El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, viaja este miércoles a Londres para encontrarse con su homólogo británico, Dominic Raab, al día siguiente de la presentación por parte de la Comisión Europea del proyecto de mandato para las negociaciones sobre Gibraltar.

Según ha informado Exteriores en un comunicado, "las relaciones entre el Reino Unido y España son muy estrechas desde el punto de vista humano y económico" y, en esta línea, "ambos gobiernos cooperan intensamente en campos como la seguridad y la defensa".

Tras la salida de Reino Unido de la Unión Europea, el Ministerio que dirige Albares ha señalado que la visita será "una buena ocasión para abordar la aplicación del Acuerdo Comercial y de Cooperación y del Acuerdo de Retirada", así como la negociación que próximamente se abrirá entre el Gobierno británico y la Comisión Europea sobre Gibraltar. Sobre esta la prioridad de España es alcanzar un acuerdo que asegure la prosperidad compartida de todo el Campo de Gibraltar.

Asimismo, está prevista la renovación por parte de ambos ministros de tres de los cuatro Memorandos de Entendimiento bilaterales entre España y el Reino Unido relativos a Gibraltar. En concreto, se trata del Memorando de Entendimiento sobre Cooperación Policial y Aduanera; del Memorando de Entendimiento sobre Cooperación en Materia Medioambiental y del Memorando de Entendimiento sobre Tabaco y Otros Productos, hechos todos ellos en Madrid y Londres, el pasado 29 de noviembre de 2018.

La validez de estos memorandos decayó el pasado 31 de diciembre de 2020, cuando finalizó el periodo transitorio previsto en el Acuerdo de Retirada del Reino Unido de la Unión Europea. No obstante, el Memorando de Entendimiento sobre los Derechos de los Ciudadanos ha venido manteniendo su vigencia.

Durante el encuentro entre ambos mandatarios, también se tratarán otros asuntos de la agenda internacional, como el suministro global de vacunas contra la Covid-19, los objetivos esperados de la COP26 que se celebrará en Glasgow o la situación en Bielorrusia.

En su viaje a Londres, el ministro mantendrá, además, encuentros con empresarios españoles en el Reino Unido y la colonia española, y realizará también una visita al Consulado General de España en Londres.

BRUSELAS PIDE NEGOCIAR EL FIN DE LA VERJA EN GIBRALTAR

La Comisión Europea ha planteado este martes que la Unión Europea negocie con Reino Unido el fin de la Verja en Gibraltar, tal y como acordaron Madrid y Londres de manera temporal el pasado diciembre, si bien deja claro que el Peñón seguirá estando fuera del espacio sin fronteras Schengen, con controles en el aeropuerto y puertos a cargo de las autoridades españolas.

Aunque el mandato que propone Bruselas para fijar las líneas rojas de la UE en la negociación no lo recoge, el Ejecutivo comunitario ha indicado al anunciar su propuesta que España ha adelantado ya su intención de solicitar que sean agentes de Frontex quienes ejerzan el control de la frontera exterior.

Tras el Brexit, Gibraltar quedó excluido del ámbito de aplicación de los acuerdos negociados entre la UE y Reino Unido para su relación futura por lo que debe fijarse un marco específico para el Peñón. Por eso le corresponde al bloque negociar con Londres el acuerdo aunque España recuerda que conserva el derecho a veto si no le satisface el resultado.

En línea con el acuerdo interino alcanzado entre Madrid y Londres el pasado 31 de diciembre, Bruselas plantea soluciones para eliminar las comprobaciones y controles físicos de personas y mercancías en la frontera terrestre entre España y Gibraltar y garantizar la integridad del espacio Schengen y del mercado único.

El objetivo será eliminar la Verja pero manteniendo a Gibraltar fuera del espacio Schengen, según recoge el mandato negociador, que aboga por el control y la vigilancia de las fronteras exteriores en el puerto, el aeropuerto y las aguas de Gibraltar "a cargo de España".

Se trata de la propuesta inicial de la Comisión Europea que debe ser avalada por los Veintisiete, que podrán introducir modificaciones en el texto. Una vez se adopte por el Consejo, Bruselas podrá iniciar las negociaciones con Londres, un proceso que España confía que permita alcanzar un acuerdo con Reino Unido antes de que acabe el año.

Izquierda Unida (IU) ha subrayado que el anteproyecto de Ley de Memoria Democrática supone un "éxito para la izquierda y los colectivos memorialistas", aunque defiende que hay margen de mejora para introducir diferentes propuestas no incluidas en el texto aprobado hoy por el Consejo de Ministros.

En un comunicado, la formación ha saludo este proyecto normativo que constituye "un paso más para consolidar las políticas de memoria democrática en España, tras el fracaso de la denominada 'Ley de Memoria Histórica' de 2007, que quedó muy pronto sumida en la inoperancia por el sabotaje de los gobiernos del PP, que se negaron a aprobar su desarrollo reglamentario e impidieron su ejecución a nivel autonómico y municipal allí donde pudieron".

Ahora, IU ha detallado que se cumple uno de los compromisos del acuerdo de legislatura entre el PSOE y Unidas Podemos" y opina que, a "la falta de voluntad de las derechas por cumplir la ley de 2007", contribuyeron "también al fracaso sus ambigüedades, la falta de un régimen sancionador coherente con sus postulados y la no declaración de nulidad de las sentencias de los tribunales franquistas, un agravio cada vez más difícil de justificar".

Para IU, como ocurre con cualquier "avance normativo", se tiene que "concretar las medidas que contempla la nueva ley, entre ellas la exhumación de las fosas, la construcción de lugares de memoria, la eliminación de vestigios o la reparación a las víctimas del franquismo exige una voluntad política decidida desde el Gobierno, con una dotación presupuestaria suficiente y un desarrollo reglamentario que debe ser urgente".

"Ya tarda demasiado la construcción de una memoria democrática que sea mucho más que buenas palabras", ha señalado para destacar que seguirá trabajando, desde el grupo parlamentario Unidas Podemos, para que algunas de las propuestas formuladas por este grupo aún no recogidas tengan su "plasmación" a lo largo del debate parlamentario.

Entre ellas ha citado la ampliación del periodo de vigencia de la ley a los crímenes franquistas durante la transición, una medida "necesaria para cumplir con el mandato de Verdad, Justicia y Reparación de lo que fue una extensión temporal de la represión contra quienes lucharon por las libertades y la democracia en en el país".

También ha reclamado la derogación parcial de la Ley de Amnistía, algo "necesario también para acabar con la impunidad de los crímenes franquistas", así como la "reparación integral de las víctimas" incluido el resarcimiento económico y la devolución de bienes y documentos incautados.

CENTRO ESTATAL DE MEMORIA EN LA ANTIGUA CÁRCEL DE CARABANCHEL

A su vez, ha solicitado la construcción de un centro estatal de Memoria en los terrenos de la antigua cárcel de Carabanchel, enmarcado en una red de instituciones que faciliten la divulgación y la participación de las organizaciones sociales en su gestión.

Además, ha reivindicado la "resignificación completa" del conocido como 'Valle de los caídos', que debería recuperar su denominación histórica de 'Valle de Cuelgamuros'.

"Esperamos que se alcance un amplio acuerdo entre todas las fuerzas progresistas, ya que de las derechas no esperamos más que una reivindicación cada vez más abierta del franquismo, como estamos viendo estos últimos días y que cuenta con el beneplácito del líder del PP, Pablo Casado", ha lanzado.

Del mismo modo, pondrá todo su "empeño para acelerar la tramitación de la conocida como 'Ley de bebés robados' que, aunque con un ámbito de aplicación más amplio que el de la dictadura franquista, tiene una evidente y clara conexión".

El Congreso podría tumbar este miércoles el decreto ley para la estabilización del empleo temporal en la Administración Pública, cuya convalidación puede quedar finalmente en manos del PP. Es más, la víspera de la votación ni siquiera hay un acuerdo en el seno del propio Gobierno, ya que Unidas Podemos no tiene decidido el voto, según informan fuentes de esta formación.

La propia portavoz de En Comú Podem, Aina Vidal, confirmó por la mañana en rueda de prensa que seguían las negociaciones con sus socios para votar juntos el decreto e incluso poco después desde esta formación avanzaban su apoyo. Sin embargo, a última hora de la tarde la dirección del grupo confederal mantenía que la negociación seguía abierta y que aún no habían tomado una decisión sobre el sentido del voto de sus 35 diputados.

Aun reconociendo "elementos importantes de avance" para estabilizar empleo público, Unidas Podemos lamenta la falta de "garantías", exigiendo que las pruebas no sean eliminatorias y que los aspirantes puedan recurrir a la mejor nota alcanzada en los procesos anteriores.

En todo caso, aun contando con el 'sí' del PSOE (120 diputados) y Unidas Podemos (35), el Gobierno quedaría lejos de asegurar la supervivencia de este decreto, que ya está en vigor, pero si no es convalidado decaerá. Por el momento, el Gobierno tiene amarrados el voto de Nueva Canarias y el del Partido Regionalista de Cantabria (PRC), según han informado desde ambas formaciones.

En el lado del 'no' se encuentran en estos momentos Vox (52), Esquerra Republicana (13), Bildu (5), el PDeCAT (4), Junts (4), la CUP (2), el Bloque Nacionalista Galego (1), Foro Asturias (1) y Coalición Canaria (1). Un total de 83 'noes', a los que podrían unirse otros dos de Unión del Pueblo Navarro.

También pueden pasar a este bloque Más País-Equo-Los Verdes (2) y Compromís (1), que se debaten entre el rechazo y la abstención. Desde Teruel Existe (1) se inclinan por la abstención, si bien buscarían tramitar como proyecto ley la norma para modificarlo, lo que abre la puerta a un posible apoyo.

No se han pronunciado aún ni Ciudadanos (9 diputados) ni el PNV (6), que afirman no tenerlo decidido. Sin embargo, su apoyo no bastaría para que el Gobierno, en caso de sumar los 155 votos de PSOE y UP, se garantizara el éxito.

De no cambiar las cosas, el Gobierno estaría en manos del PP, que podría garantizar la supervivencia del decreto con su abstención, aun cuando Unidas Podemos decidiera desmarcarse de su socio y no lo apoyara.

"TIENE MALA PINTA".

"Tiene mala pinta", ha resumido el portavoz de Esquerra Republicana, Gabriel Rufián, que considera "injusto" que una persona que lleve trabajando 30 años en la Administración deba "competir" por un puesto con otros opositores, y por ello cree que "hay que proteger a los trabajadores, sean como sean y tengan la condición que tengan".

"Es una propuesta muy poco consensuada. A nosotros no nos ha llamado nadie y me consta que a muchos grupos tampoco. Ahora mismo, desde nuestro punto de vista, es inaceptable", ha dicho, lamentando que el Gobierno siga "con las mismas manías y vicios, pensando que tiene mayoría absoluta". "Es una miopía bastante curiosa", ha apostillado.

En términos similares se ha pronunciado su homólogo del PDeCAT, Ferran Bel, que también recela de los ofrecimientos del Gobierno para cambiar el decreto "a última hora cuando no les salen las cuentas". "Quizás no les salgan ni dentro del mismo Gobierno", ha elucubrado, lamentando en todo caso que la vía propuesta por el Gobierno "no es una buena decisión para la Administración local".

BILDU ESTÁ EN EL 'NO' Y EL PNV AÚN NO HA DECIDIDO.

El Gobierno ni siquiera tiene atado aún el voto del PNV (6 diputados), que pese a la reunión celebrada este lunes del Euzkadi Buru Batzar (Comisión Ejecutiva del partido) no tiene decidida su posición, según han informado fuentes de esta formación, que reconocen contactos con el Ejecutivo para lograr su apoyo.

Desde EH-Bildu (5 diputados) también rechazan en el decreto por su contenido y la vulneración de competencias, por lo que reclaman cambios. "Si se mantiene tal cual y no hay cambios, votaremos en contra", afirman desde este grupo.

PP: "SI TIENE TANTAS DIFICULTADES, QUE CONVOQUE ELECCIONES".

Por su parte, la portavoz del PP en el Congreso, Cuca Gamarra, ha asegurado al respecto, vistas las dificultades para sacar adelante las votaciones, que "está claro que el Gobierno hace aguas, tiene muy poco futuro y recorrido".

"Nosotros seremos responsables y actuaremos conforme a lo que creamos que es bueno o no para los españoles", ha apostillado, tras ser preguntada por el sentido de voto de los 'populares', pero sin referirse concretamente a ninguno de los cuatro decretos que se someten este miércoles a votación.

En todo caso, Gamarra ha exigido al Gobierno "que no negocie con otros elementos que no tengan que ver con el contenido de los decretos", ya que considera que "está saliendo caro, en términos también de debilitar el Estado su debilidad parlamentaria". "Si tiene tantas dificultades para poder gobernar, lo que tiene que hacer es poner las urnas", ha zanjado.

El Consejo de Ministros ha aprobado este martes el nombramiento de Ángeles Moreno Bau como Secretaria de Estado de Asuntos Exteriores y Globales; Juan Fernández Trigo como Secretario de Estado para Iberoamérica y el Caribe y el Español en el Mundo y Pilar Cancela como Secretaria de Estado de Cooperación Internacional, que tomarán mañana posesión de sus cargos en el Palacio de Santa Cruz. A estos se suma Juan González Barba, que se mantiene al frente de la Secretaría para la Unión Europea.

Estos nombramientos llegan después de que el pasado sábado el BOE publicara la nueva estructura del Ministerio de Exteriores con estas cuatro Secretarías de Estado, remodelación que realiza el nuevo responsable de Exteriores, José Manuel Albares, a su llegada al Ministerio.

Asimismo, el Gobierno ha aprobado los reales decretos por los que se designa embajadora de España en Bosnia y Herzegovina a Doña Teresa Lizaranzu Perinat; embajadora de España en el Estado de Israel a Doña Ana María Sálomon Pérez; embajador de España en la República de la India a Don José Maríaridao Domínguez y embajador Representante Permanente de España ante la Unión Europea a Don Marcos Alonso Alonso.

El Consejo de Ministros también ha nombrado al frente de la Secretaria General Técnica a Rosa Velázquez Álvarez; como directora General de Protocolo, Cancillería y Órdenes a María Sebastián de Erice García de la Peña; como director General para América del Norte, Europa Oriental, Asia y Pacífico a Javier Salido Ortiz; como director General para Iberoamérica y el Caribe a Xavier Martí Martí; y como director General para el Magreb, África, Mediterráneo y Oriente Próximo, Alberto José Ucelay Urech.

ÁNGELES MORENO BAU

Nacida en 1968 en Madrid, es licenciada en Derecho y pertenece a la Carrera Diplomática desde 1994. Ha desempeñado puestos en las Embajadas de España en Rusia, Panamá, Egipto, Sierra Leona, México y Reino Unido.

Ha sido subdirectora general adjunta de Cooperación y Promoción Cultural Exterior y embajadora en Misión Especial para Asuntos Energéticos en el Ministerio de Asuntos Exteriores; subdirectora general de Relaciones Internacionales, Inmigración y Extranjería y directora general de Relaciones Internacionales y Extranjería en el Ministerio del Interior; directora del Gabinete de la Secretaria de Estado de Defensa; y directora del Gabinete del Secretario General de Presidencia del Gobierno. En julio del año 2018 ocupó el puesto de subsecretaria del Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación.

Desde febrero de 2020 ocupa el puesto de secretaria de Estado de Cooperación Internacional en el Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación.

PILAR CANCELA RODRÍGUEZ

Nacida en Stuttgart (Alemania), es licenciada en Derecho por la Universidad de Santiago de Compostela. Pertenece al Cuerpo Superior de la Administración General de la Xunta de Galicia desde 1993 y es técnica superior en Prevención de Riesgos Laborales (2006). Ha sido directora general de Relaciones Laborales en la Xunta de Galicia en dos ocasiones, en 2003 y en el 2005-2009.

Además, ha sido diputada por el PSdeG-PSOE en las Cortes Generales desde 2016 hasta la actualidad, por la provincia de A Coruña. Desde entonces, ha presidido la Comisión de Igualdad del Congreso y la Comisión de Seguimiento del Pacto de Estado en materia de Violencia de Género.

Ha sido Secretaria de Organización del PSdeG-PSOE (Galicia) y presidenta de la Gestora. Desde junio de 2017, forma parte de la Comisión Ejecutiva Federal del PSOE como responsable del Área de Políticas Migratorias y PSOE-Exterior. Es además patrona en la Fundación Pablo Iglesias.

JUAN FERNÁNDEZ TRIGO

Nacido en 1958, en Terrassa (Barcelona), es licenciado en Derecho e ingresó en 1986 en la Carrera Diplomática. nHa estado destinado en las representaciones diplomáticas de España en la Unión Europea, Marruecos, Vietnam, las Naciones Unidas en Nueva York y Cuba. También ha sido subdirector general de Relaciones Económicas Internacionales Multilaterales y de Cooperación Aérea, Marítima y Terrestre.

Entre 2007 y 2011 fue embajador de España en Haití y entre 2011 y 2013, embajador de España en Paraguay. Entre 2013 y 2017 ocupó el puesto de embajador-jefe de Delegación de la Unión Europea en Uruguay.

De 2017 a 2018 fue vocal asesor en el Gabinete de la Subsecretaría de Asuntos Exteriores y de Cooperación y coordinador para la aplicación del art. 155 de la Constitución Española en el Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación.

Entre 2018 y 2020 fue embajador de España en Cuba y desde noviembre de 2020 era Encargado de Negocios de España en Venezuela. Director General para América del Norte, Europa Oriental, Asia y Pacífico.

El líder del PP, Pablo Casado, ha responsabilizado este martes al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de bloquear la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) al desoír "los estándares europeos" que marca Bruselas para proceder a esa renovación y que pasa, según ha recalcado, por permitir que los jueces "elijan a la mayoría de los vocales".

Así se ha pronunciado después de que la Comisión Europea haya instado de nuevo a España a superar la situación de bloqueo en la renovación del CGPJ como uno de los principales retos que enfrenta el país en el marco del Estado de derecho, una renovación que Bruselas insiste en que debe ser elegida por los jueces para cumplir los estándares europeos.

En su segunda evaluación anual sobre el Estado de derecho en todos los países de la UE, el Ejecutivo comunitario retoma los mismos "retos" en el caso de España que citó en el primer examen, realizado en septiembre de 2020 y que apuntaba a la renovación del órgano de gobierno de los jueces y la preocupación por la independencia del Ministerio Fiscal como principales conclusiones.

PERMITIR QUE "LOS JUECES ELIJAN A LA MAYORÍA DE LOS VOCALES"

Casado ha subrayado que la Comisión Europea ha instado a renovar el Consejo General del Poder Judicial "permitiendo que los jueces elijan a la mayoría de los vocales". Según ha subrayado, el PP está de acuerdo con esa premisa y dispuesto a "hacerlo inmediatamente".

"¿Por qué Sánchez sigue bloqueando la renovación, enfrentándose a los estándares europeos de independencia judicial?", se ha preguntado Casado, en un mensaje en su cuenta oficial de Twitter, que ha recogido Europa Press.

Ante ese informe de la Comisión Europea, el eurodiputado del PP en el Parlamento Europeo, Javier Zarzalejos, ha asegurado que "Bruselas exige claramente reformar el CGPJ cumpliendo estándares europeos, igual que lo está pidiendo el PP en las negociaciones con el Gobierno de Sánchez". Según ha subrayado, eso se traduce en implementar un sistema de renovación por el que los jueces sean "elegidos por sus pares".

En este sentido, Zarzalejos ha recalcado que este llamamiento tiene un destinatario claro que es el Gobierno". "No hay otra alternativa que la reforma en la línea propuesta por el PP que es la misma que la de la Comisión Europea", ha enfatizado.

MENSAJE DEL MINISTRO BOLAÑOS AL PP

Precisamente este martes, en la rueda de prensa posterior al término del Consejo de Ministros, el ministro de la Presidencia, Felix Bolaños, ha tendido la mano al PP para que se "sumen a un consenso" que permita la renovación del Consejo, que lleva "959 días bloqueado", al tiempo que ha recordado que cumplir con la Constitución "no es cuestión de conveniencia".

"Necesitamos una mayoría cualificada y necesitamos al PP, al que tendemos la mano para que mañana se siente con el Gobierno para renovar el CGPJ", ha continuado el ministro, que ha dejado claro que el "modelo" español es "absolutamente democrático y homologable al del resto de países" de su entorno.

Este lunes, en unas jornadas en Ávila, el líder del PP avisó a Pedr Sánchez que acudirá de nuevo a Bruselas si cambia las reglas del juego para rebajar las mayorías parlamentarias con objetivo de poder renovar el Consejo como pretende Podemos.

Tras asegurar que dar un paso de ese tipo pondría en riesgo los fondos europeos, Casado subrayó que PP no va a permitir que haya "más politización" y emplazó al Gobierno a "sacar sus manos del Poder Judicial".

Reino Unido ha avisado este martes de que no aceptará la propuesta de la Comisión Europea sobre Gibraltar que prevé poner fin a la Verja a cambio de que las autoridades españolas realicen los controles fronterizos en el aeropuerto y puerto del Peñón, una opción que Londres considera que ataca la soberanía británica y por tanto no puede servir como base para la negociación.

"Reino Unido y España acordaron cuidadosamente un marco pragmático, consultándolo plenamente con la Comisión Europea. La propuesta de ahora choca directamente con este marco", ha criticado el ministro de Exteriores británico, Dominic Raab.

El jefe de la diplomacia británica considera que la propuesta de Bruselas "socava la soberanía de Reino Unido sobre Gibraltar y no puede ser la base para negociar" e insiste en que no sigue la línea del acuerdo interino cerrado 'in extremis' por Londres y Madrid la víspera de que se consumara el Brexit.

El ministro principal de Gibraltar, Fabian Picardo, también ha dejado claro su rechazo al marco propuesto por Bruselas y en un comunicado ha dicho que en su forma actual "no hay posibilidades de que sirva como base para un acuerdo".

Fuentes británicas confirman que el "gran problema" es que el documento de la Comisión no recoge el compromiso de que fueran agentes de Frontex y no de mando español los que realizaran los controles fronterizos tras suprimir la Verja.

En sus contactos con España y con la Comisión, la parte británica dejó "muy claro" que no es una opción permitir que sea España quien haga controles en su frontera, insisten las mismas fuentes.

Aunque el mandato que propone Bruselas para fijar las líneas rojas de la UE en la negociación no lo recoge, el Ejecutivo comunitario ha indicado al anunciar su propuesta que España tiene intención de solicitar que sean agentes de Frontex quienes ejerzan el control de la frontera exterior.

De este modo, el compromiso tiene la forma de un mensaje trasladado a la Comisión pero no queda recogido en el documento que pretende ser la base del texto legal final, y por tanto vinculante.

Con la salida de Reino Unido de la Unión Europea, las relaciones de los Veintisiete con Gibraltar pasaron a quedar fuera del paraguas británico por lo que tampoco se aplica al territorio el acuerdo post Brexit negociado entre Londres y Bruselas.

Tampoco es España sino la Comisión Europea quien debe negociar el nuevo marco para establecer la futura relación con Gibraltar, por lo que el Ejecutivo comunitario plantea ahora un posible mandato que requiere aún el visto bueno de los Veintisiete antes de poner iniciar los contactos con Londres.

En un análisis que choca con la opinión británica, el Gobierno español ha aplaudido este mismo martes a través de un comunicado del Ministerio de Exteriores que la propuesta se haya "adaptado" a lo acordado entre Madrid y Londres en diciembre, un esfuerzo que España "agradece y valora positivamente".

La ministra de Sanidad, Carolina Darias, ha señalado que la velocidad de la subida de los contagios de COVID-19 "está disminuyendo en los últimos días", pero ha reclamado a los ciudadanos "máxima prudencia" para atajar esta quinta ola.

Las comunidades autónomas han notificado este martes al Ministerio de Sanidad 27.286 nuevos casos de COVID-19, 16.418 de ellos diagnosticados en las últimas 24 horas. Estas cifras son inferiores a las del mismo día de la semana pasada, cuando se notificaron 43.960 positivos, lo que respalda las palabras de la ministra.

"La pandemia continúa en ascenso, aunque es verdad que la velocidad de subida está disminuyendo en los últimos días. Tenemos que seguir con prudencia si se continúan ralentizando los contagios, pero la circulación del virus sigue siendo elevada, por lo que hay que seguir con máxima prudencia", ha resaltado Darias en rueda de prensa este martes tras la reunión del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (CISNS).

En este sentido, ha reconocido un "incremento suave" en la ocupación de camas hospitalarias y de las unidades de cuidados intensivos (UCI). "Es verdad que no en la proporción de incrementos de anteriores ocasiones, ya que la vacunación está siendo el elemento diferenciador", ha puntualizado.

En cualquier caso, ha advertido de que la subida de los contagios "se empieza a sentir especialmente" en las UCI "de algunos territorios" y que los sistemas de Atención Primaria y Salud Pública "están teniendo una importante carga de trabajo". Al hilo, ha pedido "seguir evitando los lugares donde hay una mayor transmisión del virus".

SOLO EL 5,5% DE LOS CONTAGIADOS ESTÁ COMPLETAMENTE VACUNADOS

Sobre la importancia de la vacunación, Darias ha explicado que, en las últimas cinco semanas, apenas el 5,5 por ciento de los positivos notificados por las CCAA estaba completamente vacunado, lo que "está dentro de la eficacia vacunal, que está en torno al 90 por ciento".

Por su parte, el 11,4 tenían solo una dosis y el 83 por ciento no estaba vacunado. "Estos datos hablan de la importancia de la vacunación para protegernos contra el virus", ha destacado la ministra. Estos datos cobran especial importancia teniendo en cuenta que en torno al 43 por ciento de los casos son de la variante Delta, que podría realizar escape vacunal en personas que no han completado el régimen. "Va a ser la variante que va a predominar en las próximas semanas", ha avanzado.

Por otra parte, también sobre la vacunación, Sanidad y las comunidades autónomas han acordado "por unanimidad" un reparto de dosis "modesto", en torno a 66.000 dosis, a las comunidades autónomas (Andalucía, Aragón, Cataluña, Madrid, Murcia, Navarra y La Rioja) que han administrado más vacunas a ciudadanos desplazados.

"Ninguna va a dejar de recibir dosis de menos, simplemente que las cantidades de más que vamos a recibir de Moderna van a ir a aquellas que están recibiendo por debajo de su población", ha detallado la ministra, quien ha añadido que la entrega se va a producir "ya en la primera semana de agosto".

La ministra de Educación y Formación Profesional, Pilar Alegría, ha presidido este martes la Conferencia Sectorial del Sistema de Cualificaciones y Formación Profesional para el Empleo, en la que ha presentado el anteproyecto de Ley Orgánica de Ordenación e Integración de la Formación Profesional a los consejeros de empleo de las comunidades autónomas.

Esta ha sido la cuarta reunión de la Conferencia Sectorial del Sistema de Cualificaciones y Formación Profesional para el Empleo desde su constitución en noviembre del año pasado. La cita de este martes se ha celebrado ya de manera semipresencial, un sistema que se repetirá también este miércoles en la Conferencia Sectorial de Educación.

Alegría ha iniciado su intervención agradeciendo a los consejeros su trabajo para transformar la Formación Profesional en una enseñanza de primer nivel y ha reiterado su voluntad de diálogo.

"Desde la tarea permanente de escucha, negociación y acuerdo, lograremos la Ley de Formación Profesional que nuestro país necesita --ha indicado--. La Formación Profesional es una pieza indispensable para un modelo productivo que intensifique los procesos de creación de valor y de empleo de calidad. La necesidad de repensar el futuro para el crecimiento económico y social hace de este un momento de oportunidad. Compartimos el objetivo de que la nueva Formación Profesional sea motor económico y garantía de bienestar social".

El Anteproyecto de Ley establece un nuevo ordenamiento de la Formación Profesional más flexible. Consolida un sistema unificado, dirigido a estudiantes y trabajadores (empleados o desempleados), en el que toda la formación es acreditable, acumulable y capitalizable para cualquier persona a lo largo de su vida laboral.

El texto dota además a la Formación Profesional de la capacidad de adaptación y el dinamismo necesarios para que el nuevo sistema sea clave en la recuperación y la transición hacia economías más verdes y digitales, según ha recordado la ministra.

Por ello, el nuevo sistema se sustenta en la estrecha vinculación entre los centros de formación y las empresas, y la conexión de la oferta formativa con la realidad laboral.

En este sentido, el Ministerio de Educación y FP trabaja en estrecha colaboración con las comunidades autónomas, los interlocutores sociales y el conjunto de la comunidad educativa en la elaboración de la nueva norma de Formación Profesional, según destaca.

El Anteproyecto de Ley fue presentado en primera lectura en Consejo de Ministros el pasado 15 de junio y ha seguido recabando aportaciones desde entonces. La semana pasada, la ministra presentó el proyecto en el Pleno del Consejo General de la Formación Profesional y en el Pleno del Consejo Escolar del Estado. Este miércoles, se volverá a examinar en la Conferencia Sectorial de Educación con los consejeros autonómicos del ramo.

El presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, se ha reafirmado este martes en la demanda de poner el referéndum sobre la mesa de negociación con el Gobierno central, y ha avisado al Estado de que es "el que debe aprender la lección".

En rueda de prensa tras reunirse en el Palau de la Generalitat con el presidente de Flandes, Jan Jambon, ha reaccionado así después de que la nueva ministra de Política Territorial y portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, asegurara que el independentismo "debería haber aprendido la lección" sobre la petición de celebrar un nuevo referéndum en Catalunya.

"Quien debe aprender la lección es el Estado. Con represión no se solucionan los conflictos. Los conflictos se resuelven políticamente", ha sostenido Aragonès, que ha recordado que los catalanes han votado y han dado la victoria reiteradamente al independentismo.

Esto, según él, demuestra que hay una voluntad democrática persistente de resolver democráticamente el conflicto entre Catalunya y el resto de España.

Por ello, ha defendido que en una negociación deben estar todas las opciones sobre la mesa, y que la parte catalana irá a la mesa de diálogo "con la propuesta de resolver el conflicto democráticamente".

"¿Quién está en contra de una resolución democrática del conflicto? Nuestra propuesta es la amnistía y la autodeterminación. Queremos conocer la propuesta del Estado. Si enroca la resolución del conflicto, tendremos mucho trabajo en reconducir el conflicto hacia donde espera la gente, que es votando", ha avisado.

CATALUNYA-FLANDES

Sobre la reunión que ha mantenido Aragonès con Jambon, ambos han coincidido en los lazos "de amistad y colaboración" que unen ambos territorios y en la necesidad de que Catalunya y Flandes tengan más peso, acceso y participación directa en las instituciones europeas.

Así, el presidente de Flandes ha explicado que, en los próximos meses, está prevista la celebración de un encuentro de territorios sin estado de Europa con este objetivo, y Aragonès cree que es importante que estas regiones actúen "de forma más coordinada" en la UE.

El presidente catalán también ha explicado que la reunión ha servido para poner las bases del nuevo plan Catalunya-Flandes, que aprobarán el próximo año, que fijará el marco de colaboración entre ambos territorios y en el que, además de seguir trabajando en proyectos comunes, se quieren centrar en la reactivación económica tras la crisis del coronavirus y en maximizar el impacto de las inversiones que se deriven de los fondos europeos Next Generation.

"Los retos que tenemos no son pequeños. La prioridad es la recuperación posterior a la crisis del Covid-19", ha advertido Jambon, que ve en Catalunya un buen socio para ello y para tirar adelante otros proyectos en otros ámbitos.

Ambos han recordado que la colaboración entre los dos territorios viene de lejos, y Aragonès ha querido agradecer a Jambon que Flandes haya sido "una de las naciones europeas que mejor ha entendido lo que ha pasado en Catalunya y la que más solidaridad ha mostrado ante las aspiraciones de libertad de la nación catalana".

Jambon ha constatado que el Parlamento de Flandes se ha posicionado a favor del diálogo entre Catalunya y el resto de España "y lamentablemente esta petición aún es vigente".

También ha anunciado que en noviembre volverá a Catalunya para participar en un congreso sobre 'smart cities', y ha agradecido la solidaridad mostrada por Aragonès por las graves inundaciones que la región y otros países europeos sufrieron la semana pasada.

El líder del PP, Pablo Casado, presidirá este miércoles desde el Parador de Gredos la Junta Directiva Nacional del PP para hacer balance de sus tres años al frente de la Presidencia del partido y visualizar que la formación es la "alternativa" al Gobierno de Pedro Sánchez. Además, abogará por reforzar las instituciones del Estado "en un momento en el que el Ejecutivo se dedica a erosionarlas" y pedirá una Ley de Pandemias, según han informado fuentes del partido.

Casado ha elegido para la Junta Directiva --máximo órgano del partido entre congresos-- este lugar simbólico de Ávila donde se redactó la primera ponencia de la Constitución a primeros de 1978. Con esta elección, el primer partido de la oposición quiere dejar clara su "defensa" de la Carta Magna, según han indicado fuentes del partido.

La reunión se produce en una fecha simbólica: 21 de julio. Ese día es el tercer aniversario de su victoria en el Congreso Extraordinario del PP que eligió al sucesor de Mariano Rajoy y en el que se impuso, en la recta final, a la exvicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría.

EL PP, PRIMERA FUERZA EN LAS ENCUESTAS

Ante la plana mayor del partido, el presidente del PP destacará el crecimiento del PP estos tres años, al pasar de los 66 escaños que logró en las elecciones de abril de 2019 --su peor resultado en unas generales-- al ascenso que recogen casi todas las encuestas y que lo sitúan como primera fuerza política, superando a los socialistas.

"Si en 2018, el Partido Popular era la tercera fuerza política, por detrás de Ciudadanos, hoy es la primera", resaltan en 'Génova', donde destacan que, de celebrarse hoy elecciones, el Partido Popular estaría gobernando, "siendo la unión del voto de centroderecha "una realidad".

La cúpula del PP presume además de ser un "partido unido y cohesionado alrededor de Casado", con un "proyecto reformista", según las mismas fuentes. Los 'populares' consideran que la legislatura no tiene recorrido y llevan un mes pidiendo a Sánchez que disuelva las Cortes y convoque elecciones anticipadas.

El propio presidente del PP afirmaba este sábado, en una entrevista en 'El Correo', que la legislatura está "en vía muerta" y que Pedro Sánchez va a dejar "un país absolutamente destrozado". Además, acusaba al presidente del Gobierno de haber "virado al independentismo en contra de su palabra y de su espacio electoral" mientras el PP "sigue en el centro".

CON LA VISTA PUESTA EN LA CONVENCIÓN NACIONAL DE OCTUBRE

El PP quiere que esta reunión sirva para insuflar ánimos a los suyos, en un momento en que el Gobierno liderado por Pedro Sánchez trata de coger impulso con su profunda remodelación de Gobierno para aguantar los próximos dos años de legislatura.

Para visualizar la "alternativa" a Sánchez, el PP se está volcando de lleno en la Convención Nacional que se celebrará los días 2 y 3 de octubre en Valencia, una cita en la que la formación quiere "ensancharse cada día más y atraer a muchos más" tanto desde la izquierda como desde la derecha, según fuentes de la formación. "El cambio de ciclo es incontestable, y la convención nacional de octubre será el broche de oro para el partido", añaden desde 'Génova'.

Casado y el secretario general del PP, Teodoro García Egea, aprovecharán también la Junta Directiva para hacer balance de la renovación territorial que está realizando el partido con los congresos provinciales y regionales. El pasado sábado se reeligió por quinta vez a Alberto Núñez Feijóo como presidente del PP gallego y este próximo fin de semana tomará las riendas del PP de Baleares Marga Prohens, en sustitución de Biel Company.

CASADOO PEDIRÁ REFORZAR LAS INSTITUCIONES

El líder del PP abogará en su discurso por el reforzamiento de las instituciones del Estado "en un momento en el que el Ejecutivo se dedica a erosionarlas", según han señalado fuentes del partido. Precisamente, el ministro de Presidencia, Felix Bolaños, instó de nuevo este martes al PP a renovar el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), cuyo mandato está pendiente desde hace más de dos años.

Casado se referirá previsiblemente en la reunión a la sentencia del Tribunal Constitucional que declara inconstitucional el confinamiento del primer estado de alarma decretado por el Gobierno y volverá a tender la mano para pactar una Ley de Pandemias que ofrezca certidumbre a las comunidades autónomas ante el aumento de los contagios.

El Grupo Popular ha solicitado la comparecencia urgente en el Pleno del Congreso de Pedro Sánchez para informar de la "asunción de responsabilidades" derivadas de la sentencia del TC. El PP tiene intención de forzar una votación sobre este asunto este mismo miércoles 21 de julio en la reunión de la Diputación Permanente del Congreso, el órgano que ejerce las funciones del Pleno en periodos extraordinarios como el estival.

Casado ha calificado de "muy preocupante" que el Gobierno ponga en duda el fallo del Constitucional y ha denunciado que el Gobierno haya "presionado" a jueces para salvar el decreto de alarma aprobado al inicio de la pandemia. "¡Basta ya! Sánchez tiene que aprender que en una democracia la división de poderes se respeta y las sentencias judiciales se acatan y se cumplen", demandó García Egea hace unos días.

Fuentes del PP han señalado que Casado también defenderá en su intervención la creación de una autoridad independiente para gestionar los fondos europeos. Estos últimos meses se ha quejado de la falta de diálogo del Gobierno con la oposición y las CCAA sobre este asunto.

EL COMITÉ DE DIRECCIÓN ESTARÁ EN GREDOS CON CASADO

El comité de dirección del PP --el secretario general, los vicesecretarios y los portavoces parlamentarios-- estará a las 12.00 horas en el Parador de Gredos junto a Pablo Casado, que presidirá desde allí la reunión de la Junta Directiva con el grueso de sus miembros conectados por vía telemática.

La Junta Directiva del PP es un órgano que integran los miembros del comité de dirección, los barones territoriales, así como parlamentarios y cargos provinciales, sumando más de 300 miembros del partido. Los Estatutos establecen que debe reunirse "al menos, una vez cada cuatro meses", pero las restricciones impuestas por la pandemia han relajado ese calendario.

Un equipo multidisciplinar coordinado por el Ministerio de Cultura trabaja en la catalogación y conservación del entorno en el que se ubica el dolmen de Guadalperal, enclavado en el embalse de Valdecañas, en el término municipal de El Gordo (Cáceres).

La consejera de Cultura, Turismo y Deportes, Nuria Flores Redondo, ha subrayado las labores de este grupo de trabajo liderado por el ministerio y del que forma parte la Administración regional y que se desarrolla "no solo en este dolmen sino en el conjunto de restos arqueológicos que se han podido analizar y encontrar en la cuenca del pantano".

Así lo ha puesto de manifiesto la consejera en el transcurso de una visita en la que ha acompañada por la directora general de Bellas Artes del Ministerio de Cultura y Deporte, María Dolores Jiménez-Blanco, quien, sobre el dolmen, ha reseñado "su estado de conservación", al tiempo que ha remarcado la importancia de la colaboración entre las diferentes administraciones de cara a garantizar su conservación.

En estos trabajos están participando también investigadores de la Universidad de Alcalá y de la Universidad Complutense de Madrid. La intervención cuenta además con la "activa participación" de la Junta de Extremadura y de la Delegación de Gobierno en Extremadura, ha destacado el Ejecutivo regional en nota de prensa.

Se trata de un ejemplo de cooperación entre administraciones y organismos y de "buenas prácticas" en la protección y salvaguarda del patrimonio arqueológico.

El plan de trabajo no se limita al dolmen, sino que comprende el área del embalse donde se pretende revalorizar el patrimonio como un elemento de desarrollo de esta comarca", ha puntualizado la directora general de Bellas Artes del Ministerio de Cultura y Deporte.

El dolmen está siendo objeto de un seguimiento por parte de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, con la Guardia Civil, el Seprona y los agentes del medio natural de la Dirección General de Política Forestal de la Junta.

DOLMEN DE GUADALPERAL

El dolmen de Guadalperal, que en diciembre de 2020 le fue incoado expediente para su declaración como Bien de Interés Cultural (BIC), es un conjunto megalítico ubicado en la zona inundable del embalse de Valdecañas, de titularidad estatal y adscrito a la Confederación Hidrográfica del Tajo. Habitualmente está sumergido y solo cuando el nivel de las aguas baja se puede acceder a él.

La última vez que esto ocurrió fue en 2019, cuando se iniciaron los trabajos de investigación, dirigidos por la Universidad de Alcalá con la colaboración de la Universidad Complutense de Madrid y de Extremadura y financiados por la Dirección General de Bellas Artes del Ministerio de Cultura y Deporte. Desde junio de 2019 la Dirección General de Bellas Artes comenzó la coordinación de estos trabajos.

La Comunidad de Madrid ha notificado 4.512 casos nuevos de coronavirus, de los que 3.400 corresponden a las últimas 24 horas, y un fallecido más en hospitales, según el informe de la situación epidemiológica de este martes, con datos a cierre del día anterior.

En la jornada precedente se notificaron 1.539 casos, 976 de las últimas 24 horas, y cuatro fallecidos en los hospitales, mientras que el martes de la semana anterior se notificaron 2.711 casos, 2.172 de las últimas 24 horas, y un muerto.

El número de hospitalizados se sitúa en 673 en planta --50 más respecto al día anterior-- y 126 en UCI --siete más--, mientras que 108 pacientes han recibido el alta hospitalaria. Además, el número de pacientes en seguimiento domiciliario por Atención Primaria es de 8.514.

En el acumulado, la Comunidad de Madrid ha registrado 786.008 positivos, un total de 117.376 casos han requerido hospitalización, 12.053 han precisado UCI y 103.680 han sido dados de alta por los hospitales. Atención Primaria ha realizado el seguimiento domiciliario de 860.878 pacientes.

Respecto a los fallecidos, Sanidad Mortuoria ha contabilizado un total de 24.332, de los cuales 5.069 han sido en centros sociosanitarios, 17.858 en hospitales, 1.375 en domicilios y 30 en otros lugares.

En la Comunidad de Madrid la incidencia acumulada a 14 días es de 513,50 por cada 100.000 habitantes y se sitúa por delante únicamente de Comunidad Valenciana (495,6), La Rioja (455,12), Galicia (466,46), Extremadura (430,55), Andalucía (415,5), Canarias (351,89), Murcia (296,77), Castilla-La Mancha (234,69), Melilla (195,23) y Ceuta (148,45).

PLAN DE VACUNACIÓN

En cuanto al plan de vacunación, se han administrado un total de 6.997.373 dosis de las 7.651.935 recibidas --ha devuelto 200.000 dosis de AstraZeneca al Ministerio de Sanidad--, con 2.729.745 segundas dosis registradas y 192.645 vacunas unidosis de Janssen, de manera que el porcentaje de población de la Comunidad de Madrid con la pauta completa se sitúa en el 47%.

Teniendo en cuenta sólo la población diana, establecida en 5,6 millones de los 6,8 millones de ciudadanos en la región, el porcentaje de inmunizados representa el 56,7%, mientras que el 75,8% cuenta con al menos una dosis.

DATOS NACIONALES

A nivel nacional, se han notificado 27.286 nuevos casos de Covid-19, 16.418 de ellos diagnosticados en las últimas 24 horas. Estas cifras son inferiores a las del mismo día de la semana pasada, cuando se notificaron 43.960 positivos.

La cifra total de contagios en España se eleva ya a 4.189.136 desde el inicio de la pandemia, según las estadísticas oficiales. La incidencia acumulada en los últimos 14 días por 100.000 habitantes se sitúa en 622,41, frente a 599,69 ayer. En las pasadas dos semanas se ha registrado un total de 295.337 positivos.

En el informe de este martes se han añadido 29 nuevos fallecimientos, en comparación con 13 el martes pasado. Hasta 81.148 personas con prueba diagnóstica positiva han fallecido desde que el virus llegó a España, de acuerdo con los datos recogidos por el Ministerio. En la última semana han fallecido 67 personas con diagnóstico de Covid-19 positivo confirmado en España.

Actualmente, hay 6.856 pacientes ingresados por Covid-19 en toda España (6.482 ayer) y 1.116 en UCI (1.039 ayer). En las últimas 24 horas, se han producido 1.286 ingresos (1.069 ayer) y 925 altas (346 ayer). La tasa de ocupación de camas ocupadas por coronavirus se sitúa en el 5,73 por ciento (5,42% ayer) y en las UCI en el 12,23 por ciento (11,42% ayer).

Entre el 10 y el 16 de julio, las comunidades autónomas han realizado 1.151.508 pruebas diagnósticas, de las cuales 694.528 han sido PCR y 456.980 test de antígenos, con una tasa global por 100.000 habitantes de 2.448,65. La tasa total de positividad se sitúa en el 15,47 por ciento, frente al 15,13 por ciento de ayer.

Las altas temperaturas, que rozarán los 40 grados centígrados (ºC), pondrán este miércoles en riesgo a un total de 21 provincias de toda la Península, según ha avisado la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) que alerta de temperaturas significativamente altas en buena parte del interior peninsular y Baleares.

En concreto, el riesgo será importante (aviso naranja) en la ribera del Ebro, en Zaragoza, donde alcanzarán al menos 39ºC. También alcanzarán esa temperatura, aunque el aviso será de menor nivel, amarillo, en Córdoba, Jaén y Toledo.

Hasta 38ºC llegarán La Rioja, Sevilla y Granada y entre 34 y 37 grados centígrados se mantendrán Baleares, Huesca, Teruel, Lérida, Navarra, Ávila, Burgos, Zamora, Valladolid, Albacete, Cuenca, Guadalajara, Cáceres y Madrid.

Este miércoles, se esperan cielos nubosos o con intervalos nubosos en el litoral noroeste de Galicia, con posibilidad de alguna lluvia débil, además de intervalos nubosos matinales con algunos bancos de niebla en el resto de Galicia, Cantábrico y litoral de Andalucía, tendiendo a poco nuboso por el día.

Cielos poco nubosos o despejados al principio del día en el resto del país, pero con formación de nubosidad evolución diurna en zonas montañosas del norte y noreste peninsulares. No se descarta algún chubasco o tormenta aislado, más probables en Pirineos. En Canarias, intervalos nubosos en el norte de las islas.

Las temperaturas máximas irán en ascenso en la mayor parte de la Península y en Baleares, excepto en el litoral occidental de Málaga y Estrecho, donde se espera un descenso. Serán significativamente altas, superiores a 36-38ªC en amplias zonas del interior peninsular, principalmente en valles del Ebro y Guadalquivir, y Baleares. En cuanto a las mínimas, irán en ascenso en general. En el caso de Canarias, en descenso, que será más acusado en medianías.

El viento será del norte en Galicia, y del oeste en el Cantábrico. Del este y sureste en el valle del Ebro, litorales del sureste peninsular y Baleares, y del sur en el Ampurdán. Flojos variables en el resto de la Península, con predominio del suroeste. En Canarias, vientos alisios, con rachas fuertes.

El Gobierno no contempla la retirada de la cruz del Valle de los Caídos pese a la resignificación que se quiere dar al lugar con la nueva ley de Memoria Democrática. Lo que sí está en el aire es el futuro de la abadía, ocupada actualmente por monjes benedictinos y que el Ejecutivo negociará con la Iglesia, según han explicado fuentes gubernamentales.

La ley de Memoria Democrática, aprobada este martes por el Consejo de Ministros y remitida al Congreso de los Diputados, declara la extinción de la Fundación de la Santa Cruz del Valle de los Caídos y deroga el real decreto de la abadía del año 1957, por lo que el Gobierno iniciará un proceso de negociación con la Iglesia para definir su futuro.

Todo ello en el marco de convertir el Valle de los Caídos en un lugar de memoria de todas las víctimas de la guerra civil y la posterior dictadura franquista. En él tampoco cabe que el cuerpo de José Antonio Primo de Rivera ocupe un lugar preponderante, por lo que deberá ser exhumado para su traslado a otro lugar de la abadía o fuera del Valle si así lo deciden sus familiares.

Esta ley recoge por primera vez de forma explícita, en su artículo 1.3, un repudio y condena del golpe militar del 18 de julio de 1936 y la condena de la dictadura y pone a las víctimas en el centro de la acción pública, según subrayan las fuentes del Ejecutivo.

Para ello, avanza hacia la nulidad de todas las condenas y sentencias de los tribunales de excepción franquistas y aprueba la creación de un censo de víctimas para contar con un número oficial y darles visibilidad.

La ley crea la figura de un fiscal de sala de memoria democrática, que será nombrado por el fiscal general del Estado. El Gobierno cuenta con que prácticamente todos los autores de delitos que se pudieran cometer durante la guerra civil y la dictadura han fallecido ya, pero deja en manos del fiscal la posibilidad de elevar la investigación en caso de que alguno continúe vivo y aprecie delito.

Además, señala al Estado como el responsable de todo el proceso de localización, búsqueda, exhumación e identificación de cadáveres que permanecen en fosas comunes. La secretaría de Estado de Memoria dedica un 60 por ciento de su presupuesto a este cometido, que cuenta ya con un catálogo de 304 fosas para los años 2020 y 2021 que se ampliará con un millón más de euros destinados a los ayuntamientos para que contribuyan a esta labor.

La ley pone además el foco en el denominado deber de memoria y quiere garantizar que el periodo de la guerra civil y la dictadura se estudia en los institutos. La forma de hacerlo aún está en estudio, pero contempla una reordenación de la asignatura de Historia para garantizar que los alumnos conozcan esta etapa.

Además, avanza respecto a la ley de memoria histórica del año 2007 en la concreción para la retirada de símbolos del franquismo mediante un catálogo, un procedimiento de actuación e incluso la aplicación de sanciones en caso de que sus responsables se nieguen que irán desde los 200 a los 150.000 euros en función de la gravedad.

FUNDACIÓN FRANCISCO FRANCO, EN MANOS DE CULTURA

Respecto a la Fundación Franco, la ley declara la extinción de todas las fundaciones que hagan apología del franquismo, exaltación del golpe de Estado del 36 o la dictadura y apología de sus dirigentes, con menosprecio a las víctimas e incitación al odio.

El proceso dependerá del protectorado que forma parte del Ministerio de Cultura, que será el encargado de iniciar el procedimiento para dilucidar si se cumple el requisito y, en ese caso, declarar la liquidación de la fundación.

El Tribunal de Cuentas considera que la estructura descentralizada del sector público, en el que la Administración General del Estado (AGE) ostenta las competencias exclusivas de legislación básica en materia de protección medio ambiental, incluidas las relativas al cambio climático, mientras las comunidades autónomas (CCAA) asumen la gestión de dicha protección dificulta la respuesta integral en la lucha contra el cambio climático ya que este sistema precisa de un alto grado de coordinación, que "no ha podido ser constatado en el periodo analizado (2018-2020)".

No obstante, considera que la creación del Ministerio para la Transición Ecológica, en 2018, y la integración en el mismo de los ámbitos competenciales de energía, cambio climático y medio ambiente, derivada de las reestructuraciones ministeriales del periodo 2018- 2020, ha favorecido el alineamiento de las políticas de energía y cambio climático y la coordinación entre las unidades administrativas que las implementan.

Así lo pone de manifiesto en un informe aprobado por el órgano fiscalizador sobre las actuaciones desarrolladas por los ministerios de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente y para la Transición Ecológica en relación con el cambio climático relativo al ejercicio 2018.

De este modo, audita las actuaciones para la planificación, gestión y seguimiento de la política de lucha contra el cambio climático, promovidas o gestionadas en 2018 por la Oficina Española de Cambio Climático.

Sin embargo, el Tribunal hace un análisis que abarca prácticamente hasta la actualidad.

Así por ejemplo, señala que la coordinación territorial durante el periodo 2018-2020 ejercida a través de los órganos colegiados de participación y de coordinación de la política de cambio climático ha sido insuficiente, considerándose necesario el refuerzo de la coordinación interadministrativa.

Del mismo modo, apunta que respecto del Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático 2 (PNACC-2) la aprobación del primer programa de trabajo de su desarrollo debía efectuarse antes del 31 de diciembre de 2020, sin que a 31 de mayo de 2021 se hubiera producido.

El órgano también advierte de que no se ha evidenciado el seguimiento de los costes de aplicación de los instrumentos utilizados para la implementación de las 43 medidas previstas en la "hoja de ruta de los sectores difusos 2020".

Respecto al Registro de huella de carbono, considera que, aunque la evolución del número de inscripciones refleja una tendencia positiva, tras cinco años de actividad del registro, el número de inscripciones "no es muy representativo", destacando el bajo número de administraciones públicas inscritas (151).

En todo caso, espera que la aprobación este año de la Ley de Cambio y Climático se incremente la actividad del registro.

En cuanto a los 'proyectos clima' gestionados por el Fondo del carbono para una economía sostenible (FES-CO2), se concluye que su eficacia y potencial de mitigación se ha visto reducido como consecuencia de las múltiples anulaciones y modificaciones de los contratos de adquisiciones de reducciones de emisiones formalizados, reflejándose también una ralentización en el ritmo de reducción de emisiones previsto en dichos proyectos.

Ante esta situación el Tribunal de Cuentas recomienda priorizar la coordinación con las administraciones territoriales (autonomías y ayuntamientos) en el desarrollo del PNACC-2, para conseguir una visión amplia de la integración de la adaptación en la planificación regional y local de dichas administraciones y garantizar su coherencia con la política nacional.

Igualmente, pide promover la definición de un mecanismo de seguimiento y de coordinación que permita disponer de información homogénea, suficiente y oportuna tanto en términos económicos (presupuestado vs ejecutado), como cualitativos (priorización de la actuación, calendario de ejecución, unidad responsable de implementación y actores y grupos de interés) respecto de la ejecución de las actuaciones que se realicen en desarrollo del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC) y del PNACC-2, así como de las acciones que en materia de cambio climático se incluyan en los planes sectoriales correspondientes.

Finalmente, plantea promover e impulsar la revisión del diseño de los proyectos Clima y del plan PIMA Residuos para implementar los cambios necesarios a fin de mejorar la eficacia de ambos instrumentos de mitigación.

El líder del PP, Pablo Casado, el secretario general del partido, Teodoro García Egea, y la portavoz parlamentaria del Grupo Popular, Cuca Gamarra, arroparán este sábado 24 de julio a la diputada Marga Prohens en el congreso regional que la elegirá presidenta del PP de Baleares, según han informado fuentes del partido.

Prohens, actual portavoz adjunta del Grupo Popular en el Congreso, sustituirá a Biel Company al frente del PP de Baleares. Se trata de un nuevo liderazgo en las islas dentro de la renovación territorial que ha abierto Casado en más feudos, como la Comunidad Valenciana con Carlos Mazón, todos ellos con la vista puesta en las elecciones autonómicas de 2023.

La cúpula del PP que dirige Casado arropará a Prohens en el cónclave de este sábado en Balares, un apoyo con el que el partido quiere visualizar su alternativa para esta comunidad frente al proyecto que lidera la socialista Francina Armengol.

Prohens, que oficializó su candidatura a finales de mayo, ya dijo entonces que con este paso adquiría el compromiso de querer "ser la presidenta del PP de Baleares para liderar un PP más moderno y abierto que nunca y donde quepa todo el mundo, un proyecto de libertad".

EL PP RETOMARÁ LA RENOVACIÓN TERRITORIAL TRAS SU CONVENCIÓN

Tras los congresos regionales de Galicia, Comunidad Valencia y Baleares --este mismo fin de semana--, el PP retomará su renovación regional tras la Convención Nacional que tendrá lugar en Valencia los días 2 y 3 de octubre. Será a partir de entonces cuando empezará a convocar más de una decena de conclaves autonómicos pendientes.

Aunque 'Génova' aún trabaja con un calendario provisional, el congreso del PP de Madrid será de los últimos, previsiblemente "para finales del primer semestre de 2022", según han informado fuentes del partido.

El colofón a la renovación del partido lo pondrá el Congreso Nacional, que lo más probable es que tenga lugar a la vuelta del verano del año próximo, si bien la dirección del PP aún no tiene una decisión tomada, según las fuentes consultadas.

Pablo Casado llegó a la Presidencia del PP el 21 de julio de 2018 y precisamente este miércoles se cumplen tres años de su victoria en el congreso extraordinario en el que se impuso en la recta final a la exvicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría.

El PSOE, el PP y Vox han rechazado este martes en la Mesa del Congreso la tramitación de la iniciativa de Más País-Equo, Compromís y los partidos independentistas para crear una comisión de investigación relativa a la "neutralidad política" en el desempeño de la función de enjuiciamiento de la responsabilidad contable por parte del Tribunal de Cuentas.

Esto es, de la sección del fiscalizador encargada de las investigaciones abiertas contra ex altos cargos de la Generalitat catalana por la consulta independentista de 2014 o el conocido como 'Diplocat'.

Esta iniciativa, que lleva la firma de ERC, Junts, el PDeCAT, el BNG, la CUP y Bildu, además de la de los partidos ya citados, se analizó este martes en la reunión de la Mesa del Congreso, donde el PSOE, el PP y Vox la rechazaron siguiendo las recomendaciones de los letrados de la Cámara. Unidas Podemos, por su parte, votó a favor, según confirmaron fuentes parlamentarias.

NO HA LUGAR

En su nota, los servicios jurídicos de la Cámara Baja se muestran contrarios a su admisión a trámite porque consideran que "no corresponde a las Cortes Generales el control del Tribunal de Cuentas" en relación con el ejercicio de su función de enjuiciamiento contable.

Con su solicitud, los partidos firmantes pretendían que la Cámara abriera pesquisas sobre "las preguntas irregularidades cometidas" por este órgano en su función de enjuiciamiento de la responsabilidad contable y determinase si tiene "legitimidad" y "competencia" para llevar a cabo estos procedimientos y con qué "límites" debe desarrollar su función jurisdiccional.

En concreto, demandaban que se aclarasen las "conexiones y vinculaciones personales de los consejeros y su incidencia sobre el principio de independencia", así como la "naturaleza política de las acusaciones" que, a su parecer, se han dirigido contra los independentistas catalanes.

SÓLO ACTÚAN CONTRA EL INDEPENDENTISMO

En la exposición de motivos de la iniciativa, estos ocho partidos denuncian que, pese a que el Tribunal de Cuentas constata "irregularidades" de variada índole en sus distintas fiscalizaciones, después no exige "responsabilidad" por ellas, y se limita a "recomendar mayor diligencia en materia de planificación, contratación, seguimiento o control" por parte de las entidades que analiza.

Para los firmantes de la petición, "esta situación contrasta" con la actuación llevada a cabo por el órgano que preside María José de la Fuente en relación con los procesos judiciales y causas policiales contra el independentismo catalán.

En este contexto, recuerdan que hasta ahora ya se han abonado más de 15 millones de euros en concepto de fianzas --"algunas de ellas duplicadas", según apuntan-- en el marco de procedimientos derivados de la consulta del 9 de noviembre de 2014 y el referéndum ilegal de octubre 2017.

SESGO IDEOLÓGICO

"El sesgo ideológico que se desprende de este patrón de comportamiento es del todo incompatible con los principios propios de un Estado de Derecho como el de imparcialidad", argumentan.

A la vez inciden en que el hecho de que éste no sea un auténtico órgano jurisdiccional no "le habilita a quebrantar la neutralidad política que se le exige a cualquier instancia depuradora de responsabilidades", máxime teniendo en cuenta que el enjuiciamiento de la responsabilidad contable que realiza "tiene una dimensión política incuestionable pues se proyecta sobre la gestión de los fondos públicos"

Teniendo en cuenta todas estas denuncias, estas formaciones pedían que el Congreso investigase las "causas de abstención de los consejeros que concurrían en los procesos contra el independentismo catalán y no fueron planteadas, en "infracción", a su juicio, del principio de imparcialidad".

Otro de los puntos que querían que se esclarezca era si dichos procedimientos se están ejecutando con todas las "garantías procesales" previstas en el Convenio Europeo de Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.

Los firmantes, que denuncian las "naturaleza confiscatoria y disuasoria" de las fianzas exigidas a los cargos independentistas y planteaban que la Cámara se pronunciase sobre ello, así como acerca de la "incidencia" de la actuación del tribunal sobre el ejercicio de la libertad de expresión, la libertad ideológica y el pluralismo político.

Pero los impulsores de la investigación no se referían sólo a los procedimientos contra los independentistas y pedían que la Cámara investigue sobre "la autoría material de todas las operaciones irregulares" que, a su juicio, "no han sido debidamente enjuiciadas", la "responsabilidad" en la que se ha incurrido por ello y "los perjuicios causados a las arcas públicas" por esa falta de enjuiciamiento.

La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo ha inadmitido a trámite una recusación presentada por el abogado Gonzalo Boye --defensor, entre otros de los líderes independentistas Carles Puigdemont y Joaquim Torra-- contra el magistrado de este órgano Pablo Llarena.

El letrado pretendía que el juez Llarena se abstuviera de decidir sobre la querella que él ha presentado contra la juez de la Audiencia Nacional María Tardón por presuntos delitos de prevaricación y de encubrimiento de asesinato --el de un supuesto narcotraficante colombiano-- por procesarle en el marco de la causa sobre el 'narco' gallego 'Sito Miñanco'.

El letrado solicitó la recusación de Llarena porque entendía que su deber de imparcialidad podría quedar comprometida al haber sido uno de los letrados firmantes en la demanda que Puigdemont, Toni Comín, Clara Ponsatí y Lluis Puig presentaron contra el magistrado en Bélgica, según señala el auto de inadmisión.

La resolución no entra a conocer el fondo de la recusación por considerarla arbitraria y abusiva. "No se acierta a entender cómo puede considerarse que tenga el magistrado recusado interés en el presente procedimiento, ya que los hechos por los que presenta su querella ante esta Sala no tienen relación objetiva ni vinculación personal con el magistrado Sr. Llarena Conde", afirma el auto.

Añade que la relación de Boye "se ajusta a su intervención profesional en procesos anteriores, con resultado dispar en función de las circunstancias concurrentes, y respecto a la magistrada querellada, "ningún interés surge de su actuación en un procedimiento que no afecta ni vincula al indicado recusado".

La querella se dirige contra la titular del Juzgado Central de Instrucción Número 3, por ambos delitos, y contra una letrada de la administración de justicia y el fiscal especial antidroga Ignacio Miguel Lucas Martín, que trabajan en ese mismo juzgado, por el de encubrimiento de asesinato.

Los querellantes entienden que "ni la jueza María Tardón ni el fiscal Ignacio de Lucas se han interesado a lo largo de estos dos años en propiciar una investigación por el asesinato presuntamente cometido por Manuel Andrés Puentes Saavedra tanto en Colombia como en España". "Todo lo contrario, lo han encubierto, a fin de proteger a este investigado, a cambio de perjudicar gravemente al letrado Gonzalo Boye", según denuncian.

Por otra parte, la defensa de Gonzalo Boye ha presentado un escrito incluyendo la transcripción de una conversación, que demostraría el ánimo espurio del otro procesado en la causa en la que se le investiga en la Audiencia Nacional cuando en julio de 2019 cambió drásticamente su declaración y pasó a incriminar al letrado.

El presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, ha asegurado este martes que seguirán trabajando para encontrar "una solución en el periodo más inmediato" para cubrir las fianzas impuestas por el Tribunal de Cuentas a 34 exaltos cargos por la acción exterior desempeñada entre 2011 y 2017.

"Seguiremos trabajando, aquí no termina nada. Seguimos trabajando para dar todo el apoyo, aún tenemos unas horas y unos días. Esperamos tener unos días por delante para acabar de encontrar las soluciones que haya", ha destacado en una comparecencia en el Palau de la Generalitat, donde se ha reunido con el presidente de Flandes, Jan Jambon.

Tras asegurar que están en contacto permanente con los encausados, ha explicado que trabajan en diferentes vías e instrumentos para evitar el posible embargo de bienes e inmuebles de los afectados, y ha asegurado que los contactos que han mantenido con las entidades financieras, y que de momento no han dado fruto, "no ha finalizado y seguirán".

A la espera del dictamen que haga el Consell de Garanties Estatutàries (CGE) sobre el fondo impulsado por el Govern para cubrir las fianzas impuestas por el Tribunal de Cuentas, Aragonès espera que haga un pronunciamiento favorables porque están convencidos de su legalidad.

"Ante este pronunciamiento favorable, algunas de las opciones que han estado en duda, también de las entidades financieras, se pueden aclarar. Es un decreto ley ajustado a ley", ha subrayado.

Al preguntársele si ERC y Junts se han planteado de momento cubrir las fianzas con sus sedes, Aragonès ha dejado la respuesta en manos de los partidos, alegando que comparecía en la rueda como presidente de la Generalitat.

"ACCIÓN DE REPRESIÓN"

El presidente de la Generalitat ha acusado al Tribunal de Cuentas de impulsar "una acción de represión económica para intentar generar un estado de desprotección" de los encausados, y considera que la investigación abierta contra los 34 exaltos cargos obedece a una lógica política.

"Se está produciendo una absoluta injusticia. Antes de empezar un proceso de enjuiciamiento, se bloquear y embarga las propiedades, bienes e ingresos de personas que simplemente han hecho el trabajo que les correspondía, con todo el amparo legal, y no tuvieron ningún tipo de objeción legal", ha apuntado.

El alcalde de Madrid y presidente de honor de Madrid Futuro, José Luis Martínez-Almeida, y la vicealcaldesa y también vicepresidenta de honor de esta entidad, Begoña Villacís, han asistido a la audiencia ofrecida por el rey Felipe VI a la junta directiva de esta asociación sin ánimo de lucro en el primer aniversario de su fundación.

Integrada por empresas e instituciones de la sociedad civil, Madrid Futuro tiene como objetivo impulsar la recuperación de la ciudad y rediseñar su futuro tras la pandemia.

Esta iniciativa surgió durante los primeros meses de la pandemia, cuando un grupo de empresas, en colaboración con el Ayuntamiento, idearon un plan estratégico en el que identificaban oportunidades para la capital en cuatro ejes: deportes, salud y bienestar, cultura y el español, y sostenibilidad y digital.

Cristalizó en julio de 2020 con la constitución de Madrid Futuro, formada en ese momento por una treintena de empresas. Desde su creación, diversas entidades, organismos e instituciones públicas se han sumado a este proyecto que ahora, cuando se cumple un año de su fundación, cuenta con más de 90 socios, que representan a todo el tejido social y económico de la ciudad.

ORDENADORES PORTÁTILES

Los miembros de la junta directiva de Madrid Futuro han trasladado al rey varios proyectos de la treintena que tienen en marcha, como la ayuda a más de 5.000 familias aportando ordenadores portátiles para mitigar la brecha digital, la captación de más de 10.000 árboles para replantar en la ciudad tras la borrasca 'Filomena' o la ayuda a más de 3.000 hosteleros que han podido digitalizar sus negocios gracias al programa Barra Digital.

El alcalde, José Luis Martínez-Almeida, ha agradecido el compromiso y la generosidad de las empresas e instituciones que forman parte de esta iniciativa de la sociedad civil, que considera que contribuirá a una más rápida recuperación económica y social de la ciudad de Madrid.

El alcalde de Madrid y presidente de honor de Madrid Futuro, José Luis Martínez-Almeida, y la vicealcaldesa y vicepresidenta de honor de esta entidad, Begoña Villacís, han asistido este mediodía a la audiencia ofrecida por el Rey Felipe VI a la Junta Directiva de esta asociación sin ánimo de lucro, integrada por empresas e instituciones de la sociedad civil y cuyo objetivo es impulsar la recuperación de la ciudad de Madrid y rediseñar su futuro tras la pandemia. Madrid Futuro cumple estos días el primer aniversario de su fundación.

Esta iniciativa surgió durante los primeros meses de la pandemia, cuando un grupo de empresas, en colaboración con el Ayuntamiento, idearon un plan estratégico en el que identificaban oportunidades para Madrid en cuatro ejes: deportes; salud y bienestar; cultura y el español, y sostenibilidad y digitalización, y cristalizó en julio de 2020 con la constitución de Madrid Futuro, formada en ese momento por una treintena de empresas. En este primer aniversario ya son 90 empresas las que forman parte de Madrid Futuro.

Almeida y los asistentes han podido explicar a S.M. el Rey diversas facetas de este modelo de colaboración público-privada, con 25 proyectos en marcha en estos momentos.

La Alianza contra el Borrado de las Mujeres (ACBM), plataforma que agrupa a cerca de 130 organizaciones de mujeres, ha puesto en marcha una campaña con la que pretende exigir que no se admita a personas nacidas varones en las competiciones deportivas femeninas, ya que advierten de que estos partirían con ventaja.

La plataforma feminista denuncia que en el Anteproyecto de Ley para la igualdad real y efectiva de las personas trans y para la garantía de los derechos de las personas LGTBI, la denominada 'ley trans', "se instaura la idea de que será el género sentido subjetivamente por cada cual lo que determine que una persona de sexo masculino pueda competir en el deporte femenino", en lugar de respetar el principio de que los deportes han de estar segregados por sexo.

"Hace muy poco más de un siglo, las mujeres no tenían derecho a competir profesionalmente. Actualmente la participación de las mujeres es considerablemente inferior a la de los varones. Esto no es casual, es consecuencia de sueldos más bajos, inversión inferior y un interés mediático ínfimo. A todo esto ahora debemos sumar la ventaja física evidente de sus contrincantes, contra la que, por mucho que entrenen y se esfuercen, las mujeres, evidentemente, no pueden competir", sostiene la plataforma.

Además, subrayan que en todos los países donde se está permitiendo la inclusión de varones autodeterminados como mujeres en las competiciones deportivas femeninas se está "arrebatando podios y medallas a las mujeres deportistas, menospreciando así su esfuerzo y su dedicación, que son sacrificados en aras de utilizar el deporte femenino para validar 'identidades' y privilegiar competitivamente a cualquiera que se autoidentifique como mujer.

"Las organizaciones de mujeres ya hemos documentado científicamente que las ventajas competitivas de los nacidos varones no desaparecen ni siquiera tras años de hormonación, dada su mayor densidad ósea, mayor capacidad pulmonar, mayor masa muscular, mayor tamaño y altura promedio", exponen.

QUÉ DICE EL COI

En 2016, el Comité Olímpico Internacional (COI) eliminó la variable sexo e impuso como única condición que los nacidos como hombres que quieran competir con mujeres tengan un nivel de testosterona inferior a 10 nanogramos por mililitro de sangre en los 12 meses previos a la competición. Para ello, deben someterse a tratamientos con estrógenos que frenen la producción de testosterona, la hormona masculina.

Según recuerda la Alianza, este criterio ha sido puesto en cuestión por la doctora Joanna Harper (asesora transfemenina del COI) para quien "el límite de 10 nanomoles es claramente excesivo, ya que el 95% de las mujeres tienen un nivel de menos de 1.7". Según la Alianza, algunos han llamado a esto "dopaje de género".

"La mayor densidad ósea, mayor capacidad pulmonar, mayor masa muscular, mayor tamaño o altura promedio adquiridas durante el desarrollo como hombres no desaparecen ni se reducen con la sola disminución de los niveles de testosterona. Ignorar esto impide el Juego limpio para las mujeres", concluye la plataforma feminista.

CAMPAÑA

Por ello, la Alianza se ha dirigido por carta al ministro de Cultura y Deporte, Miquel Iceta; a la ministra portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez; al presidente del Consejo Superior de Deportes (CSD) y secretario de Estado de Deporte, José Manuel Franco; y a los portavoces de la Comisión de Cultura y Deporte del Congreso, para advertirles de las consecuencias que para la promoción y el futuro del deporte femenino tiene permitir que varones "que conservan toda su mayor densidad ósea, mayor capacidad pulmonar, mayor masa muscular, mayor tamaño o altura promedio", compitan contra mujeres.

La Alianza iniciará además una ronda de contactos con todas las Federaciones Deportivas a fin de explicar las consecuencias de permitir la presencia de personas transgénero en competiciones femeninas.

Asimismo, se reunirá con clubs y deportistas de élite para prevenirlas sobre las consecuencias que tendrá en sus carreras profesionales competir con esa desventaja.

Con el fin de detallar las consecuencias de eliminar el sexo como criterio objetivo en las competiciones deportivas e ilustrar cómo afecta al deporte femenino, la Alianza ha editado el libro 'Juego limpio para las mujeres', que será remitido a las autoridades deportivas, las Federaciones y los medios de comunicación.

A través de sus redes sociales, y con el hashtag #JuegoLimpioParaLasMujeres, la Alianza mantendrá viva la campaña durante todo los Juegos Olímpicos (JJOO).

El PSOE, el PP y Vox han vuelto a unir sus votos este martes en la Mesa del Congreso para no tramitar dos nuevas comisiones de investigación relativas al Rey emérito que habían registrado varios partidos, entre ellos muchos socios del Gobierno, destinadas a abrir pesquisas sobre las diversas irregularidades atribuidas a Juan Carlos I y determinar, entre otras cosas, si se lucró con la "venta ilegal de armas".

Según han informado fuentes parlamentarias, sólo Unidas Podemos ha apoyado estas solicitudes que han vuelto así a ser frenadas por el órgano de gobierno de la Cámara en aplicación del criterio expresado por los servicios jurídicos de la institución. En el año y medio que ha transcurrido desde el inicio de la legislatura, la Mesa ha vetado ya el debate de 14 peticiones de está índole.

Fieles a su posición habitual, los letrados se habían vuelto a mostrar contrarios a la tramitación de iniciativas que buscan investigar al padre de Felipe VI. Y lo hicieron con los mismos argumentos que venían esgrimiendo hasta ahora: que la persona del Rey es inviolable y no está sujeta a responsabilidad y que distribuye libremente la cantidad global que recibe cada año de los Presupuestos Generales del Estado para el sostenimiento de su Familia y Casa.

En concreto, la Mesa del Congreso ha analizado dos peticiones relativas al Rey emérito. En ambos casos, los servicios jurídicos habían hecho la misma propuesta desestimatoria que ha sido atendida por PSOE, PP y Vox.

"Comunicar a los Grupos Parlamentarios autores del presente escrito que no procede su admisión a trámite teniendo en cuenta la posición institucional de la Jefatura del Estado en el marco constitucional y, especialmente, lo dispuesto en los artículos 56.3 y 65 de la Constitución, así como la interpretación que a este respecto se ha hecho por la jurisprudencia del Tribunal Constitucional y los precedentes existentes en la Cámara", rezaba la nota de los letrados.

NEGOCIOS CON KHASHOGGI

En concreto, Más País-Equo, Compromís ERC, Bildu, Junts, PDeCAT, la CUP, Más País-Equo, Compromís, BNG y Nueva Canarias, habían solicitado crear una comisión de investigación sobre la supuesta "venta de armas de manera ilegal por parte de Juan Carlos I", desvelada por 'público.es'.

Según este periódico digital, Juan Carlos I habría reunido su fortuna con el dinero que obtenía por la venta de armas a países árabes junto a su amigo Manuel Prado y Colón de Carvajal y el traficante de armas Adnan Khashoggi.

En este contexto, los firmantes de la iniciativa reclamaban, entre otras cosas, que la Cámara investigase si las empresas públicas españolas Instituto Nacional de Industria y Fomento del Comercio Exterior, participadas de la sociedad Alkantara Iberian Exports "sirvieron como pretexto" para que Juan Carlos I "y sus cómplices", se beneficiaran de las posibles actividades de comisionista derivadas de la venta de armas realizada por esa empresa.

ESTRUCTURAS OPACAS Y BLANQUEO

Según las informaciones publicadas, Alkantara Iberian Exports se creó en 1978 con sede en Londres, su presidente era el amigo del Rey emérito, y estaba participada en un 25% por el Instituto Nacional de Industria y en otro 25% por Fomento del Comercio Exterior, que formaba parte del Banco Exterior de España, pero operaba desde Panamá.

Además, estas formaciones querían que se esclarezca si las exportaciones de armamento realizadas por esta empresa se ajustaron a los cauces legales y administrativos establecidos, así como la existencia de "posibles estructuras opacas", con participación del entonces jefe del Estado, para la adjudicación de contratos comerciales.

La comisión de investigación debía ocuparse, asimismo, de analizar las posibles cuentas irregulares de Juan Carlos I en paraísos fiscales y el origen de sus fondos, así como si incurrió en blanqueo de capitales y las "posibles actividades como comisionista" del padre de Felipe VI y de los responsables jurídicos de las empresas participadas.

La Mesa del Congreso también ha analizado otra petición, con la firma de todos los partidos que suscribían la relativa a supuesta venta de armas, salvo Nueva Canarias, destinada a investigar el resto de actividades ilícitas que se atribuyen a Juan Carlos I.

En concreto, esta otra petición, que los letrados también recomendaban inadmitir, buscaba abrir pesquisas sobre supuestas irregularidades de los "miembros de la Casa Real y las influencias políticas, diplomáticas y comerciales con Arabia Saudí".

La Federación Española de Mujeres Directivas, Ejecutivas, Profesionales y Empresarias (FEDEPE) ha presentado este 20 de julio la canción 'La mujer que mueve el mundo', de la cantante Sole Giménez, como himno del XXX Aniversario de los Premios FEDEPE que se entregarán después del verano.

Esta es una de las iniciativas que FEDEPE está organizando en 2021 con motivo del XXX Aniversario de los Premios FEDEPE, unos galardones que se han convertido en referencia de igualdad, talento y liderazgo femenino en España, según detalla en un comunicado.

Con esta canción, se pretende poner música a la labor que lleva a cabo la federación desde hace más de treinta años creando redes de colaboración profundas y cada vez más amplias entre las mujeres españolas, tal y como han destacado la presidenta de FEDEPE, Ana Bujaldón, y la artista Sole Giménez, durante el acto de presentación.

Para Bujaldón, el trigésimo aniversario de los Premios FEDEPE significa "algo muy especial". Esta canción convertida en himno es, según ha asegurado, "un motivo de emoción y orgullo, que esperamos que conecte con mucha gente". "La propia letra de esta canción ya conecta con nosotras, con las mujeres que movemos el mundo", ha añadido.

En este sentido, Sole Giménez, compositora e intérprete de 'La mujer que mueve el mundo', ha recordado que se trata de una canción del año 2001 que, tras 20 años, ha renovado y cuya letra nace de todas las mujeres que la han rodeado a lo largo de su vida. "Las mujeres como un movimiento imparable para, no solo mover el mundo, sino también cambiarlo", ha manifestado.

En su opinión, es una canción que sigue siendo de actualidad, "es una canción en positivo", dentro de un contexto en el que "todavía existen avances y retrocesos" para las mujeres, así como "impedimentos" para llegar a encontrarnos en el justo equilibrio de una sociedad avanzada.

"NO DAR PASOS ATRÁS"

Durante la presentación del himno de los XXX Premios FEDEPE, se ha desarrollado un breve coloquio sobre la situación actual de las mujeres y los avances en materia de igualdad de género. En este sentido, Bujaldón ha reivindicado "no dar pasos atrás" y ha destacado eltrabajo desarrollado desde hace más de 30 años por la federación que preside para que esto no ocurra.

En relación con esta labor del tejido asociativo, su presidenta ha hecho referencia a uno de los datos aportados por el Barómetro FEDEPE sobre la repercusión de la crisis de la COVID-19: más de un 90% de las encuestadas resaltan la importancia del trabajo y la unión de las asociaciones de mujeres al movimiento asociativo.

Por su parte, Sole Giménez ha mantenido que las asociaciones "hacen que nos sintamos menos solas" y hacen posible que "se puedan mejorar las cosas". En este sentido, Giménez ha indicado que "las mujeres que estamos en la música muchas veces nos sentimos aisladas y solas y el sentido de la pertenencia a asociaciones es básico".

ROMPER TECHOS DE CRISTAL

Por otra parte, han abordado la representatividad de la mujer en puestos de dirección, y, en este sentido, la presidenta de FEDEPE ha denunciado que todavía hay diez empresas del mercado continuo "que no tienen ni una mujer en sus consejos de administración". "A las mujeres nos cuesta todavía alcanzar el liderazgo-- ha señalado--. En España tenemos que romper el techo de cristal para que las mujeres consigamos llegar a los puestos de decisión y, sobre todo, en compañías tecnológicas".

Asimismo, ha hecho referencia a la brecha salarial de género, que, a nivel mundial es del 16%, y ha hablado de la necesidad de acabar con ella, sobre todo porque es un asunto que va a afectar a las pensiones de las mujeres. "Hay más de un millón de mujeres que están viviendo con pensiones por debajo de los 500 euros al mes", ha denunciado Bujaldón que además ha mostrado su preocupación por la calidad del empleo, ya que "gran parte del empleo precario lo desarrollan las mujeres".

Con respecto a la formación del nuevo gobierno, con más de un 63% de mujeres, la presidenta de FEDEPE ha valorado esta mayor representación de las mujeres, pero también ha echado de menos políticas que ayuden "de verdad" a cerrar esa brecha.

Finalmente, Sole Giménez ha señalado que "se ha avanzado y hay voluntad para que esto sea así, pero queda mucho por hacer y lo que más preocupa son los retrocesos en una sociedad como la española de las más avanzadas". "Todavía hay mucha discriminación", ha lamentado. La cantante también ha denunciado la poca visibilidad que tienen las mujeres en el mundo de la música, una situación que ha calificado de "injusta" y que confía que cambie.

La fiscal ha rebajado de 16 a 6 meses la pena de prisión solicitada a los siete exconsejeros de Sniace y al que fuera jefe de operaciones de esta empresa de Torrelavega acusados por los vertidos contaminantes al río Saja-Besaya entre 2008 y 2010 y para los que no había autorización, ni siquiera "tácita".

Así lo ha remarcado este martes en la cuarta y última sesión del juicio contra ellos en el Juzgado de lo Penal nº 2 de Santander, celebrado en el salón de actos del complejo judicial Las Salesas y que ha quedado visto para sentencia.

La Fiscalía ha modificado sus conclusiones al entender acreditado tras la práctica de la prueba que hubo un delito contra los recursos naturales y el medio ambiente pero no continuado, aunque sí permanente, y al considerar también demostrada la autoría del mismo.

En concreto, atribuye al exdirector de operaciones de la compañía la autoría material del ilícito, como responsable de la decisión de realizar los vertidos, en tanto que el entonces presidente de Sniace, Blas Mezquita, y los otros seis miembros del Consejo de Administración imputados serían culpables por omisión, al conocer los hechos y no oponerse o prohibirlos.

La representante del ministerio fiscal también solicita para todos ellos un año de inhabilitación especial para ejercer cualquier actividad relacionada con la emisión de vertidos al medio natural interesada, frente a los 20 meses que pedía al principio.

A ello se suma la multa reclamada a cada encausado y la indemnización conjunta y solidaria al Estado en la cantidad que se fije en sentencia o en su ejecución, por el perjuicio al medio natural.

Junto a la Fiscalía están personadas dos acusaciones particulares: la Abogacía del Estado, que mantiene para cada implicado dos años y seis meses de cárcel, multa de 10.200 euros e inhabilitación para actividades relacionadas con vertidos durante dos años, además de una indemnización de 49,8 millones, algo menos que los 50 millones iniciales y debido a un error de cálculo.

Por su parte, las defensas han insistido en la libre absolución de sus patrocinados por la "inexistencia de delito", y piden de forma subsidiaria, en caso de condena, que se aplique la atenuante muy cualificada de dilaciones indebidas en una causa iniciada a raíz de una denuncia en 2008 y juzgada en 2021, es decir, trece años después.

Una demora que también ha puesto de relieve la letrada de la compañía, personada como responsable civil subsidiaria y que niega ese extremo y pide la plena absolución de la empresa.

VERTIDOS EQUIVALENTES A LOS DE UNA POBLACIÓN DE 540.000 HABITANTES

En el turno final de informes, la fiscal ha remarcado que los vertidos enjuiciados se produjeron entre abril de 2008 y el mismo mes de 2010, "sin autorización" del órgano competente en el dominio público hidráulico, que era la entonces Confederación Hidrográfica del Norte y en la actualidad del Cantábrico.

Este organismo había revocado en 2006 el permiso para verter al Saja-Besaya concedido a Sniace en 2002. Y la Autorización Ambiental Integrada que la Consejería de Medio Ambiente del Gobierno de Cantabria otorgó en 2008 al complejo fabril era para vertidos en el dominio público marítimo-terrestre, a la ría de San Martín.

Para entender eso, ha dicho la fiscal, "basta con leer" la AAI una persona que tenga formación "media" y no "elevada", como la de "todos" los acusados, algunos de los cuales admitieron en el interrogatorio que no la habían leído.

En cualquier caso, ha indicado que al río solo podían ir las aguas de refrigeración, pluviales o de escorrentía -en tanto que las del proceso de producción debían destinarse al mar-. Y de todos modos en la AAI "no se dice en ningún momento" que se pueda verter al Saja-Besaya mientras se construía el colector a conectar con la depuradora.

"No se dice porque el Gobierno de Cantabria no tiene competencia para ello" y el organismo de cuenca, que es el que la tiene, "no autorizaba" ya esos vertidos, ha explicado la representante del ministerio fiscal, que ha negado así que existiera una autorización "tácita" como alegaron algunos imputados.

Así, esa parte no cuestiona las obras e inversiones acometidas por la empresa con motivo de la AAI -caso de la construcción de una depuradora que costó 24 millones-, pero eso "no supone una autorización tácita" ni "justifica" los vertidos al río, que no estaban "amparados".

Además del delito y la autoría, la fiscal considera acreditado el perjuicio causado al río y al medio ambiente, por la "pésima" calidad del vertido procedente de la factoría, según se desprende de las analíticas de las muestras tomadas, que son "horrorosas".

"Se vertía todo tipo de aguas" y "sin cumplir" los parámetros de la AAI y "menos aún" los establecidos para un cauce fluvial, y de forma "sistemática y reiterada", ha aseverado la acusación pública, que ha aludido a un informe que obra en la causa según el cual el vertido de Sniace sin depurar equivaldría al de una población de 540.000 personas.

Por todo, el ministerio fiscal entiende que lo sucedido desde abril de 2008 constituye un delito contra los recursos naturales y el hecho de que no se considere uno solo y no continuado "no impide que estemos ante un delito permanente", que se dejó de cometer cuando entró en funcionamiento el colector, en abril de 2010.

Esa apreciación como un único delito, modificada en la recta final del juicio, entra en "discrepancia" con el relato de la Abogacía del Estado, que mantiene que se trata de un delito continuado. Este abogado admite además las dilaciones -por paralizaciones "relevantes" en una causa "compleja"-, pero a su juicio debe aplicarse la atenuante simple y no muy cualificada, como piden las defensas.

A sus ojos, es "aplastante el despliegue probatorio" de que el vertido era "ininterrumpido" -pues era inherente a la actividad fabril- por lo que fue "continuo y reiterado" durante dos años. Y no "había ninguna autorización" para que acabasen en el cauce los residuos, que incumplían además los parámetros fijados en la AAI.

Estos dos últimos puntos han sido subrayados por la tercera acusación, ejercida por Ecologistas en Acción, que ha destacado igualmente el contenido "demoledor" de algunos informes de muestras de agua. La asociación cree que los análisis no ofrecen "ninguna duda" de la "posible peligrosidad" de los vertidos, sobre el medio ambiente y la salud también, y sostiene que los consejeros de Sniace eran "conscientes" de la problemática pero "no hicieron nada".

LA PRUEBA DE CARGO BRILLA POR SU AUSENCIA

Las defensas han insistido en la inocencia de sus clientes y la prescripción del delito, tras un "retraso enorme" en la causa, que se juzga al cabo de "trece años, no diez", de incoarse diligencias previas.

Creen que "la prueba de cargo brilla por su ausencia" en este proceso penal, que abarca dos años en los que "solo" hubo un expediente sancionador -octubre 2009- de la Consejería por vertidos.

A ello se suma la "asombrosa lentitud" de la administración al acometer las obras para que Sniace vertiera en la ría, por lo que los fluidos al río contaron con el "conocimiento" y la "aquiescencia" de los organismos, que los "toleraron a sabiendas".

Y de las actas, "el diario de navegación" del Consejo de Administración de la empresa, se desprende que "nunca" tomaron "ninguna decisión" medioambiental, tampoco el director de operaciones, que era "personal fungible" pero sin "capacidad" de parar el vertido o la fábrica. "Si no hay ninguna actuación relevante, no les puede condenar", han zanjado.

La abogada de Sniace ha defendido que cumplía las condiciones de la AAI y ha cuestionado métodos y resultados de las muestras de agua: "La calidad la tiene que dar el río, no el vertido", ha concluido.

El portavoz adjunto del Grupo Popular en el Congreso, Pablo Hispán, ha criticado este martes que el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, viaje a Estados Unidos solo con agenda económica, sin una reunión con el presidente del país, Joe Biden, ni otros contactos políticos. A su entender, se trata de una "gira de tercera categoría" propia de un ministro.

Así se ha pronunciado ante la gira económica por Estados Unidos que ha emprendido Sánchez y que le llevará a Nueva York, Los Ángeles y San Francisco entre los días 20 y 24, un viaje que tiene por objetivo situar a España y a sus empresas en el "radar" de las inversiones y las oportunidades de negocio que se abren con el fin de la pandemia y la llegada de la recuperación, según Moncloa.

Sánchez se reunirá con destacados empresarios y representantes del sector financiero, tecnológico y audiovisual, pero no se verá ni con el presidente estadounidense ni con nadie de su administración, al tratarse de un viaje con un enfoque exclusivamente económico, han informado desde el Gobierno.

CREE QUE DENOTA EL "BAJO NIVEL DEL GOBIERNO"

En declaraciones, Hispán ha afirmado que es "decepcionante y degradante que el presidente del Gobierno vaya a Estados Unidos y no tenga ningún encuentro de carácter político" teniendo en cuenta "la situación que hay en Latinoamérica, Marruecos o Cuba".

"Son dossieres con los que es imprescindible hablar con Estados Unidos pero no se le recibe en ningún sitio", ha advertido, para añadir que en este viaje Sánchez tiene la agenda "propia de un ministro, pero no de un presidente del Gobierno".

En este sentido, Hispán ha indicado que "no tiene precedentes" hacer una gira sin contactos políticos, algo que, a su juicio, "es decisivo" porque "es el valor añadido" que aporta un presidente del Gobierno. "El hecho de que vaya a Estados Unidos y no tenga contactos políticos, demuestra el bajo nivel que tiene este Gobierno", ha resaltado.

Tras asegurar que mantener encuentros con presidentes de empresas lo puede "hacer cualquier ministro", el diputado del PP por Granada ha sentenciado que se trata de una "gira de tercera categoría" para un jefe del Ejecutivo.

Es más, ha dicho que este viaje es muestra de "la falta de criterio y de la deriva surrealista de la diplomacia de este Gobierno". A su entender, eso ya ocurría con Arancha González Laya y pasa ahora con su sucesor al frente de Exteriores, José Manuel Albares.

AFEA A ALBARES QUE NO VAYA A COMPARECER HASTA SEPTIEMBRE

En este punto, Hispán ha dicho que estos últimos días incluso la situación ha ido "a peor" ante lo ocurrido con Cuba y "la instrucción del ministro de no tratar" al país caribeño que dirige Miguel Díaz-Canel "como una dictadura".

El también portavoz adjunto de Exteriores del PP ha criticado además que Albares no tenga intención de comparecer en el Congreso hasta septiembre para explicar los planes de su Departamento. "Se van antes de vacaciones que al Congreso y es inédito que, nada más llegar al Gobierno, los nuevos ministros se vayan de vacaciones", ha exclamado.

La vicepresidenta segunda y líder de Unidas Podemos en el Ejecutivo, Yolanda Díaz, ha avanzado que la negociación con el PSOE para acordar los próximos Presupuestos Generales del Estado arrancará esta misma semana y acudirán con "fuerza" para desplegar la "agenda social" pactada en la coalición, dado que el momento es ahora.

También ha destacado que las nuevas cuentas públicas deben servir para "completar" el Estado de bienestar, "demediado" por los "recortes" que se emprendió durante la etapa de la "austeridad", y convertirse en el "Green New Deal" para, después de la pandemia, acometer la transformación verde de la economía.

Así lo ha trasladado durante su intervención en la reunión que ha mantenido con su grupo parlamentario y en el que ha confirmado que el secretario de Estado de Derechos Sociales, Nacho Álvarez, será el encargado de la negociación con la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, al igual que ocurrió el año pasado.

En este encuentro han estado presentes la ministra de Derechos Sociales, Ione Belarra, la titular de Igualdad, Irene Montero, el portavoz del grupo parlamentario, Pablo Echenique, y el presidente del mismo, Jaume Asens, entre otros dirigentes de la formación.

La también ministra de Trabajo ha apuntado como ejes prioritarios la negociación sobre la reforma fiscal, garantizar el acceso a la vivienda con medidas que permitan un alquiler asequible, el despliegue de políticas que acaben con la crisis de los cuidados, que garanticen las prestaciones mínimas a la población y que combatan la precariedad laboral.

Díaz ha dejado claro la prioridad que tienen estos Presupuestos para Unidas Podemos, que deben ser de "sentido común de época" y favorecer a toda la sociedad, pero sobre todo resolver la crisis del Covid-19 "desde abajo, no desde arriba".

Por tanto, ha proclamado que para cumplir la máxima de que son un Ejecutivo progresista, el momento de completar la agenda social es "ahora" y van a ir con "fuerza" para exigir su concreción en los próximos PGE de 2020.

ACABAR CON LAS "RECETAS CADUCAS" DE LA AUSTERIDAD

El reto, ha explicado Díaz, es "acabar de una vez por todas" con las "recetas caducas de la austeridad", sustentadas en recortes y que no quedan tan "lejanas" pero a las que se deben "pasar página". De hecho y en un claro mensaje al líder del PP, Pablo Casado, ha censurado que hay quien aún acude a Europa a "exigir recortes para su pueblo".

Por tanto, la crisis del Covid-19 debe aprovecharse para abandonar esas "políticas del sufrimiento" y articular unas cuentas públicas sociales, sobre todo para aquellos que no pueden asumir el coste de la electricidad o afrontar el pago del alquiler, que es un "problema absoluto" que afecta a "miles de personas".

Díaz también ha reivindicado unos presupuestos que miren a los jóvenes, a los mayores y a las mujeres, para demostrar que la única forma de trabajar "no es la precariedad". Por tanto, ha resaltado que el objetivo es lograr salarios y prestaciones dignas.

También ha desgranado que las futuras cuentas públicas deben ser los "presupuestos de la igualdad", que pongan recursos a las políticas feministas, pero que sobre todo sirvan para "completar el Estado del bienestar", "demediado", "incompleto" y "golpeado" por la crisis anterior y que "algunos quieren seguir recortando".

Y eso lleva a debatir sobre la necesidad de "modernizar" la política fiscal del país, pues esa agenda social requiere recursos y España está siente puntos por debajo en la convergencia europea en materia de recaudación. "Los que más tienen, tienen que aportar más a la hacienda pública", ha remachado la vicepresidenta.

En esta línea, Díaz ha desgranado que los Presupuestos deben ser el Green New para enfrentarse de "manera profunda" a la crisis climática con acciones para acelerar la transición ecológica "justa", ladescarbonización de la economía, la rehabilitación energética de viviendas, la electrificación de la movilidad o la economía circular.

Pero sin perder de vista a la gente, ha especificado la vicepresidenta, para evocar las "mal denominadas reconversiones industriales" que convirtieron a diversas comarcas del norte en "desiertos industriales" y "paradigmas de pobreza".

LOS PGE TENDRÁN EL SELLO DE UNIDAS PODEMOS

También ha intervenido el director de gabinete de la vicepresidenta, Josep Vendrell, para reivindicar que los Presupuestos Generales vigentes fueron aprobados por la mayoría "progresista y plurinacional", algo que es precisamente "mérito" de Unidas Podemos.

Tras dejar claro que "ya no habrá debate" sobre que esa vía, Vendrell ha asegurado que estos presupuestos "van a tener el sello" de Unidas Podemos, no solo en sus ministerios sino también en las carteras del conjunto del Ejecutivo.

El director de gabinete, cuya intervención en la reunión revela la ascendente que tiene en el espacio político y en esta materia, ha subrayado que la negociación que pilotará Álvarez no se limitará solo al ámbito del Ejecutivo, sino que se extenderá también con los grupos parlamentarios.

"NO VALE CUALQUIER RECUPERACIÓN", ADVIERTE ÁLVAREZ

También ha intervenido el secretario de Estado de Derechos Sociales, que además es coordinador económico de Unidas Podemos, y que ha coincidido con Díaz en que en esta segunda parte de la recuperación económica es necesario dar "un paso más allá".

Álvarez ha reivindicado "consolidar y mantener" el carácter expansivo de los Presupuestos de 2021, aprovechar "la posibilidad de ir avanzando aún más rápido en el cumplimiento del acuerdo de coalición" y avanzar en tres objetivos: la creación de empleo, con más empleo y de calidad; repartir los beneficios de la recuperación --"No vale cualquier recuperación", ha dicho--, y modernizar el tejido productivo "en clave progresista".

MANTENER LOS ESTÍMULOS FRENTE A LA LÓGICA DE LOS RECORTES

Para lograrlos, el responsable económico de Unidas Podemos ha defendido mantener los estímulos fiscales incorporados en 2021 "frente a la lógica de los recortes fracasada", y ha advertido de que una retirada antes de tiempo de este nivel de inversión "sería absurdo" y supondría "dejar el trabajo a medio hacer y repetir los errores del pasado.

En este sentido, ha llamado a aprovechar la suspensión de las reglas fiscales, la política expansiva auspiciada por el Banco Central Europea (BCE) y su compra de deuda pública y la llegada de fondos europeos con el Plan de Recuperación, unas circunstancias que, ha explicado, "le dan al Gobierno el margen suficiente para garantizar y mantener la expansión fiscal".

EL TIPO MÍNIMO AL 15%, UN "CONSENSO MUY GENERALIZADO"

Álvarez ha llamado también ha asegurar que la salida de la crisis no ahonde en desigualdades y que todos los hogares perciban la recuperación "como propia", una modernización "en clave progresista" de la economía y "en beneficio de todos", pero ha advertido de que todo eso "no será posible" sin una modernización fiscal.

En este sentido, ha destacado el "consenso muy generalizado" en en el ámbito internacional, el último en la OCDE, para impulsar una fiscalidad más progresiva a través de medidas como el tipo mínimo efectivo al 15% para las empresas. "Estos acuerdos internacionales podemos trasladarnos ya a nuestra legislación", ha instado.

El Partido Popular de la Comunitat Valenciana ha exigido que el presidente de la Generalitat, Ximo Puig, cese de su cargo al secretario autonómico de Empleo, Enric Nomdedéu, tras la apertura de juicio oral contra él por supuestamente utilizar el servicio postal municipal del Ayuntamiento de Castellón para enviar papeletas electorales en 2014, y "después que él mismo anuncie que no dimitirá".

"Enric Nomdedéu debería haber dado las muestras de ejemplaridad que exigía para los demás y que ahora no quiere asumir, esta actitud es inaceptable", ha explicado el vicesecretario de Comunicación del PPCV, Héctor Folgado. El 'popular' cree que, ahora, por "coherencia y dignidad política" debería ser el presidente de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, el que cese a un alto cargo del Consell "que se sentará en el banquillo de los acusados por malversación".

Los 'populare' han subrayado que la titular del Juzgado Número 2 de Castellón "da por buenas las conclusiones de la Audiencia Provincial y, tras escuchar a los testigos, afirma que 'del resultado de las referidas diligencias resultaría que no se desvirtúan los indicios de participación de los investigados en los delitos imputados en los términos argumentados por el auto de la Audiencia Provincial y por la acusación".

"Ximo Puig y a Mónica Oltra han convertido la gestión de la Generalitat Valenciana en una herramienta al servicio de los intereses del PSPV y Compromís y sus amigos, en lugar de trabajar por solucionar los problemas de los castellonenses, valencianos y alicantinos", ha apuntado Folgado.

El PPCV ha recordado que Enric Nomdedéu se sentará en el banquillo de los acusados igual que el director general de Política Lingüística y compañero de filas de Compromís Rubén Trenzano, "precisamente por las ayudas millonarias que la Generalitat Valenciana ha concedido al hermano del president Ximo Puig, y que están siendo también investigadas por un juzgado".

"Lo mismo ocurre con el director general de Urbanismo, Vicente García Nebot, quien también ha declarado ya como imputado en relación con la actividad pública y privada que desarrolla al servicio de los ayuntamientos gobernados por el PSPV", ha subrayado Folgado.

El 'popular' ha apuntado que "son muchas sospechas de corrupción y muy pocas explicaciones las que están dando los partidos del Botànic, que cada vez se ven más y más acorralados". "Ximo Puig debe abrir puertas y ventanas y enfrentarse a la realidad para devolver la dignidad a las instituciones que se financian con los recursos económicos de los ciudadanos de la Comunidad Valenciana", ha concluido.

Cataluña ha registrado hasta este martes 843.276 casos confirmados acumulados de coronavirus desde el inicio de la pandemia --779.525 con una prueba PCR o test de antígenos--, 7.915 más que en el recuento del lunes, informa la Conselleria de Salud de la Generalitat a través de su página web.

El total de fallecidos se sitúa en 22.340, 15 más que los registrados el lunes: 14.227 en hospital o centro sociosanitario, 4.567 en residencia, 1.191 en domicilio y 2.355 que no son clasificables por falta de información.

En cuanto a los pacientes ingresados actualmente, la cifra se sitúa en 1.823, que son 140 más que en el último recuento.

Un total de 364 pacientes se encuentran ingresados en unidades de cuidados intensivos (UCI) de centros públicos y privados, 57 más que en el último recuento, en parte por retrasos en la notificación del fin de semana: de ellos 198 necesitan ventilación invasiva, 10 oxigenación por membrana extracorpórea (ECMO) y 156 apoyo no invasivo.

La velocidad de reproducción de la enfermedad (rt) baja a 1,04 y el porcentaje de positividad de los test de antígenos y PCR se sitúa en 21,08%, mientras que la incidencia acumulada en los últimos 14 días es de 1.208,68 por cada 100.000 habitantes y la media de edad de los casos confirmados es de 30,83 años.

La tasa del riesgo de rebrote ha bajado: el lunes alcanzaba un nivel de 1.314 y 24 horas después se sitúa en 1.231.

VACUNACIÓN

Cataluña ha administrado la primera dosis de la vacuna contra el coronavirus a un total de 4.780.008 personas desde que empezó la campaña de vacunación --4.093.092 ya tienen la pauta completa--: hay 14.985 nuevos inoculados con primera dosis en las últimas 24 horas.

En porcentajes, el 60,7% de la población catalana está vacunada con al menos una dosis de la vacuna, mientras que un 52% ya tiene la pauta completa de la vacunación.

La Comunitat Valenciana ha registrado 2.112 casos nuevos de coronavirus en la última actualización de este martes, si bien no ha notificado nuevos fallecimientos y hay diez personas ingresadas menos, según los datos de la Conselleria de Sanidad Universal.

La cifra total de positivos desde el inicio de la pandemia es de 436.806 personas. Por provincias, hay 161 contagios nuevos en Castellón (45.002 en total); 736 en Alicante (157.050 en total); y 1.215 en Valencia (234.752 en total). El total de casos no asignados se mantiene en 2.

Los hospitales valencianos tienen, actualmente, 517 personas ingresadas, frente a las 527 del lunes: 49 en la provincia de Castellón, 2 en UCI; 82 en la provincia de Alicante, 10 de ellos en la UCI; y 386 en la provincia de Valencia, 57 de ellos en UCI.

Por otra parte, no se ha registrado ningún fallecimiento en los últimos siete días, por lo que el total de decesos desde el inicio de la pandemia se mantiene en 7.471: 809 en la provincia de Castellón, 2.850 en la de Alicante y 3.812 en la de Valencia.

Desde la última actualización se han registrado 1.581 altas a pacientes con coronavirus. De esta forma, el número de personas que han superado la enfermedad desde que comenzó la pandemia en la Comunitat Valenciana asciende a 415.741 personas. Por provincias, las altas se distribuyen así: 43.129 en Castellón, 152.025 en Alicante y 220.528 en Valencia. El total de altas no asignadas se mantiene en 59.

De acuerdo con los datos registrados, en estos momentos hay 25.056 casos activos, lo que supone un 5,59% del total de positivos.

VACUNACIÓN

Un total de 2.979.739 personas han recibido ya una dosis de la vacuna contra el coronavirus en la Comunitat Valenciana. Además, en estos momentos, cuentan con la pauta completa de inmunización (dos dosis para Pfizer, Moderna y AstraZeneca; y la monodosis de Janssen) 2.416.146 personas. Por provincias: 287.188 en Castellón, 865.658 en Alicante y 1.263.300 en Valencia.