La secretaria de Estado de Sanidad, Silvia Calzón, ha reconocido que el Real Decreto-Ley 7/2018, aprobado por el Gobierno de Pedro Sánchez para intentar devolver el carácter universal al sistema sanitario, "no es suficiente", por lo que se ha comprometido a mejorar este derecho a través del anteproyecto de ley de medidas para la equidad, universalidad y cohesión del Sistema Nacional de Salud (SNS), que finalizó este miércoles su consulta pública.

Así se ha pronunciado Calzón durante su intervención en el evento 'on line' 'El camino hacia la sanidad universal en España', organizado por la Red de Denuncia y Resistencia al RDL 16/2012 (REDER), en el que varias organizaciones sociales han analizado la situación actual del acceso a la salud en España y las barreras que existen para alcanzar la universalidad real.

"Para nosotros es un objetivo absolutamente compartido, que forma parte del programa de Gobierno. Es una prioridad absoluta siempre marcada en la agenda del Ejecutivo de forma transversal hacer plenamente efectivo el acceso a la salud con carácter universal", ha proclamado Calzón, quien ha agradecido a estas entidades su lucha por la universalidad y su denuncia de los casos de personas que siguen excluidas.

Calzón ha detallado que el Real Decreto 16/2012, impulsado por el Gobierno del PP, "anuló la vocación universal del derecho de protección a la salud. "Para revertir esta situación se hizo con carácter de urgencia el Decreto 7/2018. ¿Es suficiente? Entendemos que no", ha reflexionado.

En este sentido, se ha marcado varios retos, además de mejorar el acceso a la asistencia sanitaria a todos los colectivos. "Hablar de universalidad real es algo mucho más complejo. Se trata de agudizar la vista y analizar otro tipo de barreras que hacen que el derecho a la salud no sea el mismo en los distintos colectivos. Si algo nos ha enseñado la pandemia es a poner de manifiesto situaciones de extrema vulnerabilidad que se traducen en que el derecho a la salud, de acceder incluso a medidas de prevención, no es el mismo", ha esgrimido.

Así, ha apuntado al nuevo anteproyecto de ley como solución a estos aspectos. "Estamos convencidos de que tenemos que seguir trabajando desde el ámbito de la salud, que va más allá del sistema sanitario. Ayer terminó el periodo de consulta pública del anteproyecto, que consideramos clave para la equidad, universalidad y cohesión del SNS. Vendrá a garantizar la homogeneidad, ampliará derechos de la población que actualmente no está incluida y evitará las barreras en el acceso, como el copago sanitario", ha explicado.

En este sentido, la directora general de Cartera Básica de Servicios del Sistema Nacional de Salud y Farmacia del Ministerio de Sanidad, Patricia Lacruz, ha argumentado que el propósito del Decreto 7/2018 era "recuperar los derechos arrebatados". "Llevamos tiempo trabajando con las CCAA para homogeneizar la aplicación de lo que se establece en el Decreto, con el espíritu de que este anteproyecto de ley en trámite pueda no solo resolver los casos indeseados de exclusión, no previstos por el Gobierno, sino dar pasos más allá", ha añadido.

La representante de Sanidad ha defendido que el Decreto impulsado en 2018 recuperó el concepto de "residencia" frente al de asegurado, para acceder a la atención sanitaria. "Los pasos que tenemos trazados en el programa de Gobierno van más allá, no solo para que no se produzcan casos de exclusión, sino para ampliar la cobertura a otros colectivos que actualmente no la disponen", ha resaltado.

La actual norma exige a los extranjeros haber residido en España al menos 90 días para tener acceso a la asistencia. Lacruz ha avanzado que están trabajando con las comunidades autónomas para reducir este período de tiempo: "Esperamos que en breve podamos consensuar las recomendaciones para tener un marco menor de 90 días. Así, todas aquellas interpretaciones erróneas puedan tener una solución en el marco de la aplicación de la norma actual. En la transición hasta que se apruebe la nueva ley, que es un procedimiento que lleva su tiempo, tenemos que dar pasos para garantizar la homogeneidad y que los casos que no deberían ocurrir no ocurran".

El doctor Javier Padilla, médico de familia y comunidad, ha explicado cuál es la situación de España en estos momentos con relación a la exclusión sanitaria. "Tuvimos solo ocho meses de cobertura sanitaria universal real en España, que se vieron truncados por el Decreto 16/2012. Excluyó del derecho de asistencia sanitaria a mucha gente, especialmente a migrantes indocumentados", ha denunciado.

Sin embargo, también ha señalado las deficiencias de la norma aprobada por el Gobierno de Sánchez al llegar al poder. "El Decreto 7/2018 fue insuficiente. Se aceptó que iba a ser pasado como ley para que se hicieran las enmiendas necesarias que lo mejoraran pero no fue así. Todos los colectivos apuntaban que iba a generar problemas de cobertura con gente que no tenía problemas con el Decreto anterior, y así ha sido", ha criticado.

Padilla espera que el nuevo anteproyecto de ley sea un "marco de oportunidad" para mejorar la norma. "Parece la oportunidad perfecta para que pueda llevarse a cabo. La pandemia también puede actuar como catalizador. No puede darse por clausurada la pandemia sin que hayamos conseguido lograr una reforma de la cobertura sanitaria que no excluya a nadie", ha remachado.

La Audiencia de Sevilla ha condenado a siete años y seis meses de cárcel al varón acusado de asesinar a su padre, el escritor Antonio Perejil Delay, de 65 años, el pasado mes de enero en la vivienda donde ambos convivían del distrito Macarena de la capital hispalense tras asestarle varias puñaladas con un cuchillo de cocina cuando la víctima se encontraba "semidormida" en el salón del domicilio, tras lo cual le sustrajo 150 euros y se apropió de las llaves de su coche.

El acusado, Jesús Perejil, de 30 años de edad, iba a ser enjuiciado por un jurado popular, pero la vista oral finalmente no se celebrará tras la conformidad alcanzada entre la Fiscalía, la defensa y el investigado, que ha sido condenado por un delito de asesinato con la agravante de parentesco y la eximente incompleta de trastorno mental a seis años de prisión, la prohibición de aproximarse a menos de 400 metros de su madre y esposa del fallecido durante once años, y a seis años de libertad vigilada post penitenciaria.

Asimismo, la Audiencia ha condenado al investigado a un año y medio de cárcel por un delito de robo con violencia con las agravantes de parentesco y reincidencia, pues sobre él pesan dos condenas previas por robo con violencia, y la eximente incompleta referida. Por vía de responsabilidad civil, el ya condenado deberá indemnizar con un total de 110.550 euros a su madre y a su hermana -esposa e hija, respectivamente, del fallecido-.

De este modo, y por conformidad de las partes, la Audiencia considera probado en esta sentencia difundida por el TSJA y recogida por Europa Press que los hechos acontecieron sobre las 16,30 horas del día 22 de enero de 2020 en el domicilio de la calle Niña de la Alfalfa de la barriada de La Carrasca, en la Macarena, donde el acusado convivía con sus padres.

LA VÍCTIMA ESTABA SEMI DORMIDA

Allí, el padre del acusado, el escritor de Nerva (Huelva) Antonio Perejil, se encontraba "semidormido" en un butacón del salón y "con ánimo de acabar con su vida", el encausado empuñó un cuchillo de la cocina de 29,5 centímetros de longitud y una hoja de 17,5 centímetros y, "de forma sorpresiva, se lo clavó en el pecho a su padre", quien "intentó en vano defenderse del ataque, cayendo finalmente al suelo, donde el acusado le asestó varias puñaladas más, una de las cuales penetró en el hemitórax izquierdo causándole la muerte".

Seguidamente, y "con ánimo de enriquecerse ilícitamente", el condenado extrajo la cartera del bolsillo de su padre y sustrajo 150 euros, cogiendo asimismo las llaves de un coche propiedad del fallecido y las llaves del domicilio, tras lo que abandonó la vivienda cerrando la puerta con llave.

Según recoge la sentencia, el acusado está diagnosticado de trastorno obsesivo compulsivo por consumo de tóxicos y trastorno de personalidad, de forma que, en el momento de los hechos, su capacidad volitiva "se encontraba limitada de forma importante por su trastorno mental y especialmente por su adicción a sustancias estupefacientes.

Cantabria ha registrado este miércoles un fallecido por coronavirus, --un hombre de 79 años--, en una jornada en el que el número de casos en las residencias ha crecido de forma "preocupante", al pasar de los 108 del martes a 231 un día después (+114%).

Así lo ha anunciado hoy el vicepresidente de Cantabria, Pablo Zuloaga, en la rueda de prensa de acuerdos del Consejo de Gobierno, en la que también ha avanzado que se está valorando dedicar el Hospital Tres Mares de Reinosa exclusivamente a casos Covid, dado el número de contagios en la residencia San Francisco de esta localidad y la alta posibilidad de que requieran asistencia hospitalaria.

Zuloaga ha advertido del "aumento preocupante" de casos en las residencias cántabras, con 213 usuarios y 80 profesionales positivos, y sobre todo en tres de ellas: la de Reinosa, la de Félix de las Cuevas en Potes y San Cándido en Santander.

En este sentido, el vicepresidente ha expresado la preocupación del Ejecutivo porque el aumento de casos en residencias conlleva el incremento de la presión hospitalaria, que actualmente se sitúa en 178 casos --nueve más que los últimos datos--, de los que 33 están ingresados en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI), dos más que el martes.

De este modo, la ocupación hospitalaria sube al 12,1% (el martes estaba en el 11,5%) y la ocupación UCI al 29,4%, un punto más, lo que sitúa a Cantabria en nivel 4 de alerta sanitaria

La distribución de los hospitalizados es de 107 en el Hospital Valdecilla de Santander, 38 en el de Sierrallana de Torrelavega, 19 en el comarcal de Laredo y 13 en el Tres Mares de Reinosa.

DATOS

Con los datos cerrados a las 24.00 horas de este miércoles, Cantabria ha registrado 119 casos nuevos, que elevan a 3.932 los casos activos (frente a los 4.070 del martes), de los que 3.755 están en cuarentena domiciliaria.

Así, la incidencia acumulada en los últimos 14 días es menor que el martes, de 305 casos por 100.000 habitantes, mientras se mantiene en 142 la de los últimos. El porcentaje de positividad se sitúa en el 9,4 por ciento, dos décimas más que el martes.

Desde el inicio de la pandemia, los acumulados positivos en la región llegan a 16.805, de los que 15.743 se han detectado mediante pruebas PCR y 1.062 a través de test de detección anticuerpos.

La cifra de curados total asciende a 12.552, el 75 por ciento; y la de fallecidos a 321. En la comunidad se han realizado ya 301.163 test de detección, lo que supone 51.809 por 100.000 habitantes.

Un nuevo informe estima que el acceso global equitativo a las vacunas COVID-19 generará beneficios económicos de al menos 153.000 millones de dólares ( 126.000 millones de euros) en 2020-21, y 466.000 millones de dólares ( 384.000 millones de euros) para 2025, lo que supone en 5 años un total de 619.000 millones de dólares (510.000 millones de euros) en 10 economías principales, según informa la Organización Mundial de la Salud (OMS).

El informe del Grupo Eurasia analiza diez economías principales (Canadá, Francia, Alemania, Japón, Qatar, Corea del Sur, Suecia, Emiratos Árabes Unidos, Reino Unido y Estados Unidos) para evaluar los beneficios económicos para las economías avanzadas de contribuir al trabajo del Acelerador de Acceso a COVID-19 Tools (ACT) .

Mientras los líderes mundiales se reúnen virtualmente en la Sesión Especial de la Asamblea General en respuesta a la pandemia de COVID-19, los nuevos datos publicados este jueves muestran que dejar a los países de ingresos bajos y medianos bajos (LLMIC) sin acceso a vacunas en medio del COVID-19 La pandemia causará un daño económico significativo que pondrá en riesgo décadas de progreso económico, tanto para los países de ingresos bajos y medianos como para las economías avanzadas.

ACT Accelerator, liderado por la OMS y asociado con las principales organizaciones internacionales de salud del mundo, es una colaboración global única que apoya el desarrollo y la distribución equitativa de las pruebas, tratamientos y vacunas que el mundo necesita para combatir el COVID-19. Sin embargo, el programa todavía tiene un déficit de financiación significativo de 28.200 millones de dólares (23.280 millones de euros), y se necesitan con urgencia 4.300 millones de dólares (3.549 millones de euros) para acelerar las áreas críticas de trabajo.

"Si no se cubre ese déficit, los países de ingresos bajos y medianos bajos habrán retrasado el acceso a estas herramientas vitales en 2021, lo que resultará en una pandemia prolongada, con graves consecuencias económicas, no solo para estos países sino también para el resto de países. economia global", señala la OMS.

El informe, que fue encargado por la Fundación Bill y Melinda Gates, encuentra que los beneficios económicos es más de 12 veces el costo total estimado de los 38.000 millones de dólares (31.369 millones de euros) del ACT Accelerator. Esta cifra se compiló utilizando los efectos negativos esperados de los brotes sostenidos de coronavirus en los países de ingresos bajos y medianos, con base en los escenarios a la baja y de referencia de las previsiones de Perspectivas de la economía mundial de octubre de 2020 del FMI.

El director General de la OMS, el doctor Tedros Adhanom Ghebreyesus ha pedido a los países a comprometerse con el trabajo de ACT Accelerator. En su opinión, "ACT Accelerator es la solución global para poner fin a la fase aguda de la pandemia lo más rápido posible garantizando un acceso equitativo a las herramientas COVID-19. Contribuir a ACT Accelerator no es solo lo correcto, es lo más inteligente para todos los países, social, económica y políticamente".

Por su parte, Alexander Kazan, director general de Estrategia Global en Eurasia Group y uno de los autores del informe, ha señalado que "existe un claro caso humanitario y ético para apoyar ACT Accelerator y la instalación Covax, junto con las obvias ganancias económicas que aportaría países en desarrollo; no hacer nada corre el riesgo de revertir años, si no décadas, de progreso económico".

"Pero nuestro análisis muestra que es probable que el programa produzca beneficios económicos y de otro tipo también para los principales países donantes. ACT Accelerator es una oportunidad única para salvar vidas, reparar la economía global y construir un capital diplomático que durará una generación", ha añadido.

La Abogada General del Tribunal de Justicia de la Unión (TUE) Juliane Kokott ha afirmado este jueves que las extracciones "desmesuradas" de agua subterránea en el Espacio Natural de Doñana son contrarias a la legislación comunitaria porque contravienen la directiva sobre hábitats.

En concreto, a juicio de la letrada, aunque estas extracciones no incumplen la prohibición de deterioro establecida en la directiva marco sobre el agua, pueden tener consecuencias negativas "significativas" en tres zonas de conservación protegidas.

Las conclusiones de la Abogada General, sin embargo, no son vinculantes de cara a la futura sentencia que el tribunal de Luxemburgo tendrá que dictaminar en los próximos meses, pero las observaciones de los letrados se suelen seguir en la mayoría de los casos.

La Comisión Europea llevó a España ante el TUE en enero de 2018 tras considerar que no había tomado las medidas oportunas para proteger las masas de agua subterránea que alimentan el humedal de Doñana ni para evitar el deterioro de los hábitats protegidos en estos humedales. En sus conclusiones, Kokott propone al Tribunal de Justicia que estime parcialmente el recurso del Ejecutivo comunitario.

Con respecto a la directiva de aguas, la Abogada General precisa que la prohibición de deterioro no exige que las extracciones de agua se reduzcan hasta un punto que se extraiga menos agua de la que se recarga, sino únicamente "el uso excesivo". En consecuencia, la reducción de las reservas "no puede considerarse automáticamente un deterioro".

En opinión de Kokott, Bruselas "no ha acreditado que haya aumentando el uso excesivo" y, por tanto, no ha demostrado que se haya producido una infracción por deterioro en el sentido que recoge la directiva marco sobre el agua.

No obstante, la letrada sí que identifica un incumplimiento de esta normativa por parte de España por no haber tenido en cuenta, al estimar las extracciones, ni la captación de agua potable ni las extracciones ilegales para hacer su evaluación sobre el impacto de las actividades humanas en los humedales de Doñana.

También percibe un incumplimiento de la directiva sobre el agua por el hecho de que el Plan Hidrológico 2016-2021 para el río Guadalquivir no prevea medidas dirigidas a evitar los efectos negativos que las extracciones de agua tienen sobre una serie de hábitats protegidos.

Por otro lado, en relación con la directiva sobre hábitats, la Abogada General cree acreditado que probabilidad de que, como consecuencia de las extracciones de agua, los hábitat protegidos en las tres zonas de conservación de Doñana, Doñana Norte y Oeste y Dehesa del Estero y Montes de Moguer "sufran repercusiones negativas significativas".

Kokott justifica este punto afirmando que "España no ha podido desvirtuar esta alegación" de la Comisión Europea y que las justificación de las repercusiones negativas en la existencia de intereses socioeconómicos "no puede prosperar por el mero hecho de que no ha habido una evaluación adecuada de los efectos de las extracciones".

La Generalitat de Cataluña, junto a otras 23 regiones europeas, entre ellas otras tres españolas, han enviado una carta a las instituciones europeas en la que piden participar y ser incluidos en el diseño y la implementación de los fondos europeos de recuperación tras la pandemia.

Lo han explicado este jueves en rueda de prensa telemática el vicepresidente del Govern, Pere Aragonès; el conseller de Acción Exterior, Bernat Solé, y la delegada de la Generalitat ante la UE, Meritxell Serret.

La misiva, dirigida a la Comisión Europea, al Parlamento Europeo y al Consejo Europeo, está firmada por 24 regiones de nueve estados miembros de la UE: los gobiernos de Cataluña, el País Vasco, Islas Baleares y la Generalitat Valenciana (España); Baden-Wurtemberg, Baviera y Hessen (Alemania); Emilia-Romaña, Tirol del Sur y Lazio (Italia); Occitania y Nueva Aquitania (Francia), y Flandes y Valonia (Bélgica).

También participan el Tirol, Baja Austria, Vorarlberg (Austria); Aaland (Finlandia); Bjelovar-Bilogora, Varazdin, Medimurje, Krapina-Zagorjey, Koprivnica-Krizevci (Croacia), y Wielkopolska (Polonia).

La carta reivindica que los gobiernos de estos territorios europeos han gestionado la lucha contra el coronavirus y defienden su compromiso "para contribuir activamente en el éxito del plan de recuperación de la UE".

"La crisis de la Covid-19 no entiende de fronteras nacionales, pero los diferentes territorios afrontan retos diferentes. Las medidas subestatales son cruciales para evitar una estrategia de recuperación uniforme en los estados miembro, así como para fortalecer la cooperación transfronterera", reza la misiva.

Consideran que tienen experiencia gestionando e implementando fondos y programas europeos, y que "Europa solo podrá salir más fuerte de la crisis si sus territorios, actuando en línea con sus competencias, tienen los medios necesarios para implementar políticas dinámicas.

Así, reclaman participar en la toma de decisiones, el diseño y la implementación de los fondos europeos: "Los territorios estamos listos, dispuestos y capacitados a contribuir en una estrategia de recuperación de la UE que dé respuesta a los retos que conjuntamente tenemos que afrontar".

PERE ARAGONÈS

Aragonès ha sostenido que el plan de recuperación de la UE no se puede decidir únicamente bajo la óptica de los estados miembro, sino hay que contar con las características específicas de los territorios, ya que cree que se han ganado el derecho a participar en las negociaciones de estos fondos y que su visión es "imprescindible, indelegable e insustituible".

Según él, muchos de los territorios que firman la carta son los económicamente más dinámicos de sus estados miembro, y quieren contribuir a un "mercado interior fuerte y una Europa socialmente justa y resiliente".

SOLÉ Y SERRET

Bernat Solé ha reivindicado que esta alianza con otros territorios demuestra el liderazgo que Cataluña quiere ejercer a nivel europeo y su compromiso europeísta, y espera que sirva para avanzar en la superación de la pandemia y "contribuir a garantizar la igualdad de oportunidades y que nadie se quede atrás justo después" del coronavirus.

Por su parte, Meritxell Serret ha subrayado que las regiones europeas quieren hacer oír sus intereses en la UE para salir de la crisis "con una Europa más fuerte, con más justicia social y con más igualdad".

El portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, ha defendido que, con su apoyo a los Presupuestos Generales del Estado (PGE) que se aprobarán este jueves en la Cámara baja, han "obligado al PSOE a una salida de izquierdas a la crisis económica y no repetir los errores del pasado", y ha dicho que han forzado a los socialistas con la ayuda de Unidas Podemos.

En una entrevista este jueves en TV3 recogida por Europa Press, ha negado que pueda haber un pacto de futuro con el PSC tras las elecciones catalanas pese al apoyo de las Cuentas de los socialistas en el Congreso: "Hay mucha tierra quemada con el PSC. Actitudes como las que tienen los diputados y diputadas del PSC en el Parlament, compañeros desde hace mucho tiempo de hemiciclo, incluso en relaciones personales con algunos de nuestros compañeros, no han ayudado absolutamente nada".

Ha asegurado que con el apoyo a los PGE están defendiendo lo que decían antes de las elecciones: que no querían ser responsables de la llegada de la extrema derecha y que pondrían su fuerza al servicio de la gente de Cataluña, y ha añadido que "el resto es magia y hoy en día hay poco margen para la magia".

Sobre lo acordado con el Gobierno para que finalice el control financiero de Cataluña, Rufián ha destacado que es algo pactado, pero no hay una fecha concreta de aplicación, "pero probablemente de cara a enero habrá noticias" en este sentido.

También ha destacado la creación de una comisión para la armonización de impuestos, y ha dicho que es un compromiso electoral del PSOE y Unidas Podemos: "El chiringuito fiscal en Madrid se debe acabar. Creando una comisión de expertos intentaremos acabar con este agravio", ha afirmado, y ha concretado que se centrarán en impuestos de patrimonio.

Sobre las declaraciones de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, sobre este tema, Rufián ha descartado entrar en polémicas y responderla, pero ha sostenido que si esta iniciativa molesta a la derecha "tal vez es bueno".

INDULTOS Y REFORMA DEL CP

Preguntado por los indultos y la reforma del delito de sedición en el Código Penal, Rufián ha dicho que apuestan por la amnistía y que "hay que ser discretos" en las negociaciones, y ha calificado de buena noticia que el Gobierno empiece a hablar de política para resolver el conflicto catalán.

"Con todo el respeto, no entraré en la montaña rusa emocional de si se hará o no. Es una falta de respeto para compañeros que nos ven desde la celda. Lo importante es hacer política", ha asegurado al ser preguntado por cuándo podrían llegar los indultos o la reforma del CP.

Ha deseado que la mesa de diálogo sobre Cataluña se pueda reunir tras las elecciones catalanas, previstas para el 14 de febrero, y ha apuntado que la pandemia ha dificultado reunirse y que la mesa es "con dos gobierno y cuatro partidos, a veces cinco", lo que también dificulta, porque cada partido tiene sus tempos y sus intereses, ha añadido.

Sobre la candidatura a la Generalitat de la actual portavoz de JxCat en el Congreso, Laura Borràs, Rufián ha dicho que no tiene discrepancias con ella más allá de la política, ha asegurado que es una buena persona y ha pedido disculpas si alguien se ha ofendido por su discurso sobre Rodalies: "Nuestro modelo es repetir la coalición del Govern, también con el mundo de los comuns y la CUP. Debemos hacer un frente amplio".

Los positivos diarios por coronavirus vuelven a experimentar una subida en Galicia al detectarse en las últimas horas 350 nuevos casos, 22 más que en el anterior balance. El área de Vigo sigue siendo la principal responsable del goteo de nuevos positivos, si bien el distrito ourensano notifica un destacado incremento en la detección de casos con más del doble de los que había descubierto 24 horas atrás y una positividad en las pruebas PCR realizadas de casi el 20%.

Así figura en el balance diario que publica en la mañana de este jueves la Consellería de Sanidade en su página web con datos recabados hasta las 18,00 horas del miércoles. De este modo, Galicia diagnosticó por prueba PCR en 24 horas un total de 350 casos de covid-19, 100 de ellos en el área de Vigo, que continúa como la más afectada por la pandemia en estos momentos.

Con todo, bajan los casos detectados en el área viguesa, pues son 15 menos que los que fueron diagnosticados 24 horas atrás. También descienden en Ferrol y Lugo, mientras suben levemente en A Coruña y Pontevedra y de forma más pronunciada en Santiago y Ourense.

En este último distrito sanitario, que abarca toda la provincia ourensana, se detectaron en las últimas horas 41 casos de coronavirus, 25 más que el día anterior. Además, también destaca la tasa de positividad de las pruebas PCR realizadas, que llegó al 19,2%.

En Santiago también hay un aumento de los positivos con 18 más de los descubiertos un día antes: fueron un total de 55. En el área de Pontevedra el aumento es mínimo, pues solo fue uno más que 24 horas antes: 42 casos detectados. También aumentaron los positivos en el área de A Coruña hasta los 61, cinco más.

Por contra, las cifras de contagios disminuyeron en las áreas de Ferrol (20 positivos, diez menos que el día anterior) y en Lugo, donde se diagnosticó coronavirus por PCR a un total de 31 personas, seis menos que 24 horas atrás.

CASI 300 PCR MENOS

La web de Sanidad también refleja que hasta el momento se han realizado en Galicia un total de 917.308 PCR, lo que supone que en las últimas 24 horas horas se han llevado a cabo 6.245 pruebas, 290 menos que en la jornada anterior.

Asimismo, la tasa de positividad experimenta una nueva subida hasta situarse en el 6,5% de las pruebas realizadas, con lo que Galicia se mantiene por encima del umbral del 5% que marca la Organización Mundial de la Salud (OMS) para dar por controlada la pandemia.

Y es que, según figura en la actualización de la evolución epidemiológica de este jueves, solo una de las siete áreas sanitarias de Galicia está por debajo de ese límite: Ferrol con el 2,2%. El resto superan este jueves el umbral: A Coruña (6,2%), Lugo (5,8%), Ourense (19,2%), Pontevedra (7,1%), Santiago (5,6%) y Vigo (6,0%).

CASOS ACTIVOS

En cuanto a los casos activos --personas que todavía están diagnosticadas de la enfermedad--, la Comunidad gallega mantiene su tendencia a la baja, pues en el último balance se contabilizan a 7.419, 118 menos que el martes.

Una tendencia a la baja que se mantiene en todas las áreas sanitarias salvo en Ourense, que rompe su evolución con un aumento de los casos activos hasta los 450, 14 más de los que había en el balance del jueves.

De este modo, Vigo continúa como el área con más casos activos, si bien bajan de nuevo hasta situarse en 1.977 (siete menos). Le sigue A Coruña-Cee, que contabiliza este jueves 1.525 (50 casos menos) y Pontevedra-Barbanza, en la que hay 1.106 infecciones activas (16 menos).

El resto de áreas sanitarias se mantiene por debajo del millar de casos activos: Lugo-A Mariña-Monforte, con 885 (26 menos); Santiago-Barbanza, con 825 (-8); y Ferrol, con 654 (-24).

CURADOS Y FALLECIDOS

Sanidad también recoge que desde el principio de la pandemia se ha diagnosticado de covid-19 en Galicia a un total de 53.207, de las que 44.563 se han curado, 477 de ellas en las últimas 24 horas.

No obstante, la cifra de muertos que deja la crisis sanitaria en la Comunidad gallega continúa en aumento y asciende ya a 1.228 tras el fallecimiento de siete personas en las últimas horas, dos de ellas procedentes de residencias de mayores.

El portavoz de Vox en la Comisión Constitucional del Congreso, José María Sánchez García, ha querido descalificar este jueves a la portavoz de Interior del Grupo Popular, Ána Vázquez, llamándola "chillona gallega", una apreciación a la que ella ha replicado que no dejará a sus vecinos en tan "mal lugar" cuando es la diputada "más votada de España".

García Sánchez ha aprovechado el debate en Pleno sobre la sección de los Presupuestos que incluye las partidas de Cortes Generales para criticar el, a su juicio, excesivo gasto en personal eventual de las mismas, y proponer que se reduzca el numero de asistentes de sus señorías, o directamente se supriman, para que así "trabajen más diputados y senadores".

Tras varios días escuchando los reproches de los 'populares' a Vox por no presentar enmiendas a los Presupuestos ni acudir a los debates en comisión, Sánchez García ha asegurado que los 88 diputados del PP han trabajado "menos de la mitad" que los 52 de su grupo.

"YA SÉ QUE ESTO ES MACHISMO"

Y se ha referido en concreto, a la portavoz del PP en la Comisión de Interior y electa por Ourense, Ana Vázquez, a la que ha definido como una "chillona" que "deja en mal lugar a los gallegos" y que forma parte de la "sucesión más dura de doña Cayetana" Álvarez de Toledo, anterior portavoz 'popular'.

Sus palabras han sido mal recibidas en la bancada del PP, que se ha revuelto y ha obligado a la presidenta de la Cámara, Meritxell Batet, a pedir silencio. Sí, ya sé que esto es machismo, por cierto está aquí presente doña Cuca, que puede salir luego a decírmelo", ha apuntado García retando a intervenir a la actual portavoz del Grupo Popular, Cuca Gamarra, ante la ausencia en ese momento de Ana Vázquez.

Pero al final del debate ha sido la propia aludida la que ha vuelto al hemiciclo para replicar a García Sánchez y recriminarle que haya sido tan "cobarde" de insultarla mientras ella estaba atendiendo a la prensa.

COBRAN "POR NO HACER NADA"

La diputada ha achacado la actitud del miembro de Vox a que los de Santiago Abascal están "enfadados" porque no saben cómo justificar ante los españoles los "212.000 euros" que, según sus cálculos, han cobrado "por no hacer nada" en las dos últimas semanas de tramitación parlamentaria de los Presupuestos.

"Esa cobardía se la tienen que explicar al resto de españoles, a los que les deben ese dinero", ha insistido la diputada 'popular' quien también enmarca los ataques de Vox a que viene echándoles en cara su ausencia en la comisión de Preupuestos facilitara el rechazo de hasta 30 enmiendas que podrían haber salido adelante si hubieran estado allí para apoyarlas.

Vázquez ha concluido recordando a Vox que los gallegos sí que están orgullosos de ella, tanto que, según ha destacado, ha sido la diputada más votada de España junto a su compañero de candidatura Celso Delgado.

"Lecciones aquí, ni una", ha proclamado la parlamentaria del PP, quien no ha desaprovechado la ocasión para recriminar al partido de Abascal que cuestionen que los diputados de fuera de Madrid cobren dietas cuando, según ha dicho, de los 52 miembros de Vox una veintena tiene vivienda en Madrid y las cobran por ser electos por otras circunscripciones.

José María Sánchez García, además de su polémica de hace semanas llamándola "doña Cuca", ya protagonizó 'encontronazos' dialécticos con la vicepresidenta Carmen Calvo, a la que se niega a llamar en femenino y suele mencionar como "vicepresidente".

La presidenta de Ciudadanos, Inés Arrimadas, ha descartado este jueves que su partido concurra junto al PP a las próximas elecciones en Andalucía, una posibilidad a la que abrió la puerta el vicepresidente de la Junta, Juan Marín (Cs), y ha destacado que fue tras la llegada de la formación naranja cuando se pudo vencer al PSOE en esta comunidad.

"Acudir juntos a las urnas en Andalucía no es una opción que nosotros contemplemos porque somos dos partidos diferentes con dos proyectos diferentes", ha declarado en una entrevista en RNE, recogida por Europa Press.

A continuación, ha señalado que durante 40 años el PP se presentó a los comicios en solitario en Andalucía y durante todo ese tiempo estuvo en la oposición porque "no fue capaz de sacar al PSOE" de la Junta.

"Solo cuando Ciudadanos ha sido fuerte y se ha presentado, se ha podido cambiar el gobierno", ha afirmado, argumentando que "hay veces en que las sumas suman y hay veces en las que no", en referencia a las coaliciones electorales. Cs entró en el Parlamento andaluz en 2015 con nueve diputados y subió hasta 21 en las elecciones de 2018, en las que el PP bajó de 33 escaños a 26.

EL GOBIERNO DE COALICIÓN "FUNCIONA BIEN"

Arrimadas ha subrayado que Ciudadanos es una formación política distinta a cualquier otra y "lo va a seguir siendo". Además, ha indicado que en el Parlamento Europeo "todo el mundo tiene claro" que existen tres grandes grupos diferenciados, los socialdemócratas, los liberales y los conservadores, y que los 'populares' se enmarcan en este último mientras que Cs está con los liberales.

En el ámbito concreto de Andalucía, considera que allí su partido tiene un proyecto "más moderno, regenerador, ambicioso y de innovación" que el del PP. "Pero es verdad que el Gobierno funciona bien", ha añadido, aclarando que reconocer esto es "compatible" con señalar que está integrado por dos partidos diferentes y que "así va a seguir siendo".

Arrimadas ha explicado que su propuesta de formar alianzas "transversales" con el PP y el PSOE para las elecciones gallegas, vascas y catalanas --algo que solo se materializó en Euskadi, con la coalición PP+Cs-- responde a que estas comunidades son "excepciones", pero no es una fórmula que quiera aplicar en Andalucía.

ALIANZAS ELECTORALES PARA HACER FRENTE AL NACIONALISMO

Así, ha recordado que en esos territorios hay partidos nacionalistas fuertes, "cosa que no pasa en Andalucía", y vio conveniente impulsar coaliciones para vencerlos en las urnas. En relación con Cataluña, ha lamentado que ni el PP ni el PSC aceptasen la "oferta generosa" de Cs para "ir juntos los constitucionalistas".

En su opinión, las fuerzas independentistas están "más divididas que nunca" y existe una oportunidad de poder ganarlas y cambiar el gobierno de la Generalitat, lo cual cree que sería más fácil mediante una candidatura conjunta.

"Pero los viejos partidos, como sacaron tan mal resultado" en las anteriores autonómicas, tienen una "visión cortoplacista" y solo piensan en "sacar un poco más" de escaños, ha dicho, agregando que el PSC pretende formar un gobierno tripartito junto a Esquerra Repulicana de Catalunya.

Pese a ello, la líder de Ciudadanos ha asegurado que en los comicios de febrero irán "a por todas" con la idea de que el proceso separatista "está agotado" y confiando en la capacidad de recuperación económica y social de Cataluña.

Según ha resaltado, la formación naranja será "la única opción constitucionalista claramente potente" y sus votos no van a servir para hacer presidente a un independentista. Si no hemos podido sumar los partidos, pues sumaremos votos constitucionalistas para salir de este hoyo", ha manifestado.

La vicesecretaria de Sectorial del PP, Elvira Rodríguez, ha asegurado que su partido rechaza limitar el poder del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) cuando su mandato esté caducado, como ocurre en la actualidad, y ha subrayado que "no se han movido" de posición en ningún momento en relación con esta cuestión.

Así se ha pronunciado después de que el PSOE y Unidas Podemos registraran este miércoles una nueva proposición de Ley en el Congreso para limitar las funciones del CGPJ cuando haya caducado su mandato, de forma que este órgano no pueda realizar nombramientos clave en la cúpula judicial en periodo de funciones y se limite a funciones de mero trámite ordinario.

Tras señalar que ese proceso debe seguir "criterios profesionales", ha echado en cara al Gobierno que "cuando algo no le gusta o no sale como él quiere" opta por "cambiar la ley". "Nosotros no nos hemos movido de dónde estábamos", ha enfatizado, para defender un acuerdo entre el PSOE y el PP para renovar el CGPJ "sin que entre Podemos" dentro del mismo.

Al ser preguntada si el PP estaría a favor de limitar las funciones del Consejo cuando su mandato esté caducado, Rodríguez ha afirmado rotunda: "Indudablemente no". Dicho esto, ha defendido los requisitos que ha puesto su formación encima de la mesa (dejar fuera a Podemos, retirar la proposición de ley de reforma judicial que rebaja la mayoría parlamentaria y avanzar en la despolitización) y ha reiterado que su partido "no se ha movido" y defiende la misma posición "desde el primer momento".

APOYO A ENMIENDAS DE ERC

Al ser preguntada por el hecho de que el PP haya respaldado enmiendas de ERC en los Presupuestos, Rodríguez ha explicado que serían enmiendas "con las que están de acuerdo". "Nosotros en principio no estamos cerrados a aprobar aquello que nos parece razonable, no como otros que solamente por llevar el nombre del PP quedaban absolutamente vetadas", ha dicho, denunciando así la actuación de PSOE y Unidas Podemos en este trámite parlamentario.

Rodríguez ha señalado que el PP ha votado siguiendo criterios "objetivos" porque su partido no se fija de quién son esas enmiendas "sino lo que llevan detrás o debajo" que, según ha dicho, es lo que han criticado de los acuerdos alcanzados por el PSOE con Bildu y ERC para poder sacar adelante las cuentas públicas.

"Hay algunas cosas que ha entregado el Gobierno a cambio de los votos de Presupuesto que nunca se deberían haber entregado", ha aseverado, para añadir que el PP ha votado a favor de muchas enmiendas de distintos grupos, muchas de ellas transaccionales, incluyendo algunas en las que aparecía la firma de PSOE y Unidas Podemos.

En este punto, ha recalcado que "lo que no es normal" es que se hayan incorporado enmiendas de PSOE y Podemos y "la misma enmienda se vete al PP", como por ejemplo la relativa al quinto centenario de la muerte de Nebrija. "Nosotros no hacemos eso", se ha quejado.

Al ser preguntada si el PP no ve mejor apoyar estos PSGE que seguir con los de Cristóbal Montoro, dado que están más adaptados a la situación actual, Rodríguez ha indicado que aquellos PGE del PP "estaban pero no existían" porque el actual Gobierno lo había modificado con reales decretos ley.

"NO SON LOS PGE QUE NECESITA LA ECONOMÍA ESPAÑOLA"

Dicho esto, ha señalado que el PP ha presentado una enmienda de totalidad porque estas no son las cuentas públicas que "necesita la economía española", ya que, "no contienen medidas que apoyen al tejido productivo" e "incrementan mucho el gasto estructural", entre otras cuestiones.

En cuanto al acuerdo al que han llegado los partidos del Gobierno para frenar los desahucios y que se plasmará en un decreto, Rodríguez ha dicho que el PP quiere conocer qué es exactamente lo que se propone. "No sé que texto nos van a traer pero nosotros creemos en la propiedad", ha manifestado.

Dicho esto, ha asegurado que "no se puede dejar a nadie en la calle tirado o debajo de un puente en un país del primer mundo" pero hay "muchas medidas que, aprovechando el estado de alarma, van por un camino" que al PP no le "parece adecuado". A su entender, lo que hay que hacer es "generar empleo", algo que, a su juicio, "se ha dejado lado" en los actuales PGE.

El vicepresidente segundo del Gobierno, Pablo Iglesias, ha desvelado este jueves que el Ministerio de Trabajo y su titular, Yolanda Díaz, están "estudiando" la aplicación de la jornada laboral de cuatro días que, a su juicio, "podría favorecer sin duda la creación de empleo".

En una entrevista en TVE, recogida por Europa Press, Iglesias ha explicado que su formación siempre ha sido partidaria de reducir la jornada laboral, y cree que la propuesta presentada por Más País y Equo para desplegar un proyecto piloto para dar ayudas a empresas que ensayen la aplicación de una jornada laboral de cuatro días es "interesante".

"Me consta que el Ministerio de Trabajo y Yolanda Díaz la está estudiando y, en el marco de una línea que ha sido definitoria del Ministerio, que es el diálogo social, se va a trabajar por explorar la reducción del tiempo de trabajo", ha explicado Iglesias.

Preguntado por los plazos, el vicepresidente segundo ha dejado claro que eso "depende" del Ministerio. "Yo tengo que ser respetuoso con la competencia de cada ministro, y me consta que lo estudiarán", ha zanjado.

La enmienda presupuestaria presentada por la formación que lidera Íñigo Errejón planteaba destinar una cantidad de 50 millones de euros para estos incentivos, que se nutrirían del fondo de Recuperación y Resiliencia.

Con ello, se persigue ayudar a las empresas que ensayen la iniciativa a complementar esa reducción de jornada hasta que se consolide el incremento de producción derivado del mayor rendimiento del empleado con este modelo. La Comunidad Valenciana tiene previsto desplegar en su ámbito territorial una iniciativa similar.

Este Complemento de Reducción de Jornada permitiría la jornada de cuatro días sin reducción de salario de los trabajadores y la enmienda propone una línea de ayudas plurianuales gestionadas por las comunidades autónomas.

El vicepresidente segundo del Gobierno y líder de Podemos, Pablo Iglesias, ha negado que exista acuerdo con el PP para la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), como avanzó el pasado lunes el ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, y ha aseverado que se les está "agotando la paciencia" pese a que aún está abierta la opción de alcanzar un pacto con los populares.

Además, ha dejado claro que si la formación liderada por Pablo Casado no quiere llegar a un acuerdo, "obviamente habrá que buscar fórmulas para cumplir ese mandato constitucional" de renovación del organismo, en clara referencia a la reforma redactada entre PSOE y Unidas Podemos, que ahora está paralizada en el Congreso y que abre la posibilidad a elegir vocales por mayoría absoluta.

De hecho, ha manifestado que lo que constituye una "anomalía" y un "atentado contra la división de poderes" es que un solo partido, en este caso el PP, pueda mantener el bloqueo del CGPJ en la actualidad, cuando el bipartidismo ha sido superado y existe gran pluralidad de partidos representados en la Cámara Baja.

En declaraciones a TVE, recogidas por Europa Press, Iglesias ha criticado que se cumplan dos años sin renovación del órgano de los jueces por la actitud del PP, que encime despliega "abiertas provocaciones" al respecto.

De nuevo ha parafraseado unas recientes declaraciones del secretario general del PP, Teodoro García Egea, reafirmándose en que no van a llegar a ningún acuerdo sencillamente porque está Unidas Podemos en el Gobierno. "Es como decir que mientras el PP gobierna con Vox, no vamos a convocar elecciones generales porque no queremos que participe la derecha", ha apostillado.

Y prueba de ello para Iglesias, frente a lo dicho por el ministro de Justicia, es que "difícilmente puede haber acuerdo" dado que el PP, cada vez que se le cuestiona por ello, lo niega de forma categórica.

Ante esta actitud, el también líder de Podemos ha subrayado que el CGPJ con mandato caducado sigue realizando nombramientos en la cúpula judicial, lo que constituye una "excepcionalidad constitucional de primer orden" y una situación "vergonzosa" frente a los organismos europeos.

CARTA DE EXMILITARES "FRANQUISTAS"

Preguntado si es partidario de conceder indultos a los presos del 'procés' acelerando el proceso o saltándose algún trámite de los informes que deben aportarse, el vicepresidente segundo ha respondido que "evidentemente no".

Respecto a la carta que 73 militares retirados enviaron al Rey descalificando al Gobierno de coalición, Iglesias ha asegurado que no supone ninguna "amenaza" los comentarios de unos señores jubilados "en un chat con unas copas de más", dado que no representan al conjunto del Ejército.

Además, no le cabe la más mínima duda que el monarca Felipe VI ni siquiera la va a leer. "No amenaza quien quiere sino quien puede", ha remachado

No obstante, el vicepresidente sí ha dicho que esa misiva por parte de unos señores "franquistas", que no tuvieron las "agallas" de manifestarse políticamente cuando estaban en activo, quieran situarle como su referente, pues coloca al Rey en una situación "absolutamente incómoda" y contribuye a que "cada vez haya más republicanos".

NO HABRÁ CAMBIOS EN EL GOBIERNO TRAS LOS PGE

Sobre la situación del Gobierno de coalición, Iglesias se ha mostrado satisfecho al constatar que, pese a la "presión brutal" de las tres derechas, la mayoría del bloque de investidura se ha ampliado y podrán aprobar holgadamente los Presupuestos Generales del Estado (PGE).

También ha enmarcado dentro de la la "nueva cultura de coalición" las tensiones que se generan dentro del Ejecutivo conformado entre PSOE y Unidas Podemos, aspecto que tiene una vertiente positiva dado que garantiza que los programas de investidura "no queden en papel mojado.

Además, ha negado que vaya a haber cambios en el seno del Gobierno tras la aprobación de los PGE, pero sí que seguirá habiendo discusión sobre las medidas a adoptar en el futuro.

SOLO HABRÁ ACUERDOS PUNTUALES CON CS

Sobre si está satisfecho de que Ciudadanos finalmente se haya quedado fuera del acuerdo presupuestario, Iglesias ha recordado que siempre dijo que era "muy difícil" que una fuerza política que gobierna con Vox en diversas autonomías pudiera formar parte de unas cuentas públicas "claramente progresistas".

Ello no impide, a su juicio, que se puedan alcanzar acuerdos puntuales, como ocurrió durante el estado de alarma, con el partido liderado por Inés Arrimadas, pero ha remarcado que quien gobierna con "la extrema derecha" no puede formar parte del "bloque plural" que aporta estabilidad al Ejecutivo.

La presidenta de la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso, ha criticado que el Gobierno central quiera "armonizar con el desastre independentista" y ha insistido en que Madrid es "un paraíso de libertad".

Así lo ha manifestado en la Asamblea de Madrid en respuesta a una pregunta parlamentaria de la portavoz de Podemos, Isa Serra. "Vaya a cualquier kiosko, taller o tienda de Madrid y dígale a su propietario que le van a subir los impuestos porque aquí estamos viviendo como ricos", ha espetado.

Ayuso ha pedido que a la hora de armonizar se le pida que lo haga con el resto de países de la Unión Europea. En este sentido, ha señalado que "ni Donaciones, ni Sucesiones, ni Patrimonio, por ejemplo, están en la mayoría" de estos países.

"Por mucho que aquí luego se suban los impuestos, lo único que van a conseguir es que las grandes fortunas y las empresas se vayan a otros países. No se van a ir a ninguna comunidad autónoma porque la mayoría de ellos vienen a Madrid buscando no solo una baja fiscalidad sino un respeto, seguridad jurídica y estabilidad política. Aquello que ustedes no dan allá donde gobiernan", ha señalado.

La presidenta ha señalado que cuando "las subidas fiscales se ponen en marcha se hacen para todos y cuando se mata el incentivo, se acaba con la iniciativa; y cuando se iguala a la baja, se sume a la sociedad en la pobreza".

"Por eso esas medidas que hemos puesto en Madrid nos han convertido en un paraíso pero en un paraíso de libertad, no en un paraíso fiscal. Ustedes insultan a las clases medias y a las familias de Madrid y a todas las personas que huyen de sus políticas, diciéndole que aquí vivimos como ricos", le ha espetado a la portavoz de Podemos.

LES VA BIEN "A ALGUNOS", DICE SERRA

Por su parte, Serra ha criticado que el PP diga que "bajan impuestos" y que por eso a la Comunidad le va bien y recibe empresas cuando, a su parecer, "a la Comunidad no le va bien" sino solo "a algunos". Según ha expuesto, la autonomía tiene "los peores datos de desigualdad". Además, ha subrayado que bajar impuestos hace que "haya riqueza acumulada que no está invertida para el interés general".

Para la diputada de Podemos, Patrimonio, Sucesiones y el IRPF han hecho de Madrid "un paraíso fiscal para los millones" con "dumping fiscal". Considera que este es el principal problema para que "los trabajadores" no tengan "los servicios públicos en condiciones".

Con lo que se podría recaudar si hubiera un sistema fiscal "justo", Serra ha asegurado que se reducirían las listas de espera, se acabaría con la masificación de las aulas, se atenderían las listas de espera, la atención temprana y se darían más prestaciones de dependencia a mayores.