El diputado 'popular' Luis Santamaría ha avanzado este martes en la Comisión de Justicia del Congreso que el PP no negociará la aprobación parlamentaria de la nueva Ley de Enjuiciamiento Criminal (LeCrim), que quita la investigación penal a los jueces para dársela a los fiscales, mientras la fiscal general del Estado sea Dolores Delgado, por considerar que ejerce de "quintacolumnista" del Gobierno.

"El grupo parlamentario 'popular' no negociará la LeCrim mientras usted sea la fiscal general del Estado", ha dicho Santamaría en el marco de la comparecencia de Delgado ante la Comisión de Justicia de la Cámara Baja para presentar las memorias del Ministerio Público correspondientes a los años 2017, 2018 y 2019, como ya hiciera la semana pasada en el Senado.

A renglón seguido, ha querido aclarar que ello no obsta para que sea "absolutamente preceptiva" una reforma del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal que garantice la autonomía de los futuros fiscales instructores, anticipando ya que el PP no es partidario de que dicho cambio se lidere desde la Fiscalía General del Estado (FGE) y abogando por la creación de grupos de trabajo en los que participen todas las fuerzas políticas y todos los fiscales sea cual sea su ideología.

Santamaría ha espetado directamente a Delgado que "el PP no cree en la labor que desempeña". Así, la ha acusado de no ejercer el cargo de forma imparcial debido a su pasado como diputada socialista y como ministra del Justicia, llegando a calificarla de "quintacolumnista" del Gobierno y de una de las más leales servidoras tanto del presidente, Pedro Sánchez, como del "señorío de Galapagar".

A este respecto, ha echado en cara a Delgado que la Fiscalía del Tribunal Supremo frenara las querellas y denuncias presentadas contra el Gobierno por su gestión de la pandemia, que el Ministerio Público no recurriera el tercer grado de los condenados por el 'procès' hasta después de las elecciones catalanas del 14-F o que permanezca en "estado de letargo invernal mientras las calles de España arden".

El diputado 'popular' también ha recriminado a Delgado su "silencio atronador" sobre determinadas cuestiones y, en este sentido, ha aseverado que "la Fiscalía protege a Podemos" y ha sacado a relucir al comisario jubilado y en prisión provisional José Manuel Villarejo para urgirla a que aclare cuántos miembros del Gobierno han tenido relación con él.

INVESTIGACIONES AL REY EMÉRITO

El resto de la oposición se ha hecho eco de las acusaciones de parcialidad contra Delgado. Edmundo Bal, de Ciudadanos, ha expuesto que la nueva LeCrim da "un poco de miedo a la mayor parte de los juristas" pero no porque los fiscales instruyan sino por quién dirige la FGE. En la misma línea, Javier Ortega Smith (Vox) ha afeado a Delgado que se declarara "orgullosa" de su trabajo: "La realidad es que quienes no estamos orgullosos de la Fiscalía somos los españoles".

Sin embargo, la oposición también han señalado otros asuntos. Carolina Telechea (ECR) o Isabel Pozueta (Bildu) han interrogado a Delgado acerca de las diligencias de investigación de la Fiscalía del Supremo sobre el Rey emérito. "¿La Justicia es igual para todos o hay una doble vara de medir?", ha preguntado esta última al interesarse sobre la segunda regularización fiscal de Juan Carlos I.

Desde las propias filas del Gobierno, el diputado de Unidas Podemos Enrique Santiago ha expresado su "absoluta sorpresa" por la "falta de acción" que, a su juicio, está demostrando el Ministerio Público ante los presuntos delitos económicos cometidos por el ex monarca. "Consideramos que la Fiscalía debe judicializar esa investigación ya", ha reclamado, argumentando que las pesquisas ya están "nutridas" por "numerosos indicios" de la propia investigación y de la prensa.

LEY DE LIBERTAD SEXUAL

Por contra, Santiago ha aplaudido que la jefa de la Fiscalía haya hecho una "valoración positiva" del anteproyecto de la ley orgánica de libertad sexual que ha diseñado el Ministerio de Igualdad de Irene Montero por contemplar el consentimiento como "elemento esencial" del tipo penal, y ha cargado contra el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) por criticar este punto cuando la declaración de la víctima es "prueba esencial" en el proceso penal español.

En cambio, Mikel Legarda, del PNV, ha llamado la atención sobre el hecho de que Delgado se ha pronunciado "de una manera muy entusiasta" sobre este anteproyecto de la ley, a pesar de que ha recibido un duro revés del CGPJ. "Usted ha hecho una referencia que me ha sonado a 180 grados de lo que hemos leído del CGPJ", le ha indicado, recordando que el órgano de gobierno de los jueces criticó que se pretenda definir el consentimiento en el tipo penal: "El no es no o el sí es sí".

Asimismo, el parlamentario vasco ha pedido a Delgado que explique por qué considera que en España hay un "alto grado de exigencia probatoria" de estos delitos en los tribunales. Todo ello, ha recalcado, le ha sonado a "densa crítica al CGPJ".

"LA FISCALÍA ESTÁ INSTALADA EN LA REPRESIÓN"

Además, Legarda ha denunciado que "la Fiscalía ejerce a veces una justicia justiciera y en otros casos una justicia elusiva", poniendo como ejemplo el 'procès' y acogiendo en cierta medida los argumentos vertidos poco antes por Alonso Cuevillas, de Junts, que ha acusado al Ministerio Público de "afinar para los amigos y ensañarse con los enemigos".

Desde el independentismo catalán también han reprochado a Delgado que la FGE haya recurrido el tercer grado de los presos del 'procès', insistiendo en que son "presos políticos" condenados en un juicio injusto. "La Fiscalía está instalada en la represión", ha afirmado Cuevillas, advirtiendo de que eso provocará que cada día haya más republicanos en España y más independentistas en Cataluña.

Finalmente, el diputado del PSOE Francisco Aranda Vargas ha agradecido la información aportada en las Memorias desgranadas en este trámite, correspondientes a años en las que Delgado aún no era fiscal general. Ha añadido que ha tenido un 'deja vú' al escuchar las manifestaciones de los diputados de la "derecha tramontana" por sus ataques personales a Delgado, de quien ha destacado sus méritos para ocupar el cargo, resaltando su "profesionalidad e imparcialidad".

El diputado socialista también ha acusado al los miembros del PP de no ser patriotas, pues han pasado "de diputados de Estado" a diputados de bloqueo, en clara alusión a la falta de acuerdo para la renovación de los vocales del Consejo General del Poder Judicial.

La ministra de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, Arancha González Laya, ha reafirmado este martes el empeño de España en erradicar la trata de seres humanos y el compromiso del Gobierno para abordar este tema con los países aliados para lograr atajar este problema.

Así lo ha indicado la jefe de la diplomacia española durante la clausura del I Seminario Internacional sobre trata de seres humanos, celebrado durante el lunes y este martes en el Palacio de Viana y que ha reunido a más de un centenar de asistentes de manera presencial y virtual durante estas dos jornadas.

En su intervención, González Laya ha apelado a poner fin a la trata, calificada como "la esclavitud de nuestro tiempo", y ha reafirmado el compromiso de España a plantear este tema entre países aliados, tanto en Naciones Unidas como bilateralmente, además de trabajar conjuntamente con el sector privado.

A pesar de ser un fenómeno muy diverso, la trata con fines de explotación sexual sigue siendo la forma más extendida de trata, representando un 50 por ciento del total, seguida de la trata con fines de explotación laboral con un 38 por ciento del total.

El seminario fue inaugurado por la secretaria de Estado de Asuntos Exteriores y para Iberoamérica y el Caribe, Cristina Gallach, con un coloquio en abierto con Mabel Lozano, conocida activista en materia de lucha contra la trata y directora de cine.

Durante los dos días de encuentros, expertos internacionales de Naciones Unidas, la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE), el Consejo de Europa, los Ministerios del Interior, Igualdad, Justicia, Trabajo, universidades, empresas y representantes de la sociedad civil, han debatido sobre tres ámbitos específicos y estratégicos en la lucha contra la trata de seres humanos: los flujos financieros, las cadenas internacionales de suministros y las nuevas tecnologías.

Los expertos han analizado los instrumentos financieros que utilizan las mafias de tratantes para mover e invertir las enormes ganancias generadas por esta actividad criminal y, en concreto, cómo y por dónde se mueven estos flujos de dinero en el ámbito internacional, sugiriendo nuevas fórmulas para su mejor detección y ulterior confiscación.

Asimismo, se han analizado las vulnerabilidades en las cadenas de suministros en el sector empresarial para generar buenas prácticas aplicables en las contrataciones y subcontrataciones de empresas en sectores clave como el textil, la construcción o la agricultura.

Por último, los expertos han analizado el auge en el uso de las nuevas tecnologías para la captación de víctimas de la trata, sobre todo en el ámbito de la explotación sexual, que ha experimentado un incremento sin precedentes desde el inicio de pandemia de la COVID-19. También se ha estudiado la otra perspectiva, es decir, cómo las nuevas tecnologías pueden servir para la detección precoz de tanto las mafias tratantes como de potenciales víctimas.

El director gerente del Hospital Clínico San Carlos, José Soto, ha aclarado que se vacunó frente al coronavirus en la última fase de la vacunación desarrollada en el centro y ha defendido la vacunación de 627 jubilados por "la necesidad de administrar dosis de vacunación con perentoriedad inmediata".

Soto ha comparecido en la Comisión de Sanidad a petición del diputado Socialista José Ángel Gómez-Chamorro, quien le ha pedido la dimisión por haberse "saltado los protocolos" de vacunación, por "desviar" vacunas a los jubilados.

Soto ha explicado que el 7 de enero, tras haber realizado una campaña divulgativa del inicio de la vacunación en el centro, se abrieron dos agendas diferenciadas, una preferente para los profesionales más expuestos y otra no preferente para el resto de profesionales del hospital, de servicios externalizados y personas con presencia autorizada en el centro, como estudiantes o voluntarios de asociaciones como la Asociación de Jubilados del Hospital Clínico San Carlos.

El 9 de enero comenzó el proceso de administración de las primeras dosis a los profesionales preferentes, habiendo realizado la petición de viales a salud pública conforme al protocolo establecido, ha precisado.

A continuación, ha señalado que los días 15, 16 y 17, viernes, sábado y domingo, en los turnos de tarde, se produjo un "escaso número de solicitudes de cita, generándose un volumen muy significativo de recursos inactivos y un volumen muy elevado de viales dispuestos para su preparación y administración antes del lunes 18 de enero".

Según ha relatado, "ante la previsión de ocupación real de las agendas y la caducidad de los viales, se inició un llamamiento planta a planta de hospitalización de posibles candidatos para ser vacunados voluntariamente, sin obtenerse un número suficiente como para consumir las dosis pendientes", por lo que "se siguió facilitando la posibilidad de vacunarse a otros profesionales presentes en el centro o profesionales interesados que quisieran acudir".

Se incluyó a personal de las empresas adjudicatarias de los servicios externalizados y grupos de voluntariado entre los que se incluye la Asociación de Jubilados, que "interpretaron mal el sentido de la posibilidad habilitada exclusivamente para aquellos miembros asociados con tarjeta de presencia autorizada como voluntario, extendiendo el llamamiento a otros compañeros jubilados incluso no asociados".

Esto produjo un "desbordamiento de la capacidad de las agendas y la consecuente confusión inicial de todos los implicados en la organización del proceso de vacunación, que hasta ese momento se venía desarrollando con absoluta normalidad".

"Al conocer esta circunstancia, la dirección del hospital dio la instrucción de detener la vacunación de todo aquel que no estuviera en el grupo de profesionales autorizados, reordenando el flujo de vacunación, sin que perturbara el normal desarrollo de vacunación de sus profesionales", ha proseguido Soto, quien ha defendido que "la necesidad de administrar dosis de vacunación con perentoriedad inmediata exigió adoptar medidas extraordinarias".

Así, ha precisado que al final de esas semana el hospital administró la primera dosis a 5.160 profesionales que prestaban servicio en el centro, y 627 jubilados, 181 facultativos y 314 no facultativos, y 132 los jubilados no sanitarios, "consumiéndose en tiempo la totalidad de las vacunas preparadas".

"A día de hoy y ya completada la primera fase con la segunda dosis de los 5.160 iniciales, se ha finalizado la primer dosis de los 1.835 inscritos en la segunda fase, que voluntariamente solicitaron su cita hasta el 22 de febrero de 2021 una vez resuelta la falta de suministro que cortó el proceso a mediados de enero", ha agregado, para aclarar que "el gerente se ha vacunado en esta última fase, como muestra el certificado de vacunación oficial", en concreto el 24 de febrero de 2021.

"No me vacuné de la segunda dosis el 7 porque no había sido vacunado de la primera ni me citaron siquiera", ha recalcado Soto, quien ha señalado que está pendiente de concluir la segunda dosis de los vacunados en la segunda fase tras la reanudación del suministro de vacunas y ha pedido "respeto, comprensión y, sobre todo, ayuda para seguir mejorando las vidas de los ciudadanos".

El Gobierno de Aragón ha confirmado 141 nuevos positivos de coronavirus SARS-CoV-2, correspondientes a los resultados de 2.017 pruebas diagnósticas, conocidos este lunes, 1 de marzo, y cuenta con 367 camas ocupadas por pacientes con la COVID-19, 76 en UCI y 291 en planta.

Según los datos definitivos publicados en el Portal de Transparencia del Ejecutivo autonómico, en Zaragoza, se han declarado 98 casos, en Huesca, 38, y en Teruel, tres, más dos en los que no ha sido posible identificar la provincia. Las altas epidemiológicas han sido 605.

Por municipios, la capital aragonesa ha comunicado 72 contagios; Huesca, 11; Ejea de los Caballeros, cuatro; Monzón, tres; Fraga, dos; y uno Barbastro, Teruel, Calatayud y Tarazona.

Por zonas de salud, la que más positivos ha registrado ha sido la de Lafortunada, con 14; seguida por Avenida Cataluña, con 11; Maella, con siete; Santo Grial, en Huesca capital, con seis, y Actur Norte y Santa Isabel, con cinco cada una. Además, han comunicado cuatro casos Arrabal, Ejea de Los Caballeros, Perpetuo Socorro, Sagasta-Ruiseñores, San Pablo y Venecia.

De las 2.017 pruebas diagnósticas, 1.162 han sido PCR y 855 test antígenos. La positividad representa el 6,99 por ciento y los asintomáticos, el 41 por ciento. Las pruebas realizadas a pacientes en las últimas 24 horas se han elevado a 2.825, de ellas, 1.660 PCR, 867 de detección de antígenos, 273 pruebas serológicas y 25 test rápidos de anticuerpos.

HOSPITALIZACIÓN

Aragón dispone de 1.348 camas de hospitalización libres, 82 de UCI con respirador, 12 de UCI sin respirador y 1.254 de hospitalización convencional.

Respecto a la distribución de los pacientes con la COVID-19, en la capital aragonesa, en centros públicos, hay 58 en el Hospital Royo Villanova, diez de ellos en UCI; 15 en el Nuestra Señora de Gracia, cuatro en UCI; 91 en el Servet, 28 en UCI; siete en el Militar, y 70 en el Clínico, 21 en UCI.

En centros privados, en el Hospital MAZ hay una persona --en la UCI--; en la Clínica Montecanal, tres; en la Montpellier, dos; en el Hospital Quirón, cinco, dos en UCI; en el San Juan de Dios, dos, y en el Hospital H.C. Miraflores, una.

En la provincia, en el C.S. Ejea-Cinco Villas se ha contabilizado un ingreso y en el Hospital Ernest Lluch de Calatayud, 13. En Huesca, en el Hospital San Jorge, 19, tres en UCI; en el Hospital de Barbastro, 20, dos en UCI; y en el C.S. Fraga-Bajo Cinca, uno. En Teruel, en el Hospital Obispo Polanco, 33, cinco en UCI; en el Hospital San José, tres, y en el de Alcañiz, 13.

SITUACIÓN VACUNACIÓN

Aragón ha administrado 133.553 dosis de la vacuna contra la COVID-19, el 82,5 por ciento con respecto a las disponibles. De ellas, 48.037 son segundas dosis y se mantiene un stock de 3.500 dosis como remanente para garantizar la continuidad del programa de vacunación en caso de retraso en el suministro.

La Conferencia Episcopal Española ha achacado el incremento en el número de declaraciones a favor de la Iglesia católica "en pleno escenario de pandemia" (106.259 más que el año anterior), al "reconocimiento de los contribuyentes del bien que la Iglesia supone para la sociedad".

"El incremento de declaraciones a favor de la iglesia nos parece que se debe fundamentalmente al reconocimiento por parte de los contribuyentes del bien que la Iglesia supone para la sociedad", ha precisado, el director de la oficina para el sostenimiento de la Iglesia de la Conferencia Episcopal Española, Miguel Ángel Jiménez.

A su juicio, "ha habido muchas personas que han sabido ver la presencia de la Iglesia también en este tiempo de COVID".

"Ha habido una gran iniciativa y mucha creatividad en las parroquias, tanto que ha permitido que muchas personas descubran a la Iglesia real, la que ofrece esperanza y sentido, la que se entrega, da desinteresadamente esperanza y ayuda", ha subrayado.

Además, ha añadido que "ha habido muchos sacerdotes acompañando en la enfermedad y en el duelo" y también "la Iglesia ha seguido atendiendo a drogodependientes, a los sin hogar, y Cáritas no ha dejado de seguir realizando su labor".

"Las parroquias han seguido inventando y teniendo iniciativas creativas para atender de mil maneras distintas, para seguir celebrando la eucaristía, rezando; ha habido iniciativas con voluntarios de apoyo psicológico; jóvenes en las parroquias ofreciéndose para llevar la compra a los mayores", ha remarcado.

En segundo lugar, sobre el incremento del dinero recaudado del 0,7% del IRPF, que ha aumentado hasta los 301 millones de euros, 16,6 millones más que el año anterior, explica que está en relación directa a la situación de la economía.

"Es decir, cuanto mejor va la economía, mayor es el 0,7% de aquellos que marcan la casilla de la Iglesia. Y al contrario: cuando un contribuyente ingresa menos dinero su, su 0,7% es menor", matiza.

Por ello, en la recaudación de este año no se refleja la pandemia, porque los datos económicos se refieren al ejercicio de 2019. Si bien, Jiménez apunta que "es previsible que el año próximo la situación económica esté más debilitada" y "también el 0,7% será menor".

El hombre de 48 años detenido en Torrejón de Ardoz por presuntamente matar a su expareja en el bloque de viviendas donde trabajaba como conserje y limpiadora no tenía antecedentes ni órdenes de alejamiento en vigor, han indicado fuentes policiales.

Los hechos ocurrieron sobre las 10 de la mañana de este lunes cuando a través del 091 se recibió una llamada que informaba de una mujer herida por arma blanca estaba malherida en el rellano de la escalera del cuarto piso de un edificio situado en el número 86 de la avenida Constitución de Torrejón de Ardoz.

Los sanitarios del Summa-112 han llegado al lugar pero solo han podido certificar la supuesta muerte de la víctima de violencia de género, una mujer de 46 años, que estaba desangrada y sin posibilidad de reanimación, ha indicado un portavoz de Emergencias Comunidad de Madrid.

Los agentes de seguridad ciudadana han acordonado el lugar para que se pudiera prestar correctamente la asistencia sanitaria y proteger la escena del delito. Allí, han comprobado que la difunta, Mari Carmen, trabajaba en varios portales de la zona donde fue asesinada realizando tareas de consejero, mantenimiento y limpieza.

De hecho, era muy apreciada por los vecinos, que la han homenajeado con un fuerte aplauso cuando a las 14 horas ha salido su cuerpo tras el levantamiento judicial. "Era muy servicial y te echaba una mano para lo necesitabas. Era muy maja, muy maja. No tenía pereza para nada. Se va una persona buenísima y es una pena", ha afirmado Victoria, una vecina.

La Policía ha detenido al presunto autor de los hechos cerca del conocido Parque Europa, a unos minutos andando del lugar. Entonces, le han colocado sobres protectores en las manos del arrestado para preservar pruebas del presunto homicidio, ya que podría tener heridas defensivas provocadas por la víctima.

Por otro lado, integrantes de Policía Científica se encontraba esta tarde llevando a cabo la inspección ocular técnico policial junto con agentes del Grupo V de Homicidios que se han hecho cargo de la investigación. El apresado, tras pasar por la comisaría de Torrejón, ya se encuentra en las dependencias de la Jefatura Superior de la Policía de Madrid para su toma de declaración.

El detenido no tiene antecedentes ni ninguna medida de alejamiento sobre su expareja. La mujer no había informado ni denunciado ningún episodio de malos tratos en el Punto Municipal de Violencia de Género y no había ningún expediente sobre ella, han indicado fuentes municipales.

Víctima y presunto asesino estamos empadronados en Torrejón de Ardoz, en dos domicilios diferentes aunque cercanos. Ambos estaban separados y tenían dos hijos en común, uno de 21 y otro de 17 años. El primero vivía con la madre en la misma avenida de la Constitución y el segundo con el padre. La misma vecina ha explicado que la separación de su marido había sido "bastante mala y un poquito dura" y que su exesposo "no le pasaba pensión".

En caso de confirmarse como un nuevo caso mortal de violencia de género, sería el tercer asesinato machista en la región este año y el cuarto en toda España, en lo que va de año. En Torrejón sería el segundo crimen machista en poco más de dos meses, tras el ocurrido el día de Nochevieja.

La Audiencia Nacional comienza este miércoles a juzgar a los siete miembros de un grupo organizado en España que enviaba material de guerra, dinero y componentes de explosivos a Siria e Irak por encargo del DAESH, que les llegó a pedir diez toneladas de uniformes militares. Fiscalía pide penas de prisión de entre 13 y 28 años para los acusados.

La Sección Primera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ha programado once sesiones, que se alargarán hasta el próximo 15 de abril, para juzgar a los acusados de delitos de pertenencia a organización terrorista, financiación del mismo y blanqueo de capitales, que fueron procesados en febrero de 2017.

El escrito de acusación provisional de la Fiscalía relata que Ammar Termanini, a través de su empresa Tigre Negro, lideraba una red que "enviaba contenedores de mercancías por vía marítima al puerto turco de Mersín, para posteriormente ser transportadas en camiones hasta el puesto fronterizo con Siria de Bab al Hawa, declarando en los documentos de los envíos que la mercancía era ropa y calzado de segunda mano".

En realidad, señala el Ministerio Público, con la supuesta venta de ropa usada, Termanini ocultó el envío de "material militar, dinero, equipos electrónicos y de transmisiones, así como componentes de explosivos y armas de fuego, que han acabado en las manos de las organizaciones terroristas que operan en zonas de conflicto en Siria e Irak, singularmente: Jabhat al Nusra y Estado Islámico".

Según explica el escrito, para poder introducir estos envíos en zonas en guerra, la red contaba con otros miembros asentados en otros países, como Siria, Egipto o Turquía, que se encargaban de la logística. Estas personas entregaban y distribuían la mercancía entre los grupos yihadistas, y que les permitía conocer cuales eran sus demandas y atender las mismas.

FINANCIACIÓN DE GRUPOS TERRORISTAS

De este modo, se financiaban las organizaciones terroristas, ya estas exportaciones suponen una fuente de ingresos para las mismas, puesto que imponen los impuestos y gravámenes en su zona geográfica de influencia por conceptos diversos, tales como mercancías que transitan por sus territorios, que se adquieren y/o se venden bajo concepto de seguridad, apostilla el Ministerio Público.

El escrito de acusación provisional concreta que Termanini utilizaba su empresa para dar cobertura legal a los envíos y que la mercancía viajaba oculta en 'balas' de ropa usada, las cuales se cerraban y precintaban con máquinas. Éstas se situaban en la parte delantera de los contenedores, colocando a continuación las bolsas de ropa y calzado de segunda mano, para que fuera lo primero que se viera en caso de inspección.

Por todo ello, el Ministerio Público pide para Ammar Termanini la pena de 28 años de cárcel por los delitos de pertenencia a organización terrorista, financiación de organización terrorista, blanqueo de capitales, enaltecimiento del terrorismo y tenencia de arma de fuego reglamentada.

La acusación también se dirige a Nourdine Chikar Allal, Simón Richart Lucas, Mohamed Abu El Rub Karima por sufragar los costes de los envíos de mercancías que hacía el líder de la célula, por lo que el fiscal interesa 23 años de prisión para cada una de ellas por los delitos de pertenencia a organización terrorista, financiación de grupo terrorista y blanqueo de capitales.

El Ministerio Público describe a estos acusados como "prestamistas o socios, mediante inversión de capital" de Termanini, cuyo función era financiar la actividad del líder de la organización y así evitar que éste recurriera al sistema bancario tradicional, por el que se vería sometido a controles legales.

BLANQUEO A TRAVÉS DEL SISTEMA 'HAWALA'

"Disponen de importantes sumas de dinero en efectivo", cuya procedencia son distintas: en el caso de Simon Richart Lucas, la Fiscalía señala que nace de sus actividades como empresario, mientras que en el de Mohamed Abu El Rub Karima indica que el origen es su negocio de intermediación como 'hawaladar'.

'Hawala' significa transferencia en árabe y es un método basado en instrucciones orales entre personas de confianza con el que se saltan los controles de las autoridades e impidiendo la trazabilidad de las operaciones, según explica la Fiscalía.

En cuanto a Nourdine Chikar, el Ministerio Público señala que facilitó la utilización del entramado de sus empresas textiles,así como sus contactos personales por todo el mundo para que Ammar Termanini pudiera realizar sus exportaciones de material a Siria e Irak, "siendo su labor esencial proveerle de esa financiación en especie para realizar los envíos".

Además, afirma que las cuentas de sus empresas experimentaron en poco tiempo un "gran incremento patrimonial, fundamentalmente mediante ingresos en efectivo (cerca de 10.000.000 euros en tres años) y transferencias provenientes de empresas radicadas en países con férrea legislación respecto al secreto bancario (Suiza), cuyo objeto social difiere totalmente de la importación-exportación de ropa de segunda mano".

OTROS MIEMBROS DEL GRUPO

La Fiscalía también solicita 23 años de prisión para otros dos miembros de la organización y personas de "confianza" de Temanini: Ahmed Assiali y Mohamed Arfan Zibak. El primero, trabajador de la empresa Tigre Negro, era el encargado de "clasificar" la ropa, organizar el empaquetado en "balas" de diferentes colores con mensajes serigrafiados según el contenido de su interior, en clara referencia a prendas y uniformes militares.

El segundo, quien llamaría "jefe" a Termanini, habría participado de "forma activa y frecuente" en la organización, realizando una serie de transferencias de dinero a diferentes países que nada tienen que ver con la explotación de su negocio de kebab. El Ministerio Público destaca que este acusado además tenía anotaciones manuscritas de esas transferencias con nombres que han aparecido a lo largo de la investigación relacionados con Ammar Termanini, y con el envío de 20.000 uniformes militares a la organización terrorista DAESH.

Por último, Hitham Saka Al Kasm, para quien se pide 13 años de cárcel por financiación de organización terrorista y blanqueo de capitales, ejerció "un importante papel dentro de la estructura deenvío de material realizada a través de Tigre Negro", dice la Fiscalía.

El escrito apunta que este acusado se convirtió en un "recurso habitual para la gestión de los pedidos realizados por las organizaciones terroristas que operan en Irak y Siria", en cuanto se refiere a la consecución de los uniformes o el encargo de yodos y fosfatos que servirían como precursores para la fabricación de explosivos.

CONVERSACIONES TELEFÓNICAS Y MENSAJES EN FACEBOOK

Por otro lado, el escrito de acusación provisional también detalla las imágenes almacenadas en los dispositivos intervenidos a Termanini, en las que éste aparece en Siria portando armas de guerra junto con otros individuos también armados; o los mensajes publicados en la red social Facebook que demostrarían la "extrema ideología yihadista y sus vínculos con las organizaciones terroristas".

A ello añade que el líder del grupo, en sus conversaciones telefónicas, afirma tener los contactos y recursos necesarios para que "pisen el cuello" a la familia de su exmujer, lo que para el fiscal demuestra "las buenas relaciones, cuando no la propia integración en la mencionada Organización terrorista Frente al Nusra, que es quien controla su 'pueblo'".

La Sección Octava de la Audiencia Provincial de Oviedo con sede en Gijón ha condenado a siete años y tres meses de cárcel a un sacerdote jesuita del colegio de la congregación en Gijón como autor responsable de un delito continuado de abuso sexual, con prevalimiento y acceso carnal. Fue superior de los jesuitas riojanos.

Concurre en este caso la atenuante de disminución del daño, según la información facilitada por el Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA).

Además de la pena de cárcel, se le condena a inhabilitación para el desempeño de actividades docentes y de cualquier otra relacionada con menores de edad, con una duración de 6 años; prohibición de aproximarse a una distancia de 500 metros, en cualquier lugar en el que ésta se encuentre, su domicilio y lugar de trabajo, y prohibición de comunicar con la víctima por cualquier medio durante el plazo de siete años y tres meses.

También se le condena a la prohibición de comunicarse con la víctima por cualquier medio durante el plazo de 7 años y 3 meses y se le impone la medida de libertad vigilada, por tiempo de cinco años y tres meses, posteriores al cumplimiento de la condena.

La sentencia, que puede ser recurrida en apelación ante la Sala Civil y Penal del TSJA, contempla una indemnización a la víctima en concepto de responsabilidad civil de 15.000 euros.

Para el Tribunal, el testimonio de la víctima ha sido "persistente" y descarta que haya denunciado al ahora condenado con ánimo de venganza.

A esto se añade el testimonio de una amiga de la menor, testigo en ocasiones de la relación entre ambos, y el de una prima, a la que la víctima le contó lo que pasaba.

La madre de la menor, por su parte, contó como su hija había sido buena estudiante hasta segundo de Bachillerato, cuando dio un "bajón" e incluso estuvo a tratamiento por depresión.

Además, relató un episodio en el que el sacerdote llegó a 'enfrentarse' a ella por teléfono porque quería que su hija se viera con él. La madre también había llegado a alertar al colegio de la 'extraña' relación de amistad entre ambos, si bien en el centro le quitaron importancia.

En cuanto al acusado, reconoció en el juicio que había mantenido relaciones sexuales con la víctima, pero solo desde que esta cumplió los 16 años; "posiblemente pensando que esto pudiera favorecerle penalmente", dice la sentencia.

También hace hincapié el fallo judicial en que este había dejado escrito en sus cartas, fechadas en julio de 2012, estas relaciones, con frases como: "desde febrero esto estaba herido de muerte. Y sin embargo me acosté contigo"; o "No hay historia de amor en el mundo más bonita que la nuestra".

La sentencia habla de "superioridad manifiesta" por la diferencia de edad que media entre ambos (24 años), con la consiguiente desigualdad de madurez y bagaje vital de uno y otra; De la posición que cada uno ocupaba en el centro escolar donde se entabló y desarrolló esa relación; y de la temprana edad de la menor, 13 años, en la que comenzó a realizar actos de contenido sexual con ella.

DESDE LOS 12 AÑOS

De acuerdo al fallo judicial, el sacerdote y profesor, en el curso escolar 2006/2007, cuando contaba 36 años, conoció a la alumna de primero de Educación Secundaria Obligatoria (ESO), de 12 años.

Al inicio del curso 2007-2008, estando en segundo de la ESO, laniña empezó a frecuentar el espacio conocido como 'Llar', destinado por el colegio al uso creativo y educativo del tiempo libre, entablándose entre ambos una relación cordial.

En aquella época la víctima, con 13 años, la menor atravesaba un momento difícil, pues estaba próximo el juicio de divorcio de sus padres y debía declarar.

Aprovechando esas circunstancias, el procesado se convirtió en un adulto de referencia para ella, teniendo un trato agradable, mostrándose muy comprensivo y haciendo que se sintiera una persona muy especial.

Además, sabedora de que mantenía conversaciones por medios informáticos con alumnos del curso, le solicitó ser agregada a su Messenger, intercambiándose ambos sus direcciones de correo electrónico.

Por este medio, comenzaron a tener diariamente largas conversaciones privadas en las que el acusado le decía frases inapropiadas, tales como "que la quería" "que no era de piedra" y la llamaba "solete" y "princesa".

En el curso 2008-2009, estando ella en tercero de la ESO, el jesuita fue destinado a Méjico y antes de marcharse (en septiembre de 2008), a modo de despedida y aprovechando la inmadurez emocional y situación de ascendencia creada sobre ella, se vio con esta en el 'Llar', donde, con ánimo libidinoso, la besó en los labios en dos ocasiones, en días distintos. Previamente, y más de una vez, en su despacho, le había acariciado los glúteos por encima de la ropa y besado en el cuello.

Durante su ausencia, le contó su historia a una amiga, pidiéndole que guardase silencio. También le dijo que se habían besado en la boca a su prima. Además, siguió comunicándose por correo electrónico y telefónicamente con él.

En mayo de 2009, el sacerdote regresó de Méjico, y ya finalizado el curso, en los meses de mayo y agosto, facilitó a la víctima, que tenía 14 años, el acceso al 'Llar' y a su despacho, lugares donde se besaban y acariciaban, recibiendo ella tocamientos en senos y glúteos por encima de la ropa.

También quedaban al anochecer para verse en el parque de Isabel la Católica o a pasear por el Muro de San Lorenzo o por el Puerto Deportivo de Gijón.

El 14 de agosto de 2009, noche de los fuegos artificiales, estuvieron viendo el espectáculo pirotécnico junto a la amiga de la víctima, la cual vio como el sacerdote abrazaba por detrás y besaba en la mejilla a la menor.

A finales del mes de agosto de 2009, fue trasladado a La Coruña. Desde allí realizó diversos viajes a Gijón en los que se vio con la menor.

Contando la adolescente con 15 años de edad, en lugares retirados como el Área Recreativa de Deva o la Providencia de Gijón, en el interior del coche de el acusado, mantuvieron relaciones sexualesconsistentes en masturbaciones mutuas.

Durante el curso académico 2010-2011, cursando primero deBachiller, continuaron relacionándose de forma clandestina en Gijón. También se vieron en los Encuentros de Pascua celebrados enVillagarcía de Campos (Valladolid), besándose apasionadamente en lahabitación en presencia de su amiga.

El 31 de octubre de 2011, cursando ya segundo de Bachiller, con 17años de edad, el acusado mantuvo con ella una relación sexual con penetración.

En febrero de 2012, la menor intentó romper la relación amorosa con el procesado, pero no le fue posible por la dependencia emocional tan grande que le unía a él.

Sobre el mes de mayo o junio de ese año, volvió·a intentar dejarlo, iniciando la joven en el mes de julio una relación sentimental con su actual pareja. No obstante, el jesuita le empezó a enviar cartas, y hasta el mes de septiembre siguieron teniendo encuentros de carácter sexual.

A consecuencia de estos hechos, la víctima la sufre un trastornode tipo Ansioso-Depresivo, encontrándose en la actualidad a tratamiento.

El 14 de marzo de 2019, estando destinado el acusado en Logroño, fue denunciado en Comisaría por conductas inapropiadas con una alumna del Colegio Sagrado Corazón de la citada localidad.

Actualmente, tiene abierto un expediente de investigación previa en la Compañía de Jesús, en el que se han adoptado como medidascautelares tales como: Desconectar su perfil de cualesquiera de las posibles redes sociales en las que esté activo; o Prohibición de mantener trato con menores directamente o por cualquier medio digital; y prohibición de ausentarse de la comunidad de Madrid-Cantoblanco sin permiso expreso del superior de la Comunidad.

Con anterioridad a la celebración del juicio oral, el procesado consignó la cantidad de 3.000 euros para pago de la responsabilidad civil.

El Consejo de Ministros en su reunión de este martes ha autorizado a seis Comunidades Autónomas a formalizar operaciones de deuda a largo y corto plazo. En concreto, permite a Andalucía, Castilla-La Mancha, Galicia y Baleares a formalizar operaciones de duda a largo plazo; a Aragón, a corto plazo y a Extremadura autoriza dos acuerdos para permitir operaciones a corto y largo plazo.

Tales autorizaciones se efectúan en cumplimiento del artículo 14 de la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas y del artículo 20 de la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera.

En el caso de Andalucía, el Consejo de Ministros le ha autorizado a formalizar operaciones de deuda a largo plazo por un importe máximo de 2.870 millones de euros. Esa cantidad irá destinada a cubrir las necesidades de financiación a largo plazo en mercados financieros, previstas en el Plan Plurianual de Endeudamiento de la Comunidad para 2021 dentro de las necesidades de financiación previstas en dicho Plan que no se financiarán con cargo al compartimento Facilidad Financiera del Fondo de Financiación a Comunidades Autónomas.

Esta comunidad autónoma tiene intención de formalizar el endeudamiento a largo plazo previsto para 2021, combinando la financiación con cargo al Fondo de Financiación a Comunidades Autónomas con la captación de recursos a través del mercado de capitales y de préstamos bancarios.

En cuanto a Castilla-La Mancha, se le ha autorizado para acometer operaciones de deuda a largo plazo por un máximo de 2.500 millones. Estas operaciones tienen como finalidad refinanciar préstamos formalizados con cargo al Fondo de Financiación a Comunidades Autónomas, con el objetivo de conseguir un ahorro de gastos financieros para la comunidad autónoma.

El Gobierno ha autorizado además a Galicia a formalizar operaciones de deuda a largo plazo por un importe máximo de 1.828,4 millones de euros. De este importe, en su mayor parte, 1.572,3 millones, se destinarán a financiar los vencimientos de deuda que no supondrán un aumento del endeudamiento de la comunidad.

En cuanto a Baleares, el Gobierno ha autorizado a esta comunidad autónoma a formalizar operaciones de deuda a largo plazo por un máximo de 1.000 millones de euros. Estas operaciones tienen como finalidad refinanciar préstamos formalizados con cargo al Fondo de Financiación a Comunidades Autónomas con el objetivo de conseguir un ahorro de gastos financieros para esta comunidad.

EXTREMADURA Y ARAGÓN

El Consejo de Ministros ha autorizado dos acuerdos relacionados con Extremadura. En uno de ellos se autoriza a Extremadura para formalizar préstamos a largo plazo por un máximo de 847,8 millones, que tienen como finalidad refinanciar préstamos formalizados entre 2017 y 2018 con cargo al Fondo de Financiación a Comunidades Autónomas, con el objetivo de conseguir una reducción de costes financieros para este territorio.

Asimismo, ha solicitado autorización para concertar préstamos hipotecarios a largo plazo por la empresa URVIPEXA S.A.U., perteneciente al grupo de entes públicos de la comunidad, para la construcción de viviendas de protección oficial, por importe de un millón de euros.

Mediante el segundo acuerdo que atañe a la comunidad extremeña, el Gobierno permite formalizar operaciones de deuda a corto plazo por un importe de 405 millones de euros, que se destinarán a cubrir necesidades transitorias de tesorería de 2021.

En cuanto al acuerdo relativo a Aragón, el Gobierno ha autorizado a esta comunidad autónoma a formalizar operaciones de endeudamiento a corto plazo por un máximo de 802,7 millones. Esta cifra se destinará a cubrir necesidades transitorias de tesorería de este ejercicio de la Administración General de la Comunidad y de los entes dependientes que forman parte de esta comunidad autónoma, de acuerdo con la delimitación del Sistema Europeo de Cuentas Nacionales y Regionales.

Estas autorizaciones sólo podrán amparar operaciones formalizadas hasta el 31 de diciembre de 2021.

Vox, que ejerce como acusación popular en el caso 'Neurona', ha solicitado al juez de Madrid que instruye esta causa, Juan José Escalonilla, que pida a la empresa mexicana Neurona Consulting, matriz de la mercantil española Neurona Comunidad cuyos contratos electorales son objeto de investigación judicial, que justifique el pago de unos 26.000 euros al cofundador de Podemos Juan Carlos Monedero.

En un comunicado, la formación política explica que la vicesecretaria jurídica del partido, Marta Castro, ha solicitado al Juzgado de Instrucción número 42 de Madrid la ampliación de diligencias que obran en el sumario de la pieza separada del conocido como 'caso Neurona', donde se investiga la presunta financiación irregular de la formación 'morada', y por el que ha sido citado a declarar como investigado Monedero.

Vox alude al informe realizado el pasado 3 de noviembre por la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF), y aportado a la causa, en el que se indica que Monedero recibió el 25 de enero de 2019 una transferencia de 26.200,31 euros de Neurona Consulting.

Según relatan los investigadores, el banco bloqueó provisionalmente la cuenta corriente de Monedero a la espera de que acreditara tal ingreso, para lo cual entregó una factura con fecha de 30 de diciembre de 2018 por valor de 30.000 dólares bajo el concepto de "300 horas de consultoría presencial Buenos Aires, México y Colombia".

FECHAS DE VIAJES, MOTIVOS Y VISADOS

Así, entre las diligencias solicitadas, el partido de Santiago Abascal pide que Neurona Consulting SA en México "acredite las fechas de los viajes y objetos de éstos a Argentina, Colombia y México que justifiquen la factura de 30.000 euros". Además solicita que las embajadas de estos países "clarifiquen si Monedero solicitó visado para permanecer en los países y la copia de éstos".

Por otro lado, la vicesecretaria jurídica de Vox también considera necesario que se oficie al Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO) para que manifieste el concepto y servicios por los que el cofundador de Podemos habría cobrado de 7.010 euros en 2018. En este sentido, solicita que también informe sobre la función que tiene la Universidad Complutense de Madrid, entidad supuestamente asociada al Consejo, así como los contratos que justifican la relación y las aportaciones económicas.

A dicho centro universitario también quiere que el juez instructor se dirija para que explique su relación contractual con el Consejo Latinoamericano de ciencias Sociales y la labor que realiza Monedero en la Universidad.

MÁS INFORMACIÓN BANCARIA

Por otro lado, Vox también ha pedido al magistrado que oficie a las entidades bancarias que ofrezcan más información sobre las cuentas que son analizadas en el marco de la pieza separada del caso 'Neurona' y que están relacionadas con el que fuera su administrador único hasta enero de 2020, Elías Castejón.

Castro apunta que, de acuerdo con los informes policiales, Castejón era autorizado en las cuentas de la sociedad y, además, "actuaría como testaferro de la entidad", señala el comunicado. Por ello, solicita que se requiera información sobre las cuentas bancarias y titulares de las entidades asociadas a Castejón.

Por último, la abogada de Vox quiere traer a la causa los trimestrales de IVA, la liquidación anual, y el modelo 347 presentado ante la Agencia Tributaria de los ejercicios 2017 a 2020, todo ello junto a los libros contables de la empresa Elías Castejón SL, de 2017 a 2020.

La Agencia Tributaria en Andalucía atribuye a Francisco Serrano, ex líder de Vox en Andalucía, la "condición de causante en la ocultación y transmisión del patrimonio líquido de la compañía" que encabezaba, achacándole un "levantamiento patrimonial" que a fecha de abril de 2017 "alcanzaba al menos 1.374.970,40 euros" con relación a un préstamo.

Así lo señala en una resolución emitida en agosto de 2020 en el marco de la investigación al exdiputado autonómico de Vox por un posible delito de fraude de subvenciones o alternativamente de estafa con relación a un préstamo estatal de casi 2,5 millones de euros.

Recordemos que la investigación atribuye a Francisco Serrano haber constituido junto a su socio Enrique Pelegrín la sociedad Bio Wood Niebla S.L. "con aportaciones no dinerarias ficticias o inexistentes", presuntamente para obtener fraudulentamente ayudas públicas del programa Reindus del Ministerio de Industria, Turismo y Energía, al que dicha empresa habría concurrido en demanda de respaldo para la instalación de una planta de fabricación de pellets.

Según la Fiscalía, merced a dicha convocatoria de ayudas, el Ministerio de Industria transfirió 2,48 millones a Bio Wood Niebla en concepto de préstamo reintegrable, siendo el dinero ingresado supuestamente en una cuenta bancaria de Francisco Serrano, tras lo cual parte de ese importe habría sido presuntamente transferido a una cuenta abierta en otro banco y el resto, en concreto 438.000 euros, habría sido empleado a diversas operaciones como préstamos a terceros, retiradas de efectivo, pago de facturas y gastos varios, entre otras finalidades no relacionadas con el objeto de la subvención, siempre según la Fiscalía.

En la causa judicial figuran como investigados Serrano, su socio Enrique Pelegrín y Francisco Javier López Ballesteros como "socio encubierto de Bio Wood", pesando un atestado policial según el cual del mencionado dinero del préstamo estatal reintegrable concedido a dicha empresa, un millón habría "sido dispuesto mayoritariamente en fondos de inversión y objeto de sucesivas operaciones de ingreso y retirada.

Al respecto, Infolibre.es ha publicado una resolución de la Delegación de la Agencia Tributaria en Andalucía emitida el 31 de agosto de 2020, dando cuenta del "procedimiento administrativo de apremio" incoado por dicha entidad estatal contra Biowood Niebla en demanda del "reembolso" del préstamo de 2,48 millones de euros concedido por el Ministerio de Industria y Turismo a la entidad, a la que reclama algo más de tres millones de euros por el citado préstamo más los recargos correspondientes.

SIN "VOLUNTAD DE DEVOLVER" EL PRÉSTAMO

Y es que según dicha resolución, Biowood Niebla "no ha demostrado ninguna voluntad de devolver las cantidades percibidas, más allá de la incautación de la garantía aportada, constituida precisamente con parte de los fondos percibidos y tampoco abonó siquiera la primera cuota de intereses del primer año de los tres de carencia, a abonar el 29 de diciembre de 2017".

"Han sido escasamente fructíferas las acciones de embargo del líquido giradas contra la compañía, aunque sí han servido para constatar el caudal de lo distraído, y la conducta elusiva de la compañía, sus socios y sus administradores", indica la Delegación de la Agencia Tributaria en Andalucía, que detecta "indicios de levantamiento del líquido de la compañía obtenido del préstamo reintegrable, sin que efectivamente se aplicara a la finalidad a la que estaba destinado", es decir al proyecto de fabricacción de Pellets.

En concreto, "gran parte del préstamo recibido del Ministerio de Industria, Energfa y Turismo para la construcción de la nueva industria de fabricación de pellets en Niebla se destinó inicialmente a la realización de operaciones financieras especulativas, mediante la adquisición de fondos de inversión depositados en Ibercaja", pesando además "cargos correspondientes a diversos gastos a cuenta de socios y administradores, sin que conste la justificación ni aplicación de dichos importes a actividades propias de la entidad".

"DISTRACCIÓN" DE LOS FONDOS

"Todo ello ha generado una reprobable distracción y disposición de los fondos líquidos procedentes del préstamo y en consecuencia un perjuicio para los intereses de la Hacienda Pública, al hacer infructuosas las acciones destinadas a la recuperación del préstamo tras decretarse su reintegro", indica la Delegación de la Agencia Tributaria, que señala que "sin tener en cuenta el quebranto que implica haber falseado la cifra del capital fundacional y posteriormente reducirlo para acomodarlo a la realidad una vez ya cobrado el préstamo reintegrable, capital que debería responder de las obligaciones asumidas, el perjuicio o quebrantamiento en el que participó Francisco Serrano Castro" suponía un "levantamiento patrimonial" que a fecha de abril de 2017 "alcanzaba al menos 1.374.970,40 euros".

En esta resolución, así la Delegación de la Agencia Tributaria en Andalucía declara a Francisco Serrano "responsable solidario de la deuda de Biowood Niebla por su condición de causante en la ocultación y transmisión del patrimonio líquido de la compañía con origen en el préstamo reintegrable, a sabiendas de que ello produciría el incumplimiento de la obligación de reintegro a cargo de Bio Wood Niebla y la imposibilidad por parte de la Administración de hacer posible su cobro, como así ha ocurrido".

En lo que se refiere al alcance de la responsabilidad atribuida a Francisco Serrano, dicha instancia estipula que "se tomará el quebranto directamente provocado por él, que suma como mínimo 1.374.970,40 euros y se compara con el quebranto finalmente provocado del líquido de la compañía no invertido en la planta inacabada de Niebla", lo que arroja finalmente 848.123,61 euros como "posible alcance de la responsabilidad" a cargo del ex líder de Vox en Andalucía.

Los gobiernos de Galicia, Asturias, Cantabria y Castilla y León se reunirán este miércoles con representantes de varias asociaciones agrarias para "intentar frenar" la inclusión del lobo en el listado de especies silvestres en régimen de protección especial (Lespre).

En concreto, en este encuentro por videoconferencia participará, por parte de la Xunta de Galicia, la conselleira de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda, Ángeles Vázquez. Junto a ella, el consejero de Medio Rural y Cohesión Territorial del Principado de Asturias, Alejandro Calvo; el consejero cántabro de Ganadería y Medio Ambiente, Guillermo Blanco; y el consejero de Fomento y Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León, Juan Carlos Suárez-Quiñones.

Por parte de los colectivos agrarios, estarán presentes la Asociación Agraria de Jóvenes Agricultores (ASAJA), la Unión de Ganaderos y Agricultores Montañeses (UGAM-COAG) y la Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos (UPA).

Los responsables de los gobiernos autonómicos abordarán con ellos las medidas e iniciativas impulsadas para solicitar a la ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, una reunión para "replantear su pretensión" de incluir al lobo en el Lespre. Esta polémica decisión parte de un acuerdo aprobado a principios de febrero en el seno de la Comisión Estatal para el Patrimonio Natural, donde están representadas las comunidades y el Gobierno central.

Sin embargo, tal y como defienden las regiones al norte del río Duero, son las autonomías las que "deben liderar la estrategia nacional para la conservación" de esta especie.

"Por dos razones básicas: los gobiernos autonómicos son los que cuentan con información y conocimientos necesarios para controlar de manera adecuada la especie; a lo que se suma el hecho de que estas cuatro regiones también acumulan la mayoría de ejemplares que existen en España", argumentan, según recoge la Xunta en un comunicado.

De hecho, la conselleira de Medio Ambiente ha recordado esta misma mañana, durante una visita a una ganadería en A Pastoriza (Lugo) que Galicia, junto con Asturias, Cantabria y Castilla y León, están articulando medidas "conjuntas y coordinadas" para trasladar al Ministerio su oposición a la mayor protección del lobo, porque esto no supondría "garantizar el equilibrio necesario" entre las poblaciones de este animal y las explotaciones.

AYUDAS DE LA XUNTA

Además, durante esta visita, Ángeles Vázquez ha destacado que la Xunta incrementó "en un 61,5 por ciento", de 400.000 a 650.000 euros, el presupuesto en 2021 destinado a las ayudas para paliar los daños que provoca el lobo.

También ha recordado que los ganaderos que denuncian estos ataques a través del número 012 pueden solicitar estos apoyos --una vez se constatan los daños--. Eso sí, no son las únicas subvenciones convocadas, ya que el Gobierno gallego cuenta con otra línea de subvenciones que permite adquirir métodos preventivos como perros protectores, pastores eléctricos y cercas móviles electrificadas.

En total, la Xunta cifra en 10 millones de euros el montante destinado en los últimos cinco años para prevenir y paliar los daños que provoca la fauna silvestre, lo que incluye no solo al lobo, sino también al jabalí y al oso.

La Fiscalía Anticorrupción ha recurrido la decisión del juez que instruye el caso Púnica de archivar la causa para Ignacio García de Vinuesa, quien fuera alcalde de Alcobendas (Madrid), y para su directora de comunicación María Teresa Alonso-Majagranzas. Alegan que el instructor se apoya para sobreseer "casi exclusivamente en la declaración del investigado", que en su declaración negó todos los hechos.

En el escrito, las fiscales del caso Carmen García y María Teresa Gálvez recuerdan que García de Vinuesa en su declaración estaba asistido por el derecho a no declarar contra si mismo y no confesarse culpable. Y añaden que manifestó en el marco de la pieza 10 de Púnica que no sólo no se realizaban trabajos de reputación online, sino incluso negó conocer los cuadernillos que recogían tales trabajos, pese a quedar probado en la causa su remisión por EICO --empresa que hacía esos trabajos reputacionales-- mes a mes a su directora de comunicación.

Cabe recordar que en esta pieza se indaga en los trabajos de reputación 'online' a políticos del PP que pudieron ser sufragados con fondos públicos, y Vinuesa era investigado por su etapa como alcalde de Alcobendas.

En un auto el titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 afirmaba que de las diligencias practicadas "no se desprende indicio alguno de fraude" y señalaba que no se podía acreditar que los servicios licitados por el consistorio madrileño a las empresas de Alejandro de Pedro --uno de los principales investigados en esta causa-- no se prestaran, "o que existiera una corrupta voluntad de desviar fondos públicos con la finalidad de atender a gastos de carácter particular".

El Ministerio Público ahora le recuerda al juez que alguna de las sentencias invocadas por él en apoyo de su decisión "nada tienen que ver con los hechos que están siendo investigados en la pieza 10" y que hace una utilización "equivocada" de la ley 29/2005 de publicidad institucional y comunicación institucional, que precisamente prohíbe la contratación de campañas de publicidad y de comunicación si tienen como finalidad "destacar los logros de la gestión" del cargo público.

Sobre Alonso-Majagranzas, recuerdan al juez que no dio ninguna explicación de la recepción de esos informes de reputación online de García de Vinuesa, y que de hecho se negó a declarar, por lo que no explicó ni esa recepción ni el conocimiento de los mismos que pudiera tener el entonces alcalde.

En la lista de reproches de las fiscales al juez, también indican que los informes que remitió la empresa de De Pedro (EICO) a la directora de comunicación de García de Vinuesa "no dejan ninguna duda sobre el servicio prestado al alcalde".

"Su propio título delata el verdadero servicio, que no es otro que trabajos personales de reputación al investigado Ignacio García de Vinuesa", indican. Y le dicen que en caso de haber sido legal esa contratación con las empresas EICO y Madiva, no se entiende que el político niegue haber visto esos informes.

Además, le señalan al magistrado que ha realizado una valoración parcial de lo declarado por la gerente del Patronato Sociocultural del Ayuntamiento de Alcobendas Yolanda Sanchís --para quien también archivó--, donde vino a explicar que firmó las facturas porque era el procedimiento establecido, pero dejando claro que era una contratación cuya responsable era Teresa Alonso.

DESATIENDE LAS FUNCIONES DE INSTRUCTOR

También le afean al juez instructor que haya asumido las funciones de juzgador desatendiendo las competencias propias del instructor, y le especifican que en su auto les dice que no instan diligencias para fundamentar la falta de prestación del servicio, cuando si él quisiera podría acordar de oficio las diligencias que creyera necesarias.

Pero al hilo le recuerdan que está acordada una pericial técnica sobre esos trabajos reputacionales y hay dos peritos prácticos en temas de redes sociales y posicionamiento SEO en ello. De hecho apuntan que ya han emitido un primer informe sobre los trabajos reales efectuados a la consejera de Educación, y analizaran las URLs y dominios utilizados en el resto de administraciones investigadas.

También le indican a García-Castellón que desatiende la existencia de correos que "evidencian el verdadero servicio prestado al alcalde, un servicio de índole particular", y le reprochan que invierta la carga de la prueba. "El instructor desatiende que en una contratación pública debe unirse al expediente la prueba del trabajo realizado y laverificación de que el servicio se ha realizado conforme a lo contratado", recuerdan.

Sobre esto, añaden que el ayuntamiento no ha entregado ese expediente a pesar de haber sido requerido y que ningún funcionario ni cargo de la administración ha podido certificar que el trabajo se realizó.

TUTELA JUDICIAL EFECTIVA Y LOS HECHOS INVESTIGADOS

Por todo ello, las dos fiscales apelan a su derecho a la tutela judicial efectiva, quieren formular acusación, y resaltan que ese derecho se ve "continuamente vulnerado por autos de los instructores". Se quejan de que el juez lejos de valorar en su auto de archivo la complejidad de la causa sólo se fije en el tiempo de instrucción.

En el escrito, el Ministerio Público explica que en esta pieza 10 se investigan las actuaciones de alcaldes y cargos públicos que se concertaron con los investigados Alejandro de Pedro y José Antonio Alonso Conesa para que EICO les realizara trabajos de reputación online para que se publicasen solo noticias que les fuesen favorables, y que las negativas relacionadas en algunos casos con asuntos de corrupción desapareciesen de los primeros puestos en las búsquedas.

Ese concierto entre cargo y empresario les llevaba a diseñar una estrategia para que los trabajos de reputación personal no los pagase el edil sino que fueran sufragados con los fondos públicos. "Aquí radica lo realmente reprochable", dicen las fiscales, que añaden que al ser muchos los alcaldes implicados se ha podido perfilar un patrón de actuación de esta trama.

Recuerdan que se ha podido conocer, según declaración de alcaldes investigados, que sería el ex secretario general del PP de Madrid Francisco Granados "uno de los incitadores a la contratación de los servicios del investigado Alejandro de Pedro".

En la estrategia para pagar esos trabajos, se usó una fórmula de abono que era encubierta, ya que se adjudicaba por parte del ayuntamiento respectivo a EICO contratos con un objeto simulado. En ese plan, dice la fiscalía, también participaban personas que ocupaban cargos de confianza del edil.

DIARIOS DIGITALES AD HOC

Indican las fiscales que para posicionar noticias favorables en internet De Pedro y su socio se servían de un diario digital que abrían en cada localidad donde trabajaran y ahí publicaban "a favor", y luego lo replicaban en otros muchos diarios digitales de la trama. Esta parte del servicio lo trabajaba la sociedad de los investigados, Madiva.

Añaden que el gasto para contratar a periodistas que llevaran esos diarios también fue sufragado por los fondos públicos y de manera encubierta fingiendo la contratación desde el ayuntamiento a Madiva de lo que llamaban publicidad institucional. "Al amparo de dicha contratación los trabajadores de EICO pasaban facturas que recogían falsos servicios de publicidad, normalmente bajo la leyenda de inserción de banners", indican, para luego señalar que aportan dos correos que revelan como actuaba la trama con la contratación de publicidad.

Las fiscales añaden que este modus operandi se cumplió en Alcobendas, y que "son muchos los indicios y elementos probatorios" que revelan que García de Vinuesa y Teresa Alonso Majagranzas "habrían concertado con los empresarios que EICO realizase esos trabajos".

La fiscal general del Estado, Dolores Delgado, ha reclamado este martes a los diputados del Congreso "aquí y ahora", la aprobación de un nuevo Estatuto Fiscal que esté listo cuando entre en vigor la nueva Ley de Enjuiciamiento Criminal (LeCrim), que atribuye la instrucción penal a los fiscales.

El texto debería incluir mayores estándares de autonomía para esta institución "de forma que se acabe definitivamente con la imagen suspicaz de la Fiscalía como un negociado del Ministerio de Justicia".

Así lo ha señalado Delgado durante su comparecencia ante la Comisión de Justicia del Congreso, donde ha acudido para cumplimentar, con meses de retraso debido a los parones parlamentarios por la pandemia de covid, con el trámite legal de presentación de las últimas memorias de su departamento, relativas a los ejercicios de 2018 y 2019.

Al igual que hizo en el Senado, donde expuso un discurso casi idéntico al de este martes, Delgado ha presentado a los legisladores sus propuestas de reforma estatutaria, entre los que ha incluido la relativa a la autonomía de asuntos administrativos, relativos a bajas, sustituciones o asuntos disciplinarios o gestión de viajes.

Estas atribuciones no carecen de importancia pese a que en principio puedan parecerlo, ha subrayado. Como ejemplo, que una vez los fiscales se pongan a instruir, ha destacado que la organización de una comisión de servicio para ir a investigar a otros países no debería depender del ministro de Justicia de turno.

También propone que la Fiscalía cuente con presupuesto propio "para realizar pericias, contratas a expertos etc., gastos imprescindibles para una investigación no puede depender de la autorización de un tercero". Reclama igualmente que la Fiscalía pueda regular de modo propio su estructura y composición.

CONTRAPESOS A LA ELECCIÓN DEL FISCAL

Delgado se ha referido también al actual sistema de elección de este cargo por el Gobierno, que defiende, para apuntar que no estaría de más que contara con contrapesos que eviten que se pervierta su autonomía. Así, se ha mostrado abierta a la inclusión en el sistema de cautelas adicionales, como puede ser la existencia de varios candidatos o la "participación de la población civil".

Con respecto al la reforma de la LeCrim, Delgado ha afirmado que "sería deseable un consenso amplio más allá de posiciones ideológicas" con el fin de que ésta se pueda consolidarse.

Así, ha recordado que su departamento ha emplazado a toda la carrera fiscal a realizar aportaciones al Proyecto y que hace tan sólo unos días ofreció al ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, la cooperación de un grupo de trabajo de fiscales para la mejora del texto.

Además, y al igual que hizo en su comparecencia de hace una semana en el Senado, Delgado ha reiterado este martes en la Comisión de Justicia del Congreso la propuesta del Ministerio Público para que los delitos de odio contemplen penas de cárcel inferiores y sanciones alternativas a la prisión, como el pago de multas, la pérdida de derechos políticos o trabajos en beneficio de la comunidad.

La propuesta parte de las sugerencias propuestas en la última memoria de la Fiscalía uno de los mayores expertos de la materia como es el fiscal jefe de delitos de odio de Barcelona.

El Gobierno no tiene intención de renunciar a su propuesta de incluir al magistrado de la Audiencia Nacional José Ricardo de Prada en el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) pero sí admite que en la negociación con el PP renunció a proponer a la exdiputada de Podemos y actual delegada del Gobierno para la Violencia de Género, Victoria Rosell, según confirman fuentes gubernamentales.

Por ello, el Ejecutivo exige al PP que reconsidere su postura y acepte volver a sentarse a negociar la renovación de este órgano sin "vetos". De momento, las fuentes consultadas explican que los contactos con el PP a través del Ministerio de Justicia siguen abiertos.

En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, la ministra de Hacienda y portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, no ha querido dar nombres, pero sí ha afirmado que el Ejecutivo "ha cedido" sobre los vetos que el PP planteó ante propuestas de personas que podían tener una vinculación con un "determinado partido".

Y también ha dejado claro que, por su parte, el Gobierno "no ha ejercido ningún tipo de veto sobre los candidatos puestos encima de la mesa por el PP". A este respecto, las fuentes consultadas defienden que el Ejecutivo nunca vetó ni la propuesta del PP para incluir en el órgano de gobierno de los jueces al magistrado Alejandro Abascal ni ninguna otra, aunque tuvieran "mucho que decir" sobre algunos de los nombres.

"Pero estos vetos tienen un límite y en algunas ocasiones se pueden entender, por su especial vinculación a determinada formación política, cosa que no ha hecho el Gobierno sobre los candidatos del PP, pero desde luego no podemos permitir que exista ningún tipo de veto cuando de lo que se está hablando son de conductas asociadas al ejercicio de las funciones que estos jueces tenían asignados antes de ser propuestos para este órgano", ha señalado Montero en su comparecencia.

Posteriormente, preguntada en concreto sobre si se refería a Rosell al hablar de que el Gobierno ha "cedido" con propuestas de jueces que podían tener vinculación con el Gobierno o con alguna de las formaciones de la negociación, Montero ha seguido sin dar nombres, pero ha sido aún más clara.

Algunas de las propuestas que han sonado en los medios de comunicación finalmente no se incorporaban a la propuesta definitiva justo para facilitar el acuerdo. Algunas personas tenían responsabilidades en el actual Ejecutivo o habían tenido vinculación con algunas de las formaciones políticas de forma explícita", ha reconocido.

Así, aunque no ha mencionado a la jueza y exdiputada de Podemos, la propia Montero ha señalado que se puede "adivinar" de quién se trata. "Me van a permitir que no de nombres porque me parece más respetuoso no hacer mención a nadie en concreto, pero todos podemos imaginar esos nombres", ha señalado.

Y a continuación, ha dejado claro que lo que no aceptaron ni van a aceptar es que se vete a jueces por las actuaciones que hayan hecho en el desarrollo de sus responsabilidades como jueces, en clara alusión a De Prada.

"Lo que no parece tener ningún tipo de cabida es que haya personas que se veten, ya no por su adscripción partidista sino por las actuaciones que hayan podido desarrollar en el marco de sus responsabilidades. Entiendo perfectamente también que ustedes están imaginando a lo que me refiero", ha añadido.

EL GOBIERNO SIGUE "ESPERANDO" A QUE EL PP ABANDONE SUS VETOS

En todo caso, ha asegurado que el Gobierno sigue "esperando" a que el PP "salga de su actitud inmovilista" y deje de juar al "gato y al ratón", dando "una de cal y una de arena", tras haber aceptado renovar el Consejo de RTVE pero "romper" después la negociación para el CGPJ con sus "vetos".

"No tiene ningún sentido que ahora vayan practicando una política de vetos cuando nunca este Ejecutivo ha puesto ningún tipo de veto a los nombres que ha puesto el PP. Eran nombres muy identificados con ciertas preferencias que el PP tuvo a la hora de su designación", ha criticado.

"No parece de recibo, cuando se puede estar achacando vinculaciones partidistas a determinados jueces que nunca la han tenido, y que si son rechazados es por el ejercicio de sus responsabilidades profesionales", ha recalcado Montero.

El Gobierno de Castilla-La Mancha, a través de la Dirección General de Salud Pública, ha confirmado 74 nuevos casos por infección de coronavirus, que suponen menos de la mitad de los 163 que se notificaron en el mismo día de la semana anterior. Además, se han producido nueve fallecimientos.

Por provincias, Guadalajara ha registrado 31 nuevos casos, Toledo 25, Ciudad Real 7, Cuenca 6 y Albacete 5, según ha informado la Junta en nota de prensa.

El número acumulado de casos desde el inicio de la pandemia es 170.939. Por provincias, Toledo registra 61.979 casos, Ciudad Real 42.590, Albacete 27.650, Guadalajara 20.756 y Cuenca 17.964.

El número de hospitalizados en cama convencional por coronavirus es 237. Por provincias, Toledo tiene 109 de estos pacientes (92 en el Hospital de Toledo y 17 en el Hospital de Talavera de la Reina), Guadalajara 53 (todos ellos en el Hospital de Guadalajara), Albacete 43 (26 en el Hospital de Albacete, 8 en el Hospital de Hellín, 6 en el Hospital de Almansa y 3 en el Hospital de Villarrobledo), Ciudad Real 24 (9 en el Hospital de Ciudad Real, 7 en el Hospital Mancha Centro, 7 en el Hospital de Valdepeñas, 1 en el Hospital de Tomelloso y ninguno en el Hospital de Puertollano y Manzanares) y Cuenca 8 (todos ellos en el Hospital de Cuenca).

Los pacientes ingresados en Unidades de Cuidados Intensivos que necesitan respirador son 103. Por provincias, Toledo tiene 43 de estos pacientes, Ciudad Real 31, Guadalajara 17, Albacete 9 y Cuenca 3.

En las últimas 24 horas se han registrado 9 fallecidos por coronavirus, 3 en la provincia de Toledo, 3 en Ciudad Real, 2 en Albacete y 1 en Guadalajara.

El número acumulado de fallecidos desde el inicio de la pandemia es 5.692. Por provincias, Toledo registra 2.059 fallecimientos por COVID-19, Ciudad Real 1.661, Albacete 864, Guadalajara 581 y Cuenca 527.

CENTROS SOCIOSANITARIOS

11 centros sociosanitarios de Castilla-La Mancha tienen algún caso confirmado de positivo por coronavirus entre los residentes. De los 11 centros, 8 están en la provincia de Toledo, 2 en Guadalajara y 1 en Ciudad Real. Los residentes con caso confirmado son 10.

Los fallecimientos acumulados de residentes de estos centros desde el inicio de la pandemia son 2.022.

ÍNDICE DE CONTAGIO DE 0,65

Por su parte, el consejero de Sanidad, Jesús Fernández Sanz, ha destacado que el índice de contagio en la región --lo que contagia una persona a otra-- es del 0,65, lo que hace que la Comunidad Autónoma se sitúe "entre las dos o tres" con menor índice.

En rueda de prensa, el titular de Sanidad ha señalado que el número de nuevos contagios es "muy bajo" teniendo en cuenta que hace una semana estaba en 90, aunque no descarta que durante esta semana suba "un poquito" como indican los datos de progresiones que se manejan.

Ha resaltado, además, que la Incidencia Acumulada también está "por debajo de la media de España", tanto a 14 días, con 103 casos por cada 100.000 habitantes, como a siete días, con 37 casos por cada 100.000, lo cual "aventura posibilidades muy buenas" de cara a poder "ir bajando poco a poco las restricciones" actuales.

En cuanto a la capacidad asistencial, en estos momentos la región tiene 248 camas ocupadas por COVID y 2.600 por no COVID, según ha destacado Fernández Sanz, que ha remarcado que el hospital de Puertollano "no tiene ningún paciente COVID" en este momento, los de Manzanares y Tomelloso solo un paciente cada uno, el de Cuenca 9 y el de Ciudad Real 9, lo que evidencia que "el número de camas ocupadas va bajando muchísimo".

También desciende la ocupación de las UCIS, donde la estancia media suele ser de 22,5 días, y en las que actualmente se registran solo 109 pacientes, lo cual "permite trabajar de manera más normal" el resto de patologías.

El responsable de la sanidad autonómica ha incidido en que el número de fallecidos registrado "ayuda a la esperanza", aunque ha admitido que "tener más de cero nos entristece". En este punto, ha incidido en que durante todo el fin de semana no ha habido fallecimientos por esta causa en las residencias de la región, siendo solamente once de ellas las que registran algún caso positivo y con tres provincias "prácticamente a cero".

VACUNACIÓN

Sobre el ritmo de vacunación en la Comunidad Autónoma, Fernández Sanz ha detallado que la región cuenta con tres vacunas disponibles y está "al 75-80 por ciento de la vacunación administrada" del total que recibe, cumpliendo "estrictamente" tanto la estrategia de vacunación nacional como el plan regional.

Para ello, se mantienen los tres criterios marcados, siendo el primero el de primar la seguridad de la segunda dosis para completar la pauta, de tal manera que ya un 43 por ciento de los ciudadanos vacunados tienen la pauta completa, lo que supone 68.732 de un total de 162.939 dosis administradas.

Además, la región sigue priorizando a las personas mayores, el cien por cien de las que figuran "institucionalizadas" ya están vacunadas, yendo ahora con las que están en sus domicilios, a quienes el Gobierno regional espera tener vacunadas ya a finales de abril.

La tercera prioridad que se ha fijado el Ejecutivo autonómico es la vacunación de los grandes dependientes y sus cuidadores, que finalizará esta semana --ya se ha llevado a cabo mas del 70 por ciento de la misma--, siendo Castilla-La Mancha la región "que antes va a terminar de vacunar a los grandes dependientes".

Tras estos grupos, y una vez terminada la administración de vacunas a sanitarios y sociosanitarios y ya en marcha la de sanitarios que no eran de primera línea, este martes ha comenzado en los centros penitenciarios de la región y el lunes 8 de marzo comenzará con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

Continuará con personal de emergencias --bomberos y Protección Civil-- y a finales de mes se iniciará en docentes, que estarán repartidos en dos grupos --Educación Especial e Infantil y todos los demás hasta Secundaria--.

La Comisión organizadora del 8M, convocante de los actos centrales del Día Internacional de la Mujer en los últimos años, ha propuesto otras formas de reivindicar esta jornada ante la situación de pandemia: luciendo pañuelos morados en el metro, las terrazas o los supermercados; decorando balcones y ventanas; o compartiendo mensajes y fotos en redes sociales.

La semana pasada, esta organización anunciaba que, para celebrar el 8M apostaba por cuatro concentraciones en cuatro puntos diferentes de Madrid (Sol, Cibeles, Embajadores y Glorieta del Emperador Carlos V), todas ellas con un aforo inferior a las 500 personas, cumpliendo las limitaciones de la Delegación de Gobierno.

Ese mismo día, las diferentes comisiones presentes en barrios o distritos organizarán otras actividades con el obpjetivo, según ha explicado la entidad, de descentralizar las protestas y evitar la aglomeraciones.

Pero, además, este martes han compartido en sus redes sociales otras alternativas para participar en el 8M de este año. Nos llamamos a salir a las calles, sí, pero muchas no podemos ni queremos hacerlo, pero no por ello dejamos de participar", han escrito en su cuenta de Instagram.

#AFOROCOMPLETO8M

En el texto reconocen que "las plazas se llenarán pronto" ante las limitaciones de aforo y, por eso, llaman a ocupar "de otras maneras el espacio público". "Metros, terrazas, supermercados, con su pañuelo morado que recuerda que esta lucha es por todas y que todavía nos queda mucho por pelear", indican.

En este sentido, también piden a las mujeres que acudan a una plaza que, finalmente, tenga el aforo completo que se haga una foto ""de vuelta a casa" con el objetivo de visibilizar que hay más mujeres reivindicando el 8M que las que están en la calle. En este sentido, llaman a usar el hashtag #AforoCompleto8M.

Por otra parte proponen la participación desde casa, especialmente para quienes están contagiadas, han tenido contacto con un positivo o su zona está confinada, decorando con banderas y pancartas las ventanas y balcones o subiendo mensajes feministas o fotografías en las redes sociales.

Durante la rueda de prensa después del Consejo de Ministros, la portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, ha hecho este martes un llamamiento "contundente" sobre las celebraciones del Día Internacional de la Mujer: "No es posible este año" reivindicar "en la calle", ha explicado Montero haciendo referencia a las recomendaciones e las autoridades sanitarias. En este sentido, ha llamado a celebrar "sin poner en riesgo" la salud y la seguridad de la ciudadanía y ha propuesto otras vías como la "digital" o "tecnológica".

El presidente del Ejecutivo de Canarias, Ángel Víctor Torres, ha anunciado este martes que ha cerrado un acuerdo con el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana por el que el Gobierno central liquidará la deuda de más de 400 millones de euros del Convenio de Carreteras.

Así lo ha comunicado el mandatario canario desde la sede ministerial en Madrid en declaraciones a los medios de comunicación tras reunirse esta tarde con el titular de Transportes, José Luis Ábalos, que, según ha informado el propio Víctor Torres, se desplazará hasta el archipiélago canario para firmar esta liquidación.

Víctor Torres ha explicado que el próximo lunes se producirá una reunión técnica entre el Ministerio de Hacienda y el Ministerio de Transportes para cerrar los últimos trámites. "Pero la adenda está para firmarse y será rubricada en Canarias", se ha congratulado el mandatario socialista.

El presidente canario ha estado acompañado en la reunión en Madrid por el consejero de Obras Públicas, Transportes y Vivienda, Sebastián Franquis, que también ha mostrado su satisfacción por el acuerdo alcanzado con el ministro José Luis Ábalos.

En este sentido, Franquis ha explicado el proceso legal acordado entre ambos Ejecutivos y ha recordado que se estaba esperando a la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para materializar el acuerdo. "Es una gran noticia para dar salida financiera a todos los proyectos de carreteras en Canarias", ha aplaudido.

AMPLÍA EL CONVENIO ACTUAL

De este modo, Franquis ha argumentado que con el acuerdo significará ampliar en dos anualidades de inversión, 2026 y 2027, el convenio actual.

Con todo, Víctor Torres, que ha subrayado la importancia de este acuerdo, ha señalado que tomó posesión con un "problema resuelto de unos mil millones" y, tal y como ha asegurado, hay resueltos 600 millones de euros.

Asimismo, se ha emplazado a seguir negociando con el Ministerio de Hacienda, que dirige María Jesús Montero, para buscar una solución a los 400 millones de euros de deuda restantes.

75% DE SUBVENCIÓN A LOS VUELOS

Por otro lado, el consejero canario también ha explicado que el Ejecutivo autonómico comunicó por escrito que había algunas compañías nacionales que no habían cumplido la orden que dictaba que se tenía que acreditar que eras residente canario para aplicar el 75% de la subvención del billete de avión o barco.

A este respecto, el Gobierno autonómico ha señalado su compromiso en que eso se solucionará en los próximos días haciendo cumplirla ley de los Presupuestos Generales del Estado.

El secretario de Universidades e Investigación de la Generalitat, Francesc Xavier Grau, ha asegurado en declaraciones que el borrador definitivo del Real Decreto de Organización de las Enseñanzas Universitarias "va en la dirección contraria" a la que debería.

Grau se ha mostrado contrario a fijar la duración de los grados universitarios en cuatro años, porque genera una "uniformidad" con la que está en desacuerdo, y ha defendido que el borrador --dado a conocer este martes por el Ministerio de Universidades-- debería ir orientado a asegurar la calidad de las enseñanzas y no a intervenir en su organización.

"Cuanto más responsable y autónomo sea el sistema universitario, mejor para todos ya que, en la comparativa internacional, el español es de los que menos autonomía tiene", ha afirmado.

Ha pedido que la Administración únicamente vele por garantizar el mínimo de 180 créditos (3 años) por grado que establece el Marco Europeo de Educación Superior, y por que se cumplan los requisitos de calidad que permitan a los estudiantes obtener un título con las competencias establecidas.

"El debate no es optar por un modelo 3+2 o 4+1, teniendo en cuenta que únicamente los estudiantes que quieren hacer un doctorado son los que necesitan cursar un mínimo de créditos", han añadido fuentes de la Secretaría.

Grau ha asegurado que encarar dicho debate desde el punto de vista del coste económico para el alumno es una "discusión pobre", y ha recordado que en Catalunya los graduados de titulaciones de 180 créditos pagan a precio de grado el primer año de máster; en cualquier caso, ha expresado el compromiso del Govern de avanzar hacia la equiparación total del precio de másters y grados.

SORPRESA

Grau ha asegurado que desconocían este punto del decreto pese a que llevan un año trabajándolo conjuntamente con el Ministerio y proponiendo modificaciones y, visto el desacuerdo con la fijación de la duración de los grados, ha avanzado que presentarán alegaciones a este punto.

No obstante, ha defendido que la interlocución con el equipo ministerial es "muy buena", trabajando conjuntamente, ha dicho, en temas complejos, y confía en que siga siendo así.

La modificación introducida en el borrador afectaría a 17 grados actuales del sistema universitario catalán: 4 de la URL, 3 de la UB, 2 de la UAB, la UdL, la URV y la UPF, y uno de la UPC y la UOC.

El expresidente del Gobierno José María Aznar ha defendido este martes el Pacto de Majestic que firmaron el PP y CiU en 1996 y ha subrayado que fue un acuerdo "para toda España" que llevaría poco después al PP a lograr su "máximo histórico de votos" en Cataluña. Tras recalcar que "las cosas han cambiado" en esta comunidad "pero no por ese pacto", ha asegurado que le gustaría que "hoy se pudieran producir espacios de entendimiento, diálogo y acuerdo en la política española".

Aznar ha realizado esa reflexión delante del actual líder del PP, Pablo Casado en un acto con motivo del 25 aniversario de la victoria del partido en las generales de 1996 y se produce apenas dos semanas después de que el partido haya sufrido un batacazo electoral en las catalanas, al lograr solo tres diputados --el peor resultado de su historia-- y sufrir el 'sorpasso' de Vox.

Esta jornada, bajo el título 'España, Constitución y libertad. 1996-2004, un análisis', ha sido organizada por el Instituto Atlántico de Gobierno y la Universidad Francisco de Vitoria. Ha contado también con la participación de Casado, el vicepresidente de FAES y exdiputado del PP, Manuel Pizarro; la economista y notaria, Isabel Estapé, y el historiador Manuel Álvarez Tardío. Además, ha asistido la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.

RECHAZA QUE EN ESE PACTO HUBIERA "CESIONES" AL NACIONALISMO

Tras explicar que este acto no era para "celebrar nada", Aznar ha repasado su gestión en economía o lucha contra el terrorismo y ha recalcado que durante años trabajaron por "unir todo lo que estaba a la izquierda, hacer tarea de oposición y definir un proyecto muy claro que los españoles conocían y supieron apreciar.

En el coloquio posterior, ha hecho hincapié en el Pacto de Majestic subrayando que no fue un pacto para una región sino "para toda España". De hecho, ha rechazado de plano que hubiera "cesiones" a los nacionalistas.

Según ha dicho, ese pacto implicó acordar las reformas económicas de España, el camino hacia el euro, medidas fiscales, ocuparse del empleo y llegar al euro, así como "un nuevo sistema de financiación autonómica para todas las comunidades de España". Es más, ha señalado que ese pacto de financiación "a las que más benefició fue a Andalucía y a Extremadura".

Aznar ha relatado que solo había dos cosas "específicas" para Cataluña en el Pacto de Majestic, una relativa a la transferencia de políticas activas de empleo y otra sobre la posible transmisión de la Policía de Tráfico, cuya ley orgánica contó con 300 votos a favor de los 301 "diputados presentes" en el Congreso.

"MÁXIMO HISTÓRICO DE VOTOS EN CATALUÑA"

El expresidente ha indicado que cuatro años después de ese pacto, el PP logró en 2000 su "máximo histórico de votos en Cataluña, con 784.000 votos". Ese año, ha proseguido, el PP consiguió "una mayoría absoluta primera y espectacular en España".

"Si eso es así, no es comprensible que el Pacto del Majestic sea una historia de cesiones si uno se lee ese pacto y resulta que te dan la mayoría absoluta. Te dan la mayoría absoluta porque había más España, más nación, más país, más progreso, más empleo, más crecimiento del PIB y más presencia en el mundo", ha enfatizado.

Además, Aznar ha compartido los argumentos del profesor Tardío y ha asegurado que entonces el PP se había "convertido en un foco de atracción que impedía el crecimiento de todo lo demás". "Es curioso que después de ese pacto, el nacionalismo pierde la mayoría absoluta y el PP la gana", ha apostillado.

"HOY ESTREMECE VER EL COLAPSO DE CATALUÑA"

Delante de Casado, el expresidente del Gobierno ha afirmado que defiende ese pacto porque a él le gustaría que "hoy se pudieran producir en la política española espacios de entendimiento, de diálogo y acuerdo que pudiesen dar lugar a pactos relevantes e importantes".

"Las cosas han cambiado, pero no por ese pacto", ha proclamado Azanr, que ha avisado que "cuando alguien rompe los pactos constitucionales, la responsabilidad es de quién los rompe". Además, ha indicado que los nacionalistas catalanes de entonces "fueron bien advertidos que si no se implicaban más en la colaboración con España entrarían en una dinámica de radicalismo" como la de ahora.

Aznar ha subrayado que "hoy lo que estremece ver es el colapso político, económico, social y cultural de Cataluña" y ha resaltado que no se puede "vincular esto" con aquel Pacto de Majestic porque "no tiene nada que ver".

ALUSIÓN A RAJOY TRAS EL NACIMIENTO DE Cs y VOX

A su entender, lo que ha pasado ahora en Cataluña es "responsabilidad de otros" y "algunas otras políticas que se dejaron de hacer en su momento", en alusión velada a la gestión de Mariano Rajoy en Cataluña. "No hay que olvidar que una parte del fraccionamiento que se produce en la política española viene de allí", ha resaltado.

Así, ha destacado que Ciudadanos es un partido "que nace" en Cataluña y ha añadido que Vox "en gran medida es un partido que nace allí" también "como consecuencia de determinadas circunstancias y situaciones que se producen en la política española".

CONVERTIRSE EN POLO DE ATRACCIÓN PARA QUE NO CREZCAN LOS EXTREMOS

Aznar ha recomendado analizar la serie histórica del CIS, ahora que se viven "momentos de agobio para la unidad nacional y la continuidad histórica de España". Esa encuesta, según ha proseguido, recoge que "los dos momentos más bajos del sentimiento nacionalista en España" en Cataluña fueron en 1999 y 2003.

"Eso quiere decir que la consolidación de la alternativa, la expresión de unas políticas y covertirte en un polo de atracción para evitar que los extremos crezcan, me parece una cuestión esencial y una de las lecciones más importantes que se puede extraer para hoy", ha afirmado.

Tras recordar que el CDS de Adolfo Suárez "estuvo a punto de sorpassar a la Alianza Popular de Fraga", ha insistido en que ser el "polo de atracción es absolutamente fundamental" porque España "necesita hacer muchas cosas para fortalecer la nación, el Estado, estabilizar la economía, relanzarla y tener más proyección internacional.

La economista Isabel Estapé ha señalado después que el expresidente de la Generalitat, Jordi Pujol, se dedicó muchos años a ir "fardar de haber conseguido todo lo que quería" y lograr que "cayese Alejo Vidal Quadras", el entonces presidente del PP en Cataluña.

AZNAR PIDE A CASADO DAR LA BATALLA DE LAS IDEAS

En la parte final del acto, Aznar ha advertido a Casado de que "la batalla de las ideas es básica, fundamental y esencial" y ha señalado que los actuales gobernantes son capaces de "hacer cualquier cosa con tal de seguir". "Y eso es exactamente lo que no hay que hacer", ha concluido.

Al ser preguntado expresamente si quería darle algún consejo a Casado, Aznar ha dicho que le deseaba "muchísima suerte" porque "España la necesita y el centroderecha también". En su opinión, cuando se dirige un partido como el PP hay que "marcar el camino, definir la estrategia y tomar las decisiones", algo que "le corresponde a él".

De la misma manera, el exdiputado Manuel Pizarro le ha deseado "lo mejor" a Casado y se ha mostrado convencido de que llegará al Palacio de la Moncloa. "Para llegar a la tierra prometida hay que pasar por mucho desierto", ha concluido.

El Parlament presentará finalmente un recurso de inconstitucionalidad a los Presupuestos Generales del Estado por no atender el hecho insular tras haber obtenido la propuesta, en esta ocasión sí, el apoyo de una mayoría de diputados.

La propuesta ya fue debatida en el pleno del pasado 16 de febrero pero no logró salir adelante por la ausencia de dos diputados y el voto en contra de PSIB, Unidas Podemos y Vox. Además, la votación tuvo que repetirse tras haber cosechado un empate.

Tras el primer debate, a MÉS per Mallorca, MÉS per Menorca y El PI, se sumaron PP y Cs para volver a tratar y votar la cuestión en el pleno.

En esta ocasión la propuesta ha salido adelante con 30 votos a favor y 29 en contra aunque, como hace dos semanas, no ha estado exenta de polémica y ha tenido que repetirse.

En primera instancia la votación había arrojado un empate a 29 pero el diputado de Cs Jesús Méndez ha asegurado que había votado aunque no había quedado registrado.

ESENCIAL PARA EL AUTOGOBIERNO

El portavoz de El PI, Josep Melià, ha defendido que la presentación del recurso es la "única vía posible" ahora más que nunca cuando la crisis está afectando de lleno a la ciudadanía de las Islas.

Melià ha negado que el recurso vaya a afectar a los presupuestos, a la vacunación o a los ERTE y ha lamentado que la estrategia del PSIB "no haya funcionado en 40 años de democracia para compensar la insularidad".

"Ha llegado el momento de que Baleares reaccione y dé un golpe sobre la mesa para reclamar que se cumpla la Constitución, el Estatut y el Régimen Especial de Baleares.

Melià ha insistido en que el objetivo del recurso no es tumbar los actuales presupuestos ni que incluyan ahora el hecho insular sino que todas las cuentas futuras del Estado "compensen año tras año las desventajas de la insularidad".

La diputada de MÉS per Mallorca Joana Aina Campomar, por su parte, ha criticado las felicitaciones de Pedro Sánchez y los ministros del Gobierno central por el Día de Baleares y ha apuntado que "son papel mojado si no vienen acompañadas del respeto que merecen los ciudadanos de las Islas".

"Si tanto nos quieren y tanto nos felicitan, ¿por qué no se han acordado de nosotros en los PGE?", se ha preguntado Campomar.

Campomar ha hecho especial hincapié en que los presupuestos incumplen los artículos 15, en referencia al transporte público terrestre, que sí recibe compensación en Canarias; y 17, sobre el reconocimiento del factor insular.

En relación a la infrafinanciación, la diputada ecosoberanista ha asegurado que solo teniendo en cuenta el REB el déficit de financiación podría alcanzar los 2.400 millones de euros.

La diputada de MÉS per Mallorca ha reclamado a PSIB y Unidas Podemos también una "defensa unánime" de los intereses particulares más allá de intereses partidistas.

En esta línea, el diputado de MÉS per Menorca, Josep Castells, ha resaltado que hoy es un día "histórico" porque una mayoría parlamentaria ha puesto el interés de la sociedad por delante de los intereses de partido.

Sin embargo, ha matizado, también es un día triste porque dos partidos --PSIB y Unidas Podemos-- han antepuesto la disciplina de partido. Esta situación, ha añadido, pone de relieve la importancia de poder contar con partidos soberanistas y regionalistas.

Según Castells, la compensación de las desventajas de la insularidad es "esencial" para el autogobierno y para el encaje de Baleares en el conjunto del Estado.

CS Y PP, UNIDOS A LA PROPUESTA

Cs y PP, que se sumaron a la propuesta, han defendido su voto favorable. El portavoz adjunto del PP, Antoni Costa, ha asegurado que el PP es favorable a la presentación del recurso porque los ciudadanos les votaron para defender sus intereses.

Además, Costa ha criticado el ejercicio de "cinismo nunca visto" de PSIB y UP y ha defendido la interposición del recurso como "medida política de presión".

La portavoz de Cs, Patricia Guasp, ha negado, como han asegurado tanto desde el PSIB como desde UP, que la presentación del recurso vaya a tener efectos sobre los PGE.

Guasp ha defendido que el REB de 2019 es un "fiasco" que no se ha desarrollado y que está "vacío de contenido".

La portavoz de Cs ha reclamado la unidad de la Cámara para "plantarse" ante el Gobierno de España. "Ya basta de trato injusto de infrafinanciación", ha apuntado.

Guasp ha criticado que mientras Pedro Sánchez y Pablo Iglesias "menosprecian a Baleares", la presidenta Armengol "agacha la cabeza" y demuestra su "incapacidad negociadora".

La portavoz de Cs ha pedido a la líder del Ejecutivo autonómico que reclame la convocatoria de la Comisión Mixta para fijar el factor de insularidad porque es "una causa justa que se compensen las desventajas de la doble y triple insularidad".

PSIB, UP Y VOX RECHAZAN EL RECURSO

La diputada del PSIB Sílvia Cano ha asegurado que los grupos que han propuesto el recurso "confunden" las prioridades y ha calificado el debate como un ejercicio de oportunismo político "y una mala estrategia".

Según Cano, "unos buscan mayor espacio soberanista mientras que otros quieren hacer caer los gobiernos y atacar los presupuestos más progresistas".

"La vía de los socialistas y de la presidenta Armengol es la de la negociación institucional", ha apuntado Cano para reivindicar las últimas reuniones de la presidenta del Govern en Madrid.

La portavoz adjunta de Unidas Podemos, Esperança Sans, ha argumentado que su grupo ha votado en contra del recurso de inconstitucionalidad y lo ha calificado como "un gigante con pies de barro" que va "en contra de los Presupuestos más sociales de la historia".

Sans ha asegurado que UP comparte con los impulsores de la iniciativa la queja por la insuficiencia de la infrafinanciación pero ha asegurado que un recurso al TC "no permitirá ponerle solución".

Según la portavoz adjunta de la formación morada, la propuesta es un "brindis al sol" porque no se trata de un caso de inconstitucionalidad por omisión, sino de un incumplimiento de leyes e instrumentos ya aprobados.

El diputado de Vox Sergio Rodríguez ha asegurado que la interposición del recurso es "matar moscas a cañonazos" aunque ha reconocido que los presupuestos "son malos pero no inconstitucionales".

Rodríguez ha criticado "el soberanismo de unos y el tacticismo político de otros".

El vicepresidente de la Generalitat en funciones, Pere Aragonès, y el conseller de Interior, Miquel Sàmper, comparecerán este miércoles en la Diputación Permanente del Parlament sobre los disturbios que se han producido en Cataluña los últimos días por el encarcelamiento del rapero Pablo Hasél, una cuestión que se ha colado en las negociaciones para la formación de gobierno.

Según un comunicado de este martes de la Cámara catalana, Aragonès comparecerá a partir de las 10.00 horas y lo hará a petición propia para informar sobre la "garantía del derecho a la libertad de expresión y de manifestación y el mantenimiento de la seguridad ciudadana".

Hará una primera intervención sin límite de tiempo y a continuación los grupos y subgrupos tomarán palabra en un turno de intervención de 10 minutos cada uno, y tras la respuesta de Aragonès, los grupos tendrán otro turno de cinco minutos.

Previamente, la Diputación Permanente votará la solicitud del PSC-Units que pide la comparecencia de Aragonès para que informe sobre la "violencia que sufren diferentes ciudades y la actuación de los Mossos", que si se aprueba se substanciará junto con la solicitada por el propio vicepresidente.

Sàmper comparecerá a petición propia por la tarde a partir de las 15 horas para informar sobre los "eventos que han tenido lugar a raíz de las movilizaciones por el encarcelamiento de Pablo Hasél", una comparecencia que deberá ser aprobada previamente por la Diputación Permanente.

Las comparecencias de Aragonès y Sàmper sobre los disturbios son especialmente relevantes en este momento, ya que se ha convertido en un tema central en las negociaciones sobre la formación de gobierno, especialmente en las conversaciones entre ERC y la CUP, lo que ha generado críticas del PSC, Cs y el PP.

De hecho, estos dos partidos se han comprometido a estudiar propuestas concretas para reformar el modelo policial y de orden público, como una moratoria sobre el uso de los proyectiles de foam por parte de los Mossos d'Esquadra, que la Brigada Mòvil (Brimo) no participe en desahucios y que la Generalitat no actúe como acusación particular en causas contra activistas.

JOSEP BARGALLÓ

También comparecerá por la tarde el conseller de Educación, Josep Bargalló, para informar sobre las "condiciones en las que se ha iniciado el segundo trimestre escolar por lo que respecta a la seguridad, la reducción de las desigualdades y el seguimiento de las inversiones".

Por la mañana, tras su comparecencia, Aragonès presentará el Decreto ley 10/2021 de medidas urgentes de carácter tributario y financiero que prevé aplazar de marzo a junio el plazo de la autoliquidación del tributo que grava a las máquinas recreativas y de azar correspondiente al primer trimestre del año.

Este decreto introduce también el módulo de velador en los pagos de los conciertos educativos que se abonan a los centros concertados, que hasta ahora se gestionaban a través de una convocatoria pública de subvenciones.

El edil del Grupo Municipal Coalición Canaria-Unidos por Gran Canaria (CC-UxGC) en el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, Francis Candil, ha instado al alcalde de la capital grancanaria, Augusto Hidalgo, a que "se plante" ante el "grave problema que ha generado la Delegación del Gobierno en Canarias" en el trato y la resolución de la situación de los inmigrantes en la ciudad, instándole a que "no" se quede de "brazos cruzados".

"Parece que la atención a los migrantes no tiene nada que ver con ellos --en alusión a Hidalgo y al delegado del Gobierno en Canarias, Anselmo Pestana--. El señor Pestana tiene que buscar soluciones definitivas, más allá de crear campos de refugiados, como ha hecho en el Canarias 50 o en Barranco Seco, y el señor Hidalgo no puede reír las gracias a su partido porque los socialistas han puesto a Las Palmas de Gran Canaria en una tesitura sin precedentes con la inmigración, en la que desgraciadamente tenemos que ver incluso cómo mueren en la calle", apostilló.

Así, Candil ha lamentado que sean los vecinos de la capital grancanaria quienes "estén atendiendo de manera solidaria, junto con algunas instituciones como la Parroquia de San Pedro, a los migrantes que han abandonado el Canarias 50", según informó CC-UxGC en nota de prensa.

Al respecto, agregó que Las Palmas de Gran Canaria es un pueblo "enormemente solidario" y está "resolviendo la papeleta" a las administraciones, que criticó "demuestran día tras día que no están a la altura de las circunstancias y que no son capaces de afrontar un drama humanitario" como el que vive Canarias.

Para Candil "es vergonzoso y dramático el cariz que ha tomado ya la dura realidad" de la crisis migratoria en Canarias y en Las Palmas de Gran Canaria. Por ello, consideró que tanto Hidalgo como Pestana "no pueden lavarse las manos como Poncio Pilato porque esta situación está bajo su responsabilidad y deben actuar".

La ciudad, agregó, "no se puede convertir en un lugar donde los migrantes deambulan por las calles, duermen donde pueden y sobreviven gracias a la labor que realizan los comedores sociales, entre otros, que son los que están solucionando el problema al Partido Socialista, cuando fue este el que permitió que se creara el problema en el puerto de Arguineguín y el que consintió que se trasladara a Las Palmas de Gran Canaria".

Asimismo, al recordar que hace aproximadamente un año unos 70 migrantes tuvieron que pernoctar en la parroquia de Santa Isabel de Hungría, apuntó que el Gobierno de España y la Delegación del Gobierno en Canarias "se están acostumbrando a no dar soluciones" a la situación que atraviesa el archipiélago, así como a "permitir que, lo que es una situación de ayuda humanitaria, se termine convirtiendo en un problema que tienen que solventar los vecinos".

El Papa viajará a Irak desde este viernes 5 hasta el 8 de marzo para dar "consuelo" y mostrar su "cercanía" a los más de 250.000 cristianos que viven en el país, una población que ha sufrido en su piel la persecución del Estado Islámico y que fue obligada a huir y abandonar sus casas en 2013.

Este el "primer motivo del viaje", según ha explicado el director de la oficina de prensa de la Santa Sede, Mateo Bruni, que ha hecho referencia al videomensaje que envió el Papa a la reunión organizada por el Dicasterio para el Servicio del Desarrollo Humano Integral del Vaticano sobre la situación en Siria e Irak en diciembre del año pasado.

El Pontífice instó entonces a la comunidad internacional a que facilitase el retorno a sus hogares de los cristianos expulsados por la guerra en condiciones de seguridad: "Es necesario lograr que la presencia cristiana, en estas tierras, siga siendo lo que siempre ha sido: un signo de paz, progreso, desarrollo y reconciliación entre las personas y los pueblos".

Este será precisamente uno de los ejes que vertebrarán el 33 viaje internacional de Francisco en sus casi 9 años de Pontificado. En total, está previsto que el Papa pronuncie siete discursos, todos en italiano.

Francisco retoma con este viaje con el que suma 52 países visitados su agenda internacional tras 15 meses de parón por la pandemia de coronavirus.

El Papa saldrá el viernes por la mañana desde el aeropuerto internacional de Fiumicino (Roma) del avión de Alitalia con destino a Bagdad (capital de Irak), donde llegará por la tarde.

Nada más aterrizar, el Pontífice tendrá un encuentro privado con el primer ministro de Irak, Mustafa Al-Kadhimi, en la sala VIP del aeropuerto internacional de Bagdad. La última vez que se reunió con él fue el 25 de enero en el Vaticano. Allí mismo, realizará la tradicional visita de cortesía privada al presidente de la República de Irak, Barham Salih.

Al finalizar, el Papa participará en el encuentro con las autoridades, la sociedad civil y el cuerpo diplomático que se realizará en un salón del Palacio Presidencial de Bagdad y pronunciará su primer discurso.

A final del día está previsto que el Papa se traslade a la catedral siro-católica de 'Nuestra Señora de la Salvación', en Bagdad, para el encuentro con los obispos, sacerdotes, religiosos, seminaristas y catequistas, donde pronunciará otro discurso. Este templo sufrió en 2010 un atentado terrorista en la que perdieron la vida más de 45 personas, entre ellas los sacerdotes Thair y Wasim, a los que el Papa rendirá homenaje.

Bruni ha destacado que no es casualidad que el primer "encuentro de culto" tenga lugar en esta Iglesia, que fue restaurada en 2021 y donde hay un placa de mármol que recuerda "la sangre versada" en el atentado.

VISITA A SISTANI, PRINCIPAL AUTORIDAD CHIÍ DE IRAK

El sábado, el Papa viajará en avión de Bagdad a Nayaf, donde visitará al Gran ayatollá Sayyid Ali Husaini Sistani, la principal autoridad chií en Irak. Bruni ha enmarcado este encuentro en la óptica de la "fraternidad" que propone el Papa en su tercera encíclica 'Fratelli Tutti'. Al-Sistani es uno de los clérigos chiíes más influyentes, con millones de seguidores en todo el mundo. En Occidente es principalmente conocido por su prestigio y su peso en la política iraquí, especialmente a partir de la invasión estadounidense en 2003.

Sistani, considerada una voz moderada, ha jugado un papel fundamental como mediador político y referente moral en Irak, lo que le ha dado gran influencia en un país que está en el centro de la pugna entre Estados Unidos e Irán.

Posteriormente, Francisco viajará en avión de Nayaf hacia Nassiriya -donde se encuentra el cementerio musulmán más grande del mundo- y participará en un encuentro interreligioso en la llanura de Ur y pronunciará un discurso.

El domingo, el Papa viajará en avión a Erbil, capital del Kurdistán iraquí, donde será recibido en el en aeropuerto por las autoridades religiosas y civiles de la región autónoma de Kurdistán Iraquí.

Este punto se erige como el último refugio de los cristianos en Irak, en la región autónoma del Kurdistán, que consiguió su independencia en 1991 tras la primera Guerra del Golfo, un lugar donde, de momento, son tolerados, aceptados y pueden exigir algunos derechos.

DE UN MILLÓN A 300.000 CRISTIANOS

Debido a las numerosas persecuciones y amenazas de muerte a manos de los grupos musulmanes radicales, miles de familias cristianas escaparon de las ciudades de Basora, Bagdad y Mosul para refugiarse en Erbil y las zonas limítrofes. Antes de que Estados Unidos invadiera Irak en 2003, había alrededor de 1,2 millones de cristianos en todo el país; ahora no quedan más de 300.000.

Además de católicos caldeos, que representan el 75% de los cristianos iraquíes, están los asirios o nestorianos, seguidos de siriaco-ortodoxos, y, en menor número, armenios y protestantes.

Está previsto que el Papa viaje en helicóptero hacia Mosul en donde realizará una oración de sufragio por las víctimas de la guerra en Hosh al-Bieaa (Plaza de la Iglesia) en Mosul, donde tendrá lugar uno de los momentos más significativos del viaje. Así, está previsto que el Papa se traslade hasta la plaza de las cuatro iglesias donde rezará "de forma privada" para "honrar a las víctimas de la guerra", en palabras de Bruni.

En 2003, la comunidad cristiana de Mosul tenía unos 35.000 fieles. En los once años siguientes al comienzo de la guerra para derrocar a Sadam Hussein, el número cayó trágicamente y los asesinatos y secuestros a cristianos estaban casi a la orden del día.

Muchas de las iglesias caldeas cerraron incluso antes de la invasión del autodenominado Estado Islámico porque un gran número de personas abandonó Mosul tras el asesinato en 2008 del obispo caldeo Raho y del padre Ragheed.

En 2014 quedaban en la ciudad unos 15.000 creyentes de diferentes Iglesias: caldeos, siro-ortodoxos, siro-católicos y algunas familias armenias. Con la llegada de los yihadista, miles de cristianos huyeron inmediatamente de la ciudad y los que no escaparon fueron obligados a convertirse o ejecutados.

El Pontífice se trasladará más tarde irá a Qaraqosh, considerada la ciudad cristiana más grande de Irak, en la llanura de Nínive, donde poco a poco los cristianos están comenzado a volver tras la derrota por parte del ejército iraquí de los terroristas yihadistas. Allí, visitará la Iglesia de la Inmaculada Concepción, pronunciará un discurso y rezará el Ángelus. Finalmente, el Papa se trasladará a Erbil en donde presidirá la Santa Misa en el Estadio Franso Hariri. Al concluir, volverá en avión al aeropuerto internacional de Bagdad. El lunes por la mañana, el Papa participará en la ceremonia de despedida en el aeropuerto internacional de Bagdad y partirá en avión hacia el aeropuerto internacional Ciampino de Roma.