El presidente de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, César Tolosa, ha criticado que los legisladores no hayan desarrollado "instrumentos jurídicos adecuados" para luchar contra la pandemia y ha asegurado que la normativa utilizada "ha generado inseguridad y confusión" a las administraciones públicas y los ciudadanos.

Así lo ha dicho durante su participación en la primera jornada del XIV Encuentro Interautonómico de Protección Jurídica del Paciente, que forma parte de los Cursos de Verano de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP), en la que ha hecho un repaso a los instrumentos jurídicos que han usado las administraciones públicas para limitar derechos y aplicar medidas efectivas durante la crisis del Covid-19.

Tolosa ha criticado que los legisladores no hayan desarrollado un marco normativo específico para luchar contra el virus. "Se han usado los mismos instrumentos jurídicos de 1986, cuando es evidente que la situación no es la misma para la que estaba prevista esta legislación", ha lamentado.

De este modo, ha opinado que la Ley de Emergencia Sanitaria, que establece de forma genérica que en caso de necesidad las autoridades "aplicarán las medidas necesarias" para el control de epidemias, contiene un "precepto escueto y genérico que no fue pensado para esta calamidad".

Por ello, ha pedido que, en línea con la actualización de otros sectores, también "responda el ordenamiento jurídico", y ha considerado que hay una "necesidad imperiosa" de redactar una nueva normativa sanitaria, porque "la eficacia de la jurisdicción hubiera sido otra con otra regulación articulada".

ESTADO DE ALARMA

El magistrado ha comentado también las principales críticas que desde el punto de vista jurídico se han realizado a los sucesivos estados de alarma decretados por el Gobierno de España, y ha señalado que el principal debate jurídico se centra en el alcance de las restricciones de los derechos fundamentales.

"Desde el punto de vista jurídico, si se decide que lo que hicieron los estados de alarma fue suspender derechos fundamentales y no limitarlos, sería ilegal porque lo que hubiera procedido era la aplicación de un estado de excepción", ha asegurado. Esto crearía un "nuevo problema", ya que los estados de excepción tienen una duración máxima de 30 días.

Además, Tolosa ha hecho un repaso a las disposiciones legislativas que han creado "confusión jurídica". En este sentido, ha criticado que durante el segundo estado de alarma se dio una situación "desconocida en nuestro ordenamiento jurídico", la delegación de competencias del presidente central a los autonómicos, una figura que, ha apuntado "se da dentro de las administraciones, no se delega de una administración a otra".

Y ha asegurado que se dio una "paradoja", porque en esencia el estado de alarma "concentra el poder en una autoridad central" y, en este caso, "se volvió a desconcentrar", lo que, en su opinión, "plantea problemas desde el punto de vista del control jurisdiccional".

De este modo, el jurista ha destacado que en su momento el Tribunal Supremo entendió que el responsable de las decisiones en este marco normativo era el presidente del Gobierno central, ya que los presidentes autonómicos actuaban como delegados suyos.

Sin embargo, ha advertido que esta situación "no se extiende" a las decisiones de los consejeros y otros miembros de los gobiernos regionales, cuyas decisiones estaban tuteladas por los tribunales de justicia regionales. Esta situación, en opinión de Tolosa, ha evitado que la tutela judicial se hiciera de forma efectiva.

"Mientras los asuntos iban de un tribunal a otro las medidas estaban en vigor, por lo que el control jurisdiccional carecía de eficacia. El efecto de absoluta inmediatez no se pudo conseguir", ha opinado.

El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ha confirmado la absolución de la expresidenta regional Cristina Cifuentes en el 'caso máster' y ha rebajado a un año de cárcel la condena impuesta a la que fuera directora del polémico curso de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid (URJC), Cecilia Rosado, por un delito de falsedad documental.

En una sentencia, los magistrados de la Sala de lo Civil y Penal desestiman el recurso de la Fiscalía de Madrid contra la absolución de la exmandataria madrileña y estiman de forma parcial el recurso interpuesto tanto por Rosado como la exasesora María Teresa Feito.

El pasado febrero, la Audiencia de Madrid exoneró a Cifuentes del delito de falsedad documental del que había sido acusada por la Fiscalía de Madrid por inducir la falsificación del acta del Trabajo de Fin de Máster (TFM) del curso de postgrado que cursó en 2012.

Ahora, el Alto Tribunal ha rebajado a Cecilia Rosado la condena como autora de un delito de falsedad en documento oficial, a la pena de un año de prisión, frente al año y seis meses de cárcel al que le condenó la Sección Quince de la Audiencia Provincial de Madrid.

María Teresa Feito ve rebajada su condena de los tres años de prisión iniciales a los dos años de prisión como inductora de un delito de falsedad documental.

Los magistrados confirman la absolución de Cifuentes al desestimar el recurso presentado por la Fiscalía de Madrid. En su recurso, la fiscal solicitó la anulación de la resolución y la repetición del juicio.

La representante del Ministerio Público alegaba que la sentencia infringía la tutela judicial efectiva, al carecer de "racionalidad y lógica" la motivación que llevó a los jueces a absolver a la expresidenta de la Comunidad de Madrid pese a las evidencias, que a su juicio, aporta el material indiciario.

NO HAY DÉFICIT DE MOTIVACIÓN

La Sala entiende, sin embargo, que el tribunal sentenciador "no incurrió en un déficit de motivación ni su discurso es irracional ni omite razonamiento sobre alguna prueba relevante" y sostiene que "la sentencia explica sucintamente las razones que alientan la absolución" .

En este sentido, los magistrados mantienen que si bien la sentencia "orilló algunos pormenores y su discurso absolutorio no comprende ni excluye la construcción propuesta por el Ministerio Fiscal, no por ello incumple el deber de motivación ni lesiona el derecho a la tutela judicial efectiva invocado por la acusación pública por irracional valoración de la prueba".

"La fundamentación en que descansa la pretendida virtualidad probatoria de los indicios o razones 'velados' o 'encubiertos' que expone la fiscalía para dar por probada la intervención en los hechos de Cristina Cifuentes es inhábil, pues estamos en presencia de meras hipótesis, insuficientes para determinarla con la certeza que una sentencia condenatoria requiere", recoge la sentencia.

"El proceso deductivo no se basa en un enlace racional que de forma natural conduzca a una consecuencia cierta y los subrayados como indicios no apuntan a una probabilidad prevalente que autorice a dar por enervada la presunción de inocencia", abunda la resolución del TSJM.

SIN REFERENCIAS A CIFUENTES

De igual modo, destaca que la sentencia de instancia explicaba las razones que llevaban a la absolución "indicando que ninguno de los intervinientes en la reunión del Rectorado hizo ninguna referencia a Cristina Cifuentes", en alusión al encuentro que hubo entre altos cargos de la universidad al salir publicada la noticia que destapó el caso.

De igual modo, recuerda el TSJM que el fallo impugnado recogía que "ni Cecilia Rosado o María Teresa Feito habían señalado haber mantenido contacto alguno con Cifuentes o con su oficina o gabinete", añadiendo que, "sin obviar el interés de ésta en tener toda la documentación que justificara la regularidad en la obtención de su máster".

Recalca que el tribunal de instancia basó su fallo absolutorio no sólo en "prueba documental, sino también en medios que incluyen la declaración de las acusadas, y el testimonio de numerosas personas" mencionado a Jaier Ramos, Rector de la URJC, al exconsejero Rafael Van Grieken, al profesor Pablo Chico de la Cámara, entre otros.

La Federación de Ocio, Turismo, Juego, Actividades Recreativas e Industrias Afines de la Comunitat Valenciana (FOTUR) propone a la Generalitat que permita el cierre del ocio nocturno a las cuatro de la mañana, con una hora adicional de desalojo hasta las 5.00, para organizar una salida escalonada y paulatina del público y evitar "trabajar a pérdidas".

A un día de la nueva mesa interdepartamental COVID que acordará las restricciones para julio, la patronal remarca que "en ningún momento" ha defendido que los bares, pubs y discotecas sean la solución al botellón.

"El botellón es una moda que existe y que como todas las modas pasarán. Mientras tanto, no queda más solución que campañas de prevención e información y la necesidad de implantar una cultura del alcohol de forma responsable e inteligente, pues 'con sabiduría beben los sabios y los grandes vividores'", expone en un comunicado.

Eso sí, para FOTUR, es evidente que un ocio reglado como el actual es una parte que puede solucionar el problema, "pero no en su totalidad", porque el actual horario de cierre a las 2.00 horas "no satisface a ninguna parte y genera conflictos".

Como consecuencia, advierte que los locales "de repente se convierten en un cuello de botella" al no producirse una evacuación escalonada, a diferencia de hostelería que puede dar servicio hasta medianoche y cerrar a la 1.00.

Aunque su propuesta inicial es cerrar a las 2.00 y desalojar hasta las 3.00, el ocio nocturno valenciano defiende que el umbral de rentabilidad de una sala es de un mínimo de cuatro horas de sesión para no "trabajar a pérdidas". Por tanto, vería "deseable" un cierre a las cuatro de la mañana con una hora de desalojo hasta las 5.00.

"En cuanto a los brotes de COVID, es evidente que si en los locales hay flujo de gente, habrán contagios, pero la función de todo el personal de las salas, desde el primero hasta el último, es minimizar el riesgo y el cumplimiento estricto de las medidas: distancia de seguridad, mascarilla y gel hidroalcohólico", reitera, para subrayar que "el riesgo es mínimo" si se cumplen y que los incumplimientos irresponsables deben ser sancionados "con contundencia".

El Servicio Gallego de Salud (Sergas) ha detectado un brote de Covid-19 con 19 casos positivos confirmados con origen en una fiesta de jóvenes en la parroquia de O Pindo del municipio de Carnota (La Coruña).

Así lo ha confirmado el alcalde de Carnota, Juan Manuel Saborido, quien ha comentado que el pasado martes 22 de junio tenían "cero casos" de Covid en el municipio y el día 23 se detectó este brote "derivado de una concentración de juventud en un sitio al norte del ayuntamiento", ha señalado en relación a la parroquia de O Pindo.

Según ha explicado el regidor, se trata de un brote de "jóvenes asintomáticos que se contagiaron y contagiaron a algunos de sus familias". Tras el cribado realizado el sábado por la mañana a personas de 16 a 40 años --con 55 participantes--, se detectó otro positivo, lo que ha elevado a 19 los casos, ha apuntado.

El alcalde de Carnota ha comentado, asimismo, que el rastreo a los contactos "está hecho" y los primeros detectados llevan "entre cuatro y seis días de confinamiento". "Están vigilados y controlados", ha destacado, para apostar por "esperar una semana a que se desconfine la gente".

CRIBADO

Fuentes del área sanitaria de Santiago y Barbanza han puntualizado que este brote tiene 17 casos en el área compostelana, a parte de otros de fuera, después del cribado realizado este sábado.

En concreto, este cribado se llevó a cabo a personas de 16 a 40 años en el centro de salud de O Pindo, en Carnota, y se saldó con un positivo y un 40% de participación.

TRANQUILIDAD

"Fue una preocupación, porque fue antes de la temporada de verano más potente", ha señalado el regidor de Carnota, que ha apelado a "no demonizar a nadie" por este brote, al tiempo que ha puntualizado que "no se observa que sea una cuestión de hostelería".

En concreto, ha indicado que los jóvenes afectados se habían reunido en la zona de las casetas marineras, donde suelen juntarse para celebrar acontecimientos, en la parroquia de O Pindo, donde se localiza. "Procede de A Coruña", ha puntualizado, para añadir que "de la variante Delta".

Por ello, apela a la "tranquilidad" de los vecinos y "a tener paciente con estas cosas". Al respecto, ha recordado que han tenido brotes en el municipio de hasta "27 casos". Vamos a salir sin problema", ha incidido el alcalde, para matizar que "estos brotes se van a dar a menudo en toda Galicia". "Debemos seguir cumpliendo el protocolo", ha sentenciado.

El Parlamento de Cantabria ha reclamado al Gobierno central la concesión "inmediata" de la autorización "permanente" del trasvase de casi 5 hectómetros cúbicos anuales desde el embalse del Ebro para abastecer a Santander y las comarcas aledañas, una reivindicación que ha vuelto a dividir a los dos socios del Gobierno regional ya que el PRC se ha unido a la oposición en esta petición mientras que el PSOE se ha abstenido.

En la proposición no de ley (PNL) sobre este asunto, presentada por el PP y que ha sido apoyada por PRC, Cs y el grupo mixto-Vox, se expresa el "rechazo" del Parlamento regional a la decisión del Ejecutivo central de no autorizar este trasvase de forma permanente.

Los grupos que han votado a favor han defendido que se trata de una reivindicación "justa" y "lógica" y para la que solo hace falta "voluntad política", algo que, sobre todo a juicio de los grupos de la oposición, no tiene el Gobierno de España.

Y es que desde la oposición han achacado el hecho de que el Gobierno no conceda a la comunidad esta autorización permanente para el trasvase a su deseo de "no enfadar" a catalanes y regionalistas aragoneses y permitir así que "Sánchez y su señora duerman tranquilamente en La Moncloa a pesar de los intereses de Cantabria", tal y como ha apuntado el diputado popular Roberto Media.

El PRC ha apoyado la iniciativa del PP al considerar que es una "lógica" pero no sin entrar en consideraciones respecto a las razones que motivan al Gobierno de España a no conceder esta autorización.

Mientras, los socialistas han insistido en que el abastecimiento de agua a Santander y Cantabria está "garantizado" y han asegurado, en línea con lo ya expresado por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, que el trasvase de 4,99 hm3 se autorizará "si fuera necesario", algo de lo que desconfía el resto.

A juicio del PSOE, se está haciendo "demagogia" con este asunto al plantear el asunto diciendo que desde el Gobierno central "se niega el agua a Cantabria", algo que, según ha insistido su diputado Javier García-Oliva, "no es cierto".

Además, el socialista ha asegurado que el Gobierno no puede autorizar de forma permanente este trasvase sin modificar la Ley del Plan Hidrológico Nacional, solo pudiéndola conceder para situaciones excepcionales de necesidad.

Sí ha apuntado que, dado que los planes hidrológicos de tercer ciclo están en información pública desde la semana pasada hasta finales de año, "hay tiempo" para que el Gobierno de Cantabria y el de España lleguen a un acuerdo para incluir cualquier tipo de transferencia o trasvase en ese acuerdo.

También ha subrayado que el pasado febrero se aprobó la autorización especial de los 25,23 hm3 para que pueda ponerse en servicio la derivación de aguas desde el embalse del Ebro y ha señalado que "ningún año" hasta ahora el déficit hídrico de la comunidad ha llegado a los 4 hm3.

Con todo ello, el PSOE sostiene que el Gobierno central "ha cumplido escrupulosamente" el acuerdo aprobado el pasado octubre en el Congreso de los Diputados, algo que no considera así el resto de grupos.

El PP ha acusado al Gobierno de Sánchez y Ribera de "pisotear" los derechos de los cántabros en este y otros asuntos. "Los cántabros quieren ser españoles de primera y las decisiones de Sánchez y su Gobiernos nos colocan como españoles de tercera", ha aseverado Media.

Además, el diputado del PP ha opinado que "de nada sirve" que el PRC apoye la iniciativa si luego no la hace cumplir a aquel "con el que gobierna" (en alusión al PSOE) y ha instado a los regionalistas de "dejar de hacerse los ofendidos y se ofendan de verdad". Y es que, según ha indicado, "tanta culpa tienen quien toma decisiones injustas como quienes callan y no hacen nada para poner pie en pared y defender los intereses de los cántabros".

Cs ha criticado la "inacción" del Gobierno de España para dar una salida definitiva al problema y los "anuncios vende-humos" de socialistas como el diputado nacional por Cantabria Pedro Casaares y la delegada del Gobierno, Ainoa Quiñones.

Desde la oposición, también se ha censurado la actitud del Gobierno regional en la negociación con el Estado y, de hecho, el PP considera que el bipartito ha vuelto a "arrodillarse" y Vox cree que no ha hecho "nada".

CÁMARA AGRARIA

Además, en el Pleno de este lunes, el último ordinario antes del 'parón estival', ha aprobado la ley que extingue la Cámara Regional Agraria con el voto a favor de todos los grupos salvo el mixto-Vox, que se ha abstenido.

En la ley, que entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial de Cantabria (BOC), se justifica su extinción ante la "pérdida progresiva" de sus funciones.

Todos los grupos, incluso Vox --que se ha abstenido--, se han mostrado a favor de la extinción de la Cámara, si bien los de la oposición han puesto varios 'peros' y expresado sus dudas sobre la composición de la comisión liquidadora y de cómo se va a garantizar que el patrimonio de este órgano que ahora dejara de existir se destine a fines y servicios de interés agrario.

Así la diputada de Cs Marta García ha acusado a la Consejería de Desarrollo Rural de haber propiciado la "quiebra" de la Cámara al ir reduciendo sus aportaciones y se ha preguntado si ello se debe a motivos "espurios" y ha advertido que esta puede ser la "antesala del mayor expolio" a los ganaderos de Cantabria.

Vox también ha acusado al Gobierno de "oscurantismo" al negarse a admitir una enmienda del PP que obligaba al Gobierno a emitir al Parlamento un informe anual sobre la gestión y el destino de los rendimientos derivados del patrimonio de la extinta Cámara Agraria. Por ello, se ha abstenido.

El PP también ha asegurado "no entender" el motivo por el que no se han admitido sus 7 enmiendas --solo ha logrado que se incorporen 3-- cuando, según señala, solo buscan garantizar que el patrimonio de la Cámara, que según una valoración en 2004 ascendía a unos 2,5 millones de euros aunque podría haber variaciones con el paso del tiempo, y los rendimientos que generen vayan "exclusivamente" al interés ganadero.

Además, reclamaban que de la Comisión Liquidadora entrara a formar parte el asesor jurídico de la Cámara Agraria al considerar que es quien más conoce el patrimonio del organismo, algo que no se ha aceptado, lo mismo que una enmienda de Cs en un sentido similar.

Tanto a juicio del consejero de Desarrollo Rural, Guillermo Blanco, que ha defendido en el Pleno la ley, como de los representantes de PRC y PSOE la norma que ha resultado aprobada garantiza que el patrimonio de la Cámara vaya exclusivamente al interés general de lo ganaderos.

La norma establece que en el plazo de un mes desde la entrada en vigor se constituya la comisión liquidadora, en la que estarán cuatro representantes de la Administración autonómica, un representante de cada organización profesional agraria y un representante de la Federación de Municipios de Cantabria (la cual actualmente está presidida por el regionalista Pablo Diestro).

TEMPORALIDAD EN LA ADMINISTRACIÓN

Por otro lado, el Pleno ha rechazado una iniciativa de Cs que pedía resolver las situaciones de "abuso de la temporalidad" en la Administración pública, que solo ha contado con el voto a favor del grupo naranja y del PP mientras PRC y PSOE han considerado que la iniciativa es "innecesaria" y Vox que "no viene a resolver absolutamente nada".

PRC y PSOE han votado en contra argumentando que el proceso para reducir la "elevada" tasa de temporalidad ya está "en marcha" y que actualmente "se está avanzando" pues el Gobierno central está negociando tanto con las comunidades autónomas como con los sindicatos, con quienes está "acercando posturas".

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha hecho suyas las palabras del secretario general y portavoz de la Conferencia Episcopal Española (CEE), Luis Argüello, cuando señaló, al opinar sobre los indultos a los políticos condenados por el 'procés', que "la Constitución no es un dogma".

"Por hacerme eco de unas palabras del portavoz de la CEE, cuando usted comentaba antes el apoyo que han dado los obispos de Cataluña y también la CEE, decía el portavoz algo que es lo suficientemente elocuente y acertado para hacerme eco de ello, decía que la Constitución Española no es un dogma pero sí marca el territorio sobre el cual podemos dialogar", ha remarcado Sánchez este lunes en una entrevista en la Cadena Ser.

Así se ha pronunciado el presidente del Gobierno tras ser preguntado por el apoyo a los indultos, primero, por parte de los obispos catalanes, y después de la Conferencia Episcopal Española.

En concreto, Sánchez ha querido hacerse eco de las declaraciones del portavoz de los obispos, Luis Argüello, cuando aseguró en rueda de prensa la semana pasada que "la Constitución no es un dogma".

"La Constitución no es un dogma. No consideramos que sea como las Tablas de la Ley, pero marca un campo de juego para que, incluso su propia modificación sea planteada en los propios términos que la Constitución establece", declaró Argüello, que también es obispo auxiliar de Valladolid.

El portavoz de los prelados españoles explicó que los obispos reunidos en la Comisión Permanente habían mantenido un debate de una hora y media sobre los indultos y que, aunque había "acentos diversos", se posicionaban, como sus homólogos catalanes a favor del "diálogo".

"Nosotros hemos querido profundizar en la nota de los obispos catalanes para, desde ella, extraer unas consecuencias que seguramente ponen acentos distintos, pero nosotros estamos, como los obispos catalanes, por el diálogo", explicó.

La nota a la que se refería Argüello la había publicado días antes la Conferencia Episcopal Tarraconense, integrada por los obispos de las provincias eclesiásticas de Tarragona y Barcelona.

En ella, los prelados catalanes se mostraron, ante el contexto social y político en Cataluña, convencidos "de la fuerza que tienen el diálogo y las medidas de gracia en todas las situaciones de conflicto".

La consellera de la Presidencia de la Generalitat, Laura Vilagrà, ha insistido este lunes en llevar la amnistía y la autodeterminación a la mesa de diálogo con el Gobierno para resolver el conflicto catalán, y ha afirmado que la apuesta del Govern es impulsar el Acuerdo Nacional por la Amnistía y la Autodeterminación para llevar estas dos demandas a la negociación con el Ejecutivo de Pedro Sánchez.

Lo ha dicho este lunes durante su intervención en la Comisión de Asuntos Institucionales (CAI) del Parlament, en la que ha tildado los indultos del 1-O de ser "un primer paso de distensión, que aligeran una situación muy dura", pero considera que no son suficientes para solucionar el conflicto.

Por eso, defiende que el objetivo del Govern es la amnistía porque es una "solución política y global al conflicto y para iniciar una nueva etapa", y ha reclamado un referéndum pactado para ver qué apoyo tiene la independencia, algo en lo que cree que tanto el Gobierno central como el Govern deberían estar de acuerdo.

Sobre la mesa de diálogo, la consellera la ha tachado de primera etapa de negociación y ha dicho que espera que sea provechosa: "Iremos con toda la fuerza de los partidos independentistas y el apoyo electoral, para llevar nuestras propuestas para acabar con el conflicto, que son el referéndum pactado y la amnistía".

Además, Vilagrà ha destacado que desde el Govern impulsarán un "gobierno fuerte, con buena coordinación interdepartamental", la candidatura Pirineus-Barcelona para los Juegos Olímpicos de Invierno del 2030, pide reactivar el Consell de Governs Locals, y ha insistido en la mejora de los medios de comunicación públicos catalanes y la renovación de sus organismos.

GRUPOS

En las intervenciones de los grupos, la diputada del PSC Marta Moreta ha urgido a encontrar en esta legislatura puentes de diálogo y ha defendido que para ello el Govern debe dejar a un lado los "discursos estériles", además de pedir más cooperación entre ayuntamientos y Generalitat, y lamentar la infrafinanciación de las administraciones locales.

Por parte de Vox, el portavoz de la formación, Joan Garriga, ha tachado la mesa de diálogo de "farsa y traición", ha acusado al Govern de utilizar las instituciones para promover el independentismo y ha criticado que el actual Ejecutivo haya aumentado sus consellerias de 13 a 14 y que se destinen recursos a los medios públicos de comunicación en catalán.

La presidenta de la CUP en el Parlament, Dolors Sabater, ha afeado que los indultos del 1-O concedidos por el Gobierno son una "operación de Estado para lavarse la cara, pero no hay garantía de que se acabe la represión", y ha hecho un llamamiento a que se tenga en cuenta y se escuche a los municipios en el Parlament a la hora de legislar.

El diputado de los comuns Marc Parés ha puesto en valor que en el Govern "se esté imponiendo el diálogo y el pragmatismo, y no la vía del simbolismo y la unilateralidad", ha apostado por el autogobierno y llegar a grandes consensos en torno a la mesa de diálogo, y cree que tras los indultos se debe reformar el Código Penal.

El presidente de Cs en el Parlament, Carlos Carrizosa, ha afeado a Vilagrà que ante "las concesiones del Gobierno, diga que no pararán hasta la amnistía", pide que se reduzcan las duplicidades administrativas, y le ha reprochado la deuda del Govern de 95 millones con los ayuntamientos y que no hable de la neutralidad de los medios de comunicación públicos catalanes.

Alejandro Fernández (PP) ha exigido que los medios públicos catalanes sean neutrales, ha afeado que exista un "sistema de subvenciones sobredimensionado en el que siempre salen beneficiados los que tienen una línea editorial concreta", y ha pedido un planteamiento público y parlamentario de cómo se coordina el Govern.

Desde Junts, Glòria Freixa ha lamentado que para el Gobierno central es "más importante la integridad territorial que no la libertad y democracia", dice estar convencida de que el Govern defenderá los valores del 1-O y la independencia como objetivo, y apuesta por trabajar en colaboración con el mundo local y en pro de unos medios públicos de calidad.

El republicano Jordi Orobitg ha urgido a que el programa del Govern y su acción política estén encaminados a dar "cumplimiento al mandato del 52% independentista", pero que también interpele a la mayoría de la ciudadanía, y ve necesaria la colaboración con el mundo local para la gestión de los fondos Next Generation.

El oeste de América del Norte está afectada por una "intensísima ola de calor" que está batiendo récords históricos de temperaturas, según ha informado el portavoz de la Agencia Estatal de Meteorología, Rubén del Campo, que señala que de acuerdo con los datos del gobierno de Canadá, este domingo en Lytton, en la Columbia Británica, se alcanzaron 46,6 grados centígrados (ºC).

Se trata, según el portavoz, de una temperatura que supera en 1,6ºC el anterior récord nacional, que se registró en 1937 con 45ºC. Precisamente, ha recordado que Canadá está "bastante más al norte" que España, donde la temperatura máxima oficial se alcanzó el 13 de julio de 2017 cuando en Córdoba se registraron 46,9ºC, apenas tres décimas por encima del récord de este domingo en el país norteamericano. "Es un dato muy significativo", ha comentado Del Campo.

Además, ha añadido que el Servicio Meteorológico Nacional de Estados Unidos ha calificado esta ola de calor como "histórica y peligrosa" y a precisado que este domingo ciudades como Portland o Seattle batieron sus anteriores récord de temperatura máxima ya que alcanzaron 43ºC y 40ºC respectivamente. Asimismo, ha advertido de que de acuerdo con las predicciones se podrían lograr nuevas efemérides de temperatura máxima este lunes.

"Son temperaturas casi veinte grados superiores a lo normal, aunque en algunas zonas de los estados de Oregon, Washington y Idaho se alcanzarán este lunes y el martes registros entre veinticinco y treinta grados por encima de lo normal. Son valores muy, muy extremos", ha destacado.

Del Campo ha señalado que aún es necesario realizar estudios atribución para encontrar su relación con el cambio climático, pero es un hecho que está muy claro, ya que la probabilidad de que se produzcan actualmente este tipo de episodios extremos de calor en todo el mundo es ya mucho mayor que en décadas anteriores.

En todo caso, ha afirmado que la frecuencia de olas de calor está aumentando en España en la última década. En concreto, en la década de 2011 a 2020 el número de olas de calor duplicó al número de olas de calor que se registraban en las décadas anteriores.

De este modo, apunta que en España, aunque el calor "va a ir apretando" y la semana terminará con temperaturas "bastante altas" sobre todo en el este, "no se espera" alcanzar valores "tan extremos como estos de América del Norte".

JULIO COMIENZA CON EPISODIO DE CALOR EN ESPAÑA

En este contexto, Meteored avisa de que aunque con valores no tan altos, el mes de julio llegará con un episodio de calor, puesto que espera la llegada el miércoles de una masa de aire cálido procedente del norte de África.

Así, después de un mes de junio marcado por las sucesivas entradas de masas de aire templadas o frías, para el meteorólogo de Meteored Samuel Biener, julio llegará con valores de más de 40ºC por lo que ha pronosticado que podría producirse "la primera ola de calor" a partir de la llegada de esta masa de aire cálida.

De ese modo, ha precisado que el miércoles se superarán los 38ºC en el valle del Guadalquivir, aunque se producirán algunas precipitaciones en los Pirineos y en Cataluña que podrían extenderse a la cordillera Cantábrica el jueves, una jornada, ya 1 de julio, en la que se superarán los 35ºC en capitales del centro y del sur.

El fin de semana las temperaturas seguirán subiendo y se acercarán o superarán los 40ºC el sábado en Andalucía, Región de Murcia, el interior y prelitoral de la Comunidad Valenciana, el sureste de Castilla-La Mancha, la depresión central catalana y puntos del Valle del Ebro.

Respecto a Canarias, también espera un ascenso isotérmico, que dejará temperaturas nocturnas muy altas, que se juntarán al polvo en suspensión y a algunas tormentas en las zonas montañosas del norte del archipiélago.

No obstante, pese a este primer episodio de calor, el meteorólogo de Meteored coincide con el portavoz de la AEMET en que de momento no se puede afirmar que vaya a constituir una ola de calor.

Navarra detectó el domingo 29 nuevos casos positivos de infección por Covid-19 tras realizar 726 pruebas (419 PCR y 307 test de antígenos). La tasa de positividad se situó en un 4%.

En cuanto a la ocupación hospitalaria, permanecen ingresados 22 pacientes por Covid-19 en los centros de la red hospitalaria de la Comunidad foral, uno más que el día anterior. Ayer se produjo un ingreso por esta enfermedad y no se notificaron fallecimientos, por lo que el número total de muertes confirmadas por coronavirus en Navarra se mantiene en 1.192.

A lo largo de la última semana se han detectado en la Comunidad foral 38 nuevos casos el lunes (2,6%), 59 el martes (3,6%), 40 el miércoles (2,8%), 51 el jueves (4%), 34 el viernes (2,6%), 36 el sábado (3,8%) y los citados 29 del domingo (4%).

Sobre los nuevos contagios, por zonas, en Pamplona y su comarca se registraron el 76% de los casos positivos, en el Área de Tudela, el 17% y en el Área de Estella-Lizarra, otro 3%. Los demás positivos (4%) se reparten por otras zonas de Navarra.

En cuanto a la distribución por franjas de edad de los nuevos casos registrados, el grupo mayoritario es el de 15 a 29 años, con un 48%; seguido por el de 30 a 44 años, con un 21%. A continuación, los grupos de 45 a 59 años, con el 14%, y el de menores de 15 años, con el 10%. Finalmente, se sitúa el grupo de 60 a 75 años, con un 7%. Ayer no se registraron contagios en el grupo de mayores de 75 años. La edad media de los nuevos positivos se sitúa en los 30,5 años. Con respecto al género, el 69% de los casos son hombres y el 31%, mujeres.

Desde la perspectiva de la ocupación hospitalaria, tras el balance de ingresos y altas, 22 personas permanecen ingresadas con y por Covid-19 (una más que el día anterior), siete de las cuales se encuentran en puestos UCI (igual que ayer) y un paciente en hospitalización domiciliaria (el mismo número que en la jornada anterior). Los demás, 14 pacientes, están en planta (uno más que el día previo). Todas estas personas dieron positivo en una prueba PCR, sea esta infección o no el motivo de su ingreso hospitalario, y ocupan espacios Covid-19.

La incidencia acumulada de infecciones por el virus, según los reportes diarios, se sitúa en Navarra en 63.398 confirmados.

El acusado de atropellar a una familia en Úbeda (Jaén) y causar la muerte a una mujer de 73 años, además de herir a otras cinco más, ha reconocido ante el tribunal con jurado que lo juzga en la Audiencia de Jaén mantener "rencillas" con la familia de las víctimas, pero ha declarado que todo ocurrió cuando una persona se metió por la ventanilla y le giró el volante, lo que le llevó a perder el control del vehículo.

"Yo no llevaba intención de atropellar a nadie, solo quería salvar mi vida e irme de allí", ha dicho F.J.V.P., de 28 años. Según su relato cuando le vieron montado en el coche y pasar por la calle, comenzaron a golpear el vehículo con una barra de hierro y palos, además de que alguien "metió medio cuerpo por mi ventanilla y me giró el volante".

"Perdí totalmente el control del coche al verme agredido de esa forma, no pude frenar", ha señalado el acusado que ha estado en todo momento custodiado por cinco agentes de la Policía Nacional ya que ha llegado procedente de la prisión de Jaén donde se encuentra interno por otra causa diferente a la que ahora se está juzgando.

Ha reconocido que un mes antes del atropello se vio inmerso en una pelea con miembros de la otra familia, en un caso que está también judicializado y a la espera de que se señale la vista. Ha negado haber amenazado a la familia antes de lo ocurrido y ha insistido en que "fue culpa de ellos, que me tiraron del volante" cuando conducía por una calle estrecha de Úbeda acompañado por su pareja y un primo.

Los policías que han declarado este lunes han señalado que llegaron al lugar de los hechos cuando ya había pasado todo y que lo único que vieron fue un coche que se había llevado por delante un bolardo macizo de hierro y se había subido a la acera, mientras varias personas se encontraban heridas y tumbadas en el suelo.

Al acusado, que salió huyendo del lugar, lo detuvieron en su casa y desde un primer momento, tanto él como los dos ocupantes, señalaron que una persona, a la que identificaron, introdujo su cuerpo por la ventanilla para girarle el volante.

No obstante, según ha apuntado la acusación particular, la ventanilla del conductor apareció rota por completo, lo que indica que estaba subida y que por tanto es incompatible con la versión del acusado. También ha apuntado, haciéndose eco de la declaración de un agente, en que siempre estuvo la opción de frenar con los pedales y no llevarse por delante el bolardo y a las personas que allí se encontraban.

Los hechos, según recoge el escrito del Ministerio Fiscal, se remontan al 17 de julio de 2019, sobre las 21,45 horas, cuando el acusado "circulando a gran velocidad y siendo perfectamente consciente arrancó de cuajo el bolardo que protegía el acerado a la altura del número 1 de la calle Alameda".

De esta forma, arremetió contra una familia, cuyos miembros, unos de pie y otros sentados tomaban el fresco a las puertas de una vivienda. Como consecuencia del impacto resultó herida una mujer, de 73 años, que acabaría falleciendo el 1 de agosto como consecuencia de la gravedad de las lesiones. También resultó herido de gravedad el esposo de la fallecida, así como otras cuatro personas más que presentaban lesiones de diversas consideración.

El Ministerio Fiscal ha calificado los hechos como un delito de homicidio, tres delitos de lesiones agravados por el uso de instrumento peligroso y dos delitos leves de lesiones. Por todos ellos, el Ministerio Público reclama al acusado 22 años de cárcel y 600 euros de multas.

En concepto de responsabilidad civil, las indemnizaciones solicitadas por Fiscalía suman 168.870 euros y van desde los 148.000 euros para los herederos de la fallecida a los 980 euros para cada uno de los dos heridos más leves del atropello.

La acusación particular ejercida por el letrado Eliseo Rodríguez eleva su petición de penas a los 23 años de cárcel, mientras que al resto se adhiere al Ministerio Fiscal, con la salvedad de que hace responsable con carácter subsidiario a la compañía aseguradora del vehículo, también personada en esta causa.

Desde la defensa se parte inicialmente de la inocencia del acusado por entender que los hechos ocurrieron como consecuencia de la agresión que sufrió y que le llevó a perder el control del vehículo.

El juicio se retomará este martes con la declaración de los testigos y peritos.

El líder del PP, Pablo Casado, ha asegurado este lunes que el PP no participó en el acto de víctimas del Congreso por la presencia de Bildu, un partido con el que no van a ir "ni a la vuelta de la esquina" por no haber "pedido perdón" tras los 850 asesinatos de ETA y que además recibe "como héroes a los asesinos" que están siendo "acercados" a cárceles próximas al País Vasco.

En la inauguración en Córdoba de la jornada sobre 'Independencia judicial y regeneración institucional' que ha organizado el PP previa a su Convención Nacional de octubre, Casado ha resaltado que su formación es "víctima" de la banda terrorista y ha rechazado que se afirme que "se aprovecha" de este colectivo como "dice la izquierda".

"Yo presido un partido que tiene 24 compañeros que han sido asesinados por ser del PP, no por otra cosa. Y por tanto, yo necesito mantener su legado y llevar su voz y garantizar su dignidad, su memoria y su justicia", ha declarado.

Por eso, el presidente del PP ha recalcado que su formación no va a participar de ningún acto en el que también "participe un partido como Bildu", que "no solo no ha condenado 850 asesinatos sino que además sigue recibiendo como héroes a los asesinos que van siendo excarcelados o acercados al País Vasco a petición de los socios de Sánchez".

"EL PP VA A ESTAR SIEMPRE CON LAS VÍCTIMAS"

Casado ha añadido asimismo "una segunda razón: el PP va a estar siempre con las víctimas". En este sentido, ha indicado que como "la mayoría" de ellas no quiso acudir a ese acto del Congreso y estuvo fuera del Congreso, ahí "estuvo el Partido Popular".

Según ha precisado, su formación sí que contó con representación en el acto de la Cámara Baja, con Ana Pastor y Adolfo Suárez Illana, que son miembros de la Mesa y deben representarla "incluso cuando acuerdan cuestiones" que no comparten.

"Pero como partido no podemos participar de un acto en el que está Bildu", ha abundado, para criticar que ante esa decisión haya algunos que se centran en "preguntar por el dedo y no por la luna" en vez de pedir explicaciones al PSOE por algunas decisiones que está tomando.

Así, se ha preguntado qué hacía el PSOE "organizando un acto" con las víctimas "cuando lleva acercados a más de cien terroristas a las cárceles próximas al País Vasco para aprobar unos Presupuestos y supuestamente para derogar una reforma laboral al dictado de Bildu".

¿QUÉ HACE EL PSOE PARA CUMPLIR CON LO QUE PIDEN LAS VICTIMAS?"

También ha emplazado al Partido Socialista a explicar "qué está haciendo" para "cumplir con lo que las víctimas le están pidiendo", como no hacer homenajes a las "personas desalmadas que salen de la cárcel y son recibidas como héroes", o que los etarras ayuden a "esclarecer 300 asesinatos que siguen impunes".

"Tenemos que decirlo muy claro. ¿Por qué Pedro Sánchez que dijo que jamás pactaría con los batasunos lo ha hecho tanto en Navarra como en nivel nacional?", ha exclamado, para añadir que "no son hombres de paz sino asesinos desalmados".

En este punto, ha destacado que la portavoz de Bildu en el Congreso, Metxe Aizpurua, que asistió al acto del Congreso era "la editora de una publicación" en la que se "señalaba" a los cargos del PP para que "luego fueran asesinados" o a empresarios para que después "fueran extorsionados".

"Por tanto, con esta gente no vamos a ir ni a la vuelta de la esquina y Sánchez debería hacer lo mismo porque en sus filas también por desgracia asesinaron a 14 militantes socialistas por ser del Partido Socialista", ha enfatizado, para recordar las palabras de Múgica criticando que el PSOE esté "perdiendo el alma para ganar algunos votos".

Casado ha afirmado que el Partido Popular "nunca perderá el alma en materia de defender la dignidad, la Justicia y la verdad de las víctimas del terrorismo", unas palabras que han cosechado una cerrada ovación de los asistentes a las jornadas del PP.

La portavoz del PSC en el Parlament, Alícia Romero, ha celebrado que el presidente del Govern, Pere Aragonès, acudiera este domingo a la cena inaugural del Mobile World Congress (MWC) y este lunes a su apertura, junto al rey Felipe VI y al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez; "Da muestras de una cierta normalidad que es muy importante para que este país pueda avanzar".

En rueda de prensa este lunes, ha descrito como la "imagen de la distensión y de la concordia" la cena de este domingo con Aragonès, el Rey, Sánchez y también la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, aunque ha avisado de que esta imagen no les hará olvidar asuntos como la petición del PSC de abrir una mesa de diálogo catalana.

Romero ha recordado que llevarán al pleno del Parlament esta petición para abrir una mesa con los partidos representados en el Parlament, "para que realmente haya un diálogo honesto, que no nazca cojo", por lo que cree que la constitución de esta mesa es tan o más importante como la del Gobierno central y el de la Generalitat.

Ha subrayado que el MWC fue de los primeros grandes eventos que se suspendieron por el coronavirus, y ha celebrado que se haya podido volver a celebrar, la misma semana en la que ya no se debe llevar mascarilla en el exterior: "La pandemia va retrocediendo. Tenemos que ser cautos, pero estamos avanzando en su superación".

REUNIÓN SÁNCHEZ-ARAGONÈS

Preguntada por la reunión entre Sánchez y Aragonès prevista para este martes, Romero ha defendido que "sólo el hecho de que se sienten y se pueda hablar con cierta sinceridad y cordialidad ya es un avance", y ha sostenido que ambos mantienen una buena relación.

Sobre el hecho de que el ministro y dirigente del PSOE José Luis Ábalos afirmara este domingo que los indultos a los dirigentes independentistas han acabado con la imagen de que no hay democracia en España, Romero ha asegurado desconocer sus declaraciones, y ha insistido en que la principal razón por la que se han concedido los indultos es la defensa del diálogo y el reencuentro.

TRIBUNAL DE CUENTAS

Ha descartado valorar la apuesta de la ministra Irene Montero de eliminar las causas contra excargos de la Generalitat ante el Tribunal de Cuentas, porque desconoce si lo ha dicho disponiendo de más información: "Prefiero ser prudente, y creo que los ministros deben ser prudentes, y si hay posibilidades o una solución, que se hablen en el Gobierno y se hagan por los caminos establecidos".

La dirigente socialista ha criticado que el Tribunal de Cuentas esté pendiente de renovación y ha acusado al PP de bloquearla, y ha señalado que respetan el procedimiento y también la tarea de la Abogacía del Estado en este caso --ha recordado que Sánchez ha asegurado que no se ha intervenido en su actuación--.

Romero ha destacado que este lunes se celebra el Día Internacional del Orgullo LGTBI, y ha recordado que el PSC ha promovido una propuesta de resolución para que el Parlament inste al Govern a aprobar el reglamento del régimen sancionador de la ley LGTBI de 2014 e implementar la Igualdad de Trato y No Discriminación de 2020, entre otras medidas.

El presidente de la Corporación RTVE, José Manuel Pérez Tornero, ha propuesto el nombramiento de Esteve Crespo como director de Contenidos Informativos de RTVE, decisión que ha sido aprobada por la mayoría del Consejo de Administración.

Así lo ha anunciado este lunes la empresa pública, que ha destacado que Crespo es Doctor en Comunicación Audiovisual y Publicidad por la Universidad Autónoma de Barcelona y ha sido director de Centros Territoriales de RTVE desde 2020.

Asimismo, ha explicado que Esteve Crespo Haro (1963) lleva vinculado a RTVE 31 años como informador, 15 de ellos en RNE en Cataluña y otros 16 en TVE, en Cataluña y en Madrid. Empezó su carrera periodística en 1981 como redactor en la emisora municipal de Sant Feliu de Llobregat (Barcelona), que dirigió entre 1988 y 1990.

RTVE ha apuntado que a principios de los noventa se incorporó a Radio Nacional de España en Cataluña: coordinó la información para Radio 1, Radio 5 y Radio Exterior de España y la redacción de los informativos de RNE-Cataluña (1990-96). En Ràdio 4, la emisora en catalán de RNE, dirigió y presentó el magacín matinal 'A prop teu' (1996-99) y el informativo de análisis 'A mitjanit' (1999-2005).

Posteriormente, según ha detallado, Crespo se incorporó a TVE en el centro de producción de Sant Cugat del Vallès, como jefe de política y economía de los informativos (2005-2007).

De 2007 a 2012 fue editor del Telediario 2ª edición (2007-2009) y de los Telediarios Fin de Semana (2009-11). Durante esta etapa, los telediarios fueron reconocidos con diferentes premios, entre ellos, el TD2 como mejor informativo del mundo, "TV News Award", del Instituto Media Tenor (2009) y el premio Zapping al mejor programa de actualidad informativa para los TDs Fin de Semana (2010).

De vuelta al centro de producción de Sant Cugat, dirigió la tertulia de análisis político 'El Debat de la 1' (2012-2014); fue responsable de redes sociales de los informativos de TVE-Cataluña (2014-2018) y dirigió el documental 'Una manera de fer. President Tarradellas', con motivo del 40º aniversario del regreso del president de la Generalitat a Cataluña. En 2018 asume la subdirección de los informativos de TVE Cataluña y desde 2020 es director de los Centros Territoriales de RTVE.

Ha compaginado su carrera profesional en RTVE con la formación universitaria: ha impartido diferentes asignaturas de radio y televisión entre 1997 y 2019 como profesor asociado en la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Barcelona. Ha dirigido trabajos de Final de Grado y de Final de Máster. También, en esta universidad, coordinó el módulo de "Creatividad e Innovación en Contenidos Informativos Especializados (2014-2017) del Máster de Creatividad Estratégica en Información Audiovisual.

Entre 2016 y 2018 formó parte del OI2 (Observatorio para la Innovación de los Informativos en la Sociedad Digital, que integran RTVE, UAB y CEU Madrid. Desde 2016 es Doctor en Comunicación Audiovisual y Publicidad por la UAB con la tesis: 'La radiodifusión en Sant Feliu de Llobregat: adaptación de la comunicación de proximidad al contexto legal, económico, social y tecnológico (1948-2014)'.

El Observatorio contra la LGTBfobia de la Comunidad de Madrid registró el año pasado un total de 259 incidentes de odio en la región, frente a los 321 de 2019, una cantidad todavía importante a pesar del confinamiento, el estado de alarma y las restricciones aplicadas por la pandemia.

"Esperábamos mayor descenso de incidentes por el toque de queda y cierre de locales. Que con las medidas excepcionales sigamos recogiendo 259 incidentes implica que la LGTBIfobia sigue plenamente presente en la sociedad madrileña", ha explicado en redes sociales Rubén López, director del Observatorio.

Por tanto, el número absoluto de datos ha descendido pero menos de lo que correspondería a un año donde las personas LGTBI han sido "menos visibles que nunca". "El año 2020 ha sido un año extraño en todos los aspectos y para el colectivo LGTBI aún más. Nuestra visibilidad se ha visto enormemente reducida e incluso ni siquiera pudimos celebrar el Orgullo por las calles", indican desde Arcópoli.

A pesar del cambio de hábitos, aseguran que la LGTBIfobia ha seguido "muy presente" y no baja el porcentaje correlativo a más del 50% del año con serias restricciones geográficas y sociales.

Los datos revelan que sí han bajado los incidentes en la calle y los incidentes nocturnos, que por primera vez no son los más numerosos. Así, la tarde pasa a ser el momento del día donde más ataques contra el colectivo LGTBI ocurrieron, ya que ha habido toque de queda nocturno durante muchos meses.

Los incidentes en locales de ocio, también cerrados una gran parte del tiempo, han descendido un 66% y las dos zonas donde más han subido son en la vivienda habitual (33% de subida) y en Internet, como corresponde a una sociedad confinada en casa.

En 2020 el Observatorio registró el mínimo histórico de víctimas, predominando los hombres cisexuales gais como víctima más habitual. El perfil del agresor sigue siendo el de un hombre menor de 30 años. La tasa de denuncia ha caído casi un 7%, después de varios años aumentando, detallan.

Desde la asociación Arcópoli también ha explicado que "los factores de depresión, ansiedad y soledad se acentúan en la población LGTBI con las medidas sanitarias más que en el público en general, aunque no quede reflejado en el informe".

DIFERENCIAS CON 2019

En el año prepandémico de 2029 se registraron 321 incidentes de distinta gravedad motivados por LGTBfobia, con 331 víctimas directas, lo que supone 24 incidentes menos que en 2018, por lo que bajaron por primera vez desde que existe registro. La mayoría de los ataques se dieron en la capital, el 77,3% del total, y ahí los distritos con más casos fueron Centro, Chamberí y Moncloa.

La mayor parte de los incidentes ocurrieron de noche (el 25,9%), seguido de cerca de la tarde (23,1%) y de la mañana (20,6%). Se observó un aumento incidentes en las fechas que rodearon al Orgullo. La mayoría de los incidentes se dieron en la vía pública.

El incidente más repetido en 2019 fueron las agresiones verbales, una cuarta parte del total. Luego hubo 35 agresiones físicas y en 28 ocasiones se produjeron denegaciones de servicios motivadas por la orientación sexual o identidad sexual y/o de género de las víctimas. Las situaciones de hostigamiento suman 21 casos.

El 34% de los incidentes anotados hace dos años fueron denunciados. La mayoría de las víctimas tenían menos de 30 años, el 12,7% fueron personas trans y el 68,1% gais. La mayoría de los agresores fueron veinteañeros, el 60%, y el 85% hombres.

Hasta 62 estudiantes de los 249 aislados en el hotel puente Palma Bellver por el 'megabrote' asociado a viajes de estudio en Mallorca han dado positivo en COVID-19.

Así lo ha confirmado la consellera de Salud y Consumo, Patricia Gómez, durante la rueda de prensa posterior al Consell de Govern, en la que ha confirmado que 13 jóvenes están a la espera de ser trasladados y tres más que ya han viajado de regreso a la Península el sábado y están siendo localizados.

De momento, se han realizado 249 pruebas PCR, 62 de las cuales han dado positivo, 175 negativo y 12 están pendientes de resultados. Con estas cifras de casos entre los estudiantes, la consellera ha indicado que la tasa de positividad se sitúa en un 26%.

Igualmente, el Govern ha recordado en un comunicado que la normativa sanitaria marca que los negativos tienen que pasar diez días de cuarentena. En el caso de los positivos, por su parte, hay que esperar a su evolución.

Gómez ha comentado también que ya son 12 los estudiantes que están ingresados en el Hospital Son Espases, pero todos ellos presentan sintomatología leve. Asimismo, ha detallado que Salud ha habilitado un teléfono --900 700 222-- de información tanto para los afectados como para los padres de los estudiantes.

El dispositivo de la Conselleria de Salud y Consumo incluye equipos técnicos del 061, de Atención Primaria y de la Dirección General de Salud Pública, que está en contacto con el Centro de Coordinación y alertas epidemiológicas del Ministerio de Sanidad para actualizar la información sobre el brote.

En estos momentos, el brote afecta a seis comunidades: Galicia, País Vasco, Andalucía, Madrid, Cataluña y Valencia.

La consellera ha especificado que se está haciendo un cribado entre los trabajadores de los seis hoteles donde principalmente se alojaron estos alumnos. De momento, de los 175 empleados sometidos a pruebas de detección COVID, uno ha dado positivo.

Antes de finalizar su exposición, Gómez ha pedido la "máxima responsabilidad a la ciudadanía e instituciones para mantener el orden público" en Baleares. "Tenemos que frenar los excesos que ponen en peligro la economía de las Islas ya que la consecuencias de actuaciones así pueden ser muy graves", ha subrayado.

El Ministerio del Interior se ha comprometido este lunes en el mantenimiento de la misión que lidera la Guardia Civil en el Sahel, tras un balance que deja hasta la fecha 1.734 gendarmes formados en seis países dentro de las medidas para reforzar la cooperación y garantizar la estabilidad, luchando contra el terrorismo y la criminalidad organizada.

El proyecto se inició en marzo de 2017 con la constitución del equipo de dirección y el despliegue progresivo de los coordinadores en dos fases y diferentes etapas. En la primera fase del proyecto se crearon siete unidades, compuestas por un total de 818 gendarmes, y en la segunda se han creado otras 916. En conjunto, se han formado 1.734 gendarmes.

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha presentado en la Dirección General de la Guardia Civil los resultados de las dos primera fases del proyecto GAR-SI Sahel, liderado por España y dirigido por la Guardia Civil. En el proyecto, que se desarrolla en los países del G-5 del Sahel (Mauritania, Mali, Níger, Burkina Faso, Senegal y Chad), también participan la Gendarmería Nacional de Francia, el Arma de Carabineros de Italia y la Guardia Nacional Republicana de Portugal.

El objetivo general de este proyecto, según ha recordado Interior, es la cooperación para garantizar la estabilidad en la zona, la mejora de las capacidades operacionales de las autoridades de dichos países, la mejora de la seguridad para sus ciudadanos y el respeto a los derechos humanos, así como la lucha contra la criminalidad organizada y el terrorismo.

"Debemos seguir trabajando juntos. El esfuerzo conjunto está ofreciendo resultados y ello nos anima a continuar colaborando para poner en marcha la tercera fase", ha señalado Grande-Marlaska en un acto en el que ha estado acompañado por la directora general de la Guardia Civil, María Gámez.

La Fundación Internacional y para Iberoamérica de Administración y Política Públicas (FIIAPP) inició este proyecto en diciembre de 2016. Su presidenta, Anna Terrón, ha destacado que "la seguridad en la región es una condición para la estabilidad, y por ende, para el desarrollo sostenible e inclusivo", según ha informado Interior.

La propuesta de formación que desarrolla la Guardia Civil consiste en la creación de unidades tipo compañía, integradas por miembros de las fuerzas de seguridad locales con estatuto militar, para el control del territorio y la lucha contra la criminalidad organizada, incluido el terrorismo.

Estas unidades disponen de la autonomía necesaria para desarrollar sus misiones. Para poder realizar sus funciones reciben adiestramiento especial en la lucha contra la delincuencia peligrosa, pero también en protección de la naturaleza, policía judicial e inteligencia, incluyendo además un módulo específico de derechos humanos, género y tráficos ilícitos.

Los Grupos de Acción Rápida Vigilancia e Intervención (GAR-SI) surgen sobre el modelo del Grupo de Acción Rápida de la Guardia Civil. Esta Unidad fue creada en España a principios de los años 80 con el fin de hacer frente a la amenaza terrorista y garantizar el control efectivo del estado sobre el territorio.