esperar a los Presupuestos Generales del Estado porque entre las «peleas«, los políticos «tienen como rehenes a los más vulnerables».

Según ha precisado, 32.035 personas fallecieron sin haber salido de la lista de espera en los primeros seis meses del año. «¿Cómo podemos soportarlo. Y el Ministerio de Derechos Sociales no ha incrementado ni un solo euro«, ha insistido.

A su juicio, en el tema de la dependencia, en España hay «unos gobernantes insumisos, que no cumplen la ley». «Tenemos unos gobernantes sin alma que desde hace tiempo entienden que esta ley se la pueden saltar a la torera», ha criticado.

Ramírez ha lamentado que en medio de la crisis social del COVID-19 «se ha recortado en servicios sociales», algo que ha calificado de «inmoralidad«. Por ejemplo, ha indicado que la atención residencial ha disminuido un 9%, que hay unas 4.200 personas menos atendidas en domicilio o 5.000 plazas menos en centros de día, lo que ha provocado que se pierdan más de 11.000 puestos de trabajo.

Por otro lado, ha denunciado el cierre de 15.000 plazas en residencias de personas que han fallecido. «En lugar de dar esa cama a los 100.000 grandes dependientes, no se las han dado, se ha cerrado la puerta», ha declarado.

Igualmente, ha avisado de que se está avanzando hacia «un sistema low cost de la dependencia» con un incremento de las prestaciones bajas, con casi 6.000 millones de euros menos, que se han dejado de invertir desde 2012. Finalmente, ha animado a las cuidadoras de personas con Alzheimer, en un 90% mujeres, a las que ha definido como unas «luchadoras».

El Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI) ha reclamado a las fuerzas políticas del Congreso de los Diputados que la Proposición de Ley Orgánica de Regulación de la Eutanasia, que se tramita en el Congreso de los Diputados, sea «plenamente respetuosa» con los derechos de las personas con discapacidad.

Aunque el texto no menciona directamente a las personas con discapacidad, recoge expresiones que en opinión del movimiento CERMI deberían suprimirse, como «persona plenamente capaz y consciente»; «en plena capacidad de obrar»; «enfermedad invalidante»; «limitaciones que inciden directamente sobre su autonomía física, así como sobre su capacidad de expresión y relación»; «situación de incapacidad de hecho: situación en el que el paciente carece de entendimiento y de voluntad suficiente para gobernar su vida de forma autónoma sin que necesariamente haya resolución judicial de capacitación», e «impedido físicamente».

Para el CERMI, estas expresiones son «imprecisas, inapropiadas y muchas veces incorrectas desde una consideración exigente de derechos humanos». «Pueden dar pie a interpretaciones indeseables de la futura ley en relación a las personas con discapacidad», lamentan.

En este sentido, recuerdan que el Comité de los Derechos de las Personas con Discapacidad de Naciones Unidas, en su segunda revisión a España, formuló recomendaciones, entre las que se encontraba la de «velar por que no existan disposiciones que permitan la eutanasia por motivos de discapacidad, ya que tales disposiciones contribuyen a la estigmatización de la discapacidad, lo cual puede propiciar la discriminación».

Por ello, el CERMI defiende que la regulación de la eutanasia debe aludir a las personas que presentan «una condición, estado o situación de salud caracterizado por la presencia de una enfermedad o patología graves e incurables que ocasionen padecimientos continuos e insoportables en los términos establecidos en esta ley», evitando los términos anteriores.

CONSENTIMIENTO INFORMADO

En relación con el consentimiento informado, aunque está ampliamente citado en la iniciativa legislativa, afirman que «no recoge ningún tipo de salvaguarda ni procedimiento para que el mismo sea accesible e inclusivo y ofrezca todas las garantías a las personas con discapacidad que quieran ejercer este derecho».

Para resolver esta cuestión, la plataforma representativa de la discapacidad en España plantea la incorporación a la ley de una disposición adicional específica sobre personas con discapacidad que recoja que «en los procedimientos que hayan de seguirse en virtud de lo establecido en esta ley para solicitar y recibir ayuda para morir, cuando se trate de personas con discapacidad, se garantizarán los medios y recursos de apoyo, materiales y humanos, incluidas las medidas de accesibilidad y diseño universales que resulten precisas para que reciban la información, formen y expresen su voluntad, otorguen su consentimiento y se comuniquen e interactúen con el entorno, de modo libre, a fin de que su decisión sea individual, madura y genuina, sin intromisiones, injerencias o influencias indebidas».

Asimismo, el CERMI pide que se indique explícitamente que se facilitarán «las medidas pertinentes para proporcionar acceso a las personas con discapacidad al apoyo que puedan necesitar en el ejercicio de su capacidad jurídica y de los demás derechos que tienen reconocidos en el ordenamiento jurídico».

De igual modo, insta a que se establezca que «las personas sordas, con discapacidad auditiva y sordociegas tendrán garantizados los derechos, recursos y medios de apoyo establecidos en la Ley 27/2007, de 23 de octubre, por la que se reconocen las lenguas de signos españolas y se regulan los medios de apoyo a la comunicación oral de las personas sordas, con discapacidad auditiva y sordociegas».

El Tablao Torres Bermejas de Madrid, tras más de siete meses cerrado, será el único de España que abrirá sus puertas de nuevo al público de forma permanente, según ha informado el tablao.

Concretamente, el Tablao Torres Bermejas reabrirá sus puertas el próximo viernes 25 de septiembre con unas «estrictas» medidas higiénicas y sanitarias, entre las que destaca la instalación de una mampara de metacrilato en el escenario para mayor seguridad tanto de los artistas como del público.

Los tablaos flamencos en España llevan cerrados desde el pasado mes de marzo y solo en Madrid se han anunciado el cierre definitivo de al menos seis de ellos –algunos míticos como Casa Patas o Café de Chinitas–. En el año 2019, los tablaos consiguieron atraer a más de 6,8 millones de visitantes internacionales, un dato que en estos momentos de pandemia está siendo la propia cruz del sector.

Además de la barrera de protección, el Tablao Torres Bermejas ha implementado un complejo protocolo de seguridad para garantizar que el establecimiento sea un espacio ‘Covid free’ tanto para sus trabajadores como para sus clientes.

Así, en la entrada del local se ha instalado una cámara termográfica de medición de temperatura corporal capaz de detectar personas con fiebre a un metro y medio de distancia, con una precisión de +-0.5ºC. Este sistema permitirá, de forma inmediata, controlar y en su caso limitar el acceso al tablao.

Una vez dentro, se purificará el aire con un sistema que emite activamente iones positivos y negativos que se propagan por la sala y que suprimirán los efectos de los virus, se realizarán labores continuas de desinfección homologadas tanto por la normativa española como la europea y se mantendrá en todo momento la distancia de seguridad, lo que ha obligado a reducir el aforo a un tercio de su capacidad.

Desde este viernes sólo podrán disfrutar del espectáculo 50 personas, que deberán llevar la mascarilla cuando no estén comiendo y que, en todo momento, tendrán acceso a dispensadores de soluciones hidroalcohólicas, bien en su propia mesa o en el conjunto del establecimiento.

El Tablao Torres Bermejas, que a partir de este fin de semana abrirá todos los viernes y sábados con dos sesiones (a las 19 y a las 21 horas), seguirá ofreciendo a sus clientes el servicio de restaurante.

Para ello, y con el objetivo de limitar el contacto con la carta física del restaurante, se han implementado soluciones digitales que permiten acceder desde el móvil a los contenidos de la misma mediante un código QR.

El Consejo General de Enfermería (CGE), Florentino Pérez Raya, ha respondido a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, que el problema de falta de enfermeros que están sufriendo algunas comunidades autónomas para hacer frente al COVID-19 es responsabilidad de falta de planificación política.

«La culpa de que no las haya es de los mismos políticos y gestores que se negaron en su momento a planificar adecuadamente las plantillas de profesionales sanitarios, planteando soluciones a tiempo para evitar el déficit. Pedimos una estrategia y un plan nacional de recursos humanos en el Sistema Nacional de Salud que solucionara este problema de una vez», ha señalado en un comunicado, respondiendo a Ayuso, quien ha afirmado que «no podemos contratar más enfermeras porque ya no quedan».

Pérez Raya recuerda que la Organización Colegial de Enfermería lleva «décadas» avisando de que España «sufre un déficit de enfermeras en comparación con los países de nuestro entorno europeo, pues tenemos una escasez de estas profesionales que nos sitúa a la cola de Europa.

Llevamos también décadas avisando de las grandes diferencias que existen en el número de enfermeras que tienen las distintas comunidades autónomas hasta el punto de que en algunas de ellas supone un atentado contra el principio de igualdad del Sistema Nacional de Salud: es imposible recibir los mismos cuidados en Murcia, con 459 por cada 100.000 habitantes, que en Navarra, con 860, por ejemplo (Madrid 668)», lamenta.

«Nuestros representantes políticos sabían perfectamente que no había suficientes enfermeras y que tenían que actuar. También sabían, porque existen estudios científicos que les hemos entregado en mano, que la falta de enfermeras afecta directamente a la mortalidad de los pacientes y a su calidad de vida. Y, aun así, han ido dejando pasar el problema, negándose a tomar medidas concretas. En vez de poner en marcha la planificación que siempre les hemos pedido, nos daban la razón y le pasaban la ‘patata caliente’ a sus sucesores», ha comentado en un comunicado.

Para los enfermeros, «la única solución que existe es incentivar a las enfermeras para que doblen turnos o puedan compatibilizar varios puestos de trabajo». «Pero para ello es necesario ofrecerles unas condiciones laborales dignas ya que este trabajo, que supone un sobreesfuerzo enorme a las enfermeras, debe estar bien remunerado, porque las comunidades autónomas están ofreciendo sueldos y complementos ridículos para unos profesionales sanitarios que se están jugando la vida en sus centros», agrega.

«Esto es como el cuento de Pedro y el lobo, y el problema es que el lobo, que ha acabado llegando, se llama coronavirus y se ha llevado por delante decenas de miles de vidas en España. Algún día los políticos de todo signo que nos han gobernado y nos gobiernan tendrán que responder por qué se negaron a planificar un crecimiento de enfermeras acorde a las necesidades reales de la población», ha añadido.

El Consejo de Ministros prevé aprobar este martes el Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático para el periodo 2021-2010, que define 81 líneas de acción en distintos sectores socieconómicos de España y organizados en 18 ámbitos, como la salud humana, el agua y los recursos hídricos, el patrimonio natural, la biodiversidad y las áreas protegidas, costas y medio marino, protección forestal, lucha contra la desertificación, agricultura y ganadería o seguridad alimentaria.

El Plan, que la vicepresidenta cuarta del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica y Reto Demográfico, Teresa Ribera, anunció hace 15 días que era «inminente» y formaba parte del paquete normativo del Gobierno para luchar contra la emergencia climática.

Las medidas de adaptación buscan evitar o reducir los riesgos económicos, sociales, ecológicos y favorecer una preparación mejor para recuperarse del cambio climático, de modo que el Plan es un «instrumento de planificación» para identificar las mejores orientaciones para los distintos sectores y lograr un país menos vulnerable y más resistente ante el cambio climático.

En declaraciones a los medios, la vicepresidenta cuarta y ministra para la Transición Ecológica y Reto Demográfico, Teresa Ribera, ha dicho que una de las prioridades para «hacer las cosas bien» contra la emergencia climática es precisamente el plan de adaptación al cambio climático, del que ha destacado la amplia participación con que se ha elaborado y considera que será una herramienta fundamental en este contexto de recuperación en el que España se plantea qué futuro quiere para la generación presente y para la futura.

En ese sentido, ha destacado que «la acción climática no es un comportamiento estanco, sino que se integra como eje vertebrador de las acciones europeas en el contexto de la recuperación post COVID» y supone el esquema nacional para la gestión del riesgo, al tiempo que confía en que dará certeza a los inversores y permitirá orientar mejor la recuperación económica.

En definitiva, a su juicio, contribuirá a generar un sector primario más resiliente, cohesionar y vertebrar el medio rural, a prepararse para un turismo de más calidad, crear infraestructuras más seguras y recuperar la biodiversidad».

En esa línea, prevé que se evitarán y minimizarán los daños del cambio climático, se aportará más estabilidad económica y social y nuevas oportunidades ya que las inversiones en una adaptación planificada, pueden crear nuevas actividades económicas y posibilidades de empleo y reducir la incertidumbre asociada al cambio del clima.

El Plan que se aprobará previsiblemente este martes incluye 81 líneas de acción en los distintos sectores socioeconómicos del país organizadas en 18 ámbitos de trabajo para el periodo 2021-2030.

Según datos de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), la temperatura media en el conjunto de España ha subido alrededor de 1,7 grados centígrados desde la época preindustrial (1ºC en el conjunto del planeta), el verano se ha alargado cinco semanas con respecto a comienzos de la década de los ochenta y la extensión de zonas con clima semiárido ha aumentado más de 30.000 kilómetros cuadrado en un plazo de 20 años.

El nuevo plan reforzará de los instrumentos de información y seguimiento de las políticas públicas de adaptación, incluyendo informes sobre riesgos climáticos y, por primera vez, 30 indicadores que deberá aportar una visión dinámica de los efectos derivados del cambio climático y los progresos obtenidos en materia de adaptación.

Asimismo, plantea también siete líneas de trabajo transversales en materia de vulnerabilidad territorial y social; efectos transfronterizos del cambio climático; enfoque de género; prevención de la mala adaptación e incentivos perversos; costes y beneficios de adaptación e inacción y orientación a la acción.

El primer borrador del plan se sometió a información pública del 4 de mayo al 30 de junio, un periodo en el que se recibieron más de 1.500 observaciones de 182 organizaciones y personas. A continuación, el borrador del plan fue sometido a la consideración de la Comisión de Coordinación de Políticas de Cambio Climático, el Consejo Nacional del Clima y el Consejo Asesor de Medio Ambiente.

El Tribunal Constitucional (TC) ha incluido en el orden del día del Pleno de esta semana la deliberación sobre el fondo del recurso presentado por el Gobierno contra el Plan de acción exterior y de relaciones con la Unión Europea 2019-2022 de la Generalitat de Cataluña, si bien es poco probable que esta misma semana se de a conocer la sentencia, han señalado a Europa Press fuentes de este órgano.

A finales del pasado mes de junio el tribunal de garantías acordó mantener suspendido este plan autonómico, entre otros motivos, porque su vigencia «podría ocasionar unos perjuicios a la política exterior española que, en el caso de que finalmente fuera declarado inconstitucional, serían de imposible reparación».

El plan, aprobado hace un año, vio suspendida su vigencia tras ser recurrido por el Gobierno en octubre de 2019. En el auto de prórroga dictado por el TC el pasado 23 de junio ya se apreciaba que el plan catalán menoscaba la posición y la imagen internacional de España, en cuanto a su ejecución «de carácter omnicomprensivo y los objetivos que persigue va en detrimento del interés general que se expresa en la acción exterior española.

Además, el Tribunal adelantaba en este auto que «el plan recurrido puede crear la apariencia de que Cataluña es un sujeto de derecho internacional, lo que determinaría que se establecieran aparentes relaciones internacionales difícilmente reversibles si finalmente se declarase que el plan impugnado es inconstitucional».

Cuando fue presentado, el Govern explicó que su plan de acción exterior se dividía en cuatro a en cuatro ejes –presencia, excelencia, influencia y compromiso— que se concretaban en 15 objetivos estratégicos, de los que se derivan 41 objetivos operativos sectoriales y 127 actuaciones.

Las acciones que recoge el documento buscan, según explicó en su día la Generalitat, convertir a Cataluña en «un actor internacional aún más influyente y de prestigio», y para ello quieren coordinar la acción exterior de todos los departamentos, y por primera vez se recoge la participación del Govern en instituciones y órganos de la UE, organismos internacionales y redes de cooperación territorial. El Gobierno sin embargo recurrió su posible inconstitucionalidad, y ahora el TC dará por zanjado el asunto con su sentencia sobre el fondo.

La entoncces portavoz del Gobierno, Isabel Celaá, explicó que en ese plan se omite toda referencia al Estado como competente en relaciones internacionales y a la función de coordinación que realiza el Gobierno en este apartado.

Tampoco se mencionan otros organismos y «sujetos» de la acción exterior, ni la normativa española que se aplica, y existe una «falta de rigor» en los términos que se emplean.

El Gobierno envió un requerimiento a la Generalitat en agosto, dos meses después de la aprobación del plan, advirtiéndole de que no era competente para aprobar una iniciativa con esos contenidos, pero el Ejecutivo catalán respondió «negativamente«, es decir, afirmando que no pensaba corregir nada.

DOCTRINA PARA LA LEY VASCA DE ABUSOS POLICIALES

Por otra parte, el Pleno del TC podría acordar esta semana la desestimación del recurso de inconstitucionalidad presentado por el Grupo Parlamentario del PP contra determinados artículos de la ley vasca de abusos policiales aprobada en abril de 2019, que daba una nueva redacción a la normativa de reconocimiento y reparación de víctimas del terrorismo.

Se trataría de aplicar la doctrina que ya instauró el tribunal el pasado mes de julio respecto a un recurso similar instado por Ciudadanos, según las mismas fuentes.

En dicha resolución, el tribunal de garantías confirmó la constitucionalidad de la norma al entender que retende el reconocimiento y reparación de las víctimas de vulneraciones de derechos humanos en ese periodo y concluyó que «no hay en la tarea» de la Comisión de Valoración puesta en marca por el Gobierno Vasco para analizar y resolver las solicitudes de víctimas de abusos policiales «posible calificación jurídica de eventuales actos o conductas punibles».

La ley fue aprobada en abril de 2019 en un pleno de la cámara autonómica el que un diputado de Bildu llamó nazis a miembros policiales que habían acudido a la sesión. Votaron a favor PNV y PSE, en contra el PP y se abstuvieron Bildu y Elkarrekin Podemos.

El propósito de la norma fue el de reconocer derechos y reparar a quien haya sufrido «una vulneración de derechos humanos en un contexto de violencia de motivación política» entre 1978 y 1999 y recaerá en distintos órganos del Gobierno vasco la tarea tramitar y resolver los expedientes.

RECURSOS ANTERIORES

La norma modificaba otra similar aprobada en 2016, que no pudo ser desarrollada porque el gobierno de Mariano Rajoy la recurrió ante el Constitucional. Sin embargo, el Ejecutivo de Pedro Sánchez retiró el recurso tras un acuerdo con el Gobierno vasco y la ley pudo ser finalmente aprobada.

El artículo más polémico es el que dice que las vulneraciones de derechos humanos supuestamente sufridas «se podrán acreditar mediante la aportación de resolución judicial o administrativa» que las reconozca o «por cualquier otro medio de prueba admisible en derecho, sin que sea preciso que haya existido un proceso judicial previo», añadiendo que esa acreditación «no podrá desconocer lo ya resuelto por la jurisdicción penal».

La presidenta del Gobierno de La Rioja, Concha Andreu, ha llamado este lunes a «la responsabilidad y la unidad para» ganar la batalla al COVID-19 «y lograr la recuperación socioeconómica de La Rioja».

Con todo, ha señalado que la situación en la comunidad es de «seria preocupación», ante lo que ha advertido que, si la curva de contagios no remite, se podrán tomar «medidas más restrictivas».

La presidenta ha mantenido este lunes, día en el que se celebra la festividad de San Mateo (fiesta de la vendimia y de Logroño, suspendida este año por el coronavirus), varios encuentros con los medios para analizar la situación de la región y valorar los retos de este nuevo curso político.

En estos encuentros, la presidenta ha querido lanzar un mensaje de ánimo y un llamamiento a la colaboración a la población. «Su actuación responsable es necesaria para frenar la pandemia, porque cada gesto cuenta», ha apuntado.

«Que no tengan duda de que, por parte del Gobierno, de su Gobierno de La Rioja, conmigo al frente como presidenta, estamos tomando las medidas necesarias en cada momento y así lo seguiremos haciendo», ha añadido la mandataria riojana.

Andreu ha señalado que el Gobierno regional va a «velar por no dejar a nadie atrás» y va a poner todas las herramientas, medios y valentía que la situación requiere, «perfectamente coordinados con el resto de Administraciones locales y amparados y apoyados en todo momento por el Gobierno de Pedro Sánchez».

La presidenta ha destacado la cercanía del Gobierno de España, que ha «guiado, acompañado, asesorado y aportado partidas económicas», atendiendo a las necesidades en cada situación. En este sentido, ha incidido en el trabajo realizado en La Rioja de forma coordinada entre administraciones, regional y nacional, así como ayuntamientos.

Y, por ello, ha apelado a la colaboración y a trabajar unidos, también con la oposición, «con un objetivo común: salir juntos de esta situación de incertidumbre y de pandemia. «Entre todos conseguiremos ganar la batalla al COVID-19 y lograr la recuperación socioeconómica de La Rioja», ha apuntado.

Concha Andreu ha explicado que la situación de la pandemia en La Rioja es de «seria preocupación», con 1.169 casos activos, 23 brotes, 8.760 personas en cuarentena y 104 ingresadas, de las que 21 están en la UCI, lo que implica una ocupación del 71 por ciento en las camas del Hospital San Pedro.

Por ello, ha recordado «la importancia de respetar las medidas de seguridad sanitaria y no relajarse». «Las decisiones que tomemos se tienen que basar en datos, y si la curva de contagios no disminuye, nos veremos obligados a tomar medidas mucho más restrictivas para evitar la saturación sanitaria», ha asegurado.

En este ámbito, el sanitario, la presidenta ha señalado que se partía de una situación «bajo mínimos» generada durante los últimos 25 años, especialmente en Atención Primaria, que ha habido que reforzar, igual que el Servicio de Urgencias o las camas de UCI, que se han duplicado.

«Todo ello, mientras se enfrentaba una pandemia de carácter mundial, una situación sin precedentes para cualquier administración», ha resaltado.

Andreu ha querido destacar igualmente la labor realizada en el ámbito educativo, los protocolos de seguridad articulados en los centros y los resultados que se están obteniendo gracias a este trabajo previo, coordinado con los ayuntamientos. «Es un entorno seguro, controlado, donde se siguen los protocolos», ha señalado.

REESTRUCTURACIÓN DEL GOBIERNO

La presidenta se ha referido igualmente a los cambios en la estructura del Gobierno de La Rioja, que, en sus palabras, «responden a necesidades instrumentales, orientadas a facilitar la operativa y las decisiones, mejorar la coordinación de emergencias, reforzar el área de salud o vincular las políticas activas de empleo al desarrollo autonómico.

En este sentido, ha apuntado que han podido surgir diferencias internas en cuanto a la organización estructural del Gobierno, «pero el objetivo y el fondo nos une y nos unirá siempre: llevar a cabo este programa socialista, que tanto hemos defendido y que ya está dando sus frutos en La Rioja».

Andreu ha destacado también «el apoyo, sin fisuras» de Podemos en este primer año de legislatura del Ejecutivo de coalición, así como el trabajo conjunto realizado con IU.

Por último, ha hablado la presidenta riojana de los Presupuestos de la comunidad para el próximo año. Unas cuentas en las que el Gobierno de La Rioja «trabaja ya», y que será, ha señalado, «un presupuesto de base 0».

Se estructurará en torno a los objetivos del Gobierno de España y la Unión Europea, sostenibilidad, eficiencia energética, refuerzo de las políticas públicas, reto demográfico e igualdad, y que «serán unas cuentas sociales, de refuerzo sanitario y económico y de refuerzo de los servicios públicos».

El consejero de Justicia, Interior y Víctimas de la Comunidad de Madrid, Enrique López, ha reclamado este lunes «la misma lealtad» mostrada esta mañana por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en su reunión con la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, a los partidos que conforman su Gobierno en alusión al PSOE y a Podemos ante las críticas por las restricciones a la movilidad impuestas por el Gobierno regional en 37 áreas sanitarias de la región.

En una intervención en el 24 horas de ‘TVE’, el consejero madrileño ha subrayado que lo que piden los ciudadanos es que se pongan «todos a trabajar de forma conjunta y leal», indicando que la reunión de esta mañana entre Sánchez y Ayuso iba en ese sentido.

«Hay que buscar espacios comunes para luchar contra el virus entre las dos administraciones. Es lo que piden los ciudadanos y los enfrentamientos políticos en este momento no son positivos», ha reseñado el secretario de Justicia e Interior del PP.

Por ello, ha dicho que reclama también «esa misma lealtad a los partidos que conforman el Gobierno tanto Podemos como el PSOE», dado que «ambos, sobre todo Podemos, está alentando manifestaciones que buscan lo contrario a lo que se pide».

Hay que tener un poco de lealtad, no con la Comunidad de Madrid sino con los ciudadanos. Responsabilidad. Por eso, no es edificante ver a Podemos y al PSOE apoyando manifestaciones, al margen de que las medidas puedan ser criticadas más o menos», ha reprochado.

A preguntas sobre si eso no le parece contradictorio, ha señalado que «pedir más recursos está bien», pero ha agregado que no lo está plantear que los ciudadanos se concentren. Estamos en una democracia con libertad de expresión pero hay algo muy importante que es proteger la salud de nuestros ciudadanos», ha reseñado.

De este modo, ha llamado a la lealtad por parte de «todos para combatir el virus y después ya, se volverá a la dialéctica política que una democracia exige».

Preguntados por la críticas del ministro de Universidades, Manuel Castells, al tachar de «clasistas» las medidas acordadas por el Gobierno regional, López ha recordado que el ministro de Sanidad, Salvador Illa, ya en el mes de junio y el pasado 11 de septiembre recomendó , especialmente a la Comunidad de Madrid, lo que denominó como confinamiento selectivo.

«Fue el ministro el que nos pide este tipo de medidas. Lo que me importa es lo que diga el ministro Illa y no el ministro de Universidades», ha reseñado.

NO SE PUEDE PONER UN POLICÍA EN CADA CALLE

En cuanto a cómo va a hacer Madrid cumplir con las restricciones, López ha recalcado que no se puede poner a un policía en cada calle, por lo que hay que confiar en la responsabilidad de los ciudadanos.

«Habrá controles aleatorios para evitar que se incumpla la norma. Es fundamental contar con los ciudadanos. Hay que tener miedo al virus y no a la sanción. Esperemos que duré 15 días o un mes», ha destacado.

La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura ha ratificado en un auto las medidas acordadas en la Resolución de 20 de septiembre de 2020, de la Consejería de Sanidad y Servicios Sociales, por la que se adoptan medidas especiales de intervención administrativa de carácter específico y temporal para la contención de la pandemia Covid-19 en Badajoz.

El auto, además, señala que la Junta de Extremadura deberá comunicar a la Sala Contencioso-Administrativo del TSJ de Extremadura cualquier hecho o incidencia que afecte sustancialmente a la ejecución de las medidas ratificadas o que determinen, en su caso, la procedencia de alzarlas.

Según se señala en el auto, las medidas sanitarias solicitadas por la Junta de Extremadura cumplen con una serie de parámetros, entre los que cita la «existencia de un riesgo inminente y extraordinario» que justifica su adoptación, ante el «incremento excepcional» del número de casos de Covid-19.

Añade también que las medidas «se consideran urgentes y necesarias para la salud pública» atendiendo a las circunstancias concurrentes, todas ellas «relacionadas con la situación de emergencia producida por el nuevo coronavirus SARS-CoV-2», y señala que son además «proporcionadas atendiendo al espacio territorial al que afectan, a las personas a las que se aplica y a la duración temporal de esa aplicación», recoge el auto.

El texto recoge además que las medidas adoptadas por la Junta de Extremadura «no suponen una limitación absoluta de los derechos fundamentales consagrados en el capítulo II del Título I de la Constitución», sino una «restricción o limitación de la libertad de circulación y reunión de las personas», así como «medidas de contención en el ámbito de establecimientos o locales comerciales, actividades de hostelería y restauración y demás espacios públicos, pero sin supresión de la referida actividad, con una limitación temporal de 14 días», concluye.

Indra, U-tad y Fundación Universia, que cuenta con el apoyo de Banco Santander para el desarrollo de sus actividades, han presentado ‘CicerOn: VR speech coach’, una aplicación que, a través de técnicas inmersivas de realidad virtual, permite a las personas con síndrome de Asperger entrenar su interacción con otras personas y la exposición oral en público.

Este trabajo, según han informado los impulsores de esta iniciativa, es el resultado de la ‘Cátedra de Investigación en Tecnologías Accesibles’ suscrita entre dichas entidades en el año 2016.

La aplicación es un ‘serious game’ (entrenamiento a modo de videojuego) con el cual, haciendo uso de la realidad virtual, las personas con síndrome de Asperger, trastorno neurológico del espectro autista, entrenan la superación de su fobia a hablar en público. Al tratarse de una experiencia inmersiva en forma de juego, permite potenciar la motivación del usuario para seguir avanzando a pesar de las dificultades que enfrentarse a la fobia pueden suponerle y, por tanto, seguir con el tratamiento.

En ‘CicerOn’, el usuario debe resolver un enigma a través de la resolución de acertijos y la búsqueda de pistas en distintos escenarios de juego. Cada fase está diseñada con un nivel de exposición al estímulo fóbico, incrementando su intensidad a medida que avanza a través del juego.

Los acertijos deben ser leídos en alto de forma constante, habituando al jugador a la oratoria. Al final de cada uno de los seis niveles del juego, el paciente debe leer la pista final en un estrado.

Adicionalmente, ‘CicerOn’ cuenta con una sala de relajación donde el usuario puede ir siempre que sienta que su cuadro de ansiedad empeora debido a la exposición a la fobia. Los diferentes niveles con los que cuenta CicerOn han sido diseñados con psicólogos expertos en Asperger y personas con este síndrome.

ENTRENAR LA ORATORIA EN DIFERENTES ESCENARIOS

Según se avanza en el uso de la aplicación, el usuario debe superar la oratoria en escenarios vacíos, con gente distraída, con asistentes atentos al discurso, etc., logrando de este modo que el usuario reduzca poco a poco su fobia en el mundo virtual y mejore sus exposiciones y la comunicación con su audiencia.

Después de cada nivel la progresión de la oratoria, un reconocedor de voz indica de forma automática. Cada avance significa que el usuario va superando las dificultades presentadas en el mundo virtual y, por lo tanto, está más cerca de enfrentarse a ellas en el mundo real.

«La capacidad de presencia que otorga la Realidad Virtual la hace única como herramienta para la superación de fobias, ya que la respuesta psicológica dada por el paciente es la misma que en la vida real, a pesar de ser consciente de que está dentro de unas gafas de Realidad Virtual», ha afirmado la directora de ‘CicerOn: VR speech coach’, Laura Raya.

Aunque la aplicación puede funcionar de forma autónoma, debido a la naturaleza de la misma, la experiencia en Realidad Virtual debe estar controlada por especialistas que sean los que evalúen la idoneidad de su uso en cada persona en función de su situación personal.

Ciudadanos defenderá este martes en el Pleno del Congreso su proposición de ley de reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) con la que pretende reforzar la independencia judicial cambiando el sistema de elección de los veinte vocales del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).

Esta debate llegará al Palacio de la Carrera de San Jerónimo en medio del cruce de reproches que se vienen realizando desde hace días el presidente Pedro Sánchez y el líder del PP, Pablo Casado, por la negativa del segundo a renovar el órgano de gobierno de los jueces, pendiente desde hace casi dos años.

Este lunes, la portavoz nacional de Ciudadanos, Melissa Rodríguez, ha defendido que la solución a esta situación pasa por que tanto el PSOE como el PP apoyen este martes la toma en consideración de su proposición de ley si de verdad quieren situarse «en pos de la transparencia y del lado de la independencia de los poderes» y dejar atrás sus «mercadeos» y «las malas mañas del pasado».

NI DEDAZOS NI BLOQUEOS

«Pedimos a PSOE y PP que estén a la altura y apoyen esta medida de regeneración democrática tan necesaria. Ni dedazos ni bloqueos en el Poder Judicial: que los jueces elijan a los jueces», ha escrito en este sentido la líder del partido, Inés Arrimadas, a través de su cuenta personal de Twitter.

La vigente LOPJ establece que ocho de los veinte vocales que conforman el CGPJ deben ser propuestos por el Congreso (cuatro) y el Senado (otros cuatro) y elegidos entre juristas de reconocida competencia, mientras que los otros doce son escogidos también por las Cámaras legislativas (seis cada una) entre jueces y magistrados en activo.

Un sistema éste que, a juicio de Cs, menoscaba la garantía de independencia de los miembros de la Carrera. De ahí que pretenda cambiar el régimen de elección de los vocales del CGPJ estableciendo criterios objetivos de evaluación para su nombramiento para garantizar que el proceso de selección no genere dudas en cuanto a su independencia, imparcialidad y transparencia.

Así lo establece el GRECO (Grupo de Estados contra la Corrupción) del Consejo de Europa en las recomendaciones que viene realizando a España sin que, según denuncian los de Inés Arrimadas, se haya hecho nada al respecto.

CLAVES DE LA REFORMA ‘NARANJA’

En concreto, los ‘naranjas’ plantean que los doce vocales de procedencia judicial sean elegidos directamente por los jueces y magistrados, y que se refuerce la objetivación de los criterios de mérito y capacidad en la elección de otros ocho vocales del CGPJ.

«A tal efecto, se garantiza que todos aquellos nombramientos o propuestas de nombramientos y promociones que impliquen algún margen de discrecionalidad o apreciación de méritos se cubran conforme a una baremación lo más objetivada posible, adoptándose las cautelas necesarias para preservar la imparcialidad en dichas designaciones», señalan en su texto.

Asimismo, la reforma de Ciudadanos mantiene la autonomía presupuestaria del órgano de gobierno de los jueces pero asegurando la dedicación exclusiva de sus miembros, pero asegurando la dedicación exclusiva de sus miembros.

Sobre el presidente del CGPJ, que lo es a su vez del Tribunal Supremo, el partido naranja propone asegurar la experiencia y reconocido prestigio de la persona elegida para el cargo, que deberá proceder del propio Supremo y con al menos al menos cinco años de antigüedad en este órgano.

En cuanto al nuevo sistema de elección, Cs plantea que el juez que lo desee pueda presentarse para ser vocal si dispone de 25 avales o del aval de una asociación profesional. Después, cada juez podrá votar a un máximo de seis candidatos en una única circunscripción nacional mediante listas abiertas y voto personal, libre, igual, directo y secreto.

LIMITACIÓN DE MANDATOS

También limita a dos los mandatos que pueden permanecer en su cargo el presidente y los vocales del CGPJ, el presidente de la Audiencia Nacional, los presidentes de los tribunales superiores de justicia y los de las audiencias provinciales.

Además, propone una carrera judicial «basada en el mérito y la capacidad» en la que los criterios para ascender estén objetivados y sean iguales para todos, y que los presidentes de Sección y de Sala, así como los magistrados del Supremo, sean elegidos en un concurso de méritos público y transparente por antigüedad, especialización y evaluación continua.

Asimismo, la proposición de ley suprime el nombramiento de magistrados en los Tribunales Superiores de Justicia de las distintas comunidades por parte de los Parlamentos autonómicos, para evitar que los políticos nombren a aquellos magistrados que tendrán que juzgarles si son investigados y procesados por algún delito.

Por otro lado, la iniciativa regula las «puertas giratorias» entre la política y el Poder Judicial, de manera que los jueces procedentes de la política no podrán regresar a la magistratura hasta pasados dos años y no podrán incorporarse a juzgados y tribunales donde se instruyan o conozcan causas judiciales en las que sean partes investigadas o enjuiciadas miembros de partidos políticos con los que estuvieran o hubieran estado vinculados.

El Pleno del Congreso debate este martes una proposición no de ley promovida por el movimiento ‘#RegularizaciónYa’, que defenderá Esquerra Republicana (ERC) en el Parlamento, y que insta al Gobierno a regularizar, en formato ‘exprés’, la situación de aquellos migrantes relacionados con el ámbito sanitarios, de los cuidados y agrario, una decisión que, según apuntan, «beneficiaría a todo el mundo».

El texto que debatirá la Cámara baja, reclama el reconocimiento provisional, mediante una declaración de responsabilidad, los títulos de aquellas personas con residencia en el España y con independencia del país en el que se hayan obtenido, de grado en Medicina, Farmacia y Odontología, grado en Enfermería y Fisioterapia; ciclos formativos de Grado Superior en el ámbito sanitario y de asistencia social; y los ciclos formativos de Grado Medio en el ámbito sanitario y de asistencia social.

Además, pide que se facilite el proceso de autorización de residencia y trabajo, mediante una acción proactiva en el país de origen, de profesionales de la medicina y enfermería, con experiencia en cuidados intensivos, procedentes de países que hayan superado la crisis del Covid19.

En este sentido, también quiere que se supriman, durante 6 meses, el requisito de 3 años de estancia en el procedimiento de arraigo social para todas aquellas personas que presenten una oferta de trabajo de 3 meses o más para ejercer en el ámbito de los cuidados a las personas mayores, social y sanitario, además del agrícola.

TRABAJOS SON DERECHOS LABORALES

Para poder poner en marcha estas medidas, el texto de ERC propone habilitar los medios administrativos en los ministerios afectados y, muy especialmente, en las subdelegaciones provinciales del Gobierno para una rápida implementación de los apartados anteriores y suscribir acuerdos de delegación de la gestión de las competencias ejecutivas en el ámbito de los procesos de arraigo social y laboral con las comunidades autónomas con competencias en el otorgamiento de la primera autorización de trabajo.

Tal y como explica la formación independentista, las personas inmigrantes han ido ocupando en nuestra sociedad determinados sectores profesionales que no están siendo cubiertos por personas autóctonas, y lo están haciendo de manera regular o, cuando no pueden acceder a esta regularización, de manera administrativa irregular.

Esta situación, apunta, está comportando en muchos casos «una vulneración de los derechos laborales y sociales de estas personas, más allá del perjuicio económico que, intencionadamente o no, están generando sus empleadores a las arcas públicas y, en particular, a la Seguridad Social».

Uno de esos trabajos que, en la actualidad, están realizando más personas migrantes, especialmente mujeres, son los relacionados con los cuidados, explica ERC, para indicar que este es un sector que acoge a muchas personas en situación administrativa irregular, que trabajan «sin ningún tipo de contrato» y, por lo tanto, «sin derechos laborales ni sociales».

APOYO DE UNIDAS PODEMOS, BILDU, CUP Y EL GRUPO PLURAL

Otro de los sectores afectados por esta situación es el agrario. Según ERC, se estima que, sólo en Cataluña, se requerirían 38.000 personas para la próxima campaña y, desde asociaciones se reclama a las administraciones una «búsqueda de alternativas» para poder «garantizar la actividad» en el campo. De hecho, apunta, es una solicitud que ya se reclamaba hace una década, «cuando los agricultores no encontraban mano de obra entre los parados que dejó la crisis de la construcción».

Pero además, el partido de Gabriel Rufián ve necesaria esta regularización para «dar solución» a otras realidad que vive el país, como es «la llegada masiva de menores no acompañados del 2018″, que en la actualidad son mayores y no disponen de un permiso de residencia y trabajo.

Además, «ante la grave crisis en que nos encontramos, ha aflorado la urgente necesidad de personal sanitario y para la atención en las residencias de personas mayores», indica ERC, que la regularización de estas personas conllevaría «un beneficio para todo el mundo».

A través de un comunicado,#RegularizaciónYa explica que, además de ERC, la iniciativa está apoyada por Unidas Podemos, Eh Bildu, Candidatura de Unidad Popular (CUP) y el Grupo Parlamentario Plural (Más País Equo, Compromís, Junts Per Catalunya y BNG).

«Necesitamos que la regularización sea permanente para evitar más vulnerabilidad económica y exclusión social. Sin este reconocimiento fundamental, no hay igualdad de trato posible. La sociedad, además, se va a beneficiar en su conjunto», ha explicado Seydou Diop, jornalero de Huelva, de la Asociación de Nuevos Ciudadanos por la Interculturalidad.