El Congreso de los Diputados ha nombrado un comité de expertos externos para que participen en la valoración de las ofertas presentadas por las empresas que compiten para hacerse con el contrato para gestionar los servicios de restauración de la institución y que tiene un valor estimado de 6,8 millones de euros por un total de 34 meses de vigencia.
En concreto, según han informado fuentes parlamentarias, el comité estará integrado por tres personas, dos de ellas del ámbito de la restauración: la vocal de la Real Academia de Gastronomía María José San Martín Martín-Pozuelo y el jefe adjunto del Estudios del Departamento de prácticas de cocina y salas de la Escuela Superior de Hostelería y Turismo de Madrid, Juan Julián Fernández.
El tercer miembro del Comité es el jefe de servicio del Departamento de Gestión Presupuestaria de la Dirección de Presupuestos y Contratación de la Secretaría General del Senado, Eduardo Emilio Galiana Ramírez.
La Ley de Contratos del Sector Público establece que hay que recurrir a este tipo de comité cuando en un concurso se atribuye una mayor ponderación a los criterios que dependen de un juicio de valor (que en este caso tendrán un peso del 60% y serán analizados por los expertos), que a los evaluables mediante la utilización de fórmulas (40% restante).
JUICIOS DE VALOR
En concreto, se realizará un análisis cualitativo de las ofertas en cuanto a coherencia, grado de detalle, adecuación del servicio y medios planteados a las necesidades de los edificios parlamentarios.No obstante, en cualquier caso, la evaluación de las ofertas en su conjunto corresponderá a la Mesa de Contratación del Congreso, cuya decisión tendrá que ser ratificada en última instancia por la Mesa de la Cámara.
Durante casi tres décadas los servicios de restauración del Congreso los gestionó el Grupo Cantoblanco, propiedad del que fuera vicepresidente de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE) y presidente de la patronal madrileña CEIM, Arturo Fernández. Pero en los últimos siete años esta concesión ha cambiado de manos dos veces, tras sendos concursos.
En febrero de 2013, cuando Fernández fue acusado de pagar en negro a sus empleados de algunas de sus empresas, el Congreso revisó su actuación en la Cámara Baja, pero no apreció actuaciones fuera de la ley. Eso sí, dado que entonces su contrato ya estaba en fase prórroga el en aquel momento presidente del Congreso, Jesús Posada, ya anunció los trámites un nuevo concurso que se convocó dos meses después.
El Grupo Cantoblanco volvió a competir, presentando de hecho la oferta más económica, pero finalmente el contrato fue a parar a manos de Eurest, empresa de matriz británica que hacía décadas ya había gestionado el restaurante de la Cámara, y que había presentado la mejor puntuación técnica, aunque no distaba mucho de la planteada por su competidora.
LA POLÉMICA DE LOS 'GIN TONICS'
Precisamente, cuando el concurso entraba en su recta final, el Congreso y sus grupos parlamentarios recibieron sendas diligencias de la Agencia Tributaria para embargar los pagos que tuvieran pendientes con el Grupo Cantoblanco dada la deuda de 416.000 euros que esta empresa tenía pendiente con Hacienda.
Tras realizar los estudios pertinentes y hacer la media (la oferta técnica y económica contaban un 50 por ciento cada una, según los pliegos del concurso), Eurest se alzó con la victoria. El concurso hablaba de un presupuesto base de licitación de 2.406.250 euros y el contrato se adjudicó por 1.949.062,5 euros.
También fue en aquella época cuando estalló la polémica por el precio subvencionado de las bebidas alcohólicas de alta graduación. Los pliegos iniciales de aquel concurso obligaban a ofrecer gin tonics a 3,45 euros, cubalibres a 3,40 euros o whiskies reserva a 4,20 euros, pero, en medio del proceso éstos fueron modificados y estos productos que, no obstante, la adjudicataria podría seguir ofreciendo, pero al precio que estimase oportuno. Así se ha mantenido desde entonces, de manera que sólo hay precios tasado para la cerveza, el vino y la sidra.
DOS EMPRESAS DESDE 2013
Eurest gestionó los servicios de restauración de la Cámara Baja hasta finales de 2019, cuando desembarcó en la Carrera de San Jerónimo Cafestore SAU, la empresa de catering de Sacyr, que se había hecho con el contrato en marzo de aquel año por un importe de 843.333,33 euros (IVA incluido) para los siguientes once meses y medio.
Antes de que finalizase ese plazo, Cafestore ya había comunicado al Congreso que no le interesaba seguir prestando este servicio con las condiciones actuales. La Cámara convocó un nuevo concurso el pasado mes de noviembre con un presupuesto base de licitación de 4,4 millones de euros (3,9 millones más el 10% de IVA) y un valor estimado global del contrato para estos 34 meses de 6,8 millones.
