El sector pesquero del Mediterráneo andaluz ha paralizado este viernes su actividad para protestar por el plan de gestión de demersales de la UE ya que su aplicación va a suponer la «desaparición» de la flota de arrastre compuesta por unas 92 embarcaciones en la región, que dan lugar a unos 500 empleos directos y otros 3.000 indirectos.
«El arrastre es el pulmón del sector pesquero y es lo que la Comisión Europea se ha puesto entre ceja y ceja que hay que eliminar», ha dicho ante los medios el presidente de la Federación Andaluza de Asociaciones Pesqueras (Faape), José María Gallart, quien junto a cerca de un centenar de pescadores ha participado en una concentración en Almería que se ha repetido en todos los puertos pesqueros del Mediterráneo andaluz y del Golfo de Cádiz, lo que ha conllevado el amarre de una flota de 615 barcos y el cierre de 14 lonjas andaluzas.
El sector ha reclamado así la dimisión del comisario europeo de Pesca, Virginijus Sinkevicius, al que identifican como «culpable» de esta situación al promover unas políticas que «van en contra de la necesidad que tiene el sector» y que «no tienen en cuenta las aportaciones y el trabajo real y serio» que se realiza para compaginar la actividad productiva con la protección de los mares.
Gallart ha señalado que si bien el plan de gestión hablaba de una reducción de la actividad mediante la minoración de las jornadas de pesca en un 45 por ciento en cinco años, durante los dos primeros de aplicación «vamos por encima del 29 por ciento» frente al 17 por ciento fijado». «El papel lo aguanta todo», ha afirmado el presidente de la Faape, quien ha recalcado que los pescadores están en un «límite insostenible» puesto que «hay barcos que no llegan al umbral mínimo de rentabilidad».
En esta línea, ha asegurado que desde Europa no se han tenido en cuenta las restricciones derivadas de la pandemia que el sector tuvo que atravesar el pasado año cuando se redujeron también las jornadas de pesca por debajo de las 13.800 jornales que España tenía asignada.
Aunque desde la federación se ha reconocido que España ha «hecho oídos» a las reivindicaciones de los pescadores, ha lamentado su «poca influencia» en Bruselas para defender la posición del sector en España, ya que «no hay ningún cargo relevante en la dirección de la pesca comunitaria». Aún así, se han mostrado dispuestos a mantener sus reivindicaciones al considerarse un sector «vivo, fuerte y muy joven».
Para defender su postura, las entidades pesqueras han reclamado la actualización de los informes científicos con los que trabaja la Comisión para determinar sus normas de explotación, ya que «la propia FAO ha informado que la sobreexplotación se ha reducido en un 13% entre 2014 y 2019», algo en lo que «el sacrificio realizado por los pescadores ha sido fundamental».
Así, han apuntado que desde la entrada en vigor del «nefasto» plan, la flota de arrastre andaluza y española se ha reducido «de forma importante, a través de paradas temporales y desguace de un 20% de embarcaciones».
«Tampoco los estudios que maneja la Comisión tiene en cuenta los efectos de la implantación del primer año de este nuevo marco normativo: la comunidad científica ya ha dicho que hasta 2022 no se tendrán los datos actualizados», han insistido para reclamar que no se reduzcan más los días de pesca ya que el esfuerzo actual «permitirá alcanzar el rendimiento máximo sostenible en un plazo de tiempo cercano, siendo una utopía alcanzarlo en 2025».
«UN BUEN GUANTAZO» DE BRUSELAS
En este sentido, la presidenta de la asociación de empresarios de la pesca de Almería (Asopesca), María Ángeles Cayuela, ha incidido en que la mayoría de los barcos «tienen una media entre 140 o 150 días de actividad», por lo que «una vez finalizados esos días tienen que amarrar a puerto con el problema que eso supone no solo para los armadores sino para los pescadores».
«Parece increíble tras haber dado la cara el sector en la pandemia lo que hemos recibido de Bruselas es un buen guantazo», ha dicho Cayuela, quien ha reclamado una «rectificación» de unas políticas que van encaminadas a «crear más pobreza y más paro» en determinadas ciudades, ya que en el caso de Almería el sector está ligado a un barrio donde el nivel de paro está ya «en un 50% ó 60%».
La presidenta de Asopesca en Almería ha incidido que en la provincia son entre 200 y 300 las personas afectadas directamente por las restricciones, con situaciones «absolutamente tremendas» al tratarse de empresas «eminentemente familiares».
De otro lado, Cayuela ha agradecido el apoyo dado por la Junta de Andalucía, a través de la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible, que es «nuestra principal valedora frente al Gobierno y Bruselas».
Según la Federación Andaluza de Cofradías de Pescadores y Faape, el plan de gestión aprobado en 2019 a propuesta de la Comisión y en vigor desde 2020, está reduciendo la actividad de los barcos de arrastre por debajo de dicho mínimo de días, obligando de forma progresiva al cierre de empresas y a la pérdida de tripulantes, repercutiendo en el resto de modalidades de pesca, en la industria auxiliar, y en la propia industria turística, muy relevante en la costa andaluza.
Además, en su aplicación «discrimina» a la flota de arrastre, que ejerce su actividad «12 horas diarias, un número de horas menor que las de Francia e Italia». «Nuestro Gobierno debería requerir a la Comisión europea a que reconociera a nuestra flota las 15 horas que fija dicho plan, no para aumentar la jornada de pesca actual, sino para tener horas de stocks que se puedan convertir en días de actividad o bien, que se considere como un mayor ajuste de esfuerzo por la flota española y de ese modo, no se hagan más recortes de días en los próximos años», ha apuntado.
De otro lado, han defendido la gestión de los pescadores en el caladero mediterráneo, que ha sido calificada por algunos parlamentarios europeos «como la de los guardianes del mar», según han trasladado en su manifiesto.
Así, han defendido que e sector pesquero ha impulsado la creación de reservas pesqueras, y en aplicación del plan han propuesto nuevas áreas de vedas, en colaboración con la Administración central, autonómica y el mundo científico, a pesar de que «cada vez es más difícil crear nuevas áreas de protección en el Mar Mediterráneo sin afectar a caladeros tradicionales de nuestra flota».
