La Fiscalía Anticorrupción solicita que se desestimen los recursos de apelación presentados tanto por el expresidente de la Comunidad de Madrid Ignacio González como por otros encausados en el marco de la pieza número 3 del caso ‘Lezo’, en la que se ha investigado el contrato adjudicado a OHL para las obras del tren de Navalcarnero y para la que el magistrado instructor acordó a finales de noviembre el fin de la instrucción.

A lo largo de cuatro escritos diferentes, la fiscal del caso, Ana Cuenca, rechaza los diferentes argumentos de las defensas, que pedían a la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional que no se diera por terminada la instrucción y que se realizaran nuevas diligencias como la declaración de más testigos.

En concreto, según relata la fiscal, la defensa del expresidente ‘popular’ de la Comunidad de Madrid alegaba respecto a la resolución del instructor Manuel García-Castellón en la que proponía sentar en el banquillo a su defendido, que la causa debía archivarse puesto que el auto del juez carecía de motivación suficiente que permitiera conocer la imputación contra Ignacio González. Y añadía que no existían indicios de criminalidad contra él suficientes para fundamentar una acusación.

Cabe recordar que en el escrito de conclusiones preliminares de Fiscalía, se solicita para el empresario Javier López Madrid seis años y medio de cárcel por los delitos de cohecho activo y falsedad en documento mercantil, mientras que para Ignacio González se interesa una pena de cuatro años de prisión por cohecho pasivo y una multa de dos millones de euros.

De hecho ahora el Ministerio Público responde a esto que el auto del juez cumple con la Ley de Enjuiciamiento Criminal y que la alegación de falta de indicios de criminalidad es una «una valoración sesgada de alguna de las diligencias de investigación practicadas en la fase de instrucción». Además, recuerda que la Sala no tiene como función valorar indicios ya que esto ha de hacerse durante el juicio oral.

La defensa de González pedía también la nulidad del auto del juez señalando que se vulneraba el derecho a un proceso con contradicción de partes e igualdad de armas procesales porque no se les había dado traslado del escrito de Fiscalía interesando el fin de la investigación. Señalaban además que el escrito se había filtrado a medios de comunicación.

Pero la Fiscalía recuerda que lo que se envió a medios no fue el escrito del Ministerio Público sino un comunicado de prensa, y se hizo después de presentar el escrito ante el juez. Además, rechaza la revocación del auto del juez para que se practique una nueva diligencia consistente en que se identifiquen fuentes anónimas –para saber si se trataba del comisario José Manuel Villarejo– ya que esta petición ya fue rechazada por la Sala hasta en dos ocasiones.

Insiste la fiscal en que la imputación de Ignacio González se hace sobre elementos claramente incriminatorios, entre los que se encuentran toda la documental, testifical y pericial, y que de todo ello se extrae la forma en que los encausados «se concertaron para conseguir que OHL fuera adjudicataria del contrato de concesión del Tren Móstoles-Navalcarnero, así como la intervención que, para ello, tuvo el recurrente consistente en, con la finalidad descrita, ejercersu influencia sobre quien entonces era el órgano adjudicador a cambio de recibir una ilícita comisión».

NO HAY INFRACCIÓN EN EL CASO DE ILDEFONSO DE MIGUEL

De igual modo responde la fiscal al recurso del expresidente del Ente Público Canal de Isabel II entre los años 2003 y 2012, Ildefonso de Miguel, para el que solicitan 4 años de cárcel por cohecho pasivo. Le recuerda que pese a su queja no existe una infracción de los dispuesto en la LECRim al no trasladarles el informe de fiscalía que interesaba la continuación de las actuaciones por los trámites del procedimiento abreviado.

Además, dado que la defensa de De Miguel alegaba una falta de motivación en el auto del juez porque era «una reproducción exacta, un copia y pega» del informe emitido por el Ministerio Fiscal, la fiscal señala que la defensa no debería desconocer que el Tribunal Constitucional ve aceptable que sea así con el objetivo de conocer las razones en las que se basa la decisión del magistrado.

En términos semejantes responde al recurso del que fuera director de control de la constructora OHL Felicísimo Damián Ramos Ramos, para el que solicita otros seis años y medio de cárcel por los delitos de cohecho activo y falsedad en documento mercantil.

De igual forma, rechaza que se atienda la petición de sobreseimiento de la causa contra el que era consejero Director General de Construcción Nacional de OHL Rafael Arturo Martín de Nicolás Cañas. Para él se solicitan seis años y medio de cárcel por cohecho activo y falsedad en documento mercantil.

EL CONTRATO PARA EL TREN QUE NUNCA LLEGÓ

Según el informe de conclusiones preliminares de Fiscalía, la adjudicación del contrato para la construcción de la línea ferroviaria de Navalcarnero recayó en una UTE participada por OHL gracias a la «ventajosa oferta económica» en comparación con otras siete empresas. Pero «en realidad, la presentación de esta oferta obedeció a un plan ideado por los acusados Javier López Madrid –consejero dominical de OHL en el momento de los hechos– y Rafael Arturo Martín de Nicolás Cañas».

Dicho plan, consistía en asegurarse la adjudicación inicial y conseguir la posterior autorización de un modificado contractual con el que compensarían la merma de ingresos que suponía esa oferta. «Para lograr su propósito ambos investigados destinaron 2,5 millones de dólares al abono de una ilícita comisión entre cuyos beneficiarios se encontraban Ildefonso de Miguel Rodríguez e Ignacio González a fin de que este último ejerciera su influencia sobre Jesús Trabada, entonces Consejero Delegado de Mintra y, como tal, órgano de contratación de la entidad», recuerda la Fiscalía.

Para llevar a cabo el pago de la citada comisión, sostiene Fiscalía, contaron «con la colaboración esencial» de los investigados Felicísimo Damián Ramos Ramos y Adrián de la Joya, «quienes se avinieron a desarrollar las actuaciones necesarias para ello».

En definitiva, la actuación conjunta de ambos acusados permitió a OHL «destinar importantes fondos para retribuir a cargos públicos con el fin de beneficiarse indebidamente con la adjudicación y posterior ejecución del contrato de concesión» para construir la línea ferroviaria.

Los hechos ocurren en 2007, cuando OHL gana el concurso público y a la par, dice Fiscalía, López Madrid aprovecha su amistad con Ignacio González para convenir con éste que aprovecharía su posición en la Comunidad de Madrid –entonces era vicepresidente– para asegurar dicha adjudicación dado que podía influir sobre Jesús Trabada, de la empresa pública Mintra.

El PP ha acusado este lunes al ministro de Sanidad, Salvador Illa, de incumplir la obligación legal que tiene de acudir cada mes al Congreso para informar de la evolución de la pandemia «por estar de campaña en Cataluña» y ha exigido su comparecencia inmediata, ya que, según ha recalcado, no ha rendido cuentas en sede parlamentaria desde el pasado 26 de noviembre.

Según el PP, Illa debe dar cumplimiento al artículo 14 del real decreto 956/2020, de 3 de noviembre, por el que se prorroga el estado de alarma, donde se señala que el ministro de Sanidad solicitará su comparecencia ante la Comisión de Sanidad y Consumo del Congreso «con periodicidad mensual para dar cuenta de los datos y gestiones correspondientes a su departamento en relación a la aplicación del estado de alarma».

Por eso, en su escrito de comparecencia, el PP reclama la comparecencia de Illa «toda vez que ha incumplido sus obligaciones legales por estar de campaña en Cataluña, ya que la última vez que compareció para este motivo fue el pasado 26 de noviembre, hace ya un mes y medio».

Desde el PSOE han replicado que ese dato no es cierto ya que el ministro Illa también compareció en la Comisión de Sanidad del Congreso el pasado 10 de diciembre para informar de la evolución de la pandemia.

EL PP LLEVA MÁS DE UNA SEMANA PIDIENDO QUE DEJE EL MINISTERIO

El primer partido de la oposición lleva más de una semana exigiendo que Illa deje el Ministerio de Sanidad una vez que ha sido designado candidato del PSC a la Presidencia de la Generalitat en las elecciones catalanas, que están previstas para el 14 de febrero.

«El ministro de Sanidad no puede seguir ni un día más al frente de esta pandemia si quiere dedicarse a la campaña electoral en Cataluña», afirmó hace unos días desde Lleida el líder del PP, Pablo Casado, quien añadió que debe dejar «de inmediato» el Ministerio de Sanidad.

Por su parte, la portavoz del PP en el Congreso, Cuca Gamarra, ha acusado al titular de Sanidad de haber utilizado el Ministerio que dirige como «trampolín político» para ser el próximo candidato del PSC a las elecciones catalanas.

A su entender, «ha quedado clara su incapacidad para gestionar la pandemia». «Hoy se demuestra que Illa está más ocupado en sus intereses partidistas que en dar solución a la crisis sanitaria», ha subrayado, dijo Gamarra recientemente en una entrevista.

El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, ha avanzado que el comité clínico que se sentará este martes tomará nuevas decisiones encaminadas al frenar la evolución de la pandemia en Galicia y ha dado a entender que habrá nuevas restricciones para la hostelería como mínimo en las ciudades más afectadas por el virus, pero ha descartado un cierre total de la actividad en Galicia.

Tras mantener un encuentro institucional con la alcaldesa de A Coruña, Inés Rey, el presidente gallego ha trasladado que los datos que hay sobre la mesa a día de hoy no justifican «cerrar el cien por cien» de la hostelería en Galicia. «Pero que hay ciudades que están en situación límite en las que peligran los actuales horarios de la hostelería, la respuesta es que sí», ha admitido.

Feijóo, quien ha garantizado que la Xunta «no» dejará «solo» al sector hostelero y ha afeado al Gobierno central que no le dé ayudas directas, ha situado las ciudades de Santiago, A Coruña y Ourense como aquellas que registran una situación más negativa desde el punto de vista de la evolución epidemiológica, y las que, por lo tanto, están principalmente en el punto de mira del Ejecutivo.

Además, ha incidido en que no solo en Galicia o en España, sino en los países del entorno, los «datos» evidencian el riesgo por la interacción que supone «juntarse para comer, cenar o tomar un café» en el contexto de la pandemia; aunque también considera que hay que hacer un análisis del conjunto de actividades que generan, precisamente, «más interacción social».

En todo caso, ha evitado dar más detalles del alcance de las nuevas decisiones a la espera de lo que decida el comité clínico. Lo que sí ha advertido es que hay cuestiones que ya estuvieron sobre la mesa el pasado viernes en el encuentro que mantuvo el comité, aunque desde la Administración se esperó a tenerlas «hilvanadas» y se anunciarán esta semana.

«PAGANDO LAS CONSECUENCIAS»

A las puertas de una nueva reunión de los expertos que asesoran a la Xunta desde el inicio de la pandemia y tras ver como suben los nuevos positivos y la presión hospitalaria en la Comunidad, el presidente gallego ha asegurado que «no hay duda» de que se están «pagando las consecuencias» de las «interacciones» de las fiestas navideñas.

El presidente gallego ha enfatizado que la recomendación de la Xunta siempre fue limitar el contacto «a una familia» o a dos unidades convivenciales como mucho y consideraba que la pauta estatal de «diez allegados» generaba «una enorme inseguridad», pero también ha apuntado a los propios ciudadanos, sobre todo a los que incumplen las reglas.2 A su modo de ver, los ciudadanos, que «sabían muy bien cuáles eran las reglas», querían «tener contacto social». Un contexto en el que, aunque «un 90 por ciento cumplieron las reglas», el 10 por ciento restante no lo hizo y este tipo de comportamientos dan lugar «a tensiones al alza en las semanas posteriores» a las celebraciones navideñas.

FEIJÓO Y RUEDA DEFIENDEN LAS AYUDAS

Además de comprometer que la Xunta no dejará «solo» al sector y de urgir al resto de las administraciones que también aporten, y en la misma jornada en la que está convocada una concentración de representantes del sector ante su residencia oficial en Monte Pío, Feijóo ha defendido la agilidad en el pago de las ayudas a los hosteleros por parte de su Ejecutivo.

En la misma línea se expresó esta misma jornada el vicepresidente primero de la Xunta, Alfonso Rueda, en un acto en el que realizó declaraciones a los medios y, de forma similar a Feijóo, apuntó que el comité trabaja en función de criterios sanitarios y todo parece indicar no solo que las medidas no se podrán «relajar» sino que «probablemente en algún caso habrá que ponerlas más duras».

Y en cuanto a las ayudas a la hostelería, Rueda ha recordado que el sector ya ha recibido pagos por más de 60 millones. Nos comprometimos a diseñar un plan rápidamente y a que llegase rápidamente a la gente e insisto en que más del 80 por ciento del dinero ya está ingresado», ha dicho.

Al tiempo, el vicepresidente ha vuelto a realizar «un llamamiento» a que «todas las administraciones» tienen que responder para ayudar a la hostelería y a otros sectores especialmente afectados como el pequeño comercio.

«Esto es cosa de todos, la Xunta seguirá colaborando pero solo con el esfuerzo de la Xunta no es suficiente», ha aseverado, antes de apuntar con especial intensidad al Gobierno central –con el foco en rebajas fiscales para el sector hostelero– y concluir que, en todo caso, el Ejecutivo autonómico continuará el diálogo con los damnificados por las restricciones.

El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, ha remarcado este lunes que ahora se están «pagando las consecuencias» de las «interacciones» en Navidad. «No hay ninguna duda», ha dicho, antes de agregar, en una jornada marcada por el incremento de la presión asistencial en la Comunidad, que la situación en Galicia todavía es «mejor» que en otras zonas de España.

Con los nuevos casos positivos al alza, el presidente gallego ha defendido que desde la Xunta se intentó «convencer» a los ciudadanos de que lo óptimo era que las celebraciones se limitasen a la familia que convive habitualmente o que, a lo sumo, se extendiese a dos unidades convivenciales. «No lo conseguimos», ha lamentado.

En la misma línea, ha añadido que la «legislación» del Estado «obligó» a «autorizar» que hasta diez allegados pudieran reunirse, una cuestión con la que la Xunta nunca estuvo de acuerdo, ya que daba pie a «una enorme inseguridad».

Pero, además, bajo su punto de vista, es «evidente» que los ciudadanos querían tener «contacto familiar y social». «Sabían muy bien cuáles eran las reglas», ha reflexionado el presidente, convencido de que, si «todo el mundo» hubiese cumplido, a día de hoy habría menos contagios.

Y es que, aunque ha dado por hecho que un 90 por ciento de la población se ajusta a las normas, ha advertido de que «el 10 por ciento» que incumplen da pie a una empeoramiento de la situación epidemiológica y a un «alza» en los contagios que se percibe y se continuará notando en las «semanas posteriores» a la Navidad.

MEJORES DATOS

En todo caso, y pese al incremento de la presión asistencial en los hospitales gallegos, Feijóo ha defendido que en lo que respecta a estos datos Galicia es, junto con Murcia, la comunidad española que se encuentra en «mejor» situación.

«Aún mantenemos una cierta expectativa de que esta situación la podamos gobernar en Galicia mejor que en otros territorios y que en otras regiones de la UE», ha afirmado, tras el encuentro que mantuvo en Santiago con la alcaldesa de A Coruña, Inés Rey.

El Gobierno de Navarra ha convocado ayudas, por valor de 800.000 euros, destinadas a la contratación de personas tituladas para que perfeccionen su formación mediante la participación, como personal de investigación y tecnológico, en actividades de I+D+i, desarrolladas por diferentes entidades navarras.

Las ayudas, dirigidas a empresas, privadas o públicas, y a los agentes de ejecución del Sistema Navarro de I+D+i (SINAI) acreditados, responden a la necesidad de impulsar el talento investigador, por lo que potencian la contratación de personal investigador y tecnológico y su incorporación en empresas y organismos de investigación, ha destacado el Ejecutivo foral en una nota.

Las solicitudes se presentarán obligatoriamente de manera telemática a través de la ficha del catálogo de trámites del Portal del Gobierno de Navarra, desde el 12 de enero hasta el 11 de febrero.

Las bases de la convocatoria establecen que las personas que van a ser contratadas deben estar inscritas como demandantes de empleo en el Servicio Navarro de Empleo-Nafar Lansare (SNE-NL) o en otro Servicio público de empleo. Deberán contar con titulación universitaria (Doctorado, Licenciatura, Ingeniería, Arquitectura, Master, Grado, Diplomatura, Ingeniería Técnica o Arquitectura Técnica) o con Formación Profesional de grado superior.

Los contratos tendrán una duración mínima de 12 meses, serán de jornada completa y en puestos acordes a la titulación académica de la persona contratada. El salario mínimo será de 18.000 euros.

Será objeto de subvención la contratación de una persona para su participación en proyectos de I+D de la entidad; en actividades de innovación (procesos o productos, innovación en materia de mercado, aplicación de metodologías de innovación social, ecodiseño o implementación de soluciones de industria 4.0), y en labores de apoyo a las actividades de I+D+i (gestión de proyectos, protección de la propiedad industrial, estudios de mercado o competencia y certificación).

Con las ayudas se subvencionará un porcentaje de los costes salariales de la persona contratada, incluidas las aportaciones a la Seguridad Social, con cuantías máximas que oscilan entre 13.000 y 17.000 euros en el casos de las grandes empresas (50% del gasto realizado) y entre 15.000 y 19.000 euros en el resto de entidades (70% del gasto realizado) en función del grupo de cotización de la persona contratada.

Las entidades solicitantes podrán obtener además una ayuda adicional de 1.000 euros si aplican medidas dirigidas a evitar cualquier tipo de discriminación laboral entre mujeres y hombres, tales como elaborar y aplicar un Plan de Igualdad entre mujeres y hombres cuando no estén obligadas a ello (cuando empleen a menos de 250 personas), o contar con alguno de los reconocimientos que se otorgan a las entidades que destacan por la aplicación de políticas de igualdad de trato y de oportunidades con sus trabajadores y trabajadoras.

Podrán disponer, asimismo, de esa ayuda adicional cuando tengan medidas para la conciliación de la vida personal, laboral y familiar o de responsabilidad social de la entidad, y las entidades que cuenten en su plantilla con determinados porcentajes de personas con discapacidad.

Se tiene en cuenta además la cohesión territorial como criterio de valoración, aportando hasta 10 puntos. Así contará con cinco puntos la entidad ubicada en un municipio no incluido en la Comarca de Pamplona, y otros cinco si está en un núcleo de población con menos de 1.500 habitantes.

La valoración se realizará de acuerdo a la información disponible en la página web del Instituto de Estadística de Navarra, NaStat, en la fecha de cierre del plazo de presentación de solicitudes.

Todas estas cuestiones serán detalladas en una nueva conferencia online del ciclo ‘Innovation Fridays’, el viernes 22 de enero a las 10.00 horas.

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha asegurado que la situación comienza a «normalizarse» después del intenso temporal de nieve provocado por la borrasca ‘Filomena’ y considera que los españoles pueden estar «orgullosos» de los miles de profesionales y efectivos públicos que han trabajado desde el primer momento para paliar los efectos del temporal.

Asimismo, en rueda de prensa ha manifestado su orgullo por «el grado de coordinación» entre la Administración central, autonómica y local. No obstante, ha pedido a los ciudadanos «precaución» porque aún quedan «días complicados» a consecuencia de la ola de frío que sucede a ‘Filomena’ y que llevará el termómetro durante la próxima madrugada a valores de -14ºC en numerosos puntos del país.

El ministro del Interior ha elogiado el trabajo de «miles de efectivos» del Estado, incluidas las brigadas forestales, así como de los servicios de conservación estatales y de las comunidades autónomas, de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, como la Guardia Civil o la Unidad Militar de Emergencias, que han trabajado, todos ellos, bajo la coordinación de la Dirección General de Protección Civil y Emergencias para garantizar los servicios públicos que son, según el ministro «el músculo» de un estado social y democrático.

«Quedan días complicados por delante hasta que amaine la ola de frío», ha insistido Grande-Marlaska, que admite que aún costará recuperar todavía la «normalidad» por lo que insta a extremar la precaución y llama a la prudencia de los ciudadanos a los que pide que eviten cualquier desplazamiento mínimamente evitable, tanto por su seguridad, como para no interrumpir los servicios de emergencia que trabajan para garantizar la movilidad.

El ministro ha manifestado su apoyo «constante» a las Fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, en especial a la Guardia Civil y a la Unidad Militar de Emergencias, por su despliegue coordinado por la Dirección General de Protección Civil.

En concreto, ha indicado que aún siguen afectadas 691 carreteras por el temporal, 138 de ellas siguen cortadas por nieve y en mas de 320 es necesario el uso de cadenas. Precisamente, ha señalado que la práctica totalidad son secundarias y muchas de ellas de acceso a polígonos industriales y núcleos urbanos, por lo que asegura que se está «intensificando» los trabajos para despejar estas zonas.

«Vivimos las condiciones meteorológicas más adversas de los últimos tiempos», ha apostillado Grande-Marlaska que señala, no obstante, que muchas comunidades autónomas han iniciado ya la desescalada en sus planes de emergencia y respuesta una vez que el Sistema Nacional de Protección Civil la prioridad ha sido garantizar los servicios públicos fundamentales, como la electricidad, el gas o el agua potable y las infraestructuras públicas.

En ese sentido, ha apuntado que el servicio de Correos ya está garantizado y que la UME ya ha despejado los accesos a Mercamadrid así como el acceso a los hospitales.

Si bien, aún queda una decena de zonas urbanas en distintos puntos de la geografía que están sufriendo cortes de suministro eléctrico y los efectivos trabajan aún para despejar los accesos a los centros penitenciarios de Madrid 3 y Valdemoro y ya se han efectuado los relevos de personal en el resto de prisiones de Madrid y de Aragón.

En cuanto a la llegada de 300.000 dosis de la vacuna de Pzifer, el ministro ha confirmado que llegaron entre las 4.00 y las 5.00 horas a la «media docena» de aeropuertos habilitados y desde ahí comenzó su distribución custodiada por la Guardia Civil.

BARAJAS YA OPERATIVO

Por su parte, el ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, José Luis Ábalos, ha señalado que el aeropuerto de Adolfo Suárez Madrid-Barajas «ya está operativo» con dos pistas, por lo que las operaciones se seguirán ampliando gradualmente a lo largo del día en función del avance las labores de limpieza y de la reorganización de las compañías aéreas.

Este lunes han sido operados desde el aeródromo madrileño en las dos pistas operativas un total de 20 vuelos (14 de salida y 6 de llegada), y solo está operativa en estos momentos la Terminal 4; las otras tres terminales del aeropuerto permanecen cerradas. De las 400 operaciones previstas, en estos momentos hay un total de 117 vuelos cancelados.

Ábalos ha manifestado que «normalizar el funcionamiento de un aeropuerto no es como en una carretera», ya que «tiene un rigor y unas exigencias de seguridad aeronáutica» que implican la eliminación total de la nieve.

En la misma línea, la ministra de Defensa, Margarita Robles, ha agradecido la labor de los profesionales de Protección Civil y Emergencias, pero también a los ciudadanos particulares que «han puesto de relieve la solidaridad de los españoles en momentos difíciles.

«En momentos duros es cuando España crece y es momento de luchar unidos», ha defendido la ministra, que se ha sumado al llamamiento a tener una especial atención ante el «desplome» de las temperaturas que está complicando la situación que se agravará aún más la próxima noche.

En esa línea, ha desaconsejado «por completo» el uso de vehículo particular y de cualquier movimiento de personas que no sea «estrictamente indispensable», por los peligros que puedan producirse.

Robles ha destacado la coordinación desde Protección Civil y Emergencias de la Unidad Militar de Emergencias y del Ejército de Tierra desde el viernes por la noche cuyos efectivos «se han volcado» en evacuar automovilistas y, en una segunda fase, en permitir la movilidad en las arterias principales así como facilitar el acceso a los centros sanitarios.

En concreto ha precisado que la UME y del Ejército de Tierra han trabajado en el aeropuerto Adolfo Suárez-Madrid Barajas, así como en Merca-Madrid y ahora más de 1.000 efectivos de estos cuerpos –600 de la UME y 400 del Ejército de Tierra– siguen haciendo una «labor importante» como trasladar enfermos en Madrid, y con otros 200 en Teruel y Daroca (Zaragoza).

No obstante, ha anunciado que están llegando refuerzos y ha garantizado que llegarán «todos los que sean necesarios» y que bajo la coordinación de Protección Civil están «a disposición» de todas las administraciones para recuperar la normalidad «cuanto antes».

«No vamos a regatear ningún esfuerzo para devolver la normalidad e insisto, la UME, con el apoyo del Ejército de Tierra, se van a seguir volcando para recuperar la normalidad» ha concluido Robles que pide también «precaución y prudencia».

Por último ha reiterado su reconocimiento a todos los efectivos que están trabajando en la emergencia porque con ellos España demuestra que sus servidores públicos están «a la altura de las circunstancias».

El secretario general de UGT, Pepe Álvarez ha asegurado este lunes que «lo que se plantea cuando se habla de pasar de 25 a 35 años es recortar las pensiones, en clara contradicción con las resoluciones del Pacto de Toledo», así como se ha pronunciado de forma favorable a que «se derogue la reforma laboral».

«Cuando terminemos este periodo de acuerdos con los ERTE queremos que se empiece a negociar esto. En el sentido de su propio programa de gobierno, lo nuestro quedará pendiente pero no vamos a renunciar a nada, está todo muy estancado», ha apuntado el secretario general de UGT en rueda de prensa en Sevilla.

Pepe Álvarez ha mantenido este lunes una comparecencia conjunta con la secretaria general de UGT Andalucía, Carmen Castilla, que supone el inicio de dos jornadas de trabajo entre el máximo dirigente nacional de UGT y la estructura regional y provincial del sindicato en Andalucía, según ha informado el sindicato por medio de una nota.

Según el responsable nacional de UGT, «la reforma de la Seguridad Social pasa, sin lugar a duda, por mantener los derechos de los pensionistas de este país. Hasta 2022 no entra la ampliación de los años para el cálculo de la pensión, no vamos a discutir ninguna modificación».

Según el dirigente nacional de UGT «la situación del diálogo social tiene dos dimensiones diferenciadas. Las medidas aprobadas en la pandemia han funcionado relativamente bien, no se puede decir que bien porque hay gente que ha quedado en el camino. Hay muchas personas durmiendo en la calle. No es un buen trabajo mientras haya gente en la indigencia».

Hay algunas cuestiones que han funcionado bien, como los ERTE, que ha sido una buena herramienta pero hay problemas en su gestión, Esta misma mañana hay una reunión para cerrarlo y no hay razón para no salir con un acuerdo. El Gobierno se empeña en ponerle fecha, yo creo que no deberían tener fecha, sino que duren mientras esté la pandemia y ellos quieren que sea mientras esté el estado de alarma», ha indicado Pepe Álvarez.

«El Ingreso Mínimo Vital no ha funcionado bien, ya lo denunciamos en agosto del año pasado, era ridículo el número de personas que habían accedido a él, ahora llegará casi a 300.000, pero sigue siendo totalmente insuficiente, hay un millón de personas en espera», ha señalado Álvarez.

Álvarez ha argumentado que «el diálogo social se puede calificar respecto a la pandemia como positivo, pero el resto, no nos engañemos, está parado. Aunque las mesas están paradas recibimos noticias, filtraciones interesadas, que nos hacen exigir al Gobierno que en esta recuperación de la normalidad, que empecemos a abordar los grandes problemas de la economía española desde un punto de vista progresista.

«Para nosotros la reforma de la Seguridad Social pasa, sin lugar a duda, por mantener los derechos de los pensionistas de este país. Hasta 2022 no entra la ampliación de los años para el cálculo de la pensión, no vamos a discutir ninguna modificación. Lo que se plantea cuando se pasa de 25 a 35 años es recortar las pensiones, en clara contradicción con las resoluciones del Pacto de Toledo. UGT en ningún caso va a entrar a negociar nada que conlleve recortes para los pensionistas actuales y futuros», ha señalado.

Según ha manifestado, «tiene que subir el salario mínimo, aquí se dice que no hay ingresos pero una de las cuestiones para que se incrementen los ingresos es esta subida del SMI. Por ejemplo, los trabajadores del aceite están en lucha por su convenio, una lucha justa, quiero hacer un llamamiento a las cooperativas, a los olivareros grandes y pequeños, para que atiendan esas reivindicaciones. Toca que los trabajadores del aceite puedan tener una recompensa justa por los sacrificios que han hecho en los últimos años. O las personas del sector de manipulado de Almería, que están en una situación de negociación de su convenio. Subir el salario medio de los andaluces representa aumentar las condiciones de vida, incrementar los recursos para Andalucía».

CARMEN CASTILLA: DOS DÍAS INTENSOS DE TRABAJO

La secretaria general de UGT Andalucía, Carmen Castilla, ha anunciado que «con la visita de Pepe Álvarez vamos a tener dos días de intenso trabajo tanto interno como externo, donde vamos a analizar con nuestros organismos la situación actual de las consecuencias de este pandemia. Vamos a abordar la situación política, sindical, laboral ante este escenario de incertidumbre».

«La vacunación se está haciendo, según UGT, de una forma ineficiente si queremos que el 70% de la población esté vacunada de aquí a agosto. Esperemos que haya coordinación de nuestros dirigentes políticos porque no puede ser que no haya datos epidemiológicos actualizados, porque esos datos permiten tomar decisiones que salvan vidas», ha dicho Castilla.

Carmen Castilla ha señalado que «esta tarde vamos a visitar el centro regional de la ONCE y vamos a ir este martes a la planta logística de Mercadona. Hablamos de los sanitarios, de las fuerzas y cuerpos de seguridad, pero se nos olvida hablar de la gente que ha hecho que en esta pandemia tengamos un plato de comida sobre la mesa y ha sido gracias a que han funcionado estos servicios de logística y de estos trabajadores».

Según la líder regional de UGT, «nos quejamos de la poca información de los ERTE en nuestra tierra, los datos que tenemos son de noviembre e indican que más de 133.000 personas se encuentran en esta situación. Fue una propuesta de UGT que ha conseguido conservar empleos que se hubieran convertido en despidos. Nos acercamos en Andalucía al precipicio del millón de desempleados y en breves días saldrá los datos de la EPA. Hay que cambiar el modelo productivo y aprovechar los fondos europeos para impulsar la digitalización y apostar por un empleo de calidad. La clase trabajadora no puede ser la que vuelva a pagar las consecuencias de esta crisis, nosotros vamos a estar vigilantes para que esto no pase».

La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha advertido este lunes de que no es «aceptable» hacer utilización política del temporal que asola varias zonas de España y ha asegurado que el Gobierno va a poner todo su empeño en «trabajar por los ciudadanos, «obviando la utilización política y haciendo un llamamiento a la coordinación entre todas las administraciones». A la vez, el ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, ha apuntado la existencia de coordinación entre las administraciones.

Robles ha hecho este llamamiento en la rueda de prensa en el Palacio de la Moncloa posterior a la reunión del Comité Estatal de Coordinación y Dirección del Sistema Nacional de Protección Civil, en la que también han participado Marlaska y el ministro de Transportes, José Luis Ábalos.

«Nunca es aceptable la utilización política, todas las administraciones debemos trabajar conjuntamente, unidos», ha defendido la ministra de Defensa señalando en esta ocasión el temporal pero recordando que defiende el mismo mensaje para la pandemia generada por el coronavirus.

A su juicio, la «utilización política» de estos fenómenos no es «aceptable» y los ciudadanos piden a las administraciones que trabajen «conjuntamente». «Los ciudadanos nos piden que estemos unidos y trabajemos conjuntamente», ha insistido.

Además, ha recordado que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, habló con los presidentes de las comunidades más afectadas y con el alcalde de Madrid, así como los ministros. Y ella misma, por ejemplo, habló también con la vicealcaldesa de Madrid, Begoña Villacís, sobre el restablecimiento de la actividad en Mercamadrid.

«La voluntad de todos es trabajar conjuntamente y nadie tenga la mínima tentación de utilización política, porque los ciudadanos saben que no es lo adecuado en estos momentos», ha vuelto a decir.

También el ministro del Interior ha evitado la polémica y ha apuntado que la coordinación entre administraciones ha sido para estar satisfechos. Además, ha señalado que el nivel de alerta es competencia de cada comunidad en función de sus criterios técnicos.

El líder del PP, Pablo Casado, se ha reunido este lunes por vía telemática con alcaldes y presidentes de diputación del Partido Popular de regiones afectadas por el temporal de nieve ‘Filomena’. Previamente, ha recorrido distritos periféricos de Madrid para agradecer la labor que están realizando distintos colectivos tras la nevada para recuperar la normalidad.

«He recorrido distritos periféricos de Madrid para agradecer el trabajo de los servicios de limpieza y emergencias, agentes forestales y Cuerpos de Seguridad para retirar nieve, árboles caídos y placas de hielo para permitir la movilidad y la actividad económica. ¡Gracias a todos!», ha escrito después Casado en un mensaje en su cuenta oficial de Twitter.

En concreto, Casado ha estado esta mañana visitando varias zonas de la calle del Condado de Treviño, en el distrito madrileño de Ciudad Lineal, agradeciendo a los operarios de limpieza la labor que están realizando por quitar la nieve acumulada en la capital, según ha informado el PP.

En esta zona de Madrid están operando máquinas quitanieves cedidas por los Gobiernos de Murcia y Andalucía. De hecho, el presidente murciano, le ha dado después las gracias a través de Twitter por «reconocer y agradecer personalmente» el trabajo del operativo de la región de Murcia para «ayudar a devolver la normalidad en las calles de Madrid».

Este domingo, Casado cogió la pala para ayudar a retirar nieve en la puerta de varios centros de salud de Madrid, una actuación que ha provocado las críticas del Gobierno. El ministro de Transportes, José Luis Ábalos, ha recriminado al presidente del PP hacer «actos de cara a la galería» y por grabarse «con la pala un ratito».

REUNIÓN CON ALCALDES DE ZONAS AFECTADAS

Después de recorrer esas zonas en Madrid, el presidente de los ‘populares’ ha mantenido este mediodía una videoconferencia por vía telemática, desde la sede del PP, con presidentes y portavoces de diputaciones, alcaldes de capitales de provincia y portavoces municipales afectados por el temporal de nieve ‘Filomena’.

El presidente del PP, que ha estado acompañado por el vicesecretario de Política Territorial del PP, Antonio González Terol, ha conocido de primera mano los problemas que tienen que afrontar los regidores por la nevada.

Casado considera que el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, «llega tarde» y lo hace «arrastrando los pies, no como exigía en la oposición con situaciones mucho menos graves». «Aun así, le apoyaré para que cumpla con su obligación de coordinar la respuesta nacional al temporal», ha manifestado en una entrevista en La Razón.

Por su parte, la portavoz del Grupo Popular en el Congreso, Cuca Gamarra, ha afirmado que al Gobierno «le faltan palas y ganas de trabajar y le sobran ministros incapaces y un presidente con las manos en los bolsillos» ante los problemas que afrontan «solos» los españoles. Además, ha aconsejado a Ábalos «humildad» y «tomar ejemplo» de Casado y de los que como él «arrimaron el hombro» con una pala para quitar la nieve.

EL PP SOLICITA LA COMPARECENCIA DE ÁBALOS

El PP ya ha exigido la comparecencia en el Congreso del ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, José Luis Ábalos, para informar de las actuaciones que ha llevado a cabo su Departamento con carácter previo, durante y después del temporal ‘Filomena’.

En concreto, el PP ha registrado este petición para que la presidenta de la Cámara, Meritxell Batet, reúna a la Diputación Permanente –que sustituye al Pleno en los periodos no ordinarios– y debatir esta solicitud.

La Audiencia Nacional ha rechazado devolver al hijo del dueño del bar Faisán de Irún (Guipúzcoa), donde el 4 de mayo de 2006 se produjo un chivatazo que desbarató la operación policial contra la red de extorsión vinculada a ETA, los 20.000 euros incautados en el registro policial por el que su padre fue detenido.

La Sección Primera de la Sala de lo Penal ha desestimado la demanda interpuesta por Joseba Imanol Elosúa Llanos contra la ejecutoria de la sentencia de Audiencia Nacional de 2015 que ordenaba el decomiso de dicha cantidad y su traspaso al Tesoro Público al entender que «no resulta probada la titularidad del demandante sobre las cantidades intervenidas en este proceso».

Esta resolución adoptada por los magistrados Concepción Espejel (presidenta), Francisco Javier Vieira y María Riera, no es firme por lo que cabe recurso ante la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo.

El hijo del dueño del bar Faisán reclamó en julio de 2019 a la Audiencia Nacional la propiedad de los 20.000 euros que fueron incautados el 20 de junio de 2006, día que fueron detenidos su padre, ya fallecido, Joseba Elosúa y varias personas más acusadas por haber participado en actividades vinculadas al cobro del ‘impuesto revolucionario’ de ETA.

ORIGEN EN LA CAJA GENERADA EN EL BAR

La demanda niega lo manifestado por la Audiencia Nacional sobre que el dinero encontrado en un garaje vinculado al dueño del bar Faisán era procedente de la red de extorsión para financiar a la banda terrorista. Asegura que tiene su origen en la caja generada en el negocio de hostelería durante los días anteriores a la incautación.

En diciembre de 2015, el Tribunal Supremo confirmó la sentencia dictada por la Audiencia Nacional ocho meses antes, si bien rebajó la pena de cuatro a tres años de cárcel a Jean Pierre Harocarene y mantuvo la condena a dos años y medio de prisión a Emilio Castillo por haber participado en actividades vinculadas al cobro del ‘impuesto revolucionario’. La Audiencia Nacional absolvió al resto de acusados.

En el caso del propietario del bar Faisán, su responsabilidad quedó extinguida tras su fallecimiento en 2014, pero los magistrados afirmaron que se había acreditado su participación como enlace entre las víctimas de la extorsión y ETA. Destacaron que su negocio fue «un lugar de pago del impuesto revolucionario», al menos entre los años 2000 y 2006.

La sentencia añadía que, debido a la «filtración» el día que el operativo policial esperaba localizar el dinero procedentes de las extorsiones, «nada se pudo encontrar en los registros, con la única excepción de cuatro pasquines pidiendo el boicot y de 20.000 euros en el garaje de Elosúa».

Cinco años después de que el Supremo hiciera firme esta sentencia, la Audiencia Nacional ha rechazado la pretensión del hijo del bar Faisán al considerar que las pruebas que ha presentado para recuperar el dinero «no son concluyentes».

Los magistrados, en contra del criterio de la Fiscalía y de la Abogacía del Estado, reconocen que tienen competencia para estudiar dicha demanda. Así, explican que el hecho de que el procesado hubiera traspasado al demandante la titularidad del local en fechas anteriores al registro o el que el dinero se hallara en una caja fuerte en un garaje propiedad de otro de sus hijos «no determinan necesariamente que el dinero incautado fuera producto de las ganancias lícitas obtenidas en ese negocio».

SUPUESTA COSTUMBRE DE DEPOSITAR LAS GANANCIAS EN PAQUETES

Además, el auto señala que el demandante tampoco ha demostrado «la supuesta costumbre de su padre de depositar las ganancias del negocio en paquetes introducidos en una de sus cajas fuertes ni la continuación de esa práctica por él cuando devino en propietario de negocio».

En este sentido, indica que carece de valor probatorio intentar comparar el importe de unos de los paquetes, 13.000 euros, al saldo recabado en el negocio en meses anteriores al registro, mientras que no ha podido justificar el origen de los otros 7.000 euros incautados.

Por último, la Sala tampoco considera que la demanda sea «extemporánea», tal y como alega el Ministerio Público y los servicios jurídicos del Estado, si bien subraya que «resulta chocante» que el hijo del dueño del bar Faisán «no hiciera ninguna manifestación o protesta» sobre la propiedad de dichas cantidades en el momento de su incautación, ni posteriormente con el procesamiento de su padre por su participación en la red de extorsión, ni tras su fallecimiento, cuando se acordó la extinción de su responsabilidad penal.

El síndic socialista, Manolo Mata, ha defendido este lunes que «la honestidad del ‘president’ de la Generalitat (Ximo Puig) está por encima de cualquier duda» y que «no existe ninguna trama», ante las críticas del PP por las ayudas otorgadas a empresas vinculadas a su hermano, Francis Puig.

«Esta denuncia marrullera y falsa en muchos aspectos acabará en el cesto de los papeles», ha augurado después de que la portavoz adjunta del PP en Les Corts, Eva Ortiz, haya anunciado que su partido se ha dirigido a la Fiscalía de Castellón para saber si han iniciado alguna investigación sobre las ayudas otorgadas a productoras relacionadas con Francis Puig y que, si es así, presentará una querella en el ámbito penal contra él y sus socios.

Mata, tras remarcar que «Ortiz tiene toda la libertad del mundo», ha hecho hincapié en que él es «amigo, defensor y respetuosísimo con el ‘president’ de la Generalitat», tras la sanción impuesta por la Comisión de Defensa de la Competencia de la Conselleria de Economía a una productora de su hermano y empresas vinculadas por constituir un cartel que pactó precios en el marco de una licitación pública para la contratación de corresponsalías en À Punt.

El PP, a su juicio, miente al hablar de tramas porque «no hay nada que indique el uso de información confidencial, y ha quedado demostrado que los mecanismos de control de la administración ahora funcionan, a diferencia de cuando el Partido Popular los utilizaba para sus intereses particulares.

Por contra, el también vicesecretario del PSPV ha asegurado que toda la información sobre los pliegos de adjudicación era pública y «de hecho, fue publicada por algunos medios de comunicación ya en enero, cuando el asunto se debatió en el consejo de la televisión pública valenciana».

Sí ha destacado que hubo empresas que intentaron pactar precios y que fue algo «sancionado por la propia Generalitat», además de puntualizar que es algo que no le extrañaría que pasara «si se examinaran todas las empresas de todas las comarcas».

«Ortiz puede emprender las acciones que considere pertinentes, pero no irán a ninguna parte porque no hay trama alguna, ni ha existido ninguna adjudicación, y nadie obtuvo beneficio de la contratación que terminó costando a À Punt un 25% más tras apartar a las empresas sancionadas», ha aseverado, para tachar de exceso las críticas de la ‘popular’.

Es más, el socialista cree que «el comportamiento de algunas personas con valoraciones sobre esta cuestión ralla lo miserable». Ha afeado especialmente que el PP pida contratos de la etapa de Ximo Puig como alcalde de Morella cuando «estuvieron 20 años intentando matarlo políticamente» y que hablen de ‘holdings’ o de un «Berlusconi valenciano».

«Están intentando decir que somos todos iguales», ha denunciado, mientras ha defendido que «Competencia actuó como tiene que actuar» y su sanción «demuestra que las instituciones funcionan».

COMPROMÍS DEFIENDE EL VALENCIANO Y CS EXIGE MÁS CONTROL

Por parte de Compromís, su síndic, Fran Ferri, ha defendido sobre las ayudas al valenciano que esta es «una lengua de unión, diversidad y que aporta un factor cultural a los valencianos y ayuda a ver el mundo de una óptica más nuestra». «Y aquellos que no la valoran o la consideran una mierda, no tienen respeto», ha zanjado.

Y de la oposición, el líder de Cs, Toni Cantó, ha tachado de «gravísimo fallo de transparencia que el hermano de un presidente haga comentarios que significan que conocía las características de una adjudicación antes de que fueran publicadas».

Ha exigido que se investigue si tenía una situación privilegiada porque sería algo «absolutamente condenable» y ha rechazado «algunos de los chascarrillos con los que hablaban en los chats como contratar a un guineano para cantar en valenciano y trincar una subvención».

Ponle Freno, la acción social impulsada por Atresmedia junto a Fundación AXA, ha abierto este lunes la convocatoria para presentarse a la 13ª edición de sus Premios que reconocen a personas, instituciones e iniciativas que hayan contribuido a promover la seguridad vial y, en consecuencia, a ayudar a disminuir el número de accidentes de tráfico.

Según han informado los impulsores, los premios Ponle Freno volverán a entregar seis galardones en las siguientes categorías en materia de Seguridad Vial: ‘Mejor Acción’, ‘Ciudadano Ponle Freno’, ‘Premio AXA Innovación y Desarrollo’, ‘Premio Ponle Freno Junior’, ‘Mejor Iniciativa de Seguridad Vial Laboral’ y ‘Premio Ponle Freno a la Trayectoria en Seguridad Vial’.

Respecto a las distintas categorías, han destacado que al Premio a la Mejor Acción de Seguridad Vial podrán optar entidades, públicas o privadas, que hayan desarrollado un proyecto, campaña, iniciativa o investigación de ámbito nacional entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2020 y cuyos resultados hayan contribuido a la mejora de la seguridad vial y a reducir los índices de accidentabilidad en nuestro país.

En relación con el Premio Ciudadano Ponle Freno, han señalado que podrán participar personas físicas mayores de edad, residentes en España, y que hayan llevado a cabo alguna acción significativa para contribuir a la mejora de la seguridad vial antes de la fecha fin de cierre de esta convocatoria.

Además, han detallado que la categoría Premio AXA Innovación y Desarrollo premia la actividad innovadora de empresas y particulares, que podrán participar con aquellos productos, procedimientos o diseños desarrollados entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2020 que supongan una novedad científico-tecnológica en la mejora de la seguridad vial, y muestren un alto potencial de transferencia industrial, que permita su pronta aplicación en beneficio de los usuarios de las vías, y la sociedad en general.

Al premio Ponle Freno Junior podrán optar iniciativas desarrolladas entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2020, dirigidas a la formación, concienciación, motivación y difusión de la seguridad vial entre niños y jóvenes. A estos efectos, tendrán la consideración de jóvenes los menores de 18 años. Se valorarán muy positivamente acciones puestas en marcha por colegios para reforzar la educación vial de sus alumnos, aunque esta categoría está abierta a cualquier tipo de institución u organismo, tanto público como privado.

Sobre el Premio Ponle Freno a la Mejor Iniciativa de Seguridad Vial Laboral, han explicado que podrán participar grandes empresas, pymes, administraciones, universidades, y en general todas aquellas entidades públicas y privadas que en el marco de sus estrategias de responsabilidad corporativa estén llevando a cabo acciones de sensibilización y formación en educación vial dirigidas a sus empleados con el fin de reducir la siniestralidad vial.

El Premio Ponle Freno a la Trayectoria en Seguridad Vial reconocerá la dedicación y entrega de personas que destaquen por su trayectoria y su trabajo en la mejora de la seguridad vial y que haya dedicado la mayor parte de su vida a esta labor. Los candidatos a esta categoría serán propuestos por los miembros del Comité de Expertos de Ponle Freno, quedando excluidas las personas directamente vinculadas a la iniciativa. El jurado será quien elija entre ellos al ganador, otorgando este reconocimiento por consenso.

RECEPCIÓN DE PROYECTOS HASTA MARZO

Para presentar los proyectos se deberá cumplimentar una plantilla que podrá ser descargada en la web ponlefreno.com. Además, en el site se pueden consultar las bases de esta edición. Una vez cumplimentada toda la información solicitada, la candidatura deberá remitirse por correo electrónico a la cuenta de correo premiosponlefreno@Atresmedia.com.

La fecha límite para la presentación de las candidaturas será el 1 de marzo de 2021. Los premios podrán ser declarados desiertos y el fallo del jurado, que será inapelable, se hará público en la celebración de un acto que inicialmente está previsto que tenga lugar a mediados del mes de abril de 2021.

El jurado estará formado por un presidente, un secretario y diversos miembros, personalidades en el ámbito de la seguridad vial. Cada uno de los miembros valorará las candidaturas presentadas de acuerdo con los criterios que recogen las bases.

Los premios Ponle Freno se adjudicarán en todas las categorías a la candidatura que tenga un mayor número de puntos en total por parte del jurado, a excepción del ‘Ciudadano Ponle Freno’, que tendrá tres finalistas de acuerdo con el mayor número de votos obtenido por el jurado, pero serán los usuarios de ponlefreno.com quienes elijan al ganador definitivo -mediante votación online-, durante el plazo en que este sistema esté habilitado.

El Partit Nacionalista de Catalunya (PNC) ha superado el número de avales necesarios para presentarse a las elecciones previstas para el 14 de febrero y se presentará en las cuatro demarcaciones.

«Los que ponían en duda que el PNC estaría en estas elecciones hoy han recibido una primera lección de humildad y realismo», ha asegurado la secretaria general del PNC y candidata del partido a los comicios, Marta Pascal, en un acto ante el Arc de Triomf de Barcelona.

La formación ha presentado un total de 8.336 avales, que representan casi el 50% de las 5.656 firmas requeridas, que corresponden al 0,1% del censo electoral de toda Cataluña.

También ha explicado que su número dos en la lista por Barcelona será la asesora de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Rosa Orriols, que es ingeniera química especialista en agentes químicos, biológicos y físicos, y trabaja en el Hospital de Bellvitge como responsable en temas de sostenibilidad, medio ambiente, salud laboral e innovación.

El tercer puesto de la lista lo ocupa el abogado y portavoz del partido, Oriol Pujol, seguido del economista y editor Albert Pèlach Pàniker, exdirector general del grupo Enciclopèdia Catalana y expresidente del Gremi d’Editors en Llengua Catalana.

El periodista y empresario Lluís Tusell, que también es presidente de la asociación de vecinos Tres Torres de Barcelona, completa los cinco primeros puestos de la lista.

También ha desvelado que el candidato del PNC por Lleida será el asesor financiero Enric Gràcia, que fue jefe comarcal de la JNC en el Pla d’Urgell y es exasociado del PDeCAT.

MESA DE PARTIDOS

Tras haber logrado los avales necesarios para presentarse a las elecciones, Pascal ha exigido que el PNC esté presente en la mesa de partidos que aborda la organización de las elecciones, destacando que «no vale que sólo estén los partidos que tienen grupo y que protegen el sistema para que nada cambie».

Además, ha apelado a las formaciones a actuar con sentido de responsabilidad, a escuchar el criterio de los profesionales, y a dejar de lado «el tacticismo para poner la salud de la gente por delante de todo».

La también excoordinadora general del PDeCAT ha criticado que el expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont y JxCat sigan hablando «de una declaración de independencia que no se aplicó, porque ni se bajó la bandera del Palau de la Generalitat», y ha pedido priorizar la reactivación de la economía.

«El PNC pasará página de esta confrontación, de esta desobediencia, de esta unilateralidad y de este relato mágico de prometer lo que los políticos no han hecho», ha defendido.

La Sección Cuarta de la Audiencia de Sevilla ha acogido este lunes un juicio contra un varón de nacionalidad nicaragüense acusado de intentar asesinar a su pareja de la misma nacionalidad a cuchilladas el 26 de julio de 2019 en Gelves, una sesión en la que el investigado ha alegado que acudió al encuentro de la mujer para reclamarle una «explicación» sobre si estaba «enamorada de otro» y, tras haber bebido gran cantidad de cerveza, perdió «la cabeza» y apuñaló a la mujer, aunque sólo en una ocasión según su versión de los hechos.

Los hechos se remontan al mes de julio de 2019, cuando el acusado, un varón nicaragüense de entonces 42 años de edad, apuñaló con un cuchillo a su entonces pareja sentimental, de 26 años de edad y la misma nacionalidad, en una vivienda de la plaza Duque De Alba de Gelves donde ella trabajaba como interna al cuidado de unas personas mayores.

La joven resultó herida de carácter grave, fue intervenida de urgencia en el hospital Virgen del Rocío y estuvo en coma inducido en la unidad de cuidados intensivos (UCI), entregándose finalmente el acusado en la comisaría de la Policía Nacional de Blas Infante de Sevilla capital, donde reconoció la autoría de los hechos.

Durante la vista oral, el acusado ha explicado que cuando llegó a España a comienzos de 2019 desde Nicaragua ya llevaba unos «ocho años» de relación sentimental con la víctima de los hechos, quien de su lado llevaba aproximadamente un año residiendo en el país y estaba trabajando en una vivienda de Gelves como interna cuidando de personas mayores.

EL CONTENIDO DEL TELÉFONO

El acusado ha narrado que en el momento de los hechos, los días 25 y 26 de julio de 2019, la joven le había pedido «un tiempo para estar un poco como separados», pero no obstante se veían cíclicamente y se reunían en la habitación con la que él contaba en un piso del entorno de Su Eminencia, asegurando que la mujer nunca dijo «a rajatabla» que quisiese finalizar la relación y que tuvo en su poder el teléfono móvil de la joven pero porque ella lo había extraviado y él lo había encontrado.

En cuanto a los motivos por los que el 25 de julio no devolvió inmediatamente el móvil a la joven, el acusado ha manifestado que pretendía que ella pasase la noche con él en su habitación y entregarle el aparato como «sorpresa», negando que quisiese el teléfono para revisarlo y comprobar si ella mantenía otra relación sentimental. Así, ha negado que actuase por celos, asegurando que no sospechaba que la chica tuviese una relación e insistiendo en que ella le había pedido «un tiempo» pero no había dicho directamente no le amase o le quisiese.

No obstante, ha admitido que durante la noche del 25 al 26 de julio, ya de madrugada y tras haber estado consumiendo cerveza «desde las once» de la mañana sin comer para mitigar los efectos del alcohol, revisó las conversaciones y fotografías almacenadas en el teléfono móvil de la joven, descubriendo que la misma mantenía una relación con otro hombre al que él no conocía.

MÁS CERVEZA

A continuación, según su relato, pasó toda la noche sin dormir y acordó con la joven que él acudiese a la vivienda de Gelves a entregarle el teléfono, acudiendo a dicho municipio aquel 26 de julio con la pretensión de que ella le diese «una explicación», antes de lo cual tomó otras «cinco o seis cervezas más».

Reunido con la mujer en una habitación de la vivienda, según ha manifestado, él comenzó a «llorar y llorar pidiendo una explicación» sobre si ella «estaba enamorada de otro», mostrando a la joven tres imágenes tomadas del teléfono de ella «pero no las comprometedoras».

En un momento dado de la situación, según su relato, él perdió «la cabeza», se le «fue la pinza» y extrajo de una mochila que llevaba con él un cuchillo que según ha asegurado era una «herramienta» de su trabajo como ebanista, tras lo cual se abalanzó sobre la víctima. El acusado ha asegurado que sólo asestó una cuchillada a la joven, a la altura del pecho, narrando que el cuchillo se partió después al clavarlo en el suelo y que el resto de acometidas contra la joven, que acabó en la UCI, se saldaron sólo con «heridas superficiales» porque el arma estaba rota. Todo ello, según ha reconocido, mientras ella intentaba protegerse bajo la cama de la habitación.

«Tenía la cabeza en blanco. No era yo», ha asegurado, alegando además un estado de «ebriedad» como consecuencia de la ingesta continuada de alcohol.

La víctima de su lado, ha relatado entre otras cosas que tras instalarse en España procedente de Nicaragua, aconsejó al acusado que no viajase a España a reunirse con ella, que se «iba a arrepentir», relatando que un mes después de llegar él al país le manifestó que no deseaba continuar con la relación pero él insistía en pedir «un tiempo» para intentar seguir con la misma.

«Él no quería aceptar la realidad», ha dicho la joven, asegurando que el acusado la tenía «acosadísima» y «muy agobiada», porque no le dejaba «ser libre».

El portavoz del Comité de Acción Política de Vox, el eurodiputado Jorge Buxadé, ha tachado este lunes de «postureo obsceno» la difusión de la fotografía del presidente del PP, Pablo Casado, retirando nieve en varios centros de salud de Madrid, al tiempo que le ha recordado que también los gobiernos municipales y autonómicos del PP pecaron de falta de previsión frente al temporal de nieve ‘Filomena’.

Casado visitó este domingo varios centros de salud de Madrid retratándose, pala en mano, retirando la nieve acumulada en las entradas de los mismos, una imagen que se ha hecho viral y que no sólo ha criticado ya el Gobierno sino también en Vox, a través de Buxadé.

En rueda de prensa desde la sede nacional del partido, el portavoz de Vox ha comentado que, al contrario que Casado, él sólo lleva año y medio dedicándose a la política y que, por tanto, «nunca» se ha hecho una fotografía de «postureo».

«Lo que se le exige a los políticos es que ejerzan sus responsabilidades y que si están ayudando a la gente, no se publique porque es algo obsceno», ha comentado Buxadé. Es más, ha añadido que si algún día se hace una foto así, espera que los afiliados de Vox se lo «recriminen».

Y EL PP SACA FOTOS DE ABASCAL CON UNA PALA

La crítica del portavoz de Vox ha sido respondida en redes sociales por miembros del PP como la portavoz de Interior del Grupo Popular, Ana Vázquez, quien ha salido en defensa del líder del PP difundiendo en Twitter una foto de Santiago Abascal retirando nieve en su casa que había sido publicada en la cuenta de Instagram de su pareja.

Buxadé, aunque saluda que Casado, al igual que otros ciudadanos, haya ayudado a paliar los efectos de este temporal, ha añadido que la «mayor responsabilidad» del líder del PP era haber dicho a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y al alcalde de la capital, José Luis Rodríguez Almeida, que hubieran puesto «todos los medios» para evitar las imágenes que se han visto en las calles de Madrid.

Al margen de que un temporal siempre conlleva cuestiones imprevisibles, el dirigente de Vox ha apostillado que lo que «lo que no es inevitable ni imprevisible» es que desde la tarde del sábado a este lunes «no se hayan puesto todos los medios necesarios» para facilitar la movilidad por las calles y carreteras de la provincia «con plena libertad».

‘FILOMENA’ PONE EN EVIDENCIA AL ESTADO DE LAS AUTONOMÍAS

A su juicio, ‘Filomena’ ha puesto de relieve que el Estado autonómico vuelve a ser «un enemigo de la libertad, la seguridad y tranquilidad» de los españoles, muchos de los cuales, ha denunciado, han tenido que vivir desde el sábado situaciones «graves y extraordinarias» al haberse quedado atascados, aislados o desamparados ante la falta de previsión tanto de los gobiernos locales y autonómicos como del Ejecutivo nacional.

En este punto, ha criticado que ahora todo gire en torno a la «peleíta» entre el PSOE y el PP sobre si declarar o no a Madrid «zona catastrófica» para ver quién es o no el responsable de la situación ya no sólo en la Comunidad de Madrid sino de otras comunidades afectadas también por este temporal.

Según ha insistido, «todos», los ayuntamientos y las comunidades «son igualmente responsables» del caos que se está viviendo en el país, «y por encima de todos el Gobierno nacional» que, a su juicio, ha colocado a los españoles en «un estado de excepción encubierto» y por no haber puesto «todos los recursos de la Nación» al servicio de los ciudadanos ante una temporal de estas características.

Un asunto este que, según ha confirmado Buxadé, provocará «con toda seguridad» que los representantes de Vox reclamen las explicaciones y las comparecencias de los responsables que correspondan en los ayuntamientos, parlamentos autonómicos y el Congreso.

MÁS DINERO PARA LA UME

Durante su comparecencia, el portavoz del partido ha alabado singularmente la labor desarrollada una vez más por la Unidad de Emergencias del Ejército (UME) en este temporal para cargar contra el ahora presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, por defender en su día que había que reducir el presupuesto dedicado a Defensa para dárselo a los «chiringuitos» contra la violencia de género.

En la crítica al Ejecutivo tampoco se ha olvidado Buxadé de denunciar que Podemos, «ese gran proyecto político» que iba a «liberar» a los españoles de las subidas de luz y gas no haya hecho nada por evitar la del inicio de 2021, en pleno invierno, «No tienen decencia», ha enfatizado Buxadé, quien ha acusado a los de Pablo de Iglesias de estar también «al servicio» de esas multinacionales a las que criticaban.

«Mienten de forma sistemática –ha enfatizado–. Es el Gobierno de la mentira y, cuando uno miente, se convierte en un mentiroso y su forma de vida es mentir, no saben distinguir la verdad de la mentira».

Agentes de la Policía Nacional han detenido en Barcelona a tres ciudadanos argelinos por su presunta pertenencia al grupo terrorista DAESH, uno de ellos era un retornado de la zona de conflicto sirio-iraquí en vísperas de Navidad y que fue localizado en un inmueble ocupado del barrio de la Barceloneta de la Ciudad Condal. Los tres han ingresado en prisión por decisión del Juzgado Central número 6 de la Audiencia Nacional.

La operación ha sido desarrollada por agentes de la Comisaría General de Información y de la Brigada Provincial de Información de Barcelona, bajo la coordinación de la Fiscalía de la Audiencia Nacional y la dirección del Juzgado Central de Instrucción número 6.

La investigación comenzó cuando los agentes tuvieron conocimiento de la llegada a España, en vísperas de Navidad, de un ciudadano de nacionalidad argelina «potencialmente peligroso», según ha informado la Policía Nacional. Los otros dos arrestados son un «acólito» del combatiente terrorista y la persona que prestó apoyo logístico.

A partir de ese momento, expertos en la lucha contra el terrorismo yihadista de la Comisaría General de Información comenzaron una «intensa búsqueda para su inmediata localización». La investigación determinó que este individuo se encontraba residiendo en un inmueble ocupado del barrio de la Barceloneta de la Ciudad Condal y, posteriormente, se comprobó que allí convivía con otras personas.

COMBATIENTE QUE PASÓ POR IRAK, TURQUÍA Y SENEGAL

La Policía ha puesto en valor que, gracias a la cooperación internacional, se evidenció que uno de los sujetos era yihadista retornado de la zona de conflicto sirio-iraquí, «donde habría militado durante un reseñable espacio de tiempo en la filas de DAESH».

Durante su periplo internacional el combatiente pasó por Irak, Turquía y Senegal, donde continúo su actividad pro-DAESH. Tras su regreso a Argelia, se tiene constancia que el retornado se habría vinculado a la franquicia del mencionado grupo terrorista en el norte de África, contra la cual se han realizado importantes operaciones en los últimos días.

Analizadas las fuertes medidas de seguridad que adoptaban los arrestados y con la cercanía del temporal climático que podía dificultar su localización permanente, los investigadores decidieron proceder a su inmediata detención neutralizando así una amenaza para la seguridad pública.

Además de las detenciones, los agentes han practicado el registro del inmueble donde residían y han incautado diverso material electrónico, el cual está pendiente del oportuno análisis por los especialistas en la lucha contra el terrorismo yihadista.

Esta operación ha contado con la colaboración del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), los Servicios de Inteligencia Argelinos, el Federal Bureau of Investigation (FBI) de Estados Unidos y de la Oficina Europea de Policía EUROPOL.

La vicepresidenta cuarta y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, ha presidido este lunes la Conferencia Sectorial de Medio Ambiente, en donde ha detallado a las comunidades autónomas los criterios para la distribución de los recursos previstos en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia en materia de saneamiento y depuración, gestión de residuos y conservación de la biodiversidad.

Tal y como ha informado el Ministerio, en la reunión Ribera ha explicado la propuesta de subvención destinadas al saneamiento y depuración en las aglomeraciones de menos de 5.000 habitantes equivalentes, que no cumplen con la Directiva europea de aguas residuales.

A esta subvención se pueden acoger aquellas actuaciones que no estén declaradas de interés general del Estado, es decir, las de competencia autonómica o municipal. Se trata de un programa que, según señala Transición Ecológica, «complementa y amplía las inversiones» sobre esta materia con financiación europea y tiene como objetivo acelerar las inversiones necesarias durante el periodo 2021-2023.

La vicepresidenta Ribera ha explicado los criterios para la distribución regional de estas ayudas, que en todos los casos deben asegurar el cumplimiento de la directiva, la innovación tecnológica y contribuir a los objetivos del reto demográfico.

FINANCIACIÓN PARA PROYECTOS DE GESTIÓN DE RESIDUOS

La sectorial ha tratado también las bases para la territorialización de las subvenciones dirigidas a financiar inversiones en materia de gestión de residuos. En este sentido, Ribera ha explicado que el importe total de las inversiones asciende a 421,12 millones de euros, incluyendo los 415,25 del Plan de Recuperación, así como los 4 millones del PIMA Residuos y 1,87 millones del Programa de Economía Circular incluidos en los Presupuestos Generales para 2021.

En cuanto a los criterios de reparto, el Ministerio ha explicado que las cantidades tendrán en cuenta la generación de residuos municipales, la distancia de cada autonomía respecto al objetivo de preparación para la reutilización y el reciclado para 2025 y su densidad de población.

Transición Ecológica indica, además, que estas ayudas se destinarán a proyectos en cuatro grandes líneas de actuación, que son las que fueron identificadas para España por la Comisión Europea en junio de 2019: Implantación de nuevas recogidas separadas; construcción de instalaciones específicas para el tratamiento de los biorresiduos; construcción de nuevas instalaciones de preparación para la reutilización y el reciclado de otros flujos de residuos; e inversiones para instalaciones de recogida, triaje y clasificación y mejora de las plantas de tratamiento.

Ribera ha informado de que las comunidades autónomas deberán distribuir el dinero que se les asigne entre estas cuatro líneas manteniendo los porcentajes de distribución, si bien, dispondrán de un plazo máximo de quince meses desde la aprobación del acuerdo de Consejo de Ministros para aprobar las convocatorias autonómicas de concesión de las ayudas y proceder a su adjudicación.

En cuanto al plazo de ejecución de los proyectos financiables, se podrán tener en consideración los proyectos iniciados con fecha posterior al 1 de marzo de 2020, si bien su ejecución deberá finalizar como muy tarde el 31 de mayo de 2026.

CONSERVACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD

Finalmente, Teresa Ribera ha avanzado los criterios de reparto de fondos para inversiones previstas en el componente de conservación y restauración de ecosistemas y su biodiversidad del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

Aunque, según señala el departamento que dirige, «aún hay cuestiones pendientes» para la configuración final de este fondo, Transición Ecológica trabaja con las autonomías para ir avanzando en los proyectos susceptibles de optar a estas inversiones, que para este 2021 ascienden a 601 millones de euros, de los 1.167 contemplados hasta 2023.

De esta cantidad hay un bloque de más de 425 millones de euros cuya ejecución está prevista íntegramente por la Administración General del Estado y que irá destinado a la mejora y gestión de conocimiento, la implementación del Convenio CITES, medio marino, renovación de bases BRIF o adquisiciones y renovación de aviones anfibios contra incendios, indica el Ministerio.

Del mismo modo, indica que, los restantes 740,5 millones sí tendrán una concreción en el territorio, bien a través de la actuación de las comunidades, a través de inversión directa o de convocatorias de subvenciones por parte de la Fundación Biodiversidad, el Organismo Autónomo Parques Nacionales o la propia Dirección General de Biodiversidad, Bosques y Desertificación.

En este bloque se contemplan, además, inversiones de 60 millones de euros para actuaciones de corrección de tendidos eléctricos en prevención de electrocuciones de avifauna; otros 130.5 millones de euros dedicados a la recuperación de zonas afectadas por la minería, y 550 millones para actuaciones de infraestructura verde y restauración, recuperación de especies y ecosistemas o actuaciones forestales y biodiversidad urbana.