El consejero de Sanidad del Gobierno de Cantabria, Miguel Rodríguez, ha defendido que el toque de queda es una medida "correcta" y ha señalado que "ya se empieza a notar" entre los más jóvenes, cuya incidencia en el grupo de 20 a 30 años "está descendiendo".

Así lo ha afirmado el titular de Sanidad en declaraciones a Telecantabria, que ha destacado que esta semana ningún municipio se sitúa en el nivel 3 (riesgo alto) del 'semáforo Covid'.

Según Rodríguez, los técnicos de Salud Pública han considerado a la hora de tomar esta decisión dos factores: Que la incidencia en los más jóvenes "está descendiendo" en el grupo de 20 a 30 años y que el número de los ingresos en las Unidades de Vigilancia Intensiva (UVIs) en el hospital "están teniendo dientes de sierra", de tal forma que en el mismo día cambian los datos que "no están estabilizados".

"Esta semana han recomendado prudencia y ver un poco como evoluciona la situación", ha indicado el consejero, que ha reafirmado que el toque de queda, decretado en 53 municipios de la comunidad de 01.00 a 06.00 horas, era "absolutamente necesario".

En este sentido, ha justificado que había que disminuir la interacción social, fundamentalmente la que se produce en las horas nocturnas, momento del día en el que "más se da" esa interacción "sin mascarilla y sin respetar la distancia".

Rodríguez ha recordado que las medidas aproximadamente tardan dos ciclos de la incubación, por lo que calcula que se tardará al menos 12 días en "notarse" los efectos, es decir, "hasta aproximadamente la semana que viene no empezaremos a notar seriamente los efectos de estas medidas", ha dicho.

SIN VARIACIONES EN EL TOQUE DE QUEDA ESTA SEMANA

Asimismo, ha aclarado que, pese a la actualización del 'semáforo Covid', que sube a 60 los municipios en nivel 2 (riesgo medio) esta semana, no va a haber variaciones respecto a los que afecta el toque de queda.

En este sentido, ha avanzado que cuando se haga la "reevaluación" de la resolución del toque de queda, que tiene una duración de 14 días, se incluirán más municipios "si fuera necesario".

Así, Rodríguez ha aclarado que a los municipios que han pasado al nivel 2 esta semana solo les afecta los aforos correspondientes al riesgo medio.

Respecto a la posibilidad de que se produzcan nuevos brotes en verano por las fiestas, el consejero ha hecho un llamamiento a la precaución. "No decimos que no haya fiestas y que la gente no se reúna, pero siempre respetando las medidas de seguridad", ha dicho.

Asimismo, Rodríguez ha afirmado que las playas, respetando la medida de seguridad de la mascarilla y la distancia, "son seguras". "Cuanto más tiempo tengamos la mascarilla puesta, sobre todo si estamos en grupo, mucho mejor", ha insistido Rodríguez, que ha señalado estas medidas para el caso del transporte público.

EL 60% DE LOS CASOS SON DE LA VARIANTE DELTA

Cuestionado sobre la variante Delta, el titular de Sanidad ha afirmado que es la mayoritaria en Cantabria, con casi el 60 por ciento de los casos, y ha advertido que "por desgracia" se esperan nuevas variantes.

"Los expertos lo que plantean es que posiblemente cada cierto tiempo salga alguna variante nueva que nos complique la vida", ha apuntado Rodríguez, quien ha reiterado que "la prudencia es la mejor medida de prevención".

LA AUTOCITA SE ABRIRÁ ANTES DEL 2 DE AGOSTO A LOS MENORES DE 29

En cuanto a la vacunación, ha explicado que ya se está "priorizando" al grupo de 60 a 69 años y "antes de que acabe julio todos los que tenían pendiente la segunda dosis de AstraZeneca la tendrán puesta".

En cuanto a los más jóvenes, a lo largo de esta semana se va a insistir en la vacunación del grupo de 30 a 39 años y la semana que viene, o el 2 de agosto a más tardar, se abrirá la autocita para todos los menores de 29 años, momento en el que los más jóvenes tendrán la opción de vacunarse de acuerdo a sus preferencias.

El Gobierno de Castilla-La Mancha, a través de la Dirección General de Salud Pública, ha confirmado 498 nuevos casos por infección de coronavirus en las últimas 24 horas --frente a los 358 del domingo-- mientras que solo se ha registrado un fallecido en la región en este espacio de tiempo por esta causa.

Por provincias, Toledo ha registrado 169 casos, Albacete 98, Guadalajara 82, Ciudad Real 80 y Cuenca 69. El número acumulado de casos desde el inicio de la pandemia es 203.103.

Según ha informado la Junta en un comunicado, por provincias, Toledo registra 75.086 casos, Ciudad Real 48.841, Albacete 30.918, Guadalajara 27.805 y Cuenca 20.453.

El número de hospitalizados en cama convencional por COVID-19 es 90. Por provincias, Toledo tiene 33 de estos pacientes (29 en el Hospital de Toledo y 4 en el Hospital de Talavera de la Reina), Ciudad Real 25 (9 en el Hospital Mancha Centro, 5 en el Hospital de Ciudad Real, 5 en el Hospital de Puertollano, 4 en el Hospital de Valdepeñas y 2 en el Hospital de Manzanares), Albacete 16 (9 en el Hospital de Albacete, 3 en el Hospital de Hellín, 2 en el Hospital de Almansa, 2 en el Hospital de Villarrobledo), Guadalajara 11 (todos ellos en el Hospital de Guadalajara) y Cuenca 5 (todos ingresados en el Hospital de Cuenca).

Los pacientes ingresados en las Unidades de Cuidados Intensivos que necesitan respirador son 16. Por provincias, Toledo tiene 7 de estos pacientes, Guadalajara 4, Albacete 3, Ciudad Real 1 y Cuenca 1.

En las últimas 24 horas se ha registrado un fallecimiento por COVID-19 en Castilla-La Mancha, concretamente en la provincia de Toledo.

El número acumulado de fallecidos desde el inicio de la pandemia son 6.075. Por provincias, Toledo registra 2.287 fallecidos, Ciudad Real 1.732, Albacete 886, Guadalajara 628 y Cuenca 542.

El pasado año, a 20 de julio de 2020, se registraban 24 fallecidos por COVID, por los 5 fallecidos registrados a lo largo del mes de julio de 2021.

CENTROS SOCIOSANITARIOS

Diez centros sociosanitarios de Castilla-La Mancha tienen casos confirmados de positivo por coronavirus entre los residentes. De los diez centros, cinco están en la provincia de Toledo, tres en Ciudad Real, uno en Albacete y uno en Guadalajara.

Los residentes con caso confirmado son 28. Los fallecimientos acumulados de residentes de estos centros desde el inicio de la pandemia son 2.051.

La Diputación Permanente del Congreso, el órgano que sustituye al Pleno en periodos no ordinarios de sesiones como el estival, tiene previsto aprobar este miércoles las comparecencias de los siete nuevos ministros nombrados por Pedro Sánchez, pero el PP forzará también una votación para que se obligue al propio presidente a comparecer para explicar la remodelación de su Gabinete.

El PP es el firmante de todas las solicitudes que se han incluido en el orden del día de esta sesión, pero la lista de cuestiones a debatir podría menguar si los 'populares' renuncian a llamar a algunos de los ministros a los que pedían cuentas pero que han sido cesados.

En concreto, el PP pide la comparecencia de Sánchez para que dé cuenta de la incorporación de siete nuevas caras en su Gabinete: Félix Bolaños (Presidencia), Raquel Sánchez (Transportes), Isabel Rodríguez (Portavoz y Política Territorial), José Manuel Albares (Exteriores), Pilar Llop (Justicia), Diana Morant (Ciencia) y Pilar Alegría (Educación).

Los 'populares' también solicitan la comparecencia de todos ellos en las correspondientes comisiones del Congreso para que expliquen las líneas generales de la política que piensan desarrollar. Solicitan, asimismo, que haga lo propio el nuevo responsable de Cultura, Miquel Iceta, hasta ahora en Política Territorial, y su colega de Hacienda, María Jesús Montero, después de que haya asumido también la competencia de Función Pública.

Precisamente, este lunes los nuevos ministros solicitaron comparecer en el Congreso para informar sobre la 'hoja de ruta' que llevarán adelante en sus respectivas carteras. Por eso, el PSOE y Unidas Podemos, según han informado fuentes parlamentarias, apoyarán estas solicitudes del PP, y saldrán adelante.

Así, técnicamente la Diputación Permanente aprobará que las respectivas comisiones parlamentarias convoquen sesiones extraordinarias para recibir a cada uno de ellos. Es decir, que esas comparecencias tengan lugar en lo que resta del mes de julio o durante el mes de agosto, aunque aún no se ha concretado cuándo está previsto programarlas.

La idea del PP es que comparezcan antes de septiembre para que expliquen a la Cámara Baja qué va a ocurrir por ejemplo con el desarrollo de la 'Ley Celáa', la Ley de vivienda, la reforma de los peajes comprometidos con Bruselas, la deuda de España con los ayuntamientos, la reforma de la financiación local y autonómica o el futuro de los fondos europeos, entre otras.

Además, el primer partido de la oposición reclama la presencia en sede parlamentaria de Montero para que informe, entre otras cuestiones, de la liquidación negativa de las entregas a cuenta a los ayuntamientos y comunidades autónomas que su Ministerio llevó a cabo en el ejercicio 2020, de "por qué no ha cumplido todavía" la sentencia sobre el IVA adeudado a los ayuntamientos y autonomías, y de su "negativa" a cumplir las "justas" peticiones efectuadas por la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP).

Los grupos parlamentarios también deberán pronunciarse sobre otras solicitudes del PP, entre ellas la de la titular de Defensa, Margarita Robles, para que informe sobre la decisión del Gobierno de permitir la entrada en España del líder del Frente Polisario, Brahim Gali, que acabó desembocando en una crisis diplomática con Marruecos. El PP también pide la comparecencia de la exministra de Exteriores Arancha González Laya por el mismo tema, puesto que registró la petición antes de su cese.

Su sucesor, José Manuel Albares también es reclamado para dar cuenta de cuál es la posición de España respecto a las protestas que vienen sucediéndose en Cuba, sobre todo a raíz de las reticencias mostradas por el Gobierno por denominar "dictadura" al régimen que encabeza Miguel Díaz-Canel.

TAMBIÉN CALVIÑO, PLANAS Y DARIAS

En el orden del día, también figuran las explicaciones que el PP demanda a la vicepresidenta primera y ministra de Economía, Nadia Calviño, sobre dos asuntos: el calendario previsto para la recepción de los fondos europeos y la reunión mantenida entre el ex director del Gabinete de la Presidencia del Gobierno Iván Redondo y un grupo de empresarios catalanes en relación al reparto de esos fondos.

Exigen, asimismo, que comparezcan la ministra de Sanidad, Carolina Darias, por el incremento de los contagios por Covid registrado en España durante las últimas semanas; y el titular de Agricultura, Luis Planas, para dar cuenta del futuro Plan Estratégico Nacional de España para la PAC post 2020.

El PP tenía registradas otras dos peticiones relativas a personas que ya no están en el Gobierno: la de la que fuera vicepresidenta primera Carmen Calvo por la sentencia del TC que declara la inconstitucionalidad el nombramiento como Administradora provisional única de la Corporación RTVE a Rosa María Mateo, y la del exdirector del Gabinete de la Presidencia del Gobierno Iván Redondo, para que respondiera por el "ataque" a las libertades que, a su juicio, supone la reforma de la Ley de Seguridad Nacional.

Ahora, los de Pablo Casado piden cuentas a su sucesor en el cargo, el que fuera secretario de Organización del PSOE Óscar López, para que exponga las líneas generales de funcionamiento del Departamento de Seguridad Nacional como responsable del mismo.

Por último, los 'populares' reclaman que la presidenta de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), Cani Fernández, explique la subida de la tarifa eléctrica comoconsecuencia de las últimas decisiones adoptadas por el Gobierno, así como el posible conflicto de intereses en el organismo que preside respecto a las personas que tienen que valorar esas decisiones.

Diez personas han sido ingresadas por Covid-19 en los hospitales de la región en la última jornada en Extremadura, en la que se han notificado 422 nuevos contagios, y la incidencia se ha incrementado hasta los 430,27 casos por cada 100.000 habitantes a los 14 días.

Este este el balance de la última jornada en Extremadura, que cuenta ya con 62 personas ingresadas en los hospitales extremeños, en los que se han producido diez nuevos ingresos y cuatro altas. De ellas, cinco están en la UCI.

Una jornada en la que no hay que lamentar fallecimientos, por lo que el total de víctimas es de 1.771 desde el inicio de la pandemia en Extremadura, mientras que se han dado 288 altas epidemiológicas, que suman 78.340 altas en total.

Con estos datos, la incidencia acumulada a 14 días en la región se sitúa en 430,27 casos por 100.000 habitantes (frente a los 404,42 de este pasado lunes), mientras que a los 7 días en 249,51 casos por 100.000 habitantes.

Además se notifican nueve nuevos brotes de coronavirus, dos de ellos en Badajoz, con 3 y 4 positivos y 14 y 9 contactos; uno en Puebla de la Calzada, con 7 positivos y 4 contactos; uno en Valdelacalzada, con 3 positivos y 9 contactos; uno en Don Benito, con 5 positivos y 44 contactos; uno en Zahínos, con 7 positivos y 44 contactos; uno en Mérida, con 4 positivos y 22 contactos, y dos en Arroyo de la Luz, con 6 y 5 positivos y 22 y 29 contactos.

Por su parte, se han cerrado tres brotes, que son el 366 de Llerena, el 382 de Valdehornillos y el 4012 de Coria, según informa la Junta de Extremadura en nota de prensa.

SITUACIÓN POR ÁREAS DE SALUD

En cuanto a la situación por áreas de salud, cabe destacar que el de Badajoz notifica 124 casos positivos, y tiene 24 pacientes hospitalizados, tres de ellos en UCI, mientras que el área de Cáceres registra registra 79 casos positivos, y tiene cuatro pacientes ingresados, ninguno de ellos en UCI.

El Área de Salud de Mérida registra 89 casos positivos, y cuenta con nueve pacientes hospitalizados por Covid-19, mientras que el de Don Benito-Villanueva de la Serena notifica 53 casos positivos, y tiene diez pacientes hospitalizados.

Así, el Área de Salud de Plasencia registra 21 casos positivos y tiene seis pacientes hospitalizados, dos de ellos en UCI, mientras que el de Navalmoral de la Mata notifica 5 casos positivos y no cuenta con nigún paciente ingresado.

Finalmente, el Área de Salud de Llerena-Zafra registra 41 casos positivos y tiene siete pacientes ingresados, y de Coria registra 10 casos positivos, y cuenta con dos pacientes hospitalizados por Covid-19.

El 'president', Ximo Puig, ha vuelto a mostrar este martes la posición "inamovible" de la Generalitat de defender el trasvase Tajo Segura y de reivindicar agua de calidad, "a precio razonable y para siempre", como ha trasladado el gobierno valenciano en los últimos meses al Ministerio para la Transición Ecológica.

En la clausura la asamblea general de la Federación de Comunidades de Regantes de la Comunitat (FECOREVA), ha hecho un llamamiento a los regantes a mantener la unidad de acción en torno a la defensa de sus intereses reales, evitando guerras infructuosas.

Puig ha señalado el campo como sector estratégico valenciano cuyo papel trasciende lo económico y ha defendido la necesidad de mantener y garantizar la agricultura y la industria agroalimentaria para asegurar el futuro de la Comunitat, recoge la federación.

"No hay futuro si no se garantiza la alimentación; tenemos que hacer lo imposible para mantener un sector que no solo sirve para el autoabastecimiento sino que además constituye una actividad económica esencial en la Comunitat", ha reivindicado.

También ha abogado por resituar el espacio de la agricultura y el regadío en la Comunitat, en España y especialmente en Europa, mostrando su esperanza en que los fondos europeos para la reactivación lleguen al regadío valenciano. Y ha llamado a alinear los intereses del campo valenciano con la Directiva del Agua para salvar el regadío, sin olvidar la emergencia climática".

Para asegurar el relevo generacional en el campo y aspirar a mantener un sector fuerte y dinámico, Puig ha defendido que es necesario garantizar rentas "dignas" que permitan una adecuada calidad de vida.

Tras la reunión ha entregado la Medalla de Plata de la federación a su vicepresidente, José Antonio Andújar, en reconocimiento a su labor al frente de la entidad entre 2016 y 2019. Andújar, titular de la Comunidad de Regantes Riegos de Levante Margen Derecha y vicepresidente del Sindicato Central de Regantes del Acueducto Tajo-Segura (SCRATS), lleva toda la vida dedicada al regadío, ya que organizó el Congreso Nacional de Comunidades de Regantes de España en Torrevieja y fue uno de los históricos negociadores del Tajo-Segura.

Puig ha destacado que es "uno de los hombres que pasarán a la historia" por haber defendido los intereses del regadío" y ha agradecido a todas las comunidades de regantes su esfuerzo durante el último año y medio porque, según ha dicho, pues hasta en los momentos más complicados la agricultura ha estado siempre ahí.

A su juicio, la agricultura es un sector con futuro, pero hay que estudiar cómo resituar su papel "en la España y la Europa de hoy". Tenemos que ser capaces de hacerlo, porque el gran objetivo es salvar el regadío --ha alentado--. Porque no hay futuro de la Comunitat Valenciana sin regadío".

Así ha vuelto a llamar a la unidad "sin guerras del agua", mientras los regantes han trasladado sus reivindicaciones históricas, y han pedido que vayan de la mano frente al Gobierno para defender los derechos del regadío y la inversión en el mantenimiento de las infraestructuras hidráulicas

En la junta de FECOREVA se han aprobado las cuentas de 2020 y los presupuestos para 2021, así como las actividades previstas para este año. También se ha celebrado una misa conmemorativa de la festividad de san Vicente Ferrer, patrón de la federación, en el Monasterio de Santa María del Puig. La jornada ha concluido con un almuerzo de fraternidad de los regantes con la asistencia del secretario autonómico de Agricultura, Roger Llanes; el director general de Agricultura, Antonio Quintana; los presidentes de las confederaciones hidrográficas del Segura y del Júcar, Mario Andrés Urrea y Miguel Polo; el presidente de SEIASA, Francisco Rodríguez Mulero, y la alcaldesa de El Puig, Luisa Salvador, entre otros.

Más de 20 organizaciones ecologistas de Canarias han solicitado a través de un manifiesto, y con una campaña en WE Move, energías renovables compatibles con la biodiversidad, pidiendo priorizar el despliegue en zonas de menor sensibilidad para el patrimonio natural.

Así, entre las organizaciones y entidades firmantes están SEO/BirdLife, WWF, Greenpeace, Ben Magec-Ecologistas en Acción Canarias, el Museo Nacional de Ciencias Naturales MNCN-CSIC o la Asociación para la Conservación de la Biodiversidad Canaria, que piden que se garantice que la transición energética también sea "ecológica modélica".

Además, solicitan que el despliegue renovable en las islas priorice la protección y conservación de la biodiversidad para contribuir a "mantener y aumentar la riqueza natural, geológica y cultural del territorio", al tiempo que subrayan la necesidad de que se "ponga freno" al proceso de despoblamiento del medio rural y se promuevan oportunidades de desarrollo socioeconómico sostenibles, según han informado las organizaciones en un comunicado.

Este manifiesto se produce después de que Canarias esté experimentado un "desarrollo rápido" de las energías eólicas, implantándose instalaciones para la producción de energía fotovoltaica "sin que las administraciones autonómicas competentes hayan realizado ni la adecuada planificación energética previa, ni la preceptiva evaluación ambiental estratégica".

También aseguran que "tampoco se ha realizado el más que necesario estudio para determinar las zonas potencialmente aptas" para reducir al mínimo las consecuencias negativas para el medio ambiente, tal como exige la normativa comunitaria.

Añaden que actualmente una "importante parte" de los emplazamientos donde se están instalando o proyectando plantas renovables "están produciendo afectaciones inaceptables" sobre la biodiversidad, afirmando que si la situación persiste, en términos generales, "no se puede garantizar la sostenibilidad del despliegue renovable en las islas".

En este sentido, indican que las evaluaciones de impacto ambiental de cada proyecto necesarias para obtener la autorización que permita instalar y explotar una instalación eólica o fotovoltaica "son insuficientes" al "no" inscribirse en el marco de una planificación a nivel regional e insular previa.

Al respecto, aseguran que en "muchas ocasiones no justifican adecuadamente" la ubicación de una instalación en un lugar determinado, indicando que en el caso de los parques eólicos y su afectación a la fauna, los datos que ofrecen las empresas son generalmente "en apariencia muy bajos y poco creíbles, en especial si se comparan con los recabados por agentes de la autoridad en su labor de inspección en las mismas zonas".

Por ello, las principales ONG del archipiélago han suscrito el 'Manifiesto por unas energías renovables compatibles con la biodiversidad en las islas Canarias' donde solicitan que se garantice normativamente y de forma vinculante la armonización, priorizando el despliegue en zonas de menor sensibilidad para el patrimonio natural; así como concluir de forma urgente la planificación energética de las islas y la evaluación ambiental estratégica de dicha planificación energética, con arreglo a la normativa estatal y comunitaria.

Además, se pide priorizar el ahorro y la eficiencia energética, así como el impulso a las instalaciones de autoconsumo en zonas residenciales, industriales y comerciales que podrían llegar a cubrir entre 35-40 por ciento de la demanda eléctrica de los edificios del archipiélago; impulsar el mecanismo de seguimiento ambiental independiente de los parques eólicos y fotovoltaicos; garantizar la total transparencia sobre los proyectos en tramitación o exigir el uso de la mejor tecnología disponible.

Finalmente, solicitan dotar a los cuerpos técnicos y jurídicos del Gobierno de Canarias y los cabildos de los presupuestos y recursos humanos "suficientes" para tramitar los proyectos normativos, planes y estrategias.

Así, subrayan que el despliegue renovable debe realizarse atendiendo a que, "sin una selección adecuada de su ubicación y dimensiones, las instalaciones pueden afectar de forma severa" a la biodiversidad. Añade que los impactos que se generan sobre esta fauna consisten en colisiones, principal causa de mortalidad directa, molestias y desplazamiento, efecto barrera y destrucción del hábitat, además de ocupación y degradación del terreno, impacto paisajístico y ruido.

El archipiélago canario, inciden, es el punto de biodiversidad "más importante" de la Unión Europea y uno de los "más relevantes" del mundo gracias a su "extraordinaria" riqueza natural motivada por una 2compleja historia evolutiva que se sustenta en una amplia diversidad de ecosistemas exclusivos y muy diferenciados".

Así, casi el 40 por ciento de las especies de fauna y el 30 por ciento de las especies vegetales son endémicas, es decir, exclusivas de estas islas.

El portavoz del Grupo Parlamentario de Vox en el Congreso, Iván Espinosa de los Monteros ha defendido en Zaragoza el trasvase del Ebro "que traería infraestructuras y, por tanto, riqueza a la Comunidad".

Espinosa de los Monteros ha dicho que "el agua es un bien nacional, que se puede repartir de una manera equitativa entre el conjunto de los españoles por la interconexión de las cuencas", ha señalado.

Asimismo, ha pronosticado que, al tratarse de infraestructuras que suponen una enorme inversión, "las obras traerían una gran riqueza tanto en Aragón como en el conjunto de España, que tendría un extraordinario efecto para la economía, la ciudad y la Comunidad".

El diputado ha defendido esta propuesta como una medida para la defensa del medio ambiente, y ha recordado que fue una de las propuestas incluidas por su líder, Santiago Abascal, cuando presentó la moción de censura a Pedro Sánchez.

"España es uno de los países de Europa con más porcentaje de territorio, en riesgo de desertificación", ha recordado Espinosa de los Monteros, quien ha dicho que Vox propone como solución a esta situación "promover la reforestación y la plantación de árboles en muchas provincias de España".

"Para eso tiene que llegar agua", ha remarcado, añadiendo que, "unos 5.700 hectómetros cúbicos de agua del Ebro se vierten cada año al mar".

En este sentido, el representante de Vox ha abogado por "una mejor aplicación de los recursos" y ha pronosticado que el desarrollo de estas infraestructuras para la conexión entre cuencas "desarrollaría la economía aragonesa y serviría para fijar población en la España vacía.

Espinosa de los Monteros ha mencionado que, tanto las reforestaciones como los nuevos regadíos que podrían crearse con el trasvase "serían grandes sumideros de CO2", que podrían compensar las emisiones de algunas industrias "como la automovilística, con tanta importancia en Aragón".

El portavoz de Vox se ha reunido en la capital aragonesa con los miembros del comité provincial y simpatizantes de su partido, y ha participado en un almuerzo-coloquio con la Cámara de Comercio. El diputado ha manifestado que esperan crecer electoralmente en Aragón y ha defendido el trasvase del Ebro "que traería infraestructuras y, por tanto, riqueza, a la Comunidad".

Espinosa de los Monteros ha viajado acompañado por el diputado de Vox al Congreso por Zaragoza, Pedro Fernández. Ha visitado en primer lugar la Basílica del Pilar y después ha recorrido diversas calles del centro acompañado por los miembros del comité provincial, encabezad por su presidente Julio Calvo. Por la tarde está previsto que asista a un acto con afiliados en el Palacio de Congresos de la Expo.

El portavoz de Vox en el Congreso ha manifestado su satisfacción por las previsiones electorales para Aragón que ofrecen las encuestas que les dan un "crecimiento en las tres provincias y también en el ámbito local". El representante de VOX ha asegurado que "la apuesta por Aragón es un apuesta fortísima".

La Policía Nacional ha presentado este martes en Navarra el proyecto 'Protegemos el camino: Año Jubilar 2020-2021', desarrollado por el cuerpo policial en todo el territorio nacional y que cuenta con el puesto fronterizo de la localidad de Valcarlos como centro oficial de sellado y asistencia al peregrino.

El acto ha sido inaugurado por el delegado del Gobierno en Navarra, José Luis Arasti, y el jefe superior de Policía de Navarra, José María Borja.

En la presentación se ha proyectado un vídeo conmemorativo de la iniciativa y se han presentado camisetas, dípticos de seguridad y pulseras identificativas relativas al proyecto, bien para niños o para colocar en el equipaje.

Además, los 24 alumnos de escala básica que comienzan su periodo de prácticas profesionales en Navarra, así como los alumnos de escala ejecutiva en periodo de aula abierta, han realizado una marcha a pie en la primera etapa del Camino de Santiago.

El proyecto 'Protegemos el camino: Año Jubilar 2020-2021', originario de la jefatura Superior de Policía de Navarra, fue presentado el pasado viernes a nivel nacional por el director general de la Policía, Francisco Pardo Piqueras, en el Ayuntamiento de Santiago de Compostela, donde asistieron representantes de la Jefatura de Navarra.

Gracias al protocolo firmado entre la Dirección General de la Policía y la Federación Española de Asociaciones de Amigos del Camino, se han marcado tres líneas de actuación para las que ambas instituciones trabajarán de forma coordinada.

La primera de ellas es prevenir y reducir la delincuencia en las distintas rutas jacobeas, para que peregrinos, organizadores y turistas en general disfruten de un entorno más seguro.

La segunda es intercambiar experiencias y conocimientos para promocionar el Camino y aumentar los niveles de seguridad, mientras que, por último, se pretende llevar a cabo una difusión mediática de las acciones de colaboración emprendidas para proyectar la idea de un Camino seguro, tanto en España como fuera de sus fronteras.

El proyecto destaca la importancia que Policía Nacional da a la información y a la comunicación con el peregrino y, por ello, a partir de ahora, en las dependencias de la Policía Nacional que se encuentran en las diferentes rutas del Camino de Santiago existirá un policía como punto de contacto con el peregrino.

Estos policías serán los encargados de fomentar la difusión y la protección del Camino, de colaborar con las instituciones y organismos implicados, de organizar actividades de promoción y, por último, de difundir información y consejos para recorrer con seguridad los distintos trayectos.

Asimismo, se ha elaborado y difundido carteles y dípticos para informar y aconsejar a los peregrinos desde las propias dependencias policiales. Este material divulgativo incluye un código QR para un rápido acceso al espacio que se ha dedicado en la página web de la Policía Nacional, www.policia.es, con el fin de "favorecer un año jubilar seguro".

En ella, los peregrinos podrán encontrar consejos de seguridad al peregrino, geolocalización de la comisaría más cercana, los puntos de sellado agrupados por camino e, incluso, la posibilidad de descargarse la cartilla de sellado.

En este sentido, las propias comisarías y otras dependencias de la Policía Nacional establecidas a lo largo de los diferentes caminos se convierten, a partir de estos momentos, en centros oficiales de sellado de credenciales, requisito necesario para los peregrinos que deseen pernoctar en los albergues y para obtener 'la Compostela' una vez completada la ruta con su llegada a la catedral.

Asimismo, se ha editado una credencial de peregrino que puede descargarse desde la página web de Policía nacional.

Junto a ello, la Policía Nacional ha encargado a los consejeros y agregados de Interior y a sus oficiales de enlace, desplegados por todo el mundo, que actúen como embajadores policiales del Camino de Santiago. Se les encomienda promocionar el Camino y aumentar la colaboración con los cuerpos policiales de otros países, lo que redundará en una mejora de los niveles de seguridad.

De igual forma, en España continuará la presencia de policías de esos países patrullando con agentes de la Policía Nacional para asistir a los peregrinos y a los turistas extranjeros.

Esta colaboración internacional, que en Navarra se inicia con dos policías provenientes de la Polizia di Stato de Italia que desde este martes patrullan conjuntamente con efectivos de Policía Nacional, tiene como función realizar patrullas preferentemente a pie, pero también en vehículo, para prevenir la delincuencia en la vía pública.

También tomarán contacto con el ciudadano en general y, en particular, con los turistas de sus nacionalidades para asistirles en labores de traducción y para ayudarles y darles apoyo en las denuncias ciudadanas.

Esos policías extranjeros patrullarán con su uniforme nacional de servicio y está previsto que se incorporen a la Comunidad foral efectivos provenientes de otros países, principalmente Francia, Alemania e Italia, a lo largo de los años 2021 y 2022 de duración del proyecto.

El Congreso tiene previsto debatir y votar este miércoles, en un Pleno extraordinario, la convalidación del decreto ley por el que se eliminó la obligatoriedad de usar mascarillas en el exterior, siempre que se pueda mantener la distancia de seguridad.

El Consejo de Ministros aprobó el decreto el pasado 24 de junio y entró en vigor tras su publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE), pero, tal y como fija la ley, el Congreso debe convalidarlo ante de que pase un mes desde su aprobación.

En este periodo, y pese al buen ritmo que lleva el proceso de vacunación, España ha entrado en lo que ya se conoce como la quinta ola del coronavirus, los contagios están en plena escalada y ya han empezado a subir también las hospitalizaciones.

Algunas comunidades han vuelto a las restricciones --los tribunales superiores de Justicia las han avalado en unas pero las han 'tumbado' en otras-- y a ello se une que la semana pasada el Tribunal Constitucional declaró inconstitucional el confinamiento del primer estado de alarma.

LEY DE PANDEMIAS

Por todo ello, el debate parlamentario de este miércoles se espera bronco y muchos grupos lo aprovecharán para volver a exigir al Gobierno que apruebe una 'ley de pandemias' que dé cobertura jurídica a las medidas para frenar lo contagios.

Aunque la mayoría de grupos no ha querido anunciar el sentido de su voto, fuentes socialistas han informado que confían en poder convalidarlo sin problemas. Para ello, es necesario que en la votación haya más votos a favor que en contra y muchos podrían optar por la abstención. De momento, han avanzado su sí el Más País, Compromís, Junts y el PDeCAT.

PRIMERO, LA SALUD

El portavoz de ERC, Gabriel Rufián, no ha desvelado el sentido de su voto, pero ha dejado claro que para su formación lo "primordial" es "intentar preservar la salud", incluso "si hace falta dar pasos atrás", como, según ha enfatizado, ha demostrado la Generalitat de Cataluña en estos meses recuperando algunas restricciones.

Tampoco el PNV ha revelado sus planes. El lehendakari, Íñigo Urkullu, ha enviado una carta al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, pidiéndole que modifique el decreto para hacer obligatorio de nuevo el uso de la mascarilla, una petición a la que ha unido Andalucía, donde gobiernan en coalición el PP y Ciudadanos.

Además, Urkullu ha urgido al jefe del Ejecutivo a dotar a las comunidades autónomas de medidas con "seguridad jurídica" para limitar la movilidad nocturna y restringir el número de personas que se pueden agrupar.

DESESCALADA PRECIPITADA

Desde el PDeCAT, Ferran Bel ha avanzado su apoyo al decreto sobre las mascarillas, pero ha insistido en la necesidad de aprobar una ley de pandemias que dé cobertura jurídica a las comunidades para tomar decisiones sin tener que estar al albur de los tribunales.

Por su parte, el diputado de Compromís, Joan Baldoví, ha reconocido que la desescalada fue un poco precipitada y que algunas comunidades como la suya han tenido que volver al toque de queda. "Algo no hemos hecho bien cuando todo se ha descontrolado de esta manera", ha admitido, haciendo alusión también a la "virulencia" de la variante 'delta'.

El autor valenciano Paco Roca continúa haciendo un hueco en el mercado estadounidense para sus historias "personales y locales" con la nominación al Premio Harvey de cómic por la adaptación norteamericana de su obra 'El invierno del dibujante', que también puede llevarse este año otro prestigioso galardón del sector, el Eisner.

Roca --que ya ha logró el Premio Eisner por 'La Casa'-- asegura que recibe estas menciones "con la misma ilusión". "Siempre que te nominan a cualquier premio te hace la misma ilusión que al principio y más cuando se trata de galardones tan prestigiosos como estos".

'El invierno del dibujante', publicado en España por Astiberri y en Estados Unidos por Fantagraphics ('The Winter Of The Cartoonist'), realiza un homenaje a los historietistas de la editorial Bruguera, que hicieron que muchos niños quisieran ser lectores de cómic y algunos como el propio Roca, autores.

"Son obras que pueden parecer ajenas a otros públicos. Cuando hago mis historias no me planteo en qué países van a salir pero que tengan contacto con los lectores de otros lugares siempre es una sorpresa y agrada. Me gusta que en Estados Unidos pueda haber un público para este tipo de historias bastante locales y personales", reconoce.

"UN HUECO PESE A VENIR DE LEJOS"

El ilustrador valenciano señala que en España conoce "un poco la repercusión" que tienen sus propuestas, pero en otros estados es más difícil saber qué acogida hay. "Las nominaciones --continúa-- en un mercado tan lejano y a veces tan cerrado como el norteamericano, porque en Estados Unidos hay muchísima producción, te hacer ver que empiezas a tener un hueco a pesar de venir de muy lejos".

En los Premios Harvey, la obra de Paco Roca es finalista en la categoría de Mejor Obra Internacional, junto a 'The City of Belgium', de Brecht Evans (Drawn & Quarterly); 'Factory Summers', de Guy Delisle (Drawn & Quarterly); 'Moms', por Yeong-shin Ma (Drawn & Quarterly); y 'Paul At Home', de Michel Rabagliati (Drawn & Quarterly). Las distinciones --que se conocerán en octubre-- se otorgan tras la votación de una selección de profesionales del mundo del cómic y rinden homenaje a Harvey Kurtzman, fundador de la revista MAD.

En el caso de los Eisner, cuya votación se resolverá este mismo mes de julio, opta en la sección de Mejor edición norteamericana de material internacional.

La expansión internacional de la obra de Paco Roca no se limita a EE UU. Recientemente, se ha publicado en Turquía 'La Casa' (Desen). Además, algunos de sus cómics han sido llevados al cine, como 'Arrugas' --con dirección de Ignacio Ferreras en 2011--, que obtuvo el Goya a la mejor película de animación y al mejor guion adaptado; o 'Memorias de un hombre en pijama'. Otros están en proyecto, como 'El tesoro del Cisne Negro', a las órdenes de Alejandro Amenábar.

Con el título 'Construir para perdurar. Riqueza petrificada e identidad social. Siglos XI-XIV', Estella celebra desde este martes y hasta el viernes 23 de julio la 47ª Semana Internacional de Estudios Medievales, la correspondiente a 2020, ya que ésta tuvo que aplazarse la primavera pasada como consecuencia de la pandemia de Covid-19.

La semana, que mantiene íntegra su programación respecto a la prevista inicialmente, se orienta al estudio de la transformación de las identidades colectivas en los diferentes territorios europeos, manifestada a través del uso de materiales constructivos perdurables, que tuvo un importante impacto en la economía, la mentalidad y las formas de expresión social y espiritual de la sociedad de la plena Edad Media.

La presidenta de Navarra, María Chivite, ha participado este martes en la inauguración de las jornadas culturales, junto con el alcalde de Estella-Lizarra, Koldo Leoz, y la miembro del Comité Científico de la Semana Ana Rodríguez López. La apertura ha tenido lugar en el Espacio Cultural Los Llanos y ha incluido un homenaje por parte de Román Felones Morrás al profesor Ángel J. Martín Duque, antiguo presidente de la semana, fallecido en agosto de 2019.

En su discurso de apertura, Chivite ha destacado la importancia de estas jornadas, convertidas tras casi medio siglo de vida "en un referente en el calendario cultural". "Esta Semana Internacional de Estudios Medievales es una cita científica de gran nivel y su especialización en la época medieval permite ser un referente año tras año para quienes estudian esta etapa de la Historia, pero también para quienes sienten curiosidad e interés por ella", ha resaltado.

Sin obviar el paréntesis provocado por el Covid-19 en la celebración de la semana y los efectos del coronavirus en la sociedad, Chivite ha destacado que "la pandemia nos ha recordado que no podemos avanzar sin ciencia; que es importante mirar atrás para hacer las cosas mejor hoy; y que un análisis sereno y una reflexión profunda no pueden ni deben obviarse por la velocidad, la urgencia y el cortoplacismo". "Por eso jornadas como éstas son necesarias", ha destacado.

La presidenta María Chivite ha cerrado su intervención confiando en el aprendizaje constante y continuo, "porque solo desde el constante aprendizaje, la apuesta por la investigación y la ciencia podremos hacer mejor las cosas".

A lo largo de las diferentes sesiones, una docena de destacados investigadores italianos, franceses y españoles, acompañados de estudiantes y jóvenes investigadores, compartirán con la ciudadanía de Estella unos días de convivencia a nivel académico y cultural.

La semana cuenta para la presente edición con la presencia de expertos internacionales de prestigio, como los profesores italianos Sandro Carocci (Università degli Studi di Roma "Tor Vergata"), Alessio Fiore (Università degli Studi di Torino) y Favio Giovannini (CSIC, Madrid); o los franceses Quitterie Cazes (FRAMESPA Université de Toulouse-Jean Jaurés) y Caroline de Barrau (Université de Perpignan Via Domitia).

También contará con ponencias de académicos nacionales de fuera de la Comunidad foral, como Ana Rodríguez López y Rocío Maira Vidal (CSIC, Madrid), Agustín Azkarate e Ismael García (Universidad del País Vasco), Inés Calderón Medina (Universidad de las Islas Baleares), Juan Vicente García Marsilla (Universidad de Valencia), Jordi Morelló i Baiget (CSIC, Barcelona) y Javier Martínez de Aguirre (Universidad Complutense de Madrid).

Por otra parte, la actual edición recupera una antigua práctica, que consiste en contar con la presencia de presidentes de mesa que fomentan, enriquecen y moderan los debates.

En esta ocasión, la Semana Internacional de Estudios Medievales se ha trasladado al Espacio Cultural Los Llanos para garantizar a las personas asistentes que las sesiones se desarrollarán bajo las más estrictas medidas de seguridad, cumpliendo en todo caso las medidas higiénico-sanitarias vigentes.

Por otro lado, en previsión de las dificultades para un desplazamiento a Estella por parte de personas interesadas en participar, existe la posibilidad de asistir en directo a las sesiones por streaming, accesible bajo inscripción previa (siem.estella@navarra.es).

La matrícula para asistir a la semana es gratuita. Las horas lectivas de las que consta el programa podrán ser reconocidas por créditos de máster y doctorado, según criterio de la universidad correspondiente.

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS

Las jornadas contarán, un año más, con la colaboración del Ayuntamiento de Estella-Lizarra que complementará los actos programados con un taller práctico de 'Técnicas, materiales y herramientas de la escultura y la cantería medievales', a cargo de Miguel Sobrino González, investigador de la Universidad Politécnica de Madrid, que dará inicio esta tarde a las 17 horas en la Casa de Cultura Fray Diego de Estella.

El miércoles a las 19.30 horas se presentará la intervención arqueológica desarrollada por el Servicio de Patrimonio Histórico del Gobierno de Navarra entre 2019 y 2020 en Santa María de Irache, a cargo de José Antonio Faro Carballa (Gabinete TRAMA). Y, el jueves, a las 18 horas, tendrá lugar la presentación de la labor por la restauración del patrimonio realizado por la Fundación Santa María la Real, de Aguilar de Campoo, a cargo de Jaime Nuño González.

A estas actividades se suma una iniciativa de Los Amigos del Camino de Santiago de Estella, con un concierto de inauguración de la Semana, de carácter gratuito, por parte de la Sociedad Coral de Bilbao - Bilboko Koral Elkartea, que tendrá lugar en la Iglesia de San Juan, este martes a las 20.30 horas.

El Comité Organizador de la Semana está formado por Rebeca Esnaola Bermejo, consejera de Cultura y Deporte del Gobierno de Navarra, que lo preside; Koldo Leoz Garciandia, alcalde del Ayuntamiento de Estella-Lizarra; Eloísa Ramírez Vaquero, en representación del rector de la Universidad Pública de Navarra; Julia Pavón Benito, en representación del rector de la Universidad de Navarra; Roldán Jimeno Aranguren, en representación del Consejo Navarro de la Cultura y de las Artes; y Joaquim Llansó Sanjuan, director del Servicio de Archivos y Patrimonio Documental.

El Comité Científico lo integran Pascual Martínez Sopena (Universidad de Valladolid), Véronique Lamazou-Duplan (Université de Pau et des Pays de l'Adour), Juan José Larrea Conde (Universidad del País Vasco), Eloísa Ramírez Vaquero (Universidad Pública de Navarra), Julia Pavón Benito (Universidad de Navarra) y Ana Rodríguez López (CSIC, Madrid).

Colaboran con la organización del evento, junto con el Ayuntamiento de Estella/Lizarra, las entidades Los Amigos del Camino de Santiago de Estella, la Sociedad Española de Estudios Medievales y el Centro de Estudios Tierra Estella.

La Comisión Europea ha planteado este martes que la Unión Europea negocie con Reino Unido el fin de la Verja en Gibraltar, tal y como acordaron Madrid y Londres de manera temporal el pasado diciembre, si bien deja claro que el Peñón seguirá estando fuera del espacio sin fronteras Schengen, con controles en el aeropuerto y puertos a cargo de las autoridades españoles.

Aunque el mandato que propone Bruselas para fijar las líneas rojas de la UE en la negociación no lo recoge, el Ejecutivo comunitario ha indicado al anunciar su propuesta que España ha adelantado ya su intención de solicitar que sean agentes de Frontex quienes ejerzan el control de la frontera exterior.

En línea con el principio de acuerdo alcanzado entre Madrid y Londres el pasado 31 de diciembre, Bruselas plantea soluciones para eliminar las comprobaciones y controles físicos de personas y mercancías en la frontera terrestre entre España y Gibraltar y garantizar la integridad del espacio Schengen y del mercado único.

El objetivo será eliminar la Verja pero manteniendo a Gibraltar fuera del espacio Schengen, según recoge el mandato negociador, que aboga por el control y la vigilancia de las fronteras exteriores en el puerto, el aeropuerto y las aguas de Gibraltar "a cargo de España".

"Los guardias de fronteras españoles tendrían todas las competencias necesarias para llevar a cabo los controles y la vigilancia de las fronteras y cumplir con las obligaciones consiguientes, incluyendo denegaciones de entrada", reza el documento, que indica que habrá de instalarse en estos puntos bases de datos necesarias para las inspecciones fronterizas.

También defiende la competencia exclusiva de España para expedir visados para estancias de corta duración respecto de Gibraltar y que el acuerdo concrete normas para emitir o renovar visados para estancias largas.

Esta se trata de la propuesta inicial de la Comisión Europea que debe ser avalada por los Veintisiete, que podrán introducir modificaciones en el texto. Una vez se adopte por el Consejo, Bruselas podrá iniciar las negociaciones con Londres, un proceso que España confía que permita alcanzar un acuerdo con Reino Unido antes de que acabe el año.

En palabras del vicepresidente de la Comisión, Maros Sefcovic, Bruselas cumple el compromiso con España de iniciar las negociaciones para un acuerdo separado con Reino Unido sobre Gibraltar. "Se trata de un mandato detallado, cuyo objetivo es generar consecuencias positivas para quienes viven y trabajan a ambos lados de la frontera entre España y Gibraltar, al tiempo que se protege la integridad del espacio Schengen y del mercado único", ha defendido.

El Patronato de la Fundación Conjunto Paleontológico Dinópolis ha designado esta mañana, en una reunión celebrada en su sede de Teruel, a Alberto Cobos como responsable de la entidad. Así lo ha dado a conocer al término del encuentro el presidente del patronato, el consejero de Educación, Cultura y Deporte, Felipe Faci, quien ha manifestado que la decisión del organismo se ha tomado en una clara apuesta por la continuidad de un proyecto de éxito, que nació en 1998 y ha logrado ser un referente nacional e internacional en la investigación y la difusión de la paleontología.

De hecho, Cobos, doctor en Ciencias Geológicas por la Universidad del País Vasco, ejerce de paleontólogo en Dinópolis desde el año 1999, y en todos estos años ha dirigido muchas excavaciones que han tenido un enorme impacto en el sector, entre ellas, la que permitió definir el Turiasaurus riodevensis, el mayor dinosaurio de Europa. Cobos es asimismo autor de medio centenar de artículos en importantes publicaciones de medio mundo, que han reflejado en sus páginas los hallazgos realizados desde Teruel.

Esta designación se ha llevado a cabo tras la salida de su anterior responsable, Luis Alcalá, que deja el cargo para emprender nuevos retos profesionales y al que el consejero ha agradecido su intensa labor durante dos décadas al frente de la institución. Cobos ha trabajado codo con codo con el director saliente, que además dirigió su tesis doctoral sobre los dinosaurios de Teruel como recurso para el desarrollo territorial, por lo que Faci ha destacado que la continuidad de la Fundación está asegurada y contará como hasta ahora con el apoyo del Gobierno de Aragón.

El consejero y el director saliente han anunciado que Alcalá seguirá vinculado a la institución en la medida de lo posible y han adelantado el trabajo que se está realizando para presentar un proyecto al Gobierno central para constituir en Teruel, aprovechando la infraestructura de Dinópolis, un centro nacional de I+D+i sobre paleontología de dinosaurios.

La Fundación Conjunto Paleontológico de Teruel-Dinópolis es una institución del propio Gobierno de Aragón, reconocida como museo monográfico en Paleontología, que se ha enfocado en el estudio, análisis e investigación de la paleontología en la provincia, y cuya proyección internacional ha logrado mostrar un modelo de compatibilización del conocimiento científico con la difusión lúdica del mismo.

Teruel es la provincia ideal para el estudio de los dinosaurios, ya que es aquí donde se han encontrado y definido 10 nuevos tipos de especies no avianas de los 26 descubiertos en toda España.

Desde su puesta en marcha, la Fundación ha realizado un denodado esfuerzo que se ha visto satisfecho con la catalogación e inventariado de más de 2.000 yacimientos en la Carta Paleontológica de Teruel. El equipo de la Unidad ha encontrado y documentado 463 nuevos niveles paleontológicos con restos de dinosaurios en la provincia de Teruel y ha recuperado casi 32.000 nuevos fósiles de vertebrados, de los que ha restaurado y estudiado una pequeña parte.

También ha descubierto fósiles originales del dinosaurio más grande descrito en Europa, Turiasaurus riodevensis (Riodeva) y del primero definido en España, Aragosaurus ischiaticus (Galve), y posee una de las colecciones de huesos de dinosaurios más extensas de Europa procedentes de un solo yacimiento (Ariño), situado en una mina de carbón en proceso de reconversión.

El Museo que está a su cargo y que complementa las instalaciones de Dinópolis presenta un recorrido a lo largo del tiempo geológico donde se exponen espectaculares ejemplares, originales y réplicas de los principales grupos fósiles.

Los 34 excargos de la Generalitat que deberán abonar la fianza de 5,4 millones de euros que les reclama en concepto de responsabilidad contable por el presunto uso irregular de fondos para las denominadas 'embajadas catalanas' y Diplocat tienen de plazo para consignar las cantidades reclamadas hasta las 00.00 horas del próximo jueves, según han señalado fuentes del órgano contable.

Tal y como establece la Ley de Funcionamiento del Tribunal de Cuentas, si las defensas no abonan la caución correspondiente, se procederá al embargo de bienes de los implicados hasta cubrir las cantidades que se les reclaman cautelarmente.

El conseller de Economía, Jaume Giró, ha admitido este martes que no han encontrado ninguna entidad financiera que haya aceptado avalar el fondo impulsado por la Generalitat para cubrir las fianzas, a lo que se une el rechazo del propio tribunal de cuentas a ampliar el plazo inicialmente fijado, que según la instructora del expediente se considera "razonable y suficiente para proceder al afianzamiento señalado".

Fuentes del Tribunal de Cuentas añaden que, dado que el plazo de entrega de las cantidades fijadas en la liquidación provisional se extiende durante todo el día de mañana, es posible que este órgano no de cuenta de su eventual entrega o no hasta el próximo jueves. Posteriormente, y siempre que se entregue la fianza, el órgano contable deberá responder si con esta entrega se da por asegurada o no la cantidad reclamada.

La instructora del órgano fiscalizador dio el pasado 30 de junio un plazo de 15 días hábiles a las defensas de los excargos --entre los que se incluyen el expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont y el exvicepresidente Oriol Junqueras-- para depositar la fianza, impuesta para que puedan hacer frente a las responsabilidades contables a las que pudieran ser finalmente condenados.

INICIATIVA DE LA GENERALITAT

En el marco del plazo dictado, la Generalitat aprobó un decreto ley para crear un Fondo Complementario de Riesgos con 10 millones de euros que será gestionado por el Instituto Catalán de Finances (ICF).

La intención, según reconocieron públicamente altos cargos del Govern, es que la Administración catalana actúe como contraaval del aval que presente una entidad financiera para cubrir las reclamaciones judiciales o administrativas a cargos de la Administración catalana, como es el caso de la caución que reclama el Tribunal de Cuentas.

Tras admitir que no han encontrado ninguna entidad financiera que haya aceptado avalar el fondo, Giró ha señalado que finalmente no recurrirá a que lo haga el Instituto Catalán de Finanzas (ICF), tal y como estaba previsto. "Persistiremos en las diferentes vías abiertas ha indicado sin más".

Fuentes del órgano fiscalizador insistieron en todo caso correspondería a la instructora decidir si prospera o no la estrategia de la Generalitat, que figura como perjudicada en el acta de liquidación provisional aunque desde el Govern no coincidan con ello.

5,4 MILLONES ENTRE 34

Según el acta de liquidación provisional, el Tribunal de Cuentas reclama a 34 ex cargos cantidades individuales por conceptos concretos que aprobaron cuando estaban en sus respectivos puestos en el Govern.

La mayor suma se le atribuye al ex secretario del Diplocat Albert Royo, a quien se le responsabiliza de 3,6 millones; le siguen la ex interventora de la Generalitat Mireia Vidal, por 3,1 millones; el ex conseller de Presidencia Francesc Homs, por 2,9 millones; el ex presidente Artur Mas por 2,8 millones; y el ex conseller de Economía Andreu Mas-Colell por 2,7 millones.

En el caso de Raül Romeva, uno de los nueve indultados por el Gobierno, la cifra alcanza los 2,1 millones de euros; Junqueras --también beneficiado por la medida de gracia-- figura con una responsabilidad contable de 1,9 millones, al igual que Puigdemont.

Aunque se les reclama a cada uno cantidades individuales, todos ellos deben responder al total de 5,4 millones de forma solidaria.

PLAZO PARA DEMANDAS

Una vez que se hayan abonado las fianzas y resuelto los recursos se dará traslado de la pieza y demás actuaciones al representante de la entidad del sector público perjudicada -en este caso la Generalitat-- y las demás acusaciones --Sociedad Civil Catalana y la Asociación de Abogados Catalanes-- para que dentro del plazo común de 20 días presenten demanda.

Si no se llega a presentar, se conferirá traslado al Ministerio Fiscal, por el mismo plazo, para que la formule si así lo considera oportuno; en caso de que tampoco presentase escrito, el órgano de la jurisdicción contable a cargo del litigio ordenará de oficio el archivo de los autos.

Una vez finalizada esta instrucción, continuará el procedimiento en el Departamento Segundo de Enjuiciamiento, en manos de la juez Margarita Mariscal de Gante, al que por turno le correspondió este asunto.

Canarias ha registrado 622 nuevos casos de Covid-19 en las últimas 24 horas, por lo que el total acumulado en el archipiélago se eleva a 70.614, mientras que los fallecidos se elevan a los 804 al sumar dos muertes en Tenerife en el último día, según datos de la Consejería de Sanidad del Gobierno canario.

Así del total de casos, 8.756 están activos (+190), de los que 56 están ingresados en UCI (+3), 319 permanecen hospitalizados y 8.381 están en sus domicilios (+187). Además 430 personas han recibido el alta médica en las últimas horas, de tal forma que 61.054 canarios han superado la enfermedad en lo que va de pandemia.

En cuanto a la Incidencia Acumulada (IA) a 7 días en Canarias alcanza ya los 200,42 casos por cada 100.000 habitantes y la IA a 14 días crece hasta 351,62 casos por 100.000 habitantes. Asimismo se han realizado un total de 1.739.081 pruebas PCR en las islas, de las que 93.648 resultaron positivas, lo que supone el 5,38 por ciento.

Por islas, Tenerife suma 346 positivos, acumulando 33.631 casos, de los que 5.399 están activos epidemiológicamente (+67), 453 han fallecido (+2) y 27.779 han superado la enfermedad; Gran Canaria cuenta con 26.416 acumulados (+232), de los que 2.613 son activos (+108), 277 han muerto y 23.526 recibieron el alta médica.

Por su parte, Lanzarote suma 13 positivos, con 5.946 acumulados, de los que 163 son activos (+9), mientras ha registrado 49 óbitos y 5.734 superaron la enfermedad; Fuerteventura tiene 3.102 casos acumulados (+6), de los que 383 están activos (+5), 13 fallecieron y 2.706 recibieron el alta médica; y La Palma suma 13 casos nuevos, por lo que cuenta con 813 acumulados, de los que 152 están activos (-3), siete han muerto y 654 han recibido el alta médica.

Finalmente, El Hierro se mantiene en el acumulado de 408 al no sumar nuevos casos, de los que 10 están activos (-5), cuatro han fallecido y 394 superaron la enfermedad; mientras que La Gomera suma 12 nuevos positivos, por lo que acumula 297 casos, de los que36 están activos, uno ha muerto y 260 han recibido el alta médica.

PACMA ha interpuesto un recurso de alzada contra la resolución de la Comunidad de Madrid por la que se levantó la paralización de la actividad del laboratorio Vivotecnia y ha solicitado la suspensión de toda la actividad de experimentación con animales del laboratorio.

Varias organizaciones denunciaron al laboratorio a raíz de un vídeo publicado por 'Cruelty Free International' el pasado mes de abril, en el que se observaban crueles prácticas con animales "víctimas de experimentación en las instalaciones del laboratorio en Tres Cantos".

En un comunicado, el partido animalista ha criticado que desde el Gobierno regional afirmaran que se sacaría a los animales del laboratorio pese a que "nunca se dejó de experimentar con ellos en sus instalaciones".

En la resolución de la Comunidad de Madrid por la que se levantaba la suspensión de la actividad de experimentación se pone de manifiesto que los técnicos del Área de Protección Animal de la CAM habían verificado la instalación de cámaras de seguridad en las salas de los animales y la supervisión in situ, por parte de una técnico veterinaria, del bienestar de los animales durante la suspensión de la actividad.

Así, desde el 31 de mayo, fecha de dicha resolución, solo se mantiene la primera medida, las cámaras de seguridad, ya que la segunda se limitaba al tiempo que duró la suspensión de la actividad de experimentación.

Desde PACMA han remarcado que "las imágenes publicadas por 'Cruelty Free International', en las que los animales sufren brutales malos tratos y vejaciones, dejan claro que el control llevado a cabo por técnicos no ha servido de nada durante los últimos años".

Además, la instalación de cámaras deja en manos de la propia empresa el control en lo relativo a los animales. "Se desconoce cuántas cámaras hay, en qué ubicaciones, y cuál es el sistema de control de las grabaciones, por lo que, recalcan desde el Partido Animalista, los hechos denunciados podrían seguir dándose con total impunidad", apuntan desde PACMA.

La formación animalista ha recordado que a día de hoy "aún se desconoce cuál es el estado de los animales que han permanecido durante este tiempo en las instalaciones, si ha muerto alguno y, en ese caso, cuántos, y qué ha pasado con los animales con los que se ha seguido experimentando".

Además, agrega el partido, "se sigue sin saber si las personas autoras de los hechos denunciados continúan participando de forma activa en la experimentación con animales en Vivotecnia".

Mientras tanto, el proceso judicial continúa adelante. PACMA y otras cinco organizaciones animalistas están personadas en este caso y han unido sus fuerzas para intentar conseguir la mayor condena posible para los responsables del maltrato a los animales utilizados para experimentación en Vivotecnia.

UGT denuncia las "condiciones indignas" a las que se ven sometidos los trabajadores del Centro de Control COMETA, que desarrolla las tareas relacionadas con la monitorización, operación e instalación de los dispositivos del Sistema de Seguimiento y control de las alarmas a víctimas de violencia de género y sus agresores, centro que está operativo las 24 horas del día los 365 días del año.

Según el sindicato, este servicio ya venía marcado por las "políticas de austeridad y recorte" y el "triunfo de los postulados de la nueva gestión pública (impulsando la privatización y la subcontratación)", lo que ha supuesto, según expone, "empleos precarios, externalización de servicios, condiciones de trabajo indignas y un empeoramiento de la salud laboral de las trabajadoras".

El sindicato señala que los trabajadores del Centro COMETA son personal cualificado, especializado en el ámbito de la violencia machista, formados y preparados en la materia.

Entre las labores que realizan, se encuentran la coordinación en su día a día con los Juzgados, con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y con los Centros Penitenciarios; la atención y acompañamiento a las víctimas que portan un dispositivo de seguridad para garantizarlas su seguridad y confianza; y el control a los investigados para que den cumplimiento a las órdenes de alejamiento que dispone el Juzgado.

Además, elaboran escritos e informes, documentan las intervenciones, aplican protocolos específicos de control y seguimiento, resuelven incidencias técnicas e incluso dan soporte informático.

Sin embargo, UGT advierte de que para el Ministerio de Igualdad, este trabajo no es cualificado, tal y como se desprende de los pliegos del servicio de contratación del Centro COMETA, en su apartado '3.3.3. Medios humanos del servicio de operación'. Según el sindicato, en estos documentos, el Ministerio perpetúa "sueldos miserables, sujetos a variables cuantitativas y cumplimiento de objetivos abusivos sometidos a percibir o no parte del salario, si logran o no cumplir estos objetivos".

"Ya lo llevamos advirtiendo desde noviembre de 2018, en coordinación con la Sección Sindical de UGT en la Empresa usuaria, exigiendo que las plantillas dejen de ser consideradas como operadoras telefónicas u operadoras de alarmas y que su trabajo ya no quede bajo un modelo organizativo 'típico de los call center' con mediciones de los tiempos de actuación", alerta UGT.

El sindicato no está dispuesto a aceptar "dobles moralinas" por parte del Gobierno, que por un lado condena la violencia machista pero, por otro, "perpetúa a la precariedad a las personas trabajadoras que luchan porque los asesinatos cesen", por lo que exige "cambiar el paradigma en la protección social de las mujeres víctimas de violencia de género".

El sindicato asegura que ya ha puesto en conocimiento esta situación a la Delegación del Gobierno para la Violencia de Género, exponiendo que los centros que atienden de primera mano a las víctimas de violencia machista deben ser reconocidos como trabajo cualificado, "con contratos estables, sueldos dignos, gestionados por empresas comprometidas y alineadas con las políticas de igualdad, bien conocedoras de saber gestionar proyectos de esta envergadura social".

El Juzgado de Instrucción Número 3 de Madrid ha decidido archivar provisionalmente la investigación sobre las cartas amenazantes recibidas en el marco de la campaña electoral del 4-M por el entonces candidato de Podemos, Pablo Iglesias; el ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska; y la directora de la Guardia Civil, María Gámez; al no poder identificar al autor de las misivas.

La titular de dicho órgano judicial, María Isabel Durantez, ha dado carpetazo a las tres investigaciones que habían llegado a sus manos por presuntos delitos de amenazas, ya que la referida a la carta recibida por la ministra de Industria, Turismo y Comercio, Reyes Maroto, se indaga en otro juzgado.

Durantez recibió por reparto la denuncia relativa a la carta enviada a Iglesias, pero acordó su sobreseimiento provisional "por estimarse que, si bien los hechos podían ser constitutivos de un delito, no había méritos para imputar como responsable penal del mismo a persona o personas determinadas".

Posteriormente, al ser la denuncia de Iglesias la más antigua, la magistrada absorbió también las causas abiertas en otros juzgados de instrucción de Madrid sobre las cartas dirigidas a Grande-Marlaska y a Gámez y las pesquisas desarrolladas en base a una querella presentada por Vox como acusación popular.

Acumulados estos asuntos, Durantez reabrió la investigación sobre la carta enviada a Iglesias al tener en su manos "nuevos elementos". Sin embargo, en un auto del pasado 16 de julio, ha concluido que "no se derivan datos para la identificación de las personas responsables de los hechos investigados", por lo que procede archivar todo.

EN PLENA CAMPAÑA ELECTORAL

El 22 de abril, en plena campaña para las elecciones a la Comunidad de Madrid que tuvieron lugar el 4 de mayo, se supo que Iglesias, Grande-Marlaska y Gámez habían recibido cada uno de ellos una carta sin remitente que contenía un mensaje amenazante y balas.

La destinada al líder de Podemos, que llegó al Ministerio de Interior, contenía dos balas del fusil tipo Ceme y un mensaje: "Has dejado morir a nuestros padres y abuelos. Tu mujer, tus padres y tú estáis sentenciados a la pena capital. Tu tiempo se agota".

El sobre enviado a Grande-Marlaska a su Ministerio tenía dentro dos cartuchos sin percutir del calibre 7,62x51 y un escrito que decía textualmente: "Tienes 10 días para dimitir. El tiempo de reírte de nosotros se terminó. Policía Nacional, Guardia Civil. El tiempo lo tienes en contra para los taponazos".

La directora de la Guardia Civil, por su parte, recibió la carta en la secretaría de su despacho, con un cartucho del calibre de 7,62 mm y otra nota amenazante dentro.

Maroto también recibió en su Ministerio otro sobre con una navaja manchada de rojo. No obstante, en este caso, el remitente ha sido identificado como un vecino de El Escorial con un problema de salud mental que ha enviado otras cartas amenazantes, entre otros, a la Embajada de Turquía, por lo que la investigación de este asunto continúa.

En los días siguientes, llegaron más misivas con amenazas a Iglesias, a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz-Ayuso, y al ex presidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero como destinatarios.

El juez de lo Contencioso-Administrativo número 11 de Madrid ha anulado una sanción de 601 euros impuesta por el Ayuntamiento de Madrid a una joven menor de edad, a la que representa legalmente su progenitor, por no respetar las restricciones aprobadas en el primer estado de alarma tras la sentencia del Tribunal Constitucional que declaró ilegal esta circunstancia.

En una sentencia, el magistrado estima el recurso presentado por la menor, a través de su representación legal, contra la sanción impuesta por infracción de la Ley de Seguridad Ciudadana como consecuencia de un acto de desobediencia a las limitaciones impuestas por el Gobierno para evitar la extensión del virus.

La sanción se impuso durante la vigencia del estado de alarma y ahora se declara la actuación administrativa disconforme a derecho tras la sentencia del Tribunal Constitucional que declaró inconstitucional y nulo el estado de alarma, sin realizar aclaración alguna sobre los efectos jurídicos en relación a las multas impuestas.

Ahora el juzgado recuerda que las sentencias recaídas en procedimientos de inconstitucionalidad vinculan a todos los poderes públicos y producen efectos generales desde la fecha de su publicación en el Boletín Oficial del Estado.

De este modo, recalca que "la decisión de inconstitucionalidad" declarada por el Constitucional tiene "efectos retrospectivos en cuanto invalida la ley anulada desde su mismo origen".

"La sentencia de inconstitucionalidad debe recibir aplicación incluso para actos y situaciones jurídicas anteriores en el tiempo a la publicación de la sentencia constitucional, y todo ello porque un acto administrativo (la sanción) dictado al amparo de una ley inconstitucional no habría tenido cobertura en ningún momento, porque la que presuntamente le proporcionaba la ley anulada era una cobertura aparente y no una cobertura real", recalca el fallo judicial.

En su sentencia, los magistrados del TC alegaron que el instrumento jurídico a aplicar debería haber sido el estado de excepción atendiendo a la "gravedad y extensión" de la pandemia, que imposibilitó 'de facto' un normal funcionamiento de las instituciones democráticas mientras que los ciudadanos vieron afectados el normal ejercicio de los derechos, saturados los servicios sanitarios y afectadas las actividades educativas "y las de casi cualquier otra naturaleza".

El portavoz del Gobierno de Navarra, Javier Remírez, ha afirmado que el Ejecutivo emitirá una nueva orden foral que motive "suficientemente" el toque de queda entre la 1 y las 6 horas para los municipios en situación de riesgo muy alto por Covid-19, "atendiendo a los criterios" que ha expresado el Tribunal Superior de Justicia de Navarra (TSJN).

Así lo ha señalado Remírez después de que la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJN haya denegado este martes el toque de queda solicitado por el Ejecutivo foral al considerar que el Gobierno debería haber identificado las localidades afectadas así como los datos concretos de contagios.

El TSJN no ha autorizado la medida de limitación de la movilidad nocturna entre la 1 y las 6 horas en aquellos municipios de la Comunidad foral que se encuentren en situación epidemiológica de riesgo muy alto, tanto en incidencia acumulada a 14 días (más de 250 casos por 100.000 habitantes) como en incidencia acumulada a 7 días (más de 150 casos por 100.000 habitantes).

No obstante, el Gobierno de Navarra sigue considerando esta medida "imprescindible" en el momento actual por lo cual emitirá una nueva orden foral especifica con esta medida y con "la motivación y justificación requerida por el TSJN en su auto de hoy", de cara a que pueda entrar en vigor este viernes y con la misma duración que la orden foral 24/2021, de 19 de julio.

El portavoz del Ejecutivo foral ha valorado que el TSJN sí haya avalado la limitación para todo el territorio en el número de personas que pueden reunirse en exteriores, que queda fijado en 10, y la prohibición de comidas populares, kalejiras y encierros.

En cuanto a la denegación del toque de queda, ha explicado que el Ejecutivo presentará una nueva orden foral que "justifique y motive" la limitación de la movilidad nocturna "en los términos que ha dicho el TSJN, sobre todo de cara a especificar y motivar los municipios que están en situación de riesgo extremo para que esta medida que consideramos imprescindible sea autorizada".

De hecho, ha agregado, "la propia Fiscalía en su informe que ha acompañado a la decisión del TSJN ha avalado todas las medidas del Gobierno, incluida la limitación de movilidad nocturna".

Para Remírez, el toque de queda en los municipios en riesgo extremo es "una medida imprescindible y necesaria" para "atajar" la situación actual, ya que en este contexto "se producen situaciones de riesgo alto" y "un alto grado de contagios".

ENTRADA EN VIGOR A MEDIANOCHE

Por su parte, las otras medidas contempladas en la orden foral que sí han sido avaladas por el TSJN entrarán en vigor esta medianoche. La norma permanecerá vigente hasta el próximo jueves 29 de julio, incluido, ha informado el Gobierno navarro a través de un comunicado.

En concreto, la orden foral limita las reuniones en espacios públicos a un máximo de 10 personas, no convivientes, mientras se recomienda que no se supere este número en espacios privados ni que, en este ámbito, se rebasen las tres unidades convivenciales.

Por otro lado, no se permite la celebración de pasacalles o kalejiras, la de las denominadas comidas populares y la de espectáculos taurinos en espacios no catalogados como plazas de toros.

Para el Departamento de Salud, estas medidas, tanto las hoy autorizadas como la limitación de movilidad en horario nocturno, son "el mínimo imprescindible" para garantizar la protección de la comunidad e "intentar recuperar el equilibrio" después de "una descompensación iniciada a principios de julio ligada al aumento de la movilidad e interacción social en actividades de ocio y al relajamiento de las medidas preventivas individuales", a lo que se suma el impacto de la variante delta del virus, responsable de casi el 90% de los contagios y que presenta una transmisibilidad muy alta.

Así, se busca "cortar la cadena de contagios y rebajar las incidencias de la Comunidad -879 y 521 casos por 100.000 habitantes a 14 y 7 días, respectivamente-, a la vez que se ha elaborado con la idea de que tenga la mínima afectación posible en la vida social, económica y emocional de la ciudadanía y sectores de Navarra". A nivel hospitalario, 65 personas permanecen ingresadas -11 de ellas en la UCI- en Navarra, lo que supone que la ocupación se ha duplicado en apenas una semana.

MEDIDAS DE PREVENCIÓN INDIVIDUAL

Asimismo, a la vista de la situación epidemiológica, el Departamento de Salud insiste en la necesidad de seguir manteniendo las medidas individuales de protección: mantenimiento de la distancia interpersonal de un metro y medio y uso de mascarilla cuando se coincide con personas no convivientes en espacios cerrados o si no es posible mantener esa distancia en espacios abiertos.

Aunque la vacunación se ha demostrado como la actuación más eficaz disponible actualmente para atajar las consecuencias de la enfermedad, se incide en la necesidad de mantener esas medidas de prevención incluso aunque se esté vacunado, así como en cumplir con el autoaislamiento en los contactos estrechos.

Asimismo, para las personas con primer resultado negativo en una PCR, se insiste en la recomendación de extremar las precauciones y limitar al máximo la interacción social, además de otras medidas de protección y prevención, al tiempo que se recalca la importancia de someterse a esa segunda prueba según la cita prevista.

En ese sentido, aun no exigiéndose por protocolo el autoaislamiento estricto, se recomienda el cumplimiento de una serie de medidas preventivas: estar atento a la aparición de síntomas, y si comienzan, acudir o llamar a un centro sanitario, evitar el contacto con personas vulnerables y con personas no vacunadas, usar la mascarilla en los encuentros con otras personas y no acudir a actos o reuniones sociales.

En definitiva, pensar y actuar con la hipótesis de que es posible haber resultado infectado aunque aún no hayan aflorado los síntomas o la primera prueba no lo haya detectado, ha remarcado Salud.

Por otra parte, se reitera el requerimiento para evitar las situaciones que presentan un alto riesgo de contagio, como son los eventos supercontagiadores, relacionados con distintas celebraciones sociales y de ocio y que han dado lugar a numerosos brotes en toda la geografía foral.

El conseller catalán de Economía, Jaume Giró, ha explicado este martes que no han encontrado de momento ninguna entidad financiera, ya sea un banco o una cooperativa de crédito, que haya aceptado avalar el fondo impulsado por la Generalitat para cubrir las fianzas impuestas por el Tribunal de Cuentas a 34 exaltos cargos por la acción exterior desempeñada entre 2011 y 2017, y ha anunciado que finalmente no recurrirá a que lo haga el Instituto Catalán de Finanzas (ICF), tal y como estaba previsto.

"Persistiremos en las diferentes vías abiertas", ha subrayado en rueda de prensa posterior al Consell Executiu, después de que el Tribunal de Cuentas rechazara ampliar el plazo fijado para este miércoles para abonar dichas fianzas, que alcanzan los 5,4 millones de euros.

A principios de julio, la Generalitat aprobó la creación de un Fondo Complementario de Riesgos gestionado por el Instituto Catalán de Finanzas (ICF), dotado con 10 millones de euros, que debía dar garantías a las entidades financieras para cubrir dichas fianzas y, en caso de que éstas se negaran a avalar, planteó hacerlo directamente a través del ICF; algo que ahora ha descartado para no poner "en peligro" a ningún trabajador público.

Con el fondo, la intención del Govern era que la Administración catalana actuara como contraaval del aval que presentara una entidad financiera para cubrir las reclamaciones judiciales o administrativas a cargos de la Administración catalana, como es el caso de la caución que reclama el Tribunal de Cuentas.

Sin desvelar las entidades financieras con las que han contactado, Giró ha asegurado que seguirán trabajando para encontrar una solución que proteja "a los servidores públicos y la presunción de inocencia", tras insistir en que el fondo impulsado es una operación técnica que, a su juicio, no tiene ningún riesgo financiero, jurídico ni comercial.

NUEVOS CONTACTOS

Tras apuntar también que desconoce si el Banco de España ha intervenido en las negociaciones para que las entidades rechacen avalar, ha confiado en que los nuevos contactos que mantienen permitan incorporar una entidad en dicha operación.

Todo ello a la espera de que el Parlament pueda convalidar el decreto ley de creación de este fondo una vez el Consejo de Garantías Estatutarias (CGE) emita, antes del 29 de junio, un informe sobre su contenido.

"Legítimamente algunos partidos han pedido un informe al CGE. Tienen todo el derecho. Confío en el criterio técnico de los juristas del CGE. Dirán lo que crean conveniente. Confío en que digan que se ajusta al Estatut y a la Constitución", ha afirmado Giró, que cree que un dictamen positivo podría ayudar a que las entidades financieras cambiaran de posición.

También ha puntualizado que, tras el dictamen del CGE, el decreto ley de creación del fondo se podría aprobar en agosto con la celebración de un pleno extraordinario o una diputación permanente.

ICF

Pese a recordar que el decreto permita al ICF intervenir para materializar el aval con carácter provisional hasta que no haya un banco que lo haga, el conseller ha anunciado su decisión de no someter a ninguno de sus profesionales "a dar curso a una operación que, teniendo en cuenta los precedentes vividos en el país, provocaría angustia, inquietud y miedo" personal y de las familias.

"Era correr un riesgo innecesario", ha reconocido Giró, que tiene conocimiento de que las entidades soberanistas, los partidos y la Caixa de Solidaritat están trabajando para cubrir la urgencia de las fianzas a corto plazo.

También ha asegurado que no ha recibido ninguna sugerencia por parte del ICF de que tomara una decisión en este sentido, y ha explicado que, tras las "amenazas" que ha habido contra este organismo, no ha querido que sus trabajadoras corran ningún riesgo.

"MUCHO RUIDO Y POCO TIEMPO"

Al preguntársele a qué atribuye que no hayan encontrado ninguna entidad financiera dispuesta a avalar el fondo, lo ha resumido con un "mucho ruido y poco tiempo" tras las críticas que, según Giró, dedicaron partidos de derecha y de extremaderecha --en palabras literales-- contra este mecanismo.

Sobre si cree que los bancos han tenido miedo, el conseller ha señalado que lo desconoce pero ha pedido no infravalorarlo: "El miedo está entre nosotros, y estamos en una situación en que hay mucho ruido en un parte, y nada en la otra. Y el miedo es libre y nace en el corazón de mucha gente".

¿UN FRACASO?

Tras lo ocurrido, Giró no cree que haya sido un fracaso porque, en su opinión, un fracaso sería no haber actuado ante una "injusticia" dentro del marco de la ley y del ordenamiento jurídico.

"Es difícil tirar adelante acciones legislativas cuando estamos ante un organismo tan politizado como el TC. La negativa a prorrogar el plazo para depositar las fianzas es una muestra más de la situación que vivimos, de una justicia que se transforma en venganza", ha zanjado.

El vicepresidente y la consejera de Sanidad de la Junta de Castilla y León, Francisco Igea y Verónica Casado, han advertido este martes del papel "hipercontagiador" de los jóvenes y de un aumento de la cepa Delta (variante india) cuyo nivel de transmisión es mayor.

Casado ha insistido en que el perfil de los jóvenes 'hipercontagiadores' son aquellos que recorren varios bares para terminar reunidos en plazas y con multitud de contactos, lo que hace que el virus se expanda y dificulta el rastreo.

La consejera ha insistido en que la velocidad de contagio en esta quinta ola ha sido muy elevada, ya que en dos semanas se ha multiplicado la incidencia por 16. Así, ha confiado en que la velocidad de descenso de casos se produzca "en espejo", es decir, que la curva registre una bajada drástica.

La Comunidad se sitúa actualmente en un nivel de riesgo "muy alto" con una incidencia a 14 días de 895 casos por 100.000 habitantes, una cifra que sigue creciendo aunque parece que a menos velocidad. El dato positivo es el índice reproductor del virus que se sitúa ahora por debajo del 1 por ciento hasta un 0,92.

Casado ha señalado que la mayor incidencia del virus se da en la provincia de Burgos con 1.672 casos por cada 100.000 habitantes. No obstante, en Burgos capital está a la cabeza con 2.183 casos, donde en sólo 14 días se ha contagiado el 2,1 por ciento de la población.

La incidencia también es preocupante en Aranda de Duero, Miranda de Ebro, Palencia, Soria y Zamora.

Por grupos de edad, la mayor parte de los casos se dan en el grupo de edad de 12 a 19 años y de 20 a 29, aunque se observa un incremento en los grupos de hasta 49 años y en los menores de 12.

En cuanto a las variantes, Casado ha detallado que la variante Alfa o Británica cada vez ocupa un menor porcentaje. Así, en la últimoa semana esta cepa ocupó el 44 por ciento de las casos, mientras que trepa la cepa Delta o India con un 31 por ciento y la sudafricana o beta un 18,9 por ciento.

El portavoz del Grupo Parlamentario de VOX en el Congreso, Iván Espinosa de los Monteros, ha anunciado este martes, 20 de julio, en Zaragoza, que su partido recurrirá ante el Tribunal Constitucional la Ley de Memoria Democrática que va a aprobar el Consejo de Ministros, y la derogará por ser "un atropello a las libertades", junto con la de memoria histórica, en cuanto los españoles les den la confianza suficiente para ello.

El portavoz de VOX en el Congreso ha afirmado en Zaragoza que "la historia debe ser para los historiadores y no nos gusta que haya un Gobierno que nos diga lo que tenemos que pensar", y le parece inadmisible que "se amenace con sanciones a todas las personas que tengan una idea diferente".

Espinosa de los Monteros ha señalado que "el artículo 14 de la Constitución consagra la igualdad de todos españoles ante la ley, sin discriminar por razón de su sexo, de su raza o de su credo", y ha añadido que "también deberían respetarse las diversidad en el ámbito ideológico, no hay por qué estar de acuerdo en todo".

El portavoz de VOX ha considerado que lo que se pretende con la recién aprobada ley "es ir poco a poco amedrentando a todos aquellos que tengan una visión distinta de la historia". En este sentido, ha declarado el rechazo de su formación a "la Ley de Memoria Histórica que introdujo el Partido Socialista y que el Partido Popular consolidó al no derogarla".

"Si la ley de memoria histórica del PSOE consolidada por el PP era grave, esta ley de memoria democrática es un paso más allá. Un atropello a las libertades", ha incidido.

La nueva normativa es, ha relatado, "un paso más allá, con la creación de una fiscalía para perseguir presuntos delitos de odio, definiendo odio como todo aquello que no concuerde con el consenso 'progre'".

Para Espinosa de los Monteros, se trata de "un atropello a las libertades de todos los españoles, a la libertad de cátedra de los profesores universitarios y los docentes en los institutos, e impide que escritores, pensadores o filósofos puedan opinar libremente sobre estos episodios".

"En VOX siempre hemos defendido que la historia de España tiene sus sombras, como toda nación, pero está llena de luces", ha referido Espinos de los Monteros, quien ha criticado al Gobierno que, a su juicio, "quiere ir borrando la identidad española, como todos esos globalistas que pretenden imponer una agenda única".

El portavoz de VOX en el Congreso se ha mostrado favorable a reabrir las fosas comunes de la Guerra Civil, "pero las de los dos bandos, para que todos los españoles puedan enterrar a sus familiares donde elijan".

En este sentido, ha alentado a mirar hacia adelante y ha postulado que "no queremos que los españoles tengan que estar juzgando a sus abuelos, no se puede estar constantemente reabriendo heridas del pasado".

Preguntado por las recientes declaraciones de Ignacio Camuñas, exministro de UCD y que fue vicepresidente de VOX, en las que ha negado que en 1936 se produjese un golpe de Estado, Espinosa de los Monteros ha respondido que "las interpretaciones de la historia son libres y se puede estar en desacuerdo", y ha hecho hincapié en que lo que le resultaría grave y preocupante es "que eso se pueda considerar delito de odio".