Un incendio de sexta generación y "casi inédito en los últimos años en Andalucía y probablemente en España". Así ha calificado el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, al incendio declarado este pasado miércoles en Sierra Bermeja, que afecta a varios municipios malagueños y que sigue activo.

Un incendio "tremendamente complejo, de enormes dificultades y que hacía mucho tiempo que no nos enfrentamos a uno de estas características", ha subrayado Moreno, que ha dejado claro que están poniendo "todos --los medios-- y no se está escatimando ningún tipo de recursos dentro de la efectividad que tenemos que tener para apagar el importante incendio", que afecta ya a unas 3.600 hectáreas.

No obstante, ha dicho que quiere ser optimista y confía en que "las condiciones meteorológicas nos darán un respiro; a que encontremos ventajas de oportunidad para ser los más efectivos posible, acorralar el demonio del fuego y extinguirlo lo antes posible".

Moreno, de igual modo, habla de que esto "es un drama, una catástrofe, no tiene otro nombre, que nos golpea, precisamente, cuando pensábamos que habíamos pasado lo peor en materia de incendios a lo largo del verano; una catástrofe que está haciendo un enorme daño, no solo medioambiental, está generando una cicatriz a todos los que durante los generaciones han vivido, disfrutado y han hecho un modo de vida de ese bosque".

"Este incendio nos está generando muchos problemas por muchas razones", ha abundado, añadiendo que, primero porque "no hemos tenido la suerte de contar con las condiciones climatológicas y meteorológicas adecuadas para poder trabajar con la máxima efectividad".

Ha lamentado que "desde el minuto uno no nos ha acompañado ni el viento ni la situación", añadiendo que la orografía es "muy compleja, adversa, difícil", que prácticamente hace que los medios aéreos sean los más efectivos, llevando la mayor carga, aunque los medios terrestres también lo hacen.

"Estamos poniendo todo lo que tenemos a nuestra disposición", ha abundado, recordando que son 37 medios aéreos, más de 500 efectivos para organizar, planificar e intentar extinguir el incendio, además de todas las personas que tienen experiencia en la lucha contra los incendios.

De igual modo, ha agradecido a presientes de comunidades autónomas que le han llamado y han hecho ofrecimientos de medios aéreos, algunos incorporados, además de al Ejecutivo de la nación, recordando la conversación con Pedro Sánchez, que ofreció la posibilidad de contar con la UME.

En relación con el apoyo de la UME, ha dicho que no es una decisión que toman los políticos, "no somos expertos en previsión ni extinción de incendios". "Nosotros venimos a arropar institucionalmente, y, evidentemente, para que nos trasladen necesidades", ha abundado, añadiendo que la dirección de lucha contra incendios la llevan el equipo técnico y son ellos la que lo tienen que solicitar.

"No descartamos absolutamente nada", ha dicho, no obstante, reiterando los medios aéreos desplegados. "Vamos a ver, esperemos que no se derrumbe --el pirocúmulo formado-- y esperemos que podamos aguantar pero vamos a tirar de todo, siempre con el criterio técnico".

Moreno, en declaraciones en el Puesto de Mando Avanzado, ubicado en el municipio malagueño de Estepona, ha tenido palabras para el bombero del Infoca fallecido en la extinción del incendio; agradeciendo el "enorme esfuerzo" de efectivos de los bomberos, que "ponen todo el esfuerzo, compromiso y entrega arriesgando incluso sus propias vidas".

"Lo primero es salvar vidas", ha dejado claro, explicando que se ha decidido retirar los equipos terrestres para evitar riesgos debido a ese pirocúmulo formado: "No queremos perder ni una sola vida más, por tanto, estamos siendo escrupulosamente prudentes para evitar que cualquier miembro de los que están trabajando puedan quedarse atrapados y perder su vida".

Ha añadido que se actúa con "la máxima eficiencia posible, la máxima inteligencia, pero muchas veces no podemos luchar contra la naturaleza", y "sufrimos la enorme impotencia, las lágrimas de alcaldes, de vecinos, el dolor que estamos sufriendo todos" porque a pesar del equipo desplegado "no podemos hacer mucho más ahora mismo".

Por otro lado, ha señalado que son 36 kilómetros de perímetro de zona debido al incendio, apuntado que, actualmente, se está a la espera para ver lo que ocurre.

No obstante, ha dicho que quiere ser optimista y confía en que "las condiciones meteorológicas nos darán un respiro; a que encontremos ventajas de oportunidad para ser los más efectivos posible, acorralar el demonio del fuego y extinguirlo lo antes posible".

De igual modo, ha incidido en que, a pesar del numeroso equipo desplegado "no podemos hacer mucho más ahora mismo", pero se sigue trabajando. "Gracias al esfuerzo se ha conseguido que no vaya a más, gracias al Infoca se ha podido preservar otras zonas no solo pobladas, sino con alto valor ecológico".

Así, con ese esfuerzo, ha dicho, se puede hablar de "cifras dramáticas, porque lo son, que no alcanzan datos mayores". En este punto, ha dicho que se va a esperar a ver si las condiciones desde el punto de vista meteorológico da una tregua y "nos permite a todos los equipo de unas vez por todas perimetrar, controlar, este demonio que es el incendio, para que no salga de esos límites y fronteras que le queremos construir" y que "no siga generando daño, sufrimiento, en todos y cada uno de los rincones" de la zona.

También Moreno ha incidido en lo inédito del incendio, consecuencia "de muchas cosas pero también, por qué no decirlo, del cambio climático y de estos nuevos incendios que estamos encontrando, que no son los de los años 90, que no son los que hemos tenido hace 15 años".

"Son nuevas fórmulas de fuego a los que superan los medios materiales y humanos que tenemos no solo en Andalucía", señalando que ello también ha pasado en Portugal, California, Canadá, entro otros, y "desgraciadamente y tristemente nos está pasando a nosotros".

CONFINADOS

Debido al incendio se ha obligado el desalojo de los municipios malagueños de Genalguacil y Jubrique a causa del incendio, del que se investigan las causas, que podría apuntar a intencionado.

"Desde luego me da mucha rabia, a veces, se cae una línea de electricidad y provoca un incendio; un cristal en el suelo, alguien en la agricultura hace algo que no debe o cae un rayo y la propia naturaleza hace arder un bosque... pero que alguien venga, un canalla venga a meter fuego a algo tan nuestro, tan importante, eso no tiene nombre", ha dicho, por lo que, si definitivamente, tras los informes, dicen que es intencionado "vamos a poner todos los recursos",

Moreno ha agregado, además, que ha mantenido una reunión con los regidores de la zona y ha dicho están "destrozados" porque gran parte del sustento económico, social, está vinculado a esa masa forestal que una parte de ella ha desaparecido". "Están en situación de shock, preocupados por los vecinos", ha abundado.

Por último, Moreno ha pedido paciencia a las personas confinadas y mucha prudencia. "Desgraciadamente no se puede hacer nada", rogando que sigan las recomendaciones y se queden en casa. "Esto pasará, y vamos a intentar que pase lo antes posible", ha concluido.

El portavoz adjunto del PSOE en el Congreso, Felipe Sicilia, ha pedido al presidente andaluz, Juanma Moreno, que "valore el ofrecimiento del Gobierno de España para que todos los medios que tienen los ministerios que pueden actuar sean tenidos en cuenta y puedan ayudar a la extinción" del incendio de Sierra Bermeja, que lleva a cabo el Infoca, al que ha agradecido "su trabajo, labor, esfuerzo y sacrificio, incluso personal con la vida de un bombero".

Sicilia, que ha mantenido con el secretario general del PSOE de Málaga, José Luis Ruiz Espejo, una reunión, ha expresado el pesar de todo el partido por el incendio, que afecta a cuatro municipios malagueños; ha dado el pésame a familiares y amigos del bombero forestal fallecido y ha mostrado su solidaridad con los vecinos afectados.

Así, ha indicado que "todos los esfuerzos son pocos, el incendio no está controlado y no tiene visos de que se vaya a controlar en las próximas horas", por lo que ha pedido a Moreno que "no descarte ninguna posibilidad, que colabore con todas las administraciones que se han ofrecido".

En este punto, ha recordado que la Administración central "se ha ofrecido a prestar todo su ánimo y todos sus medios", insistiendo al presidente andaluz en que "valore la capacidad que tiene el Estado de poder ayudar y arrimar el hombro para sofocar este incendio lo antes posible".

El también coordinador del Equipo de Impulso para la Escucha Activa y Dinamización de Propuestas del PSOE-A ha indicado que el secretario regional del partido, Juan Espadas, se ha desplazado al puesto de mandos del incendio para conocer de primera mano la situación, "ponerse a disposición de todos los ciudadanos y del presidente andaluz, mostrando la disposición del PSOE a ayudar y ser cauce para una vez pasado el incendio encontrar soluciones a los problemas que se van a encontrar los ciudadanos".

Por su parte, Ruiz Espejo también ha trasladado el apoyo de los socialistas malagueños a los familiares y compañeros del bombero fallecido en el incendio, así como a los operarios que están trabajando en las tareas de extinción, en especial a los bomberos forestales del plan Infoca, y ha apuntado, ante la "complejidad y la extensión" del incendio y con la elevación al nivel 2 del mismo que "la Junta solicitará la intervención de la UME".

Así, ha considerado que "la intervención de la UME supondría un refuerzo a los trabajos que deben realizarse para la completa extinción del incendio, así como para la protección y seguridad de las poblaciones afectadas como ya han solicitado también los alcaldes de Genalguacil y de Jubrique".

La Fiscalía del Tribunal de Cuentas sostiene que el hecho de que la Generalitat de Cataluña no se manifieste como perjudicada por la actuación de 34 excargos del Govern "no impide la actuación" del órgano fiscalizador para reclamar 5,4 millones de euros en concepto de responsabilidad contable por el presunto uso irregular de fondos de la Generalitat de Cataluña para las 'embajadas catalanas' y el Diplocat.

En un escrito, el fiscal jefe de sala Miguel Ángel Torres desestima el recurso presentado por Rosa Vidal Planella, exinterventora de la Generalitat, quien alegaba que en el presente caso "no ha habido perjuicio de tercero", dado que la Administración catalana "ha comparecido para manifestar que no existe perjuicio para la misma".

El Ministerio Público defiende que tal situación "no impide la actuación de la delegada instructora" y se reafirma en jurisprudencia de la propia Sala de Justicia del Tribunal de Cuentas. Además, subraya que el acta de liquidación complementaria por el que se fija la fianza a los excargos del Govern "hace referencia a la existencia de presuntos perjuicios causados a la Hacienda de la Generalitat de Cataluña".

En este sentido, el fiscal también recuerda que en el procedimiento que se sigue en el órgano fiscalizador "existen otras partes legitimadas para el ejercicio de la acción contable que están personadas en las presentes diligencias", en referencia a la acción pública --ejercida por Sociedad Civil Catalana y Asociación de Abogados Catalanes-- y el propio Ministerio Fiscal.

El Tribunal de Cuentas reclama a 34 ex cargos del Govern --incluidos los expresidentes catalanas Carles Puigdemont y Artur Mas y los líderes independentistas condenados e indultados Oriol Junqueras y Raül Romeva-- cantidades individuales por conceptos concretos que aprobaron cuando estaban en sus respectivos puestos de trabajo. Todos deben responder al total de forma solidaria hasta los 5,4 millones de euros.

PLAZO PARA DEMANDAS

Según recoge la Ley de Funcionamiento del Tribunal de Cuentas, una vez que se hayan abonado las cauciones y se resuelvan los recursos se dará traslado de la pieza y demás actuaciones al representante de la entidad del sector público perjudicada -en este caso la Generalitat-- y las demás acusaciones para que dentro del plazo común de 20 días presenten demanda.

Si no se llega a presentar, se conferirá traslado al Ministerio Fiscal --por el mismo plazo-- para que la formule si así lo considera oportuno; en caso de que tampoco presentase escrito, el órgano de la jurisdicción contable a cargo del litigio ordenará de oficio el archivo de los autos.

Una vez finalizada esta instrucción, continuará el procedimiento en el Departamento Segundo de Enjuiciamiento, en manos de la juez Margarita Mariscal de Gante -ministra de Justicia del primero gobierno de José María Aznar--, a la que por turno le correspondió este asunto.

El ex jefe de Inteligencia del Gobierno venezolano Hugo Carvajal, más conocido como 'El Pollo' Carvajal, ha pedido al Tribunal Supremo (TS) que suspenda su extradición a Estados Unidos por presuntos delitos de tráficos de drogas y de armas hasta que el próximo mes de octubre este mismo tribunal resuelva un recurso pendiente, a fin de evitar lo que ve como un daño irreversible.

Según fuentes jurídicas, la defensa de Carvajal ha presentado este mismo viernes un escrito en el que solicita a la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TS que acuerde unas medidas cautelarísimas para paralizar su extradición a Estados Unidos.

'El Pollo', de acuerdo con dichas fuentes, argumenta que se debe esperar a que esta misma Sala III resuelva el recurso presentado en mayo de 2020 por su defensa contra la decisión del Gobierno de autorizar su entrega a Washington.

Alega que, de ser puesto en manos de las autoridades norteamericanas antes de conocer ese fallo, previsto para el 26 de octubre, podría producirse un daño irreversible, dado que podría darse el escenario de que el TS tumbara la orden de extradición y Carvajal ya estuviera en suelo estadounidense.

La defensa sostiene que es menos perjudicial para los derechos de su cliente esperar un mes a conocer la decisión definitiva del Supremo que proceder ahora a su extradición y arriesgarse a que sea revocada vía judicial sin que para entonces se pueda remediar.

La Sala de lo Contencioso-Administrativo ya rechazó las medidas cautelares planteadas por la defensa en mayo de 2020, al considerar que debía prevalecer el "interés general" frente al "particular" de Carvajal, y recalcando que durante el proceso judicial en la Audiencia Nacional se preservaron sus derechos fundamentales, por lo que pudo hacer las alegaciones oportunas y éstas se escucharon y analizaron, y que, cuando supo que sería extraditado, huyó.

Para intentar que su entrega quedara paralizada con esas medidas cautelares, 'El Pollo' insistió en negar los hechos que se le imputan y advirtió de que, de ser enviado a Estados Unidos, sería sometido a "tortura" para "obtener información sobre el régimen imperante en la República Bolivariana de Venezuela". Y ello, continuaba, porque Washington cree "erróneamente" que formó parte del "entorno cercano" de Chávez y Nicolás Maduro.

"ENCLAUSTRADO" EN UN PISO DE MADRID

Tras casi dos años prófugo, el ex general 'chavista' fue detenido a las 21.15 horas del jueves por el Grupo II de Fugitivos de la UDYCO Central, en una operación conjunta con la DEA, en un piso ubicado en la calle Torrelaguna de Madrid.

Según ha informado la Policía Nacional, vivía "totalmente enclaustrado, sin salir al exterior ni asomarse a la ventana, y siempre protegido por personas de confianza". Cambiaba de escondite cada tres meses y recurrió a cirugía estética y a elementos de disfraz para intentar ocultarse.

Carvajal irá directamente a prisión para que pueda ejecutarse su entrega a Estados Unidos. La fuentes consultadas explican que, puesto que su extradición ya estaba autorizada por el Gobierno y la Audiencia Nacional, no será necesario celebrar una nueva vista.

EL CÁRTEL DE LOS SOLES

El otrora jefe de Contrainteligencia Militar con los gobiernos de Chávez y Maduro está perseguido por hechos que se produjeron entre 1999 y 2019, cuando habría pertenecido al llamado 'Cártel de los Soles', una organización criminal supuestamente gestionada por cargos 'chavistas' que, con la presunta colaboración de las FARC y otros grupos armados, habría introducido grandes cantidades de droga en Estados Unidos.

'El Pollo' Carvajal tenía vigente una orden de detención e ingreso en prisión para materializar la extradición acordada por el Pleno de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional en noviembre de 2019, que revocó así una decisión anterior de la Sección Tercera de este mismo tribunal que denegó su entrega al entender que en la petición estadounidense subyacía "una motivación política".

Estando entonces en libertad provisional, se fugó cuando se enteró de que iba a ser extraditado. A pesar de estar huido, el Consejo de Ministros aprobó en marzo de 2020 la entrega del ex militar venezolano para que sea juzgado por tráfico de drogas y de armas.

El pasado mes de mayo, Carvajal rompió su silencio para denunciar que tanto el Gobierno como la Audiencia Nacional habrían cometido "graves irregularidades" en su proceso de extradición a Estados Unidos.

La Fiscalía del Tribunal de Cuentas asegura que la inmunidad parlamentaria del expresidente catalán Carles Puigdemont no le exime de la fianza reclamada por el órgano fiscalizador en concepto de responsabilidad contable por el presunto uso irregular de fondos de la Generalitat de Cataluña para las 'embajadas catalanas' y el Diplocat.

En un escrito de ocho folios, el fiscal jefe de sala Miguel Ángel Torres desestima el recurso presentado el pasado julio por el líder independentista.

"Procede indicar que, en relación con la protección reconocida en el Protocolo nº 7 sobre los privilegios y las inmunidades en la Unión Europea, cabe señalar que no resulta de aplicación a un procedimiento de naturaleza administrativa, dirigido a determinar la exigencia de responsabilidades contables", precisa.

En este sentido, además, el fiscal insiste en que el presente procedimiento "no limita, en forma alguna, el derecho a la libertad de movimientos del recurrente ni tiene naturaleza penal o sancionadora".

Puigdemont había pedido que se anulara la caución requerida al considerar que "tiene reconocida inmunidad como europarlamentario" que "alcanza a cualquier instancia y jurisdicción, incluido el Tribunal de Cuentas".

En su recurso, el expresidente reprochaba también la actuación del órgano fiscalizador y aseguraba que la afirmación realizada por la delegada instructora durante el acto de liquidación de que su inmunidad se extiende únicamente a los procesos penales es "contraria a derecho".

El fiscal respalda la actuación de la delegada instructora del Tribunal de Cuentas y en un segundo texto, además, rechaza la queja del eurodiputado sobre la decisión de no ampliar el plazo fijado para la presentación de la fianza.

Según el acta de liquidación notificada en julio, el órgano fiscalizador reclama a 34 ex cargos del Govern cantidades individuales por conceptos concretos que aprobaron cuando estaban en sus respectivos puestos de trabajo. Todos deben responder al total de forma solidaria hasta los 5,4 millones de euros.

RECHAZADO RECURSO DE ARTUR MAS

El Ministerio Público también rechaza las alegaciones del expresidente catalán Artur Mas, que presentó recurso pidiendo suspender el plazo para abonar la fianza al considerar que tres horas para la lectura del acta de liquidación era "insuficiente" para ejercer su derecho de defensa y que hasta ese día no se le notificó ni uno solo de los trámites efectuados en el procedimiento.

La Fiscalía explica que, tal y como ha establecido anteriormente la Sala de Justicia del Tribunal de Cuentas, "no cabe notificar nada a ningún posible responsable" hasta el momento de citar a liquidación provisional porque hasta entonces no hay un presunto responsable contable identificado.

Así, el fiscal dice claramente que "ni ha habido indefensión, ni vulneración del principio de igualdad de armas". Y defiende, además, que la delegada instructora ha dado cumplimiento en todo momento a la normativa.

NI A JUNQUERAS NI A ROMEVA

Entre la batería de escritos presentados a la Sala de Justicia del Tribunal de Cuentas, la Fiscalía rechaza también las impugnaciones del exvicepresidente de la Generalitat de Cataluña Oriol Junqueras y el exconsejero de Asuntos Exteriores del Govern Raül Romeva.

Ambos líderes independentistas, condenados por el Tribunal Supremo y absueltos por el Ejecutivo, alegaron que en la tramitación de las actuaciones previas en el órgano fiscalizador no se respetó su derecho de defensa y que se vulneraron sus derechos fundamentales.

Sobre el planteamiento de la cuestión de inconstitucionalidad, el fiscal asegura que "carece de fundamento". Respecto a la invocación del principio de presunción de inocencia "resulta improcedente en la presente jurisdicción, según constante y reiterada jurisprudencia". Ambos argumentos fueron planteados también por otros excargos.

Así, el fiscal desestima impugnaciones presentadas por las defensas de 23 excargos de la Generalitat. Rechaza el argumento de Josep Manuel Suárez Iborra --exdelegado del Govern en el Reino Unido e Irlanda-- y de Martí Anglada Birulés --delegado del Govern en Francia-- de que la actuación del Tribunal de Cuentas equivale a la "derogación de competencias en materia de acción exterior de la Generalitat de Cataluña".

Desestima el razonamiento de la exinterventora de la Generalitat Mireia Vidal Ortí de que las diligencias no han sido correctamente completadas. Y reprueba el argumento de la también exinterventora Rosa Vidal Planella, que defendía que "no ha habido perjuicio de tercero, pues la Generalitat de Cataluña ha comparecido para manifestar que no existe perjuicio para la misma".

PLAZO PARA DEMANDAS

Según recoge la Ley de Funcionamiento del Tribunal de Cuentas, una vez que se hayan abonado las cauciones y se resuelvan los recursos se dará traslado de la pieza y demás actuaciones al representante de la entidad del sector público perjudicada -en este caso la Generalitat-- y las demás acusaciones para que dentro del plazo común de 20 días presenten demanda.

Si no se llega a presentar, se conferirá traslado al Ministerio Fiscal --por el mismo plazo-- para que la formule si así lo considera oportuno; en caso de que tampoco presentase escrito, el órgano de la jurisdicción contable a cargo del litigio ordenará de oficio el archivo de los autos.

Una vez finalizada esta instrucción, continuará el procedimiento en el Departamento Segundo de Enjuiciamiento, en manos de la juez Margarita Mariscal de Gante -ministra de Justicia del primero gobierno de José María Aznar--, a la que por turno le correspondió este asunto.

Agentes de la Policía Nacional han detenido este mañana a la madre de un bebé, al que tuvieron que rescatar de un piso del distrito Centro de Madrid en el que se encontraba solo, llorando desconsolado y en una estancia en pésimas condiciones higiénico-sanitarias y de seguridad, ha informado hoy la Jefatura Superior de la Policía de Madrid.

Los agentes intervinieron tras ser avisados por varios vecinos, que oyeron golpes fuertes, rotura de cristales y llantos desconsolados de una bebé. Después de varios minutos llamando al timbre sin respuesta alguna, pudieron detectar que una de las estancias se encontraba toda revuelta a través de una ventana que daba al patio interior.

Gracias a la rápida e intensa actuación de los policías, localizaron a la madre en un local próximo, quien manifestó que había dejado a su hija de dos años y medio durmiendo sola en la cama.

Ante tal situación de desamparo, acudieron inmediatamente al domicilio en compañía de esta mujer. Una vez en el interior encontraron a la niña en el suelo del baño semidesnuda con el pelo mojado y con multitud de objetos alrededor tales como botes de cristal con el consiguiente peligro que podría conllevar.

Por todo ello, acudió al lugar Samur Social, cuyos trabajadores se hicieron cargo de la menor tras comprobar su estado de salud. Además, la vivienda no contaba con medidas higiénico-sanitarias, ya que había excrementos por el fregadero, por la mesa y por el suelo y el frigorífico estaba lleno de comida en avanzado estado de putrefacción. Finalmente la mujer fue detenida como presunta responsable de un delito de abandono de menores.

La Comunidad de Madrid ha notificado 677 casos nuevos de coronavirus, de los que 469 corresponden a las últimas 24 horas, y 13 fallecidos más en hospitales, según el informe de la situación epidemiológica de este viernes, con datos a cierre del día anterior.

En la jornada precedente se notificaron 742 casos nuevos de coronavirus (65 menos), de los que 563 corresponden a las últimas 24 horas, y 12 fallecidos más en hospitales (uno menos), mientras que el viernes de la pasada semana se registraron 1.004 contagios (327 más), 744 del último día, y 8 muertos (cinco menos).

El número de hospitalizados se sitúa en 751 (63 menos que el día anterior) y 264 en la UCI (cinco menos), mientras que 100 han recibido el alta. Además, el número de pacientes en seguimiento domiciliario por Atención Primaria es de 1.536.

En el acumulado, la Comunidad de Madrid ha registrado 898.017 positivos, un total de 124.857 casos han requerido hospitalización, 13.142 han precisado UCI y 110.392 han sido dados de alta por los hospitales. Atención Primaria ha realizado el seguimiento domiciliario de 957.640 pacientes.

Respecto a los fallecidos, Sanidad Mortuoria ha contabilizado un total de 25.155, de los cuales 5.097 han sido en centros sociosanitarios, 18.609 en hospitales, 1.419 en domicilios y 30 en otros lugares.

En la Comunidad de Madrid la incidencia acumulada a 14 días continúa en ligero descenso hasta llegar a los 148,20 casos por cada 100.000 habitantes, aunque por encima de la media nacional de 131,30, mientras que la registrada a 7 días se sitúa en 57,35 casos, frente a la media en el país de 49,23.

PLAN DE VACUNACIÓN

En cuanto al plan de vacunación, se han administrado un total de 9.387.213 dosis de las 10.850.729 recibidas, con 4.178.820 segundas dosis registradas y 232.851 vacunas unidosis de Janssen, de manera que el porcentaje de población de la Comunidad de Madrid con la pauta completa se sitúa en el 71,6%.

Teniendo en cuenta solo la población diana, establecida en 5,9 millones de los 6,8 millones de ciudadanos en la región, el porcentaje de inmunizados representa el 82,3%, mientras que el 88,3% cuenta con al menos una dosis.

DATOS NACIONALES

A nivel nacional, se han registrado 4.440 nuevos casos de coronavirus, de los 1.940 que han sido diagnosticados en las últimas 24 horas, frente a los 2.090 registrados el jueves, lo que eleva a 4.907.461 la cifra total de personas contagiadas de Covid-19 desde el inicio de la pandemia.

Respecto a la incidencia media actual de contagios en España en los últimos 14 días, el informe muestra que sigue reduciéndose, situándose en los 131,30 casos por cada 100.000 habitantes, en comparación con los 140,43 notificados el jueves por el departamento dirigido por Carolina Darias.

En cuanto a los fallecidos por Covid-19, se han notificado 72 más, de los cuales 263 se han registrado en la última semana. Esto hace que la cifra global de muertos por coronavirus en España se eleve a las 85.290 personas.

Actualmente hay 4.975 pacientes ingresados por Covid-19 en toda España, 140 menos que este jueves, y se registran 1.227 en la UCI (31 menos), si bien en las últimas 24 horas se han producido 379 ingresos y 569 altas. La tasa de ocupación de camas ocupadas por coronavirus se sitúa en el 4,19 por ciento y en las UCI en el 13,37 por ciento, en ambos casos varían poco con respecto a los datos dados este jueves.

El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) lanza a consulta pública la modificación del Reglamento de la Planificación Hidrológica para actualizar los requisitos y procedimientos que se tendrán en cuenta para los próximos planes hidrológicos --actualmente también en participación pública-- y con los futuros planes especiales de sequía, cuya aprobación está prevista para 2022 y 2024 respectivamente.

El Reglamento de la Planificación Hidrológica vigente, que es el principal referente normativo para estas cuestiones, fue aprobado en 2007. Esta actualización prevé mejorar la normativa actual e incorporar asuntos que no estaban contemplados en los documentos originales, según subraya Medio Ambiente.

El nuevo reglamento propone una modificación en los contenidos mínimos exigibles de los planes especiales de sequía, además de actualizar los procedimientos de elaboración, tramitación, aprobación, seguimiento y revisión. Además, se incorpora la variable del cambio climático en la planificación hidrológica para cumplir con los objetivos la Ley de Cambio Climático y Transición Energética.

Esta actualización también establece criterios comunes para garantizar la coherencia normativa de los planes hidrológicos en todo el país, renueva los requisitos de publicación y notificación a la Unión Europea de los planes con el uso de las nuevas tecnologías, organiza los programas de medidas que impulsarán las administraciones competentes y refuerza y clarifica los requisitos que justifican las exenciones al logro de los objetivos ambientales para reducir los litigios.

Este proyecto de reforma ha sido acordado con la Comisión Europea en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. En concreto, se recoge dentro del Componente 5 del Plan, sobre espacio litoral y recursos hídricos. De esta manera, el nuevo Reglamento de la Planificación Hidrológica deberá estar aprobado para finales de 2021 o principios de 2022.

La actualización de este reglamento tiene un amplio carácter participativo. Tras el periodo de consulta pública, se requerirán informes de órganos colegiados como el Consejo Asesor de Medio Ambiente o el Consejo Nacional del Agua y de otros departamentos ministeriales.

También será necesario el dictamen del Consejo de Estado antes de que la propuesta sea elevada a Consejo de Ministros. Los comentarios y alegaciones se pueden realizar hasta el próximo 27 de septiembre a través de este buzón de la Dirección General del Agua.

La Abogacía del Estado ha presentado una batería de escritos en los que rechaza las diferentes alegaciones formuladas por cargos políticos y funcionarios a los que se reclama desde el Tribunal de Cuentas 5,4 millones de euros por el presunto uso irregular de fondos de la Generalitat de Cataluña para las embajadas catalanas y para el Diplocat.

En concreto, en el escrito que da respuesta al recurso presentado por el expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont, en el que alegaba indefensión en este procedimiento, recuerda el abogado del Estado que debe tenerse en cuenta que en las actuaciones previas en cuyo marco se han dictado los actos recurridos no pueden aplicarse los principios del derecho a la tutela judicial efectiva porque, como se justifica en la liquidación provisional, "las actuaciones previas no tienen naturaleza jurisdiccional".

En este sentido, incide en que la liquidación provisional es un acto "no definitivo" que se limita a concretar determinados hechos que pudieran ser causantes de responsabilidad contable y a quienes presuntamente podrían ser sus responsables. Por eso indica que es "muy difícil" que ese acto pueda causar "un daño real y efectivo" ya que la imputación real de responsabilidad contable llegará con el procedimiento jurisdiccional de reintegro por alcance" que se tramitará en su caso con posterioridad.

Además, sobre la alegación del expresident basada en que tiene inmunidad como europarlamentario, los Servicios Jurídicos del Estado indican que atendiendo al Protocolo sobre privilegios e inmunidades de la Unión Europea "resulta claro que el precepto no tiene ninguna repercusión sobre el presente procedimiento y no existe ninguna inmunidad en relación con la exigencia de responsabilidades contables en general y en particular en esta fase previa instructora".

También se muestra contrario a la alegación relativa a la derogación de competencias porque ya "fue motivadamente contestada en la liquidación previa", y en cuanto a la tercera de las alegaciones, relativa a la falta de respuesta a las alegaciones realizadas previamente, también se opone porque en la liquidación previa se respondió a las "cuestiones planteadas que requieren ser resueltas para poder emitir una liquidación".

Sobre la petición de Puigdemont de que le dieran más plazo para presentar la fianza, el abogado del Estado indica que "no procede" porque el recurrente "no invoca ni justifica ningún supuesto excepcional en el que la ejecución de la liquidación provisional o el requerimiento de afianzamiento produzca perjuicios graves, infundados e irreparables, como exige la doctrina".

MAS Y LA RESPUESTA "CLARA Y FUNDADA"

Argumentos similares son utilizados por los Servicios Jurídicos para el resto de cargos en escritos presentados el 6 de agosto, entre los que están el expresidente catalán Artur Mas y el ex secretario de Presidencia Joaquim Nin. Estos alegaron además que no se había garantizado su derecho de defensa, que había indefensión derivada de la inexistencia de información de las infracciones contables y que también se producía una indefensión derivada de la práctica de la liquidación provisional.

Pero en el escrito le responde que todas y cada una de esas alegaciones "fueron perfectamente contestadas en la propia liquidación", y añade que da una respuesta "clara y fundada", por lo que al igual que con el resto solicita la inadmisión del recurso de Mas.

De hecho, en otro de los escritos, en el que da respuesta --también negativa-- al recurso del exconseller Andreu Mas-Colell y de Albert Carreras de Odriozola, la Abogacía del Estado resalta "la claridad y la exquisita fundamentación de la liquidación provisional" que hace innecesario añadir alguna consideración más".

En el caso de otros excargos de la Generalitat como el exvicepresidente Oriol Junqueras o el exconseller Raúl Romeva, el abogado del Estado insiste en que no puede haber indefensión dado el momento en el que se encuentra el proceso. Y misma suerte corren el resto de alegaciones que proponían desde su defensa, entre las que se planteaba la posible inconstitucionalidad y falta de sujeción al Derecho de la Unión Europea de las normas legales reguladoras del procedimiento de actuaciones previas del Tribunal de Cuentas.

PLAZO PARA DEMANDAS

Según recoge la Ley de Funcionamiento del Tribunal de Cuentas, una vez que abonadas las cauciones y resueltos los recursos, se dará traslado de la pieza y demás actuaciones al representante de la entidad del sector público perjudicada --en este caso la Generalitat-- y las demás acusaciones para que dentro del plazo común de 20 días presenten demanda.

Si no se llega a presentar, se conferirá traslado al Ministerio Fiscal --por el mismo plazo-- para que la formule si así lo considera oportuno; en caso de que tampoco presentase escrito, el órgano de la jurisdicción contable a cargo del litigio ordenará de oficio el archivo de los autos.

Una vez finalizada esta instrucción, continuará el procedimiento en el Departamento Segundo de Enjuiciamiento, en manos de la juez Margarita Mariscal de Gante, a la que por turno le correspondió este asunto.

El Gobierno de Castilla-La Mancha, a través de la Dirección General de Salud Pública, ha confirmado 197 nuevos casos por infección de coronavirus en las últimas 24 horas, que se reducen en relación a los 338 notificados hace una semana; cinco fallecidos, tres más que el viernes pasado; 180 hospitalizados en cama convencional, cifra que se reduce desde los 213 de la pasada semana, del mismo modo que los ingresados en UCI, que se reducen de 46 a 41.

Asimismo, el Hospital de Valdepeñas es el primer hospital sin pacientes COVID-19 en Castilla-La Mancha tras la quinta ola.

Por provincias, Toledo ha registrado 93 casos, Ciudad Real 33, Albacete 30, Guadalajara 25 y Cuenca 16. El número acumulado de casos desde el inicio de la pandemia es 234.951. Por provincias, Toledo registra 88.387 casos, Ciudad Real 55.034, Albacete 36.772, Guadalajara 31.644 y Cuenca 23.114.

El número de hospitalizados en cama convencional por COVID-19 es 180. Por provincias, Toledo tiene 78 de estos pacientes (62 en el Hospital de Toledo y 16 en el Hospital de Talavera de la Reina), Ciudad Real 38 (16 en el Hospital de Ciudad Real, 10 en el Hospital Mancha Centro, 6 en el Hospital de Tomelloso, 3 en el Hospital de Puertollano y 3 en el Hospital de Manzanares), Albacete 30 (19 en el Hospital de Albacete, 4 en el Hospital de Hellín, 4 en el Hospital de Almansa y 3 en el Hospital de Villarrobledo), Guadalajara 18 (todos ellos ingresados en el Hospital de Guadalajara) y Cuenca 16 (todos ellos en el Hospital de Cuenca).

Los pacientes ingresados en las Unidades de Cuidados Intensivos que necesitan respirador son 41. Por provincias, Toledo tiene 14 de estos pacientes, Ciudad Real 13, Guadalajara 7, Albacete 6 y Cuenca 1.

En las últimas 24 horas se han registrado 5 fallecidos por COVID-19 en Castilla-La Mancha 3 en la provincia de Toledo, 1 en Ciudad Real y 1 en Guadalajara. El número acumulado de fallecidos desde el inicio de la pandemia son 6.263. Por provincias, Toledo registra 2.368 fallecidos, Ciudad Real 1.770, Albacete 911, Guadalajara 655 y Cuenca 559.

CENTROS SOCIOSANITARIOS

Un total de 24 centros sociosanitarios de Castilla-La Mancha tienen casos confirmados de positivo por coronavirus entre los residentes, dos menos que la semana pasada. De los 24 centros, 10 están en la provincia de Toledo, 5 en Guadalajara, 4 en la provincia de Cuenca, 4 en la de Ciudad Real y 1 en la de Albacete.

Los residentes con caso confirmado son 97, más que el viernes pasado, cuando se registraban 76. Los fallecimientos acumulados de residentes de estos centros desde el inicio de la pandemia son 2.105, cinco más que los notificados el pasado viernes.

El portavoz adjunto de Compromís en Les Corts, Juan Ponce, ha mostrado la preocupación de su formación después de hacerse público un nuevo incidente registrado este jueves en la central nuclear de Cofrentes, mientras que Esquerra Republicana del País Valencià ha pedido "coherencia" a PSPV y Podem en el cierre de la nuclear y Alianza Verda asegura que el suceso evidencia el "riesgo" de la instalación, que califican de "obsoleta".

Para Ponce, "los incidentes en esta obsoleta central no son hechos aislados y la gravedad de su número y frecuencia viene dada por que se trata de una nuclear que hace 37 años que está funcionando, superando así en más de 10 años el cierre recomendado por la Agencia Europea de la Energía" para esta instalación sobre la que se ha concedido una prórroga de funcionamiento hasta 2030.

El portavoz de Compromís en el Congreso de los Diputados, Joan Baldoví, ha registrado una serie de preguntas parlamentarias dirigidas a la ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, así como la petición de su comparecencia en la Cámara baja, para que explique cómo afecta este nuevo incidente en la central a la decisión de prorrogar su vida útil.

Baldoví ha señalado en un comunicado que "el incremento del precio de la luz que estamos padeciendo viene marcado sobre todo por el alza del precio del gas en los mercados internacionales y por el aumento de los derechos de emisiones, pero también por las paradas producidas en centrales como la de Cofrentes. Ha llegado el momento de acometer una reforma del sistema eléctrico, situando a la energía renovable y el autoconsumo en el centro", ha sostenido, y ha pedido al Gobierno que eche atrás la prórroga y fije un calendario para su cierre.

Desde ERPV, se alerta de que la nuclear "comporta un peligro grave por estar totalmente caduca. Al PSPV le piden "que deje el juego de las contradicciones que les hace decir una cosa en València para hacer justo lo contrario en Madrid.

"No se puede votar en las Cortes el cierre y que el mismo partido socialista dé el visto bueno a la renovación de la explotación de la central para 9 años más", ha declarado la secretaria general de ERPV Maria Pérez, en un comunicado en alusión a la proposición que les Corts aprobaron el año 2017 pidiendo el desmantelamiento de la central y la no autorización de la construcción del almacén temporal individualizado (ATI).

El presidente del partido, Josep Barberà, ha preguntado por su parte a Podem si "las desavenencias en el Govern de Catalunya son suficientes para no hacer la ampliación del Prat por qué las desavenencias en el Botànic no lo son para cerrar Cofrentes o paralizar la ampliación del Puerto de València?".

Por su parte, Alianza Verde señala que este incidente "pone de manifiesto que el funcionamiento de la nuclear de Cofrentes supone un riesgo para las personas y el medio ambiente". "El alargamiento de la vida de las nucleares supone un aumento evidente del riesgo de accidentes. La parada de ayer es un nuevo aviso de que el riesgo nuclear es una realidad que hay que evitar cerrando las centrales cuanto antes", ha declarado Juantxo López de Uralde, portavoz de Transición Ecológica de Unidas Podemos y coordinador de Alianza Verde en un comunicado.

"Después de la prórroga de la central de Cofrentes, que está amortizada y envejecida, y después de que se haya hecho esta prórroga contra la voluntad de las Cortes, nos encontramos con este incidente", ha señalado Julià Álvaro, coordinador de Alianza Verde en el País Valencià, quien ha criticado que "los incidentes son recurrentes y parece que nadie se da por aludido".

El PP quiere que el Congreso condene la represión de la oposición que está llevando a cabo la dictadura de Daniel Ortega en Nicaragua y en concreto la orden de arresto "ilegal" dictada contra el escritor Sergio Ramírez, que tiene también nacionalidad española y fue galardonado con el Premio Cervantes.

Tras acentuar "su deriva represiva en los últimos meses con la detención de líderes políticos, periodistas y miembros de la sociedad civil", el Grupo Parlamentario Popular considera que la orden de detención de Ramírez "es un nuevo hecho deplorable en esta oleadacriminal del régimen de Daniel Ortega".

Por ello, el portavoz adjunto del PP de Exteriores, Pablo Hispán, ha remitido un texto al presidente de la Comisión de Exteriores de la Cámara Baja, el socialista Pau Marí Klose, para su aprobación como declaración institucional.

En concreto, los 'populares' piden que se condene "la persecución y la orden de detención" contra Ramírez y se exija "el fin de todo tipo de hostilidades contra su persona".

La Fiscalía de Nicaragua pidió este miércoles la detención de Ramírez por "conspirar" e "incitar al odio", en un movimiento que el también exvicepresidente ha atribuido a movimientos políticos por parte de la "dictadura" de Ortega.

Asimismo, el texto presentado por el PP exige "la inmediata liberación de todos los presos políticos y el respeto a los Derechos Humanos en Nicaragua".

Tras reiterar la condena a la dictadura de Ortega aprobada en la Comisión el pasado 29 de junio, el texto plantea exigir al Gobierno "la condena a la dictadura, la protección de todos los disidentes y la adopción de todo tipo de iniciativas para la liberación de todos los presos".

Por último, y como ya hacía aquella resolución, exige al Ejecutivo "la adopción de iniciativas en la UE para incrementar las restricciones a la dictadura y la prohibición de entrada en la UE de cualquier miembro del régimen".

En su comunicado, el PP ha recordado que Ortega cuenta con el apoyo de Unidas Podemos, por lo que ha confiado en que "el PSOE no se deje arrastrar una vez más por los comunistas que están en el Gobierno" y acepte el texto propuesto.

El presidente del PP Pablo Casado ha afirmado que "sean cuando sean las elecciones", el PP está listo para ganar las autonómicas, las municipales o las generales, porque la "esperanza de España" pasa por los 'populares', una actitud que se materializará en la convención del partido con "propuestas y soluciones por el futuro".

Así se ha pronunciado en la inauguración de la nueva sede del PP en Toledo, junto a su homólogo castellanomanchego Paco Núñez, en una declaración a puerta cerrada dirigida a los cargos del PP autonómico, que ha sido difundida en la cuenta de Twitter de los 'populares' a nivel nacional.

"Debemos abrirnos de capa a la sociedad. Es importante que estemos pegados a la calle", ha manifestado Casado, lamentando que en el Gobierno podría haber mejorado su gestión, y "ha utilizado la pandemia para cuestiones de otra índole, de ocupación de las instituciones y el poder".

A su juicio, "la política tiene que aportar soluciones a los problemas", poniendo como ejemplo que cuando la luz ha subido un 200 por ciento, "no ofrecen nada", por que "lo ofrecen las propias empresas bajando las tarifas", al tiempo que ha reprochado al Ejecutivo que no respondan a la propuesta del PP en esta materia, lo que contrasta con su actitud cuando estaban en la oposición, "cuando hacían reportajes de personas vulnerables".

"Cuando hablamos de generar mayor competitividad, ¿qué hacen? hachazo fiscal", ha aseverado Casado, señalando que con subida de impuestos las "empresas cierran", lo que conlleva "pagar más prestaciones por desempleo" y que haya menos recursos económicos "para la sanidad y la educación". "Les da igual, porque no saben gestionar", ha señalado Casado refiriéndose al Gobierno central.

Respecto a la sede del PP de Castilla-La Mancha, el presidente del PP ha confiado en que los cargos del partido pasarán "muchas horas" trazando programas con propuestas que van a cambiar "para bien" la vida de sus vecinos.

"PODÉIS ENTRAR SIN LLAMAR"

De su lado, el presidente del Partido Popular de Castilla-La Mancha, Paco Núñez, ha asegurado que las puertas de la nueva sede del PP regional están abiertas a toda la sociedad: "Podéis entrar sin llamar, aquí hay pocos despachos y muchos espacios diáfanos para poder escuchar y compartir con los vecinos".

Núñez ha recalcado que el partido quiere estar más cerca que nunca de todos aquellos que quieran venir para contar sus preocupaciones o problemas o cualquier cuestión que pueda servir para mejorar el futuro de Toledo y de Castilla-La Mancha.

La nueva sede del PP, que está ubicada en "pleno corazón de Toledo" y a "pie de calle", inicia una nueva andadura como un partido "fuerte, unido y totalmente consolidado" para cumplir un objetivo claro: "Que Pablo Casado sea el próximo presidente del Gobierno de España".

De esta manera, Núñez ha señalado que es "urgente" que Casado tome las riendas de nuestro país porque "está en juego" el futuro de nuestros hijos y el futuro de una España de esperanza y de oportunidades, ha informado el PP en nota de prensa.

En este sentido, ha insistido en que Casado representa el modelo de libertad, de gestión seria y rigurosa que solo piensa en beneficiar a las clases medias y tratar de proteger a las familias, autónomos y pymes y agricultores y ganaderos.

Además, ha recalcado que el PP de Pablo Casado confía en los jóvenes y, al mismo tiempo, respeta y escucha a nuestros mayores, así como que protege nuestra capacidad de progresar y crecer y apuesta por una educación y una sanidad de calidad y por unos servicios sociales que garanticen unas condiciones de vida dignas.

"Tenemos un gran objetivo, que Pablo Casado sea el próximo presidente del Gobierno, y es urgente y de extrema necesidad que esto suceda para derrocar al socialismo de Sánchez".

Por otra parte, Núñez ha recordado que el éxito del partido es nuestra "fortaleza" que reside en la base, en los alcaldes, en los concejales, en las Juntas locales y en los afiliados. "Somos lo que somos porque en cada uno de los 919 municipios hay una persona que levanta la bandera del PP". "Somos el partido que cree en sus bases y el PP se apoya en ella para construir el futuro de España y de Castilla-La Mancha".

El presidente del PP-CLM ha afirmado que el partido está "listo para ganar las elecciones y para gobernar". "Estamos preparados para ganar a Page y a Pedro Sánchez".

La Guardia Civil investiga si el adolescente con el que se encontraba la menor que se precipitó desde un edificio en O Carballiño (Ourense) la había encerrado en la vivienda, así como si la había golpeado con una barra de hierro encontrada en la misma.

Esta situación tuvo lugar sobre las 19,50 horas de este jueves, cuando el propio menor contactó con el 112 Galicia para trasladar que "acababa de matar a su amiga" porque "quería saber lo que sentía", según el relato de fuentes de la investigación que tratan de esclarecer los hechos.

De este modo, el 112 Galicia puso la situación en conocimiento de la Policía Local y Urxencias Sanitarias de Galicia-061, tras lo que se movilizó un helicóptero medicalizado al lugar. Posteriormente, la chica fue trasladada en la aeronave al Complexo Hospitalario Universitario de Ourense (CHUO), donde permanece ingresada en estado crítico "tras perder masa encefálica", según apuntan las fuentes consultadas.

Asimismo, el 112 Galicia informó de lo ocurrido a la Guardia Civil y Protección Civil. Posteriormente, los efectivos desplazados al lugar indicaron que se había encontrado herido al chico, al que se realizó un examen médico completo.

HIPÓTESIS

La Guardia Civil, que investiga la condición de los hechos ocurridos y cómo sucedieron, centra sus sospechas en el adolescente de 13 años. La hipótesis apunta a que los menores habían quedado esa misma tarde y que, en un momento determinado, se trasladaron a la vivienda del chico por motivos que no se han aclarado.

Una vez allí, él habría encerrado a la víctima y la habría atacado con una barra de hierro, una pata de cabra, que ha sido encontrada en el domicilio.

A partir de ahí, se investiga si la menor se cayó del balcón al tratar de escapar o si el presunto agresor pudo haberla empujado. Paralelamente, se trata de esclarecer si una herida leve superficial que presentaba el adolescente en el pecho y que podría haber sido realizada con un objeto punzante fue autoinfligida o causada por la menor en defensa propia.

Por su parte, la Fiscalía de Menores ha incoado el correspondiente expediente de protección de ambos menores, víctima y presunto autor de los hechos, a fin de determinar si se encuentran en una situación de riesgo que justifique la adopción de alguna medida.

De este modo, si del informe médico realizado al chico se desprende que padece un trastorno de conducta, el fiscal promovería su ingreso en el centro de menores con trastorno de conducta. En todo caso, las mismas fuentes han recordado que no se puede proceder a la apertura de una causa penal por tratarse de menores de 14 años.

La Comunitat Valenciana ha notificado 5 fallecidos por coronavirus, todos ellos en los últimos 7 días, mientras los nuevos contagios caen a 355. Además, la presión hospitalaria sigue la baja y hay 17 personas ingresadas menos y dos camas UCI ocupadas menos que ayer, según la actualización de datos de la Conselleria de Sanidad.

Asimismo, un total de 4.015.320 personas han recibido ya una dosis de la vacuna contra el coronavirus en la Comunitat Valenciana y en estos momentos ya cuentan con la pauta completa de inmunización 3.799.247 personas.

De este modo, la cifra total de positivos en 505.762 personas. Por provincias, 44 en Castellón (52.419 en total); 187 en Alicante (185.056 en total) y 124 en Valencia (268.285 en total) y hay un total de dos casos no asignados.

El total de decesos desde el inicio de la pandemia se sitúa en 7.733: 838 en la provincia de Castellón, 2.953 en la de Alicante y 3.942 en la de Valencia.

Los hospitales valencianos tienen, actualmente, 260 personas ingresadas, 66 de ellas en la UCI: 44 en la provincia de Castellón, 8 en UCI; 110 en la provincia de Alicante, 32 de ellas en la UCI; y 106 en la provincia de Valencia, 26 de ellas en UCI.

Además, se han registrado 823 altas a pacientes con coronavirus. De esta forma, el número de personas que han superado la enfermedad desde que comenzó la pandemia en la Comunitat Valenciana asciende a 504.598 personas. Por provincias, las altas se distribuyen así: 52.570 en Castellón, 183.656 en Alicante y 268.315 en Valencia. El total de altas no asignadas se mantiene en 57.

De acuerdo con los datos registrados, en estos momentos hay 4.883 casos activos, lo que supone un 0,94% del total de positivos y desde la última actualización, no se han registrado brote con 10 o más casos asociados.

Las altas temperaturas activarán este sábado los avisos en todas las Islas Canarias, en una jornada en la que se prevén chubascos o tormentas localmente fuertes en el litoral de la Comunidad Valenciana y de Cataluña, según la predicción de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET).

Este sábado habrá intervalos nubosos y nubosidad de evolución en la mitad norte del área mediterránea, con posibilidad de algunos chubascos y tormentas, más probables en el litoral de la comunidad Valenciana y de Cataluña, donde podrían ser localmente fuertes.

Los cielos estarán poco nubosos, con algunos intervalos nubosos, en el resto del país, y con algo de nubosidad de evolución diurna en el resto del interior peninsular, pero sin precipitación.

Las temperaturas diurnas irán en descenso en toda la zona de Levante, y en general, se espera un ligero ascenso en el resto de la Península y Canarias. En el archipiélago, habrá aviso amarillo por temperaturas máximas que pueden alcanzar los 34 ó 36ºC en medianías y zonas altas del sur y oeste de Gran Canaria, medianías de Tenerife, La Gomera, La Palma y El Hierro, así como en el interior y sur de Lanzarote y Fuerteventura. Las temperaturas nocturnas experimentarán pocos cambios en todo el país.

Predominarán en general los vientos flojos variables en casi todo el país, con algún intervalo moderado en zonas de costa.

La ministra de Justicia, Pilar Llop, ha insistido en la necesidad de "no banalizar, usar torticeramente ni hacer manipulaciones políticas" con las denuncias falsas porque produce "mucho daño" y "un efecto disuasorio en las víctimas", y ha reiterado el compromiso del Gobierno central contra los delitos de odio.

En una entrevista a Radio Euskadi, Llop, de visita en Euskadi este viernes con motivo de la reunión de las Juntas de gobierno de los colegios de la Abogacía en la capital vizcaína, se ha referido a las denuncias falsas que, en materia de género, que constituyen menos de un 0,2% de la media de 150.000 denuncias anuales en España.

El hecho de que se contabilicen las denuncias falsas en este ámbito significa, a su juicio, que existe "un buen sistema" que las detecta. "Pero, lo que no hay que hacer nunca es banalizar, usar torticeramente ni hacer manipulaciones políticas con las cuestiones de denuncias falsas", ha reiterado.

A su juicio, utilizar el tema de las denuncias falsas con "alguna intención o finalidad espuria" produce "un efecto disuasorio en las víctimas y hace mucho daño". "En violencia de género, las mujeres no están denunciando, de las mujeres asesinadas, únicamente un 20% había denunciado", ha dicho. "¿Dónde están las denuncias falsas? No se puede minusvalorar esta cuestión", ha advertido.

COMPROMISO

Preguntada por la denuncia falsa de un joven denunció una agresión homófoba en el barrio de Malasaña, la ministra ha insistido en que, para el Gobierno, la lucha contra los delitos de odio "es un compromiso".

En este aspecto, ha incluido la decisión de la Comisión de Seguimiento del Plan de lucha contra los delitos de odio, en la que se ha llegado a la conclusión de que "es necesario reforzar las estructuras de las unidades policiales para incrementar la eficacia a la hora de dar una respuesta desde las instituciones a la investigación de los delitos de odio".

Llop ha llamado a "ser muy responsables a la hora de utilizar las redes sociales, uno de los instrumentos por los que se producen gan parte de este tipo de manifestaciones a través de las redes, que son muy dañinas".

"Hay que hacer una reflexión y todo pasa por la concepción de los espacios de democracia, de espacios de respeto en los que respetemos la diversidad, la singularidad de cada uno de nosotros", ha añadido.

MENOSPRECIAR O RIDICULIZAR

Preguntada por la intervención del portavoz de Vox en la comisión, Javier Ortega Smith, que se dirigió a la ministra en la Comisión de Justicia como a "la ministra de la ideología de género" y de "la cuota", ha recordado que le respondió "explicándole que menospreciar, ridiculizar, es algo muy negativo, porque socava la convivencia democrática".

"Si rompemos el diálogo con el insulto, el menosprecio, la ridiculización de la persona que tenemos enfrente, no construimos en democracia", ha dicho.

A su juicio, hay que "bajar ese nivel de crispación y de alteración" porque los debate "pueden ser apasionados", pero tienen que ser "respetuosos". "Los ciudadanos también tienen que pedir a los políticos que seamos capaces de mantener el tono y el respeto. Se puede ser muy contundente y muy duro siendo respetuosos", ha concluido.

La Federación Catalana de Asociaciones de Actividades de Restauración y Musicales (Fecasarm) ha interpuesto otro recurso ante el Tribunal Superior de Justícia de Cataluña (TSJC) y ha pedido que se suspendan las restricciones sanitarias en vigor, ya que considera que el hecho de que el Govern permita reuniones de más de 10 personas "fomenta" el botellón y las fiestas privadas.

El secretario general de Fecasarm, Joaquim Boadas, ha sostenido que eliminando la restricción de reuniones de máximo 10 personas el Govern está propiciando "de manera totalmente consciente y querida los botellones y las fiestas privadas, a los que reconoce de eventos superdiseminadores", ha explicado la patronal del ocio nocturno en un comunicado este viernes.

Por esta razón, ha pedido ampliar la oferta legal urgentemente, "más cuando los datos epidemiológicos han mejorado sustancialmente y el personal sanitario ya ha vuelto de vacaciones".

En el recurso, han solicitado ampliar el horario de la restauración hasta la 1 de la madrugada y los espacios de ocio nocturno en el aire libre hasta las 03.30 horas, con 30 minutos para desalojar.

Según han manifestado, la Agència Catalana de Salut Pública ha reconocido en un informe que las posibilidades de contagio en fiestas privadas en espacios cerrados se multiplica, y que además "se produce un contacto físico más o menos prolongado y un aumento del tono de voz".

Desde Fecasarm han propuesto someter el derecho de admisión a los locales de ocio nocturno con un test negativo previo o tener la pauta completa de la vacunación para evitar los contagios.

"A menos que el TSJC no suspenda las restricciones impugnadas, la Generalitat será responsable directa de todo lo que haya podido suceder a raíz de los botellones y las fiestas privadas que ella misma habrá promovido de manera consciente y querida", han añadido.

La ministra de Derechos Sociales y líder de Podemos, Ione Belarra, ha emplazado a las grandes empresas de comunicación y redes sociales responsabilidad para impedir que se utilicen sus canales para que los "emisores" de discursos de odio propaguen su "veneno" que luego acaba convirtiéndose en "violencia" contra las personas LGTBi.

Al inicio de su intervención en el Consejo Estatal de la formación morada, ha querido transmitir su "solidaridad" pero también su compromiso con los derechos de las personas LGTBi del país, dado que están viviendo "días nada fáciles" viendo como aumentan los delitos de odio contra ellas. Máxime cuando, a su juicio, esta situación se ve cuestionada por la "derecha y la extrema derecha".

Por eso, la también ministra de Derechos Sociales ha prometido que su espacio político va a trabajar para que la Ley Trans y LGTBi sea "una realidad lo antes posible" en España, para tener "más y mejores herramientas frente a los que no tienen más patria que su odio".

Belarra también ha apelado a la responsabilidad que tiene toda la sociedad para que el colectivo pueda tener vidas libres y seguras, algo que "no soslayan" las personas que ostentan cargos públicos de cara a "no dejar pasar los discursos de odio".

De esta forma, ha pedido responder y actuar para "no reír las gracias a los homófobos" en la vida cotidiana pero, también, en las redes sociales de cara a conformar una "defensa social" ante estos comportamientos.

Y específicamente se ha dirigido a las empresas que dirigen redes sociales y medios de comunicación, pues es "evidente" que el discurso de odio "es el caldo de cultivo" de esta problemática, que tiene "emisores originarios" como "líderes políticos y organizaciones afines que buscan poder y votos azuzando contra las minorías.

"Este discurso de odio que degrada nuestra sociedad y nuestra democracia necesita de los medios de comunicación para difundirse. Si los responsables políticos tenemos la obligación de legislar contra el odio, y es así, si la ciudadanía tiene la responsabilidad de frenar el discurso del odio al menos en su día a día; las grandes empresas de redes sociales y también grandes medios de comunicación tienen una responsabilidad, al menos equivalente, para no permitir que utilicen sus canales para propagar el veneno que luego acaba convirtíendose en violencia", ha zanjado.

La Policía Nacional ha activado su teléfono 24 horas de prevención del suicidio y ayuda psicológica para atender por especialistas a los agentes de la institución. La iniciativa se ha anunciado coincidiendo con el Día Mundial de la Prevención del Suicidio.

Atendido por el Equipo de Intervención Psicosocial durante las 24 horas del día, 365 días del año, dará respuesta a las solicitudes de asistencia y/o apoyo psicológico. El objetivo es actuar "con la mayor celeridad y eficacia posible en las situaciones requeridas".

La puesta en marcha de esta medida está enmarcada en el Plan de Promoción de la Salud Mental y Prevención de la Conducta Suicida en la Policía Nacional que, aprobado el 5 de noviembre de 2020, tiene la finalidad de mejorar el bienestar psíquico de los funcionarios de la Policía Nacional.

Este Plan abarca los tres niveles de intervención preventiva que establece la Organización Mundial de la Salud, -primaria, secundaria y terciaria-, estableciéndose para ello 14 objetivos generales que se concretan en 45 medidas.

En aras de dar cumplimiento a dicha resolución se ha creado, dentro del Área de Coordinación de Prevención de Riesgos Laborales, un Equipo de Intervención Psicosocial que, integrado por Psicólogos Facultativos, cuentan con la formación necesaria para llevar a cabo los objetivos que se recogen en el Plan.

Además, para dar cobertura a todo el territorio nacional, el Equipo mantiene una comunicación fluida y constante con las Unidades Regionales Sanitarias y las Unidades Básicas Sanitarias de la Dirección General de la Policía distribuidas por toda España, "para poder prestar un mayor y mejor servicio al empleado público que necesite y requiera ayuda".

El Juzgado de Primera Instancia número 1 de A Coruña ha desestimado el recurso interpuesto por la familia Franco contra la providencia del pasado 19 de mayo en la que decretó la suspensión de las actuaciones relativas al pazo de Meirás hasta resolver si el mobiliario forma parte del inmueble y de las fincas incluidas en el recinto que los demandados fueron condenados a devolver al Estado.

Tras rechazar el recurso, ha convocado el próximo 22 de octubre a las partes personadas en el procedimiento para asistir a una comparecencia destinada a determinar "qué bienes deben tener la consideración de inmuebles" y, en consecuencia, no pueden ser retirados del pazo, según informa el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG).

En la comparecencia se analizarán las cuestiones incidentales promovidas por la Administración General del Estado y el Ayuntamiento de Sada. En concreto, la administración estatal demanda la "necesaria conservación del inventario" aprobado en su día por el juzgado y solicita la "delimitación de los bienes integrantes y pertenencias" del pazo teniendo en cuenta el artículo 334 del Código Civil, en el que se definen los bienes inmuebles. Por su parte, el Ayuntamiento de Sada reclama que se incluya, a efectos de ejecución de sentencia, el mobiliario como parte del pazo de Meirás.

En el auto notificado este viernes, la jueza explica que la admisión a trámite de las cuestiones incidentales y, en consecuencia, la desestimación del recurso de la familia Franco, "dimana, del auto de 20 de abril de 2021 dictado por la Audiencia Provincial de A Coruña". En ese auto, el alto órgano jurisdiccional provincial revocó la orden de depositar a favor del Estado todos los muebles y elementos accesorios del pazo de Meirás.

En la resolución, los magistrados de la Audiencia recordaron que, de acuerdo con el artículo 703.1.2 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, quien está obligado a entregar la posesión de un inmueble tiene derecho a retirar los muebles no comprendidos en la ejecutoria de la sentencia.

La Audiencia dejó abierta la puerta a que el Estado promoviese un incidente de ejecución "a fin de determinar qué elementos deben considerarse inseparables, como pudiera ser la discusión sobre un cruceiro, un hórreo o elementos pétreos del jardín, o un retablo u otros objetos, pero no establecer que no puede retirarse ningún mueble".

"Es en base a estas consideraciones lo que ha determinado la admisión a trámite del incidente planteado a fin de poder determinar qué bienes deben tener la consideración de inmuebles a los efectos del artículo 334 del Código Civil y, en consecuencia, no pueden ser retirados del inmueble",, subraya la magistrada en el auto, contra el que no cabe presentar recurso.

El Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 ha comenzado el proceso legislativo para recuperar la asimilación, a efectos laborales, de la consideración como personas con discapacidad con un grado de discapacidad igual o superior al 33% a los pensionistas de la Seguridad Social que tengan reconocida una pensión de incapacidad permanente en el grado de total, absoluta o gran invalidez.

Asimismo, se quiere recuperar esta asimilación para los pensionistas de clases pasivas que tengan reconocida una pensión de jubilación o de retiro por incapacidad permanente para el servicio o inutilidad.

Con este fin, el Ministerio ha abierto este viernes 10 de septiembre la consulta pública previa del Anteproyecto de Ley por el que se modifica el Texto Refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social, con plazo hasta el 28 de septiembre, según informa en un comunicado.

La propuesta de reforma de la Ley General de Derechos de las Personas con Discapacidad y de su Inclusión Social, que inicia ahora su trámite, busca, según explica el Ministerio, "resolver el grave problema creado por sucesivas sentencias de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo de 2018 que por una cuestión meramente formal declaró nula esta asimilación legal, vigente desde el año 2003, jurisprudencia que ha venido perjudicado gravemente la empleabilidad de las personas con discapacidad".

Asimismo, detalla que trata de dar respuesta a una demanda social y empresarial en la que se reclamaba reparar la pérdida de empleo de muchas mujeres y hombres que por su situación de mayor vulnerabilidad ante el empleo necesitaban acogerse a las medidas de acción positiva para la contratación laboral que se contempla en esta Ley.

La consulta pretende recabar la opinión de la ciudadanía, organizaciones y asociaciones potencialmente afectadas por la futura norma acerca de los problemas que se pretenden solucionar con la iniciativa, la necesidad y oportunidad de su aprobación, los objetivos de la norma y las posibles soluciones alternativas regulatorias y no regulatorias.