La Comisión de Asuntos Exteriores del Congreso de los Diputados ha aprobado este jueves por unanimidad una proposición no de ley de condena de la agresión rusa contra Ucrania pactada por una mayoría de grupos y que han reconocido que es un texto de «mínimos» pero necesario dada la gravedad de la situación.

El texto debatido en la comisión era en realidad la declaración institucional que todas las fuerzas políticas, salvo la CUP, pretendían que se leyera en el Pleno monográfico sobre Ucrania celebrado la semana pasada. Finalmente, se ha transformado en proposición no de ley con la firma de PSOE, PP, Vox, Unidas Podemos, ERC, Ciudadanos, PNV, Bildu, PNV y Junts, en representación de los distintos partidos del Grupo Plural.

Todos los portavoces han reconocido en su intervención que el texto podría ser mejorable pero ha prevalecido el consenso ante la gravedad de lo que está ocurriendo en Ucrania. «Hemos conseguido un mínimo común denominador», ha señalado el portavoz de EH Bildu, Jon Iñarritu.

«Estamos ante una propuesta de mínimos», ha considerado por su parte el de PNV, Aitor Esteban, convencido de que algunos partidos seguramente hubieran querido introducir otras cuestiones, pero «es de rigor sacar algo como institución».

Mientras los ucranianos se defienden de la invasión rusa «aquí por desgracia vemos que los partidos políticos solo somos capaces de llegar a mínimos políticos», ha lamentado por su parte la portavoz de Cs, María del Carmen Martínez Granados, para quien no todos los partidos «han sabido estar a la altura» de las circunstancias. «Es de justicia aunque es de mínimos», ha insistido.

Por su parte, la portavoz de ERC, Marta Rosique, ha puesto en valor que su grupo lo ha respaldado porque «es un texto de consenso incluso con partidos que piensan lo contrario de nosotros», mientras que el portavoz de Vox, Alberto Asarta, ha resaltado la «condena casi unánime, salvo la CUP» y ha dicho que su partido «desde su oposición sin fisuras» al Gobierno es consciente de que en esta cuestión hay que «articular una respuesta común».

Desde el grupo parlamentario de Unidas Podemos, Antón Gómez-Reino, ha considerado que es una «buena noticia» que haya un texto que «trata de representar una postura común», mientras que en nombre del PSOE, Ana Belén Fernández Casero, ha resaltado que pese a las «diferencias ideológicas» no es el momento de «confrontar» debido a la «gravedad de los hechos».

ENMIENDAS DEL PP

La principal polémica durante el debate ha venido suscitada por la decisión del PP de presentar dos enmiendas pese a que el texto ya había sido pactado por todos los grupos. En este sentido, han sido varios los portavoces, incluidos PSOE y Podemos, los que han expresado su sorpresa.

En este sentido, Fernández Casero ha lamentado que con sus enmiendas el PP debilita el consenso alcanzado. «Es un texto en el que todos hemos hecho concesiones porque hemos entendido la necesidad de mostrar altura política», ha incidido la portavoz socialista, que ha afeado a los populares su «uso oportunista y partidista» del conflicto.

Por su parte, la portavoz del PP, Valentina Martínez, ha lamentado que el Congreso haya sido «incapaz» de aprobar una declaración conjunta «por la negativa de algunos grupos y partidos a consensuar, ceder y dialogar», recordando que su grupo ha apoyado «desde el primer momento» al Gobierno en la crisis de Ucrania.

Martínez ha afeado a la «rancia izquierda» su postura, a la que ha advertido de que con su negativa a apoyar a la OTAN no están apostando «por la diplomacia y la neutralidad» sino que lo que están haciendo es «apoyar a Putin».

Según ha explicado, las enmiendas presentadas iban en la línea de apoyar la candidatura de Ucrania a entrar en la UE y a respaldar a los soldados españoles que están desplegados en misiones de la OTAN en países del flanco oriental y que, en opinión del PP, merecen un reconocimiento «de justicia».

CONTENIDO DEL TEXTO

El texto aprobado muestra el repudio «con la máxima firmeza» a las acciones militares perpetradas por Rusia en Ucrania, una agresión «injustificada» que socava la «seguridad y estabilidad» en Europa, además de entrañar una «grave violación» del Derecho Internacional.

Además, urge al «cese inmediato» de las hostilidades y la «total retirada» del Ejército ruso de Ucrania, junto al «apoyo y respeto pleno» a la soberanía del pueblo ucraniano, al que también trasladan su solidaridad. «Deploramos la pérdida de vidas, trasladamos nuestro profundo pesar por las víctimas y por el sufrimiento innecesario de la población», asegura el texto.

De esta forma, los diputados hacen un llamamiento para que se retorne al marco de los acuerdos de Minsk e instan a la UE a ofrecer apoyo financiero y humanitario necesario, junto al conjunto de la comunidad internacional, a Ucrania.

Asimismo, piden que la UE se organice, «a la mayor brevedad posible», para acoger a los refugiados que huyen del país por la guerra y en el plano nacional reclaman seguir avanzando en la coordinación entre comunidades y ayuntamientos para darles acogida.

Por último, vuelven a exigir de nuevo a Rusia que respete la legalidad internacional, «abandone las armas» y «retome la vía diplomática», e instan a la UE a redoblar las acciones que impulsen las gestiones de diálogo, la «desescalada y el mantenimiento de la paz».

El presidente de la Xunta de Galicia y candidato a liderar el PP, Alberto Núñez Feijóo, ha asegurado este jueves que el presidente de Castilla y León en funciones, Alfonso Fernández Mañueco, ha evitado un adelanto electoral en su comunidad al pactar con Vox y ha señalado que «no había opciones» por culpa de la actitud del PSOE. A su entender, se trata de un paso «perfectamente legítimo» porque «en el ejercicio de sus responsabilidades» ha adoptado la decisión de «dar estabilidad a la Junta de Castilla y León».

En una rueda de prensa en Santiago, tras la reunión de su consejo de Gobierno, Feijóo ha lamentado que la respuesta del Partido Socialista haya sido «elegir entre Vox o adelanto electoral» y ha subrayado que en este contexto Mañueco «acaba de evitar un adelanto electoral».

«Evitar un adelanto electoral en un momento de crisis internacional y de crisis nacional, creo que es perfectamente legítimo por parte de Mañueco, que es al que corresponde tomar las decisiones para garantizar la estabilidad del Gobierno de Castilla y León», ha aseverado.

Sobre si habrá más pactos con Vox en el futuro cuando sea presidente del PP, ha insistido en que Mañueco ha ejercicio una responsabilidad y que «probablemente hubiera preferido otra opción pero no había opciones» porque entonces tenían que decirle a los castellanoleoneses que volvían a las urnas.

NO CONOCE CON «EXACTITUD» EL ACUERDO CERRADO CON VOX

El presidente de la Xunta ha advertido de que aún no lidera el PP y que si llega a hacerlo en el congreso de Sevilla fijado para el 1 y 2 de abril será entonces cuando ofrezca «todas explicaciones de las decisiones que adopte» su partido. «Pero como candidato, le puedo decir que respeto la decisión en el ámbito de su estricta responsabilidad del presidente Mañueco», ha manifestado.

Sobre si Mañueco le ha informado en las últimas horas de ese pacto con Vox, Feijóo ha indicado que en los últimos días ha conversado con el presidente en funciones de CyL, quién ha utilizado los «poderes que le otorgó el Comité Ejecutivo del PP». «Si me pregunta si conozco con exactitud ese pacto, la respuesta es que no. No conozco con exactitud qué es lo que se ha pactado ni consejerías», ha apostillado.

Eso sí, ha insistido en que lo que le trasladó Mañueco en esas conversaciones es que «no valoraba la posibilidad de nuevas elecciones» en Castilla y León y que su opción prioritaria era buscar un acuerdo de legislatura en la que el PSOE «facilitase la gobernabilidad de la lista más votada».

Al ser preguntado si el pacto del PP con Vox en CyL es acorde con el proyecto de centralidad y moderación que está promoviendo para el partido, Feijóo ha hecho hincapié en la respuesta «soberbia» de los socialistas tras verse con Mañueco porque «ni siquiera se sentaron a estudiar esa posibilidad». Por eso, ha dicho que había la posibilidad de «elegir entre lista más votada o Vox», pero «la respuesta del PSOE fue elegir entre Vox o adelanto electoral».

«Mañueco, en el ejercicio de sus responsabilidades, que son indelegables, ha adoptado la decisión de darle estabilidad a la Junta de Castilla y León», ha manifestado, para aconsejar al PSOE «prudencia» al hablar de pactos cuando «niega que gobierne la lista más votada» en CyL y gobierna en España con «la extrema izquierda populista española y se apoya en el independentismo vasco y catalán». A su entender, con su trayectoria el PSOE no tiene «legitimidad para pedir responsabilidad en pactos».

RECUERDA LOS PACTOS DEL PSOE

Preguntado cómo valora que Castilla y León sea la primera región de Europa que va a incluir a la ultraderecha, Feijóo ha criticado de nuevo la actitud del PSOE por llevar a Mañueco a «decidir entre Vox o elecciones anticipadas» cuando defendieron que se dejara gobernar a la lista más votada.

«Comprenderá que el PSOE ha perdido la legitimidad para ofrecer un pacto alternativo. Lo ha negado y de forma constante y continua se ha tomado a broma la gobernabilidad de Castilla y León», ha enfatizado, para señalar que los socialistas no han querido ejercer su responsabilidad y ahora intentan «responsabilizar a otros».

Ante el hecho de que en las autonómicas de 2019 el PP no respetara la lista más votada en varias CCAA, ha dicho que él es partidario de que gobierna la lista más votada y que así lo seguirá siendo. De hecho, ha señalado que llegaron a proponer al PSOE modificar la ley electoral con esa idea pero no hubo acuerdo. Por lo tanto, ha dicho que hay decisiones que uno toma cuando «no hay alternativas» y, por tanto, esas decisiones son «perfectamente legítimas».

En cuanto a si cree que Mañueco ha pactado en CyL con un partido con actitudes «paleolíticas», después de que esta semana ante el 8M leyera un listado de declaraciones «paleolíticas» sobre el papel de la mujer, Feijóo ha dicho que se reafirma en todas las manifestaciones sobre políticas de igualdad que ha realizado hasta ahora.

«GARANTIZAMOS LA ESTABILIDAD DEL GOBIERNO DE GALICIA»

Sobre su sucesión en la Xunta de Galicia, ha recordado que han pasado «menos de 24 horas» desde que presentó en la sede nacional del PP en Madrid su candidatura para liderar el partido y ha añadido que este proceso tiene sus tiempos y se irán tomando decisiones que se anunciarán a su debido momento.

Eso sí, ha subrayado que puede anticipar que «garantizan la estabilidad del gobierno de Galicia y el funcionamiento ordinario» de la comunidad. «Vamos a seguir gobernando Galicia con normalidad», ha abundado. Preguntado si hay posibilidades de que le suceda una mujer en la Xunta de Galicia, ha dicho que «por supuesto» porque hay «diputadas y diputados en la Cámara».

Feijóo ha recordado que lleva 13 años dedicado a la Xunta de Galicia y que lo seguirá haciendo hasta el último instante. Así, ha dicho que no cree que los gallegos vayan a descubrir nada nuevo porque él seguirá cumpliendo con sus obligaciones y compromisos.

El presidente de la Xunta ha destacado que este mismo jueves tenía previsto un viaje a Colombia y Uruguay del que regresaba el día 20 de marzo. «El destino quiso que en vez de ser un viaje internacional y transatlántico sea un viaje nacional por un conjunto de localidades de España», ha señalado, en alusión a la campaña interna que abre este viernes en Valencia y Murcia para explicar su proyecto a los afiliados y que le llevará a recorrer las 17 comunidades autónomas.

Los países del Mediterráneo Occidental han suscrito este jueves la Declaración de Valencia por la que se comprometen a impulsar un Plan de Acción conjunta para hacer frente a las consecuencias del cambio climático sobre los recursos hídricos de la región, que ya experimentan serias alteraciones.

Así, lo ha explicado la vicepresidenta y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, tras presidido el Diálogo 5+5 del Mediterráneo Occidental, quien ha recalcado: «articular respuestas coordinadas es primordial para asegurar un futuro más sostenible, seguro y resiliente y cooperar nos hace menos vulnerables».

Del mismo modo, España, Francia, Italia, Malta, Portugal, Argelia, Libia, Marruecos, Mauritania y Túnez han acordado poner en marcha un Programa de formación, transferencia de conocimiento y desarrollo de capacidades para identificar conjuntamente aquellas acciones, experiencias y soluciones en ámbitos como la gestión integrada de cuencas hidrográficas, desalación y reutilización o mejora de infraestructuras.

Ribera ha recordado que el informe del IPCC pone de manifiesto que la región mediterránea es uno de los entornos con mayor nivel de estrés hídrico, una situación de escasez de agua que sufren ya más de 180 millones de personas en la cuenca mediterránea.

Además, las previsiones apuntan a un incremento de la frecuencia y virulencia de los fenómenos extremos, como sequías, inundaciones o, grandes tormentas, al agravamiento de fenómenos como la desertificación y la salinización de acuíferos y suelos, y a la disminución de la escorrentía y caudales de nuestros ríos.

Estas consecuencias -ha añadido Ribera- impactarán no solo en la agricultura, sino que también afectarán negativamente a nuestra autonomía energética, al descender nuestra producción hidroeléctrica. De hecho, advierte de que España y Portugal podrán experimentar una reducción del 10% de su potencial hidroeléctrico con un aumento de 2ºC, y podría reducirse a la mitad en caso de 1,5.

Por ello, con la «Declaración de Valencia», los países de la región mediterránea también se comprometen a reforzar la seguridad hídrica mediante la aplicación de la Gestión Integrada de los Recursos Hídricos (GIRH) a todos los niveles para avanzar de una forma resiliente hacia la consecución de un acceso seguro al agua y al saneamiento para todos, tal y como establece el Objetivo de Desarrollo Sostenible número 6 de la agenda de Naciones Unidas para 2030.

Como instrumento principal de la GIRH, los Planes hidrológicos deben estar preparados para poder gestionar las grandes avenidas y sequías. Así, explica que una de las novedades incorporadas en los nuevos Planes Hidrológicos de tercer ciclo en España es «prever medidas concretas de adaptación al cambio climático para cada demarcación, en coherencia con las directrices establecidas por la nueva Ley de Cambio Climático y Transición Energética y del Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático».

COOPERAR PARA REDUCIR LA VULNERABILIDAD

Esta reunión se produce en un contexto europeo e internacional en el que «la unidad y la cooperación adquieren un especial valor». «Articular respuestas conjuntas es primordial para asegurar un futuro más sostenible, seguro y resiliente. Cooperar nos hace menos vulnerables», ha manifestado.

Así, detaca que la actividad científica y tecnológica, así como el intercambio de conocimientos entre los países, «puede dar lugar a una comprensión mucho mejor de los recursos hídricos disponibles, de las necesidades de protección del medio ambiente y de los impactos del sistema climático global sobre los recursos hídricos». «España cree firmemente en la capacitación y el intercambio de conocimientos como línea de actuación que permite superar los retos a los que se enfrentan los recursos hídricos», recalca.

Por todo ello, concluye: «hoy es más necesario que nunca seguir trabajando, desde la cooperación regional, para reforzar el desarrollo de capacidades y la transferencia de conocimientos que aseguren la seguridad hídrica y la adaptación a los impactos del cambio climático en el Mediterráneo Occidental».

RECEPCIÓN EN EL PALAU DE LA GENERALITAT

Posteriormente a la reunión, el president de la Generalitat, Ximo Puig, ha recibido a los jefes y jefas de las delegaciones que han participado en esta Conferencia Ministerial y les ha trasladado: «si hay un ámbito crucial» en las políticas hídricas es el de la «sostenibilidad» y los criterios medioambientales.

Asmismo, ha subrayado los lazos que unen a la Comunitat Valenciana con las regiones mediterráneas y la cultura compartida del uso responsable del agua.

La Sala de lo Social del TSJPV ha condenado al Instituto de la Seguridad Social y a la Tesorería General de la Seguridad Social por no haber pagado «de manera adecuada» el complemento de maternidad a un pensionista, al que deberán indemnizar con 600 euros por «vulnerar su derecho a no ser discriminado por razones de sexo».

De esta manera, estima parcialmente el recurso de suplicación presentado por el pensionista, al que la dirección provincial del INSS, en una resolución de septiembre de 2018, reconocía una pensión de jubilación en el porcentaje del 100% sobre una base reguladora de 2.693 euros en la cuantía inicial de 2.614,96 euros.

Posteriormente, el recurrente, padre de dos hijos, solicitó en marzo de 2020 el complemento de maternidad previsto en el artículo 60 de la LGSS, ya que se le había desestimado. De estimarse ese complemento supondría, 67,33 euros mensuales.

En la sentencia de instancia se estimaba en parte la demanda que planteó esta persona contra el Instituto de la Seguridad Social y la Tesorería General de la Seguridad Social y le reconocía el derecho a percibir el complemento de maternidad, desde el 17 de febrero de 2020.

El demandante planteaba que fuera desde agosto de 2018, que es cuando se le asignó la prestación por jubilación y el TSJPV ve aceptable su tesis y cree que ha de considerarse que la fecha de efectos económicos de ese complemento ha de retrotraerse a aquella que, a su vez, le fueron asignados a causa de la pensión de jubilación de la que actualmente disfruta.

El recurrente señalaba que la denegación de ese complemento supone una discriminación directa por razón de sexo, por lo que debía ser indemnizado por los daños materiales y morales generados.

El TSJPV cree que la conducta seguida por el INSS ha de calificarse de «rebelde y sin justificación objetiva alguna» y considera que «no hace sino mantener y perpetuar la discriminación por razón de sexo». En este sentido, insiste en que el hombre tiene derecho al complemento «en los mismos términos que una mujer» y es lo que «sigue rechazando el INSS de plano».

Ante la doble indemnización solicitada, el TSJPV establece una indemnización de 600 euros y, por otra parte, no acepta la petición del recurrente de que se imponga a las entidades codemandadas una multa por temeridad o mala fe.

Por todo ello, el TSJPV estima parcialmente el recurso de suplicación y revoca parcialmente la sentencia de instancia. En el fallo, señala que el Instituto de la Seguridad Social y la Tesorería General de la Seguridad Social no han pagado «de manera adecuada» el denominado complemento de maternidad y han vulnerado el derecho fundamental del recurrente «a no ser discriminado por razón de sexo».

Por lo tanto, condena a ambas entidades a pagar el citado complemento con efectos económicos del 26 de agosto de 2018, tal y como solicitaba el pensionista, así como a la citada indemnización de 600 euros por los daños morales generales a consecuencia de la citada vulneración. En cambio, absuelve a las entidades del resto de peticiones en su contra.

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha calificado de «absolutamente preocupante» que Alberto Núñez Feijóo inicie el nuevo ciclo como líder del PP «permitiendo» el pacto de gobierno entre su partido y Vox en Castilla y León, «el primer gobierno de la extrema derecha en una región europea». «Es lo más opuesto a la moderación que el señor Feijóo nos estaba anunciando», ha añadido.

En declaraciones a los medios tras clausurar unas jornadas sobre igualdad organizadas por el Ministerio del Interior, Grande-Marlaska ha sostenido que Vox es un partido que apuesta por el «retroceso» en políticas de derechos sociales.

«Me parece absolutamente preocupante permitir el primer gobierno de la extrema derecha en una región europea», ha apostillado, poniendo en duda la «moderación en el nuevo ciclo» de la que ha hablado el presidente de la Xunta tras postularse para sustituir a Pablo Casado como presidente del PP.

Grande-Marlaska también ha apostado por seguir avanzando en las políticas de igualdad. «Estamos aquí hablando de derechos humanos, de igualdad, y me parece preocupante porque, desde luego, la extrema derecha más que ayudar a avanzar en ese camino que tenemos por recorrer, yo creo que está más preocupada por retroceder», ha terciado.

La vicepresidenta y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, ha mantenido este jueves, ante la petición de reservas para La Albufera, que en una planificación hidrológica «se deben tener en cuenta todas las prioridades», las ambientales, de agua para boca, y para riesgo, pero ha recalcado que en esa ponderación «el estado de los ecosistemas es un elemento fundamental».

Ribera, en declaraciones a los medios tras presidir el acto Diálogo 5+5 del Mediterráneo Occidental, se ha referido así a la alegación presentada al Plan Hidrológico de Cuenca del río Júcar para pedir 70 hectómetros cúbicos como reserva invernal para la Albufera.

En ese sentido, ha expuesto que se trata de «un asunto que hay que verlo con el conjunto de la planificación hidrológica que está en curso. Así, ha comentado que se han recibido alegaciones en las que es «importante recordar los principios que nos van a orientar cuáles van a ser la decisiones finales».

Ribera ha señalado que hay que estudiar cuáles son las demandas y ha apuntado que las que sean de tipo ambiental son «clave, empezando primero por los caudales ecológico pero también por las necesidades fluviales y zona de protección». Asimismo, habrá que estudiar «las demandas de los usuarios para agua de boca y en tercer lugar los económicos, incluidos los usos para regadío y agricultura».

Al respecto, ha señalado que es «una cuestión que les ha llevado a pensar en escenarios extremos, tanto de sequía como de inundación, y buscar el modo de pensar cómo aportar recursos no convencionales, de qué modo se puede contar con los ahorros de los programas de eficiencia en el consumo de agua», pero también con el aguas adicional que proceda de los programas de desalación o de reutilización.

Ribera ha defendido que «a partir de ahí se trata de una distribución que debe tener en cuenta todas estas prioridades» y ha recalcado que es «muy difícil pensar que se puedan satisfacer todas plenamente». No obstante, ha insistido en que «en esa ponderación, mantener el estado de los ecosistemas es un elemento fundamental en cualquier planificación hidrológica y más en las de este tercer ciclo».

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha asegurado este jueves que para lograr la igualdad entre mujeres y hombres en las fuerzas y cuerpos de seguridad ya «no bastan» con políticas «tradicionales» y ha llamado a poner en marcha «actuaciones innovadoras» para hacer este ámbito «atractivo» para la mujer, convirtiéndolo en un «territorio en el que desarrollar con plenitud su pericia profesional».

Con este discurso, Grande-Marlaska ha cerrado las II Jornadas sobre Mujer, Igualdad y Seguridad, organizadas por su Ministerio, en donde ha reconocido que quedan «obstáculos» por remover «en la senda de la igualdad» para que las mujeres no deban hacer «un esfuerzo suplementario» al que hacen los hombres. «Tenemos que reequilibrar», ha señalado.

El ministro ha explicado que, 42 años después de la incorporación de la mujer a la Policía Nacional, la presencia femenina en la institución supone «solo el 16%» y que, en el caso de la escala superior, esta cifra se reduce hasta el 10%. Mientras, en la Guardia Civil, en donde la mujer está presente desde hace 33 años, su presencia supone el 8,5%.

«No podemos, ni debemos, darnos por satisfechos», ha señalado Grande-Marlaska, quien ha apuntado que las mujeres de estas instituciones ven «lastrada» su carrera por muchas circunstancias, señalando como «la más evidente» la dificultad en el cumplimiento de la conciliación. En este sentido, el ministro se ha referido a la «corresponsabilidad» y a la importancia que tienen en este sentido, los permisos de paternidad.

«NO CABEN EXCUSAS»

A su juicio, las fuerzas de seguridad se enfrentan a la misma «dificultad estructural y transversal» que «cualquier otro ámbito profesional» como es el «suelo pegajoso» que «frena» el desarrollo de la carrera de las mujeres, frente a la de los hombres.

Y, ante este escenario, según ha apuntado el responsable de Interior, «no caben más excusas que revertir con iniciativas valientes y decididas que aseguren un principio» que, a su juicio, hay que «asumir como irrenunciable» y que es «la igualdad real y efectiva de mujeres y hombres en las fuerzas de seguridad».

«Vamos a hacerlo porque la incorporación total de la mujer a las fuerzas de seguridad generará organizaciones policiales más eficientes, más justas y más cercanas», ha insistido Grande-Marlaska, que ha añadido que esa evolución se traducirá en sociedades más armónicas, pacíficas y prósperas.

MESA REDONDA Y UN CORTO

La jornada, inaugurada por la subsecretaria del Ministerio del Interior, Isabel Goicoechea, ha comenzado con el coloquio ‘Tejiendo redes. Ser Mujer en prisión’, en el que han participado la coordinadora de Tratamiento y Gestión Penitenciaria de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, Lourdes Gil; la trabajadora social Carmen de la Llave y dos de las internas que han pasado por el programa Ser Mujer.

Del mismo modo, la subdirectora de Protección Internacional del Ministerio del Interior, María Cruz Fajardo, ha explicado cómo influye el factor de género en aquellas mujeres que buscan protección internacional por temor a ser perseguidas en sus países de origen.

Además, la periodista de RNE Pepa Fernández ha moderado una mesa redonda sobre la situación de la mujer en las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en la que han participado la comisaria principal María Marcos, la directora de Seguridad de Presidencia del Gobierno; la teniente coronel Laura Gómez, responsable del Área de Igualdad y Diversidad del Gabinete Técnico de la Guardia Civil; la comisaria Sandra Ranea, responsable del Grupo de Igualdad de la Ertzaintza; el comisario jefe provincial de Córdoba, Carlos Enrique Serra, y el coronel Juan Carretero, jefe de la Comandancia de la Guardia Civil de Córdoba.

Finalmente, durante la jornada se ha proyectado el corto ‘Ficciónvs. Realidad’, en el que las actrices Maribel Verdú e Iris Díaz, que han encarnado papeles de agentes femeninas en distintas producciones, dialogan con una inspectora de la Policía Nacional y una agente de la Guardia Civil sobre la ficción y la realidad de sus profesiones y los retos que aún quedan por afrontar en el terreno de la igualdad.

El consejero de Transformación Económica, Conocimiento y Universidades, Rogelio Velasco, ha afirmado que están «muy atentos» a las negociaciones que se están llevando a cabo entre la Unión Europea (UE) y Reino Unido para la definición de un estatuto definitivo de Gibraltar dentro de la Unión Europea, «incluyendo la protección de los derechos de los trabajadores, que por cierto no ha parado de crecer desde el Brexit hasta el 31 de diciembre del año pasado».

A pregunta de Unidas Podemos por Andalucía relativa a consecuencias de la negociación del Brexit, Velasco ha explicado que desde que se celebró el referéndum en junio de 2016 «la economía británica ha mostrado un peor comportamiento en términos de crecimiento del PIB que la economía europea, excepto el pasado año donde hubo un repunte y consiguió que creciera un 7,5%, lo que supone 2,5 puntos porcentuales por encima de la UE».

«En general lo que ha ocurrido con este mal comportamiento de la economía británica, con peor crecimiento que el resto de la economía europea, es que ha ido importando menos que el resto del mundo», ha señalado que el consejero.

Así, ha indicado que el pasado año 2021 la exportación de Andalucía al Reino Unido alcanzó los 2.256 millones de euros, «todavía inferior al de 2016 cuando se produjo el referéndum que fue de 2.554».

Esto se está recuperando, al menos hasta hace dos semanas que comenzó la invasión rusa a Ucrania, de manera que el volumen de exportaciones de la economía andaluza a la británica lo que cabe esperar es que vaya creciendo.

Además, ha explicado que «donde con mayor daño golpeó la crisis de la pandemia ha sido el turismo». Así, ha explicado que el pasado año hubo un aumento significativo con un 36%, pero es que el año anterior, 2020, se desplomó en 82% el turismo británico y de tener tres millones pasó a 700.000″.

Por su parte, la portavoz de Unidas Podemos por Andalucía, Inmaculada Nieto, ha afirmado que ve al Gobierno andaluz «poco proactivo, especialmente en el Campo de Gibraltar».

En este sentido, ha afirmado que «una parte importante de lo que pudiera paliar un mal acuerdo o un no acuerdo viene provocado porque esas personas que están preocupadas porque dependen económicamente de Gibraltar lo están porque en el Campo de Gibraltar no hay una alternativa para ganarse en condiciones la vida y prosperar».

«Sobre eso sí tiene la Junta competencias, ha ido a decir que iban a poner dinero, se han comprometido a tomar decisiones concretas y sobre eso no han avanzado nada», ha concluido Nieto.

El Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Madrid ha hecho pública su lista de comparecientes para la comisión municipal que investigará el presunto espionaje a la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, y que esta conformada por 34 personas entre las que destacan el hermano de la presidenta regional, el presidente del PP, Pablo Casado; la vicealcaldesa, Begoña Villacís, o el vicesecretario de Comunicación del Partido Popular, Pablo Montesinos.

En el escrito, dirigido al presidente de la comisión no permanente, Santiago Saura (Cs), se recuerda que se busca «esclarecer todos los hechos vinculados a la implicación del Ayuntamiento de Madrid en la investigación del entorno familiar de la Presidenta de la Comunidad de Madrid y la posible contratación a través de la EMVS o de la EMT, en el año 2021, de detectives o investigadores privados para asuntos particulares del Partido Popular».

La coordinadora del PSOE Madrid Ciudad, Mercedes González, anunciaba ayer diversos nombres, si bien, el del expresidente del Gobierno José María Aznar no está finalmente incluido en el listado dado a conocer.

De la Comunidad piden la comparecencia de los consejeros Enrique Ruiz Escudero, Javier Fernández-Lasquetty y Enrique López. En el Ayuntamiento solicitarán la del exdirector de Coordinador de Alcaldía, Ángel Carromero; los delegados Borja Carabante, Inmaculada Sanz y Paloma García Romero y de la coordinadora de Alcaldía, Matilde García.

Los socialistas también han solicitado que comparezcan la vicealcaldesa, Begoña Villacís, y el vicepresidente de la EMVS, Mariano Fuentes. La hacen extensibles al director de Comunicación del Ayuntamiento, Daniel Hidalgo; de la EMT, Joaquín Vidal, y de la EMVS, que ya ha presentado su cese del Ayuntamiento.

El PSOE incluye en su listado al hermano de la presidenta y al alcalde del municipio abulense de Higuera de Dueñas, además de a representantes de la agencia de detectives contactada y de todas las empresas vinculadas a la adjudicación de la compra de mascarillas.

Agentes de la Policía Nacional han detenido en València a un hombre de 86 años como presunto autor de un delito de abuso sexual, tras supuestamente realizar tocamientos a una menor de 15 años mientras se encontraban en la Plaza del Ayuntamiento esperando el disparo de la ‘mascletà’ de Fallas.

Los hechos ocurrieron sobre la una de la tarde de este miércoles cuando agentes que forman parte del dispositivo de seguridad establecido con motivo de las Fallas fueron requeridos por los servicios de emergencia que atendían a una menor que podría haber sido víctima de abusos sexuales, según ha informado la Policía.

Los policías, tras entrevistarse con la víctima, averiguaron que, momentos antes, esta se encontraba en la Plaza del Ayuntamiento esperando el disparo de la ‘mascletà’, cuando un hombre de avanzada edad le cedió el sitio delante de él.

Seguidamente, este presuntamente le realizó tocamientos a lo largo del brazo, continuando por la cadera y los glúteos y además presuntamente intentó introducir la mano en sus pechos. La joven, muy nerviosa, solicitó ayuda a los servicios de emergencia presentes en el lugar, quienes alertaron a la Policía Nacional de lo sucedido.

Los policías localizaron en el lugar al sospechoso, al que detuvieron como presunto autor de un delito de abuso sexual. El arrestado, sin antecedentes policiales, ha sido puesto en libertad una vez oído en declaración, tras ser advertido de la obligación legal de comparecer ante la autoridad judicial cuando sea requerido.

El rector de la Universidad de Jaén (UJA), Juan Gómez, ha presentado su dimisión como presidente de la Asociación de Rectores de Universidades Públicas de Andalucía (AUPA) ante «los problemas» que el nuevo modelo de financiación propuesto por la Consejería de Universidades supone para la UJA.

Gómez ha indicado en rueda de prensa que la decisión de dimitir no es más que una forma de centrarse en «buscar soluciones» para la UJA ya que los criterios del nuevo sistema, tal y como está ahora planteado, suponen «un serio problema» para el futuro de la entidad jiennense ya que «genera enormes desequilibrios entre las universidades públicas andaluzas» porque «para que unas mejoren más, otras tienen que perder».

El rector de la UJA ha señalado que la entidad jiennense es una de las cuatro universidades públicas andaluzas que, con la aplicación de las variables y criterios del nuevo modelo, recibiría menos financiación. En concreto, un 8,22 por ciento menos que el pasado año, lo que equivale a 7,7 millones de euros.

Ha apuntado que con la aplicación de la cláusula de salvaguarda, la UJA se quedaría con la misma financiación que en 2021, pero esto no es una solución ya que «solo por ley hay que hacer frente a un incremento anual en los gastos de cerca del tres por ciento» para abordar cuestiones como la subida de sueldos o el crecimiento vegetativo por lo que tener congelada la financiación llevaría a futuro a un problema «estructural» y «eso es gravísimo».

Gómez ha incidido en que el panorama que se vislumbra para la UJA es «un anquilosamiento de su actividad», mientras que otras universidades, a las que sí beneficia el nuevo modelo, «irán subiendo».

«No nos oponemos a un nuevo modelo de financiación, pero sí a uno que genere estos desequilibrios», ha dicho Gómez, al tiempo que ha defendido la necesidad de un modelo que haga a las universidades públicas andaluzas «más competitivas y eficaces», pero sin incurrir en «graves desequilibrios», máxime cuando la UJA «no ha hecho más que mejorar desde que se creó» y es una institución «esencial» para el desarrollo económico y social de una provincia como Jaén afectada ya de por sí por «graves» desafíos de convergencia con el resto de provincias.

Ha reconocido que la última semana y media, desde que la Consejería les remitió el borrador con la aplicación práctica del nuevo modelo, ha sido «la más complicada» de su vida profesional por «el serio problema» que conlleva para la UJA «no solo para este año sino para los cuatro o cinco siguientes».

«Estoy muy preocupado por el futuro de la UJA», ha afirmado el rector, al tiempo que ha señalado su intención de «dejarse la piel» para buscar una solución porque «esto tiene que solucionarse». «No veo otro final que no sea que esto se soluciones y a ello voy a dedicar hasta la última molécula de mi actividad», ha dicho el rector.

Sobre lo que puede suponer el nuevo modelo en la implantación para el próximo curso del Grado de Medicina en la UJA, Gómez ha defendido que se trata de «un proyecto superimportante» y «enormemente ilusionante» para el conjunto de la provincia.

Por el momento, ha indicado Gómez, se trata de un proyecto que sigue adelante, pero siempre y cuando puedan hacerse cambios en el modelo de financiación. «Seguimos para adelante, pero supeditado a un modelo de financiación adecuado», ha manifestado el rector.

El rector ha avanzado que una de las últimas decisiones adoptadas en el seno de la AUPA ha sido la de solicitar una reunión «urgente» al presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, para explicarle la situación en la que se encuentran las universidades públicas andaluzas, sobre todo la de aquellas que verán congelada su financiación en los próximos años.

«Queremos dejar claro el problema al que nos están llevando. Necesitamos soluciones para este año y a futuro», ha dicho Gómez.

Por lo pronto, el rector de la UJA ya ha comenzado a informar a la comunidad universitaria de lo que supone el nuevo modelo. Este miércoles celebró un consejo de gobierno extraordinario y tiene previsto para la semana que viene reuniones con el claustro y los órganos de representación del alumnado, del personal de administración y servicios (PA) y del personal docente y de investigación (PDI).

«Mi objetivo es que esto se resuelva», ha apuntado Gómez y para ello confía en contar con el apoyo de toda la sociedad jiennense. Sobre la idea de movilizaciones, el rector ha eludido pronunciarse sobre este aspecto en concreto y ha indicado que hay «muchas fórmulas» para hacer efectivo ese apoyo que ahora necesita la UJA.

Los trece procuradores electos por Vox han jurado este jueves, 10 de marzo, sus cargos como representantes de los ciudadanos en el Parlamento de Castilla y León «por España». «Por España, sí juro», han afirmado en concreto como es el caso del cabeza de lista de Vox, Juan García-Gallardo.

Esta es la fórmula por la que han optado los trece procuradores de Vox en la sesión constitutiva del Parlamento de Castilla y León de la XI Legislatura que presidirá precisamente la formación de los de Santiago Abascal, responsabilidad que ha recaído en el parlamentario leonés Carlos Pollán, que ha sido el primero en jurar el cargo con ese apéndice de «por España» para recordar el compromiso de cumplir el Estatuto de Autonomía y la Constitución España, como contempla el Reglamento de las Cortes.

En el caso del PP, la mayor parte de sus 31 procuradores han jurado sus cargos, al igual que la vicepresidenta segunda de las Cortes, la socialista Ana Sánchez, a la que el presidente se dirigió al principio como secretaria y como vicepresidenta primera, una de las anécdotas de este acto, y el socialista José Ignacio Martín Benito, mientras que el ‘popular’ Jesús Julio Carnero ha prometido. «Por todas las mujeres de Castilla y León, sí prometo», ha manifestado por su parte la socialista Rosa Rubio.

El resto de los procuradores del PSOE se han decantado por la fórmula de la promesa de sus cargos, como el procurador de Unidas-Podemos, Pablo Fernández, que, además de la promesa, se ha comprometido a «poner las instituciones al servicio de la ciudadanía», como en ocasiones precedentes y tras lo que ha vuelto a rechazar la Medalla de las Cortes.

También ha sido diferente el juramento del cargo de los representantes de Unión del Pueblo Leonés (UPL), entre los que repite Luis Mariano Santos, quien, también como en anteriores ocasiones, ha jurado su escaño «por la autonomía de la región leonesa», y también ha rechazado la Medalla de las Cortes.

En el caso del procurador de Por Ávila, Pedro José Pascual Muñoz, que repite en el cargo ha afirmado: ‘Por Ávila, sí juro’ y el liberal Francisco Igea también ha jurado su cargo y han prometido sus cargos los tres procuradores de Soria ‘Ya’, la agrupación de electores que se estrena en las Cortes con tres de cinco procuradores por esta provincia.

La vicesecretaria general del PSOE, Adriana Lastra, ha tachado de «pacto de la vergüenza» el acuerdo alcanzado entre PP y Vox para gobernar en Castilla y León y ha asegurado que dicho pacto está avalado por Alberto Núñez Feijóo, a pesar de que aún no es el presidente del PP. Además ha acusado a los populares de permitir que la extrema derecha vuelva a las instituciones «40 años después».

En una comparecencia ante los medios en el Congreso, Lastra ha señalado que hoy es un mal día para Castilla y León y también para la democracia porque «la extrema derecha vuelve a los gobiernos 40 años después de la mano del PP de Feijóo».

Así, ha indicado que Feijóo estrena su mandato abriendo la puerta «no ya de las instituciones sino de los gobiernos» a Vox. Además, ha acusado al PP de haber negociado, «mercadeado y traicionado» los derechos de los ciudadanos de esta comunidad.

NO HAY FALTA DE LIDERAZGO EN EL PP

Al ser preguntada sobre si piensa que Feijóo ha calculado este movimiento para que se realizase antes de que sea nombrado líder nacional del PP, algo que previsiblemente ocurrirá en próximo congreso extraordinario, Lastra ha afirmado que está decisión «en ningún caso» se ha tomado al margen de Feijóo.

«Que nadie caiga en la trampa de creer que el PP es un reino de taifas, no lo es y ni lo ha sido nunca, es un partido completamente vertical, y quien toma las decisiones es el líder», ha indicado antes de volver a señalar al todavía presidente de la Xunta de Galicia. «Ahora sabemos que no hay falta de liderazgo, que lo esta ejerciendo Feijóo y lo que ha hecho es firmar ese pacto de la vergüenza», ha trasladado.

Además, ha apuntado que le parece sintomático que «hace apenas 10 días», el presidente del comité organizador del Congreso del PP, Esteban González Pons,» se refiriera a Vox como extrema derecha y ayer ya no lo hiciera» porque, a su juicio, quien firma el acuerdo con Vox es el presidente en funciones de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, pero es Feijóo quien lo «avala» y «valida».

La Unión Progresista de Letrados de la Administración de Justicia (UPSJ) ha cifrado el seguimiento de la huelga prevista para este jueves en todo el territorio nacional en un 60%, habiéndose suspendido más de 70.000 juicios y dejándose de mover cerca de 30 millones de euros.

Se trata del segundo día de huelga después de que este miércoles la USPJ se manifestase a las puertas del Ministerio dirigido por Pilar Llop al grito de «Tontxu, dimisión», en referencia al secretario de Estado de Justicia, por su gestión del conflicto laboral en el que la asociación reclama una batería de reivindicaciones, incluida la negociación colectiva propia y la adecuación salarial.

En la calle madrileña de San Bernardo, a la altura del número 45, un grupo de letrados vestidos con toga entonaron el lema «Tontxu, dimisión». Luis Gómez, miembro de la comisión permanente de la UPSJ, afeó los «comportamientos» del secretario de Estado con los que ha faltado el respeto y «no ha creado un clima de entendimiento».

«El Ministerio no está cumpliendo su parte porque no nos llama a reunión. Nos llamó el día 13 y el secretario de Estado mantuvo un comportamiento poco edificante, poco educado e hizo aspavientos. Rompió la negociación. Estamos esperando que nos llamen», señaló.

La asociación explica en un artículo publicado este mismo jueves en su página web que decidió ir a la huelga para tratar de que su salario se adecue a las «más de seiscientas nuevas competencias atribuidas» que tuvieron que asumir los LAJS y «que han multiplicado por 100» su «carga de trabajo y responsabilidad».

JUSTICIA NO HA «CUMPLIDO LO ORDENADO»

Así, y aunque la propia Ley de Presupuestos Generales del año 2021 acogiese esta reivindicación e instase a la adecuación salarial, denuncian que Justicia no haya «cumplido lo ordenado». «Se ha limitado a pactar con los sindicatos generalistas un complemento de destino para todos los cuerpos de la administración de Justicia», critican.

Y es que el principal problema, aducen, «es que los sindicatos generalistas no defienden los derechos del Cuerpo de Letrados de la Administración de Justicia», que quieren negociar sus condiciones laborales con el Ministerio, pidiendo tener negociación colectiva propia.

«Somos un colectivo muy consciente de que cada día que dejamos de trabajar, los problemas de los ciudadanos se acumulan sin resolver, pero creemos que es necesario que el Ministerio tome conciencia de que la justicia importa, que se debe implantar una justicia de calidad en la que quienes trabajamos en ella seamos tratados con la dignidad y respeto que merecemos y estemos adecuadamente retribuidos», apostilla la asociación.

Si nada cambia, también está previsto que la UPSJ vuelva a parar los días 5, 6 y 7 de abril para evitar que Justicia deje de encomendarles «nuevas funciones a pesar de no atender» sus reclamaciones.

El eurodiputado y presidente del Comité Organizador del XX congreso extraordinario del PP (COC), Esteban González Pons, ha rememorado este jueves el congreso que tuvo lugar en Sevilla en 1990 en el que José María Aznar tomó las riendas del partido y ha señalado que el cónclave que celebrarán ahora los días 1 y 2 de abril en la misma ciudad «tiene algo de refundación» que han llamado «reinicio».

Así se ha pronunciado González Pons en una rueda de prensa en Sevilla, junto a la coordinadora general del PP, Cuca Gamarra, antes de visitar las instalaciones del Palacio de Congreso y Exposiciones (FIBES) que acogerán ese cónclave los días 1 y 2 e abril, en el saldrá previsiblemente elegido el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo.

González Pons ha señalado que a última hora de este jueves se reunirá el Comité Organizador del Congreso para examinar los avales y proclamar a los candidatos que reúnan los requisitos. El plazo para formalizar candidaturas terminó este 9 de marzo.

En concreto, han registrado avales Feijóo, que acudió este miércoles a la sede del PP para formalizar su candidatura y que cuenta con más de 55.000 avales. También la militante ‘trans’ del PP de Gandia Alexia Herranz dice haber presentado 120 avales, 41 en Valencia y el resto en otras sedes del partido en España.

Al ser preguntado si al final el Comité Organizador mantendrá la votación de los afiliados si solo Feijóo es candidato, González Pons ha rehusado ofrecer una respuesta en este momento –esta noche es cuando se reúne el COC–, si bien ha admitido que «más de 50.000 avales son muchos».

«EL CONGRESO DEL FUTURO DE ESPAÑA»

González Pons ha destacado la «importancia» que tiene para el PP «el lugar, el recinto y el día de la celebración del próximo congreso del PP. «Dije que este congreso iba a ser el del reinicio del PP y nos hemos venido a celebrarlo al lugar, al recinto y al día en el que el PP se refundó», ha manifestado, para añadir que «no es casualidad» que estén en Sevilla y que sea el 1 de abril el día en el el partido se «reinicie».

Así, ha recordado que el 1 de abril de 1990, en Sevilla y en este mismo recinto, «no tan moderno» sino algo «más primitivo», el PP «se refundó». «Por lo tanto, este congreso tiene algo de refundación del PP a la que llamamos reinicio», ha aseverado. Entonces, Aznar fue elegido presidente del PP en sustitución de Manuel Fraga con el lema ‘Centrados con la libertad’.

González Pons ha señalado que éste es un cónclave para «mirar al futuro» y «ofrecer a los españoles hacer las cosas bien». «Vamos a decir basta ya de que los políticos se miren el ombligo, vamos a empezar a hablar solo de lo que importa a los ciudadanos», ha manifestado.

En este sentido, ha subrayado que no puede haber «más políticos hablando de políticos» sino de «políticas a favor de los ciudadanos». «Desde este congreso, el PP hará las cosas bien y se dedicará a lo que tienen que dedicarse los políticos, que es a resolver los problemas de la gente», ha abundado, para añadir que el cónclave de abril es el del «futuro de España».

El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, ha avanzado este jueves que aprovechará la Conferencia de Presidentes del domingo en La Palma para «reducir los impuestos» que gravan la electricidad y el gas, dentro de los parámetros consentidos por la Unión Europea (UE), que permite –ha recalcado– bajadas del IVA.

Con la «preocupante» situación de Ucrania tras la invasión militar rusa, Feijóo ha remarcado en la rueda de prensa posterior a la reunión semanal de su Ejecutivo el «enorme impacto económico» que supone un alza de precios que se ha agudizado en los últimos días.

«No podemos seguir soportando el peso de la factura eléctrica y gastística ni en el agro, ni en el mar, ni en la industria, ni en los hogares», ha aseverado, antes de concretar que la propuesta de la Xunta es reducir el IVA de gas y electricidad «mientras dure la escalada masiva de precios».

Como argumento, ha esgrimido que los Presupuestos Generales del Estado se confeccionaron con una previsión de ingresos de precio de barril de petróleo de 60 euros. «Hoy está a más del doble», ha aseverado, para añadir que la previsión para las próximas semanas es que «siga creciendo».

ALZA EXPONENCIAL

Según datos de este mismo jueves, el precio de la gasolina y del gasóleo ha vuelto a conquistar esta semana nuevos récords históricos, impulsado por el alza en el precio del petróleo, que cotiza en torno a los 117 dólares por barril y se ha disparado tras el inicio de los ataques de Rusia a Ucrania.

El precio de la gasolina y del gasóleo ha vuelto a conquistar esta semana nuevos récords históricos, impulsado por el alza en el precio del petróleo, que cotiza en torno a los 117 dólares por barril y se ha disparado tras el inicio de los ataques de Rusia a Ucrania.

«Así no podemos pescar, faenar, mantener el ganado y los hogares no pueden seguir pagando precios astronómica de la luz», ha aseverado, para añadir que hay empresas que han cesado su actividad ante la subida exponencial de las tasas.

La diputada del PSOE en la Asamblea de Extremadura Ana Belén Fernández ha afirmado que la demolición total del complejo Marina Isla de Valdecañas tendría un «impacto negativo» medioambiental que llevaría a que «sería peor el remedio que la enfermedad».

Mientras, el diputado del PP en la Cámara regional Bibiano Serrano ha mostrado la «lealtad y apoyo» de su grupo a la Junta de Extremadura para mantener «la actividad» en Marina Isla de Valdecañas y el complejo «tal y como está» en la actualidad, porque la reciente sentencia del Supremo puede provocar que la zona donde se ubica «morirá».

De su lado, el portavoz de Ciudadanos en la Asamblea, David Salazar, ha defendido la «riqueza» que genera Marina Isla de Valdecañas, y ha apostado por que el complejo «no se derribe», aunque ha pedido que se haga también «examen de conciencia» sobre el «error» que se haya podido cometer inicialmente o no con la autorización de este complejo.

De su lado, la portavoz de Unidas por Extremadura en la Asamblea, Irene de Miguel, ha considerado que la Junta «actuó de manera absolutamente temeraria e irresponsable» con la autorización en su momento de Marina Isla de Valdecañas, y ha pedido a los políticos de entonces que se responsabilicen «patrimonialmente» por haber «aprobado un proyecto ilegal».

Así se han pronunciado los diferentes representantes políticos sobre la reciente sentencia de demolición total de Marina Isla de Valdecañas dictada por el Tribunal Supremo, durante una comparecencia a petición propia este jueves en el pleno de la Asamblea para hablar sobre la cuestión por parte de la vicepresidenta primera y consejera de Hacienda y Administración Pública de la Junta, Pilar Blanco-Morales.

PSOE

Así, la diputada del PSOE Ana Belén Fernández González ha defendido que la sentencia del Supremo sobre la demolición total de Marina Isla de Valdecañas tendría un «impacto negativo» y llevaría a que «sería peor el remedio que la enfermedad», porque aplicar «puede producir un daño ambiental mucho mayor».

Además, ha defendido que dicho fallo del Supremo no debe servir para la «confrontación» sino «para la reflexión» y «para pensar en el futuro y cómo se quiere que sea», tras lo cual ha abogado por revisar las zonas ZEPA para permitir en los casos que se pueda proyectos de desarrollo.

«Extremadura ahora tiene una grandísima oportunidad y debemos aprovechar los recursos medioambientales que tenemos como una oportunidad económica de desarrollo sostenible», ha recalcado la socialista, quien ha defendido en todo caso que la legislación debe ir adaptándose a los «nuevos tiempos y necesidades» para encontrar un «equilibrio entre el medio ambiente y el desarrollo que todos los extremeños quieren para poder desarrollar sus vidas».

Así, ha recordado que un tercio del suelo está sujeto en Extremadura a algún tipo de protección, y ha considerado que «probablemente haya que revisarlo y haya que hacer un serio estudio en profundidad para ver dónde tiene sentido que esté y donde a lo mejor no tiene sentido que esté y pueda flexibilizare en algunas zonas» de la Red Natura, porque «hay algunas zonas donde esas limitaciones hacen muy difícil cualquier tipo de actuación y cualquier tipo de proyecto de desarrollo e incluso de infraestructuras básicas».

En este sentido, ha considera «incongruente» que se estén impulsando políticas contra la despoblación mientras al mismo tiempo hay «obstáculos» contra el «crecimiento» en las zonas rurales.

PP

Por su parte, el diputado del PP Bibiano Serrano ha mostrado la «lealtad y apoyo» de su grupo a la Junta de Extremadura para mantener «la actividad» en Marina Isla de Valdecañas y el complejo «tal y como está» en la actualidad, porque la reciente sentencia del Supremo puede provocar que la zona donde se ubica «morirá».

«No nos gusta la sentencia (del Supremo) y hay que hacer lo que esté en los escritos y lo que no esté en los escritos para evitar este desastre (de la demolición total de Marina Isla de Valdecañas)», ha afirmado Serrano, quien ha pedido en todo caso que la Junta ofrezca «seguridad jurídica» para los proyectos que se puedan implantar en la región.

Ha defendido así que «hay que salvar Valdecañas porque Valdecañas es el futuro de muchas personas, el pan de cada día de muchas familias de esa zona, y es un busque insignia que de derribarlo supondría el cierre de Extremadura tarde o temprano».

Serrano, al mismo tiempo, ha criticado también la gestión de zonas ZEPA que viene aplicando el Ejecutivo regional socialista, porque a su juicio la misma evita «riqueza» y «desarrollo». «Aquí hay responsables políticos, que son los distintos gobiernos socialistas desde 1999 a 2011 que son los responsables de la protección medioambiental incompatible con la subsistencia humana» existen en Extremadura, ha advertido.

Al respecto, ha tachado de «delirante» la «idea» de que en Cáceres se hayan cedido terrenos para construir una estatua de Buda «en una zona con la misma protección que Valdecañas», así como de que el complejo Elisyum también está previsto que se construya en «zona de protección».

CIUDADANOS

De su lado, el portavoz de Ciudadanos en la Asamblea, David Salazar, ha defendido la «riqueza» que genera Marina Isla de Valdecañas, y ha apostado por que el complejo «no se derribe», aunque ha pedido que se haga también «examen de conciencia» sobre el «error» que se haya podido cometer inicialmente o no con la autorización de este complejo.

Al mismo tiempo, ha abogado por que si los cuatro grupos políticos con presencia en la Asamblea tienen que «encadenarse» en la zona para evitar la demolición del complejo lo hagan, aunque ha reconocido que «las cosas se hicieron mal».

En todo caso, ha incidido en que si al «error» inicial se suma «otro error» la región se vería perjudicada. «¿Qué sentido tiene tirarnos piedras contra nuestro tejado por interés electoralista?», se ha preguntado.

Así, ha recordado que antes de la construcción del proyecto el lugar «era un vertedero». «Aquello es una maravilla, la naturaleza, cómo está todo perfectamente integrado», ha defendido Salazar, quien ha considerado que Extremadura «debería sacar pecho de Valdecañas», y ha apostado por construir «más Valdecañas» en la región porque «da dinero».

«Que vengan ricachones, que vengan muchos, que vengan aquí todos los ricachones de España, que vengan al Carnaval de Badajoz, que vengan a ver el Buda de Cáceres si se hace», ha afirmado.

UNIDAS POR EXTREMADURA

A su vez, la presidenta y portavoz de Unidas por Extremadura en la Asamblea, Irene de Miguel, ha afirmado que la sentencia del Supremo sobre la demolición total de Marina Isla de Valdecañas es «demoledora», y ha criticado que la Junta siga «obstinada en defender el pelotazo urbanístico» de dicho complejo «echándole además la culpa de todo a las asociaciones ecologistas».

«Aquí los únicos responsables son los políticos que legislaron (en alusión a PSOE y PP) y que se saltaron la ley a sabiendas», ha espetado De Miguel, quien ha lamentado también que la Junta esgrima la dificultad para el desarrollo en zonas de protección. «Parece que ahora sobran las zonas de protección», ha criticado.

La portavoz de Unidas por Extremadura, al mismo tiempo, ha considerado que la Junta «actuó de manera absolutamente temeraria e irresponsable» con la autorización en su momento de Marina Isla de Valdecañas.

Así, ha afirmado que dicha administración debería pedir «perdón» por el «error» al autorizar dicho proyecto en su momento.

También ha pedido a los políticos que lo aprobaron en su momento que se responsabilicen «patrimonialmente» por haber «aprobado un proyecto ilegal».

Las discriminaciones por LGTBIfobia se han duplicado en Barcelona en los últimos cuatro años, pasando del 16% al 32%, mientras que las de racismo y xenofobia han bajado hasta el 34% (cuando habían llegado a suponer más del 40%), y ambas causas continúan siendo los principales motivos de discriminación en 2021.

El concejal de Derechos de Ciudadanía, Marc Serra, ha presentado el balance de la Oficina para la No Discriminación de Barcelona de 2021, en rueda de prensa este jueves, en la que ha anunciado que el número de situaciones de discriminación se sitúa en 244 expedientes, lo que supone un incremento del 11% respecto a los 219 del 2020.

Según los datos de los expedientes abiertos por la oficina, en 2021 se registraron 84 situaciones de racismo y xenofobia, el 34% del total de los 244 expedientes, y 78 por LGTBIfobia, el 32%, de manera que ambas suman dos de cada tres de todos los casos de discriminación que han tenido lugar a la ciudad durante el año pasado.

Principalmente, se trata de situaciones que atentan contra el derecho a la integridad moral de las personas, en un 37% de los casos, mientras que disminuyen las agresiones físicas (del 15 al 13%) y se mantienen en un 13% los casos de discriminación en la prestación de servicios.

En el caso de la LGTBIfobia, más de la mitad de la situaciones han sido insultos o tratos humillantes y vejatorios, con un 53% del total de los casos, y las agresiones físicas han representado un 17%, una cifra superior respecto al total de discriminaciones, del 10%.

MEDIACIONES

En 2021, la Oficina para la No Discriminación dobló los procesos de mediación e intermediación como vía para reparar el daño causado y de asunción de responsabilidades por parte del agente discriminador.

Realizó hasta 300 atenciones y asesoramientos jurídicos y 319 acciones de apoyo y empoderamiento de las víctimas y orientaciones sociales, y triplicó los esfuerzos en mediación e intermediación, pasando de los 13 casos en 2020 a los 38 en el último año.

También aumentaron las formaciones en derechos humanos, llegando a cifras similares a las de 2019, con 1.119 personas formadas, 195 de las cuales son trabajadores municipales y el resto alumnos de primaria, secundaria y formación profesional, entidades sociales y empresas.

Serra considera que el discurso de algunas fuerzas políticas y su entrada en las instituciones está normalizando la discriminación, aunque ha trasladado un mensaje de confianza a la ciudadanía porque asegura que desde el Ayuntamiento tienen «la capacidad para poder dar una respuesta relativamente rápida, eficiente y ágil».

El Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) ha dado la razón a cuatro técnicas medias de la Diputación Foral de Gipuzkoa que fueron apartadas del proceso de selección para la Campaña de la Renta 2019 porque consideró que «eran personal de riesgo por estar embarazadas» debido a la pandemia de la Covid-19. La resolución, dictada el 22 de febrero de 2022, declara nula dicha actuación por entender que fueron «discriminadas» por su estado.

Así lo han dado a conocer este jueves, en una comparecencia en la sede de ELA en San Sebastián, en la que han comparecido las trabajadoras junto a representantes del sindicato, y en la que han remarcado que el TSJPV les da la razón.

Las cuatro técnicas medias participaron en la convocatoria pública de una bolsa de trabajo de la Diputación guipuzcoana para trabajar en la campaña de la renta del año 2019 y fueron llamadas a trabajar por «orden de puntuación y prelación de listas», han precisado en la exposición de los hechos.

Sin embargo, han explicado que, tras conocer su embarazo, las recurrentes de esta decisión foral recibieron después una notificación de la Diputación de Gipuzkoa donde se alegaba que «no iban a ser nombradas por ser personal de riesgo por la Covid-19» cuando, en realidad, «les correspondía, por orden de puntuación, ocupar el puesto».

Tras conocer la sentencia del TSJPV, desde ELA han valorado «muy positivamente» esta sentencia, que, desde su punto de vista, «interpela directamente a las administraciones públicas, y en particular a la Diputación de Gipuzkoa, por ser las que deben promover no solo la igualdad formal, sino también real y efectiva, impidiendo que la maternidad sitúe a las mujeres en situación de desventaja».

En su sentencia, el TSJPV estima el recurso interpuesto por estas cuatro trabajadoras, declarando «discriminatorio por razón de embarazo» la decisión tomada desde la Diputación, y por ser «de plena aplicación» al caso la doctrina consolidada del Tribuna Constitucional.

En base a esa doctrina, el Constitucional recoge que «la protección de la condición biológica y de la salud de la mujer trabajadora ha de ser compatible con la conservación de sus derechos profesionales, de suerte que la minusvaloración o el perjuicio causado por el embarazo, o la sucesiva maternidad, constituyen una discriminación directa por razón de sexo».

SIN VALOR LEGITIMADOR

Asimismo, añade el Alto Tribunal español que, en estos casos no tiene «valor legitimador la concurrencia de otros motivos que hubieran podido justificar la medida al margen del resultado discriminatorio» (sentencia del Tribunal Supremo 182/2005 de 4 de julio, entre otras).

Por ello, el TSJPV ha estimado que las razones esgrimidas por la Diputación, que alegaba que en pandemia se encontraban en riesgo por su estado de gestación, «no le facultan» para cesar a las recurrentes. En opinión del Tribunal, con esa decisión la Diputación convirtió «la excepcionalidad de la situación sanitaria en un cheque en blanco para arbitrar medidas de una paladina marginación del ordenamiento general aplicable», sostiene.

Por todos estos motivos, y desde la perspectiva de ELA, la Diputación de Gipuzkoa «ha incurrido en una discriminación por razón de sexo, el embarazo», por lo que el TSJPV, además, «reconoce a las trabajadoras el derecho a percibir las retribuciones correspondientes al periodo de campaña, con todos los demás derechos económicos y administrativos de dichos nombramientos».

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha reclamado este jueves en el Pleno del Parlamento de Andalucía al Gobierno «flexibilidad» para la gestión de los 450 millones de euros de los Fondos Next Generation para materia social los próximos tres años que acordaron destinar a la región, que suscribieron en septiembre de 2021, por advertir de que «están llegando de forma encorsetada sin atender a las peculiaridades de nuestro territorio» y apuntar que deja a la Junta de Andalucía con «poco margen de actuación».

En respuesta a una pregunta de la portavoz de Cs, Teresa Pardo, sobre medidas para la igualdad, Moreno ha sostenido que en este ámbito «obras son amores», y ha defendido «frente a los debates, la capacidad de ejecución de un presupuesto» con la pretensión de «transformar realidad», dentro de una estrategia de su Gobierno que ha descrito como «voluntad férrea de eliminar la brecha salarial» entre hombres y mujeres, convencido de que si «los obstáculos permanecen, hacen difícil que tengamos las mismas oportunidades».

Tras proclamar que «nos queda mucho por hacer», el presidente del Gobierno andaluz ha considerado que los avances han sido posibles «gracias al apoyo de la sociedad» después de apuntar que «es importante» lo que puedan hacer el conjunto de las administraciones públicas, pero que es de mayor relevancia lo que pueda «hacer el conjunto de la sociedad en la toma de conciencia para el progreso con la inclusión plena de hombres y mujeres», antes de afirmar que su Gobierno está inmerso en «la causa noble y honesta» de que «eliminemos la lacra de la violencia machista».

El presidente de la Junta de Andalucía ha explicado que las medidas que adopta se encaminan a ámbitos como «la educación en igualdad y para la igualdad en el empleo», tras considerar que la primera «es el mejor antídoto contra la violencia de género», ámbito donde ha subrayado la celebración de la II edición del Congreso Andaluz de Educación en Igualdad, o «el espaldarazo a las ongs feministas que luchan por la igualdad real», por lo que ha esgrimido un aumento presupuestario del doble para las asociaciones frente al último Gobierno socialista.

En el caso del empleo, Moreno ha subrayado la puesta en marcha de una red de entidades conciliadoras de la que forman parte 359 empresas, de las que ha indicado que «se comprometen con la marca andaluza excelencia por la igualdad», además de indicar la existencia de itinerarios personalizados en orientación laboral para un 60,4% de usuarios que eran mujeres.

Moreno ha defendido la necesidad de trabajar en «la igualdad efectiva de hombres y mujeres los 365 días del año» tras la celebración este martes del Día Internacional de la Mujer, así como en que «la última década se ha avanzado muchísimo en todo el mundo» en igualdad, punto en que ha apelado a que el Instituto Andaluz de la Mujer (IAM) «se ha reforzado ampliando competencias más allá de violencia de género», así como que su presupuesto ha pasado de 42,9 a 44,1 millones, y se han incorporado 36 personas más y 15 profesionales más para luchar contra la violencia de género, además de los ocho millones de euros destinados a la Primera Estrategia contra la trata de mujeres.

PARDO (Cs): VOX PRETENDE VERTER ÁCIDO SOBRE DERECHOS DE LAS MUJERES

Teresa Pardo ha argumentado en su pregunta al presidente de la Junta que «mientras la izquierda y la ultraizquierda van repartiendo carnés» y Vox «pretende verter ácido sobre los derechos de las mujeres», su partido «seguimos defendiendo el feminismo liberal», del que ha asegurado que «es propiedad de todas», así como ha proclamado su condición de «inclusivo» porque «no excluye a nadie, no confronta a los sexos ni estigmatiza a los hombres por el hecho de ser hombres».

La portavoz parlamentaria de Cs, quien ha recordado igualmente que «representantes del PSOE se gastaron dinero en puticlubs» y que el Gobierno de este partido dejó sin ejecutar el 75% de las ayudas contra la violencia de género, ha reivindicado la contribución de su partido en ámbitos como «la reducción de jornada, la equiparación de los permisos de paternidad y maternidad», al tiempo que ha rechazado que el feminismo sea que «me llamen portavoza, miembra, o autoridada».

Tras reiterar su defensa del feminismo liberal, «subida en mis tacones y sin bajarme de mis principios», ha citado a Clara Campoamor para recordar su afirmación de que «estoy tan alejada del comunismo como del fascismo», ha cargado contra Vox por el hecho de que «niega los techos de cristal, la brecha salarial» por el hecho de que «confunde la igualdad real y legal» por cuanto viene consagrada en el artículo 14 de la Constitución.

Pardo, tras reivindicar la gestión de su partido en la Consejería de Igualdad con la consejera Rocío Ruiz al frente porque «jamás ha habido tanta protección social, laboral» a través de los 44 millones de presupuestos del IAM, el Plan Estratégico para la Igualdad 2022-2028, el I Plan de Conciliación o el Plan Integral de Sensibilización en la lucha contra la violencia de género, ha defendido «un feminismo de hechos, inclusivo, que no confronta con sexos» porque «excluyendo a los hombres jamás lo vamos a conseguir».

La Fundación del Hospital Nacional de Parapléjicos desarrollará el proyecto de comunicación y asesoramiento para las personas que desean comenzar a conducir o volver a hacerlo tras la lesión medular gracias a haber resultado uno de los cinco proyectos seleccionados en la Convocatoria de Ayudas a Iniciativas Sociales de la Oficina Española de Aseguradoras de Automóviles (Ofesauto).

La puesta en funcionamiento del proyecto ‘Volver a Conducir’ implica el asesoramiento de los pacientes que desean ponerse al volante por primera vez, o volver a conducir como parte del proceso de rehabilitación integral que lleva a cabo el Hospital Nacional de Parapléjicos, ha informado en nota de prensa el Gobierno regional.

Según la directora del Hospital Nacional de Parapléjicos, Sagrario de la Azuela, el desarrollo de esta iniciativa supone, especialmente, la elaboración y distribución de contenidos informativos de calidad e interés estratégico para el colectivo de personas con lesión medular, y por extensión a personas con problemas de movilidad.

Para su puesta en funcionamiento se contará con material de producción y edición audiovisual y la plataforma de comunicación Infomédula, integrada por la revista, el portal temático de lesión medular, las redes sociales, el canal en YouTube, y el canal interno del centro, Infomedula TV».

Esta idea, coordinada por la Unidad de Comunicación del centro, será especialmente participativa, si bien contará con la especial aportación del Servicio de Rehabilitación Complementaria, la Unidad de Terapia Ocupacional y la participación de pacientes, ex pacientes y otros profesionales del Hospital Nacional de Parapléjicos.

OFESAUTO APUESTA POR LA SEGURIDAD VIAL

Las Ayudas a Iniciativas Sociales de Ofesauto tienen como finalidad apoyar aquellas iniciativas destinadas a la difusión del seguro obligatorio, la mejora de la seguridad vial, la protección de las víctimas de accidentes de circulación de vehículos a motor, la identificación y eliminación del fraude y de la circulación sin seguro, así como la realización de estudios, trabajos de investigación y acciones formativas y de divulgación relacionadas con el ejercicio de todas las funciones anteriores.

Ofesauto es una asociación sin ánimo de lucro constituida al amparo de la Ley de Asociaciones, el 7 de mayo de 1953, participada por todas las entidades aseguradoras autorizadas para trabajar en España el ramo del Seguro de Automóvil y el Consorcio de Compensación de Seguros.

El Juzgado de Primera Instancia 3 de Barcelona ha aplazado de nuevo y sin fijar otra fecha el juicio entre el PDeCAT y Junts, que estaba previsto para el jueves 17 de marzo, para resolver una demanda con la que el primero pretende invalidar la asamblea que cambió a los cargos de la dirección de Junts antes de la ruptura entre las dos formaciones, y que derivó en una disputa por las siglas.

El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) ha explicado que el juicio se ha suspendido de nuevo –ya ocurrió en octubre de 2021– y que por ahora no se ha fijado nueva fecha para celebrarlo.

Según el PDeCAT, que presentó la demanda que inició el caso, «se confundía el capital político» de las dos formaciones y cree que les afectó en los resultados de las elecciones catalanas del 14 de febrero del año pasado, mientras que Junts niega que le causara ningún perjuicio económico o político.

En la vista de audiencia previa del juicio, que se hizo en febrero de 2021, el PDeCAT pidió que se practicaran pruebas informáticas para acreditar la asamblea telemática y el sistema de voto que se usó en el cambio de la dirección de Junts antes de la ruptura, y que el PDeCAT considera que fue irregular.

Por su parte, Junts se refirió al acuerdo de la Junta Electoral Central (JEC) para el 14F, que dio al PDeCAT «todos los derechos electorales y subvenciones», y reconoció a Junts como grupo significativo en la campaña.

El portavoz parlamentario del PNV, Aitor Estan, considera «un gravísimo error» que el PP «legitime» a un partido «antisistema y antidemocrático» como Vox al pactar con él la gobernabilidad de Castilla y León y cuestiona el «cambio» que Alberto Núñez Feijóo iba a traer al primer partido de la oposición.

Esteban cree que es «una malísima noticia» para la democracia que PP y Vox hayan llegado a un acuerdo de gobierno en Castilla y León y se ha mostrado especialmente «decepcionado» con el cambio al que se iba a asistir con la llegada de Feijóo a Génova.

«Si éste es el cambio que iba a traer Feijóo, mal vamos, porque lo primero que hace es legitimar y dar más cancha a Vox, que quiere eliminar la presencia política de otros partidos que sí son democráticos», ha dicho.

SI FEIJÓO NO LO COMPARTE, QUE LO DIGA

El nacionalista vasco es consciente de que aún Feijóo no es formalmente el presidente del PP pero ha recalcado que «nadie duda de que lo va a ser y que lo que se hace en el día a día tiene su influencia». Y si no, ha puntualizado, debería manifestarlo hoy mismo.

Preguntado sobre si ese pacto en Castilla y León cerrará la puerta a posibles pactos del PNV con el PP, Esteban ha deslizado que sí. «Si Feijóo va a ahondar en la línea de (Pablo) Casado y priorizar un discurso próximo a Vox, ya me dirá usted qué margen queda», ha comentado.

Esteban ha concluido lamentando que «una y otra vez» el PSOE y el PP tengan «luces cortas, y no largas», y no sean capaces de ver más allá de las próximas elecciones o del día próximo, como a su juicio ha ocurrido ahora con el acuerdo de gobierno en Castilla y León.