La Unión Católica de Informadores y Periodistas de España (UCIPE) asociación que representa a los informadores y periodistas católicos en España, ha condenado la invasión rusa a Ucrania y ha solicitado a las empresas periodísticas la protección de los reporteros y enviados especiales a cubrir la guerra.

"UCIPE pide a las empresas periodísticas y a todos los organismos competentes, que se esfuercen en la protección de los reporteros que exponen su seguridad para evitar el apagón informativo en la zona de conflicto", subraya la asociación en un comunicado.

También piden a los medios que sus enviados especiales "estén en disposición de los seguros correspondientes" y "formalizada su relación contractual" para asegurar el trabajo de los profesionales de la información en condiciones de seguridad.

Asimismo, instan a los periodistas a "no dejarse seducir por la desinformación" y a "combatir las mentiras que ponen en peligro a tantos seres humanos desde cualquier lugar desde donde se encuentren ejerciendo su labor".

Además, apelan a "la responsabilidad de los gobiernos" convencidos de que "las controversias internacionales pueden resolverse por la razón como defendía San Pablo VI".

Igualmente, UCIPE --que está vinculada a la Federación de Asociaciones Periodistas de España (FAPE) y a SIGNIS-- reclama a las autoridades que proporcionen un lugar seguro a todos los refugiados, como demanda la Federación Internacional de Periodistas (FIP) y se une a la plegaria del Papa Francisco al "Dios de la paz".

La delegada del Gobierno en la Comunidad de Madrid, Mercedes González, ha presidido esta martes la primera reunión de coordinación para la ayuda humanitaria y la acogida de refugiados procedentes de Ucrania, donde las tres administraciones del Estado y las ONGs han apostado por la coordinación en esta tarea y para ello han creado una comisión de coordinación.

A este primer encuentro han asistido el consejero de Presidencia, Justicia e Interior de la Comunidad de Madrid, Enrique López; el delegado de Familias, Igualdad y Bienestar Social del Ayuntamiento de Madrid, Pepe Aniorte; el presidente de la Federación de Municipios de Madrid (FMM) y alcalde de Arganda del Rey, Guillermo Hita; la directora general de Programas de Protección Internacional y Atención Humanitaria, Miriam Benterrak; la directora general de Política Interior, Carmen López García; el jefe Superior de Policía de Madrid, Manuel Soto; el coronel jefe de la Comandancia de la Guardia Civil en Madrid, David Blanes; y representantes de Aena, Adif, Renfe y de la Estación Sur de Autobuses; además de ONG como Cruz Roja, Accem y Acnur.

Durante su intervención, González ha trasladado a los asistentes que a partir de ahora todas las administraciones tienen que trabajar con la máxima coordinación. Entre las acciones para conseguirlo, el Gobierno ha elaborado una Guía Operativa con información para desplazados ucranianos en España.

Asimismo, los organismos públicos deben informar de cualquier posible llegada a España de ciudadanos ucranianos de la que tengan conocimiento.

REUNIONES PERIÓDICAS DE SEGUIMIENTO

La representante del Gobierno central en Madrid ha anunciado también la creación de una comisión de coordinación, con reuniones periódicas, para hacer un seguimiento sobre la llegada y recepción de desplazados provenientes de Ucrania.

En estas reuniones participarán la Delegación del Gobierno; representante del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones; Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado; responsables de la Comunidad de Madrid con competencias en Transportes, Servicios Sociales, Sanidad, Protección Civil e Interior; Federación de Municipios de Madrid y entidades sociales que reciban refugiados, además de Adif, Aena, Renfe y la Estación Sur de Autobuses.

El aeropuerto de Barajas, la estación de tren de Atocha y la Estación Sur de Autobuses albergarán Unidades de Recepción de Refugiados y aprobarán protocolos operativos de asistencia y derivación de desplazados.

AYUDA HUMANITARIA

Las administraciones madrileñas ya son depositarias de miles de enseres y bienes de primera necesidad para la sociedad ucraniana. En este sentido, la delegada ha pedido a los asistentes a la reunión que transmitan "por todos los medios posibles que es más operativo y eficaz realizar donaciones económicas que en especie, como recomiendan el Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación y las principales ONG que trabajan sobre el terreno, aquí presentes".

La capacidad de recibir, almacenar y gestionar para su posterior traslado, donaciones en especie es muy limitada, aseguran. Por eso, todas las peticiones y llamamientos tienen que estar orientados a realizar donaciones de fondos a las organizaciones humanitarias que están trabajando en Ucrania y en los países limítrofes: Cruz Roja, Acnur o Accem.

MUJERES SOLAS CON NIÑOS, EN SU MAYORÍA

González ha agradecido a todas instituciones y ONG su presencia y disponibilidad para coordinarse, siguiendo el protocolo establecido por el Gobierno. "Ha habido unidad, coordinación y lealtad para afrontar una crisis. La coordinación es básica para afrontar esta crisis humanitaria", ha resumido de la reunión.

En ella, ha comentado la delegada, ha habido peticiones y ofertas de colaboración por parte de la Comunidad de Madrid y los ayuntamientos, que "son las administraciones más cercanos y ha servido mucho para conseguir información.

Por su parte, el presidente de la FMM han indicado que los municipios "están muy ansiosos en colaborar con la acogida de los refugiados y están interesados que sea de forma organizada". "Lo que queremos es que acudan a los recuentos para hacer una evaluación concreta de ser sus necesidades. Los ayuntamientos siempre estamos dispuestos a hacerlo, a ofrecerles una solución habitacional".

Por su parte, el concejal delegado de Familias, Igualdad y Bienestar Social, Pepe Aniorte, ha abogado por crear una red de acogida de los ucranianos en España para los que vengan "se sientan como en casa". "Queremos apoyar al gobierno de España en el asilo de ucranianos. El objetivo fundamental es coordinarnos entre todos, que estemos codo con codo. No queremos que se centre a medio plazo, sino desde el primer día. El perfil de un 90% es de madres solas con niños", ha apuntado.

ASISTENCIA SANITARIA Y VACUNACIÓN

Por otro lado, el consejero de Presidencia de la Comunidad ha señalado que se requieren "medidas audaces" para organizar la recogida de voluntarios. "Hemos de coordinar la llegada de esas personas porque la descoordinación de una solidaridad que no obedece a planes preestablecidos genera problemas. Es muy importante que eso se analice a través de la cooperación", ha expresado

Enrique López ha recordado que desde el Hospital Zendal ya se está ofreciendo asistencia social y sanitaria a los refugiados ucranianos que están llegando a Madrid y que desde allí se coordinan con el centro de atención y recogida de Pozuelo de Alarcón.

El consejero ha confirmado que los que escapan de la invasión rusa llegan con un bajo nivel de vacunación contra el Covid y con una vacuna "de muy bajo efecto, la Sputnik". Por eso, desde allí se inmunizan para evitar la propagación de la enfermedad en España.

"En todo caso lo que se trata de coordinar la acogida, ya que no llegan de manera organizada. Lo importante es saber lo antes posible la red de asistencia. También tenemos que tener en cuenta el primer examen médico. Estamos ante unos refugiados que en su la mayoría son hombres mayores, madres y niños, porque la mayoría de los hombres jóvenes están luchando", ha apuntado.

El Gobierno catalán ha aprobado el Anteproyecto de ley de composición del Consell d'Educació de Catalunya, hasta ahora Consell Escolar de Catalunya, que redefinirá la composición de sus miembros para dar respuesta a la nueva realidad educativa, "más amplia y con participación de nuevos actores con influencia en el mundo de la educación".

Según los acuerdos de Govern de este martes, la nueva configuración del Consell d'Educació de Catalunya responde a las peticiones de organizaciones para formar parte de este y se pone en marcha la participación de los colectivos actuales de la comunidad educativa para que "enriquezcan los debates y estudios".

Con la nueva propuesta, el Consejo estará representado por tres sectores: administración, comunidad educativa de centro y comunidad educativa "en sentido más amplio".

Así, de la administración incluye a la Conselleria de Educación, el mundo local y los presidentes de consejos escolares territoriales, así como la Dirección General de Atención a la Infancia y Adolescencia, la Secretaría de Juventud y el Institut Català de les Dones (ICD).

Sobre la comunidad educativa de centro, el nuevo órgano incluye personal docente, familias, alumnos, personal de administración y servicios, profesionales de atención y ocio educativos y titulares de centros educativos privados.

Y del resto de la comunidad educativa incluye a los sectores profesionales relacionados con el ámbito educativo, constituido por las universidades y las personalidades de reconocido prestigio; las instituciones con tradición en el ámbito educativo y cultural, colegios profesionales y el Institut d'Estudis Catalans; las instituciones que promueven la innovación educativa, como los movimientos de renovación pedagógica, colectivos profesionales y otros; patronales y sindicales; los consejos de infancia y juventud, y las entidades de ocio.

La Portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, ha insistido este martes en que el Ejecutivo ha adquirido el compromiso de llegar a un gasto de Defensa del 2% del PIB, aunque no ha aclarado en cuántos años se va a alcanzar.

Así, ha indicado que el Gobierno va a trabajar en ese "horizonte" en "los próximos años", pero no ha concretado cuándo se alcanzará ese volumen de gasto, a pesar de que la OTAN fijó ese objetivo a los países miembros para el año 2024.

La Alianza Atlántica fijó esa cifra en una Cumbre celebrada en Gales en el año 2014, donde los países miembros acordaron incrementar paulatinamente su inversión en defensa hasta llegar al 2 por ciento del PIB en una década.

En este sentido, fuentes de Moncloa, han apuntado que la situación actual de guerra en Ucrania puede "acelerar" ese horizonte del 2% y que este contexto europeo está provocando que Europa reaccione, aunque sin aportar más detalles.

Las declaraciones de la portavoz se han producido al hilo de la una entrevista al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, este lunes en la que abogó por aumentar el presupuesto en Defensa para llegar progresivamente al objetivo fijado por la OTAN.

Según afirmó Sánchez, este es el compromiso del Gobierno y así se lo propondrá al resto de grupos políticos cuando sea el momento de elaborar los próximos Presupuestos Generales del Estado. Además, afirmó que actualmente España gasta en torno al 1,40% del PIB en Defensa.

Sin embargo, Sánchez aportó una cifra diferente recientemente. El pasado 28 de febrero, el presidente situó en el 1,22 % del PIB el gasto en Defensa que España tendrá en 2024.

EL AUMENTO DEL GASTO EN DEFENSA, EN LOS PGE

Por otro lado, al ser preguntada sobre el distanciamiento de Unidas Podemos respecto a los planes del presidente e incrementar el gasto en Defensa, Rodríguez ha afirmado que este grupo va a poder manifestar su posición en la ronda de contactos que el Gobierno va a iniciar con todos los grupos parlamentarios para trasladar su plan para amortiguar las consecuencias económicas de la guerra.

Sin embargo, fuentes gubernamentales han precisado que el aumento del gasto en defensa no va a ser un tema a acordar en esta ronda de reuniones si no que han remitido a la elaboración de los próximos Presupuestos Generales del Estado, tal como señaló Sánchez.

Por tanto, han descartado que vaya a haber discrepancias en el seno del Gobierno en este momento y han destacado que la posición que el Ejecutivo va a trasladar a los grupos va a ser única. Además han subrayado que todas las vicepresidentas, incluida Yolanda Díaz, van a transmitir la voz del Gobierno en esta ronda.

La portavoz ha subrayado que el Gobierno tiene claro dónde tiene que estar España y que hará lo que tenga que hacer par defender la posición del país y el proyecto europeo.

Así, ha insistido en que el ataque a Ucrania no es solo un ataque al pueblo ucraniano sino a la forma de vida de los europeos, al proyecto de la Unión, a la democracia y a la libertad.

Canarias ha registrado 2.049 nuevos casos de COVID-19 en las últimas 24 horas, por lo que el total de casos acumulados en las Islas desde el inicio de la pandemia es ya de 312.479, con 13.138 activos, de los cuales 37 están ingresados en UCI y 292 permanecen hospitalizados.

Asimismo, según ha informado la Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias, en las últimas horas se ha notificado el fallecimiento de dos personas en Tenerife de 63 y 84 años, ambas tenían patologías previas y se encontraban en ingreso hospitalario.

La Incidencia Acumulada a los 7 días en Canarias se sitúa en 421,06 casos por cada 100.000 habitantes y a los 14 días en los 847,17 casos por 100.000 habitantes. Hasta hoy se ha realizado un total de 3.341.351 pruebas diagnósticas en las Islas, de las que 7.578 se corresponden al día de ayer.

Por islas, Tenerife suma hoy 1.109 casos, con un total de 143.517 casos acumulados y 7.144 casos activos epidemiológicamente; Gran Canaria cuenta con 118.014 casos acumulados, 669 más que el día anterior, y 4.468 activos; Lanzarote suma 39 nuevos casos, con 20.943 acumulados y 305 activos epidemiológicamente; Fuerteventura tiene 15.153 casos acumulados, con 51 casos nuevos y 294 activos.

La Palma suma 120 nuevos positivos, por lo que tiene 10.768 acumulados y 647 activos; La Gomera cuenta con 55 nuevos positivos, por lo que sus acumulados son 2.129 y tiene 228 casos activos, y El Hierro suma seis nuevos casos, por lo que tiene 1.955 acumulados y sus activos son 52.

La Sala de Apelación de la Audiencia Nacional ha anulado la absolución de la excúpula de la Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Baleares Sa Nostra que fue juzgada por una serie de operaciones con la inmobiliaria Martín Gual en Palma de Mallorca, ordenando el dictado de una nueva sentencia reevaluando toda la prueba practicada y en especial las periciales.

En una sentencia de este lunes, los magistrados estiman el recurso de la Abogacía del Estado en representación del FROB --al que se adhirió la Fiscalía-- contra la sentencia del pasado 23 de julio en la que se absolvió a los exdirectores generales de Sa Nostra Pere Josep Batle y Pablo Dols, al subdirector Rafael Gerardo Oliver y al empresario Francisco Javier Collado de los delitos de apropiación indebida y administración desleal.

La Fiscalía Anticorrupción pidió en la vista celebrada entre abril y junio de 201 unas penas para Batle, Dols y Oliver de cuatro años de cárcel, mientras que para Collado solicitó la dos años y seis meses de prisión.

En su recurso, la autoridad de resolución ejecutiva sostenía que existió un error en la valoración de la prueba de la sentencia de instancia por cuanto carecía de suficiencia en la motivación fáctica (expuesta en los informes de la UCO y Price Waterhouse Coopers) y omitía todo razonamiento sobre otras pruebas practicadas en el juicio como la pericial del Banco de España en septiembre de 2016 y sus posteriores actualizaciones, así como los correos electrónicos obrantes en la causa.

LA SENTENCIA "SIMPLIFICA EL RECHAZO DE IMPORTANTES INFORMES"

La Sala, en línea con el FROB y la Fiscalía, señala que la sentencia ahora anulada "simplifica el rechazo de importantes informes --ratificados en el plenario-- y pruebas periciales con un argumento que no coincide con la lógica de las pericias sobre perjuicios económicos en operaciones de gestión bancaria".

El fallo, además, "adolece de sopesar importante prueba pericial que, de haberse entrado a valorar en su conjunto, quizá, por su aptitud, y sin prejuzgar, hubiera concluido un resultado diferente del finalmente adoptado por la sentencia a quo, dada su aptitud para hacerlo".

Para el tribunal, la absolución carece de una valoración probatoria deficiente en cuanto que "omite conclusiones lógicas de analistas expertos peritos en operaciones de financiación semejantes que las censuran incluso en el contexto de crisis económica en que se generan sobre las que la resolución no realiza análisis crítico alguno".

Por otro lado, "aprecia intencionalidades en los acusados, gestores de activos ajenos, que pueden cuestionar su conducta, pues al decir de algunos de esos informes periciales se tomaron decisiones que se alejaban del fin económico objetivamente perseguido por las entidades bancarias en este tipo de operaciones, --que deben centrarse en los intereses de los impositores-- sobre las que la Sala a quo tampoco aporta ninguna argumentación crítica para inobservarlas".

La sala de Apelación concluye que el razonamiento seguido por la Sala de lo Penal es incompleto y deficiente, por lo que se ve obligado a estimar el recurso para que, incorporando la evaluación crítica de las mencionadas periciales y de los mails se sopese, junto con el resto de la prueba de cargo y descargo practicada, y con absoluta libertad de criterio y sin necesidad de reiterar el juicio oral, proceda a reconsiderar y reevaluar toda la prueba practicada en una nueva sentencia, dentro de los límites marcados por las conclusiones definitivas operadas en el juicio oral.

La incidencia acumulada a 14 días en la Comunidad de Madrid ha caído 2,34 puntos durante el último día para situarse en 222,54 casos por cada 100.000 habitantes, según los datos del departamento dirigido por Carolina Darias publicados este viernes.

En concreto, la incidencia a 14 días ha pasado de 224,88 casos por cada 100.000 habitantes del viernes a los 222,54 de hoy, tras sumar 15.024 casos en las dos últimas semanas, 7.029 de ellos en los últimos 7 días.

La región continúa por debajo de la media nacional en incidencia acumulada, fijada en 430,10 casos por cada 100.000 habitantes, que sube 2,27 puntos. De esta forma, Madrid está en tercera posición entre las regiones con menores niveles en este indicador, únicamente por detrás de Melilla (215,62) y Castilla-La Mancha (219,32).

En cambio, en cuanto a la incidencia acumulada a 7 días, la que fija el comportamiento del virus a más corto plazo, la región baja 3,67 puntos y se sitúa en 100,86 casos por cada 100.000 habitantes. En este indicador, la Comunidad también está por debajo de la media nacional, con 203,65 casos por cada 100.000 habitantes en el conjunto del país (baja 5,6 puntos).

En cuanto a los fallecidos, desde el pasado 11 de mayo, en la región se han contabilizado 17.636 muertos en la región, 20 de ellos con fecha de defunción en los últimos 7 días. De esta forma, la letalidad global de la pandemia en la Comunidad se sitúa en 1,1%, frente al 0,9% a nivel nacional.

SITUACIÓN ASISTENCIAL

Respecto a la situación asistencial, la tasa de ocupación hospitalaria cae 0,41 puntos, pasando de 9,94 del viernes a 9,53 de este martes, por debajo de la media nacional de 10,31, con un porcentaje de ocupación de camas Covid de 3,86% (-0,15), frente al 3,95% general.

En el caso de las UCI, la tasa baja a 1,56, por encima del 1,44 registrado en el conjunto de España, y el porcentaje de camas ocupadas baja a 9,70% (-0,01%), frente al 7,48% en el total nacional.

Mientras, la tasa de positividad se sitúa en el 10,42%, frente al 17,04% a nivel nacional. La Organización Mundial de la Salud (OMS) recomienda que este dato se encuentre por debajo del 5% para considerar como 'controlada' la propagación del virus.

DATOS NACIONALES

A nivel nacional, se han contabilizado 36.066 nuevos casos de coronavirus desde el viernes, lo que eleva a 11.260.040 la cifra total de personas contagiadas de Covid-19 desde el inicio de la pandemia.

Respecto a la incidencia media actual de contagios en España en los últimos 14 días, el informe muestra que ha aumentado algo más de dos puntos, situándose en los 432,37 casos por cada 100.000 habitantes, en comparación con los 430,10 notificado el viernes por el departamento dirigido por Carolina Darias.

En cuanto a los fallecidos por Covid-19, se han notificado 281 más desde el viernes, de los cuales 251 se han registrado en la última semana. Esto hace que la cifra global de muertos por coronavirus en España se eleve a las 101.416 personas.

Actualmente hay 4.894 pacientes ingresados por Covid-19 en toda España y 682 en una UCI, si bien en las últimas 24 horas se han producido 495 ingresos y 297 altas. La tasa de ocupación de camas ocupadas por coronavirus se sitúa en el 3,95% y en las UCI en el 7,48%.

El director general de Fundación Ibercaja, José Luis Rodrigo, ha visitado este martes la colección de grabados 'Los desastres de la guerra', que se puede contemplar en el Museo Goya, donde ha transmitido su solidaridad al pueblo ucraniano.

Ha reflexionado que en ellos Goya hizo lo que ahora los reporteros de guerra, reflejan "lo cruel e injusta que es la guerra, hasta donde puede llegar el ser humano".

Entonces, en 1808, el pueblo español y los zaragozanos, en los Sitios, lucharon contra la invasión del Ejército más importante que había en el mundo, el de Napoleón, "y defendieron lo suyo, sus casas, sus familias, sus tradiciones, su historia, su país, su ciudad" y "les vencimos, pero a costa de mucho sacrificio, de muchas muertes", ha contado.

Ahora, el pueblo ucraniano "quiere defender lo suyo, sus casas, sus familias, su ciudad, su país, sabiendo que están luchando contra uno de los Ejércitos más importantes del mundo y que va a ser muy difícil ganarles". "Esperemos que termine todo pronto", ante una guerra "tan injusta e innecesaria", ha apostillado.

Cataluña ha registrado hasta este martes 2.463.203 casos confirmados acumulados de coronavirus desde el inicio de la pandemia --2.379.969 con una prueba PCR o test de antígenos--, 6.248 casos más que en el recuento del lunes, informa la Conselleria de Salud de la Generalitat a través de su página web.

El total de fallecidos desde el inicio de la pandemia es de 26.763, 15 más que en el recuento anterior: son 16.910 en hospital o centro sanitario, 4.734 en residencia, 1.355 en domicilio y 3.764 que no son clasificables por falta de información.

En cuanto a los pacientes ingresados actualmente, hay 1.039 personas hospitalizadas, 38 más que en el último recuento.

Un total de 132 pacientes se encuentran ingresados en unidades de cuidados intensivos (UCI) de centros públicos y privados, dos más que en el último recuento: 97 necesitan ventilación invasiva (intubación), 12 requieren oxigenación por membrana extracorpórea (ECMO), y 23, apoyo sin intubación.

La velocidad de reproducción de la enfermedad (rt) baja a 0,93 y el porcentaje de positividad de los test de antígenos y PCR se sitúa en 11,38%, mientras que la incidencia acumulada en los últimos 14 días es de 628,07 por cada 100.000 habitantes y la media de edad de los casos confirmados es de 40,77 años.

La tasa del riesgo de rebrote ha bajado: el lunes se situaba en 578 y 24 horas después está en 565.

VACUNACIÓN

Cataluña ha administrado la primera dosis de la vacuna contra el coronavirus a un total de 6.487.611 personas desde que empezó la campaña de vacunación, de los que 6.329.422 ya tienen la pauta completa, y hay 3.270.880 inmunizados con tercera dosis.

En porcentajes, el 81,7% de la población catalana está vacunada con al menos una dosis de la vacuna, mientras que un 79,1% ya tiene la pauta completa de la vacunación.

La Junta de Andalucía ha exigido este martes al Gobierno central que, en línea con lo que están haciendo otros países europeos, aplique ya una bajada de impuestos a la electricidad, al gas y a los combustibles y le ha advertido de que no puede utilizar la guerra en Ucrania como "cortina de humo para tapar una gestión que venía siendo deficiente desde meses atrás".

Así se ha pronunciado, en la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Gobierno, el consejero de la Presidencia y portavoz del Ejecutivo andaluz, Elías Bendodo, quien ha alertado de que con los altos precios de la luz, el gas y los combustibles se está "empobreciendo" a las clases medias del país, mientras que el Estado sí está "ganando dinero" con esa subida de los costes energéticos.

Tras expresar que la guerra en Ucrania está provocando tensiones en las economías de todos los países, Bendodo ha indicado, no obstante, que el "crecimiento disparatado del precio de la luz no es sólo consecuencia de la guerra en Ucrania, porque ya venía creciendo de forma disparatada en los últimos siete meses". Ha agregado que antes de la invasión de Ucrania por parte de Rusia, España ya tenía dos puntos más de inflación que la media de Europa, y la gasolina venía incrementándose desde mayo de 2020 y el precio de la luz ha ido batiendo récords a diario durante meses.

Tras reconocer que con la guerra el problema "se ha multiplicado", Bendodo ha insistido en que el Gobierno de Pedro Sánchez tiene que decir "la verdad" y "no puede utilizar la guerra como cortina de humo para tapar una gestión que ya venía siendo deficiente meses atrás".

En este sentido, ha indicado que el Ejecutivo nacional "no puede esperar más para tomar medidas", sobre todo, después de que los presidentes de las comunidades exigieran en la Conferencia de Presidentes del pasado fin de semana una "rebaja urgente de los impuestos vinculados a la luz y al gas", a través de una aplicación de un IVA superreducido del 4 por ciento. "No se puede esperar ni un día más, sino que hay que actuar ya y mañana creemos que ya es tarde", según ha sentenciado Bendodo.

En su opinión, Pedro Sánchez tiene que dejar ya de "dar vueltas y de analizar" y tiene que anunciar cuanto antes las medidas concretas para amortiguar ya la escalada de precios en la energía, carburantes y productos de primera necesidad. Se ha mostrado convencido de que hay "margen para reducir" y ha puesto el acento en que el esfuerzo no sólo sería del Gobierno central, sino también de las comunidades, que obtienen el 50 por ciento de lo recaudado por IVA.

"También las comunidades hacemos ese esfuerzo, pero corresponde al Gobierno aplicar ese IVA superreducido", ha indicado Elías Bendodo, quien ha asegurado que el Gobierno "sí está ganando dinero con la subida de precios" porque se recauda más por IVA.

Ha insistido en que hay margen para que, en estos momentos excepcionales, se reduzcan los impuestos aunque sea durante un tiempo, hasta que se estabilice la situación. Ha indicado que España no puede quedarse atrás en la adopción de medidas, cuando en otros países, como Francia, Portugal o Irlanda ya han anunciado rebajas de impuestos: "Vamos a copiar a los países vecinos; vamos a dejar las disputas internas, y vamos a aligerar la losa que tiene la gente a la espalda por la subida del precio de los productos".

Bendodo ha recordado que en la Conferencia de Presidentes, el jefe del Ejecutivo andaluz, Juanma Moreno, trasladó el apoyo explícito de Andalucía a las estrategias del Gobierno central en lo que se refiere a las condenas y acciones de todo tipo vinculadas con la invasión de Ucrania por parte de Rusia, pero "en las cuestiones domésticas, se le pidió concreción y medidas".

Ha insistido en que el Gobierno central, para la adopción de estas medidas de rebaja de impuestos, tiene el apoyo de las comunidades autónomas, que están dispuesta a asumir también el "sacrificio económico necesario para aliviar la carga" sobre trabajadores, autónomos y emprendedores. "Se está empobreciendo a las clases medias", según ha sentenciado Bendodo, quien ha recalcado que hay que dejar de "mirar para otro lado y tomar decisiones urgentes".

Un 61% de los españoles se estaría planteando comprar una bicicleta o patinete de segunda mano, según la última encuesta sobre sostenibilidad del Observatorio de Cetelem, marca comercial de BNP Paribas.

Dentro de este grupo, un 49% considera que el precio es el factor que más tienen en cuenta a la hora de comprar una bicicleta o patinete.

Según cifras de la Asociación Española del Comercio Minorista Especializado en Bicicleta (Atebi), la compra de una bici urbana puede rondar entre los 350 euros hasta los 2.000 euros, mientras que el precio de una eléctrica se sitúa entre los 1.350 euros hasta los 5.000 euros.

En este sentido, Cetelem, marca comercial de BNP Paribas Personal Finance, está impulsando el mercado de las bicicletas y patinetes eléctricos a través de una "buena oferta de financiación" con la que animar a los consumidores a comprar una bicicleta o patinete de segunda mano.

El objetivo es animar a los consumidores a cambiar sus hábitos de transporte y poder comprar una bici con "cuotas mensuales muy asequibles".

IMPORTANCIA DE LA ECONOMÍA CIRCULAR

Además del precio, un 31% de los consumidores interesados en comprar una bicicleta o patinete tiene como motivo principal de su compra la oportunidad de dar una segunda vida a este medio de transporte.

Así, la financiación que impulsan entidades como Cetelem va de la mano de la apuesta por la economía circular. "Estamos apostando muy fuerte dentro del sector por la economía circular", ha señalado Alberto Sanz, responsable del mercado de bicicletas de BNP Paribas. "En concreto, estamos intentando favorecer el acceso a bicicletas de segunda mano y trabajando con las tiendas para poder estructurar un mercado donde esas bicicletas tengan una vida más", ha añadido Sanz.

Desde el inicio de la pandemia el mercado de las bicis nuevas y de ocasión ha experimentado un fuerte crecimiento. "La pandemia ha afectado de una manera importante al sector, pues ha influido en la toma de conciencia de la importancia de una buena forma física o de utilizar un transporte sostenible y sano", ha indicado Remigio Rovira, presidente de Atebi.

Sin embargo, en España aún queda "camino por andar" ya que, mientras en países como Alemania, Francia o los Países Bajos las bicis urbanas representan entre el 60% y el 80% de las ventas anuales de bicis, en España no llega al 10%.

"Igualar estas cifras es solo cuestión de tiempo", ha apuntado Alberto Sanz. "Veo a la población cada vez más concienciada con el cuidado del medio ambiente; las bicis eléctricas tienen cada vez más peso dentro de las ciudades, y eso nos tiene que dar un mayor ritmo para aproximarnos a otros países europeos que nos llevan unos años de ventaja. Desde Cetelem seguiremos apoyando al sector para que la gente pueda acceder a todo tipo de bicicletas", ha expresado el responsable del mercado de bicicletas de Cetelem.

El consejero de la Presidencia, Administración Pública e Interior y portavoz del Gobierno andaluz, Elías Bendodo (PP-A), ha defendido este martes que dicho ejecutivo autonómico de coalición de PP y Ciudadanos (Cs) "funciona" y "sigue encapsulado" cuando se ha cumplido un año de la moción de censura que PSOE y Ciudadanos presentaron en la Región de Murcia, que supuso la salida del partido naranja de dicho gobierno autonómico de coalición con el PP y vino acompañada además del adelanto electoral en la Comunidad de Madrid, donde también gobernaban juntas ambas formaciones.

En la rueda de prensa posterior a la reunión semanal del Consejo de Gobierno andaluz, el consejero portavoz ha insistido en defender la "estabilidad" del Ejecutivo de PP-A y Cs a preguntas de los periodistas sobre el balance que hace del año transcurrido desde aquella moción de censura en la Región de Murcia.

Bendodo ha recordado que ya en aquella ocasión defendió que el Gobierno andaluz estaba "encapsulado", y este martes puede decir "que seguimos encapsulados", así como que el Ejecutivo andaluz "sigue siendo absolutamente estable".

"Hemos construido una mayoría importante que está generando empleo, riqueza en Andalucía, y que ha conseguido fundamentalmente pasar de una Andalucía de oportunidades perdidas a una Andalucía por fin de realidades", ha abundado el consejero portavoz.

Tras ello, Bendodo ha apostillado que "las cosas que funcionan deberían mantenerse", y "el gobierno de coalición PP-Cs funciona". De esta manera, ha considerado que "sería lógico que nos gustara que se volviera a repetir" dicha fórmula de ejecutivo tras las próximas elecciones andaluzas "porque ha funcionado", según ha zanjado el consejero portavoz.

La Guardia Civil ha detenido al conductor del turismo --que dio positivo en alcoholemia y que huyó del lugar-- implicado en el siniestro en el que falleció este lunes un ciclista en la localidad valenciana de Gandia.

Según ha detallado la Benemérita en un comunicado, el suceso ocurrió en torno a las 18.20 horas de ayer en la carretera CV-675, a la altura del punto kilométrico 1,700, una carretera con gran afluencia de ciclistas.

El vehículo abandonó el lugar del accidente y fue localizado después por la Policía Local de Gandia tras sufrir una posterior salida de vía en el camino Pinet y chocar contra un muro, situado a escasos 100 metros de la CV-675, "con evidentes muestras de haber sufrido un accidente previo a la salida de vía".

Los servicios sanitarios únicamente pudieron certificar a su llegada el fallecimiento del ciclista, un hombre de nacionalidad polaca que se encontraba disfrutando de unos días de vacaciones en España.

Por su parte, el conductor del coche fue detenido por la Guardia Civil de Tráfico de Gandia por los delitos de homicidio imprudente, abandono del lugar del accidente y conducción de vehículo a motor bajo la influencia de bebidas alcohólicas. Las causas del accidente están pendientes de investigación, concluyen desde el Instituto Armado.

La que fuera pareja sentimental del acusado de matar a golpes contra la pared al bebé de ambos en Almassora (Castellón) ha asegurado este martes en la segunda sesión del juicio con jurado que se sigue en la Audiencia de Castellón que él chillaba y pegaba al menor y que le molestaba que llorase.

Por su parte, las personas de la familia del procesado que han testificado han señalado que la relación entre el acusado y su pareja era buena y que nunca habían visto ningún gesto agresivo de los padres hacia el menor.

La madre del niño, que era menor en el momento de los hechos, ha explicado que el bebé sufrió una fractura tras retorcerle el acusado el brazo, aunque, al principo, ella dio como explicación de lo acontecido que la lesión se la produjo el menor cuando ella iba a sacarlo del carro porque -según ha dicho- tenía miedo a que le quitaran al niño y porque estaba enamorada del padre del mismo.

La expareja del procesado, que ha destacado la actitud "agresiva" del padre hacia el menor, al que -según ha apuntado- le propinaba bofetones y golpes en el cuerpo-, ha relatado que en una ocasión mordió al bebé en la parte interior de una mano, aunque no se lo dijo a nadie porque le tenía miedo.

El día de los hechos, tal y como ha manifestado la madre del bebé, el acusado se acostó a las 5.00 horas "tras ver la tele, mirar el teléfono y fumar porros" y cuando el menor se despertó a las 8.00 horas moviendo el sonajero le pegó. "Lo tenía contra la pared y me amenazó para que no dijera nada", ha añadido.

Así, ha declarado que, ese día, tras escuchar un primer golpe y oir al niño llorar, comprobó que el acusado lo tenía con la mano en el cuello y contra la pared y que le dio un segundo golpe. La mujer ha indicado que no contó la verdad sobre lo que había pasado hasta que estuvo internada en un centro de menores y se veía "más segura".Además, ha señalado que aceptó su condena porque sabe cuál se su parte de responsabilidad a la hora de haber podido defender al bebé.

VEÍA "TRISTE" A SU HIJA

La abuela materna del bebé ha asegurado que no pensó que el procesado le podía hacer nada ni a su hija ni a su nieto. No obstante, ha declarado que, desde que nació el niño, a su hija la veía triste. Además, ha subrayado que le contaron que el procesado quiso pegar a su hija cuando esta estaba embarazada.

Esta testigo, que ha indicado que su hija decidió contar la verdad porque decía que, "si no, su hijo no iba a descansar", también ha destacado que la madre del procesado le pidió que su hija asumiera los hechos porque, al ser menor, le caería menor condena, extremo que ha negado la que fuera su consuegra.

Por su parte, la novia del hermano del acusado se ha mostrado convencida de que la fractura del brazo del bebé la provocó su madre al sacarlo del carro, ya que, según ha dicho, ella estaba presente en ese momento. Así mismo, ha manifestado que días después del fallecimiento del menor, cuando fueron al domicilio del acusado, observó en el baño restos de sangre en la pared y en la puerta, así como en la ducha, aunque -ha indicado- se veía que ya lo habían limpiado.

En la jornada de este martes también ha declarado una trabajadora social de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Almassora, que ha afirmado que empezaron una intervención con la familia del acusado al notificarles desde el hospital que el bebé había sufrido una lesión en el brazo. Según ha apuntado, detectaron que los padres del niño eran "muy jóvenes e inmaduros" y que necesitaban supervisión y acompañamiento.

Ha declarado que a los padres del bebé se les veía afectuosos con él y que no vieron ninguna circunstancia que les hiciera sospechar algún tipo de maltrato.

Finalmente, otra trabajadora de Servicios Sociales ha narrado que siempre vio cordialidad entre los padres del bebé y que la madre era "muy dependiente, muy vulnerable y muy fácil de manipular". El juicio continuará este miércoles.

El presidente del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), José Félix Tezanos, comparecerá este miércoles ante la Comisión Constitucional del Congreso para rendir cuentas sobre sus trabajos demoscópicos, todo ello en un clima adverso y con buena parte de la oposición pidiendo su cese por los fiascos de las últimas encuestas políticas.

El sociólogo socialista pidió comparecer para informar "sobre la metodología y representitividad" de las encuestas del CIS, pero el PP también reclamó su presencia por el error de los sondeos para las elecciones de Castilla y León y por algunas de las opiniones sobre líderes de la oposición vertidas por Tezanos en otras plataformas, como la revista 'Temas' y la Fundación Sistema, que también preside.

Tezanos ya fue el protagonista de una reciente pregunta del PP al ministro de Presidencia, Félix Bolaños, en la que se volvió a exigir la destitución del presidente del CIS por "sus continuos errores" y por "sectarismo". El diputado José Antonio Bermúdez de Castro agregó que, si no lo cesan, al menos debería ser el PSOE quien pagase sus fallidas encuestas electorales que, sostiene, siempre benefician a la izquierda.

LOS FIASCOS DE MADRID Y CYL MÁS EL CHIVATAZO A IGLESIAS

Y es que el PP viene reprochando al CIS que fuera el único instituto demoscópico que defendía una situación de empate ante las elecciones de la Comunidad de Madrid que ganó claramente Isabel Díaz Ayuso, y que también fuera el único que auguraba una victoria al PSOE en Castilla y León.

Y a estos "patinazos" se añadió la polémica cuando, por error, el exvicepresidente Pablo Iglesias reveló que disponía de datos de la encuesta del CIS sobre Castilla y león antes de que se hiciera pública. "Si en España hubiera un Gobierno serio, Tezanos estaría cesado hace tiempo por sectarismo, sus continuos errores y su falta de imparcialidad", resumió Bermúdez de Castro.

Por todo ello, además de las preguntas y comparecencias, el PP tiene pedida la creación de una comisión de investigación sobre el CIS, pero el PSOE y varios de sus socios parlamentario han rechazado poner fecha a su debate en el Pleno del Congreso.

Y mientras su presidente rinde cuentas ante la oposición, el CIS está ya trabajando en su barómetro de marzo, cuyo trabajo de campo se ha realizado tras cerrarse la crisis interna del PP que enfrentó a Pablo Casado con Isabel Díaz Ayuso y tras emerger el gallego Alberto Núñez Feijóo con nuevo líder del partido.

PRIMERA ENCUESTA TRAS LA INVASIÓN RUSA DE UCRANIA

La encuesta, cuya presentación se espera para los próximos días, también será la primera que refleje la opinión de los ciudadanos sobre las consecuencias de la guerra en Ucrania y la invasión rusa, un asunto cuya gestión dividió a los dos socios del Gobierno de coalición por la decisión de enviar armas a la resistencia ucraniana.

En el barómetro de febrero, hecho antes de las elecciones en Castilla y León y de la crisis del PP, el PSOE repetía de nuevo en cabeza con una estimación de voto del 28,6% y una ventaja de 7,3 puntos sobre el PP, que arcaba un 21,3%.

La tercera plaza seguía en manos de Vox, que se anotaba un 14,8% y encadenaba su quinto mes consecutivo al alza, mientras que Unidas Podemos marcaba un 13,6% y Ciudadanos volvía a situarse por debajo del 5% (4,8%) que permite grupo propio en el Congreso.

El Gobierno tiene localizado tres yates en Barcelona, Baleares y Melilla para ser retenidos en el marco de las sanciones aprobadas por la Unión Europea como respuesta a la invasión de Ucrania ordenada por el presidente de Rusia, Vladimir Putin.

A través de la Dirección General de la Marina Mercante, dependiente del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, el Gobierno ya ha comunicado oficialmente que se ha procedido a retener en las últimas horas dos yates en los puertos de Barcelona y Port Adriano (Calvià).

Fuentes policiales consultadas aseguran que hay localizado un tercer buque en Melilla. Se trata de yates cuya titularidad no está vinculada a una persona física, de ahí que se abra ahora un procedimiento para tratar de esclarecer si, como se cree, son empresas interpuestas las que camuflan la propiedad real, a cargo de oligarcas rusos.

En concreto, se trata de averiguar si la "propiedad, tenencia o control de estos yates corresponde a alguno de los oligarcas rusos sancionadas por el Consejo Europeo a causa de la invasión de Ucrania", según ha especificado en sus comunicados la Marina Mercante.

Las retenciones provisionales se han comunicado al titular de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria, a las instituciones dedicadas a la prevención de blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo y a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado para que puedan llevar a cabo las actuaciones de verificación de la información sobre la titularidad real del buque.

UN YATE DE 85 METROS DE ESLORA Y OTRO DE 48 METROS

La Dirección General de la Marina Mercante ha informado este martes --como adelantó ayer en una entrevista el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez-- que se ha acordado retener provisionalmente en Barcelona el yate de lujo 'Valerie', mientras constata si su propiedad, tenencia o control corresponde a alguno de los sancionados por el Consejo Europeo.

Se trata de un yate de lujo, de recreo privado, abanderado en San Vicente y Las Granadinas, de 85 metros de eslora, y que se ha convertido en el primero que se retiene de forma provisional en España desde que se acordaron las sanciones a Rusia.

La Capitanía Marítima de Barcelona será la encargada de garantizar la seguridad del buque, navegación, tripulación y del Puerto de Barcelona, y será finalmente inmovilizado si se constata que pertenece a personas o entidades incluidas en la lista de sancionados del Consejo Europeo.

Su eventual inmovilización respondería a las previsiones relativas a "medidas restrictivas respecto de acciones que menoscaban o amenazan la integridad territorial, la soberanía y la independencia de Ucrania".

En un segundo comunicado, la Marina Mercante ha informado de un segundo yate inmovilizado en Baleares, en este caso el 'Lady Anastasia', abanderado en San Vicente y Las Granadinas, y de 48 metros de eslora y 9 metros de manga. La inmovilización se ha llevado a cabo en Port Adriano (Calvià), según el comunicado del organismo dependiente del Ministerio de Transportes.

Como en el primer caso, ahora se procederá a recabar información que confirme la titularidad real del buque de recreo privado, debido a que formalmente están vinculados a empresas opacas e interpuestas.

En el procedimiento, según ha recordado el Gobierno, se aplica las previsiones de la Decisión 2014/145/PESC del Consejo y el Reglamento número 269/2014, ambos del 17 de marzo de 2014, relativos a medidas restrictivas respecto de acciones que menoscaban o amenazan la integridad territorial, la soberanía y la independencia de Ucrania.

La portavoz del Govern, Patrícia Plaja, ha pedido este martes a los sindicatos educativos que vuelvan "lo antes posible" a la mesa de negociación para minimizar el impacto de la huelga convocada así como para intentar trabajar conjuntamente en la mejora de las condiciones laborales de los docentes.

"El departamento de Educación no se ha levantado de la mesa y los sindicatos hace más de un mes que han olvidado este espacio. Nuestra voluntad es seguir avanzando en la mejora de las condiciones laborales del profesorado", ha explicado en rueda de prensa posterior al Consell Executiu.

Los sindicatos educativos Ustec·Stes, CC.OO., Intersindical-CSC, Aspepc·Sps, UGT, CGT y Usoc realizan este martes la primera jornada de huelga de las cinco convocadas en la escuela pública --dos en la concertada--, en rechazo, entre otros aspectos, al avance del calendario escolar.

Tras asegurar que el Govern siempre está dispuesto a la autocrítica, ha reiterado la voluntad de dialogar con los sindicatos para intentar que "estos cinco días de huelga acaben siendo menos" porque, a su juicio, los principales perjudicados vuelven a ser los estudiantes.

REIVINDICACIONES

Pese a expresar su respeto por las reivindicaciones de la comunidad educativa y el derecho a la huelga, ha defendido que el Govern debe impulsar "transformaciones necesarias y urgentes", por lo que no comparten que la respuesta del sector haya sido convocar cinco días de huelga por haber avanzado el calendario escolar y otras reivindicaciones.

Sin embargo, ha asegurado que entiende el "agotamiento acumulado" de la comunidad educativa tras la pandemia y que el sector arrastra recortes desde hace más de diez años, y ha añadido que el Govern trabaja para revertirlos y dar pasos adelante, ha dicho.

Castilla y León ha sumado este martes un total de 1.382 nuevos casos diagnosticados de COVID-19 con respecto a los datos actualizados este lunes --852 más que ayer y 270 más que el martes de la pasada semana-- con seis fallecidos más en hospitales, hasta un total de 7.232, y 31 nuevas altas médicas, 40.021 en total.

Según los datos ofrecidos por la Consejería de Sanidad y recogidos por Europa Press, en total se han diagnosticado hasta la fecha 670.826 positivos de COVID-19, incluidos los reinfectados, en los distintos tipos de pruebas, después de sumar 1.382 nuevos casos. De ese total, 664.342 positivos han sido confirmados en test PCR y de antígenos.

Los brotes activos registrados son 107, tres más que en el anterior parte del pasado viernes --última jornada en la que se había actualizado este dato--, y los casos vinculados a ellos se sitúan en 2.126, 130 más.

Por provincias, donde más positivos se han notificado en la última jornada ha sido en Valladolid, con 291 nuevos casos y un total de 158.303; seguida de Salamanca, con 264 y 89,672; León, con 263 y 110.454; Burgos, con 152 y 108.425; Zamora, con 121 y 40.392; Ávila, con 85 y 42.100; Palencia, con 79 y 50.987; Soria, con 66 y 26.526; y Segovia, con 61 y 43.967 en total.

Respecto al número de fallecidos en hospitales con diagnóstico COVID, la cifra se eleva a 7.232, seis más que este lunes y que corresponden a las provincias de Valladolid y Burgos (dos); y Ávila y Zamora (uno).

Del total, 1.476 corresponden a Valladolid; seguida por León, con 1.446; Salamanca, que tiene 1.032; Burgos, 940; Palencia, 588; Zamora, con 547; Ávila, con 461; Segovia, con 416, y Soria, con 326.

En cuanto a las altas hospitalarias, estas suman un total de 39.990; 31 más desde este lunes. De ellas, se han computado 9.743 en Valladolid; 7.005 en León; en Burgos, 5.985; en Salamanca, 5.194; en Palencia, 3.118; en Zamora, 2.652; en Ávila, 2.400; en Segovia, 2.302 y en Soria, 1.622.

MENOS HOSPITALIZADOS EN PLANTA PERO MÁS EN UCI

Según la última actualización, los hospitales de la Comunidad albergan actualmente 249 pacientes con COVID, ocho menos que en el anterior parte. De ellos, 217 personas se encuentran ingresadas en planta, diez menos, mientras que en unidades de críticos hay 32, dos más.

Los pacientes con COVID-19 en unidades de críticos se encuentran repartidos en ocho de los once hospitales con UCI de la Comunidad y ocupan un diez por ciento de las camas inicialmente habilitadas en estas unidades, un punto porcentual más que en la anterior actualización.

Así, se informa de siete ingresados en la UCI del Complejo Asistencial Universitario de León y en el hospital del Río Hortega de Valladolid; seis en el complejo de Burgos; cinco en el Clínico Universitario de la capital vallisoletana; dos en los complejos de Segovia, Soria y Zamora; y uno en el hospital de El Bierzo.

UN RESIDENTE FALLECIDO

En cuanto a las residencias de mayores, centros de personas con discapacidad y viviendas tuteladas, según los datos facilitados por la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades la cifra de fallecidos relacionados con el COVID-19 se sitúa en 4.330, uno más que en el anterior parte --publicado el pasado viernes, día 11 de marzo-- en los 1.214 centros de personas mayores tanto públicas como privadas y centros públicos de discapacidad.

De los fallecidos, 3.225 corresponden a casos de positivos confirmados por COVID-19 --2.008 en centros hospitalarios, uno más que en el anterior parte, y 1.217 en residencias, sin cambios-- y otros 1.105 residentes han fallecido con síntomas compatibles con el virus.

En la estadística difundida por la Junta figuran 13 residentes aislados con síntomas compatibles con la COVID-19, nueve menos que en el último parte, y 309 se encuentran en esa situación de forma preventiva pero sin síntomas, 76 menos.

En cuanto a los centros bajo la tutela de la Junta de Castilla y León, la cifra de fallecimientos se mantiene en 309, sin cambios con respecto al anterior parte. Del total, 192 han sido con positivo confirmado y otros 117, con síntomas compatibles.

Actualmente, no hay pacientes aislados con síntomas compatibles con la COVID-19 --igual que en anterior parte--, ni tampoco en situación aislamiento preventivo sin síntomas, sin cambios.

Familiares de las víctimas del naufragio del pesquero gallego 'Villa de Pitanxo', que se hundió el pasado 15 de febrero a 450 kilómetros al este de Terranova (Canadá), han subrayado este martes que la prioridad sigue siendo buscar los cuerpos de los desaparecidos, cuando se cumple un mes desde que ocurrió la tragedia que acabó con la vida de 21 de los 24 tripulantes del barco.

Así lo ha trasladado a los medios de comunicación María José de Pazos, hija del jefe de máquinas del buque y portavoz de los familiares de las víctimas, quien ha lamentado que desde el pasado 24 de febrero, cuando se reunieron con el delegado del Gobierno en Galicia, José Miñones, "no han tenido ninguna noticia" de las gestiones que se están llevando a cabo para buscar los cuerpos de las víctimas.

Ella ha insistido en que el Gobierno les indicó que no era posible bajar al buque con medios propios, por lo que contactaría con empresas privadas para poder hacerlo. Sin embargo, todavía no tienen noticias, por lo que solicitan una nueva reunión.

En este sentido, Miñones ha indicado este martes que el Ejecutivo sigue trabajando en la búsqueda de los cuerpos, por lo que "tan pronto tengan información al respecto" se la trasladarán a las familias.

Todo ello tras cumplirse un mes de la tragedia. 30 días en los que la lluvia de información sobre lo que pudo haber ocurrido en Terranova fue constante, incluso con versiones contradictorias entre los relatos de los supervivientes.

Una vez se conoció el trágico suceso y fueron rescatados los tres supervivientes (el patrón, Juan Padín; su sobrino, Eduardo Rial, y un marinero, Samuel kwesi), la Comisión de Investigación de Accidentes e Incidentes Marítimos (Ciaim), órgano dependiente del Ministerio de Transportes, comenzó sus pesquisas, recabando "evidencias documentales y electrónicas" sobre el buque, su tripulación y su viaje, recopilando todo tipo de datos del barco, sus registros y sistemas de localización.

Cuando los supervivientes llegaron a España a finales de febrero, se les llamó a declarar y más tarde declararían también algunos de los familiares de los desaparecidos, que aportaron conversaciones con las víctimas horas antes del accidente.

En su declaración, el patrón del 'Villa de Pitanxo' indicó que el accidente se produjo durante la maniobra de virada del aparejo y que el pesquero se hundió "de forma muy rápida" por los golpes de mar que lo escoraron, después de sufrir una parada en el motor principal.

Sin embargo, Samuel Kwesi Koufie, uno de los supervivientes, habría declarado, según adelantó 'El Debate', que el patrón no atendió a las advertencias que desde el parque de pesca le habían hecho los marineros para que soltase la red, lo que podría haber permitido corregir la escora y haber evitado el naufragio.

El patrón, según la versión de Samuel, tampoco habría dado la orden de abandonar el barco ni de colocarse los trajes de supervivencia. En este sentido, solo él y su sobrino fueron los únicos tripulantes que lo tenían puesto.

VERSIÓN DEL PATRÓN

Todo ello dista bastante de la versión del patrón. Juan Padín sostiene que la catástrofe fue debida a un fallo del motor del barco. En ese momento, él solicitó a los encargados de máquinas que encendiesen el motor auxiliar, "pero nunca se produjo".

"Nunca se llega a encender, y al ver que el agua está entrando constantemente por la popa y el barco empieza a coger una escora, ahí es cuando decido abandonar el buque", indica Padín en una entrevista en 'Faro de Vigo', donde asegura estar "tranquilo" pese a las declaraciones de Samuel Kwesi, a quien acusa de "estar mintiendo".

"Él puede decir que a cuenta del capitán está vivo. Eso sí que lo puede decir, porque lo sabe. Lo puedo ver a la cara cuando sea, hoy, mañana o pasado, y decirle que está vivo porque conseguí echar la balsa fuera. Y él lo sabe. Lo único que le puedo pedir es que deje de mentir", añade el patrón del 'Villa de Pitanxo'.

Preguntado sobre el papel que jugaron las maquinillas o el peso del aparejo en el suceso, debido a que Samuel aseguró que la tripulación pidió que se cortasen las cuerdas, Padín explicó que el aparejo lleno "nunca viene", aunque sí con una captura. "Pero el efecto de no tener maquinilla, en este caso en el que ya falló el motor principal y no se conecta el auxiliar, pues no puedes virar. Ni desvirar. Aunque quisiera soltar el aparejo e izar cable, por decirlo así, tampoco puedes porque necesitas energía", subraya.

Según su versión, es posible que todos los marineros consiguiesen salir del barco, porque estaban todos en el puente de mandos. "Yo pienso que no puede haber nadie en el barco", asegura Padín, indicando que unos se distribuyeron en una balsa y otros en la otra.

REACCIÓN DE LOS FAMILIARES

María José de Pazos no ha querido "entrar a valorar" las palabras del patrón, aunque ha indicado que quizá llega algo "tarde" la preocupación de Padín por las familias "y de una forma inadecuada", ya que habló a través de un medio de comunicación.

"Considero que las declaraciones hay que hacerlas en vía judicial", ha añadido, pidiendo al patrón del 'Villa de Pitanxo' que si quiere esclarecer la verdad, que se implique y que pida "de forma encarecida" que se busque a los desaparecidos.

AUDIENCIA NACIONAL

Esta situación provocó que la Audiencia Nacional abriese una investigación para dirimir si existe responsabilidad penal en el hundimiento del pesquero, por lo que hace una semana el juez Ismael Moreno preguntó a Fiscalía sobre si la Audiencia es competente para iniciar una investigación sobre el suceso.

Fuentes jurídicas han informado que el titular del Juzgado Central de Instrucción Número 2 será el encargado de dilucidar, si así lo avala el Ministerio Público, si existe responsabilidad penal en el naufragio del pesquero con base en el puerto de Marín (Pontevedra), en el que fallecieron 21 personas, de las cuales solo se hallaron los cuerpos de nueve de ellas.

Hasta la fecha, todavía no hay respuesta de la Fiscalía sobre si la Audiencia Nacional puede continuar con su investigación, por lo que de momento ningún familiar se ha personado en la causa.

En este sentido, Miñones ha indicado este martes que la Comisión de Investigación continúa con su trabajo y "le consta" que la Audiencia Nacional también va a tomar declaración "oportuna" en base a la investigación, que sigue los cauces "que tiene que seguir".

FUNERAL

Entre todo esto, este viernes Marín acogerá un funeral colectivo por los fallecidos en el 'Villa de Pitanxo', una ceremonia que será oficiada por el arzobispo Julián Barrio y que se llevará a cabo en el Templo Nuevo de la localidad pontevedresa.

A la ceremonia acudirá el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, así como el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, que ha cancelado su gira por España como candidato a presidir el Partido Popular para poder estar el viernes en Marín arropando a los familiares. Entre otros, Miñones también ha confirmado que asistirá.