Un total de 191 personas han muerto en las carreteras españolas durante el verano de 2021 -en los meses de julio y agosto--, un dato que supone la cifra más baja desde que se tienen registros, según ha explicado este viernes el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska.

Tal y como destacan los datos de la Dirección General de Tráfico (DGT) sobre este periodo, esta cifra supone una bajada de un 5% en las muertes en carretera con respecto al verano de 2020, a pesar de que los desplazamientos de largo recorrido han sido un 9,6% más que el verano pasado.

Aún así, la DGT ha decidido comparar las cifras de este año con las que se registraron en 2019, debido a la situación "atípica", tanto en movilidad como en siniestralidad, que se ha vivido en 2020 como consecuencia de la pandemia.

Es por eso que, durante la rueda de prensa para presentar el balance de la Operación de verano de la DGT, Grande-Marlaska ha señalado que las cifras de desplazamientos en 2021 está a niveles similares al periodo previo a la pandemia.

NIVELES SIMILARES A ANTES DE LA PANDEMIA

En concreto, ha explicado que en julio y agosto de 2021 se han registrado casi 91 millones de desplazamientos de largo recorrido, un 0,8% menos que hace dos años. Esto se debe a que en julio se contabilizaron 43,2 millones de despalazamientos (0,15% menos que en 2019) y 47,5 millones en agosto (un 0,6% menos que en 2019).

Los viernes han sido los días de más tráfico en verano, según los datos de Tráfico, mientras que los martes, los de menos. Además, el día con mayor volumen de desplazamientos se ha producido durante la Operación Salida del 15 de agosto, con motivo del traslado de algunas comunidades de la festividad de este día al lunes 16 de agosto. En toral, fueron 7 millones de coches los que salieron a la carretera ese día.

El ministro ha señalado como una "buena noticia" esta recuperación de la movilidad y también ha celebrado que se haya mantenido "la tendencia a la reducción" de siniestralidad de los últimos años. Según ha explicado, los 191 fallecidos en el verano de 2021 son datos "menos malos" de los que esperaban.

Aún así, ha llamado a no usar este dato "para lanzar un mensaje triunfalista". "No podemos olvidar que, este verano, cada día tres ciudadanos han perdido la vida en nuestras carreteras", ha declarado.

EL MEJOR JULIO DESDE QUE HAY REGISTROS

En detalle, las cifras que maneja la DGT, a 24 horas del siniestro, es de 99 fallecidos en julio, "el julio con menos muertes desde que se tienen registros", según ha destacado el ministro; y 92 en agosto. En total, son 24 fallecidos menos que en 2019 y 11 menos que en 2020. También ha habido una caída en cuanto a heridos graves u hospitalizados: de los 892 de 2019 y los 849 de 2020, en 2021 se han contabilizado 752.

En su intervención, Grande-Marlaska también ha destacado que 3 de cada 4 fallecidos (71%) sufren el siniestro en carreteras convencionales sin separación de sentido y que la mayoría de fallecimientos (el 46%) son consecuencias de una salida de vía. El ministro ha recordado que estos accidentes "suelen estar relacionados con la velocidad excesiva".

Y es, precisamente, la velocidad excesiva la primera causa de accidentes mortales en carreteras, por delante de la colisión frontal. El responsable de Interior también ha señalado que uno de cada cuatro fallecidos en turismos y furgonetas no hacían uso del cinturón. "Son 25 fallecidos que de haber hecho un correcto uso, en muchos casos no habrían tenido el fatal desenlace", ha declarado.

También ha puesto el foco en el colectivo vulnerable --peatones, ciclistas y motocicletas-- cuya siniestralidad ha caído un 30%. En julio y agosto de este año han fallecido en carretera 6 ciclistas, 4 menos que en 2019 y 48 motoristas, 21 menos que hace dos años.

AUMENTAN LOS ATROPELLOS A PEATONES

Sin embargo, han subido los atropellos a peatones. Este verano han muerto 23 personas, 9 más que en 2019. "Nos preocupa este aumento", ha declarado Grande-Marlaska, que ha precisado que 10 de estos fallecidos lo han hecho en autopista y 13 en carreteras convencionales; también que 11 de ellos cruzaban o caminaban por estas vías; y que de los 15 que fallecieron en horario crepuscular, 12 no llevaban elementos reflectantes para ser vistos.

Preguntado por las nuevas luces de emergencia V16, que sustituirán a los triángulos, el ministro ha explicado que su obligatoriedad entraría en vigor en enero de 2026, y ha explicado que, precisamente, será para evitar que el conductor tenga que salir del coche y evitar accidentes.

También ha mostrado su preocupación por algunos datos referentes a las motos, como que más de la mitad de los accidentes mortales se registren los fines de semana; que la mitad sean por salida de vía; o que el 69% de los siniestros mortales se produzcan en carreteras convencionales. En este sentido, ha hecho un "llamamiento a la prudencia y sensatez" de los motoristas.

CINCO DÍAS SIN MUERTES EN CARRETERA

En líneas generales, Grande-Marlaska ha señalado que el objetivo de su departamento es "acabar con las muertes en la carretera", una meta que, a su juicio, "no es inalcanzable". En este sentido, ha indicado que en julio hubo un día sin fallecidos en la carretera y otros cinco días en agosto, siendo uno de ellos el domingo 22 de agosto, que el ministro ha calificado de "fecha complicada".

"No lo vamos a admitir como un mal inevitable, debemos acabar con las muertes en carreteras y por eso estamos trabajando", ha insistido el ministro, que ha puesto en valor la "profesionalidad" de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil que "arriesga la vida" para salvaguardar la seguridad de los ciudadanos en carretera; y la de la DGT con su campaña mediática 'No lo estropees' y el aumento en la flota de drones para la vigilancia.

Finalmente, el ministro ha reconocido el mérito de los ciudadanos "por su comportamiento en carretera", por "respetar las normas y el sentido cívico" a la hora de compartir las vías.

Con estos 191 muertes contabilizadas en los dos últimos meses son 651 los fallecimientos provisionales en carretera registrados por la DGT en lo que va de 2021.

Euskadi ha registrado este pasado jueves 346 nuevos positivos en covid-19, 51 menos que en la jornada anterior, con lo que la tasa de positivos se ha reducido hasta el 6,1%, mientras que la incidencia acumulada en 14 días por 100.000 habitantes baja a 286 casos, y suben a 207 las personas hospitalizadas en planta, nueve más, y son 71 los pacientes en UCI, dos menos que el día previo.

Según los últimos datos aportados por el Departamento vasco de Salud, durante la jornada de este pasado jueves, se han realizado 5.668 pruebas diagnósticas (4.133 PCR y 1.535 test de antígenos), por debajo de las 5.930 del miércoles, con un resultado de 346 nuevos infectados, frente a los 397 de la jornada previa. De esta forma, la tasa de positivos respecto a las pruebas realizadas se ha reducido del 6,7% al 6,1%.

La tasa de casos positivos acumulados en 14 días por cada 100.000 habitantes ha bajado más de 12 puntos en la última jornada y se sitúa para toda Euskadi en 286,54 (era 298,95 el miércoles).

Este indicador, que se reduce en todos los territorios, presenta la tasa más elevada en Vizcaya, con 287,20 casos este jueves (298,86 en la jornada anterior), mientras que en Guipúzcoa baja a 275,10 casos (283,29 en el día anterior), y en Álava se reduce a 267,71 casos (289,82 en la jornada previa).

Por su parte, la razón de tasas de incidencia (que compara la tasa de incidencia acumulada en 14 días actual con la de hace una semana) se mantiene en 0,76 para el conjunto de Euskadi y el número reproductivo básico, que mide a cuántas personas contagia cada caso positivo ha bajado a 0,80 (era 0,82 en día anterior).

La trazabilidad de los casos alcanza una media en los últimos siete días del 36,9%, porcentaje de positivos detectados por ser contactos de otros casos, frente al 32,9% de positivos que se realizaron las pruebas por presentar síntomas de covid.

Por territorios, este pasado jueves se han detectado 191 nuevos positivos en Vizcaya, ocho menos que el miércoles, otros 112 en Guipúzcoa (24 menos que en la jornada anterior), y Álava ha contabilizado 37 nuevos contagios (13 menos que el día previo). A ellos, se suman seis contagios entre personas con residencia fuera de la Comunidad Autónoma Vasca, frente a los 12 de la jornada precedente.

En el caso de Vizcaya, los municipios con más positivos este pasado jueves son Bilbao, con 52 y una tasa de incidencia acumulada de 254 casos, Barakaldo con 19, Gernika y Gautegiz Arteaga con diez y Durango y Leioa con nueve.

En Guipúzcoa, San Sebastián contabiliza 19 positivos más y baja la tasa de incidencia acumulada a 243 casos, mientras que en Eibar se han registrado ocho contagios más, otros siete en Irún y seis en Andoain, Azkoitia y Hernani.

En cuanto al territorio alavés, Vitoria suma 31 positivos y baja la tasa de incidencia acumulada a 291 casos, mientras que en Salvatierra se han registrado dos contagios más y uno en Amurrio, Asparrena, Iruña de Oca y Ribera Baja.

MUNICIPIOS EN ROJO

Con los datos de esta pasada jornada, once poblaciones de más de 5.000 habitantes presentan tasas acumuladas superiores a los 400 casos en 14 días por cada 100.000 habitantes. En concreto, las guipuzcoanas de Aretxabaleta, Deba, Lazkao, Mutriku y Usurbil, y los municipios vizcaínos de Balmaseda, Bermeo, Gernika, Lekeitio, Sopela y Zalla.

HOSPITALES

En los hospitales vascos, han ingresado en planta 40 personas con covid durante el jueves, lo que supone tres más que en la jornada anterior, y hay hospitalizadas en planta 207 personas con covid, nueve más que el día previo.

Además, en las Unidades de Cuidados Intensivos (UCI) de los hospitales vascos hay 71 camas de críticos ocupadas por pacientes con covid, dos menos que el día previo.

EDADES

Por edades, el mayor número de nuevos contagios en la última jornada se produce en la franja de edad de entre 40 a 49 años (55). Le siguen la franja de edad de 10 a 19 años (52 positivos), los de 50 a 59 años (49 positivos más) y los de 20 a 29 años (46).

Entre los menores de 0 a 9 años se han detectado este jueves 41 casos y otros 33 entre las personas de 30 a 39 años. Por su parte, las personas de entre 60 y 69 años suman en la última jornada 18 nuevos contagios y los mayores de 70 años contabilizan 52 casos, de los que diez superan los 90 años.

La tasa de incidencia acumulada en 14 días por 100.000 habitantes más elevada se da entre la franja de edad de 20 a 29 años (560,38 casos). Por el contrario, la más baja es la de la población de 70 a 79 años (con 145,56).

La estabilidad regresa el primer fin de semana de septiembre aunque todavía se formarán tormentas fuertes pero las temperaturas irán en ascenso y el domingo se situarán hasta 10 grados por encima de lo habitual, según ha adelantado el portavoz de Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) Rubén del Campo, que ha adelantado que la próxima semana varios frentes visitarán el norte peninsular.

Del Campo ha señalado que las últimas 24 horas todavía han estado marcadas por la inestabilidad atmosférica aunque las precipitaciones han sido, "en general, menos intensas y frecuentes que en la jornada del miércoles".

El portavoz ha precisado que se volvieron a registrar chubascos de intensidad torrencial, es decir, cayeron 10 litros por metro cuadrado (l/m2) en menos de diez minutos en puntos del centro norte y este de la Península, destacando los 13 l/m2 en menos de diez minutos en las localidades de Vera de Bidasoa (Navarra), Formigal, Huesca, Saelices el Chico (Salamanca) y Castellfort (Castellón), "precipitaciones todas ellas de intensidad torrencial" que se produjeron durante la tarde del jueves.

En cuanto a las temperaturas, ha subrayado que, "en general, fueron frescas para la época, con valores próximos a 33 grados en puntos de Huelva, Málaga y Baleares".

Para el fin de semana, Del Campo ha avanzado que la inestabilidad provocada en días pasados ya habrá remitido, aunque el viernes por la tarde todavía se esperan tormentas intensas, especialmente en puntos del nordeste.

Así, ha explicdo que el sábado predominará el tiempo tranquilo en general, aunque habrá chubascos tormentosos en puntos de Aragón, Cataluña, norte de la Comunidad, Valenciana y Baleares, que "localmente podrían ser otra vez fuertes y estar acompañados de granizo".

El domingo, más allá de alguna lluvia o chubasco débil en puntos aislados de Galicia y Cataluña, no se esperan precipitaciones y predominará el sol. "Brillará el sol en buena parte del país, aunque por la tarde crecerán nubes de evolución, sobre todo en zonas de montaña, sin descartar por completo que se puedan formar tormentas secas, es decir, con muy poca precipitación, o incluso nula", ha detallado.

En general, Del Campo ha explicado que las temperaturas experimentarán "un progresivo ascenso" ya desde este viernes, que se notará en la mayor parte de las regiones con unos valores "más propios para la época del año, después de que las pasadas jornadas hayan sido frescas".

En concreto, el sábado las temperaturas diurnas podrían alcanzar los 34 ó 36 grados en los valles del Tajo, Guadiana y Guadalquivir, y el domingo incluso se podrá hablar "de un día muy caluroso, con temperaturas entre 5 y 10 grados por encima de lo normal para la época".

Por ejemplo, en el Valle del Guadalquivir se superarán probablemente los 38 grados de temperatura máxima en el extremo norte, como consecuencia de la llegada de vientos del sur, por lo que también se dispararán los termómetros y se podrían superar los 32 grados en el norte de Galicia y en el interior de las comunidades cantábricas.

De cara a la próxima semana, con el paso de sistemas frontales asociados a una borrasca atlántica, se esperan precipitaciones que se irán extendiendo por el norte peninsular y zona centro de oeste a este.

EL LUNES SIGUE EL CALOR, EL MARTES VUELVEN LAS LLUVIAS

El lunes será un día que el general comenzará con cielos poco nubosos, aunque irá creciendo la nubosidad y la tarde dejarán chubascos, algunos de ellos localmente fuertes en Galicia, Asturias y noroeste de Castilla y León, sin descartar que se puedan producir el lunes por la tarde algunos chaparrones en otros puntos del norte y zona centro.

"Quizá lo más destacado de esa jornada del lunes es el calor, que se espera en la cornisa cantábrica y que llevarán los termómetros por encima de los 34 grados en el interior de Asturias de Cantabria y del País Vasco", ha señalado Del Campo. "No menos destacable será el calor en el cuadrante suroeste peninsular, que, de hecho, en puntos del Guadalquivir podrían alcanzarse o incluso superarse los 40 grados, como podría ocurrir en la ciudad de Córdoba", ha añadido.

El martes, las precipitaciones asociadas a los sistemas frontales que circulaban por el norte peninsular se extenderán a buena parte del noroeste de la Península y, a partir del miércoles, podrían afectar ya a buena parte del tercio norte de la Península y al entorno del Sistema Ibérico, es decir, al sur de Aragón y norte de la Comunidad Valenciana, sin descartar chubascos en otros puntos de la mitad norte y del centro peninsular, así como del norte de Baleares.

Todavía hay cierta incertidumbre al respecto pero los chubascos podrían ser localmente fuertes. Además, las temperaturas descenderán a partir del miércoles, con un ambiente algo fresco para la época en la fachada atlántica peninsular y que permanecerá cálido para la época en el área mediterránea.

En cuanto a Canarias, los cielos estarán poco nubosos en general y soplarán con intensidad los vientos del suroeste en las zonas de cumbres. El fin de semana y el lunes, las temperaturas permanecerán sin cambios, pero a partir del martes experimentarán un notable descenso. En el archipiélago se podrá hablar de calor a partir del martes o miércoles, con vientos alisios en zonas bajas de Canarias que soplarán con rachas intensas a partir del miércoles, principalmente.

ASAJA Murcia ha tildado de "decepcionante" la reunión mantenida este jueves con el secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, al considerar que "no se ha avanzado nada para mejorar la situación del Mar Menor", informaron fuentes de la organización en un comunicado.

Por parte de la asociación profesional agraria, que, según ha avanzado, está valorando no asistir a más reuniones de este tipo, participaron en el encuentro Alfonso Gálvez Caravaca, secretario general, y Alfonso Galera Sánchez, vicepresidente.

Gálvez Caravaca ha indicado que, en lo que respecta al capítulo de inversiones, "no se ha concretado nada" porque "tienen que redactarse los proyectos y también dependen de la tramitación de los estudios de impacto ambiental, con plazos que se pueden alargar cinco o seis años".

Sobre los regadíos ilegales, el dirigente de ASAJA ha explicado que pidió al secretario de Estado que "se deje de hablar" de ellos y que "se tomen las medidas necesarias para cortar el suministro de agua de riego, pues está perjudicando la imagen de la zona".

"De las 8.500 hectáreas de regadíos sin concesión, puede haber regantes que han comprado agua a la desalinizadora de Valdelentisco, y, en estos momentos, el organismo de cuenca está revisando las concesiones. Sin embargo, han estado regando con agua de una desaladora pública", ha apuntado Gálvez Caravaca.

CINTURÓN VERDE Y DEPURACIÓN DE AGUAS

Además, el secretario general de ASAJA ha indicado que, en relación al cinturón verde en la franja costera del Mar Menor, "el Ministerio no tiene claro cómo va a producirse la gestión del territorio", por lo que la organización agraria ha solicitado una compensación económica o alternativas viables "para cultivar de forma sostenible".

También ha lamentado que Morán no concretase "nada" respecto a la depuración de aguas y los cuatro millones de euros disponibles para realizar estudios, ejecutar infraestructuras y recoger aguas pluviales.

RAMBLA DEL ALBUJÓN

En lo concerniente a la rambla del Albujón, Gálvez Caravaca ha precisado que "la ejecución del Colector Norte y la adecuación de la desalinizadora y desnitrificadora de El Mojón, tardarán en llevarse a cabo, como mínimo, cinco años, siempre que la evaluación de impacto ambiental sea favorable". Al respecto, ha agregado que el Ministerio reconoce que la estación de bombeo y las conducciones de la rambla están anticuadas y no tienen capacidad suficiente.

Para ASAJA, resulta "paradójico" que "no se agilicen las declaraciones de impacto ambiental, dada la extrema gravedad y urgencia del problema medioambiental del Mar Menor". Así, se ha referido a otras catástrofes ecológicas, entre las que ha citado la del 'Prestige' y Aznalcóllar, para las que "se han adoptado medidas de urgencia, sin cumplir complejos y dilatados trámites de evaluación ambiental".

Igualmente, ha asegurado que el trámite de evaluación ambiental "está agravando el daño ambiental, por la demora en ejecutar las medidas necesarias", una situación similar a la que "se está produciendo con respecto al dragado de las golas".

Además, la organización transmitió a Morán que "los agricultores están cumpliendo y adaptándose a la Ley del Mar Menor", y que sienten "preocupación" por que el Ministerio "solamente tenga oídos para las organizaciones ecologistas, que dan una visión subjetiva del problema".

"IMAGEN DETERIORADA" DEL SECTOR

Dentro del mismo contexto, el responsable gerencial de ASAJA Murcia ha lamentado los "ataques constantes a la agricultura", que "perjudican gravemente a nuestras exportaciones" y dan una "imagen deteriorada" del sector.

"Esto no se puede permitir ni concebir de ninguna manera", ha indicado Gálvez Caravaca, quien ha lamentado, además, que "las otras organizaciones agrarias" presentes en la reunión "hayan excluido a los representantes de ASAJA de la foto realizada, lo que perjudica la necesaria unidad del sector ante los ataques a nuestros agricultores".

El consejero de Salud del Principado de Asturias, Pablo Fernández Muñiz, ha confirmado este viernes que el próximo lunes, día 6 de septiembre, reabrirá el interior del ocio nocturno al decaer el actual decreto de medidas restrictivas para estos establecimientos.

El Gobierno autonómico no lo va a prorrogar, por lo que estos locales pasarán a tener la misma regulación que el conjunto de la hostelería. Asimismo, unos días después, el viernes 10, está previsto que se fijen nuevas medidas para el conjunto del sector adaptadas a la actual situación epidemiológica.

El consejero ha señalado que la favorable evolución de la incidencia y de la presión asistencial en Asturias permitirá una regulación menos restrictiva pero advierte de que ese nuevo escenario no debe llevar a la "euforia" por alcanzar a corto plazo la "normalidad".

De este modo, ha insistido en la necesidad de mantener "medidas preventivas" para evitar nuevas olas. "Las medidas preventivas deben seguir", apuntilló en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno junto a la portavoz del Ejecutivo, Melania Álvarez.

LLAMAMIENTO A LA VACUNACIÓN

Igualmente, el consejero aprovechó para reiterar el llamamiento a la vacunación de quienes aún no han participado del proceso para que contribuyan a avanzar en la "senda de la recuperación".

Fernández Muñiz ha recordado que Asturias se encuentra "a la cabeza de la vacunación en España", con más del 80% de la población total con pauta completa, pero el objetivo deseable es alcanzar el 90% de cobertura para lograr "una vida lo más normal posible", así como la "recuperación económica y social" de la comunidad.

En ese sentido, ha valorado la respuesta de la ciudadanía al llamamiento a la vacunación sin cita previa de este jueves, calificando de "éxito" la convocatoria ya que por esta vía se administraron 4.714 dosis de las 10.000 vacunas de la jornada.

INICIO DEL CURSO ESCOLAR

Además, el titular de Salud y la portavoz del Gobierno hicieron referencia al próximo inicio del curso escolar, destacando la "ventaja" respecto al anterior, argumentando que a la experiencia se suma el alto nivel de cobertura de vacunación entre el alumnado mayor de 12 años.

Según explicaron, la vuelta a las aulas será 100 por cien presencial y se recuperarán las actividades extraescolares. Además, se mantendrán los grupos burbuja y antes de que comience el curso se publicará el protocolo de actuación frente al coronavirus.

El expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont ha emitido este viernes un comunicado en el que critica y niega las informaciones que han aparecido en varios medios de comunicación sobre presuntos vínculos entre su entorno y los servicios de inteligencia de Rusia.

En el comunicado, la oficina de Puigdemont ha sostenido que las informaciones aparecidas tienen como fundamento un informe de la Guardia Civil que, a su juicio, está lleno de "falsedades, incongruencias e intoxicaciones".

También ha mantenido que su cuyo único objetivo es "criminalizar y desprestigiar al independentismo ante la comunidad internacional presentándolo como un elemento desestabilizador".

Ha afirmado que las filtraciones aparecidas se descontextualizan de la realidad y que existen "muchos otros mensajes sobre situaciones políticas en otros países que se omiten intencionadamente, cosa que es una manipulación que perjudica claramente el derecho a una información veraz y rigurosa".

Han señalado que la supuesta revelación de conversaciones privadas "que no tienen nada que ver con un delito, es un instrumento más de la guerra sucia que el Estado español practica contra Cataluña", con el objetivo --según él-- de acabar con el movimiento independentista, que ha definido como legítimo, legal y democrático.

Desde la oficina de Puigdemont han asegurado que todas sus actividades internacionales, así como las del jefe de la oficina, Josep Lluís Alay, y de su equipo jurídico son "perfectamente legales" y tienen por objetivo contribuir a la resolución del conflicto político.

También han asegurado que el fiscal de Barcelona dirigió al Juzgado de Instrucción 1 de Barcelona un escrito de 20 de julio donde pedía el archivo de esta investigación contra Alay al considerarla "investigación prospectiva, vulneradora de los derechos y libertades más elementales de una sociedad democrática".

"Estudiaremos emprender acciones legales en el Estado español, y en otros estados si es necesario, ante la posibilidad que se haya cometido algún delito de revelación de secretos oficiales, ya que todas las evidencias señalan que la información ha llegado a algunos medios antes de que se levantara el secreto de sumario", han añadido.

La Unión Europea mantendrá relaciones con los talibán más allá de contactos "operativos" en función de su "comportamiento" en cuestiones como el respeto de los Derechos Humanos, especialmente de las mujeres, la libertad de los medios o el acceso que permitan a la ayuda humanitaria.

Así lo ha explicado el Alto Representante de Política Exterior y Seguridad Común de la UE, Josep Borrell, en una comparecencia sin preguntas en la que ha dado cuenta de lo decidido por los ministros de Asuntos Exteriores de la UE en su reunión en Eslovenia.

"Para ayudar a la población de Afganistán tendremos que tratar con el gobierno de Afganistán, lo que no significa reconocimiento. Es un contacto operativo y este contacto operativo aumentará en función de su comportamiento", ha explicado el jefe de la diplomacia europea, para después subrayar que los Veintisiete han acordado cinco "parámetros" par "medir" este comportamiento.

La primera de estas condiciones es el compromiso del futuro gobierno de Afganistán de que el país no se convertirá en "una base de exportación de terrorismo a otros países". Del mismo modo, la UE tendrá en cuenta el "respeto a los Derechos Humanos, en particular de las mujeres, el Estado de Derecho y la libertad de los medios".

El tercero de los criterios será la formación de un gobierno de transición "inclusivo y representativo" tras un proceso de "negociación entre las fuerzas políticas" del país asiático. El bloque también condicionará su relación con los talibán a que estos permitan la entrada de ayuda humanitaria "respetando los procedimientos y condiciones" europeas para su entrega.

Por último, la profundización de la relación de la UE con los talibán dependerá del compromiso de los islamistas para permitir la salida del país de ciudadanos extranjeros y afganos "en riesgo".

Además de las condiciones para la futura relación con los talibán, los Veintisiete han discutido también cómo seguirá apoyando la UE a todas aquellas personas que iban a ser evacuadas antes del 31 de agosto pero finalmente no pudieron entrar al aeropuerto de Kabul.

En línea con lo acordado el pasado martes por sus homólogos de Interior, los titulares de Asuntos Exteriores han pactado que cada Estado miembro decidirá "de manera voluntaria" a cuántas y qué personas amenazadas "están dispuestos a recibir bajo su protección".

"PRESENCIA CONJUNTA" EN KABUL

Con el objetivo de poder implementar esta segunda fase de la evacuación, los Veintisiete han decidido "trabajar de manera coordinada" a través de una "presencia conjunta en Kabul" que estará gestionada por el Servicio Europeo de Acción Exterior (SEAE) siempre que "se cumplan las condiciones de seguridad".

"Queremos coordinar la evacuación de las personas que cada Estado miembro esté dispuesto a aceptar y se hará a través de una presencia conjunta en Kabul coordinada por el SEAE", ha señalado el Alto Representante de Política Exterior de la UE.

En una rueda de prensa al término de la reunión de los ministros, Borrell ha precisado que el hecho de que la UE vaya a tener un "equipo" sobre el terreno "no es el primer paso hacia un reconocimiento" del régimen talibán, sino una cuestión "práctica" para facilitar el contacto "desde el punto de vista operativo".

"Tenemos que discutir cuestiones importantes con el gobierno afgano y la principal es cómo evacuar a los cientos o miles de personas que nos gustaría haber evacuado", ha afirmado el jefe de la diplomacia europea, quien ha remarcado que esta "presencia conjunta" se situará en Doha si no es posible instalarse en Kabul por razones de seguridad.

PLATAFORMA POLÍTICA CON LOS PAÍSES VECINOS

Por otro lado, y con la intención de coordinarse con otros socios internacionales, los ministros de Exteriores han acordado que el departamento dirigido por Borrell ponga en marcha una "plataforma política de cooperación" con los países vecinos de Afganistán.

Esta plataforma, ha explicado el español, tendrá un carácter "permanente" y abordará cuestiones como la gestión de flujos migratorios de población desde Afganistán, la prevención de la propagación del terrorismo ola lucha contra el crimen organizado, incluido el tráfico de seres humanos o de drogas.

"Representará un fuerte esfuerzo diplomático de todos los Estados miembros coordinado por el SEAE para regional esta plataforma política regional con los países vecinos que tanto necesitamos si queremos estabilizar toda la región", ha justificado el jefe de la diplomacia europea.

Vox ha registrado en el Congreso la petición de reprobación y destitución inmediata del ministro de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, Félix Bolaños, por "socavar", a su juicio, la independencia del poder judicial.

El partido de Santiago Abascal basa su petición en las declaraciones del ministro en la Cadena Ser rechazado de plano la condición que exige ahora el PP para renovar el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), consistente en reformar la ley para que una parte de los vocales de este órgano sean elegidos por los propios jueces.

"Ni los jueces pueden elegir a los jueces, ni los políticos pueden elegir a los políticos", dijo este jueves Bolaños en lo que para Vox suponen unas "alarmantes" e "irresponsables" palabras porque considera que "atentan de forma manifiesta contra los poderes vertebradores del poder judicial".

Vox critica que el PP defienda ahora la elección del CGPJ por parte de los jueces, después de décadas negociando su renovación con el PSOE y otros partidos con representación parlamentaria. Y defiende que este debate solo llegó a la espera pública tras su irrupción en la política nacional.

"ATAQUES" DEL GOBIERNO A LA JUSTICIA

En cualquier caso, denuncia las palabras de Bolaños y enumera los "constantes intentos" del Gobierno de coalición de PSOE y Unidas Podemos de "deslegitimar" el poder judicial.

Vox inicia esta lista de agravios con el nombramiento de la exministra de Justicia Dolores Delgado como fiscal general del Estado, lo que denuncia que supuso "una pérdida de objetividad e imparcialidad" de la Fiscalía.

También recuerda numerosos "ataques" del exvicepresidente Pablo Iglesias al poder judicial. "Es conocida su animadversión hacia la justicia y el poder judicial", reprocha Vox junto a diversas declaraciones del exlíder de Podemos.

El partido de Abascal también recuerda las iniciativas parlamentarias registradas por PSOE y Unidas Podemos para reformar el modelo de elección de los miembros del CGPJ, en lo que considera intentos de "politizar" el órgano de control de los jueces.

La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), con sede en Sevilla, ha ratificado este viernes la medida de salud pública establecida en la Resolución de la Delegación Territorial de Salud y Familias en Sevilla de 1 de septiembre de 2021 por la que se acuerda la medida de limitación de la libertad de circulación de las personas en el municipio de Cantillana (Sevilla) en horario nocturno de 2,00 a 7,00 horas y durante siete días naturales a contar desde la ratificación judicial por razones de salud pública para la contención del Covid-19.

En el auto, la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJA considera que las medidas cuya ratificación se interesa "se hallan justificadas por razones de salud pública ante la necesidad de evitar la propagación de la pandemia existente ya en su quinta ola", punto en el que añade que estas medidas, "si bien plantean la controversia relativa a la posibilidad de su ratificación tras el levantamiento del Estado de Alarma, siguen amparándose en normas legales que contemplan restricciones por razón de la tutela de otros bienes e intereses constitucionalmente protegidos como es la vida y la salud pública", según informa el TSJA.

En este sentido, la Sala alude al artículo 3 de la Ley Orgánica 3/1986, de 14 de abril, de Medidas Especiales en Materia de Salud Pública, el cual "contempla la posibilidad de que la autoridad sanitaria, con el fin de controlar las enfermedades transmisibles, pueda realizar acciones preventivas generales, adoptar las medidas oportunas para el control de los enfermos, de las personas que estén o hayan estado en contacto con los mismos y del medio ambiente inmediato, así como las que se consideren necesarias en caso de riesgo de carácter transmisible".

"Si bien es cierto que ello no permite concluir en la presencia de un amparo normativo indiscriminado de cualesquiera restricciones de derechos fundamentales, sí permite en cada caso valorar su proporcionalidad, necesidad e idoneidad en atención a las circunstancias concurrentes, como acaece en este supuesto", argumentan los magistrados, que afirman que la medida ha sido suficientemente justificada por las autoridades sanitarias y, además, persigue "un fin constitucionalmente legítimo: proteger la salud pública de la población de dicho municipio ante la situación de pandemia existente en su quinta ola".

Al hilo, la Sala resalta la debida proporcionalidad de las medidas, en cuanto imprescindibles para garantizar la salud pública de los vecinos del municipio, erradicando el alto riesgo de contagio inminente sobre todo en la población joven que existiría de contrario, y con un alcance temporal que se extiende durante siete días naturales, "pudiendo ser revisado si así lo requiriese la evolución de la situación epidemiológica de mantenerse las circunstancias que motivan su aprobación".

Además, los magistrados ponen de manifiesto que "no es una suspensión del derecho o restricción de movilidad absoluta, sino relativa fijando una extensión temporal en una determinada franja horaria nocturna, y con un catálogo de supuestos en los que se permiten los desplazamientos".

"Apreciada la necesidad, idoneidad y proporcionalidad de la medida, que se ha demostrado eficaz en otros municipios de la Comunidad Autónoma en los que se acordó dicha restricción, bajando su incidencia, y descartadas otras menos gravosas, debe prevalecer el derecho a la salud ante el alto poder de contagio y el grave riesgo de salud pública para la ciudadanía", concluye la Sala, que indica que "lo expuesto justifica que debamos ratificar la medida sanitaria urgente establecida aunque implique la restricción relativas de derechos fundamentales".

La incidencia acumulada a 14 días en el municipio de Cantillana sigue la tendencia a la baja y se sitúa este viernes en los 1.052 casos por cada 100.000 habitantes.

El abogado del Rey emérito ha denunciado vía comunicado que se ha vulnerado la presunción de inocencia de Don Juan Carlos por las "graves afirmaciones" que la Fiscalía habría vertido en una petición de información a Suiza sobre el origen de la fortuna del ex jefe de Estado donde apuntaría a que éste habría cobrado comisiones internacionales de forma ilegal y con ello podría haber incurrido en delitos contra la hacienda pública, blanqueo, cohecho y tráfico de influencias.

La nota de prensa del abogado Javier Sánchez-Junco indica que "en esa comunicación a las autoridades suizas se contienen graves afirmaciones e imputaciones de conductas que se realizan, a nuestro juicio, sin apoyatura alguna y son carentes de la más mínima justificación, estando contradichas por otros hechos de los que nada se dice".

"Por ello, tales afirmaciones conculcan de manera evidente el principio de presunción de inocencia que ampara a todo ciudadano y se traslada a la opinión pública valoraciones y consideraciones que perjudican gravemente a S.M. el Rey D. Juan Carlos, que está sometido a una investigación por parte de la Fiscalía desde hace más de un año", ha considerado.

Además, hace hincapié en que "dicha solicitud de asistencia judicial no es pública". "Así pues, salvo las autoridades destinatarias de la misma, únicamente debería estar en conocimiento de la Fiscalía, cuyas actuaciones son reservadas, sin que nos conste hayan sido comunicadas a parte alguna", recalca.

Sánchez-Junco manifiesta que se ha visto obligado a hacer estas "puntualizaciones" tras la información avanzada por 'El Mundo', según la cual la Fiscalía del Tribunal Supremo (TS) cursó el pasado 24 de febrero a Suiza una comisión rogatoria para que le proporcione información sobre las cuentas bancarias que la Fundación Zagatka tuviera entre los ejercicios 2016 y 2019.

FISCALÍA, A LA ESPERA DE LA RESPUESTA SUIZA

La Fiscalía General del Estado (FGE), por su parte, ha informado este viernes de que se han cursado diferentes solicitudes de asistencia jurídica internacional a las autoridades judiciales de distintos países, entre ellos Suiza, para avanzar en las diligencias en torno al Rey emérito y poder "confirmar o descartar" los indicios delictivos que ya tiene sobre el origen de la fortuna de Juan Carlos I o "incluso abrir otras vías de investigación".

"Resulta obvio que será precisamente el contenido de la respuesta que la autoridad requerida dé a la correspondiente comisión rogatoria lo que en su momento permitirá al fiscal confirmar o descartar esos indicios o incluso abrir otras vías de investigación", ha explicado la institución que capitanea Dolores Delgado en una nota de prensa.

No obstante, ha querido precisar que "la solicitud de cualquier asistencia judicial internacional exige necesariamente detallar todos aquellos indicios de criminalidad disponibles por la autoridad requirente, acompañados de una inicial y provisional calificación jurídica de los hechos sobre los que se fundamenta la petición, respetando así las formalidades requeridas por la normativa en materia de cooperación internacional".

Esto supone, ha recalcado, que con la comisión rogatoria "no estamos ante un dictamen, petición de procesamiento o conclusiones del fiscal, sino en el marco de una solicitud de información, en la que simplemente se detallan los posibles ilícitos que son objeto de investigación".

Además, ha aprovechado para reiterar que "la Fiscalía está comprometida en llevar las investigaciones de referencia con la siempre obligada exhaustividad y el máximo rigor, así como con la exigible celeridad, con frecuencia condicionada por la propia dinámica de la cooperación internacional".

TRES LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN

El interés en la Fundación Zagatka, propiedad Álvaro de Orleans-Borbón, primo lejano de Don Juan Carlos, reside en que habría abonado gastos del ex jefe de Estado hasta 2018, con posterioridad a la abdicación en Felipe VI en junio de 2014, momento en el que perdió el privilegio de la inviolabilidad. El antiguo monarca aparecía como beneficiario, si bien Casa Real explicó que él desconocía esta información y añadió que, si efectivamente era así, renunciaba a ella.

Actualmente, el teniente fiscal del TS, Juan Ignacio Campos, con la colaboración del fiscal jefe Anticorrupción Alejandro Luzón, lleva a cabo unas diligencias de investigación en torno al Rey emérito: por el supuesto cobro de comisiones por la concesión del AVE a La Meca a empresas españolas; por el presunto uso por parte de Juan Carlos I y otros familiares de tarjetas de crédito opacas con cargo a cuentas en las que no figuran como titulares; y por la existencia de una cuenta con 10 millones de euros a nombre del ex jefe de Estado en la isla de Jersey, un paraíso fiscal.

Ante estos hechos, el antiguo monarca ha hecho dos regularizaciones fiscales. La primera, el 9 de diciembre por 678.000 euros en relación al uso de tarjetas bancarias con fondos opacos del empresario mexicano Allen Sanginés-Krause, uno de los tres asuntos investigados. Y una segunda --en teoría la última-- del 25 de febrero por casi 4,4 millones de euros por rentas no declaradas en relación con los gastos costeados por la Fundación Zagatka.

LOS TÉCNICOS DE HACIENDA PIDEN EXPLICACIONES

Se da la circunstancia de que el segundo ajuste de cuentas con el fisco tuvo lugar un día después de que la Fiscalía cursara esa comisión rogatoria a Suiza. En declaraciones, el presidente de los Técnicos de Hacienda, Carlos Cruzado, ha pedido al Ministerio Público que aclare si notificó a Juan Carlos I la apertura de diligencias de investigación contra él antes de que llevase a cabo las regularizaciones de sus fondos en el extranjero.

El pasado mes de mayo, se supo que la AEAT ha notificado al ex inquilino del Palacio de la Zarzuela la apertura de una inspección y le ha pedido más información para comprobar la veracidad de las regularizaciones que ha presentado hasta ahora, un proceso que aún no ha culminado.

El frente judicial de Don Juan Carlos se completa con la demanda que Larsen --también investigada en Suiza-- ha presentado ante en Londres por la "vigilancia ilegal" y "hostigamiento" que asegura sufrió por parte de los servicios secretos españoles y del propio Rey emérito.

El PSOE ha sobreseído la investigación que abrió en mayo al exdirigente socialistas Nicolás Redondo Terreros, cuando creyó que había pedido el voto para la candidata del PP a la comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. La conclusión de la investigación es que esto no fue así y Nicolás Redondo considera que la decisión de su partido, de archivar el expediente, "apuntala un amplio margen de discrepancia en el seno del PSOE".

En el documento, el instructor señala que "no queda acreditado la comisión de las faltas atribuidas y sí queda acreditado que Nicolás Redondo actuó solicitando la rectificación de las informaciones publicadas, negando haber solicitado el voto para Díaz Ayuso al tiempo que defendió al candidato del PSOE".

Por este motivo, la Comisión Ejecutiva Federal del partido acordó sobreseer el procedimiento iniciado el 6 de mayo contra Redondo Terreros y notificar la resolución al interesado y a las comisiones ejecutivas de los ámbitos territoriales.

EMOCIÓN POR LOS APOYOS RECIBIDOS DE LOS QUE DESTACA EL DE GUERRA

En declaraciones, Nicolás Redondo ha asegurado sentirse "muy contento con los apoyos" que ha tenido en estos meses que, asegura, "han sido muy complicados". "No puedo menos que agradecer a Alfonso Guerra su apasionado e inteligente apoyo a mi posición", ha destacado el exdirigente socialista, quien añade que le "emocionó" el apoyo del exvicepresidente socialista a quien considera "uno de los personajes más importantes de estos últimos 40 años del socialismo español".

Redondo ha recordado también los apoyos de otros socialistas vascos y del propio Cándido Méndez. Admite que el motivo del expediente era "desgraciado", pero cree que le ha permitido "ver la solidaridad de algunos compañeros que además son amigos para siempre".

El ex secretario general del PSE ha señalado que en su respuesta al expediente contestó desde el punto de vista "estrictamente político" y ha precisado que la parte en la que le acusaban de haber pedido el voto para Ayuso "no tenía consistencia" porque él sabía que "no había pedido el voto para ella y el PSOE lo sabía también".

Sobre esta cuestión, recuerda que al mismo acto que invitó a Ayuso también invitó al candidato socialista Ángel Gabilondo y al de Ciudadanos, Edmundo Bal.

Y por lo que se refiere a declaraciones que ha realizado él sobre asuntos políticos, Nicolás Redondo considera que la resolución "apuntala un amplio margen de discrepancia en el PSOE", un partido, ha afirmado, en el que "no todos tenemos que pensar lo mismo" sino que "existen apreciaciones diferentes y debe ser reconocido y es bueno".

En este sentido, ha señalado que la resolución demuestra que en el PSOE "existen otras opciones a la legítimamente dominante y se pueden expresar con dos premisas". La primera de ellas, ha señalado, es haciendo exhibición de la discrepancia "sin caer en descalificaciones gratuitas". "Es importante que el discurso no esté lleno de descalificaciones o insultos y yo lo he evitado", ha añadido.

VERTIENTE POSITIVA, EL AMPLIO MARGEN DE DEBATE EN EL PSOE

Y la segunda premisa, ha expuesto, es "saber que cada uno tiene un ámbito de actuación". "Yo dimití de mis cargos políticos e institucionales porque tenía una idea determinada y tengo una libertad distinta de la de un diputado, o un presidente de una CCAA". "Soy afiliado y me expreso con máximo respeto a todo el mundo", ha recalcado.

Por ello, cree que la causa que le ha provocado "quebrantos", tiene una vertiente positiva en su resolución y es que "admite un amplio margen de debate en el PSOE". Algo que ha calificado "importante" ahora que se va a celebrar un Congreso Federal a mediados de octubre, en el que "unos participarán directamente con sus aportaciones y otros, desde el ámbito de la sociedad civil", que es en el que se desenvuelve él.

Finalmente, ha deseado que también sea sobreseído el expediente que el partido también abrió al expresidente de la comunidad de Madrid, Joaquín Leguina, cuya resolución aún no se ha producido.

El portavoz del GPVOX en el Congreso, Iván Espinosa de los Monteros, se ha referido este viernes a la subida del precio de la luz, recordando que "estamos en los días en los que más cara ha sido la luz en la historia de España", y ha criticado la "falta de voluntad política" para reducir la factura. "Cuando Vox gobierne cuando dependa de nosotros le aseguro que tomaremos medidas", ha apostillado.

Espinosa de los Monteros ha dicho, tras ser cuestionado por los periodistas en Málaga, que "la subida de la luz es algo dolorosísimo para millones de españoles". "Es también terrible que los dos partidos que más han estado criticando las subidas de la luz en el pasado, cuando la luz subía, sí, pero no tanto como ha subido ahora; esos partidos que tanto criticaban y que decía que cuando gobernaran no subiría son, precisamente, los que están presidiendo sobre el momento donde la luz es más cara en la historia".

Ha incidido en que Vox ha presentado y mantiene propuestas y ha recordado, entre otros, "que dos tercios de la factura, seis de cada diez euros que pagamos en la factura nada tienen que ver con el coste de generación de electricidad, tienen que ver con peajes y con impuestos que depende puramente de voluntad política".

"Si mañana se quisiera se podría reducir el 60 por ciento de la factura de la luz simplemente por un decreto de este Gobierno", ha subrayado.

De igual modo, ha continuado, "si no lo están haciendo, si no han reducido el IVA de manera sustancial, general, si no han reducido el impuesto de electricidad o no lo han eliminado, si no han reducido los peajes que se pagan es simplemente porque falta voluntad política".

Además, ha agregado que "el otro 40 o 30 por ciento del coste de la factura que tiene que ver con la generación es producto de muchos años de haber atacado ciertos sistemas de generación de electricidad, que son los más baratos, en detrimento del bolsillo de todos los españoles".

A su juicio, "ahora es muy difícil darle la vuelta a una política energética tan equivocada que PP y PSOE han llevado a cabo durante los últimos 40 años; ahora es muy difícil poner en marcha planes que habíamos tenido hace 40 años y que hubieran podido mejorar hoy el coste de la factura de la luz", ha enumerado.

Además, ha incidido en que "ahora es muy difícil dar la vuelta al ataque a la energía nuclear, que es una energía fiable, barata, que ha tenido mucho éxito en España y que durante 40 años ha generado una energía fiable, limpia y bastante barata".

"Ahora es muy difícil revertir el cierre de centrales como Garoña, ahora es muy difícil revertir el sistema de cálculo de coste de factura eléctrica, pero se puede hacer si hay voluntad política necesaria para ello", ha dicho, pero ha asegurado que "cuando Vox gobierne, cuando dependa de nosotros, le aseguro que tomaremos medidas en ese sentido".

El ex ministro de Interior Jorge Fernández Díaz ha recurrido la decisión del magistrado de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón de procesarle por la 'Kitchen', al considerar que se ha producido un "cierre en falso" de la investigación sobre el presunto espionaje parapolicial al ex tesorero del PP Luis Bárcenas porque el juez instructor sitúa en el Ministerio el origen de este supuesto operativo ilegal, algo que cree que "atenta contra el más elemental sentido común".

García-Castellón procesó a Fernández Díaz, entro otros mandos de Interior y Policía, al entender que el ex ministro se encontraría en la cúspide de lo que describe como una estructura delictiva ideada para espiar a Bárcenas y su entorno, usando para ello recursos policiales --incluidos fondos reservados-- a fin de localizar la información sensible que pudieran tener sobre el PP y sus dirigentes para evitar que llegara a manos de la Justicia.

Según el relato judicial, fue Fernández Díaz quien, "con abuso de sus funciones y conocimiento de su ilicitud", instó a su entonces 'número dos', Francisco Martínez, a poner en marcha esta "misión" y el secretario de Estado de Seguridad a su vez hizo las gestiones oportunas con los mandos policiales para ejecutar la 'Kitchen'.

Fernández Díaz combate esta tesis en un recurso, donde pide al propio juez y, con carácter subsidiario, a la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional que le saquen de la lista de procesados por este presunto operativo parapolicial contra los Bárcenas.

Para el ex ministro, "tal interpretación es ajena a toda lógica". Argumenta que, conforme han sostenido juez y Fiscalía, el objetivo de la 'Kitchen' era sustraer a Bárcenas la información "perjudicial" que pudiera tener sobre "algunos dirigentes del Partido Popular" en relación con los famosos 'papeles' del ex tesorero y --recalca-- que entre ellos no se encuentra Fernández Díaz, por lo que "no le afectaba ni perjudicaba el resultado de la investigación judicial" en curso.

"No se ha relacionado nunca su nombre con este asunto (los 'papeles' de Bárcenas), por lo que no tenía interés o motivación especial en una operación policial dirigida a sustraer información de aquella investigación judicial", esgrime la defensa.

En consecuencia, prosigue, "la interpretación del excelentísimo instructor 'encapsulando' los hechos en el entorno del Ministerio de Interior y rechazando la vía de investigación hacia el origen del problema, atenta contra el más elemental sentido común y contradice el resultado de las diligencias practicadas".

Así, el antiguo responsable de Interior cree que el auto de procesamiento de García-Castellón apuntándole como 'cerebro' de la 'Kitchen' "supone un cierre 'en falso' de la investigación, cercenando bruscamente otra vía de investigación que es la que está precisamente articulando el Ministerio Público".

La Fiscalía pidió al titular del Juzgado Central de Instrucción Número 6 que indagara si el número de teléfono que el comisario José Manuel Villarejo --otro de los procesados-- atribuyó al ex presidente del Gobierno Mariano Rajoy pertenecía a alguien del PP. García-Castellón lo rechazó basándose en un informe policial que no halló conexión alguna entre ese número y los usados por el policía, por lo que no dio credibilidad a que Villarejo se mensajeara con Rajoy sobre 'Kitchen'.

Sin embargo, para Fernández Díaz "es claro que el origen de la 'Operación Kitchen' ni estuvo relacionado ni afectaba al Ministerio de Interior". "Y es obvio que el señor Bárcenas era el tesorero del Partido Popular, no del Ministerio de Interior y no dependía ni estaba vinculado con dicho Ministerio", remacha.

UN "PLANTEAMIENTO SIMPLISTA"

El otrora jefe de Interior reprocha a García-Castellón que caiga en "el planteamiento simplista" de apuntarle como máximo responsable de la 'Kitchen' por haber dirigido dicho Ministerio durante los años en los que se habría desarrollado el operativo, entre 2013 y 2015, y su consecuente "ascendencia" sobre los mandos policiales que lo habrían protagonizado. "Meras conjeturas", no "datos objetivos" de los que se pueda deducir responsabilidad penal, estima.

A este respecto, la defensa aduce que el único fundamento para sostener la acusación contra Fernández Díaz es el testimonio de Martínez y, concretamente, los mensajes que el ex secretario de Estado dice que se intercambió con su antiguo superior sobre 'Kitchen' y que protocolizó en dos actas notariales que han sido profusamente analizadas a lo largo de la instrucción de esta pieza separada de la macrocausa 'Tándem'.

El recurso cuestiona el valor probatorio tanto de la palabra de Martínez, un "coimputado" que habría hecho "declaraciones interesadas" no corroboradas por otra vía, y de las actas notariales, insistiendo en que no acreditan que el ex ministro fuera el verdadero destinatario de esos mensajes ni que éstos no fueran manipulados. En este sentido, reitera que "fueron prefabricados" para incriminar a Fernández Díaz y "quizá exculpar a otras personas", que no nombra.

También se apoya el escrito en que ningún mando policial de la época implicó a Fernández Díaz en la 'Kitchen' y en que el ex ministro no figura en las grabaciones y agendas manuscritas de Villarejo que nutren la causa. Sobre este punto, apostilla que, en cambio, en esos materiales sí se hacía referencia a diversas personas "plenamente identificadas en la presente investigación", entre las que la defensa menciona a Rajoy, Soraya Sáenz de Santamaría, María Dolores de Cospedal.

Por tanto, concluye el escrito que "no existen motivos para sostener por más tiempo la imputación de don Jorge Fernández Díaz en esta pieza, con riesgo de someterle injustificadamente a una 'pena de banquillo' adicional a la 'pena de telediario' que ya ha sufrido".

La Comunidad de Madrid ha liberado tres ejemplares de cigüeñas negras en el Parque de la Cuenca Alta del Manzanares que habían sido criadas en cautividad en el Hospital de Fauna Salvaje de GREFA. Esta especie está catalogada como en peligro de extinción en la región, según ha informado el Gobierno autonómico en un comunicado.

Las aves, nacidas en 2021, llevan instalados emisores GPS con el fin de seguir los movimientos migratorios de una especie cuya población reproductora española inverna en el África subsahariana. Este operativo también ha contado con el apoyo técnico del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.

El director general de Biodiversidad y Recursos Naturales, Luis de Olmo, ha destacado el "enorme valor" que tiene para la fauna de los ecosistemas madrileños la cigüeña negra que, cada verano, se asienta en la Península Ibérica y que se deben cuidar y proteger para conservar sus poblaciones a través de programas y actuaciones como este.

En este sentido, la liberación de estos tres ejemplares ha tenido lugar en un año en el que se ha constatado la presencia de siete parejas territoriales de la especie en su hábitat natural de la Comunidad de Madrid, así como el nacimiento de veinte pollos, de los cuales han volado quince, incrementándose el número de parejas reproductoras del año pasado y constatándose la ocupación de territorios históricos.

Para tener un mejor conocimiento y gestión de la especie y conocer sus pautas de dispersión y migración, en 2021 se han colocado transmisores GSM (Global System for Mobile) a seis pollos nacidos en el medio natural de dos nidos de la Comunidad de Madrid, en colaboración con investigadores de la Universidad Complutense de Madrid (UCM).

Así, tres de las cigüeñas a las que se les instaló el emisor iniciaron su migración a mediados de agosto, llegando a recorrer hasta 360 km en un solo día.

La cigüeña negra es una de las especies más amenazadas en la región, con muy pocas parejas nidificantes (en los últimos años menos de diez parejas) y es una de las seis especies de aves catalogadas en peligro de extinción en la región.

Madrid se encuentra en el límite noreste del área de distribución de la cigüeña negra en la Península Ibérica y su zona de nidificación está restringida principalmente al suroeste de la región.

El Gobierno tiene previsto realizar una inversión de 927.380 euros entre los años 2021 y 2023 en la descripción y posterior digitalización de las fichas y expedientes relativos a presos y víctimas de la represión política de la Dictadura franquista.

Tal y como ha explicado el Ejecutivo en una respuesta escrita al PP y adelantada por el 'ABC', ese será el presupuesto que se destinará para la realización de los trabajos del convenio interministerial de colaboración con el Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, para la digitalización de 900.000 fichas de represaliados de la dictadura franquista.

Además, el Gobierno ha apuntado que parte de este presupuesto se pagará gracias a los fondos europeos. "Los trabajos a realizar, relacionados con los procesos archivísticos de descripción y digitalización, que no puedan ser asumidos por los técnicos de las plantillas orgánicas de los archivos correspondientes serán realizados con cargo a aplicación presupuestaria así como al Programa del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia", ha señalado.

El Ejecutivo ha recordado que todos estos documentos, custodiados en diferentes archivos de titularidad estatal y gestión directa del Ministerio de Cultura y Deporte, son bienes del Patrimonio Documental y, por lo tanto, integrantes del Patrimonio Histórico Español.

Vox y su sindicato, Solidaridad, han anunciado su intención de convocar a los ciudadanos a manifestarse el próximo día 18 en contra de la subida del precio de la luz y en defensa de que España recupere la capacidad de generar su propia energía.

La fecha la ha anunciado en Twitter la cuenta oficial de Solidaridad, cosechando inmediatamente el apoyo del líder de Vox, Santiago Abascal.

"Este invierno millones de españoles van a sufrir los efectos de una factura de la luz que no pueden pagar. Hay que protegerles ya. Hay que echar a este gobierno que solo trae división, pérdida de libertades y miseria", ha animado Abascal.

Vox defiende que España debe contar con capacidad para generar su propia energía para no depender de terceros países. Y para ello apuesta por potenciar la energía nuclear, que define como "limpia y segura".

"Pero la izquierda no quiere centrales nucleares porque sus prejuicios ideológicos son impuestos a martillazos a los españoles", denuncia el partido, que acusa al Gobierno de Pedro Sánchez de "no mover ni un dedo" para evitar la escalada del precio de la luz.

Entre sus iniciativas parlamentarias, Vox ha propuesto en el Congreso una bajada del IVA en la factura eléctrica al 4 por ciento y la supresión del Impuesto Eléctrico o ayudas a pymes, autónomos o regantes.

"El Gobierno de la mentira, que venía a traer un escudo social, arruina a los españoles. Mientras tanto, eso sí, matemáticas de género, historia al dictado y religión climática. Son tiranos. ¡Los españoles se arruinan encendiendo la luz! Sánchez solo siembra odio y miseria!, denunció hace ya casi un mes Abascal.

La portavoz de la Ejecutiva de Podemos, Isa Serra, ha asegurado este viernes que los cargos contra Juan Carlos I "ya no sorprenden a nadie" y ha emplazado al Gobierno a dar los pasos necesarios para facilitar que el rey emérito sea juzgado. "La novedad debe ser que deje de estar impune ante la justicia", ha dicho.

En declaraciones, Serra se ha pronunciado sobre la información del diario 'El Mundo' acerca de que la Fiscalía del Tribunal Supremo ve indicios de que Juan Carlos de Borbón cobró "comisiones y otras prestaciones de similar carácter en virtud de su intermediación en negocios empresariales internacionales".

Pero la dirigente de Podemos ha apuntado que esta noticia "no sorprende a nadie" porque ya "no es novedad" que el rey emérito aparezca en las noticias por estar implicado en "numerosos" casos de corrupción.

"NECESITAMOS QUE SEA JUZGADO"

A su juicio, la "novedad" debe ser que Juan Carlos I deje de estar "impune" ante la justicia y que "por fin" las instituciones "puedan ser parte de la solución" frente a una crisis en la Monarquía que está llegando a unos niveles "insostenibles".

Para la dirigente morada, se necesita que el padre del Rey Felipe "sea juzgado" y para ello las instituciones, entre ellas la Agencia Tributaria que depende del Ministerio de Hacienda, deben dar "pasos hacia delante" en esa dirección para no volver a transmitir a la ciudadanía que "la justicia no parece ser igual para todos".

Serra sostiene que un rey emérito que ha estado "ahogado" en "numerosos" casos de corrupción "no puede generar una crisis en el conjunto de las instituciones" que, en su opinión, "no pueden verse implicadas" en el funcionamiento que ha tenido la Monarquía durante "tantos años".

¿QUE AQUÍ NO HA PASADO NADA?

Es una obviedad --ha dicho-- que la Monarquía ha funcionado en este país como epicentro de las relaciones económicas ilegales con grandes empresarios, con grandes magnates y con dictaduras, y la solución que tenemos que dar por parte del conjunto de las instituciones y del Gobierno es avanzar para que el rey emérito sea juzgado, y no que su fuga a Emiratos Árabes --donde reside desde hace un año-- sirva para decir que aquí no ha pasado nada. Claro que ha pasado".

Por ello ha insistid en que las instituciones deben avanzar para facilitar que Juan Carlos de Borbón sea juzgado y así demostrar que "la justicia es igual para todos" pese a que para Podemos "la única solución" frente a la Monarquía es la República.

Preguntada si Unidas Podemos insistirá para que el Congreso abra una comisión de investigación sobre el Rey emérito, Serra ha respondido que sí, pese a que hasta la fecha el PSOE junto al PP y Vox han venido rechazando en la Mesa de la Cámara las diversas solicitudes que en este sentido ha planteado su grupo y otras minorías. "Vamos a seguir insistiendo. Hay una parte de esa investigación que se puede dar en el Congreso y otra que tiene que dar la Justicia", ha añadido.

"REY PLURIEMPLEADO"

Desde la cuenta oficial de Podemos en la red social Twitter también se han pronunciado este viernes sobre el documento de la Fiscalía tachando a Juan Carlos I de "rey pluriempleado": "Rey a tiempo completo y comisionista internacional en sus ratos libres. O más bien, al contrario. Y amparado por políticos y gran parte de la prensa", han publicado.

Pero, además, Podemos eleva la crítica a toda la institución: "Una jefatura del Estado que es una vergüenza internacional para España", añade el mensaje.

La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, ha afirmado que ahora "no está" en su posible candidatura en un próxima cita electoral pero sí en "la tarea de construir la gran casa de la democracia" y ha anunciado que, con este objetivo, iniciará "rápidamente" un "proceso de escucha" a "mucha gente".

En una entrevista en Radio Euskadi, la ministra, preguntada por si encabezará, en las próximas elecciones generales, la candidatura de Unidas Podemos u otro proyecto a la izquierda del PSOE, ha respondido que, ahora no está "es estas".

"Yo creo que ya toda España sabe que no estoy en esas, que estoy trabajando. Soy una mujer bastante decidida y cuando crea que deba hacer esa reflexión, a parte de a mis compañeros y compañeras de Unidas Podemos, la gente que con tanto cariño quiere que me presente a las elecciones, se lo diré a ellos y será la decisión de ellos. Pero, singularmente, lo haré ante los medios de comunicación", ha dicho.

La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social ha insistido en que "no está en esas" ni cree que es "el tiempo de esto". "No me ocupan ni una parte del día esa realidad", ha añadido.

FUTURO DE LA IZQUIERDA

A su juicio, se debe "levantar el proyecto de país para la próxima década" y, ahora, en algunos ministerios "se trabaja con normas del año 85, del año 87, del siglo XX". Por ello, ha asegurado que la tarea que le ocupa es "la modernización" del país y "la clave" es "levantar ese proyecto de sociedad alternativa que tiene que ver con la vida de la gente". "No va tanto de posiciones ideológicas como de resolución de los problemas", ha añadido.

Yolanda Díaz ha recordado que la izquierda "siempre estuvo transitando paralelamente con la democracia" y ha apelado a "la gran casa de la democracia". "La democracia es un país en el que garanticemos los derechos humanos y propiciemos vidas dignas para la gente. Ahí si que estoy. Voy a trabajar, y no va tanto de partidos, ni va de nombres, no va de Yolanda Díaz, va de la gentes", ha señalado.

Según ha explicado, va a iniciar "rápidamente" un "proceso de escucha" "mucha gente" y a "reflexionar mucho" en la tarea de "construir la gran casa de la democracia en este país".

"Y ahí cabe muchísima gente, cabe casi toda la gente, desde las ingenieras a los calafates de cualquier ciudad, la gente maravillosa en la sanidad pública, en la enseñanza, cabemos todas y todas. Ahí sí voy a estar con muchísima ilusión, porque creo que es lo que necesitamos, modernizar nuestro país y ser útiles para la gente", ha precisado.

La ministra ha advertido que esta iniciativa "no va de partidos" sino de un "proyecto colectivo". "Ahí necesitamos toda la savia que tengamos. Esto supone cambiar el modelo productivo, cambiar el modelo económico, las relaciones empresariales, sindicales y de todo tipo. En eso sí voy a estar. Los partidos son prescindibles, pero la gente es la que teje los proyectos colectivos", ha manifestado.

El diputado de Más País en el Congreso, Íñigo Errejón, ha calificado de "bochornoso" que "cada mes salte un escándalo" del Rey emérito y PSOE y PP se opongan a una comisión de investigación parlamentaria.

Errejón ha calificado así que PP y PSOE "sigan bloqueando que se investigue en el Congreso" las actividades de Juan Carlos I, según ha escrito en un mensaje en su cuenta de Twitter, en la que hacía mención a una noticia sobre los indicios de la Fiscalía del Tribunal Supremo sobre supuestos delitos del monarca.

Según la información conocida este viernes, la Fiscalía del Tribunal Supremo cree que el Rey Don Juan Carlos cobró "comisiones y otras prestaciones de similar carácter en virtud de su intermediación en negocios empresariales internacionales" para amasar su fortuna, tal como ha adelantado 'El Mundo', que ha tenido acceso en exclusiva a una comisión rogatoria librada a las autoridades suizas para obtener información sobre la Fundación Zagatka.

En la solicitud realizada a Suiza, el Ministerio Público señala que en estos momentos dispone de "elementos indiciarios de que los fondos que son objeto de investigación tienen, entre otras, la referida procedencia ilícita" y apunta a la posible comisión de al menos cuatro delitos: blanqueo de capitales, contra la hacienda pública, cohecho y tráfico de influencias.

UNA DOCENA DE PETICIONES DE INVESTIGACIÓN

La formación de Errejón, junto con formaciones independentistas del Congreso, y Compromís han presentado numerosas peticiones para que la Cámara cree una comisión de investigación sobre las presuntas irregularidades cometidas por el Rey Juan Carlos I.

En poco más de un año se han presentado 13 iniciativas de este tipo, la última a finales del mes de junio llevaba las firmas de ERC, Junts, PDeCAt, Bildu, BNG, la CUP, más las formaciones de Íñigo Errejón y Joan Baldoví, y planteaba, en concreto, abrir pesquisas sobre las supuestas actuaciones irregularidades de "miembros de la Casa Real y las influencias políticas, diplomáticas y comerciales con Arabia Saudí".

La Mesa del Congreso, con los votos de PSOE, PP y Vox ha venido rechazando la tramitación de todas las iniciativas destinadas a investigar las actividades del padre de Felipe VI, alegando que la Cámara no puede ejercer el control sobre el jefe del Estado y que su figura es "inviolable", según la Constitución.

Un informe jurídico encargado por la Consejería de Agua, Agricultura, Ganadería, Pesca y Medio Ambiente de la Región de Murcia concluye que la competencia sobre la limpieza de fangos y lodos del Mar Menor, tanto en la parte integrante del dominio público marítimo-terrestre como en la masa de agua costera, corresponde "en exclusiva" al Estado.

El texto, elaborado por José María López-Alascio Sánchez, de López-Alascio Abogados, se basa para llegar a esta conclusión en el artículo 132 de la Constitución Española; la Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas, y el texto refundido de la Ley de Aguas, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio.

Así, el informe apunta que el ejercicio de las atribuciones sobre la limpieza recae en el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO), a través de la Demarcación de Costas en la Región de Murcia y el organismo de cuenca, que es la Confederación Hidrográfica del Segura (CHS).

De las conclusiones del texto también se desprende que la Comunidad Autónoma "carece de competencia específica para la retirada de los fangos y lodos acumulados, o que puedan acumularse, en el Mar Menor", ante la ausencia de una norma expresa de atribución en el Estatuto de Autonomía de la Región de Murcia.

En concreto, el dictamen hace referencia a la ausencia de estas atribuciones en los artículos 10, 11 y 12 --que son los que delimitan las competencias asumidas-- de la norma institucional básica de la Comunidad.

Todo ello, añade el documento, "más allá de la reconocida, con carácter general, sobre la protección del medio ambiente en el apartado 3 del artículo 11, pero cuya excesiva generalidad impide precisamente englobar aquella actuación, y sin que ni en la Ley 3/2020, de 27 de julio, de recuperación y protección del Mar Menor, ni en el Plan de Gestión Integral, consideradas como normas adicionales de protección, conste previsión alguna al respecto".

Asimismo, apunta que tanto la Administración autonómica, como los ayuntamientos costeros, "habrán de prestar su colaboración" cuando así lo requieran circunstancias extraordinarias derivadas de tormentas, temporales o DANA que agraven la situación ecológica y química del Mar Menor.

El presidente de los Técnicos de Hacienda, Carlos Cruzado, ha pedido que la Fiscalía del Tribunal Supremo aclare si notificó al Rey emérito Don Juan Carlos la apertura de diligencias de investigación contra él antes de que llevase a cabo las regularizaciones de sus fondos en el extranjero.

En declaraciones, Cuadrado ha advertido de que si la notificación fue formal, la regularización no es válida y Don Juan Carlos tendrá que hacer frente a las posibles responsabilidades administrativas y penales que se deriven de la causa.

En este sentido, el presidente de los Técnicos de Hacienda, recuerda que hace unos meses se publicaron unas declaraciones del teniente fiscal del Tribunal Supremo en las que afirmaba que se habían notificado al abogado del emérito cada una de las diligencias abiertas.

Por lo tanto, Carlos Cuadrado cree que la Fiscalía debe despejar esa duda de si finalmente le había notificado formalmente o no las diligencias al Rey emérito. "Y si la notificación no fue formal, la Fiscalía lo tendrá que explicar, lo que implicaría que no habría actuado correctamente", ha exclamado.

Esa duda que, a juicio de los Técnicos de Hacienda, "está en el aire todavía" es lo primero que hay que despejar porque si fue "formal", ha apuntado, "no valdría la regularización".

Cuadrado ha afirmado que "llama la atención" la fecha de la comisión rogatoria de la Fiscalía, que es del 24 de febrero, dos días antes de que se hiciera público que el Rey emérito había regularizado sus bienes en el extranjero. "La coincidencia en las fechas puede hacer pensar que hubo una notificación", ha apostillado.

En este sentido, explica que según la Ley, "la regularidad tiene que ser completa, veraz y espontánea" y no tiene efectos si la persona que regulariza "ha tenido conocimiento formal de la apertura de diligencias por parte de la Fiscalía".

"Lo cierto --ha añadido-- es que no se ha hecho pública ninguna notificación de la Fiscalía en ese sentido", pero deja claro que si el Ministerio Público comunicó al abogado del Rey emérito la apertura de las diligencias, "la regularización no tendría efecto, sería un pago a cuenta, pero no invalidaría ninguna responsabilidad tanto administrativa como penal".

Pero Cuadrado va más allá y ha advertido de que si la notificación al Rey emérito "no fue formal", implicaría que la Fiscalía "no habría actuado correctamente" y tendría que explicarlo.

La Comisión Rogatoria apunta a la posible comisión de al menos cuatro delitos: blanqueo de capitales, contra la hacienda pública, cohecho y tráfico de influencias. Cuadrado ha explicado que la Fiscalía debe exponer la posible comisión de delitos, pero no significa que sea una calificación, sino que es una "presunción", en principio, para poder pedir la información. "No llega más allá", ha remachado.

Los tres responsables de la empresa Verter Recycling, propietaria del vertedero de Zaldíbar en el que murieron Alberto Sololuze y Joaquín Beltrán como consecuencia del corrimiento de tierras ocurrido el 6 de febrero de 2020, han pactado con la fiscalía y las familias de los fallecidos una condena de seis meses de prisión por el homicidio imprudente de los dos trabajadores, con lo que evitarán la cárcel, según han confirmado fuentes de la empresa.

El dueño de la empresa, José Ignacio Barinaga; la gerente, Arrate Bilbao; y el ingeniero jefe, Juan Elosegui, acusados de dos homicidios por imprudencia grave y un delito contra la seguridad de los trabajadores, han pactado con la fiscalía y las familias de los dos operarios fallecidos como consecuencia el derrumbe del vertedero vizcaíno.

Se han pactado seis meses de prisión, lo que supone que no entrarán en la cárcel, así como indemnizar a las familias de las víctimas. El acuerdo deberá ser ratificado aún por el juzgado que lleva el caso, en una sentencia de conformidad.

Por otro lado, los responsables de Verter Recycling tienen abierto un segundo proceso judicial por el derrumbe del vertedero en febrero del 2020, por presuntos delitos medioambientales.

El Gobierno Vasco dio por concluidos el pasado 31 de agosto los trabajos de estabilización y adecuación del vertedero de Zaldíbar, 18 meses después del derrumbe.

Tras concluir con las labores de búsqueda el pasado 14 de mayo, después de localizar únicamente los restos de Alberto Sololuce, se continuó con las labores de estabilización del vertedero, que quedará sellado definitivamente, de forma que, en el futuro, no será autorizable ninguna recepción de residuos.

Un varón marroquí indocumentado y aparentemente mayor de edad ha fallecido ahogado durante la noche de este jueves cuando intentaba alcanzar a nado la costa de Ceuta a través de aguas de la bahía sur de la ciudad autónoma en las inmediaciones del espigón marítimo fronterizo del Tarajal, según han informado fuentes de la Comandancia local de la Guardia Civil.

Los agentes de la Benemérita dedicados al control de los accesos irregulares a territorio español por la vía marítima o terrestre detectaron alrededor de las 21.00 horas la presencia de dos personas nadando en dirección a Ceuta, por lo que activaron una embarcación de su Servicio Marítimo que, al alcanzarlas, comprobó que una de ellas había muerto y procedió al rescate de la otra, igualmente adulto de origen marroquí.

Una unidad del Grupo Especialista en Actividades Subacuáticas (GEAS) del Instituto Armado se encargó de la recuperación del cuerpo sin vida del otro migrante.

Según los datos del último balance del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, entre el 23 y el 29 de agosto se registró la llegada de 50 indocumentados a Ceuta por la vía marítima y de otros 25 por la terrestre, aunque desde la crisis fronteriza de mediados de mayo las actuaciones de control migratorio de la Guardia Civil en la ciudad autónoma son igual de frecuentes para contener llegadas que para evitar salidas a nado o en embarcaciones desde la ciudad autónoma hacia la península.

Durante la semana pasada la Benemérita recuperó otros dos cadáveres de migrantes en aguas próximas a la ciudad autónoma, uno de ellos a 500 metros de la bocana del puerto y el otro a un kilómetro de la costa de la bahía sur de Ceuta.