Los magistrados del Tribunal Constitucional Juan Antonio Xiol y María Luisa Balaguer, pertenecientes al sector progresista de este órgano, discrepan de la sentencia que avala la aplicación del delito de sedición en la condena del ‘procés’, y así lo manifiestan en su voto particular a la sentencia que confirma la primera de las condenas por este delito, la del ex consejero Jordi Turull. Ven en la sentencia del Tribunal Supremo vulneración de hasta cuatro derechos fundamentales y desproporción.

El voto particular, formulado de manera conjunta por ambos magistrados, señala que debería haberse estimado el recurso de amparo por vulneración del derecho a la legalidad sancionadora (artículo 25.1) de la Constitución, en relación con los derechos a la libertadpersonal (artículo 17), a la libertad ideológica (artículo 16), y de reunión (artículo 21), por haberse impuesto al recurrente una pena desproporcionada.

A juicio de ambos magistrados hubiera sido posible formular un juicio distinto sobre la proporcionalidad de las penas impuestas por la comisión del delito de sedición «más acorde con una interpretación abierta del principio de legalidad, en sintonía con la que está presente en el ámbito de la cultura jurídica común de los países de la Unión Europea».

DUDAS TÉCNICAS ANTE UN ASUNTO GRAVE

Para Xiol y Balaguer la gravedad de los hechos enjuiciados «no se cuestiona en ningún momento», si bien consideran que hubiera sido necesario tener en cuenta las dudas técnicas que el recurso al tipo penal de sedición suscita en este caso.

Y ello para evitar cualquier reparo respecto de que las sanciones impuestas «excedan de lo necesario para alcanzar la garantía del Estado de Derecho que ellas mismas». Añaden que «sin garantía de la preservación de la norma el Estado de Derecho no es posible, pero sin una observancia escrupulosa de los derechos fundamentales tampoco lo es».

Por ello concluyen que, sin controvertir la relevancia penal de la conducta del recurrente, les parece que el rigor de la respuesta penal, pudiendo haber sido ajustado cuantitativamente acudiendo a previsiones de la normativa penal, «resulta contrario a las exigencias del principio de proporcionalidad penal».

En cuanto al derecho a la legalidad, los magistrados coinciden con sus compañeros en que la conducta sancionada resulta reconocible con un razonable grado de claridad, si bien añaden que la cuestión podía admitir la existencia de dudas notables «y ello posee relevancia para el posterior análisis de la garantía de proporcionalidad penal».

ANÁLISIS DE LAS SEDICIÓN

Argumentan que los elementos del tipo de sedición -el alzamientopúblico y tumultuario-, así como el medio comisivo -fuerza o fuera de las vías legales- o la finalidad perseguida -impedir la aplicación de las leyes-, «deber ser interpretados por parte de los aplicadores del derecho no a partir de su directa comprensión en el lenguaje común,sino mediante un proceso interpretativo más complejo en que influyen criterios que trascienden de los meramente gramaticales, implican un mayor grado de imprevisibilidad en su aplicación para el ciudadano».

Esta relativa indeterminación del delito de sedición «parece que resulta difícilmente rebatible», añade el voto particular, que estima que existen «rasgos de relativa incertidumbre para el ciudadano potencial autor de este delito derivados de la alta presencia de elementos normativos en su configuración legal».

Añaden además que también «son aceptables las dudas» relativas a que los actos del 20 de septiembre y 1 de octubre de 2017 (concentración frente a la Consejería de Economía y referéndum por la independencia) representen actos típicos de alzamiento público y tumultuario desarrollados a partir de conductas de fuerza o vías de hecho. Debería haberse valorado, a juicio de estos magistrados, que la pretensión de los condenados según sus afirmaciones era la de condenados «era presionar al Gobierno de la nación para negociar un referéndum, éste sí, susceptible de homologación».

«La conducta enjuiciada podría haber tenido un encaje natural en otros tipos penales como los desórdenes públicos o la desobediencia» añaden los discrepantes.

Tras un prolijo repaso jurisprudencial del principio de proporcionalidad por parte del propio Tribunal Constitucional, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) y del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), los firmantes del voto particular señalan que el Supremo «contaba con los suficientes instrumentos normativos como para haber adecuado la cuantificación de la pena, al menos, al mínimo legal posible de diez años».

No obstante, ambos magistrados van más allá de este mínimo legal y señalan que debían haberse aplicado a Turull circunstancias modificativas de la responsabilidad penal «ante la eventualidad de que la conducta sancionable pudiera desenvolverse en el contexto o la órbita de ejercicio de derechos fundamentales sustantivos como los derechos a la libertad ideológica, de expresión, de reunión o de participación».

REUNIONES PACÍFICAS

Otras circunstancias a tener en cuenta, añaden es que aplicación del delito de sedición se ha realizado sobre dos actos que, al margen deque pudieran suponer una confrontación con decisiones jurisdiccionales, se desenvolvían «en el contexto del derecho de reunión pacífica y se desarrollaron con solo puntuales incidentes».

Cuestionan asimismo la individualización de la pena, por cuanto la autoría de Turull «se ha construido sobre consideraciones normativas ajenas a su participación directa y singular en los hechos declarados sediciosos como es una genérica posición de garante por formar parte del Consejo de Gobierno de la Generalidad, que, además, era adhesiva por su tardía incorporación a dicho Consejo».

Instituciones Penitenciarias ha remitido un oficio a las direcciones de las cárceles para instarles a «reforzar» los mecanismos ya establecidos de seguridad tanto para la población reclusa como para los funcionarios, especialmente en tres aspectos: la actuación con internos que cumplen condena por yihadismo, a pesar de que subraya que no hay ninguna amenaza concreta, las agresiones ligadas a problemas de enfermedad mental y, finalmente, los suicidios.

En el oficio con fecha de 28 de abril, se recuerda la necesidad de autoprotección y de una «comunicación rápida y fluida entre las áreas de vigilancia y tratamiento» en lo que se refiere a la población reclusa relacionada con delitos de terrorismo yihadista.

«En las últimas semanas se han producido actuaciones judiciales en el interior de los centros penitenciarios en relación a población que pudiera colaborar con grupos radicales yihadistas», recuerda el oficio, en alusión a las seis detenciones de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado desde diciembre de presos que pretendían reclutar a otros para adoctrinarlos en el ideario terrorista.

NO HAY AMENAZA EXPLÍCITA

El escrito recuerda que «no se tienen datos en la actualidad de que exista una objetivación específica o explícita en nuestro país dirigida al colectivo penitenciario», pero aún así requiere a todo el personal para que sea consciente de la necesidad de «mantener la cautela necesaria al respecto en sus actuaciones profesionales y personales».

Lo mismo ocurre con las agresiones a funcionarios por parte de la población reclusa que sufre problemas de salud mental. En este sentido, en el citado oficio de ‘Informe de balance en materia de seguridad y tratamiento’, correspondiente al primer trimestre de 2021, se mencionan las «pautas de actuación ante las resistencia activas y ante las reducciones físicas de las personas que protagonicen incidentes».

El objetivo, según la institución dependiente del Ministerio del Interior, es que las medidas de seguridad «redunden en una mayor eficacia y menores riesgos tanto para el personal como para la población reclusa». Por este motivo, advierten de que la información sobre la situación tratamental resulta «siempre de un importante interés a la hora de determinar la mejor respuesta desde el área de vigilancia».

El propio secretario general de Instituciones Penitenciarias, Ángel Luis Ortiz, aseguró en su última comparecencia en el Congreso que el 30% del total de incidencias estaban relacionadas con la población reclusa que padece enfermedad mental o discapacidad intelectual. No obstante, las agresiones han bajado de las 475 registradas en 2010 a las 176 en 2020, de ellas sólo dos de gravedad. Hasta el 1 de marzo de 2021, se han registrado 26 agresiones, de ellas una ha sido de gravedad.

INFORMACIÓN FLUIDA Y PERMANENTE

El escrito subraya la necesidad de que exista una «información fluida, bidireccional y en permanente renovación» y se remite a una comunicación anterior de fecha 1 de octubre de 2020, relativa a suicidios consumados y tentativas. Se trata de otra problemática que afecta a las prisiones, según subrayan fuentes de la institución: en 2018 hubo 33 suicidios, por 43 en 2019 y 51 en 2020. En lo que va de 2021 se han registrado 11 casos.

El oficio señala que en los suicidios se observa las «mismas variables»: tipo delictivo, situaciones de aislamiento, tentativas o autolesiones previas y trastornos de personalidad, fundamentalmente.

«Mención especial merecen las situaciones de aislamiento derivadas de los protocolos de Covid-19. Esta circunstancia en ningún caso puede significar un menoscabo en la atención tratamental que dichas personas requieran», añade el escrito dirigido a los centros penitenciarios.

Instituciones Penitenciarias concluye instando nuevamente «a reforzar los mecanismos establecidos, siendo de especial relevancia la comunicación rápida y fluida entre las áreas de vigilancia y tratamiento». El objetivo es «reducir al mínimo las situaciones de riesgo tanto para el personal como para la población reclusa».

El PP quiere que la comisión de investigación que se acordó crear en el Congreso sobre la gestión de los planes de vacunación, que está pendiente de constitución, se dedique también a aclarar los retrasos en la vacunación de policías y guardias civiles en Cataluña que se achacan a la Generalitat.

El pasado 11 de marzo, el Pleno del Congreso aprobó por amplía mayoría –sólo se abstuvieron Vox y el PNV– la creación de la citada comisión de investigación, pedida por Más País-Equo y Compromís, para evaluar la gestión del proceso de vacunación y indagar sobre las personas de distintos colectivos que se ‘colaron’ para recibir sus dosis ante de lo estipulado.

Sin embargo, más de un mes y medio después de su aprobación, esa comisión sigue sin constituirse. El propio líder de Más País, Íñigo Errejón, exigió recientemente, que ésta pudiera ponerse en marcha justo después de las elecciones madrileñas del próximo 4 de mayo.

En un escrito registrado este miércoles, el PP ha emplazado a la Mesa de la Cámara y, especialmente, a la presidenta, Meritxell Batet, a convocar «de forma inmediata» a los grupos parlamentarios para constituir esa comisión de investigación.

LOS INCUMPLIMIENTOS DEL GOBIERNO

Su idea es que la comisión pueda conocer todos los detalles que rodean los «incumplimientos» del Gobierno sobre el plan de vacunación, singularmente el que tiene que ver con la promesa, «realizada y no materializada», de haber vacunado al 80% de la población mayor de 80 años antes de que acabara el pasado mes de marzo.

A este realidad, que ya justificaría «por sí sola» que la comisión estuviese activa, el PP añade ahora las quejas planteadas por representantes de pacientes con patologías crónicas por no haber sido incluidos todavía en el grupo de personas con acceso prioritario a la vacuna, la necesidad de una mayor transparencia en los análisis de los casos de efectos adversos detectados o las deficiencias acumuladas por el Ejecutivo en los últimos 16 meses y que han situado a España entre los peores países del mundo en la gestión de la pandemia.

Para el PP urge la constitución de la citada comisión ante la importancia que tienen la vacunación para el futuro sanitario y económico de España, y por la necesidad de «mayor transparencia» y «rendición» de cuentas de la gestión de la pandemia.

EVALUACIÓN INDEPENDIENTE DE LOS EXPERTOS

En este punto, los de Pablo Casado recuerdan las cartas de epidemiólogos y expertos en salud pública en favor de una evaluación independiente publicada en ‘The Lancet’, la propuesta de una comisión de investigación promovida por el PP el pasado septiembre y la ausencia de avances por parte del Ministerio de Sanidad con el compromiso adquirido en el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud de llevar a la práctica una auditoría sobre este asunto.

Pero, además, el PP quiere aprovechar esa comisión de investigación, pendiente de crear, para pedir que investigue también el retraso de la vacunación contra el coronavirus sufrida por los policías y guardias civiles destinados en Cataluña, y así lo incluirá en el plan de trabajo que presente a la misma.

Los ‘populares’ quieren conocer todos los detalles en torno a esta situación después de que el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) apreciara discriminación de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en el acceso a la vacuna y ordenara a la Consejería de Sanidad en esa comunidad a vacunarles «sin dilaciones» para alcanzar la misma proporción que en los Mossos. En concreto, le dio un plazo de 10 días para hacerlo.

El Congreso tiene actualmente abiertas dos comisiones de investigación, la relativa al supuestos espionaje a Luis Bárcenas desde el Ministerio de Interior del Gobierno Rajoy, que aún está en fase de comparecencias, y la del accidente del avión de Spanair en Barajas en 2008, que ya ha aprobado sus conclusiones.

El que fuera director general de Sa Nostra, Pere Batle, ha defendido este miércoles ante el tribunal de la Audiencia Nacional que juzga el caso ‘Sa Nostra’ la operación de 2008 por la que la entidad dio el visto bueno a que el Grupo Martín Gual se quedara con los terrenos de Son Bordoy en Palma de Mallorca dado que «se mejoraba de deudor» y se los quedaba un grupo «altamente profesional».

Este miércoles ha arrancado el juicio oral en la Sección Tercera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional contra los directivos de Sa Nostra Pablo Dols, Rafael Oliver y Pere Batle, y contra los empresarios Martín Gual y Javier Collado. A todos ellos el Ministerio Fiscal les imputa un delito continuado de apropiación indebida, subsidiario de delito continuado societario, y pide cuatro años de cárcel para cada uno excepto para Collado, para quien interesa dos años y seis meses.

«La convicción íntima que tenía es que la operación debía llevarse a cabo sí o sí porque mejorábamos de deudor», ha señalado a preguntas de la Fiscalía para luego aclarar que el cambio se produce porque los suelos, tasados en 80 millones de euros y en zona próxima al mar y cerca del aeropuerto, eran propiedad de una compañía con riesgo hipotecario (FBEX).

«Con la compraventa –por una sociedad propiedad de Gual, Haras Gestión– se mejoró el gestor, no hubo incremento de riesgo sino compraventa de activo y con esta adquisición mejoramos las expectativas de la gestión urbanística», ha recordado apuntando que al poco tiempo ese suelo que era rústico se convirtió en urbano.

Para Batle, fue la mejor solución porque Gual tenía una amplia experiencia, ya habían trabajado con anterioridad con él, por lo que a preguntas de su defensa ha afirmado con rotundidad que si tuviera que decidir de nuevo, haría lo mismo: «Era la mejor solución y la volvería a tomar».

Con todo, ha aclarado que ese tipo de decisiones de financiación nunca se tomaban unilateralmente sino que siempre se apoyaba en los comités creados a tal fin, y ha añadido que en la caja siempre se realizaban análisis por parte del comité de riesgos. En el caso de la operación con Gual no lo ha podido asegurar taxativametne pero cree que también.

APROPIACIÓN INDEBIDA

Según el escrito de acusación de Fiscalía, desde la caja de ahorros hoy ya desaparecida entre 2005 y 2010 se produjeron sucesivas operaciones de financiación al Grupo Martín Gual, que fueron concedidas sin valoración real de los riesgos, sin tasaciones actualizadas y sin estudios de viabilidad. «El resultado fue el desvío de una parte importante de los fondos entregados, que quedaron definitivamente en manos ajenas a la caja de ahorros, así como la causación de un perjuicio patrimonial relevante a la entidad», indicaba.

Según la acusación, en 2008, dadas las dificultades financieras de grupos empresariales financiados por Sa Nostra y con el propósito deocultar la situación financiera real que eso generaba en la entidad, Batle, Dols y Oliver «se concertaron con Martín Gual para que éste secolocase en el lugar de las sociedades Grupo FBex y Grupo Ibercom, fuertemente endeudadas con Sa Nostra y que en ese momento atravesaban grandes dificultades financieras».

«El objetivo era mantener oculto ante terceros el progresivo deterioro patrimonial de la Caja y Martín Gual aceptó colocarse en la posición de tales deudores porque para ello no habría de asumir riesgo alguno. En su lugar, percibió un importante beneficio económico», sostenían el Ministerio Fiscal.

En su declaración, Batle ha reconocido que Martín Gual era un promotor conocido porque era al que la caja le financiaba más viviendas. De él ha dicho que era persona escrupulosa y que no empezaba una promoción sin un numero de ventas determinado. «Lo llevaba todo muy bien, era de los mejores promotores», ha indicado.

Los periodistas Vicente Vallés, director y presentador del informativo de Antena 3 TV, y Rocío Vidal (La gata de Schröndinger), streamer y divulgadora científica con cerca de medio millón de seguidores, han coincidido en subrayar la necesidad que tiene hoy en día el periodismo de «aceptar» y «convivir» con las redes sociales.

Ambos comunicadores han protagonizado la sesión inaugural del nuevo foro de debate ‘Enfoques’ del Consejo Audiovisual de Andalucía (CAA), que ha llevado por título ‘Y tú, ¿Cómo te informas? Periodismo vs.Periodismo’ y ha estado moderada por el consejero del CAA y periodista Paulino García, según se indica en una nota de prensa.

«La irrupción de las redes sociales en los medios no es buena ni mala, es incorregible, inevitable y hay que convivir con ella», ha dicho Vicente Vallés, para quien una de sus principales ventajas es la rapidez, su capacidad de aproximar las noticias a la gente y que las personas puedan acercar las noticias a los demás, aunque ha precisado igualmente que «un tuitero no es un periodista».

Por el lado contrario, Vallés ha apuntado la velocidad de circulación de los bulos en las redes y su dependencia de la dictadura del ‘click’, aspectos que «tienen ya también su reflejo en los medios de comunicación tradicionales». Ante ello el periodista ha pedido a los usuarios que «tengan capacidad de discernir entre las noticias que son ciertas y no, y que las contrasten a través de los medios».

Por su parte, Rocío Vidal ha afirmado que «las redes sociales han democratizado la información, y también la desinformación». La periodista ha destacado que «vivimos en una época convulsa de las redes sociales, y de transición o colaboración con los medios tradicionales que quizás no se esté dando de la forma más fluida, sino a trompicones, donde algunos periodistas no aceptan las nuevas profesiones».

La comunicadora conocida como La gata de Schröndinger ha advertido así sobre «la desconexión de la juventud con estos medios tradicionales, por su falsa objetividad, cuando todos sabemos que no existe», y ha aportado el dato de que el 82% de los jóvenes menores de 30 años utilizan las redes sociales como principal fuente de información.

BULOS Y NOTICIAS FALSAS

Según la periodista que centra parte de su trabajo en desmentir noticias falsas, sobre todo de carácter científico, «los bulos campan a sus anchas, y ésa es la parte más oscura y negativa de las redes sociales, porque además estamos en un momento en que a las mismas redes sociales no les beneficia ni quieren arreglar esa situación en la que la gente se polariza y se radicaliza en su red social.

Vallés, por su parte, ha explicado que ha renunciado a desmentir bulos, que no lo cree conveniente desde un medio generalista, «porque los promueve más, los extiende y hasta puede hacer que el público se lo crea». Considera bueno que se haga por parte de determinados espacios y periodistas, «pero no entiendo que deba dedicar una parte de mi trabajo a ello; es absurdo que algo que se haya hecho viral tenga que ser noticia en un medio de comunicación, no practico yo ese juego y no creo que tenga ser necesariamente el trabajo de todos los periodistas».

Rocío Vidal ha abogado por un periodismo diverso, plural, honesto y comprometido, «reconociendo nuestros propios sesgos porque no existe la objetividad absoluta». Y aunque Vallés admite que la objetividad e independencia son conceptos interpretables, asegura que el periodismo puede tener todo eso por la gran diversidad de medios y como fórmula «para rebajar los malhumores existentes, porque hay que escuchar todo tipo de opiniones, porque la razón no siempre está de nuestra parte, y porque es muy democrático».

Por otro lado, ambos periodistas han coincido en señalar que la «tensión» que muestran muchas redes sociales no se refleja en las calles, no llega a la sociedad en general. «Las redes son como una sociedad burbuja, que tienen capacidad de hacer mucho ruido, pero hay que pensar que en Twitter hay 2 millones de personas activas de 47 millones de españoles», ha explicado Vidal.

El CAA ha puesto en marcha ‘Enfoques’ como espacio dedicado al debate, análisis, diálogo y cotejo de ideas y propuestas sobre los profundos cambios que está experimentando el sector audiovisual, motivados principalmente por los nuevos consumos de contenidos.

El candidato de Unidas Podemos a la Presidencia de la Comunidad de Madrid, Pablo Iglesias, ha asegurado este miércoles, en un alocución lanzada en redes sociales a los madrileños, que «las amenazas de los fascistas son contra la posibilidad de que la democracia sirva para que tu vida pueda mejorar».

«En las últimas horas dicen que alertar sobre que el fascismo gobierne en Madrid tras las elecciones del 4 de mayo está fatal y dicen que hay que hablar de nuestras propuestas como si fuesen dos cosas contradictorias o no tuvieran ninguna relación. Es una reflexión equivocada», comienza en el vídeo.

Y es que, según ha recordado Iglesias, llevan toda la campaña contando sus propuestas, como la de destinar 1.000 millones más para la educación pública y así poder bajar la ratio de alumnos por clases, otros mil millones para la sanidad pública, priorizando la Atención Primaria y contratando 10.000 nuevos profesionales, incluyendo «el dentista, las gafas, los audífonos, el fisioterapeuta y el psicólogo gratis».

También, ha seguido enumerando, hacer estables a todos los trabajadores públicos que lleven años encadenando contratos temporales; regular el precio de los alquileres para que no superen el 30 por ciento de los ingresos y movilizar las viviendas vacías en manos de bancos y fondos buitres; un abono de transportes general de 30 euros para toda la Comunidad de Madrid y de 5 euros para jóvenes, jubilados, parados de larga duración y familias monoparentales; dejar de financiar con dinero público la tauromaquia y destinarlo a protección animal; o bajar los impuestos a trabajadores y autónomos con menos ingreso y que quienes tengan patrimonios o herencias de más de un millón de euros «paguen lo que les corresponde para tener mejores servicios públicos».

A continuación, el exvicepresidente del Gobierno de España ha explicado que el fascismo «no surge porque sí». «La Historia nos enseña que es el último recurso del poder para evitar que las cosas cambien y que la democracia funciona, con todo lo que eso significa. Porque la democracia es el sistema político que surge para cambiar las cosas y el fascismo no es más que un intento de defender como sea los intereses de quienes tienen el poder de verdad para frenar los cambios», ha esgrimido.

«¿Tú crees que nos atacarían, insultarían, mentirían sobre nosotros y amenazarían si estuviéramos proponiendo bajar los impuestos, privatizar más la sanidad y la educación y protegiéramos los intereses de los especuladores inmobiliarios? Pues claro que no. Si nos llevan atacando 7 años, nos montaron las cloacas y ahora intensifican sus ataques recurriendo a la deshumanización, el odio y amenaza fascista es por las cosas que proponemos y porque saben que les podemos ganar», prosigue.

Por eso, Iglesias ha llamado de nuevo a la movilización el 4 de mayo para «defender la democracia contra el fascismo» porque asegura que está pasando tiene que ver con que pueden acabar gobernando Madrid. «Dale una vuelta porque las amenazas de los fascistas son contra la posibilidad de que la democracia sirva para que tu vida pueda mejorar», ha concluido en el vídeo.

La Comisión de Derechos Sociales y Políticas Integrales de la Discapacidad del Congreso de los Diputados ha aprobado este miércoles crear una subcomisión para el estudio de un Pacto de Estado contra el Antigitanismo y la Inclusión del Pueblo Gitano.

La iniciativa, propuesta por PSOE, Unidas Podemos, Ciudadanos y Esquerra Republicana, ha sido aprobada con el voto a favor de todos los grupos excepto Vox, que se ha abstenido.

La diputada del PSOE Beatriz Carrillo ha indicado que no le «sorprende» que Vox no apoye esta propuesta después de su «propaganda en las paradas de metro que son las mismas que ponía el partido neonazista de Alemania». «Estamos en tiempos de democracia y los gitanos no le tenemos miedo al fascismo», ha remarcado.

Por su parte, la diputada del PP Alicia García ha destacado la labor de las entidades que trabajan por la comunidad gitana y ha subrayado la importancia de esta nueva subcomisión para «concienciar» y «visibilizar la discriminación» contra el pueblo gitano, por ejemplo, en el ámbito del empleo. «Las personas gitanas quieren y pueden trabajar, únicamente necesitan que se les ofrezcan las condiciones adecuadas», ha enfatizado.

Asimismo, la diputada de Ciudadanos Sara Giménez ha recordado que el pueblo gitano se ve afectado por las «brechas de desigualdad educativa» pues «más del 60% de los alumnos gitanos no termina la educación secundaria», y por el chabolismo. «Una de las vertientes de esta iniciativa es el antigitanismo que lamentable sigue sufriendo el pueblo gitano y que tiene consecuencias en vivienda, educación, empleo y casos de discriminación», ha subrayado Giménez.

Además, el diputado de Unidas Podemos Ismael Cortés ha añadido que «jamás se pueden olvidar las atrocidades contra el pueblo gitano» y ha recordado la historia de «luces y sombras» que han sufrido en España donde llegó a haber «300 medidas antigitanas», ya desaparecidas.

Mientras, la diputada de Vox María de los Reyes Romero ha indicado que, aunque comparten «los valores» de las comunidades gitanas, no pueden apoyar esta propuesta porque consideran «desacertado decir que existe un generalizado odio hacia los gitanos». «No hay guetos en España por motivos raciales», ha subrayado, achacando esta iniciativa a una «manipulación sectaria de la mente de la ultraizquierda».

Para la diputada de Esquerra Republicana, María Carvalho, se trata de «una iniciativa de muchísima urgencia y necesidad», y ha apostado por incluir en el Código Penal el antigitanismo «como forma específica de racismo». Por su parte, el diputado del PNV Íñigo Barandiaran ha apoyado la iniciativa, confiando en poder matizar la referencia al Pacto de Estado. Y desde Bildu, la diputada Mertxe Aizpurua ha defendido la creación de esta subcomisión para superar la «sangrante discriminación» al pueblo gitano.

Por su parte, la ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030, Ione Belarra, ha asegurado que la creación de esta subcomisión es «un hito histórico» en España porque avanza hacia «la erradicación definitiva de un problema grave». Así lo ha indicado este miércoles durante su intervención en la Comisión de Derechos Sociales y Políticas Integrales de la Discapacidad.

La ONG de la Iglesia católica Manos Unidas ha advertido de la situación «desesperada» que se está viviendo en estos momentos en la India debido al coronavirus, que los socios locales de la organización describen como peor que «una película de terror».

«El país está ahora mismo en una situación desesperada. Nuestros socios locales, que también están sufriendo en primera persona los trágicos efectos de esta nueva variante del virus, nos informan de hospitales totalmente desbordados y de enfermos que se acumulan a la entrada de los centros hospitalarios a la espera de que se ‘libere’ una cama», relata el coordinador de proyectos de Manos Unidas en Asia, Ramón Álvarez.

Desde Bombay, en el estado de Maharashtra, el padre Rolvin de Mello, sacerdote salesiano y socio local de Manos Unidas, lamenta que la situación que están viviendo en India con esta segunda ola del coronavirus «supera cualquier película de terror que se pueda imaginar».

Estoy seguro de que los datos que se están dando a conocer en los medios de comunicación no responden a la realidad. Yo salgo cada día a la calle y, por lo que me encuentro a cada paso, estoy convencido de que la cifra de positivos de Covid es infinitamente más elevada, al igual que el número de muertos», declara el salesiano.

El padre De Mello, a pesar de que en los últimos días ha perdido a varios de sus familiares y tiene que hacerse cargo de sus hermanos de congregación enfermos, no deja de salir a la calle para socorrer a los más necesitados.

«Hay personas muriendo en los pasillos de los hospitales y, literalmente, en las calles. Hay una gran escasez de medicamentos y de camas hospitalarias y una gran falta de oxígeno. Veo gente corriendo en todas direcciones. Gente que, desesperadamente, intenta salvar a sus seres queridos», relata.

El religioso indio, que dirige el Centro don Bosco de la ciudad de Bombay, lleva desde el inicio de la pandemia trabajando para paliar las consecuencias de la emergencia entre los sectores de población más vulnerables y asegura que no puede describir con palabras lo que he estado presenciando en esta segunda ola de Covid.

Para el padre de Mello, la situación solo mejorará si el Gobierno toma cartas en el asunto de manera inmediata, pero, en su opinión, esto no va a suceder porque «están más ocupados con las campañas políticas para ganar las próximas elecciones en cuatro grandes estados». A su juicio, este interés en «mantener la popularidad» fue lo que «llevó al gobierno a permitir que se concentraran 2,6 millones de personas en la celebración de un acto religioso sin observar la más mínima medida de prevención».

De la misma opinión es el director de los Servicios Sociales del CMI (Congregación de los Carmelitas de María Inmaculada), padre Tiju Mankottil, en el estado de Chattisgarh, otro de los más afectados por la segunda ola de la pandemia, para quien la principal razón del incremento de casos radica en el desconocimiento, las arraigadas creencias religiosas y las celebraciones, además de «la inadecuada respuesta médica para frenar la propagación del virus».

El director de los Servicios Sociales del CMI alerta de lo que puede suceder cuando el virus llegue a las zonas rurales donde la cobertura sanitaria es casi inexistente. «Dado que las dos terceras partes de la población india habita en zonas rurales, la batalla para hacer frente a la pandemia se presenta allí muy complicada», ha advertido.

Además, señala que el nuevo confinamiento decretado está incrementando el sufrimiento de las comunidades más desfavorecidas en el campo y en la selva. «Las personas con trabajos precarios, que cobran al día, van a tener que enfrentarse al hambre porque, además, el confinamiento afecta a los sistemas de abastecimiento públicos con el consiguiente aumento de los precios», denuncia el padre Mankottil.

También avisa que la llegada a las comunidades de personas que retornan desde las ciudades, a las que acuden en busca de trabajo, es un riesgo añadido para los aldeanos. «Algunos han establecido puestos de control improvisados y no dejan que los forasteros entren en sus aldeas», explica el religioso.

En este contexto, plantea diferentes iniciativas. «Debemos convertir la crisis global en una oportunidad para atraer y retener a los jóvenes de las aldeas. Estamos trabajando con los campesinos para que busquen diferentes opciones para hacer frente a la crisis: cultivar hortalizas en sus granjas y criar animales», propone.

Manos Unidas está trabajando de manera directa con sus socios sobre el terreno. «La situación es tan alarmante y desesperada que, como sucedió al inicio de la pandemia el año pasado, estamos adaptando nuestros proyectos para hacer frente a las necesidades más inmediatas», explica Ramón Álvarez.

Para ello, según expone el coordinador de proyectos de Manos Unidas en Asia, están autorizando que parte de los fondos de proyectos que tienen en marcha se utilicen para la compra de medicamentos que ayuden a paliar las necesidades más inmediatas de las comunidades más vulnerables.

«Nuestros socios están redoblando sus esfuerzos enfatizando en las comunidades más afectadas la importancia del distanciamiento social y la higiene, ya que en los últimos meses se habían relajado por una falsa sensación de seguridad», explica.

Desde que comenzó la pandemia, Manos Unidas ha aprobado 36 proyectos de emergencia por importe de 378.000 euros, destinados a paliar las consecuencias del coronavirus entre los sectores de población más vulnerables de India. Además, se ha autorizado el cambio de actividades en 105 proyectos para cubrir las necesidades sobrevenidas con la pandemia.

La Fiscalía ha decidido mantener la petición de 12 años de cárcel para el trabajador de un pub de Magaluf acusado de homicidio por una agresión a un cliente, y de un año y ocho meses de prisión para el encargado del local acusado de encubrimiento.

Este miércoles, en el juicio que se celebra en la Audiencia Provincial con un Jurado, la Fiscalía ha introducido algunas modificaciones menores en su escrito de acusación inicial, manteniendo la calificación de los delitos y las penas de prisión que solicita.

La Fiscalía también solicita una indemnización para los padres e hijos del fallecido, pero ha suprimido la indemnización que pedía para su exmujer tras constatar en el juicio que estaban legalmente separados antes de la muerte del hombre.

Por su parte, la acusación particular pide una indemnización superior e incluye como perjudicados, además de los padres y los hijos de la víctima, a su ex esposa e hijastro.

El suceso tuvo lugar la madrugada del 27 de abril de 2018 en Magaluf, en el local donde trabajaba el principal acusado, en la zona de Punta Ballena. La víctima es un ciudadano norirlandés de 30 años que se encontraba de vacaciones en Mallorca.

La Fiscalía recoge en su escrito que el hombre sacó a golpes y empujones al joven del bar, que le dio un puñetazo que lo tumbó, y que una vez en el suelo le propinó una fuerte patada en la cabeza.

El hombre fue atendido por una ambulancia frente al pub, pero los sanitarios decidieron no trasladarlo al hospital. Más tarde la víctima ingresó en coma en son Espases y falleció unos días después tras una complicación derivada de la cirugía intracraneal.

Durante el juicio, el acusado reconoció haber dado una bofetada a la víctima, pero negó ser el autor de la patada mortal. La defensa asegura que fue una tercera persona quien propinó la patada, a partir de las imágenes de las cámaras de seguridad y de la declaración de un testigo que afirma haber visto cómo otro turista daba la patada.

La Fiscalía también señala al encargado del local por encubrir el homicidio, acusándole de haber negado ante la Policía y la Guardia Civil que supiera nada de la agresión, y de haber afirmado que el sistema de grabación del bar estaba averiado.

El hombre rechazó haber dicho tal cosa. Según su versión, en una de las ocasiones en las que fue a declarar a la comisaría, habló por teléfono con un técnico con la opción de manos libres activada para que los agentes lo pudieran escuchar, y fue el técnico quien dijo que había un problema con las cámaras.

LA DEFENSA IMPUGNA LA TRADUCCIÓN DE LA LLAMADA AL 112

En la sesión de este miércoles la defensa ha impugnado la traducción de la llamada al 112 de una testigo, una traducción hecha por la Guardia Civil que el letrado del principal acusado considera «sesgada».

La defensa ha pedido que se hiciera una nueva traducción por parte de un traductor jurado pero se ha denegado la solicitud. La impugnación no impide que la grabación original, en inglés, se mantenga como prueba.

En la sesión de este miércoles estaba previsto que declarase por videoconferencia desde Irlanda una camarera del pub donde ocurrió la agresión. No ha sido posible realizar esta conexión, por lo que se ha leído la declaración que hizo en 2018 durante la investigación.

Entonces, la camarera relató ante el juez de instrucción que la víctima estaba discutiendo con su pareja y rompió un vaso lanzándolo contra una ventana. En este sentido, afirmó que la víctima tenía «actitud agresiva» y que el trabajador del pub fue a intentar «mediar» entre él y la mujer.

Este miércoles la vista oral concluirá con los informes finales de los abogados y la Fiscalía y el turno de última palabra de los acusados. Después, el Jurado comenzará a deliberar el veredicto.

El Ministerio de Asuntos Exteriores, UE y Cooperación recomienda a los españoles que no viajen a India ante la gravedad de la situación por la pandemia en este país y aconseja a quienes ya estén allí de forma temporal que regresen lo antes posible.

En su última actualización de las recomendaciones de viaje publicada en su web, el departamento que dirige Arancha González Laya advierte de que el país está registrando cifras récord de contagios desde el inicio de la pandemia y «desde el 22 de marzo, es el país con más casos diarios del mundo».

Pese a ello, el Gobierno indio «no ha aprobado nuevas medidas sanitarias, por el momento», si bien algunos estados sí han reforzado sus medidas de contención, e incluso han decretado el confinamiento de la población, incluida la capital, Nueva Delhi.

Así las cosas, «se recomienda no viajar a India» mientras que a aquellos que se encuentren de forma temporal en el país asiático se les aconseja «buscar un vuelo para volver a España lo antes posible ya que debido a las prohibiciones de entrada o incluso tránsito desde India que están adoptando muchos países, las opciones para regresar a España son cada vez más escasas y caras».

Por lo que se refiere a los españoles que residen en el país y que no deseen regresar a España, Exteriores les aconseja que sigan en todo momento las recomendaciones y directrices de las autoridades locales y que contacten con la Embajada en la capital o el Consulado General en Mumbai en caso de emergencia.

Precisamente, este miércoles ha entrado en vigor la exigencia de que los viajeros procedentes de India guarden 10 días de cuarentena a su llegada a España.

La medida, publicada en el BOE, se justifica en la incertidumbre con respecto a la variante india del coronavirus, a pesar de que el Ejecutivo reconoce que «todavía no existen evidencias respecto a que la variante haya contribuido al aumento de la incidencia» en el país.

Con todo, la orden recuerda que «esta situación ha supuesto que países como Francia, Italia, Reino Unido, Canadá, Hong Kong o Indonesia, hayan adoptado restricciones a los viajeros que proceden de la República de India», lo que lleva a España a establecer un periodo de aislamiento.

Esta cuarentena de diez días podrá finalizar con anterioridad si al séptimo día a la persona se le realiza una prueba diagnóstica de infección aguda con resultado negativo.

Además, González Laya anunció este martes que el Gobierno se dispone a enviar asistencia médica a India esta semana, si bien por el momento no se han concretado los detalles de la misma.

El director Fernando Trueba, que regresa a la cartelera española este próximo 7 de mayo con la película ‘El olvido que seremos’, ha lamentado que «la palabra ‘liberal’, al igual que ‘libertad’, hace años que ha sido secuestrada».

«Hay palabras que nadie debería pretender apropiarse de ellas, porque no son de nadie. Esas son las palabras que nombran cosas que todos deseamos, pero no son nuestras y no se pueden registrar», ha explicado en una entrevista el cineasta, quien recuerda en su nuevo trabajo la figura del activista colombiano Héctor Abad Gómez.

Basada en el libro homónimo escrito por el hijo del protagonista, el escritor Héctor Abad Faciolince, ‘El olvido que seremos’ –cuyo estreno en Colombia se ha aplazado hasta el próximo 1 de junio– muestra un recorrido importante de la vida del intelectual colombiano que luchó por los derechos humanos desde la década de los 70 y cuya incursión en política terminó por costarle la vida.

Precisamente, Trueba cree que hoy en día «todavía quedan muchos Héctor Abades», si bien es una labor alejada del foco mediático. «La gente que hace cosas, que las hay a miles, no hacen ruido, no gritan y no dicen estupideces, sino que se limitan a hacer algo por los demás», ha señalado.

Sin embargo, la realidad hoy en día es que «ocupan más espacio los vociferantes y los idiotas que la gente que está dando una lección de cómo hay que ser durante esta pandemia: solidario». «Hay que tener un poco de empatía y compasión, que es lo que nos distingue de los animales, aunque a veces seamos peores que otros animales», ha criticado el director.

El ganador de un Oscar por ‘Belle epoque’ ha puesto como ejemplo «los problemas que se están viviendo estos días» con el reparto de vacunas. «Se resisten a dejar de hacer negocio incluso cuando las financiamos los ciudadanos del mundo con nuestros impuestos. Nadie debería lucrarse con esto y parece mentira que sea objeto de debate cuando están muriendo miles y miles de personas a diario, pero todavía hay quien piensa que esto puede ser un negociete estupendo», ha lamentado.

JAVIER CÁMARA: «LA MODERACIÓN ESTÁ MENOSPRECIADA»

En la película, el actor español Javier Cámara da vida a Abad Gómez con un acento que ha practicado escuchando grabaciones del protagonista. También el intérprete considera que harían falta en España más Héctor Abades, aunque no crea que se les «escucharía».

«La moderación y el diálogo están un poco menospreciados ahora mismo, por lo menos en este periodo prevotaciones. A uno le apetece como salir corriendo cuando escucha ciertas acusaciones o ciertas cosas. Bajad el nivel de insulto y de violencia, no quieras explotar todo como si fuera un castillo de naipes: hay gente tremenda que da terror», ha señalado el actor, quien no ha especificado a qué gente aludía aunque «todo el mundo lo sabe».

CINEASTAS «MERCENARIOS»

‘El olvido que seremos’ supone el regreso de Trueba a la cartelera tras su anterior proyecto, ‘La reina de España’, que no obtuvo la respuesta esperada en taquilla. Ahora con una producción colombiana y ya preparando un nuevo proyecto –una cinta de animación con Javier Mariscal, con quien ya trabajó en ‘Chico y Rita’–, el director reconoce que «siempre» le ha «costado mucho» poner en pie una película.

«Muy rara vez me ha sido fácil, ‘Belle epoque’ por ejemplo hubo que cancelarla tres veces hasta que se pudo rodar, y fue en Portugal porque era más barato. Cuando no eres un mercenario que te contratan para lo que te llaman, sino que peleas por los proyectos personales que tú crees, es más difícil», ha concluido.

Una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha anulado la sanción impuesta por el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) a una empresa familiar en que unos padres contrataron a su hija menor de edad dos meses antes de que diera a luz, generando un derecho al cobro de una prestación de maternidad por la que el organismo gubernamental emitió un acta de infracción luego validada por un juzgado de Granada.

Así lo ha indicado en una nota de prensa este miércoles el despacho Iberum Abogados de Granada, que presentó recurso ante el TSJA contra la sentencia dictada por dicho juzgado a favor de la Seguridad Social, la cual ha sido revocada tras el pronunciamiento favorable del alto tribunal andaluz.

A sus 16 años, la joven, «tras quedarse embarazada, deja sus estudios de motu proprio antes de dar a luz», han indicado desde el despacho, que ha agregado que, «ante la decisión de la menor, los padres le animan a labrarse un futuro trabajando en la empresa familiar». A los dos meses de incorporarse, «se produce el parto y la chica inicia su permiso de baja por maternidad, incorporándose al trabajo al término del mismo, puesto que sigue en la actualidad desempeñando con normalidad».

El INSS, tras realizar una inspección, «decide privar a la chica de su derecho a la prestación de maternidad y sancionar gravemente a la empresa por fraude», ante lo que tanto la hija como la empresa familiar presentaron sendas demandas judiciales ante el Juzgado de lo Social que dictó sentencia confirmando las sanciones de la Seguridad Social al estimar el contrato como «fraudulento».

Tras la sentencia del TSJA, prevalece el derecho de la menor a cobrar la prestación de maternidad reconocida, «dejando sin efecto tanto el acta de infracción del INSS, donde se le obligaba al reintegro de la prestación, así como anulando la sanción impuesta a la empresa familiar que la contrató».

Ismael Istambul, socio director del despacho Iberum Abogados con sede en Granada, fue el encargado de interponer el recurso de suplicación ante el TSJA para revocar la sentencia al entender que la resolución del INSS «atentaba contra el derecho al trabajo de una mujer menor embarazada resultando el entorno familiar el cauce más natural para la integración en el mercado laboral».

En palabras del letrado, «tan importante es evitar posibles fraudes como erradicar actuaciones por la Administración que puedan suponer una discriminación para la inserción en el mercado laboral de una mujer menor de edad».

Iberum Abogados cuenta con cuatro sedes, tres de ellas en España, y está formada por especialistas en las áreas del derecho procesal, laboral, penal, concursal, civil y administrativo; y el área especializada de negociación y litigación civil y reclamaciones a la seguridad social y a la administración.

El Consejo de Cooperación al Desarrollo ha abordado este miércoles las perspectivas de la cooperación para este año y ha apostado por la importancia de transformar y modernizar el sistema, conforme al objetivo fijado por el Gobierno para esta legislatura.

La primera reunión plenaria del año de este órgano consultivo de la Administración General del Estado y de participación en la definición de la política de cooperación internacional para el desarrollo ha estado presidida por la secretaria de Estado de Cooperación Internacional, Ángeles Moreno Bau.

En ella han participado, según ha informado el Ministerio de Exteriores en un comunicad, los miembros vocales de los cuatrobloques que forman parte del Consejo: la Administración General delEstado; las ONGD; los agentes sociales, instituciones y organismos de carácter privado (sindicatos, organizaciones empresariales y de economía social, universidades y asociaciones de defensa de los derechos humanos)y los expertos.

El encuentro ha servido para analizar las perspectivas de la cooperación en 2021, centradas en la reforma normativa, institucional y financiera del sistema de la Cooperación Española que ha iniciado el Gobierno así como el examen de pares que el Comité de Ayuda al Desarrollo (CAD) de la OCDE realizará a España durante este año.

El Consejo de Cooperación ha defendido la transformación integral del sistema de la Cooperación Española para su modernización, una gestión eficaz, ejecuciones presupuestarias rápidas y procesos adaptados al nuevo orden multilateral del desarrollo sostenible.

El Gobierno está trabajando ya en una nueva Ley de cooperación internacional que se espera que llegue a las Cortes este año y que el conjunto de cambios estructurales y legislativos que se van a acometer en la Cooperación Española se complete hasta 2023, ha precisado Exteriores.

De este modo, ha valorado Moreno, «las fortalezas y señas de identidad de la Cooperación Española, que gozan de amplio reconocimiento, podrán adecuarse a las exigencias actuales de eficiencia». Asimismo, ha destacado que la pandemia supone también una oportunidad y acicate para la modernización del sistema.

Por otra parte, el Consejo de Cooperación ha analizado los informes de los últimos años del Fondo de Promoción para el Desarrollo (FONPRODE), señalando la necesidad de renovar sus capacidades operativas y técnicas, de su inserción en la red internacional financiera del desarrollo y del diseño de operaciones conjuntas con instituciones homólogas.

El FONPRODE es el principal instrumento de cooperación financiera orientado a combatir la pobreza mediante aportaciones de capital, microcréditos, créditos a estados y gastos por encomienda. Actualmente está presente en 70 países, dedica el 35 por ciento de su presupuesto a América Latina y el Caribe, y el 38 por ciento a África Subsahariana, con presencia dominante en el sector agroindustrial, el desarrollo rural y las finanzas inclusivas.

El Museo Pablo Gargallo de Zaragoza acoge desde el 29 de abril y hasta el 17 de octubre una exposición de 70 obras con el título ‘Daniel Zuloaga. El hechicero del arte de la cerámica’, organizada por el Ayuntamiento de la capital aragonesa y la Fundación Zuloaga para conmemorar el centenario del fallecimiento del artista.

La muestra incluye piezas de gran vistosidad y dimensión, también dibujos, acuarelas y óleos íntimos, que representan todas las etapas de la actividad creadora del artista, desde la fábrica de La Moncloa, en Madrid (1877-1892) pasando por la fábrica de loza La Segoviana, en Segovia (1893-1906), hasta su taller como ceramista independiente en la iglesia románica desamortizada de San Juan de los Caballeros (1907-1921).

La vicealcaldesa de Zaragoza, Sara Fernández, ha declarado a los medios de comunicación que los zaragozanos podrán disfrutar de «una exposición diferente, multidisciplinar», donde «el principal protagonista es la cerámica, también los óleos y acuarelas» que componen «una historia» sobre Zuloaga.

La directora de la Fundación Zuloaga, Margarita Ruyra de Andrade, ha explicado que esta exposición es el primer evento del proyecto ‘Arte para todos’, organizado por la Fundación, cuyo objetivo es «hacer exposiciones de arte de calidad y a bajo coste en ciudades y pueblos de España».

Ha confiado en que otros Ayuntamientos, como los de Graus, Calatayud, Ejea de los Caballeros o Jaca, «cualquiera de ellos», puedan exponer las colecciones que suman más de 700 obras, articuladas en diez discursos expositivos «para hacerlos llegar a la población en general».

Ruyra de Andrade ha elogiado a los técnicos del Museo Pablo Gargallo, «excepcionales», y también la «agilidad» del Ayuntamiento, indicando que esta muestra plasma «lo que Daniel Zuloaga es», celebrando que «todo el equipo ha funcionado como un reloj».

La directora de la Fundación ha recordado que el ceramista murió en Segovia en mayo de 1921 y que el Ayuntamiento de Zaragoza se ha adelantado a Madrid, Segovia y San Sebastián, que organizarán varios eventos a lo largo del año. Zuloaga participó en 1919 en la Exposición Hispano-Francesa de Zaragoza con varias piezas de cerámica.

Ruyra de Andrade ha lamentado que las artes decorativas están «poco valoradas» en España y se ha preguntado si la cerámica es menos expresiva que un óleo o un grabado, una acuarela o una escultura. «Todos tenemos alguna pieza de cerámica, la tenemos cerca, la utilizamos», ha apuntado.

El comisario de la exposición, Abraham Rubio, ha considerado que Daniel Zuloaga «se sentiría muy orgulloso al volver a un sitio tan espectacular después de cien años», recordando que en su época expuso en La Lonja.

Rubio ha expuesto que Eusebio Zuloaga, padre de Daniel, le envió junto con sus hermanos, Guillermo y Germán, a la Escuela de Cerámica de Sèvres (Francia), «donde no podía entrar cualquiera». Allí permanecieron cinco años para volver a España en 1870, ayudándoles su padre, quien era el encargado de restaurar las obras del Palacio Real.

El comisario de la exposición ha comentado que Daniel Zuloaga pintó sus cerámicas con una «pincelada supersuelta, muy en la línea de Goya» y que pintaba directamente, sin dibujar antes, lo que le acarreó numerosas críticas. «Tenía clarísimo que estaba haciendo algo especial», ha añadido.

Daniel Zuloaga «tuvo suerte» porque a finales del siglo XIX se puso de moda, por imitación del arte oriental, llevar la cerámica a la arquitectura en Europa y el mecenas Ricardo Velázquez le encargó la decoración con cerámica de muchos edificios, comom el Palacio de Cristal del Parque de Retiro de Madrid o la sede del Ministerio de Fomento en Atocha.

Cuando llegó a Zaragoza, en 1919, estaba en la cumbre de su carrera, y varios arquitectos le encargaron varias obras, también coleccionistas e instituciones, como el Círculo Agrícola y Mercantil, que le compró varios jarrones para el comedor de su sede. Sus hijos le ayudaron y, posteriormente, en 1949, consiguieron que el Estado comprara la Iglesia de San Juan de los Caballeros para convertirla en el Museo Zuloaga, que incluye una escuela de cerámica.

TRES SALAS

Esta exposición se organiza en tres salas, en la primera de las cuáles se explica la relación del ceramista con su familia, mientras que en la segunda se manifiesta su importancia como muralista, aunque no se han podido instalar los grandes murales que alberga el Museo Zuloaga de Segovia, y la tercera sala recoge todos los estilos, algunos inspirados en Próximo Oriente y otros en esmaltes románicos.

Todos los fondos expuestos pertenecen a la Colección Zuloaga de cerámica. Entre las obras que se exhiben destacan ‘Heridos en el hospital’, de Francisco de Goya, y se incluyen piezas de la colección desaparecida de Eleuterio Laguna, así como otras donadas por Cáritas.

Muchas de las fotografías expuestas son inéditas y pertenecen a la Fototeca del Archivo de la Fundación Zuloaga. A la exposición se añaden varias actividades didácticas, como talleres y conferencias de expertos.

El líder del PP, Pablo Casado, ha reclamado este miércoles al Gobierno «memoria histórica» también con las víctimas del terrorismo y ha presentado la ley que ha registrado el Grupo Popular en el Congreso para acabar con los homenajes a etarras y los beneficios penitenciarios para los que no colaboren de manera efectiva con la Justicia. Tras asegurar que Pedro Sánchez es presidente del Gobierno «gracias a Bildu», ha subrayado que el objetivo es que «se retrate» porque entonces «muchos socialistas» reconocerán que «no les representa».

Así se ha pronunciado en acto en el Teatro Real Carlos III de Aranjuez –con la campaña madrileña como telón de fondo– para presentar una iniciativa en defensa de las víctimas del terrorismo, que han desgranado la portavoz del Grupo Popular en el Congreso, Cuca Gamarra, y el secretario de Justicia e Interior del PP y candidato a la Asamblea de Madrid, Enrique López.

Después han tomado la palabra Mari Mar Blanco, candidata y secretaria de Igualdad y Asuntos Sociales; Daniel Portero, candidato por el PP a la Asamblea de Madrid; Teresa Jiménez-Becerril y Jaime Mateu, diputados del PP; y la presidenta de honor de la AVT, Ángeles Pedraza. Todos ellos han realizado duras intervenciones contra el acercamiento de etarras que está impulsando el ministro Fernando Grande-Marlaska.

«RELATO DE LA EQUIDISTANCIA»

Casado ha señalado que el PP ha presentado esta proposición de ley en el Congreso porque «por desgracia» el Gobierno no está «acabando con ese relato de la equidistancia, cómplice e ignominioso entre víctimas y verdugos», reduciendo lo que ha pasado a una «etapa de criminalidad» en España de la que hay que «pasar página».

«Tanto que hablan de memoria histórica, el terrorismo etarra en España es memoria histórica porque ha sido medio siglo en el que 850 inocentes han sido brutalmente asesinados, miles han sido mutilados, secuestrados y extorsionados, y centenares de miles se han tenido que ir de su ciudad o pueblo», ha afirmado.

En este punto, ha denunciado que al entorno de ETA se les esté dando «cobijo social, mediático y cívico» y ha resaltado que es algo que el PP «no lo puede tolerar» porque si no España será una «democracia imperfecta».

«Los países que no homenajean a sus héroes no merecen la pena. EEUU tiene el cementerio de Arlington, en Alemania se homenajea a las víctimas del nazismo y en las democracias serias del este de Europa se homenaje a las víctimas del estalinismo y el comunismo. Y en España hay que homenajear a las víctimas del terrorismo», ha proclamado, para añadir que el PP estará con las víctimas porque es «un deber moral que debe estar por encima de cualquier consideración electoral y de partido».

LO QUE PLANTEA EL PP EN SU INICIATIVA

Casado ha explicado que en su iniciativa el PP quiere acabar con los homenajes a etarras ante las dificultades para impedirlos porque hay que acudir un juzgado de guardia. «Esto hay que normalizarlo. Aquí no se homenajean a etarras ni asesinos, igual que no se homenajean a violadores cuando salen de prisión o no se homenajean a asesinos comunes que han matado a sus parejas por violencia de género», ha manifestado.

En segundo lugar, ha asegurado que no puede haber beneficios penitenciarios para los presos de ETA si no colaboran el esclarecimiento de 300 asesinatos sin resolver porque está siendo «un auténtico coladero» que provoca situaciones «muy dolorosas para las víctimas».

Además, ha indicado que otro punto clave de su propuesta pasa por dar protagonismo a las víctimas en todo el proceso, «con presencia en la vigilancia penitenciaria y la progresión de grado, así como por dar «más medios a la Fiscalía». «Pido a todo el mundo que vea la serie ‘Patria’, ahora que a este Gobierno le gusta tanto ver series», ha afirmado, aludiendo expresamente al exvicepresidente Pablo Iglesias.

«SÁNCHEZ ES PRESIDENTE GRACIAS A BILDU»

A renglón seguido, ha subrayado que también hay que explicar, «como Barrio Sésamo», lo que está pasando con el Gobierno porque «Sánchez es presidente gracias a Bildu», un partido que «todavía no ha condenado 850 asesinatos de ETA».

«Pedro Sánchez es presidente gracias a Bildu. Y en ningún país del mundo se entendería esto. En Alemania no se permiten los partidos comunistas y nazis y en España nosotros ilegalizamos a los partidos declaradamente batasunos», ha asegurado, para añadir que el hecho de que Bildu «esté legalizado» tras varias «metamorfosis» con «la labor activa del Partido Socialista» pero el PP no lo considera un interlocutor «homologable» porque no ha condenado los crímenes de ETA.

Casado ha indicado que esa dependencia que tiene Sánchez de Bildu, partido al que «necesita para seguir en el poder», ha hecho que «haya acercado a 179 etarras a cárceles cercanas al País Vasco, 89 de ellas con delitos de sangre». Mientras tanto, ha criticado que la hermana de Miguel Ángel Blanco tenga que ir a Galicia a rezar a su hermano porque en Ermua «profanaban su tumba».

«¿Esto es normal en el siglo XXI de la Europa occidental? ¿Esto pasa en Alemania en los cementerios judíos?», se ha preguntado, para proclamar que esto debe «acabar ya». Dicho esto, ha avisado a Sánchez que «no merece la pena seguir en el poder con los votos sucios de un partido que no condena» los asesinatos de la banda terrorista.

Por todo ello, Casado ha señalado que el PP quiere que el Partido Socialista «se retrate» con esta ley, de forma que Sánchez «diga claramente» si «merece la pena para seguir en Moncloa» estar «acercando presos al dictado de Bildu», «dar la competencia de las cárceles al dictado de partidos nacionalistas» o «hacer la vista gorda con homenajes a etarras».

«Entonces se retratará y habrá a lo mejor muchos socialistas que digan: ‘este señor no me representa'», ha aseverado, para mostrarse convencido de que ya hay «muchos socialistas» a los que Pedro Sánchez no representa porque «también han sufrido 14 asesinatos de ETA» por pertenecer al PSOE.

Agentes de la Guardia Civil, pertenecientes al Equipo de Atestados del Destacamento de Tráfico de Plasencia (Cáceres), han identificado a la conductora de un turismo quien, tras sufrir un accidente y salirse de la carretera, dejó a dos personas heridas, una de ellas de carácter grave, habiendo intentado después engañar a los investigadores al identificar a otra persona como conductora del vehículo.

Ha sido investigada como supuesta autora de un delito por conducir bajo los efectos de bebidas alcohólicas, otro por no restablecer la Seguridad Vial y un tercero por un delito de lesiones graves.

Los hechos que motivaron la actuación tuvieron lugar en la noche del pasado día 28 de marzo, al producirse un siniestro vial en las proximidades de la población cacereña de Cerezo, consistente en una salida de la vía con posterior vuelco resultando, como consecuencia del mismo, heridas dos personas, una de ellas de carácter grave.

La supuesta conductora del accidente trató de engañar a los agentes que se personaron en primer lugar, identificando a otra persona usuaria del vehículo como la conductora del mismo. Sin embargo, este hecho no pasó inadvertido para ellos, quienes se dieron cuenta del engaño comunicándoselo a los especialistas en Atestados que han investigado los hechos, informa en nota de prensa la Guardia Civil.

Las investigaciones realizadas han permitido determinar la persona que conducía realmente el vehículo, resultando ser la mujer que había tratado de engañar a los agentes y quien ha sido investigada como supuesta autora de tres delitos, uno por conducir bajo la influencia de bebidas alcohólicas, otro por no restablecer la seguridad de la vía estando obligada a ello y, finalmente, por un delito de lesiones graves.

El Código penal castiga el primero de estos delitos con una pena de prisión de 6 meses a 2 años y la privación de conducir un vehículo a motor de 1 a 6 años, el segundo con una pena de prisión de seis meses a dos años o multa de 12 a 24 meses, además de trabajos en beneficio de la comunidad, y el delito de lesiones con una pena de 3 a 6 meses de prisión y la privación del derecho a conducir vehículos a motor y ciclomotores de 1 a 4 años, cada uno de ellos.

Tras la instrucción de las diligencias policiales correspondientes, la conductora fue puesta a disposición del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción, en funciones de guardia, de Plasencia (Cáceres).

El modelo de las residencias de mayores y su gestión durante la pandemia han enfrentado en la sesión de control de este miércoles a la líder del BNG, Ana Pontón, y al presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, quien ha aprovechado la mejora de la situación constatada en los centros geriátricos para hacer un llamamiento a vacunarse como «método único» frente a la covid-19.

Lo ha hecho en el transcurso de un debate en el que Pontón le ha hecho varias propuestas para caminar hacia la gestión pública de las residencias, como que las siete nuevas planificadas para las ciudades sean de gestión pública directa o que «paulatinamente» sigan ese mismo camino los centros que ahora están en régimen de concesión cuando finalicen los contratos.

Feijóo ha defendido la gestión de Galicia en la pandemia y ha reiterado que es la comunidad peninsular en la que se ha producido una menor mortalidad, mientras que Pontón le ha echado en cara que «presuma» de esto.

«Se me parte el corazón cada vez que lo escucho», le ha dicho la nacionalista, a quien el presidente ha contestado que se limita a constatar datos «sin sacar pecho». «¿O cree que no tenemos corazón? ¿Qué no tenemos mayores?», ha replicado el mandatario gallego.

«HIPOCRESÍA» DEL BNG

Y a renglón seguido, el de Os Peares ha afeado la «hipocresía» del BNG y ha subrayado que, cuando tienen oportunidad de gestionar,«privatizan» más servicios que el PP.

A modo de ejemplo, se ha referido a la etapa del bipartito de PSOE y BNG entre 2005 y 2009 –cuando se abrieron, dijo el presidente, cuatro residencias de gestión directa («las pequeñas») y concertaron cinco, con un número de plazas mucho mayor–, así como a instituciones como la Diputación de Lugo (donde el BNG cogobierna también con el PSOE) o el Ayuntamiento de Ribadeo, que «acaba de darle una residencia a una constructora».

«DEJE DE DEFENDER A LAS EMPRESAS»

Por su parte, Pontón ha subrayado en su intervención que la pandemia «sacó a la luz, con toda dureza, los problemas en las residencias», pero ha remarcado que estas ya existían y ha incidido en que el sistema se asienta en dos extremos: «negocio puro y duro, de la mano de empresas controladas por fondos de capital que incluso operan desde paraísos fiscales, o la caridad asistencial de la mano de entidades ligadas a la Iglesia».

En este sentido, ha retado a Feijóo a avanzar con «propuestas concretas» como la gestión directa de las siete residencias previstas en las ciudades, ir eliminando concesiones conforme finalicen los contratos e impulsar una ley de residencias encaminada a acabar con la «precariedad» laboral de los trabajadores, aumentar las ratios de personal por residente e impulsar una inspección efectiva.

«La pregunta es muy sencilla: ¿Queremos que el cuidado de nuestros padres, de nuestras abuelas, esté en manos de empresas que hacen negocio con la vejez? ¿Queremos que siga en manos de entidades de la Iglesia como ejercicio de caridad asistencial?», ha interpelado la nacionalista.

«El BNG no, ni caridad, ni negocio con la vejez, como hace la señora Josefina Fernández, presidenta de DomusVi y a la que usted le entrega medallas», ha esgrimido, al tiempo que mostraba una imagen de Fernández y Feijóo juntos.

Pontón también ha reclamado transparencia con las familias, mientras que el presidente gallego ha defendido la gestión de la Xunta y ha remarcado que el BNG está invitado a aportar en el diseño del nuevo modelo de residencias en el que se trabaja para mejorar la situación de estos centros, pero «no presentó ninguna enmienda» para ello en el marco de la comisión de reactivación que trabaja en la Cámara.

El ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, José Luis Ábalos, ha afirmado que el Gobierno no tiene ninguna propuesta concreta sobre cobro de peajes en autovías para hacer viable el mantenimiento de las vías de alta capacidad en España. En este sentido, ha pedido «tranquilidad» y ha indicado que la única propuesta que consta en el Ministerio fue la elaborada por Ana Pastor y un estudio encargado por su antecesor en el cargo, Íñigo de la Serna, cuando gobernaba el PP.

«El Ministerio no ha dicho nada al respecto más que decir una evidencia y es que hay que financiar la conservación de la red vial», ha dicho Ábalos durante una rueda de prensa en Jaén donde se ha reunido con el alcalde, Julio Millán, y el presidente de la Diputación, Francisco Reyes.

Ábalos ha incidido en que es una «obviedad» que con la asignación presupuestaria que se viene destinado en los últimos años y que oscila entre los 700 millones y los cerca de 1.200 millones, «no se financia la red de carreteras del Estado».

Ha apuntado que el año pasado se liberaron los peajes la AP-7, entre Alicante y Tarragona, la AP-4 Sevilla-Cádiz y la AP-1, en Burgos. En 2021 no se van a prorrogar los peajes de Zaragoza a Barcelona y la AP-7 entre Tarragona y la frontera y esto significa, según el ministro, que «estamos incrementando muchísimos kilómetros con un gasto importante».

Es esta línea, ha incidido que la reflexión que se está planteando por parte del Ministerio es «cómo financiamos esto». En Europa, según Ábalos, se está haciendo con diversas modalidades de peaje, pero «España es una excepción» en esta cuestión.

No obstante, ha subrayado que en el Ministerio «no tenemos propuesta» y ha arremetido contra el PP porque «las reacciones de ponerse la venda antes que la herida, obviamente no son honradas».

Ha defendido que para «asumir un modelo de financiación de esta red lo tenemos que hacer consensuadamente» y ha afirmado que la única propuesta que tiene el Ministerio sobre el cobro de peajes «la hizo la señora Ana Pastor, que la pasó a la comisión delegada de asuntos económicos», trámite previo al consejo de ministros. Además, Ábalos ha dicho que cuenta con un estudio encargado por su antecesor «con el mismo fin» y que está dispuesto a aportarlos.

«Me parece un sinsentido que el PP cuestione algo que quiso poner en marcha», ha dicho el ministro y ha añadido que si el finalmente hacen una propuesta desde el Ministerio que dirige, «se la presentaremos a los grupos parlamentarios para intentar llegar a un acuerdo».

Para Ábalos, es «necesario» abordar cómo se financia el mantenimiento de la red de carreteras del Estado, teniendo en cuenta que si se hace vía presupuestos generales acabarán costeándolo «los que lo usan y los que no lo usan» y que otros tipos de infraestructuras como la aeroportuaria «la financian los viajeros que cogen un avión, la portuaria también se paga y la ferroviaria también cuesta».

«Si la viaria no queremos pagarla, los presupuestos tendrán que atenderla, porque habrá que conservar las carreteras en buen estado», ha señalado el ministro. Ha señalado también que hay un compromiso con el sector del transporte de «llegado el momento hablarlo con ellos» porque «queremos llegar a acuerdos con los sectores económicos también con las fuerzas políticas».

Sobre el hecho de que el cobro de peajes vaya recogido en el Plan de Recuperación, Transformación y Resilencia, Ábalos ha dicho que «hay que sintonizar con las políticas europeas» porque «cuando hay que pedir recursos hay que plantear reformas que van en la línea de coincidir con la estrategia europea».

Al respecto, ha señalado que España es «una excepción» con lo que se viene haciendo en Europa y «algo que hay plantear, por lo menos revisarlo«, aunque ha insistido en que esto no significa que haya una propuesta concreta sobre la mesa por parte del Gobierno.

La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN) ha recibido información actualizada de Cataluña, a través del Sistema Coordinado de Intercambio Rápido de Información (SCIRI), sobre la presencia de ‘Listeria monocytogenes’ en diferentes productos cárnicos tratados por calor elaborados en el establecimiento Embotits D’Oix, ampliando la retirada de producto al lote 2115 de los mismos productos.

Con la información disponible no se ha confirmado en España ningún caso asociado a esta alerta, si bien se recomienda a las personas que tengan en su domicilio los productos incluidos en esta alerta se abstengan de consumirlos y los devuelvan al punto de compra.

Aunque las autoridades sanitarias catalanas ya informaron a la AESAN el pasado 16 de abril, ahora ha aportado nueva información referente a la retirada de diferentes productos cárnicos tratados por calor elaborados en el establecimiento por la presencia de Listeria monocytogenes y falta de garantías sanitarias.

En el transcurso de las investigaciones realizadas, la Agencia de Salud Pública de Cataluña ha ampliado la retirada de producto al número de lote 2115, de los mismos productos afectados por esta notificación. Con la nueva información, los datos de los productos implicados en esta alerta son: Botifarra d’ou, Bull blanc, Botifarra negra, Botifarra de fetge y Botifarra all julivert.

Además, los lotes implicados son: 2106 2107; 2108; 2109; 2110; 2111; 2112; 2113; 2114 y 2115. La distribución se ha realizado en Cataluña, Aragón, Islas Baleares, Castilla-La Mancha, Comunidad Valenciana y Madrid. Esta información ha sido trasladada a las autoridades competentes de las comunidades autónomas a través del SCIRI, con el objeto de que se verifique la retirada de los productos afectados de los canales de comercialización.

El operativo desarrollado en las últimas horas en varias localidades de Galicia contra el tráfico de heroína se ha saldado con 11 detenciones y al menos 1,5 kilos de heroína intervenidas, según han confirmado fuentes de la investigación.

Se trata de una actuación coordinada desde el Juzgado de Instrucción número 1 de Cambados (Pontevedra) y desplegada por equipos especializados de Policía Nacional y Guardia Civil. Este martes dicho operativo entró en ‘fase de explotación’ con la detención de 11 personas, la intervención de al menos 1,5 kilos de heroína y dinero en efectivo, y la realización de varios registros.

Entre los detenidos figura un abogado con antecedentes, un letrado vigués condenado en tres ocasiones por tráfico de drogas, la última en noviembre de 2019, cuando la Audiencia de Pontevedra le impuso 9 años de prisión por la introducción en Galicia de 60 kilos de heroína en un camión, que fue descargado en una nave de Caldas de Reis (Pontevedra).

Además de los arrestos, las fuerzas de seguridad realizaron registros simultáneos desde primera hora de la mañana de este martes en las localidades de Cambados, Sanxenxo, A Illa de Arousa, O Porriño, Oia, Vigo, A Cañiza y Ferrol.

Según han informado fuentes del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) la causa «ha estado secreta» hasta este martes, y está previsto que 10 de los detenidos pasen a disposición judicial el jueves en Cambados, ya que uno de los arrestados en Ferrol ha quedado en libertad en sede policial.

Una de cada cuatro solicitudes de actuación presentadas por la ciudadanía ante el Defensor del Pueblo andaluz en el año 2020 estuvo directamente relacionada con la pandemia por coronavirus (SARS COVID-19). En concreto, fueron 2.128 quejas de las 8.752 iniciadas este año y 4.275 de las 12.573 consultas gestionadas.

Este impacto de la pandemia en las actuaciones del Defensor del Pueblo andaluz lo ha destacado este miércoles el titular de la institución, Jesús Maeztu, en la presentación del Informe Anual 2020 ante la Comisión de Nombramientos, Relaciones con el Defensor del Pueblo Andaluz y Peticiones celebrada en el Parlamento andaluz.

«Fueron 35.146 personas las que requirieron la intervención de este comisionado parlamentario. De ellas, 8.665 presentaron quejas, lo que sumadas a otras 87 que abrimos de oficio, hicieron un total de 8.752 quejas. A estas sumamos 3.821 procedentes de años anteriores, lo que hizo un total de 12.573 quejas gestionadas. En cuanto al número de consultas, fueron 16.828. Este número de quejas y consultas, sumadas a las 422 acciones de promoción de derechos (jornadas, guías, informes especiales, etc.) ofrecieron un balance total de 29.823 actuaciones», ha explicado Maeztu en su intervención.

«Estos registros han sido históricos en la institución», ha destacado, para añadir que las demandas de información y asesoramiento de la ciudadanía como consecuencia de la pandemia decretada por la extensión de la Covid «han elevado un 25% tanto el número de quejas como el de consultas con respecto al informe del año anterior, 2019». Servicios sociales, vivienda, información y atención ciudadana, educación, empleo público, menores y salud han sido las materias más demandadas por la ciudadanía, ha precisado.

Maeztu ha señalado que «2020 ha sido el más duro y difícil de cuantos recuerda en los casi cuarenta años de historia de esta institución», si bien también «un año para no olvidar» en cuanto a las lecciones que se deben extraer de esta experiencia con un objetivo, «avanzar hacia la igualdad real», y ha expuesto que en el ‘Informe Extraordinario Derechos de la ciudadanía durante la COVID-19. Primera ola de la pandemia’ presentado por la institución el pasado noviembre se recogen 13 retos para dar respuesta a las necesidad «más urgentes y perentorias que está trasladando la ciudadanía».

El Defensor del Pueblo andaluz ha condensado esos 13 retos en cuatro, como aportaciones o lecciones que nos está dejando la Covid, desde la perspectiva de la institución como garante de los derechos y libertades de la ciudadanía.

Así, ha apuntado que la primera lección sería la necesidad de un reforzamiento de los servicios públicos, en cuanto a los servicios sanitarios y de servicios sociales, con un nuevo modelo de gestión de las residencias de mayores, mientras que en segundo lugar, ha señalado que esta crisis supone una «oportunidad para promover y consolidar» una economía de cuidados, que cuide a los más desprotegidos, entre ellos, las personas mayores, la infancia y la adolescencia, al tiempo que ha dedicado una atención especial a la salud mental.

En tercer lugar, el Defensor ha indicado que «urge la mejora y eficiencia» de los servicios de información y atención ciudadana, ante la necesidad de mejorar y humanizar los servicios de información y atención ciudadana por parte de las administraciones públicas. «Ello incluye la brecha digital como un ejemplo de esa imposibilidad de acceso a los servicios públicos, que amenaza con convertirse en una nueva forma de exclusión social», ha añadido.

En cuarto y último lugar, el Defensor del Pueblo andaluz ha señalado que «supone una tarea inaplazable contar con el diseño de un sistema de acogida y acompañamiento para colectivos de especial vulnerabilidad». Entre otros, «este sistema debe dar acogida a las personas necesitadas de unos ingresos mínimos o de una ayuda al alquiler para evitar un desahucio; la intervención en barrios marginales; las garantías de suministros mínimos de luz y agua; las personas dependientes o con discapacidad; los menores extranjeros y los jóvenes ex tutelados; las personas que padecen una enfermedad mental, o los sistemas de empleo», ha concluido el Defensor del Pueblo andaluz.

PSOE VE «TERRIBLE QUE QUIERAN QUITARLE LA VOZ»

Por su parte, la socialista Araceli Maese ha señalado que 2020 «ha sido un año lleno de muertes injustas y con más de 2.000 muertes en residencias de la comunidad para nuestra vergüenza», y ha defendido que la Defensoría «pone el dedo en los problemas y el foco para señalar las desigualdades y luego que un gobierno responsable actúe», por eso «me parece tan terrible que quieran quitarle la voz a usted y a la institución, porque es quitarle la voz a miles de personas en nuestra tierra, aunque no convenza a algunas formaciones políticas». «Es un ataque directo hacia la democracia», ha añadido.

Desde Adelante Andalucía Jesús Fernández ha señalado que los retos planteados por Maeztu «son un fiel reflejo del abandono y la desorientación que sufre gran parte de la población», para añadir que el Defensor «no puede ser sustituto del Gobierno andaluz» y que Andalucía «necesita un modelo integral, que sepamos hacia dónde ir». «Pese a que mañana vamos a debatir la iniciativa de Vox que plantea el cierre de su institución, quiero felicitarle por la enorme labor que hace, ya que nos pone por delante la cruda realidad para que le pongamos solución», ha manifestado.

El diputado de Cs Juan de Dios Sánchez ha visto muy positivo que hayan puesto reclamaciones «más mujeres que hombres, y que estén así alzando la voz», y ha destacado que la Consejería de Políticas Sociales «ha anunciado un nuevo plan de choque para agilizar la renta mínima» y, respecto a la falta de medios en la justicia, ha indicado que «se están aumentando la dotaciones» desde el departamento que dirige Juan Marín. «Hay muchos retos en muchas áreas por la gestión pésima del PSOE durante muchos años, pero estamos poniéndonos las pilas».

El popular Toni Martín ha afirmado que «sin hablar de alegrías, se percibe que algo está cambiando en la comunidad», al tiempo que ha subrayado que el pueblo andaluz «está siendo más resiliente que nunca» y que «está relativamente contento con la gestión de la pandemia que desde el punto de vista sanitario está haciendo este gobierno».

El Ministerio de Consumo ha puesto en conocimiento de Fiscalía la venta ‘online’ de camisetas en las que figuran el rostro del exvicepresidente segundo del Gobierno y candidato por Unidas Podemos a la Asamblea de Madrid Pablo Iglesias junto a leyendas como «Se busca vivo o muerto» o «Temporada de caza al marqués». Se suma así a la denuncia presentada este miércoles en el mismo sentido por la organización de consumidores Facua.

«El Ministerio de Consumo, como en ocasiones anteriores, pone en conocimiento de la Fiscalía este hecho por si pudiera ser constitutivo de un delito de odio», han señalado fuentes de este departamento.

En su escrito a la Fiscalía, Facua señala que «dada la incitación a la violencia contra el señor Iglesias Turrión que contienen los mensajes (…) y teniendo en consideración especialmente el contexto social y político actual, en el que tanto él como otros dirigentes y cargos políticos están recibido amenazas de muerte mediante cartas y paquetes postales, consideramos necesario que desde la Fiscalía General del Estado se abra una investigación para valorar si la práctica de lanzar mensajes amenazantes y de incitación al odio y la violencia insertos en los citados productos dispuestos para la venta pudieran ser constitutivos de delito».

Según ha explicado su portavoz, Rubén Sánchez, fueron alertados de la venta de estas camisetas a través de un usuario por la red social Twitter y, tras unas primeras indagaciones, Facua ha concluido que el comercio electrónico, denominado Esto es España, indica en su sección «aviso legal» que su propietario es «Frutos Meis Maximiliano EV», con supuesto domicilio en Budapest (Hungría).

También han podido comprobar que en la web de la Secretaría de Estado de Digitalización dominios.es figura Max Meis como propietario del dominio de la tienda online, estoesespana.es, y que éste fue dado de alta en junio de 2019.

A nombre de Maximiliano Frutos Meis, que Sánchez aventura que puede ser un nombre falso, figura una empresa denominada Plvs Vltra LTD y domiciliada en Londres (Reino Unido), cuyo objeto social son actividades de diseño y venta al por menor de prendas de vestir.