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El CGPJ analizará el jueves el nuevo informe sobre la Ley de Vivienda tras tumbar la anterior propuesta

El Pleno del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) analizará este jueves 27 de enero la nueva propuesta de informe del anteproyecto de la Ley de Vivienda, después de que el pasado día 14 rechazara la presentada en sesión extraordinaria por el vocal Álvaro Cuesta, exdiputado del PSOE. Ese día se decidió cambiar a los ponentes y volver a estudiarlo.

La decisión del CGPJ, en funciones desde hace más de 1.000 días, provocó que echara por tierra el plazo previsto por el Ejecutivo de Pedro Sánchez para la aprobación de la Ley, que ahora tendrá que esperar, al menos, hasta febrero porque aunque el informe del órgano de los jueces no es preceptivo, sí es obligatorio contar con él antes de aprobar la norma.

En la nota de prensa que emitió el CGPJ el mismo 14 de enero, indicaba que acordaron por quince votos a seis rechazar esa propuesta de informe de Cuesta porque se había aprobado una enmienda a la totalidad redactada por el vocal Enrique Lucas, quien, junto a José Antonio Ballestero, será nuevo ponente.

Fuentes del consejo consultadas señalaban que tanto el anteproyecto como el informe de Cuesta adolecían de un evidente «sesgo ideológico» y avanzaban que el nuevo informe que emitan será crítico con la ley que pretende sacar adelante el Gobierno de coalición y que no contará con el aval del Poder Judicial.

Estas mismas fuentes indican que durante el pleno se ha rechazado que el Estado tenga competencia para aprobar una Ley de Vivienda con ese contenido, y que dado que entienden que no son correctos «múltiples aspectos» del anteproyecto, esto obligaba al órgano de gobierno de los jueves a reelaborar el informe.

COMPETENCIA DE LAS CCAA

Un punto clave en el que discrepan es el relativo a la calificación del derecho a la vivienda como un derecho subjetivo, porque entienden que incorpora «un evidente sesgo ideológico». Según recogía la nota de prensa emitida por el CGPJ, Lucas –vocal que fue propuesto por el PNV– en sus alegaciones señalaba las dudas sobre la competencia del Estado para legislar sobre una materia -el derecho a la vivienda- que la Constitución atribuye a las comunidades autónomas en su artículo 148.1.3º.

El autor de la enmienda advierte de que la propuesta de informe rechazada parte de una idea errónea, cual es el artículo 47 de la Constitución, que garantiza el derecho de todos los ciudadanos a una vivienda digna y adecuada. Recuerda que el informe de Cuesta señalaba que «tiene al Estado como destinatario, si no único sí principal, y que, por tal motivo, la garantía y efectividad de ese derecho solo puede proporcionarla una regulación estatal que ha de ser lo más exhaustiva y dirigista posible porque algo tan importante como la vivienda no puede dejarse en manos de las comunidades autónomas ni ser objeto de tratamientos diferenciados en función de la orientación política mayoritaria de cada una de ellas».

En cambio, el texto aprobado por el Pleno añade que el punto de partida del informe debe ser el artículo 148.1.3º de la Constitución, «que no solo opera como fundamento de las competencias autonómicas, sino que, también, es un límite de las estatales».

EL BORRADOR DE CUESTA

El borrador del informe sobre el anteproyecto de Ley por el Derecho a la Vivienda elaborado por Cuesta indicaba que era un instrumento normativo adecuado para consagrar y dotar de contenido el derecho a la vivienda que recoge la Constitución. No obstante, entendía que se daba una «falta de concreción» en algunos puntos, especialmente en los preceptos que determinan las reglas de intervención de precios del mercado de alquiler de viviendas.

En la nota que emitió el pasado 11 de enero el CGPJ sobre la propuesta de Cuesta añadía, no obstante, que las consideraciones generales que hacía el informe sobre la norma eran «favorables». Y agregaba que dado su carácter «básico», el texto del anteproyecto pretendía garantizar el cumplimiento de este derecho en igualdad de condiciones para todos los ciudadanos españoles, sin perjuicio de las competencias que sobre la materia tengan atribuidas las comunidades autónomas.

En el pleno extraordinario votaron a favor de las alegaciones de Lucas el presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, Carlos Lesmes, y los vocales Roser Bach, José Antonio Ballestero, Ángeles Carmona, Victoria Cinto, Nuria Díaz, Juan Manuel Fernández, Rafael Fernández Valverde, Vicente Guilarte, Enrique Lucas, Carmen Llombart, José María Macías, Juan Martínez Moya, Gerardo Martínez Tristán y Wenceslao Olea. Se han opuesto a estas alegaciones los vocales Mar Cabrejas, Álvaro Cuesta, Clara Martínez de Careaga, Rafael Mozo, Concepción Sáez y Pilar Sepúlveda.

Se da la circunstancia de que Lesmes ha dado positivo en Covid-19 en la semana del 17 al 23 de enero por lo que es posible que deba asistir a este pleno ordinario de manera telemática desde su domicilio. Todo dependerá de su evolución, pero el presidente, con la pauta de vacunación completa, sólo presenta sintomatología leve.