El secretario de Estado de Seguridad, Rafael Pérez, inaugura este miércoles la Semana Institucional de la Guardia Civil que se celebrará este año en Córdoba hasta el 9 de octubre. Durante estos días tendrán lugar los actos centrales, a nivel nacional, conmemorativos de la festividad de la Patrona del Cuerpo, la Virgen del Pilar, que se celebra el día 12 de octubre.

Precisamente, la concejal de Transformación Digital del Ayuntamiento cordobés, Lourdes Morales, y el jefe de la Comandancia de la Guardia Civil, el teniente coronel Juan Carretero, han informado este martes del dispositivo tecnológico para controlar la seguridad y medidas ante la pandemia con el uso de drones, entre otras herramientas.

En el marco de esta Semana Institucional habrá varias actividades, entre ellas, el izado solemne de la Enseña Nacional este miércoles, una parada y desfile militar, una exposición para la ciudadanía en el Palacio de la Merced, sede de la Diputación, que también se inaugura este miércoles, una exhibición de procedimientos de actuación y un concierto.

La pasada semana se presentaron los actos institucionales en una rueda de prensa en la que estuvieron el alcalde, José María Bellido; la subdelegada del Gobierno, Rafaela Valenzuela; el presidente de la Diputación, Antonio Ruiz; y el teniente coronel jefe de la Comandancia.

En palabras de Valenzuela, "es una satisfacción retomar este año esta celebración en parámetros de normalidad" para "disfrutar de un excelente programa de actos" para todas las edades, que suponen también "una responsabilidad" al ser epicentro del 29 de septiembre al 9 de octubre.

Mientras, Bellido defendió que "Córdoba tiene capacidad de sobra para albergar este tipo de eventos" y demostrar "la unidad" en el trabajo, a lo que ha agregado que "es una magnífica oportunidad para todos los cordobeses de dar las gracias a la Guardia Civil por su labor", especialmente ante la pandemia del covid, entre otras facetas destacadas por el regidor.

Por su parte, Ruiz destacó que "es un evento que coloca a toda la provincia como protagonista" con actividades "positivas", asegurando que "es importante esta celebración en su contenido y su significado, por la importancia de la Guardia Civil como institución para la provincia", dado que "juega una papel principal en la seguridad y convivencia de todos los municipios y relevante en los más pequeños".

LA PROGRAMACIÓN

El teniente coronel Juan Carretero ha subrayado que "la Guardia Civil se va a entregar a los cordobeses" en esta semana institucional que "pone el acento en las relaciones entre la ciudadanía y los agentes", a la vez que ha indicado que habrá "un respeto absoluto a las medidas sanitarias".

Ha detallado que estos actos se celebran anualmente durante la semana anterior al día 12 de octubre, día de la Virgen del Pilar, Patrona del Cuerpo, en una ciudad del territorio nacional, habiendo sido elegida este año Córdoba.

En concreto, este miércoles se desarrolla un homenaje e izado solemne de la Bandera Nacional en la Plaza de Las Tendillas, al que pueden asistir las personas que lo deseen hasta completar el aforo de la plaza, y en el Patio Barroco del Palacio de la Merced se inaugura la exposición 'La Guardia Civil al servicio de la ciudadanía', que permanecerá abierta al público hasta el 9 de octubre.

En ella se expone la historia de la Guardia Civil, su estructura y organización, así como sus funciones, misiones y especialidades. Ese mismo día se inaugura la exposición de pintura 'Caminar', obra de Antonio Briega, guardia civil retirado, en el Oratorio San Felipe Neri.

El 30 de septiembre comienzan talleres escolares y actividades dirigidas a alumnos de Primaria y Secundaria, en la sede de la Agencia Tributaria --antiguo Banco de España, bulevar del Gran Capitán--, con horario matinal para dar a conocer el trabajo que realizan diferentes especialidades y ofrecer consejos sobre seguridad vial y Protección de la Naturaleza, entre otros.

Los centros educativos pueden acudir en grupos organizados y para coordinar su asistencia se debe solicitar a través del correo electrónico exhibicionescolares@guardiacivil.org.

RECAUDACIÓN SOLIDARIA

También el día 30, en la Fundación Cajasol, se presentan tres libros de guardias civiles destinados en la Comandancia de Córdoba. El acto contará con la presencia del escritor Lorenzo Silva. Y el Gran Teatro acoge un concierto a cargo de la Unidad de Música de la Guardia Civil, con recaudación destinada a Fepamic. La adquisición de las entradas se podrá hacer en la página web del IMAE (www.teatrocordoba.es).

El día 1, en el pabellón de Vista Alegre, se celebra una exhibición de defensa personal policial enfocada a nociones básicas para la protección de una persona que pueda resultar víctima de violencia de género o de otros delitos contra las personas.

El día 2 se celebra la actividad Camino Mozárabe de Santiago, con la Ruta Cerro Muriano-Córdoba. Las inscripciones podrán llevarse a cabo en la página web del IMAE, con recaudación para Fepamic. Y por la noche, en las plazas de San Francisco y la Compañía se celebra el Toque de Retreta con la Banda de Tambores y Cornetas de la Guardia Civil.

El día 3, en la avenida República Argentina, se lleva a cabo un acto castrense, con una parada militar, imposición de condecoraciones y posterior desfile, en el que participan efectivos de distintas unidades de la Benemérita, vehículos, así como el Escuadrón de Caballería. Se prevén unos 500 agentes.

El día 4, el salón de actos del Rectorado de la Universidad de Córdoba, acoge la jornada 'La Guardia Civil y los retos de la Ciberseguridad' y en el Centro de Recepción de Visitantes se celebra la jornada 'Mecanismos de Igualdad en la Guardia Civil y otras instituciones'.

El día 5, también en el Rectorado, tiene lugar la jornada Encuentros 'Mujer Protagonista', con entrada libre hasta completar aforo y el testimonio directo de mujeres profesionales de servicios de seguridad, defensa y emergencias. El Real Círculo de la Amistad acoge una Sesión Especial de la Real Academia de Córdoba con el título: 'La respuesta de la Guardia Civil a las necesidades de seguridad pública. Claves de su versatilidad desde hace 177 años', con entrada libre hasta completar aforo.

Y las Caballerizas Reales acogen un espectáculo conjunto entre Córdoba Ecuestre y miembros del Escuadrón de Caballería de la Guardia Civil, cuya recaudación solidaria se destina a Fepamic.

El día 6, en la Plaza de Toros, se realiza una demostración de procedimientos de actuación de unidades de la Guardia Civil, con especialidades como caballería, helicópteros, intervención especial y rescate en montaña, con acceso libre hasta completar aforo, previa inscripción en la página web del IMAE, y en Las Tendillas se celebra el arriado de Bandera. Y el 9 tendrá lugar la Primera Marcha Motera de la Guardia Civil, con recaudación solidaria para Fepamic.

Está prevista la presencia en algunos actos, además del secretario de Estado de Seguridad, del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska; la directora de la Guardia Civil, María Gámez, y el ministro de Agricultura, Luis Planas.

La empresa encargada de la estación de esquí del Puerto de Navacerrada ha pedido este martes al Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico (MITECO) que prorrogue la concesión de tres pistas de esquí porque "a raíz de la situación generada por la pandemia no han podido desarrollar la actividad durante este periodo".

Así lo ha indicado el portavoz de la estación, José Conesa, quien ha asegurado que la solicitud se ha basado en los aspectos recogidos en Ley de Contratación del Estado.

El pasado mes de marzo, el Organismo Autónomo Parques Nacionales (OAPN), dependiente del MITECO, anunció que no iba a realizar una nueva concesión de las pistas de esquí alpino del Escaparate, El Telégrafo y El Bosque, que según el comunicado emitido debían revertir al "Dominio Público Forestal" y "devolverse a su estado original".

El Ministerio indicó que la concesión fue firmada el 3 de abril de 1996 y que el plazo de vigencia era de 25 años, por lo que la empresa Puerto de Navacerrada Estación de Esquí "deberá desmontar los remontes" y "sus zapatas, eliminar edificios y retirar sus escombros, cables y tomas de agua con un plazo que finaliza el día 30 de octubre de 2021".

OFICIO "SIN FIRMA Y SIN FECHA"

En este sentido, Conesa ha indicado que la empresa recibió un oficio del Organismo de Parques Nacionales "sin firma y sin fecha" en el que les comunicaba "su deseo de que la estación la cerráramos, después de 70 años de actividad". "No hemos tenido ningún otro documento", ha resaltado.

"Se trata de un documento que no viene ni firmado ni fechado. Está ahí en el aire. Pero nosotros a día de hoy estamos actuando como cualquier otra temporada con los preparativos y el mantenimiento que rigurosamente hacemos en verano y dispuestos a abrir cuando el día 1 de diciembre podamos a abrir", ha añadido.

Respecto a la solicitud de prórroga de la concesión, ha explicado que se trata de algo que se recoge en la Ley de Contratación del Estado, donde "debido a causas e imprevistos naturales se puede realizar la solicitud de aplazamiento" por estas causas y "qué mejor causa que el Covid". "Nosotros hemos estado como muchísimos empresarios y empresas sin poder desarrollar nuestra actividad durante dos años", ha puntualizado.

LA CONCESIÓN DE LAS TRES PISTAS "ESTÁ LEGALMENTE CADUCADA"

Por su parte, fuentes del Ministerio de Transición Ecológica han indicado que la concesión de las tres pistas "está legalmente caducada" y que "corresponde al concesionario desmontar los remontes y sus zapatas, eliminar edificios y retirar sus escombros, cables y tomas de agua".

"El MITECO confía en que la empresa respete los términos de la concesión que firmó en su día (1996). Tiene hasta el 30 de octubre para haber iniciado dicho desmantelamiento de las instalaciones", han concluido.

La comisión del Congreso que investigará diversos aspectos relacionados con el proceso de vacunación contra el Covid se reunirña este miércoles para empezar a definir los trabajos que llevará adelante a partir del próximo mes de octubre, siete meses después de su aprobación y con el grueso de la población con la pauta completa.

Fue el pasado 11 de marzo cuando el Pleno de la Cámara Baja, con la única abstención de Vox y el PNV, acordó poner en marcha esta comisión de investigación, que en su día impulsaron Más País-Equo y Compromís.

Sin embargo, la comisión no se constituyó hasta junio, cuatro meses después de su aprobación y justo antes de que culminara el periodo ordinario de sesiones, y eso pese a que sus promotores, pero también el PP, reclamaron en diversas ocasiones activarla ya.

DEBEN FIJAR UN PLAN DE TRABAJO

Y este miércoles está prevista la reunión de la Mesa de la comisión, que preside el socialista Guillermo Meijón, donde previsiblemente se acordará abrir un plazo para que los grupos presenten su listado de comparecencias.

Como suele ser habitual en las comisiones parlamentarias de investigación, con su arranque los distintos grupos del Congreso deberán diseñar un plan de trabajo y definir un calendario de comparecencias.

El objetivo de esta comisión es analizar la posible existencia de estructuras de tráfico de influencias que hayan posibilitado prácticas irregulares de vacunación, así como investigar a sus beneficiarios y los fallos en el control del protocolo de quienes se vacunaron antes de que les tocara.

Asimismo, tendrá entre sus retos averiguar las posibles irregularidades, falta de transparencia y cláusulas abusivas que han podido darse en relación con los contratos con las farmacéuticas, y las actuaciones relativas a estos hechos tanto por parte de la UE como de los Estados miembros por separado.

DEPURAR RESPONSABILIDADES POLÍTICAS

Más allá de las posibles responsabilidades legales y/o administrativas, la comisión deberá investigar los hechos para depurar las responsabilidades políticas que se puedan derivar, así como para asumir las medidas que se consideren oportunas para no repetir estas prácticas "irregulares" en lo que resta del proceso de vacunación.

Y es que, según el texto de la iniciativa, en plena tercera ola ha seguido habiendo fallos en la ejecución del plan de vacunación, "con dosis echadas a perder, problemas con la distribución, fallos en la logística o falta de jeringuillas adecuadas para el máximo aprovechamiento".

Entidades provida y de familia han manifestado su rechazo al registro de objetores de conciencia frente al aborto pues consideran que "prostituye" la profesión y "persigue" a los médicos.

"Animamos a los médicos a seguir atendiendo lo mejor posible a nacidos y no nacidos, a apostar siempre por la vida, a tratar a todo ser humano como su dignidad merece y a no admitir que nadie prostituya su profesión ni la utilice para ejercer antiderechos, porque el aborto es un antiderecho", ha subrayado, la presidenta de la Federación de Asociaciones Provida, Alicia Latorre.

Así se ha pronunciado tras conocer que el Ministerio de Igualdad incluirá en la reforma de la Ley de Salud Sexual y Reproductiva y de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE), un registro de profesionales objetores para garantizar el acceso al aborto en todos los casos.

Según ha indicado Latorre, no tiene "sentido" crear un registro de objetores de conciencia frente al aborto al igual que no lo tendría, según dice, "hacer una lista de bomberos que no quieren ser pirómanos".

"Los médicos se preparan para curar, para salvar vidas, para cuidar. "¿Hace falta inscribirse para decir que no van a hacer daño a nadie? ¿Tiene sentido hacer una lista de bomberos que no quieren ser pirómanos?", ha planteado.

Para Latorre, pretender que sea obligatorio inscribirse en una lista de médicos objetores "es una vuelta de tuerca más en el empeño por promocionar el aborto y presentarlo como si fuera un acto médico".

También ha mostrado su rechazo al registro el director del Foro de la Familia, Javier Rodríguez, quien ha señalado, que se trata de "nuevos mecanismos para perseguir y silenciar al disidente".

A su juicio, después de la ley de eutanasia y tras la propuesta de imponer penas de cárcel a los provida que obstaculicen el aborto, este registro "supone un paso más en la pérdida de libertad, en la persecución al que piense por sí mismo de manera diferente a la opinión impuesta por el Gobierno".

"Es un nuevo ataque a la libertad de conciencia y de opinión, señalando por parte de los poderes públicos a quienes ejerzan sus derechos fundamentales. Otro golpe ideológico y totalitario a la democracia, a la pluralidad y diversidad de la que tanto presumen en sus discursos propagandísticos", ha denunciado.

Además, ha lamentado que se "obliga a los profesionales de la salud a actuar en contra no sólo de sus creencias y valores, sino del propio código deontológico, el cual les prohíbe acabar con vidas humanas".

LAMENTAN LOS 88.269 ABORTOS DE 2020

Por otro lado, tanto la Federación de Asociaciones Provida como el Foro de la Familia han lamentado los datos publicados este martes por el Ministerio de Sanidad, según los cuales, en 2020 se produjeron 88.269 abortos, un 10,97% menos con respecto al año anterior.

"Se publican los alarmantes datos oficiales de abortos en España: a pesar de la pandemia y el confinamiento, en 2020 tuvieron lugar en España 88.269 abortos, frente a tan sólo 339.206 nacimientos", señalan desde el Foro de la Familia.

Además, el presidente del Foro de la Familia, Ignacio García-Juliá, ha destacado que el 91% de los abortos fueron "a petición de la mujer", frente a "tan sólo el 9% que fue motivado por alguno de los tres supuestos para los que se despenalizó el aborto en la primera ley sobre la materia". "Esto evidencia de nuevo que esta tragedia es principalmente de índole cultural, no sanitaria", ha indicado.

Asimismo, ha lamentado que estos datos salen a la luz coincidiendo con la propuesta de imponer penas de cárcel a los provida que obstaculicen los abortos delante de las clínicas. Por ello, el Foro de la Familia ha lanzado la campaña #AYUDARNOESDELITO, a favor de las mujeres en situación de vulnerabilidad y en contra de lo que consideran "una campaña de acoso puesta en marcha por el Gobierno".

Por su parte, la presidenta de la Federación de Asociaciones Provida, ha declarado que es una "mala noticia" que haya "un solo aborto provocado" y "más aún bajo el amparo de un falso derecho".

"Detrás de cada uno está un ser humano inocente a quien se le quita la vida por métodos horribles y el sufrimiento psíquico, moral y muchas veces físico e incluso la muerte de la madre también. Eso sí, es un negocio lucrativo para unos cuantos a costa del sufrimiento ajeno", ha criticado.

En todo caso, Latorre ha advertido de que los datos de abortos publicados por Sanidad tienen "lagunas" y "no son todos los que se han realizado". "Los abortos químicos no se contabilizan la mayoría, no todos los centros comunican sus datos, y no todas las mujeres que abortan son registradas", ha precisado.

También ha pedido tener en cuenta el contexto en que se han producido que es el de una pandemia y un confinamiento. "Aunque los centros donde se práctica el aborto han tenido un trato de favor y se les ha considerado como servicios básicos (incluso han suprimido los tres días de reflexión en algunas comunidades autónomas), en toda España han descendido todas las cifras, ha habido menos delitos, también menos nacimientos", ha apuntado.

La ministra de Sanidad, Carolina Darias, ha instado a ir "paso a paso" en la flexibilización de restricciones frente a la pandemia del coronavirus, ya que si bien los indicadores muestran "que los niveles de riesgo van bajando", todavía hay que ser capaz de "seguir mejorando".

Así lo ha manifestado en declaraciones a los medios de comunicación, tras visitar el dispositivo de vacunación contra la COVID-19 que ha habilitado la planta automovilística de Stellantis en la localidad zaragozana de Figueruelas.

Preguntada por la posibilidad de relajar restricciones o incluso de no ser obligatoria la mascarilla, Darias ha considerado necesario "seguir practicando la cultura del cuidado", ya que las vacunas "hacen su trabajo", pero se requiere de otras actuaciones.

La ministra ha precisado que la ocupación de camas hospitalarias y en las Unidades de Cuidados Intensivos se ha aminorado y el porcentaje de positividad se sitúa por debajo del cuatro por ciento. "Todo indica que vamos a seguir mejorando los niveles" y "tenemos que ser capaces" de hacerlo, y si algo ha demostrado la pandemia es que las medidas aplicadas para evitar su propagación "tienen su importancia".

Asimismo, Darias ha recordado que ha empezado el otoño, "la gripe está ahí y no sabemos cuál va a ser su incidencia". Ha recordado que el año pasado en ocho semanas se vacunaron 14 millones de ciudadanos contra esta enfermedad.

Este año, ha anunciado, "desde el Ministerio" han "hecho el trabajo" con la compra centralizada de vacunas, en la que participa "la gran parte de las comunidades autónomas", una campaña que se iniciará a partir de la segunda quincena de octubre.

PASAPORTE COVID PARA OCIO NOCTURNO

En otro orden de cosas, preguntada por el pasaporte COVID para el ocio nocturno en el que trabaja Aragón, la ministra ha indicado, por un lado, que el pasaporte COVID de la Unión Europea tiene una "finalidad concreta, la movilidad seguridad" y su regulación específica.

Por otro, Darias ha dicho que el Ministerio de Sanidad "respeta lo que hace cada comunidad autónoma y las decisiones que toman los Tribunales Superiores de Justicia".

El Consejo Internacional de Enfermeras (CIE) ha creado el documento 'Directrices sobre la autoridad para prescribir de las enfermeras', una nueva guía internacional que pide a los gobiernos que garanticen una formación adecuada, regulación y un marco legal para llevar a cabo la prescripción.

Así, el documento pretende facilitar una comprensión común de la prescripción de enfermería como fuente de información para quienes formulan las políticas, así como para docentes, reguladores, planificadores de la sanidad, enfermeras y otros profesionales sanitarios.

En concreto, esta guía recopila numerosa evidencia científica histórica acumulada por los países donde las enfermeras prescriben desde hace muchos años. En estos lugares, según se recoge en el documento, las enfermeras ejercen la prescripción "con niveles de autonomía diferentes pero elevados" en todos los "posibles entornos" donde se lleva a cabo la asistencia sanitaria, realizan esta función "con seguridad y son igual de eficaces que otros prescriptores".

Esta misma literatura científica demuestra también que, si se impide a las enfermeras la capacidad para prescribir, se "provoca fragmentación en la prestación de cuidados y repercute negativamente en la calidad general de la atención de salud".

"Lo que en España ha supuesto una batalla titánica en el ámbito político y legal, en otros países de nuestro entorno se ha considerado, desde hace muchos años, como algo normal, una regulación que resulta muy beneficiosa para los pacientes y para el sistema sanitario en sí", asegura el presidente del Consejo General de Enfermería, Florentino Pérez Raya.

"Nos preocupa que algunas CCAA estén dilatando la acreditación de los profesionales o estableciendo discriminación hacia las enfermeras que no ejercen en el sistema público y que, en general, no se esté desarrollando el Real Decreto que regula la prescripción enfermera en los términos establecidos", añade Pérez Raya.

Por su parte, la presidenta del Consejo Internacional de Enfermeras, Annette Kennedy, asegura que "la prescripción de enfermería existe desde hace más de 50 años en algunas regiones del mundo y puede jugar un papel importante en la mejora de los resultados de salud".

Sin embargo, añade, "es un proceso complejo que requiere una serie de elementos críticos para sostener su desarrollo y potenciación". Por ello, remarca que el CIE "insta a los gobiernos a asegurarse de la existencia de niveles adecuados de formación y regulación de la profesión para realizar el trabajo preliminar con vistas a la expansión de la prescripción de enfermería en todo el mundo".

Así, en el documento se subrayan cinco elementos críticos que pueden contribuir a una prescripción de enfermería de calidad, segura y eficaz, como son la realización de un programa de formación acreditado, el reconocimiento de la competencia para prescribir por parte de la autoridad reguladora correspondiente, la autorización para prescribir, la autoridad para prescribir en el ámbito de práctica y, por último, el desarrollo profesional continuo para mantener y potenciar la competencia para prescribir.

Los juzgados de instrucción de Madrid han admitido a trámite una querella presentada por el presidente de la ONG Prisoners Defenders, Javier Larrondo, contra una web que vincula al "entramado mediático" del Gobierno cubano en Europa y a la que acusa de presuntos delitos de injurias, calumnias y odio por llamarle "criminal de guerra" para, según explica, contrarrestar sus denuncias sobre las misiones médicas de Cuba en el extranjero.

La querella, se dirige contra la Asociación Euskadi-Cuba, supuesta titular de cubainformacion.tv, y contra el coordinador de esta web por un artículo publicado en ella el 5 de octubre de 2020 bajo el título 'Crear una crisis sanitaria en Cuba: objetivo de la guerra contra su cooperación médica'.

En el texto se afirmaba que "Javier Larrondo, miembro de una de las familias de la burguesía cubana amparada por la dictadura de Fulgencio Batista es, como Marco Rubio y Donald Trump, un criminal de guerra, y como tal debería ser tratado".

Según explica la ONG en su propia web, estas afirmaciones están destinadas a "contrarrestar la verdad, ya sobradamente demostrada, de que las misiones 'internacionalistas'' de Cuba se producen mediante trabajo forzado y esclavitud moderna de sus trabajadores cubanos", tal y como denuncia Prisoners Defenders.

La querella sostiene que estas presuntas injurias y calumnias obedecen a la "animadversión política" de la Asociación Euskadi-Cuba hacia Larrondo por su trabajo en defensa de los Derechos Humanos, ya que "ha promovido diferentes denuncias contra el Gobierno de Cuba ante Naciones Unidas, el Tribunal Penal Internacional y la Organización de Estados Americanos, decenas de las cuales han sido falladas a su favor".

Por el contrario, expone, "cubainformacion.tv es ampliamente conocido por difundir y replicar información oficialista favorable al Gobierno de Cuba, hasta el punto de que, el director de dicho portal y miembro de la Asociación Euskadi-Cuba (...) fue condecorado por el Gobierno de Cuba en reconocimiento a su labor".

"DOBLE GRAVEDAD"

Larrondo ve en el mencionado artículo una "doble gravedad". Por un lado, denuncia su "carácter injurioso y calumnioso" porque "con desprecio absoluto a la verdad" se asegura que el activista es un criminal de guerra protegido por el antiguo régimen de Batista, "siendo que jamás ha colaborado ni ha sido protegido por dictadura alguna ni mucho menos ha cometido ni sido condenado en tribunal alguno por crímenes de guerra".

Y, por otro lado, aprecia un delito de odio en el hecho de que el artículo incita a tratar a Larrondo como un criminal de guerra, esto es, "a menospreciar, denigrar e incluso atacar" al defensor de los Derechos Humanos.

La querella llama la atención sobre el especial daño que estas manifestaciones han causado a Larrondo y a su labor, subrayando que "han repercutido en su credibilidad profesional de forma clara, provocando perjuicios morales y reputacionales" que tacha de "incalculables".

En este punto, destaca que el artículo fue difundido de forma "masiva", publicándose en la misma URL "hasta en cuatro idiomas distintos" y en decenas de páginas web que lo replicaron, a lo que se suma un vídeo que contiene la misma información que el texto pero poniendo cara a Larrondo.

ACTITUD "OBSTRUCCIONISTA"

Larrondo acusa a la Asociación Euskadi-Cuba de tener una actitud "obstruccionista" porque, cuando le pidió que rectificara lo publicado, "lejos de intentar reparar el daño producido" hizo cambios en la web con el objetivo de ocultar su verdadera titularidad.

A este respecto, pone de relieve que cubainformacion.tv está financiado con fondos públicos, "particularmente del Gobierno Vasco", basándose en la información que reflejaba la propia web en el apartado '¿Quiénes somos?'.

El presidente de Prisoners Defenders también intentó llegar a un acuerdo con la citada asociación pero, según se desprende de la querella, el acto de conciliación fracasó.

"De este modo, partiendo de que los contenidos estuvieron publicitados durante aproximadamente una semana antes de ser recortados sin pública rectificación ni reparación alguna, y que aún siguen tras casi seis meses activos en numerosos sitios web y redes sociales, el público de los mismos ha ascendido a alcanzar la cifra como mínimo de cientos de miles de espectadores, sin contar con el público extranjero que accedió a las decenas de páginas web, en distintos idiomas", resume.

Con todo, Larrondo entiende que "no resulta desde ningún punto de vista razonable intentar justificar la publicación y difusión dolosa de tamañas falsedades en el ejercicio de un supuesto derecho de libertad de expresión".

Por ello, finalmente en mayo formalizó una querella que en julio fue admitida a trámite por los juzgados de instrucción de Madrid, que ya han acordado tomar declaración a los dos querellados el próximo 13 de octubre, según las resoluciones judiciales.

Los grupos municipales de PP y Vox han votado este martes en el Pleno municipal en contra de reforzar el Observatorio contra la LGTBfobia de la ciudad de Madrid, así como de aplicar campañas de sensibilización contra los delitos de odio.

Se trataba de uno de los tres puntos que conformaban una iniciativa del PSOE, presentada a raíz de la marcha neonazi en Chueca del pasado 18 de septiembre. Todos los grupos han condenado esta marcha, que era el primer punto de esta moción.

Ha sido la concejala socialista Emilia Martínez quien ha llevado a Cibeles esta propuesta. "Hoy volvemos a defender más alto si cabe que somos más los que creemos en los principios que rigen la democracia. Reclamamos un plan de acción de conductas para el que es necesario el diálogo constante entre colectivos", ha presentado al comienzo de su intervención.

Martínez ha incidido en la necesidad de "diseñar campañas de concienciación contra delitos de odio dirigidas a toda la población haciendo hincapié en la necesidad de denunciarlos". Por ello, ha lanzado el reto de "reforzar el observatorio contra LGTBIfobia" así como "aumentar la dotación en recursos humanos y materiales de la Unidad de la Diversidad".

La vicealcaldesa, Begoña Villacís, ha recordado que en la marcha neonazi se gritaron insultos como "maricón y sidoso", de las que ha dicho que "no son palabras elegidas cualesquiera, son palabras que dan donde más duelen" y "se dijeron en el sitio donde más duelen".

"Rechazamos que ocurriera una manifestación del odio en Chueca, pero tenían los suficientes elementos de juicio para no haberlo permitido", ha cargado contra Delegación del Gobierno. Al tiempo, ha defendido las políticas que ha llevado a cabo en materia de defensa LGTBI desde el área de Familias, Igualdad y Bienestar Social del Consistorio.

LA "INSTRUMENTALIZACIÓN" DE MADRID

Por su parte, la delegada de Seguridad y Emergencias, Inmaculada Sanz, que ha solicitado la votación por puntos, ha reiterado la "total y absoluta condena a las barbaridades que se gritaron en Chueca", y ha apostillado que "eso no es Madrid, Madrid es una ciudad tolerante, que integra".

En este punto ha criticado la "indecente instrumentalización que el Gobierno de España y el ministro del Interior, que ya debería haber dimitido, hacen de Madrid". La también portavoz del Gobierno municipal cree que "solo les interesa esta causa para confrontar y para pintar un Madrid en negro que no es real".

"Por nuestra parte, vamos a seguir ayudando desde la Policía Municipal, la Unidad de la Gestión de la Diversidad en todo lo que esté en nuestra mano. Necesitamos tener más policías municipales, y si no los tenemos, es porque Sánchez no quiere que los tengamos", ha manifestado.

El portavoz de Vox en el Consistorio matritense, Javier Ortega Smith, ha indicado, como ya ha hecho en otras ocasiones, que su formación "está en contra de todo tipo de violencia, con independencia de que los autores sean grupos neonazis, de la extrema izquierda, de la extrema derecha, si son separatistas o bandas organizadas de todo tipo".

"Estamos en contra de la violencia, y nos da igual si la causa lo es por motivos sexuales, homófobos, sea porque son extranjeros, españoles, sea por cuestiones de religión... porque profesan la religión católica", ha reiterado. Además, ha hecho hincapié en aquella violencia "que es callada por los medios de comunicación.

"VERGONZOSO DESFILE DE ODIO"

De "vergonzoso desfile de odio por las calles de Madrid" ha calificado la edil de Más Madrid Amanda Romero la marcha neonazi en Chueca, algo que ha tildado de "gravísimo". En este punto ha preguntado a Sanz "¿cómo pudo ser que no saltase ninguna alarma?".

"¿En Policía Municipal tenían algún informe sobre quién se iba a manifestar en las calles de Chueca? Exigimos al Ayuntamiento, Gobierno de la Nación y de la Comunidad que no haya un centímetro de compadreo con los discursos de odio, y que no resten importancia a los señalamientos públicos", ha lanzado. Y es que, ha continuado, "el odio surge cuando se señala, surge cuando se estigmatiza".

Ramón Silva (PSOE) ha aseverado que "es una realidad que aumenten los delitos de odio" mientras que "disminuyen los policías de la Unidad de la Diversidad". "Cuando un grupo de manifestantes radicales causaban destrozos en Sol a la vez que pedían libertad de Hasel, ustedes hablaban del tema, y nadie decía que ustedes no querían a Madrid. Ahora se manifiestan nazis en Chueca, y la respuesta es que no queremos a Madrid", ha criticado.

Por ello ha pedido al Gobierno municipal que "no vengan aquí a hacer acusaciones que no tienen ninguna lógica", ya que "la tasa de reposición la tuvo Mariano Rajoy, pero la culpa es de Pedro Sánchez".

El Gobierno de Canarias ha informado este martes de que durante la última semana se ha dejado de recoger más de un millón de plátanos en La Palma por los efectos adversos de la erupción volcánica y la nube de ceniza.

La consejera de Agricultura, Ganadería y Pesca del Gobierno de Canarias, Alicia Vanoostende, se ha reunido de forma telemática con el consejero de Agricultura, Ganadería y Pesca del Cabildo de La Palma, José Adrián Hernández, y las entidades plataneras asociadas a Asepalma, para abordar la difícil situación que atraviesa el plátano en La Palma y plantear alternativas para minimizar el impacto de la crisis volcánica.

Durante el encuentro, se abordó la significativa pérdida económica que sufre el sector como consecuencia, entre otras circunstancias, de la imposibilidad de recoger la fruta en las zonas afectadas que han quedado incomunicadas e inaccesibles, así como los problemas que está ocasionando la ceniza en la fruta de toda la isla.

Por ello, se ha activado un informe de daños con técnicos de la Consejería y el Cabildo de La Palma para tramitar las indemnizaciones previstas por el Ministerio.

Otro de los problemas a los que se enfrenta el sector agrícola es la afección que se produce en la red de riego con el avance de la lava, por lo que Gobierno de Canarias, Cabildo y entidades asociadas a Asepalma trabajan de forma coordinada en la búsqueda de alternativas al riego en las zonas del Valle de Aridane dañadas por la lava, entre ellas, la posibilidad de habilitar desaladoras.

Además, se puso sobre la mesa la posibilidad de adelantar el 70% del Posei en el primer abono que se realiza a final de año y se mantienen reuniones regulares con las entidades bancarias para que puedan adelantar esas ayudas en condiciones preferentes con el objetivo de aportar liquidez al sector lo antes posible.

Las administraciones han acordado fijar reuniones periódicas para estudiar la evolución del volcán y coordinar las actuaciones a tenor de los problemas que vaya presentando la crisis volcánica.

El Congreso ha convocado una reunión de la Comisión de Igualdad para renovar este jueves su Presidencia, un cargo para el que el PSOE propondrá a la ex vicepresidenta primera del Gobierno Carmen Calvo.

De los ministros cesados en la crisis de Gobierno del pasado julio, sólo Carmen Calvo y José Luis Ábalos tenían escaño en el Congreso y la nueva dirección del Grupo Socialista, que dirige el canario Héctor Gómez, decidió asignarles una Presidencia de comisión a cada uno.

Para Carmen Calvo se ha aprovechado la vacante que había en la Presidencia de la Comisión de Igualdad, habida cuenta de que su hasta ahora titular, la socialista gallega Pilar Cancela, dejó el puesto tras ser designada secretaria de Estado de Cooperación Internacional.

CALVO, ANFITRIONA DE IRENE MONTERO

La exvicepresidenta siempre ha tenido preferencia por los temas de Igualdad, que dirigió en su primera etapa de Gobierno, antes del pacto con Podemos, y cuando sea nombrada en una próxima sesión de la comisión se convertirá en anfitriona parlamentaria de la su sucesora como ministra de Igualdad, Irene Montero, con quien protagonizó algún roce en el Ejecutivo por la redacción de algunas iniciativas legislativas.

El relevo ya tiene fecha. Según informaron a Europa Press fuentes parlamentarias, la Comisión de Igualdad se reunirá este próximo jueves, después del Pleno del Congreso, para formalizar la elección de Calvo como su nueva presidenta.

En cuanto a Abalos, que al dejar el Gobierno también renunció a la Secretaría de Organización del PSOE, el partido decidió asignarle la Presidencia de la Comisión de Interior, un puesto que hasta ahora venía ocupando la también valenciana Ana Botella, la primera ex secretaria de Estado de Interior en el Gobierno de Pedro Sánchez, que fue relevada en su día por el ministro Fernando Grande Marlaska.

ÁBALOS, A INTERIOR

Ana Botella, que ya se despidió el lunes de la Comisión de Interior, pasará ahora a presidir la de Educación, un cargo que desempeñaba el diputado Sergio Gutiérrez, que a su vez será portavoz de Exteriores del Grupo Socialista en sustitución de Héctor Gómez.

Su nombramiento como presidentes de comisión supondrá para Calvo y Ábalos un complemento 'extra' de 1.551,58 euros en su nómina. Así, la exvicepresidenta, que cobra cerca de 4.000 euros entre la asignación constitucional y las dietas por ser diputada por Madrid, pasaría a recibir más de 5.500 euros, mientras que el exministro, que recibe unos 5.000 euros como parlamentario por Valencia, incrementaría su sueldo hasta los 6.500 euros.

Los grupos parlamentarios de PSOE, PP y Vox han rechazado en la Comisión para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico del Congreso una proposición no de Ley de Unidas Podemos que proponía imponer una tasa ambiental al agronegocio y a las grandes explotaciones ganaderas para financiar la protección y recuperación del Mar Menor.

La iniciativa, rechazada por seis votos a favor frente a 19 en contra y a 10 abstenciones, planteaba una batería de medidas para aumentar el nivel de protección de la zona y contribuir a declararlo Parque Regional.

En su defensa, el diputado murciano de Unidas Podemos ha asegurado que la propuesta permitiría dotar a la laguna de la mayor protección. Asimismo, ha criticado al PSOE por alinearse con PP y Vox en esta iniciativa parlamentaria al rechazar la propuesta de convertir el Mar Menor en un Parque Regional.

Este Proposición No de Ley incluía una batería de medidas a corto, medio y largo plazo para recuperar este ecosistema y de haber sido aprobada, "hubiese supuesto dar los primeros pasos para la declaración del Parque Regional".

Para Sánchez Serna "resulta incomprensible que el PSOE vote junto a VOX rechazando la creación de un parque natural en el Mar Menor".

Sin embargo, en su intervención, el diputado popular Juan Luis Pedreño ha advertido de la situación "crítica" del Menor y que no se puede esperar más a que "un Gobierno de España que tiene las competencias y bloquea las actuaciones recogidas en el Plan Vertido Cero para la recuperación del ecosistema".

Pedreño ha reclamado a Unidas Podemos que "exija a su Gobierno que actúen de forma urgente implementado el Plan de Vertido Cero".

En ese sentido, el diputado ha manifestado que, sin embargo, la única intención de Podemos es la de "desviar la atención de los ciudadanos porque se han negado a incluir los 16 puntos incorporados por el PP para actuar de forma urgente en el ecosistema".

Por el contrario, la Comisión ha aprobado una proposición no de ley del PSOE para pedir al Gobierno que revise y actualice los planes de gestión de riesgo de inundación, con la abstención de PP y Vox, que han señalado que es el Gobierno socialista el que tiene la obligación de aprobar los citados planes de inundación.

Tampoco ha salido adelante una iniciativa de Vox para establecer una mejor retribución de las centrales nucleares ni otra para declarar zona afectada gravemente por una emergencia de protección civil a los municipios que sufrieron el incendio forestal que se originó en Sierra Bermeja (Málaga).

Finalmente, se ha aprobado una proposición no de ley del PSOE para solicitar al Gobierno que apruebe la Estrategia Nacional de Defensa contra Incendios Forestales, que incorpora una enmienda transaccional con el PP.

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha afirmado que comportamientos como el tuit publicado por el concejal de Vox Fernando Martínez Vidal contra la vicealcaldesa, Begoña Villacís, no tienen cabida en el Pleno para, a renglón seguido, criticar las "lágrimas de cocodrilo de la izquierda".

"Son lágrimas de cocodrilo porque se solidarizan con la vicealcaldesa pero no apoyaron la condena al escrache que sufrió en 2019", ha arremetido contra la izquierda en el Pleno de Cibeles, donde ha calificado de "gallardía" la decisión del concejal de Vox de rectificar y eliminar el tuit.

El edil de Vox en el Ayuntamiento Fernando Martínez Vidal ha eliminado la foto de la vicealcaldesa con su bebé y le ha pedido disculpas en el Pleno.

"Si hay que pedir disculpas, no tengo problema", ha contestado el concejal de Vox, después de afirmar que en la imagen no se veía el rostro de la niña. "¿Se ha ofendido? Le he pedido disculpas y la he retirado. Le pido disculpas en público", ha manifestado en el Pleno de Cibeles.

Villacís ha definido como "lo más bajo" que ha visto la foto con su bebé al salir del hospital cuando dio a luz, tuiteada por el concejal de Vox tras el apoyo de Cs a la moción presentada sobre el aborto.

El Pleno de Cibeles ha aprobado este 28 de septiembre, día por un Aborto Legal y Seguro, aprobar la retirada de subvenciones públicas a entidades que acosen a mujeres en los entornos de las clínicas de interrupción del embarazo (IVE).

La proposición, presentada por Más Madrid, ha sido apoyada por PSOE, Grupo Mixto y Cs, después de que los 'naranja' consiguieran introducir una enmienda a favor de la libertad de conciencia de los médicos. PP y Vox han votado en contra.

Martínez Vidal ha empleado Twitter para atacar a la portavoz de Más Madrid, Rita Maestre, a la que ha acusado de ser la "asaltacapillas que ha conseguido que el Pleno municipal reconozca 'el derecho de toda mujer a ejercer su derecho al aborto en libertad' gracias al apoyo entusiasta de Begoña Villacís y un Ciudadanos sin norte".

En su turno de palabra, el delegado de Desarrollo Urbano, Mariano Fuentes, ha pedido la retirada del tuit. La misma posición ha tenido el socialista Ignacio Benito, que ha mostrado su apoyo a Villacís ante ese "tuit repugnante", fruto de "conductas que deberían estar erradicadas de la actividad política". La edil de Más Madrid Esther Gómez ha reprochado la "misoginia de Vox" y ha transmitido la solidaridad del grupo con Villacís. También ha sido condenado por el Grupo Mixto.

El presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, ha defendido este martes su apuesta por una solución dialogada para el "conflicto catalán" y ha pedido al independentismo "aparcar tacticismos políticos y subirse al tren" del diálogo con el Gobierno.

"El tren de la negociación con el Estado está a punto de arrancar de verdad. Hace pocos días que retomamos el proceso y ahora toca profundizar en él. Trabajamos la metodología y ara toca comenzar ya la negociación", ha dicho en su discurso en el Debate de Política General en el Parlament.

Para Aragonès, este "es el momento de aparcar los tacticismos políticos y subir al tren, de acumular fuerzas y de reforzar desde dentro y desde fuera, la mesa de negociación, los posicionamientos de la delegación del Govern, de la delegación de Cataluña".

Ha calificado la mesa de diálogo de oportunidad histórica, ya que para el presidente "solo hay una estrategia ganadora para conseguir (la independencia), que es sentar al Estado español y explorar la vía de la negociación", aunque ha advertido de que paralelamente deben seguir trabajando para ampliar la base social que respalde la independencia de Cataluña.

El presidente considera que la única manera de alcanzar la independencia de Cataluña es el reconocimiento internacional, por lo que ve necesario el diálogo con el Gobierno central, y ha asegurado que no son ingenuos y saben de la dificultad de llegar a un acuerdo satisfactorio con el Ejecutivo, así que ha pedido altura de miras a los dirigentes independentistas que ponen en duda esta estrategia.

NO HAY "SOLUCIONES MÁGICAS"

"Pido levantar la mirada y entender que la situación es compleja, muy compleja, y la estrategia a seguir también. No hay atajos ni soluciones mágicas", ha alertado el presidente dos semanas después de que Junts decidiera designar a miembros externos del Govern para representar a su formación en la mesa de diálogo, lo que provocó que el propio Aragonès les apartara de esta mesa.

Pese a la ausencia de los de Puigdemont en ese espacio, el presidente ha subrayado que "la delegación catalana representada por el Govern en la mesa representa a toda la sociedad y lleva los grandes consensos de país", y ha recordado que el acuerdo con el Gobierno es que el resultado de la negociación sea sometido a referéndum.

PIDE A JUNTS NO "DEBILITAR A CATALUÑA"

El presidente también ha lanzando un mensaje a los que piden renunciar al diálogo cuando los poderes judiciales actúan contra los impulsores del 1-O, ya que cree que el hecho de que el Estado no sea "capaz de controlar a sus aparatos y continúe la persecución contra el movimiento independentista", da más razones al independentismo ante la comunidad internacional tanto en términos judiciales como en reputacionales para el Estado, según su criterio.

Tras reiterar la dificultad que entraña esta negociación, insiste en avisar a sus socios de que todo lo que se haga desde la delegación catalana "debería estar pensado para fortalecer su posición, porque lo contrario es debilitar a Cataluña en una de las situaciones más complejas que tiene que afrontar".

"Nadie debería contribuir a debilitar a Cataluña con sus acciones, consciente o inconscientemente", ha clamado, y ha pedido no menospreciar lo conseguido en un espacio en el que el Gobierno se aviene a abordar el conflicto y reconoce a Cataluña como sujeto político, según él.

Aragonès ha vaticinado que el proceso de negociación recibirá ataques por todos lados para que descarrile, y ha señalado a "la extrema derecha española, al 'deep state' español, a sectores del PSOE y, lamentablemente, a algunos sectores políticos en Cataluña".

En este punto, el presidente ha recuperado una idea que ha repetido durante todo su discurso --que el partido que ahora lleva las riendas del Govern es ERC y no Junts, pero que el objetivo del Ejecutivo catalán sigue siendo la independencia--: "El peso de los partidos ha cambiado, el país ha virado, es cierto, pero el objetivo se mantiene".

Así, ha llamado a recuperar la unidad tanto de partidos como de instituciones y sociedad civil a través del Acuerdo Nacional por la Amnistía y la Autodeterminación, para el que pide establecer ya sus bases para que pueda comenzar a trabajar.

MESAJE AL GOBIERNO

El presidente también ha tenido unas palabras para quien se sienta al otro lado de la mesa, a los que pide "espíritu constructivo, voluntad de diálogo, escucha y no poner trabas al proceso negociador".

Entre las trabas a las que hacía referencia, Aragonès ha señalado la detención el jueves del expresidente del Govern Carles Puigdemont en Cerdeña (Italia), las acciones del Tribunal de Cuentas contra los impulsores del 1-O o la investigación de la Fiscalía a la activista independentista Tamara Carrasco, que "no ayudan nada al proceso de resolución del conflicto político entre las partes".

"El primer paso era y es que se acabe la represión", ha zanjado el presidente en su primer discurso de un Debate de Política General en el Parlament desde que fue elegido para dirigir la Generalitat.

El presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, ha proclamado este martes una nueva etapa para Cataluña y ha sostenido que la negociación con el Gobierno es una "oportunidad histórica que hay que aprovechar".

Lo ha dicho en su discurso en el Debate de Política General en el Parlament, al que Aragonès ha llegado acompañado de todos los consellers del Govern y después de haberse reunido junto al vicepresidente de la Generalitat, Jordi Puigneró, con los diputados de ERC y Junts.

"Hoy puedo afirmar que la transformación del país que prometimos en el debate e investidura y en la constitución del nuevo Govern ya está en marcha. El cambio en Cataluña ha comenzado. Hoy estamos ya en una nueva etapa de nuestra historia", ha expresado el presidente.

Según Aragonès, se presentó a la investidura con el compromiso de trabajar para culminar la independencia y para iniciar una nueva etapa de transformación y cambio en Cataluña, y ha defendido que la Generalitat ha empezado a poner las bases para ello.

Así, ha reivindicado haber puesto en marcha un proceso de negociación con el Estado sobre el conflicto catalán, que ve como una "oportunidad histórica que hay que saber aprovechar", y también ha defendido haber puesto las bases para impulsar una salida de la crisis que no deje a nadie atrás y para la transformación del sistema económico.

"Queremos ser la República de bienestar y de progreso de referencia del sur de Europa, y sabemos que dentro del Estado no lo podremos conseguir. Precisamente, por este motivo somos independentistas", ha argumentado Aragonès, tras defender que la independencia es la única manera de construir una Cataluña mejor, más justa, libre y próspera.

DETENCIÓN DE PUIGDEMONT

Por ello, considera que los catalanes no tienen futuro ni libertad dentro del Estado, y que ello se constata "cada día, también la semana pasada, con la detención del presidente Carles Puigdemont".

Pese a ser consciente de las limitaciones administrativas y financieros de Cataluña, ha asegurado que el independentismo es un revulsivo que deben aprovechar, porque "el Estado es un freno pero no puede ser una excusa".

"NO HAY LAS CARAS DE SIEMPRE"

Aragonès ha insistido en que su Govern representa una nueva generación y destaca que "por primera vez en muchos años no hay las caras de siempre al frente de la Generalitat", por lo que cree que esto se notará y que se llevarán a cabo cambios profundos.

En ese sentido, ha apelado a cambiar las que, a su juicio, han sido viejas inercias: "Tenemos que hacerlo diferente. He pedido a mi Govern y a mi equipo más cercano que borren eso de 'siempre se ha hecho así' y que borren el 'no' como respuesta por defecto. Que borren las excusas y se focalicen esfuerzos en las oportunidades".

Asimismo, ha exigido a los grupos parlamentarios abandonar "los gestos estériles, la crispación, la polémica interesada, el tacticismo y el conservadurismo escondido tras el 'pasar página", y ha urgido a trabajar conjuntamente desde los consensos.

ACCIÓN DE GOVERN

De entre las medidas llevadas a cabo por el Govern en estos primeros 100 días, ha destacado el desarrollo del Plan de choque de políticas activas de ocupación con más de 900 millones de euros, así como el incremento del presupuesto destinado a la Renta Garantizada de Ciudadanía con un total de 430 millones, 140 más que en el año anterior.

También ha puesto en valor la creación de la Oficina del Plan Piloto para Implementar la Renta Básica Universal; el plan para feminizar el cuerpo de Mossos d'Esquadra y Bombers dela Generalitat; el programa 'Reallotgem' para parar desahucios inminentes, y las líneas de ayudas a empresarios y autónomos durante los cierres por la pandemia y los ERTEs.

El presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, ha afirmado este martes que el referèndum de autodeterminación es "absolutamente inevitable" y que hará todo lo posible para conseguir que se celebre.

"Soy y seré el presidente de todos y todas las catalanas. Y por eso lo haré todo para que el pueblo catalán pueda decidir libremente su futuro en las urnas. La democracia, el referéndum, es la propuesta más inclusiva que hay, porque permite a todas las opciones expresar su voz y tener la oportunidad de ganar", ha asegurado al finalizar su discurso en el Debate de Política General en el Parlament, que ha durado casi dos horas.

Aragonès ha insistido en que, para él, el referéndum es la mejor herramienta para solucionar el conflicto catalán porque interpela a toda la población: "Todas las opciones tenemos que poder ganar y todas tenemos que aceptar el resultado. Esto es lo que haremos posible".

"Y cuando llegue este momento, que llegará porque es absolutamente inevitable, cuando podamos decidir el futuro del país en las urnas, pondré todas mis fuerzas a trabajar para que gane el 'sí', para que gane la opción de la independencia", ha zanjado.

"LO DARÁ TODO" POR LA INDEPENDENCIA

También ha defendido que quiere ser el presidente de todos los catalanes y que lo "dará todo para hacer posible la culminación de la independencia de Cataluña", ha asegurado para finalizar su intervención.

Tras reiterar que el referéndum es la propuesta más inclusiva porque incluye tanto a los catalanes independentistas como a los que no lo son, el presidente catalán ha reiterado que deberá ser "avalado por la comunidad internacional", como ha hecho y cree que volverá a hacer Escocia.

Considera que el referéndum es la mejor solución y la que no obliga a nadie a renunciar a sus ideales: "Una propuesta que permite salir reforzados como sociedad. La democracia une, la democracia fortalece las sociedades, la democracia es el instrumento más legítimo que podemos utilizar para resolver los conflictos políticos".

Ha subrayado que Cataluña es una sociedad profundamente democrática y que, "tanto si se quiere como si no, la solución deberá acabar siendo en las urnas".

Así, Aragonès ha contrapuesto el referéndum con que, a su juicio, el Gobierno no ha planteado cuál es su propuesta para solucionar el conflicto: "¿Qué propuesta tiene el Estado para los catalanes y las catalanas? Hasta hoy no hemos oído ninguna. Pero forzaremos al Estado a moverse, a mojarse".

La céntrica plaza de Pedro Zerolo, en Chueca (Madrid), albergará de forma permanente la bandera arcoíris, símbolo de las personas LGTBI, así como también un monumento a las personas de este colectivo que "han sido perseguidas" a lo largo del tiempo.

Así lo ha aprobado este martes el Pleno de Cibeles, a iniciativa de Ciudadanos, con el 'sí' de todos los grupos a excepción de Vox, que se ha abstenido. La moción de los 'naranjas' incluía tres apartados, reclamar a estados miembros de la Unión Europea reconocer a parejas LGTBI, condenar la marcha neonazi de Chueca del pasado 18 de septiembre y colocar una bandera arcoíris en Pedro Zerolo.

Ha sido el PSOE quien ha añadido, a través de una enmienda, que además de la bandera se coloque un monumento. Al votar la enmienda, a la que PP ha dado el 'sí', se han producido unos momentos de confusión, ya que la bancada 'popular' creía que después debería votarse el punto enmendado, pero el secretario del Pleno ha dictaminado que aprobar la enmienda conllevaba aprobar tal extremo.

Así, Más Madrid, PSOE, Cs y Grupo Mixto han votado a favor de todos los puntos. Vox se ha abstenido en la bandera y ha negado el reconocimiento a parejas y matrimonios LGTBI en la Unión Europea, punto en el que PP se ha abstenido.

La concejala Sonia Cea (PP) ha explicado que los 'populares' tanto en Bruselas como en este Pleno se abstienen en este reconocimiento a matrimonios igualitarios en toda Europa "por la honestidad política de no votar lo que es imposible". "Hemos dejado bastante claro dónde estamos. La pregunta es dónde está la izquierda cuando se persigue a personas LGTBI en Venezuela. La pregunta no es dónde está el PP, sino dónde están ustedes, y con quién están", ha lanzado a la izquierda.

Por su parte, la vicealcaldesa de la capital, Begoña Villacís, proponente de la iniciativa, ha abogado por que "todos los ciudadanos puedan vivir de la misma manera en cualquier país de Europa" y que "sus hijos sean reconocidos".

Sobre Madrid ha señalado que "es una de las ciudades donde más se reconocen y donde más se viven" los derechos LGTBI. "Tengo muchos amigos que salieron de sus pueblos para salir del armario. Esto tiene que promover que saquemos estos debates y que saquemos lo que pasa. ¿Qué es lo que está pasando en Polonia, en Hungría?", ha requerido a continuación.

En este punto ha pedido a la Corporación ponerse del lado "de la Unión Europea, de esas parejas... que se respete el derecho de la familia sea la familia que sea".

La concejala Aránzazu Cabello ha insistido en que Vox quiere "que se aplique el artículo 14 de la Constitución, donde no se puede insultar a nadie", puesto que "hay que respetar a las personas por lo que son". "No estamos de acuerdo con la ideología de género, porque sabemos que se produce una discriminación a otros por dar una discriminación positiva", ha añadido.

También ha cargado contra "los lobbies que ejercen de grupos de presión y se hacen representantes por una ideología que no comparten todos los LGTBI". Además, ha negado, tras hablar con compañeros de su partido en la Unión Europea, que en Polonia se estén estableciendo "zonas libres de LGTB".

ALEGATO "CON SABOR AMARGO"

La portavoz del Grupo Municipal Socialista, Mar Espinar, ha reprochado a la vicealcaldesa que su "sentido alegato a favor del colectivo LGTBI tiene el sabor amargo de quien quiere mandar y no le dejan".

Le ha recomendado que "si se quiere diferenciar de PP y Vox en este sentido, lo tiene fácil", y es pedir a PP y Vox que "se sumen a la lucha". "Exíjalo... de eso se trata... de jugárselo por lo que usted cree. Bienvenida a esta lucha, pero póngase a la cola y no mantenga un gobierno que se sostiene con una formación hostil", ha lanzado.

Jurdan Martitegi, considerado como uno de jefes militares de la organización terrorista ETA, se enfrenta desde este miércoles en la Audiencia Nacional a una petición de 10 años de cárcel por un delito de terrorismo tras calcinar un concesionario de vehículos Citroen en enero del año 2000.

En el escrito de acusación, la Fiscalía solicita además que Martitegi abone una indemnización de 415.489,75 euros en concepto de responsabilidad civil por el incendio que provocó daños en nueve vehículos y en la estructura del local en el que se alojaban. Está previsto que el juicio arranque a las 10.00 horas.

Según relata el Ministerio Fiscal, Martitegi se habría dirigido la noche del 27 de enero del año 2000 al concesionario Tabira Automoción --ubicado en un polígono industrial de Iurreta-- acompañado de otras personas que no fueron identificadas. Así, y tras romper la puerta de entrada con una maza, derramaron líquido inflamable por los vehículos para después prenderle fuego.

La Fiscalía enmarca esta acción en la campaña que la banda terrorista realizaba contra los intereses de las empresas francesas en España. Todo ello, por la colaboración y ayuda que Francia prestaba en la lucha antiterrorista.

CONDENADO A 139 AÑOS POR UN ATENTADO CON COCHE BOMBA

Así, el fiscal propone imponer a Martitegi 10 años de prisión, y la inhabilitación absoluta por tiempo de 20 años así como el abono de costas por un delito de terrorismo.

Previamente, el considerado como jefe militar de ETA fue arrestado en abril de 2009 en Perpiñán, y condenado, en 2013, a 16 años de cárcel por la Justicia francesa. Posteriormente, la Audiencia Nacional le condenó, en 2014, a 139 años de prisión por el atentado con coche bomba contra el cuartel de Calahorra (La Rioja) el 21 de marzo de 2008, que causó ocho heridos, dos de ellos guardias civiles.

El pasado mes de marzo la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias del Ministerio del Interior autorizó su traslado de Soto del Real, en Madrid, a la prisión de Martutene, en San Sebastián.

La Comunitat Valenciana ha notificado dos fallecidos por coronavirus registrados en los últimos siete días y 185 nuevos contagios, mientras que los hospitales valencianos tienen una persona menos ingresada en planta y se mantienen en 54 las camas UCI ocupadas, según la actualización de la Conselleria de Sanidad.

Además, un total de 4.049.211 personas han recibido ya una dosis de la vacuna contra el coronavirus en la Comunitat Valenciana y ya cuentan con la pauta completa de inmunización 3.949.631 personas.

De este modo, la cifra total de positivos se sitúa en 509.609 personas. Los nuevos casos por provincias son 24 en Castellón (52.947 en total); 109 en Alicante (186.899 en total) y 52 en Valencia (269.761 en total) y sigue habiendo dos casos no asignados.

Por su parte, el total de decesos desde el inicio de la pandemia se sitúa en 7.784: 843 en la provincia de Castellón, 2.987 en la de Alicante y 3.954 en la de Valencia.

Los hospitales valencianos tienen, actualmente, 184 personas ingresadas, 54 de ellas en la UCI: 25 en la provincia de Castellón, 7 en UCI; 72 en la provincia de Alicante, 22 de ellas en la UCI; y 87 en la provincia de Valencia, 25 de ellas en UCI.

Además, se han registrado 273 altas a pacientes con coronavirus.De esta forma, el número de personas que han superado la enfermedad desde que comenzó la pandemia en la Comunitat Valenciana asciende a 510.754 personas.

Por provincias, las altas se distribuyen así: 53.316 en Castellón, 186.527 en Alicante y 270.854 en Valencia, mientras que el total de altas no asignadas se mantiene en 57.

De acuerdo con los datos registrados, en estos momentos hay 2.523 casos activos, lo que supone un 0,48% del total de positivos y desde la última actualización, se ha registrado un brote con 10 o más casos asociados en la localidad de Cheste, de ámbito educativo.

El desarrollo de la Medicina de Precisión (MP) está suponiendo una verdadera "revolución" en la práctica clínica habitual, en general, y en particular en el caso del abordaje de los pacientes con cáncer, algo en lo que han coincidido los expertos que han debatido en Córdoba en el 'Encuentro Informativo iMPulsa, hacia la Medicina de Precisión Oncológica', organizado por Astrazeneca, en el que estos especialistas han demandado también un único "plan nacional" de biomarcadores, porque trabajando juntos "casi se puede mover el mundo".

Así lo ha señalado, en el marco de dicho foro, el director del Plan Andaluz de Oncología y jefe del Servicio de Oncología Médica del Hospital Universitario Virgen Macarena de Sevilla, David Vicente Baz; la coordinadora autonómica de los Laboratorios Clínicos del Servicio Andaluz de Salud (SAS) y directora gerente del Hospital Universitario Virgen de Valme de Sevilla, María Jesús Pareja; la especialista en Oncología Médica del Hospital Universitario Reina Sofía de Córdoba, María Jesús Rubio, y la representante de la Asociación de Afectados por Cáncer de Ovario y Ginecológico (Asaco), Asunción Ríos.

Estos expertos han debatido sobre éste y otros asuntos relacionados con la Medicina de Precisión y la Oncología. Con la intervención previa en la inauguración de la directora de Asuntos Corporativos y Acceso al Mercado de AstraZeneca España, Marta Moreno, y del consejero de Salud y Familias de la Junta de Andalucía, Jesús Aguirre, quien ha resaltado que la Estrategia del Cáncer en Andalucía ya es una realidad.

En este sentido, Aguirre ha defendido la necesidad de dicho plan, pues "estamos ante una patología muy prevalente", que está ligada "al 25 por ciento de los fallecimientos y que en las próximas décadas aumentará al 60 por ciento", de ahí que, además de apostar por la prevención y un diagnóstico precoz, "una vez desarrollado el cáncer, lo que necesitamos es el mejor tratamiento, y con ello hablamos de la Medicina de Precisión, de la medicina personalizada", en la que ya trabaja el SAS, "en cómo implementar los nuevos tratamientos en beneficio del paciente, y en esa senda estamos, de la mano de AstraZeneca".

"Esperemos que podamos implementarlos --ha añadido--, teniendo en cuenta la sostenibilidad del sistema y los costes que tienen también los nuevos medicamentos", aunque también hay que tener presente que el uso de los nuevos fármacos inciden positivamente sobre la expectativa y la calidad de vida de los pacientes oncológicos, razón por la que "es nuestra obligación, como gestores del sistema sanitario, el ponerlos a disposición de todos los oncólogos, en beneficio de nuestros pacientes".

Por su parte, la directora de Asuntos Corporativos y Acceso al Mercado de AstraZeneca España, Marta Moreno, ha defendido que "hablar de Medicina de Precisión es hablar de eficiencia, entendida como el balance entre la inversión que supone a cualquier sistema de salud la financiación de un nuevo medicamento, y los resultados obtenidos con ese tratamiento, y es ahí donde tenemos que hacer más hincapié, en medir los resultados".

Por eso en AstraZeneca defienden "el pagar por aquellos medicamentos que funcionen, y que se puedan medir sus resultados", para que "justifiquemos, tanto a los políticos que tienen que tienen que tomar decisiones, como a la sociedad, que tiene que pagar impuestos, el que merece la pena invertir en estos fármacos", pues "debemos tener como objetivo común la generación de excelencia en la asistencia sanitaria, porque es lo más importante para los pacientes", dejando claro Marta Moreno que en AstraZeneca apuestan "por los resultados en salud y la corresponsabilidad con el Sistema Nacional de Salud, así como con los diferentes sistemas de salud autonómicos".

BIOMARCADORES

Tras estas intervenciones se ha desarrollado el debate entre los mencionados expertos, que han coincidido en la necesidad de "centralizar" y de "ser muy ágiles a la hora de incorporar las innovaciones a nuestra cartera de servicios incorporando los biomarcadores", algo sobre lo que "podemos mirar al futuro con optimismo" porque, según ha opinado el director del Plan Andaluz de Oncología, David Vicente, "tenemos una red muy importante y centros muy potentes, que son capaces de hacerlo".

Sobre esta misma cuestión, la oncóloga del Hospital Reina Sofía de Córdoba María Jesús Rubio ha señalado que, precisamente, la Sociedad Española de Oncología Médica (SEOM) está "intentando, junto con el Ministerio (de Sanidad), crear un plan nacional de biomarcadores", que es clave, porque así "tendremos la oportunidad de disponer de todos los datos clínicos a nivel nacional, tanto de la medicina pública, como privada", y con ello "casi se puede mover el mundo" en la lucha contra el cáncer, razón por la que "hay que intentar que cada vez estén más armonizados el Estado y las comunidades autónomas".

La coordinadora autonómica de los Laboratorios Clínicos del SAS, María Jesús Pareja, por su lado, ha indicado que, "en la actualidad, los laboratorios de Anatomía Patológica están, por decirlo amablemente, cortos de estructura, de equipamiento y de plantilla", y hay que "hacer ver esa necesidad", en el marco de una máxima marcada por tres palabras: "internalización, centralización y digitalización".

A este respecto y en nombre de los pacientes oncológicos y en concreto de Asaco, Asunción Ríos ha hecho un llamamiento para "ir todos juntos: médicos, pacientes y Administración" para lograr el objetivo de que "esta enfermedad sea crónica", lo cual sería "un avance espectacular", y por eso hay que seguir "avanzando en investigación", y ello implica "más dinero".

COLABORACIÓN PÚBLICO PRIVADA

En este sentido y por su lado, el doctor David Vicente ha asegurado que "la Medicina de Precisión es una realidad", pero "sin diagnóstico de precisión no puede haber un tratamiento de precisión", y para conseguir ambas cuestiones se necesitan "recursos", sobre todo si se tiene en cuenta que "en España gastamos en investigación del cáncer unos 30 kilómetros de AVE, más o menos, y lo que hay que hacerle ver a quienes tienen que tomar las decisiones es que es mucho mejor investigar en cáncer que hacer kilómetros de AVE".

Por su parte, la doctora María Jesús Pareja ha afirmado que "la única forma de avanzar" en este campo es una "apuesta clara y decidida por la I+D+i", tanto en el ámbito público, como con "modelos de colaboración público-privada, con la industria farmacéutica y con los laboratorios" y hacerlo "sin dudas y sin complejo alguno, porque es otra forma de avanzar y no tenemos más remedio" que aplicarla, cuando además "es un modelo que ya se ha demostrado que funciona".

La oncóloga María Jesús Rubio, por su lado y a modo de conclusión, ha defendido también la necesidad de inversión en la Medicina de Precisión, alegando que "la Medicina de Precisión y la medicina del siglo XXI deberían de ser sinónimos", pues "no se entendería en Oncología otro tipo de medicina".

Por último Asunción Ríos ha pedido que "los científicos no se cansen de seguir estudiando e investigando, y que la Administración esté ahí, para respaldar a los investigadores" y que éstos "tengan recursos suficientes", de forma que "el día de mañana el cáncer sea una enfermedad crónica o que, incluso, tenga cura".

El Gobierno de Castilla-La Mancha, a través de la Dirección General de Salud Pública, ha confirmado 42 nuevos casos por infección de coronavirus en las últimas 24 horas y dos fallecimientos. No obstante, actualmente la región tiene el menor número de ingresados en UCI por COVID desde el mes de agosto.

Por provincias, Toledo ha registrado 19 casos, Albacete 11, Cuenca 6, Ciudad Real 5 y Guadalajara 1, según ha informado la Junta en un comunicado.

El número acumulado de casos desde el inicio de la pandemia es 237.133. Por provincias, Toledo registra 89.333 casos, Ciudad Real 55.517, Albacete 37.142, Guadalajara 31.836 y Cuenca 23.305.

El número de hospitalizados en cama convencional por COVID-19 es 88. Por provincias, Toledo tiene 26 de estos pacientes (20 en el Hospital de Toledo y 6 en el Hospital de Talavera de la Reina), Ciudad Real 23 (10 en el Hospital de Tomelloso, 6 en el Hospital Mancha Centro, 4 en el Hospital de Ciudad Real, 2 en el Hospital de Valdepeñas y 1 en el Hospital de Puertollano), Albacete 22 (17 en el Hospital de Albacete, 2 en el Hospital de Villarrobledo, 2 en el Hospital de Almansa y 1 en el Hospital de Hellín), Cuenca 10 (todos ellos en el Hospital de Cuenca) y Guadalajara 7 (todos ellos ingresados en el Hospital de Guadalajara).

Los pacientes ingresados en las Unidades de Cuidados Intensivos que necesitan respirador son 26. Por provincias, Toledo tiene 9 de estos pacientes, Ciudad Real 9, Albacete 7 y Guadalajara 1.

En las últimas 24 horas se han registrado 2 fallecidos por COVID-19 en Castilla-La Mancha, concretamente en la provincia de Toledo. El número acumulado de fallecidos desde el inicio de la pandemia son 6.312.

Por provincias, Toledo registra 2.395 fallecidos, Ciudad Real 1.777, Albacete 913, Guadalajara 658 y Cuenca 569.

CENTROS SOCIOSANITARIOS

Un total de ocho centros sociosanitarios de Castilla-La Mancha tienen casos confirmados de positivo por coronavirus entre los residentes. De los ocho centros, 3 están en la provincia de Toledo, 3 en la provincia de Ciudad Real y 2 en la de Cuenca.

Los residentes con caso confirmado son 41. Los fallecimientos acumulados de residentes de estos centros desde el inicio de la pandemia son 2.119.

El PSOE, Unidas Podemos y sus socios han reprochado a Vox en el Pleno del Congreso de los Diputados su proposición de ley para reformar la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECrim) con la intención de que se permita a la Policía desalojar a 'okupas' sin orden judicial. PP, Ciudadanos y Foro Asturias han anunciado que votarán a favor de la iniciativa.

Se trata de una propuesta que el partido liderado por Santiago Abascal viene defendiendo desde hace tiempo. Su propio líder llegó a decir, ya en 2019, que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado deberían poder echar a okupas "con una patada en el culo", esto es, "inmediatamente", con el fin de garantizar la propiedad privada.

En la proposición de ley, la formación argumenta que es "razonable" que, al igual que establece la LECrim para delitos flagrantes, los agentes policiales puedan actuar "de propia autoridad" en los delitos de usurpación de bienes inmuebles, desalojando a sus ocupantes e incluso deteniéndoles de manera cautelar cuando aprecien indicios de ilicitud en su conducta. La actuación podría ser objeto después de control judicial.

Vox ha insistido en que con esta reforma legislativa se dotaría al Poder Judicial y a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad de "mejores medios legales" para así "aumentar la protección legal de los legítimos titulares de derechos inmobiliarios, víctimas de estas conductas antijurídicas".

La diputada Cristina Esteban ha estado a cargo de defender la proposición y ha reiterado la importancia de proteger el derecho a la propiedad privadas y ha puesto de ejemplo la legislación de otros países europeos para hacer frente a la okupación.

La formación, sin embargo, no ha conseguido convencer a la mayoría del Pleno. El PSOE, Unidas Podemos, la CUP, EH Bildu, Compromís, PNV, Más País, Junts y ERC se han mostrado abiertamente en contra de la propuesta en el marco del debate. El PP, Ciudadanos y Foro Asturias han anunciado que sí votarán a favor.

"GENERAR ALARMA SOCIAL"

El diputado socialista Vicent Sarrià ha recriminado a Vox que presente una iniciativa "fundamentada en una supuesta falta de instrumentos jurídicos" con la intención de "generar inquietud" y "alarma social".

"Los que alarman son ustedes, los que generan inquietud con su propagación de bulos son ustedes. Disponemos de amplísimos instrumentos", ha defendido. El dirigente socialista ha acusado a los de Abascal de intentar confundir a la ciudadanía equiparando allanamiento de morada y usurpación de bienes inmuebles.

Por el Grupo Confederal de Unidas Podemos ha intervenido la diputada Pilar Garrido, quien también ha acusado a Vox de pretender confundir entre okupación y allanamiento "de manera interesada". "Ustedes señores de la ultraderecha, son los únicos que se preocupan por esta cuestión y aparecen como el llanero solitario a salvar al propietario", ha dicho.

En este sentido, ha preguntado a la formación si lo que pretende con su iniciativa es "defender a los fondos buitres", tras insistir en que la okupación afecta a pisos vacíos en manos de fondos de inversión.

El diputado del PNV Mikel Legarda ha asegurado que la iniciativa de Vox es "desacertada por desproporcionada". "Consideramos que la manera de abordar la okupación no es a través de iniciativas como la que debatimos hoy", ha señalado.

"DOCTRINA RANCIA" Y "MENSAJE XENÓFOBO"

Aunque Legarda ha reconocido que el fenómeno es un "grave problema" para propietarios que ven perturbados sus derechos, ha precisado que esta proposición no es "el mejor abordaje" y ha reprochado a Vox que vincule okupación con migración en lo que ha considerado un "mensaje xenófobo".

Oskar Matute, de Bildu, también se ha mostrado en contra y ha criticado a Vox por presentar una iniciativa de "doctrina rancia" llena de "autoritarismo y burocracia" que, a su juicio, "un chimpacé podría hacer con mayor pulcritud". En este sentido, ha reprochado a los de Abascal por intentar "recuperar" el "clásico" de la patada en la puerta.

La diputada de ERC Pilar Vallugera se ha mostrado en contra de la proposición y ha insistido en que "la política de Vox consiste en insuflar miedo". Ha recriminado al partido que plantee que la solución a la okupación sea habilitar al Estado para que tenga "más posibilidades de entrar en los domicilios y echar puertas a tierras sin orden judicial".

Desde Junts, el diputado Josep Pagès también ha anunciado que no dará su apoyo a la iniciativa. Ha asegurado que la forma de encarar la situación "no es con populismo" ni con "la retórica del miedo" ni con "despropósitos legales". Ha explicado que no considera que la solución esté en modificar la LECrim, sino en modificar la Ley de Enjuciamiento Civil.

Asimismo, han mostrado su negativa el dirigente de Más País Íñigo Errejón y el de Compromís Joan Baldoví. Ambos diputados del Grupo Plural han asegurado que Vox no tiene intención de solucionar el problema de la vivienda y han indicado que lo que pretende la formación de Abascal es "proteger los intereses de los bancos, de los fondos buitres y de las empresas de seguridad". Desde la CUP, la diputada Mireia Vehí ha asegurado que los de Vox son "el partido de los ricos" que defienden "el fantasma de las casas de verano" para "incitar el miedo".

PP: "SE QUEDA CORTA"

La diputada del PP Ana María Zurita ha avisado que votará a favor de la proposición de Vox, pero ha advertido que el texto de los de Abascal "se queda corto". "Consideramos que la propuesta es insuficiente y mejorable", ha dicho para después matizar que "en algo ayuda".

En el marco de su intervención, Zurita ha defendido que los 'populares' proponen que el fenómeno de la okupación se trate de manera "integral" para dar una "respuesta clara y contundente" a través de la modificación de seis leyes y no de una como pretende Vox.

Así, ha aprovechado para reprochar al Ejecutivo su actuación ante las mafias y le ha acusado de "legalizar la okupación".

El portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos, Edmundo Bal, ha asegurado que votarán a favor de la proposición porque están "preocupados por la okupación". "Ustedes nos copian, pero solo un poco", ha dicho. Así, ha recordado en el Pleno que el año pasado Ciudadanos presentó una iniciativa relativa a la okupación que no salió adelante por la negativa de PSOE, Podemos y sus socios, a quienes ha acusado de ponerse "del lado de los delincuentes".

CS: "SALVAJADA JURÍDICA"

Bal no ha escatimado en reproches a Vox al asegurar que la modificación que plantea de la normativa vigente para que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado puedan entrar en un domicilio sin orden judicial es una "salvajada jurídica".

El diputado de Foro Asturias Isidro Martínez Oblanca ha asegurado que su partido votará a favor porque, según ha dicho, "urge combatir y corregir la preocupante tendencia de okupa" de la que el Gobierno "se desentiende".

El Gobierno está convencido de que podrá aprobar el proyecto de ley de Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2022 en esta primera quincena de octubre para cumplir con su compromiso de que estén en vigor "en tiempo y forma", a pesar de que ni Unidas Podemos ni otros socios parlamentarios como ERC dan por hecho un acuerdo inminente, e insisten en que sigue habiendo "escollos".

Al igual que ya ocurrió el año pasado, se prevé que los socios del Gobierno de coalición apuren hasta el último momento para cerrar un acuerdo, si bien en Moncloa creen que el entendimiento no se demorará más allá de la primera quincena de octubre, y dará tiempo a desarrollar todos los trámites para que el 2022 comience con unas nuevas cuentas, según fuentes gubernamentales.

En este segundo año de legislatura, los principales "escollos" que impiden a Unidas Podemos y al PSOE sellar ya un pacto son, por un lado, la reforma fiscal a la que urgen los 'morados' --en concreto, la subida al 15% del impuesto de sociedades--; y de nuevo la ley de vivienda, con regulación de alquileres incluida, que debería haberse aprobado hace siete meses, tal y como precisamente acordaron los socios en su pacto para los PGE de hace un año.

No obstante, el Gobierno confía plenamente en poder cerrar un acuerdo con sus socios en las dos próximas semanas, para que las cuentas puedan ser aprobadas, si no es en el Consejo de Ministros del 5 de octubre, la siguiente semana. En Moncloa no descartan incluso que se celebre un Consejo extraordinario si es necesario, teniendo en cuenta que el martes de 12 octubre es festivo.

Además, Sánchez tiene una cargada agenda las próximas semanas: el 5 de octubre viaja a Eslovenia para participar en un Consejo Europeo informal; y el viernes 15 de octubre arranca en Valencia el 40º Congreso Federal del PSOE, al que el líder de los socialistas espera llegar ya con los Presupuestos aprobados.

En cuanto a las negociaciones con ERC, el Ejecutivo cree que la detención en Cerdeña del expresidente catalán Carles Puigdemont -ya en libertad-- no va a afectar en nada a estas conversaciones, en primero lugar, porque su apuesta por el diálogo sigue intacta -según defienden--, y en segundo lugar, porque confían en la "autonomía" del partido de Pere Aragonés y Oriol Junqueras, frente a las posibles presiones de Junts.

EL GOBIERNO ESPERA QUE ERC SEA "LO SUFICIENTEMENTE AUTÓNOMO"

Así lo ha puesto de manifiesto la portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, al ser preguntada al respecto. "Consideramos que ERC es suficientemente autónomo como para no depender de las cuestiones que afectan a otros partidos a la hora de decidir su voto", ha asegurado.

En todo caso, Rodríguez ha defendido en su comparecencia que el Ministerio de Hacienda está trabajando en sacar adelante unos Presupuestos que serán, a su juicio, "una herramienta muy poderosa para la transformación de este país", clave para la ejecución de los Fondos de Europeos de recuperación.

"El Gobierno está trabajando para tenerlos en tiempo y forma. Esto es algo muy importante porque viene a dar respuesta a cuestiones fundamentales. No nos podríamos perdonar no ser capaces de ejecutar Fondos Europeos", ha ahondado la portavoz.

No obstante, en esa misma rueda de prensa, la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, líder de Unidas Podemos dentro de la coalición, ha confirmado que todavía no hay acuerdo y ha pedido "tranquilidad y paciencia". Aunque se ha mostrado convencida de que lograrán cerrar un pacto, ha avisado al mismo tiempo de que "los acuerdos se negocian a fuego lento".

El asesor para instituciones penitenciarias del Gobierno Vasco, Jaime Tapia, ha afirmado que los presos de ETA deben cumplir "las penas privadas de libertad, igual que los demás" reclusos. Además, ha destacado que la justicia restaurativa será uno de los pilares del nuevo modelo que se pondrá en marcha en Euskadi con el traspaso de Prisiones a Euskadi el próximo 1 de octubre.

Entrevistado en Radio Vitoria, Tapia ha asegurado que la pretensión del Ejecutivo autonómico es "tratar a los presos de ETA en igualdad ante la ley". "Deben cumplir las penas igual que las demás personas privadas de libertad y máxime cuando ETA ha desaparecido y no hay riesgo de reincidencia delictiva"", ha indicado.

Además, ha anunciado que el año que viene se abordarán una serie de talleres y encuentros de justicia restaurativa "para todas las personas privadas de libertad" y tienen que ir dirigidas "a todos, sin hacer distinciones entre presos de ETA y otros presos".

El asesor para instituciones penitenciarias del Gobierno Vasco considera "imprescindible" hacer pedagogía sobre lo que es la justicia restaurativa, que será uno de "los pilares" del modelo que se pondrá en marcha en Euskadi, cuando la Comunidad Autónoma pase a gestionar los centros penitenciarios el próximo viernes.

SIN SUSTITUIR LA JUSTICIA DE LOS JUECES

"Es un complemento. No sustituye a la justicia de jueces y tribunales con sus penas. Tiene en cuenta una perspectiva que la justicia ordinaria no tiene en cuenta, que es la de las víctimas, pero también con la mirada de las personas que han cometido delitos. El facilitador busca qué quieren la víctima y el victimario", ha subrayado.

Jame Tapia ha insistido en que la meta que se han marcado es que el 40% de las personas reclusas cumplan sus penas en situación de semilibertad. Además, ha defendido "la necesidad de mejorar la situación de las mujeres en los centros penitenciarios, las condiciones de las personas mayores y las personas con enfermedades graves incurables".