El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Alcalá la Real (Jaén) ha acordado este viernes el ingreso en prisión provisional, comunicada y sin fianza del joven de 22 años detenido como autor confeso de la muerte el pasado martes de la menor de 14 años en este municipio jiennense.

Se le investiga por la comisión de los presuntos delitos de asesinato y agresión sexual, según ha informado el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA). El joven, que responde a las iniciales de N.N.N., se ha acogido a su derecho a no declarar.

Tanto la Fiscalía como la acusación particular han solicitado su ingreso en prisión por los dos presuntos delitos citados. A lo largo de la mañana también han prestado declaración ante la juez tres menores y un testigo.

Hasta el momento los investigadores han podido constatar que no existía una relación sentimental entre la menor y el detenido, aunque sí se conocían. Por ello, según ha añadido el TSJA, el caso no será contemplado como un caso de violencia de género.

Por otra parte, la juez ha autorizado el traslado del cadáver de la fallecida a Marruecos tras recibir la aprobación del forense y con la expresa prohibición de su incineración.

Sobre las 9,30 horas ha llegado a los juzgados de Alcalá la Real el presunto autor del crimen. El joven, que ha pasado los dos últimos días en la Comandancia de la Guardia Civil de Jaén, ha llegado custodiado por los agentes y con la capucha de la sudadera puesta para intentar ocultar su rostro.

A las puertas del juzgado se ha dado cita un grupo de personas que ha pedido también justicia para la menor. El autor confeso ha sido el último en pasar a disposición de la titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Alcalá la Real, tras tres menores y un testigo.

Sin embargo, se ha acogido a su derecho a no declarar, de modo que ha mantenido la actitud que había mostrado en el marco de la investigación de la Guardia Civil, en la que no ha prestado declaración y no ha colaborado, más allá de la llamada inicial que hizo al 112 alertando de lo que había hecho.

N.N.N. ha sido trasladado a Alcalá la Real desde la Comandancia de la Guardia Civil de Jaén, donde ha permanecido arrestado los últimos días, mientras los agentes llevaban a cabo las pesquisas para tratar de esclarecer lo ocurrido el pasado 15 de febrero.

Un "arduo" y "exhaustivo" trabajo de la Unidad Orgánica de la Policía Judicial así como las unidades de Seguridad Ciudadana de Alcalá la Real que permitió "descartar que hubiera una relación afectiva entre la víctima y su agresor", según indicó este jueves la subdelegada del Gobierno, Catalina Madueño, quien añadió que la autopsia determinó la asfixia como causa de la muerte.

El cuerpo de la menor fue localizado sin vida en el entorno de las ruinas de la iglesia de Santo Domingo, en el recinto de la Fortaleza de la Mota, después de que el presunto autor del crimen llamara al 112 a las 21,36 horas del martes para decir que había matado a una mujer.

Hasta el lugar de los hechos se desplazaron efectivos de la Guardia Civil así como de la Policía Local y Bomberos. El joven en ningún momento colaboró a la hora de indicar dónde estaba el cuerpo de la menor.

Finalmente y tras varias batidas, encontraron el cadáver, que fue localizado sin ropa en un lugar de difícil acceso. En la primera inspección ocular los agentes confirmaron que no había heridas de arma blanca ni de disparos. Posteriormente, la autopsia señaló la asfixia como causa del fallecimiento.

El presidente del Partido Popular ourensano, Manuel Baltar, ha trasladado su "lealtad al presidente nacional", Pablo Casado, tras la crisis entre Génova e Isabel Díaz Ayuso.

"Creo que no hay dos personas, creo que hay un presidente nacional", ha sentenciado Manuel Baltar manifestando que la elección de Pablo Casado fue resultado de un congreso en el que participaron todos los que resultaron elegidos compromisarios.

El presidente provincial ha apelado a la "tranquilidad" y ha asegurado que la situación que atraviesa el partido la "resolverá" la propia formación como "ya lo ha hecho en otras ocasiones, en liderazgo de proyectos o en cuestiones programáticas". "Más pronto o más tarde se resolverá", ha apuntado el presidente de la Diputación de Ourense.

De este modo, ha explicado que en las formaciones políticas hay un principio de lealtad y "la lealtad debe ser siempre al que preside la formación", en este caso, Pablo Casado. "Así que mi lealtad es con el presidente", ha dicho incidiendo en que "esa debería ser la observación general". "Es el principio jerárquico que rige cualquier formación mínimamente responsable", ha sentenciado.

Así ha dicho que, aunque la lealtad al presidente "tiene que estar fuera de toda duda", "el ruido y el tipo de comentarios" actuales "no benefician" la imagen del partido.

"Cada uno tiene su responsabilidad, la mía es el partido en Ourense. Considero que esa responsabilidad también deberían observarla otros a otros niveles", ha opinado trasladando que la situación "influye negativamente" y que "desearía" que no se hubiese producido.

En este sentido ha reconocido que "existe preocupación" porque "la situación impacta" pero ha manifestado que confía en que "no siga in crescendo" y ha mandado un mensaje de "tranquilidad" y una "llamada a la responsabilidad".

El juzgado de Primera Instancia número 11 de Zaragoza ha condenado a la compañía Vodafone a indemnizar a un ciudadano con 6.000 euros por intromisión ilegítima en su derecho a la intimidad personal. El hombre demandó a la compañía por las constantes y reiteradas llamadas que recibía, aun habiendo manifestado su deseo de que no se le hicieran.

El fallo de la sentencia, que lleva por fecha el 10 de febrero, pide a la empresa la cesación de esta conducta por constituir una vulneración en el derecho a la intimidad. Las partes pueden interponer recurso de apelación, ante el mismo juzgado, en el plazo de los 20 días siguientes a su notificación.

El procedimiento se inició el 29 de abril de 2021 y el juicio se celebró el pasado 4 de febrero. Según la sentencia, se acreditan como hechos que este ciudadano, ante la insistente reiteración de llamadas de la operadora con la finalidad de suscribirse a su línea telefónica, decidió efectuar dicha suscripción, si bien nunca llegó a portabilizarse.

El 12 de septiembre de 2020, remitió un correo electrónico a la compañía solicitando la cancelación de sus datos a fin de que cesaran las llamadas telefónicas y no se le molestase ya que interrumpían sus horas de descanso.

Tras pedirle la compañía que aportara una serie de documentos, le remitió un correo el 16 de septiembre haciendo constar que se habían suprimido los datos personales de sus ficheros, a pesar de lo cual, ese mismo día, a las 21.00 horas, esta persona recibió una nueva llamada, lo que comunicó a la empresa. Al día siguiente, sobre las 15.30 horas, recibió otra, de la que también informó a la compañía.

MEDIACIÓN

Este ciudadano solicitó a la mediadora AUTOCONTROL que interviniera, mientras que Vodafone manifestó que en un plazo de unos siete días se haría efectivo lo acordado. Tras nuevas alegaciones efectuadas por este hombre ante la mediadora, la compañía dijo que el número desde el que recibía las llamadas no pertenecía a ningún agente que trabajara con Vodafone, quedando "fuera de nuestro control".

Después de nuevas llamadas, este ciudadano envió un correo el 28 de marzo poniéndolo en conocimiento de la operadora, así como su situación laboral respecto a horarios, rogando que cesara dicha actuación, quien le contestó que no disponía de sus datos personales, si bien, en ocasiones, se realizaban llamadas a listas de numeraciones "que se generan de manera aleatoria".

DESPROPORCIONADO

El juzgado ha sostenido, en la sentencia, que la relación existente entre este ciudadano y la empresa demandada "es desproporcionada en cuanto a la posición de una y otra parte en la relación contractual que les une" ya que el demandante es un consumidor, "que merece le sea aplicable la legislación sobre defensa de consumidores y usuarios" y la demandada una gran operadora telefónica "con una enorme proyección y desarrollo a nivel internacional".

Asimismo, ha esgrimido que no debe ser minusvalorada la gran actividad desplegada por este ciudadano antes de interponer la demanda judicial, "adoptando una actitud claramente activa en la defensa de sus intereses, pero muy especialmente, en intentar conseguir que cesaran las llamadas que, desde el primer momento, puso en conocimiento de la parte demandada".

Para el juzgado, "existen indicios, claros y contundentes" que acreditan que la demandada ha desarrollado una actividad "insuficiente" para conseguir lo que esta persona "legítimamente reclamaba".

Además, manifiesta que si bien el número de teléfono desde el que este hombre recibía las llamadas no era de Vodafone, sí lo había sido y "la facilidad probatoria en este sentido le hubiese correspondido a la gran operadora", pero "su actividad probatoria ha sido muy limitada".

El juzgado de Primera Instancia número 11 de Zaragoza ha concluido que resulta acreditado que lo denunciado desde el primer momento por este ciudadano procede de una actividad comercial "calificable como avasalladora y acosadora", que entra "de lleno" en la defensa que efectúa la Ley Orgánica reguladora del derecho al Honor, a la Intimidad Personal y Familiar y a la Propia Imagen.

El juzgado la considera como un "ataque" y "ofensa" a la intimidad, tranquilidad y descanso de esta persona esta actividad, tanto por su horario laboral, como a los problemas de salud derivados "de la falta del necesario y preciso descanso".

El portavoz parlamentario de Nueva Canarias (NC), Luis Campos, ha señalado este viernes que la suscripción de un protocolo corresponsable del Gobierno central con todas las comunidades autónomas (CCAA) es un "avance pero no es la solución" para resolver la crisis migratoria de los menores migrantes no acompañados en Canarias.

En este sentido, Campos entiende que la Conferencia de Presidentes, que se celebrará la próxima semana en La Palma, "es la oportunidad para cerrar un compromiso" destinado a modificar la legislación estatal para fijar la distribución obligada de los menores procedentes de los territorios "tensionados por situaciones excepcionales que desbordan la capacidad de tutela de la comunidad de primera acogida".

"Es un problema de todo el Estado que hoy implica a Canarias pero que mañana repercutirá en otro territorio", apuntilló para resaltar que la situación de emergencia del archipiélago al tener que tutelar en solitario "a más de 2.800 jóvenes menores de edad exige medidas estructurales que sean asumidas por todos" los territorios, matizando que un protocolo o un memorándum "no basta", según ha informado NC en nota de prensa.

La responsabilidad de estas personas tiene que "estar repartida y, como hasta ahora, la voluntad no ha funcionado; debemos exigir un cambio legislativo" en las Cortes Generales.

Asimismo, resaltó el encuentro que se celebra estos días en el marco de la Unión Europea (UE) para debatir el plan europeo para movilizar hacia el continente vecino un paquete de 150.000 millones de euros en siete años en áreas como el cambio climático, la transición digital y el transporte, así como la seguridad y la gobernanza, además de la educación, la cultura, la formación profesional, la migración, la movilidad, así como el desarrollo sostenible, sistemas de salud y producción de vacunas.

Sobre esto último, expuso que potenciar el desarrollo de África reducirá "de forma importante la intensidad" de los flujos migratorios hacia Canarias pero "hasta que no sea una realidad, y pasarán muchos años", se necesita diseñar la política migratoria, para lo que apuntó el Gobierno central tiene que cumplir con el Estatuto autonómico y dejar participar a las islas en las decisiones migratorias que le afecten.

Un funcionario de la Universidad de Cantabria ha aceptado una pena de dos años de prisión por falsear documentos para enriquecerse con casi 40.000 euros procedentes de cursos de formación de la institución académica.

La magistrada presidenta del tribunal del jurado que debía juzgarle la próxima semana ha dictado sentencia 'in voce' tras el acuerdo alcanzado por todas las partes.

El fallo, que ya es firme, condena al citado trabajador -que fue administrador del Departamento de Derecho Civil de 2011 a 2016- como autor de un delito continuado de falsedad cometido por funcionario público en concurso con otro igualmente continuado de estafa, también cometido por funcionario público.

La pena impuesta, con la que se ha mostrado conforme el procesado, es de, además de dos años de prisión, tres de inhabilitación para empleo o cargo público dedicado a la gestión administrativa en cualquier ente u organismo público, y 3.600 euros de multa.

En este caso se han tenido en cuenta las circunstancias atenuantes de dilaciones indebidas y de reparación del daño, ya que el acusado ha consignado judicialmente 39.700 euros por la cantidad que desvió injustamente y otros 14.000 euros en concepto de intereses.

Ahora, la magistrada ordena la entrega de tales cantidades, que suman 53.700 euros, a la UC, según ha informado este viernes el Tribunal Superior de Justicia de Cantabria.

CÓMPLICES

Junto al funcionario público han sido condenadas tres personas más que se concertaron con él para ceder sus datos personales y figurar como docentes en la documentación que el principal acusado elaboraba, firmaba y pasaba al cobro.

Son cómplices del delito continuado de falsedad en concurso con el delito continuado de estafa, y la pena que deben afrontar cada una de ellas es de un año y dos meses de prisión, dos años de inhabilitación para empleo o cargo público y 1.800 euros de multa.

Junto a ellos, también han sido condenados una trabajadora de la UC y su pareja, quienes fueron asesorados por el principal implicado do para cobrar fraudulentamente un dinero de la institución académica.

En concreto, la empleada recibió un pago a través de su novio, que era el que aparecía en la factura, pero comunicó a la Universidad la irregularidad y restituyó el importe.

La pena para estos dos procesados, a los que se les reconoce la atenuante de reparación, como autores de un delito de falsedad es de tres meses de prisión y 900 euros de multa.

HECHOS PROBADOS

Tal y como figura en el escrito presentado al tribunal que después ha dado lugar a la sentencia dictada verbalmente, el funcionario fue administrador del Departamento de Derecho Civil entre los años 2011 y 2016.

Entre sus funciones figuraba la de elaborar la documentación necesaria para el desarrollo de la actividad académica, como cursos y másteres, incluyendo las certificaciones de la docencia impartida y las solicitudes de pago de la retribución de profesores y ponentes.

Según se ha declarado probado, el acusado, "con intención de obtener un injusto enriquecimiento en el desempeño de sus funciones mediante el cobro de cantidades indebidas por parte de la Universidad, confeccionó decenas de documentos de su departamento en los que hacía constar falsamente como profesores de los cursos a terceras personas".

Además, simulaba las firmas de los directores de los cursos tanto en los listados alterados de profesores como en las peticiones de pago, y también la firma del supuesto profesor en la hoja de asistencia y en la petición de pago.

De este modo, el acusado "lograba engañar al Servicio de Gestión Académica, que ordenaba el pago de cantidades a personas que nunca habían impartido clase alguna en tales cursos, logrando de tal manera en el periodo referido que se realizasen un total de 26 pagos fraudulentos por un importe total de 39.700 euros, cantidad que posteriormente él mismo recibió de manos de aquellos falsos profesores".

Investigadores y trabajadores del ámbito científico consideran que el anteproyecto de ley que modifica la Ley 14/2011, de 1 de junio, de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación "incluye alguna mejora" respecto a la norma actual y al borrador que publicó el anterior equipo ministerial encabezado por Pedro Duque, pero creen que "sigue siendo insuficiente para terminar con la precariedad en el sector".

Así lo explica una portavoz de la Coordinadora Marea Roja, Elisa Fernández, después de que el Consejo de Ministros haya dado luz verde este viernes al anteproyecto de Ley en una reunión extraordinaria.

A falta de analizar el texto en detalle, Elisa Fernández alerta de que, "una vez mas, volvería a ser una oportunidad perdida si en el tramite parlamentario se aprueba tal y como anuncian que está actualmente el borrador".

En concreto, la portavoz de Marea Roja detalla que se han conseguido "avances importantes como es la indemnización por final de contrato, así como que se reconozcan los méritos realizados en cualquier institución pública, española o extranjera, una medida para no fomentar la endogamia".

Sin embargo, Elisa Fernández sostiene que "siguen olvidándose de puntos clave como son la carrera del personal investigador hospitalario y su inclusión en el Sistema Nacional de Salud, así como la del personal técnico y de gestión de I+D+i, todos ellos esenciales para que la investigación avance".

"Cuando el texto se publique, se realizará una valoración más en detalle, puesto que hay algunas medidas que aún no tenemos claro si realmente van a ser efectivas o un brindis al sol, como por ejemplo la de blindar el 1,25% del PIB", subraya.

Asimismo, asegura que "el poco tiempo" de audiencia pública, la "escasa negociación con la representación sindical "--solo dos reuniones en la mesa de las administraciones públicas y una negativa para tener una mesa de dialogo social--", les produce "dudas de si realmente han tenido en cuenta a las personas a los que les va a afectar directamente la ley".

Por su parte, la Federación de Jóvenes Investigadores (FJI) valora como "positivos ciertos aspectos de la ley, como son los contratos indefinidos en concordancia con la nueva ley de trabajo y que ayudan a eliminar el uso fraudulento que se venía haciendo del contrato por obra y servicio y la implantación de una indemnización por finalización de contrato para los contratos pre y postdoctorales".

No obstante, desde la FJI creen que "hay una serie de mejoras que todavía se deberían incluir en la Ley", como por ejemplo el tema de la burocracia o la elaboración de un Estatuto de personal de investigación que "garantice unas condiciones laborales y salariales mínimas, haciendo que la profesión de investigación quede muy desregulada".

La CXLIX Asamblea Ordinaria de los Obispos del Sur de España, que se ha celebrado en Córdoba, ha agradecido a los profesores de Religión Católica andaluces el "esfuerzo" que están haciendo, preparandose para la implantación del nuevo currículo de la asignatura en la comunidad autónoma.

En concreto y según ha informado Odisur en una nota, la citada asamblea de obispos, que comprende las diócesis de Sevilla, Granada, Almería, Cádiz y Ceuta, Córdoba, Guadix, Huelva, Jaén, Asidonia-Jerez y Málaga, ha animado a los profesores de Religión Católica de Andalucía, en primer lugar, "a participar en el próximo Congreso, que se celebrará en Granada los días 19 y 20 de noviembre" del presente año.

Además y de cara a "la futura implantación de la Lomloe", los obispos andaluces "han sido informados de la postura del Gobierno de la Junta de Andalucía sobre la actual situación de la asignatura de Religión Católica en la escuela".

En este contexto, los prelados del Sur de España han agradecido "el esfuerzo de los más de 1.000 profesores que están participando en el programa de formación conjunto de las diócesis andaluzas, para su puesta al día ante la implantación del nuevo currículo de Religión".

Por otro lado, el director del Departamento de Pastoral del Turismo de la Conferencia Episcopal Española (CEE), Gustavo Riveiro, ha hablado a la asamblea de "la importancia de la actividad turística en Andalucí" y de la necesidad de "cuidar la evangelización del turismo, tanto en las diócesis como en las parroquias". Se trata de "una pastoral llamada a estar integrada en la estructura orgánica y ordinaria de las diócesis".

FAMILIAS Y JÓVENES

Los Obispos del Sur, por otra parte, ha animado a las familias andaluzas a participar en el Encuentro Mundial de las Familias, que tendrá lugar en Roma (Italia), del 22 al 26 de junio, si bien, para los que no puedan acudir a Roma, se ha organizado un encuentro en la aldea almonteña de El Rocío, en Huelva, "para que todas las familias del Sur de España que lo deseen puedan participar, desde nuestra tierra, en dicho encuentro mundial".

Así y desde el Rocío, durante el fin de semana del 24 al 26 de junio habrá conexiones permanentes con los actos y sesiones de trabajo que tengan lugar en Roma. Incluso se podrá asistir a la celebración de la misa de clausura del encuentro, presidida por el Papa Francisco.

También está previsto un encuentro paralelo para los niños y otras actividades que hagan de esos días, en El Rocío, "un verdadero espacio de encuentro para las familias, tanto en lo espiritual, como en lo festivo". Desde las delegaciones de Familia de las diócesis del Sur de España se concretarán las actuaciones y los pasos a seguir para participar.

De igual forma, los obispos han hecho un llamamiento a los jóvenes para que participen en la Peregrinación Europea de Jóvenes, que tendrá lugar del 3 al 7 de agosto de este año, en Santiago de Compostela (A Coruña).

Por ello, en las diócesis del Sur de España ya se están organizando las peregrinaciones diocesanas que permitirán a los jóvenes "participar en dicho encuentro, caminar hacia el sepulcro del Apóstol y compartir con miles de jóvenes la fe". Será una preparación inmediata para la Jornada Mundial de la Juventud, que tendrá lugar en Lisboa, del 1 al 6 de agosto de 2023.

VISITA AD LIMINA

Al margen de ello, los Obispos del Sur han hecho balance de su reciente visita 'ad limina', del 17 al 22 de enero pasado. En ella, los obispos de las provincias eclesiásticas de Granada y Sevilla, junto a los de Mérida-Badajoz, visitaron y rezaron ante las tumbas de los apóstoles Pedro y Pablo, también celebraron en las cuatro grandes basílicas romanas, mantuvieron "extensas y fructíferas reuniones de trabajo en los dicasterios y congregaciones de la Santa Sede y se encontraron con el Santo Padre".

La visita 'ad limina' ha supuesto "un tiempo de gracia, de comunión, de sinodalidad, y ha sido, sobre todo, un encuentro de los sucesores de los apóstoles con el Papa, y de las iglesias locales con la Iglesia madre de Roma.

De las reuniones en los dicasterios y congregaciones, en las que "se han tratado los temas más importantes de la vida de la Iglesia y del mundo", destacan el carácter pastoral de las mismas. Pero, sobre todo, los obispos han valorado "la cercanía y acogida del Santo Padre, en la audiencia que mantuvo con los obispos el viernes 21 de enero". Fue un extenso encuentro en el que "el Papa los confirmó en la fe, los fortaleció en la esperanza y los exhortó al amor y a la misericordia".

CAUSA DE LOS SANTOS

La Asamblea Ordinaria de los Obispos del Sur de España, igualmente, ha dado el visto bueno para que el obispo de Córdoba, Demetrio Fernández, inicie la apertura de la Causa de Canonización del Hermano Bonifacio Bonillo Fernández, de la Orden Hospitalaria de San Juan de Dios.

Nacido en 1899, ingresó en los Hermanos de San Juan de Dios en 1924 y ejerció en Barcelona, Madrid, Bilbao y Granada como limosnero. Llegó en 1935 a Córdoba, donde fue conocido y querido, tanto en la ciudad, como en los pueblos, por su labor como postulante para los niños acogidos en el Hogar y Clínica San Rafael, actual Hospital de San Juan de Dios, en cuya construcción colaboró consiguiendo limosnas.

Su bondad y su modestia le caracterizaban, y se entregó en cuerpo y alma a la causa de los niños enfermos. Hoy su recuerdo perdura en la Obra Social 'Hermano Bonifacio' del Hospital San Juan de Dios de Córdoba. Falleció el 11 de septiembre de 1978.

Al mismo tiempo, los obispos ha felicitado al arzobispo de Granada, Francisco Javier Martínez, y a su Archidiócesis, por "la beatificación de 16 mártires de la persecución religiosa en España en los años 30 del siglo pasado, que tendrá lugar el 26 de febrero en la Catedral de Granada".

Todos ellos forman parte de "la Causa de Cayetano Giménez Martín y 15 compañeros mártires, en su mayoría sacerdotes, que sufrieron martirio en la diócesis granadina. La Iglesia reconoce en ellos el amor a Dios por encima de su propia vida, perdonando a sus verdugos". El lema de las beatificaciones es 'Tu gracia vale más que la vida'.

NOMBRAMIENTOS

Por último, la CXLIX Asamblea Ordinaria de los Obispos del Sur de España reunida en Córdoba ha procedido al nombramiento de Juan Bautista Díaz Blasco, de la diócesis de Málaga, como presidente de la Hermandad Obrera de Acción Católica (HOAC) de Andalucía.

Junto a ello, los obispos andaluces han acordado también que los delegados de Patrimonio de las diócesis andaluzas formen parte de la Comisión Mixta Junta de Andalucía-Obispos de la Iglesia Católica de Andalucía, encargada de coordinar las actuaciones sobre bienes culturales de la Iglesia en el territorio andaluz.

WWF estima que las granjas de visón americano suponen un impacto de más de seis millones de euros al año sobre la biodiversidad y la salud humana y exige al Gobierno el cierre "ya" de todas las instalaciones en España.

Este viernes el Consejo de Ministros ha aprobado el proyecto de ley de protección, derechos y bienestar de los animales que contempla la prohibición de las granjas de visones, pero WWF quiere que este cierre se produzca sin esperar a la tramitación parlamentaria de la norma.

La ONG ha publicado el informe 'Los costes ocultos de las granjas de visón americano' en el que denuncia la "insostenible cara oculta de las granjas peleteras", su elevado coste económico y alto riesgo para la salud de las personas y el medio ambiente.

WWF ha enviado una carta al ministro de agricultura, Luis Planas, con copia a Teresa Ribera, Vicepresidenta tercera, Carolina Darias, Ministra de Sanidad e Ione Belarra, Ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030, para solicitar el cierre inmediato de las 27 granjas de visón americano que aún están activas en España.

En concreto indica que se invierten más de seis millones de euros en controlar el avance de esta especie invasora que afecta "gravemente" a la biodiversidad. A estos costes estima que hay que sumar el coste del programa de vigilancia y control del SARS-COV-2 porque los visones suponen un "verdadero riesgo" para la salud humana.

La responsable del programa de especies de WWF España, Laura Moreno, ha celebrado la aprobación por el Ejecutivo de la "primera" ley de protección de los animales que contempla la prohibición de las granjas de visón americano porque las condiciones de hacinamiento en las que se crían estos animales no permiten garantizar su bienestar. Además, subraya que estas instalaciones son muy peligrosas, porque albergan una especie invasora y vector de Covid-19.

"Es el momento de poner fin a una actividad del siglo pasado, que nos cuesta millones de euros cada año, millones de vidas de animales y pone en riesgo la salud de las personas y de la naturaleza", concluye Moreno.

Monseñor Jesús Pulido tomará posesión este sábado, 19 de febrero, en la Catedral de Coria, como nuevo obispo de la Diócesis de Coria-Cáceres, en un acto que se celebrará a las 11.00 horas.

El acto de toma de posesión estará presidido por el Nuncio de su Santidad en España y contará con la presencia del anterior obispo, Francisco Cerro Chaves, actual arzobispo de Toledo.

Además, el acto contará con una treintena de obispos y más de un centenar de sacerdotes de diócesis de todo el país, y también se espera la llegada de autoridades civiles y militares, que serán recibidas en el Ayuntamiento de Coria por el alcalde de la ciudad, José Manuel García Ballestero.

Entre las autoridades que acudirán a esta toma de posesión está prevista la presencia del presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara; la presidenta de la Asamblea de Extremadura, Blanca Martín; la presidente del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura (TSJEx), María Félix Tena Aragón.

También acudirá la consejera de Cultura, Turismo y Deporte, Nuria Flores Redondo; el expresidente de la Junta José Antonio Monago; el subdelegado del Gobierno en Cáceres, José Antonio García, o el fiscal Superior de Extremadura, Francisco Javier Montero Juanes, entre otras autoridades civiles y militares.

Además, durante la celebración, estarán presentes miembros de las corporaciones municipales de los ayuntamientos de Coria y de Cáceres, así como la de Santa Ana de Pusa (Toledo), localidad natal del nuevo obispo.

Canarias ha notificado el fallecimiento de seis personas por coronavirus en las últimas 24 horas, de tal forma que ha alcanzado los 1.549 óbitos desde el inicio de la pandemia, según datos facilitados por la Consejería de Sanidad del Gobierno regional.

Así, de las seis muertes registradas, cuatro se produjeron en Gran Canaria y dos en Tenerife, teniendo los fallecidos entre 66 y 93 años, excepto un caso de 45 años, todos con patologías previas y en ingreso hospitalario.

En cuanto a los casos, Canarias ha registrado un total de 1.158 nuevos positivos de Covid-19 en las últimas 24 horas, de tal forma que el acumulado asciende a 276.403, de los que 16.579 están activos, de los que los que 55 se mantienen ingresados en UCI; 438 permanecen hospitalizados (-6) y 16.086 están en domicilio.

Por islas, Tenerife ha sumado 478 casos hasta acumular 127.769, de los que 6.646 se encuentran activos epidemiológicamente; mientras Gran Canaria registra 470 más hasta englobar 102.883 casos, de los que 7.792 están activos.

Lanzarote, por su parte, suma 55 nuevos casos hasta acumular 19.205, de los que 341 se encuentran activos epidemiológicamente, mientras Fuerteventura suma 95 nuevos positivos hasta englobar 13.899, de los que 1.341 están activos.

Asimismo La Palma suma 50 nuevos positivos hasta acumular 9.275, de los que 346 se encuentran activos. El Hierro, por su parte, registra seis nuevos positivos hasta englobar 1.716, de los que 34 casos están activos; y La Gomera suma cuatro nuevos casos hasta acumular 1.655, de los que 79 están activos.

La Incidencia Acumulada a los 7 días en Canarias se sitúa en 246,88 casos por cada 100.000 habitantes y a los 14 días en los 524,55 casos por 100.000 habitantes.

Hasta este viernes se ha realizado un total de 3.207.729 de pruebas diagnósticas en las islas, de las que 6.629 se corresponden a este jueves.

La llegada del buque 'Nexus' al puerto de San Juan de Terranova, en Canadá, ha activado una nueva fase del Plan de Asistencia Consular, que tiene como objetivo agilizar al máximo la repatriación de los supervivientes y de los nueve cuerpos recuperados tras al naufragio del 'Villa de Pitanxo'.

Por parte de Canadá, se llevará a cabo el reconocimiento forense y la expedición del certificado de defunción por parte de las autoridades competentes. Desde la morgue, se hará el traslado individual de los cuerpos a la funeraria, una actuación por la que velarán los representantes diplomáticos en la zona, el cónsul general de España en Montreal, que se desplazó a San Juan de Terranova, en donde ha contado con el apoyo del cónsul honorario de San Juan.

Las labores continuarán en la jornada del sábado por la mañana, cuando según ha informado Exteriores, también está previsto el arribo a puerto de los tres supervivientes y los siete fallecidos a bordo del 'Playa Menduiña'.

La acción consular se llevará a cabo en coordinación con los servicios del gobierno de Terranova y Labrador, y sus actuaciones se centrarán en una serie de trámites administrativos en el caso de los fallecidos.

Tras la identificación y la expedición del certificado de defunción, los representantes el Consulado General practicará las correspondientes inscripciones de defunciones en el libro de fallecimientos del Registro Civil, elemento indispensable para completar la documentación que permitirá el traslado a España de los restos mortales.

En el caso de los supervivientes, el Consulado General les prestará "todo el apoyo necesario" para el cumplimiento obligatorio de las formalidades de inmigración y aduaneras de Canadá. Además, extenderá a los miembros de la tripulación los documentos de viaje que les permitan regresar a España lo antes posible.

Este plan de asistencia consular a las familias "tiene como objetivo principal que la repatriación de las víctimas y supervivientes se realice con todas las garantías, rigor y diligencias y la máxima celeridad posible".

Según ha informado Exteriores, todas estas acciones de los representantes consulares 'in situ' son coordinadas desde los servicios centrales del Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación en Madrid, cuya Dirección General de Españoles en el Exterior y Asuntos Consulares han hecho posible los contactos con familiares, armador, Delegación del Gobierno y demás personas e instituciones afectadas.

EMBAJADA DE CANADÁ EN ESPAÑA

Por su parte, fuentes diplomáticas canadienses han confirmado que la embajadora en España se puso en contacto este viernes con el presidente de la Xunta, el delegado del Gobierno y alcaldes de los municipios de procedencia de la tripulación, que trasladaron su "preocupación" por posibles administrativos para la llegada a puerto, especialmente, por posibles dificultades para arribar del 'Playa de Menduiña' --que lleva a lo supervivientes y a siete cadáveres--.

Estas mismas fuentes, que han comprendido el "dolor" de las familias, han explicado que han trasladado estas inquietudes a las autoridades canadienses en Ottawa, con el fin de que se conozcan estas inquietudes y se puedan solventar las dudas planteadas.

Además, han ratificado que Canadá no tiene jurisdicción para investigar el accidente ocurrido, en aguas Nafo y más alejado de las 200 millas de la costa, pero han asegurado que el país americano "colaborará en todo lo que pueda" con lo que se demande por parte de las autoridades españolas.

La Comunidad de Madrid ha notificado 3.062 nuevos casos de Covid, 2.071 de las últimas 24 horas, y 25 fallecidos en los hospitales madrileños, según el informe de la situación epidemiológica de este jueves con datos a cierre del día anterior.

En la jornada del miércoles fueron notificados 3.207 nuevos casos de Covid-19 (145 más), 2.369 de ellos las últimas 24 horas, y 19 fallecidos en los hospitales madrileños (seis menos), mientras que el viernes de la semana precedente se contabilizaron 4.631 nuevos contagios (1.569 más), 3.512 en el último día, y 23 muertos (dos menos).

El número de hospitalizados se sitúa hoy en 1.197 (86 menos que ayer) y 199 en la UCI (seis menos), mientras que 177 pacientes han recibido el alta. El número de personas en seguimiento domiciliario por Atención Primaria es de 1.055.

En el acumulado, la Comunidad de Madrid ha registrado 1.583.560 positivos, un total de 144.232 casos han requerido hospitalización, 15.111 han precisado UCI y 127.879 (acumuladas) han sido dados de alta por los hospitales. Atención Primaria ha realizado el seguimiento domiciliario de 1.391.762.

Respecto a los fallecidos, Sanidad Mortuoria ha contabilizado un total de 27.558, de los cuales 5.195 han sido en centros sociosanitarios, 20.738 en hospitales, 1.586 en domicilios y 39 en otros lugares.

PLAN DE VACUNACIÓN

En cuanto a la vacunación, se han administrado un total de 13.423.681 dosis de las 13.354.445 recibidas, con 5.493.092 primeras dosis, 5.122.909 segundas dosis registradas y 237.060 vacunas unidosis de Janssen. A estas se suman 2.570.620 terceras dosis administradas.

De esta manera, el porcentaje de población de la Comunidad de Madrid con la pauta completa se sitúa en el 81,8%. Teniendo en cuenta solo la población mayor de 12 años, establecida en 5,9 millones de los 6,8 millones de ciudadanos en la región, el porcentaje de inmunizados representa el 93,2%, mientras que el 94,7% cuenta con al menos una dosis.

Con el arranque de la vacunación infantil, el porcentaje de población mayor de 5 años con al menos una dosis es de 91,2%, mientras que el 86,5% cuenta con pauta completa.

El hasta ayer director de la Coordinación de Alcaldía, Ángel Carromero, comparecerá este lunes a las 10 horas en una comisión extraordinaria y urgente de Portavocía y Seguridad, a petición del Grupo Mixto, para que dé explicaciones sobre "la contratación de investigadores o detectives privados para asuntos particulares del Partido Popular".

Comparecerá en calidad de director de Coordinación dado que mantiene el cargo hasta que no se oficialice la renuncia en una Junta de Gobierno.

Ayer el Grupo Mixto solicitaba esta comisión urgente a la presidenta de este foro, la concejala de Más Madrid Amanda Romero. Veinticuatro horas después Más Madrid ha anunciado la celebración de la comisión en un comunicado.

La portavoz del Grupo Mixto, Marta Higueras, ha definido a Carromero como "mano derecha" del alcalde, José Luis Martínez-Almeida, además de apuntarle como "en principio implicado en los hechos", el presunto espionaje a la presidenta de la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso, a través de fondos de la EMVS.

"Es imprescindible que los que están implicados en los hechos no diriman este asunto, por lo que en esta comisión, donde estemos todos los grupos, es el lugar adecuado pata hacer estas investigaciones", ha señalado la edil.

Desde la comisión de Portavocía y Seguridad, presidida por el grupo municipal de Más Madrid, "se pretende que dé explicaciones por los gravísimos hechos en los que supuestamente está implicado".

Más Madrid considera "muy reprobable que un cargo de altísima confianza del alcalde esté presuntamente implicado en este caso, y más cuando José Luis Martínez-Almeida negó en la mañana del jueves la participación de Carromero en la presunta trama de espionaje".

Este grupo ya interpuso al comienzo del mandato un recurso de reposición contra el nombramiento de Ángel Carromero como director general de Coordinación de la Alcaldía por considerarlo "contrario a derecho y lesivo para los derechos e intereses de los ciudadanos".

El recurso, que fue finalmente rechazado, argumentaba que el equipo de Gobierno no acreditó la competencia ni la experiencia de Carromero en puestos de responsabilidad en la gestión pública o privada. El alto cargo de director general de Coordinación de la Alcaldía implica tareas jurídicas y administrativas que no se consideraban contempladas en el currículo de Carromero.

La presidenta del PP de Baleares, Marga Prohens, ha asegurado este viernes que su partido está con sus votantes y ha remarcado que su objetivo es ofrecer una alternativa al socialismo en las Islas.

En un mensaje en redes sociales, su primer pronunciamiento público desde que estallara la crisis en el PP, Prohens, sin embargo, no ha aludido directamente al enfrentamiento entre la dirección nacional y la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.

La líder del PP de las Islas ha reiterado las afirmaciones que ha hecho este viernes en rueda de prensa la secretaria general de la formación en Baleares, Sandra Fernández.

"El PP de Baleares está con nuestras bases, afiliados y votantes", ha apuntado en su mensaje. Prohens ha señalado que su prioridad es "mantener la unidad, la ilusión y seguir trabajando para acabar con el socialismo en Baleares".

Se trata de afirmaciones muy en la línea de lo que ha afirmado Fernández, que, por su parte, sí había trasladado la "absoluta perplejidad" y el "malestar" del partido y la militancia ante lo sucedido en Madrid.

En la rueda de prensa, cuando se le ha preguntado a Sandra Fernández sobre un pronunciamiento de Marga Prohens, la secretaria general ha dicho que la presidenta hablaría "si lo consideraba oportuno".

El presidente del PPdeG, Alberto Núñez Feijóo, ha lamentado este viernes el "espectáculo" vivido el jueves entre la dirección del PP y la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y ha pedido "capacidad de reacción" y un "punto de encuentro" para "solventar la hemorragia que está sufriendo el PP".

En respuesta a preguntas de los medios, el jefe de los populares gallegos ha reiterado su apoyo al presidente del PP nacional, al que ha pedido que "solucione un problema que el partido no merece". "Le reitero mi apoyo y mi lealtad para que busque una solución a un problema que los votantes, los militantes y el conjunto de los españoles, en este momento no merecen", ha dicho.

A renglón seguido, ha sostenido que "el espectáculo" de este jueves "no beneficia a ninguno de los dirigentes del PP" y, más allá, "perjudica a una alternativa de gobierno que es la única posibilidad de cambiar a un muy mal Gobierno".

Para Núñez Feijóo, "es muy difícil pedirle a los votantes que se unan en el entorno de un proyecto de centro derecha como el PP" si "acreditan que el que no está unido es el propio partido". "En este contexto, ayer fue un día muy desafortunado, y espero que tengamos la suficiente cintura y la suficiente capacidad de reacción para solventar la hemorragia que está sufriendo el PP", ha señalado el presidente gallego, que ha confiado en que Pablo Casado "acierte con su decisión" y "busque un punto de encuentro entre la dirección nacional del partido y el Gobierno de la Comunidad de Madrid".

Sobre esta última cuestión, Alberto Núñez Feijóo ha circunscrito "el problema" a un enfrentamiento entre un gobierno autonómico y la dirección del partido. "El PP no está en crisis, lo que hay es un desencuentro profundo y lamentable entre la presidencia de la Comunidad de Madrid y la dirección del partido", ha añadido.

"LEAL" AL PRESIDENTE

Núñez Feijóo, que ha reconocido haber hablado con Pablo Casado --"y hablaré con él todas las veces que me lo requiera"--, ha reiterado que su "responsabilidad" le lleva a "ser leal" con el presidente nacional de su partido y con el partido en sí mismo, así como a manifestar su opinión. "Dentro de la lealtad está la responsabilidad de decir lo que uno piensa", ha sentenciado.

Con ello, ha manifestado que "el problema creado ayer" tiene que "tener una resolución rápida", de "días", para no "faltar al compromiso" con los ciudadanos. "Nuestro compromiso no es dedicar a los problemas internos del partido nuestras energías. Nuestro compromiso es solventar problemas, no crearlos, y hacer una oposición a un gobierno que lo consideramos realmente malo para los intereses de los ciudadanos", ha subrayado.

En cuanto a su posición en esta situación, Núñez Feijóo ha recordado que es "presidente de Galicia" y su compromiso pasa por "aportar a la política nacional" su "visión", su "óptica" y su "opinión". "Además, no tengo ninguna limitación para hacerlo. Opino libremente sobre las cosas que afectan a mi partido o a mi país", ha destacado, "Ese es mi papel, lo ha sido así en los últimos años y lo sigue siendo ahora".

EXPLICACIONES DE AYUSO

Sobre la explicación dada por Díaz Ayuso en relación al contrato a su hermano, que ha dicho no conocer de forma directa, ha considerado que la supone "bastante lógica" en el contexto en el que se produjeron los hechos. "Comprenderá que, en este momento, nadie conoce con exactitud el conjunto de expedientes administrativos que en un momento de emergencia sanitaria se produjeron desde el punto de vista de las compras" relacionadas con la pandemia, ha indicado Núñez Feijóo.

En relación a esta cuestión, se ha referido a los problemas para la compra de material sanitario y mascarillas durante los momentos más duros de la pandemia, en los que el Sergas "tuvo muchas dificultades" para hacerse con este material. "Había cargueros en los que una vez que se tenía el contrato, al final no se producía el suministro porque los precios bailaban en función del servicio de salud del país que pujaba más por el material", ha añadido.

No obstante, ha dicho, desconoce este expediente en concreto y ha afirmado que ante "cualquier duda" y "cualquier sombra" relacionada con una inversión pública, "la administración afectada tiene que dar las explicaciones normales y contundentes".

El presidente del Gobierno gallego, Alberto Núñez Feijóo, ha elogiado este viernes el plan de financiación universitaria 2022-2026 como "el más ambicioso de la historia de las universidades gallegas", con una movilización de 3.200 millones de euros en los próximos cinco años y centrado en ejes como la docencia innovadora, la internacionalización o la investigación avanzada.

Así lo ha explicado tras la firma del convenio entre la Xunta y las Universidades de Santiago, A Coruña y Vigo en el marco del Plan Gallego de Financiación Universitaria 2022-2026, que permitirá cuestiones como "la viabilidad financiera" de estas instituciones, "la contratación del personal o posicionar el sistema universitario gallego dentro del europeo".

El titular del Gobierno gallego ha explicado que el nuevo plan se divide en dos fondos: una financiación no condicionada, es decir, fondos de libre disposición para los campus, como por ejemplo, para gasto corriente y mantenimiento de infraestructuras; o para el plan de viabilidad financiera, eficiencia y mejora energética. Por otra parte, existe una financiación de la investigación para impulsar la I+d+i, con un 41% más de inversiones, hasta llegar a los 400 millones de euros en el quinquenio.

A lo largo de su intervención, Feijóo ha destacado que, con un plan de financiación a medio plazo como este, Galicia es "pionera en dar estabilidad y certezas" a las universidades; "como lo es también en la congelación de las tasas de matrícula desde el curso 2011-2012".

"En definitiva, estamos ante un acuerdo que blinda la capacidad financiera y el funcionamiento de estas instituciones; y que da estabilidad y certezas a todos los campus. Un acuerdo de país, que muestra que la capacidad de diálogo y cooperación entre las administraciones e instituciones públicas son claves para llegar a consensos y avanzar", ha concluido.

UNA "FORTALEZA DEL PAÍS"

En nombre de los tres rectores ha intervenido en el acto el responsable de la Universidade de Vigo, Manuel Reigosa, que ha puesto en valor el sistema universitario gallego como una "fortaleza del país" y, tras destacar su "calidad", ha señalado su "relevante papel en el mundo" tanto en formación como en investigación y en transferencia de conocimiento.

Entre los "éxitos" del sistema gallego, Reigosa ha subrayado las bajas tasas universitarias dentro de sus equivalentes nacionales, así como el disponer de "planes de financiación plurianuales", que permiten a estas instituciones "programar el trabajo futuro y hacer frente al os distintos retos con tranquilidad".

Ejercer maltrato animal sobre vertebrados ante la presencia de niños o de personas especialmente vulnerables, hacerlo con ensañamiento o bien para coaccionar o maltratar a víctimas de violencia machista, así como cometer este tipo delictivo en público o bien subirlo a redes sociales será considerado un agravante penal en la reforma del Código Penal que propone el Gobierno para frenar el maltrato a los seres vivos.

Este viernes el Consejo de Ministros ha aprobado un proyecto de ley para reformar el Código Penal para poner "fin a la impunidad" de este delito en España a través de penas que pueden llegar a 24 meses de cárcel. Además, no solo afectará a los animales domésticos sino que se incluye a todos los vertebrados, de modo que se incorporan también a esta protección los animales silvestres o en libertad. "Hoy empezamos a reducir la distancia entre el sentir social que busca proteger a los seres vivos", ha celebrado la ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030, Ione Belarra, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros donde ha lamentado la "impunidad" que hasta ahora se ha dado en España, donde "no hay reproche a quemar a un zorro vivo".

Así, la reforma del Código penal establecerá penas de cárcel de 18 meses, la inhabilitación hasta cinco años para vivir o trabajar con animales y, si el resultado de ese maltrato es la muerte del animal, la pena de cárcel ascenderá hasta 24 meses.

De acuerdo con el texto del anteproyecto, el abandono de un animal, resultará penado con una multa de 1 a 6 meses o trabajos en beneficio de la comunidad de hasta 90 días y la pena de inhabilitación de uno a tres años para ejercer cualquier profesión relacionada con animales o su tenencia.

Por otro lado, Belarra ha explicado una vez conocidos los resultados del programa VioPET --que acoge a los animales de víctimas de violencia machista que no tienen donde dejar a sus animales--, que han detectado que los maltratadores utilizan a los animales para coaccionar o maltratar a sus víctimas, a partir de ahora la violencia ejercida contra las mujeres a través de sus animales será un agravante en las penas. "Aumentamos las penas porque el compromiso contra la violencia machista es transversal", ha defendido.

Este tipo delictivo ya fue incluido en el Código Penal en 1995 y posteriormente fue modificado en el año 2003, pero ahora el Gobierno ve necesario modificar las penas para tratar de impedir la reincidencia de este delito.

El Ejecutivo justifica la reforma para atender a la reclamación social de respuesta ante delitos de especial rechazo social. El texto sigue los pasos de Alemania y Reino Unido e incluye el delito de maltrato para todo "animal vertebrado" lo que incluye a mamíferos, aves, peces, reptiles y anfibios, por lo que se incluye no solo a las mascotas sino a los animales en libertad y salvajes.

Hasta ahora, las personas que lesionaban, maltrataban, ahogaban, atropellaban e incluso acaban con la vida de animales salvajes "por mero disfrute personal" quedaban fuera de reproche penal. "Que estas conductas sean atípicas va en contra de nuestra evolución como sociedad sensibilizada con cuanto le rodea", defiende el borrador del texto que propone la reforma del Código Penal.

AGRAVANTES

Por otro lado, la reforma propuesta incorpora diferentes agravantes en virtud de diferentes utilizaciones de los animales en los contextos de otras violencias, como por ejemplo la violencia de género o intrafamiliar, destacando la violencia instrumental que se realiza con animales especialmente en el ámbito de la violencia de género para coaccionar, mayoritariamente a mujeres, e imposibilitar las vías de emancipación ante dichas situaciones de violencia contra las mismas.

Por todo ello, en esta reforma, se propone que, además de suponer una agravante del delito si la violencia machista es ejercida sobre los animales para coaccionar, intimidar, acosar o producir menoscabo psíquico. Así, será articularán herramientas judiciales que permitan cambiar la titularidad antes de la resolución judicial.

En concreto, se impondrán penas de prisión de tres a 18 meses o multa de seis a doce meses y con la pena de inhabilitación especial de uno a cinco años para el ejercicio de profesión, oficio o comercio que tenga relación con los animales y para la tenencia de animales el que, fuera de las actividades legalmente reguladas y sin estar amparado en las leyes u otras disposiciones de carácter general, por cualquier medio o procedimiento, incluyendo los actos de carácter sexual, cause a un animal vertebrado lesión que requiera objetivamente para su sanidad tratamiento veterinario.

Además, si el delito se comete usando armas de fuego, se podrá imponer de forma motivada una pena de privación del derecho a tenencia y porte de armas de uno a cuatro años.

Se considerarán agravantes de las penas previstas cuando se utilicen armas, instrumentos, objetos, medios, métodos o formas peligrosas para la vida o la salud del animal; ejercer el daño con ensañamiento; que el hecho cause al animal pérdida o inutilidad de un sentido, órgano o miembro principal; que lo ejerza quien tiene confiado el cuidado del animal o bien que se ejecute en presencia de menores de edad o de personas especialmente vulnerables.

Del mismo modo será un agravante cometer maltrato en eventos públicos o bien difundirlos mediante tecnologías de la información o la comunicación, así como el uso del veneno, de explosivos u otros instrumentos de similar eficacia destructiva o no selectiva.

Si se provoca intencionadamente la muerte de un animal vertebrado Cuando, con ocasión de los hechos previstos en el apartado primero de este artículo, se cause intencionadamente la muerte de un animal vertebrado, se impondrá la pena de prisión de doce a veinticuatro meses o multa de dieciocho a veinticuatro meses, además de la pena de inhabilitación especial de uno a cinco años para el ejercicio de profesión, oficio o comercio que tenga relación con los animales y para la tenencia de animales.

Si el delito se hubiera cometido utilizando armas de fuego, el juez o tribunal podrá imponer motivadamente la pena de privación del derecho a tenencia y porte de armas por un tiempo de dos a cinco años.

Por otro lado, si el daño producido no requiere tratamiento veterinario serán castigadas con una pena de multa de 1 a tres meses o trabajos en beneficio de la comunidad de 31 a 90 días. Asimismo, se inhabilitará entre 1 y 3 años para ejercer cualquier profesión que tenga relación con animales.

Respecto al abandono, la reforma del Código Penal plantea multa de uno a seis meses o bien trabajos en beneficio de la comunidad de 31 a 90 días y tres años para el ejercicio de profesión, oficio o comercio que tenga relación con los animales y para la tenencia de animales.

No obstante, los jueces podrán establecer medidas cautelares que incluyen cambios provisionales de titularidad y cuidado animal.