El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha propuesto este viernes la creación de un "embrión de reacción militar" que permita dar respuesta a los cada vez más frecuentes desastres naturales ocasionados por el cambio climático, como los devastadores incendios registrados este verano en distintos países mediterráneos.

Sánchez ha participado en Atenas en la cumbre EUMED-9 que reúne a nueve países mediterráneos de la UE --Portugal, Francia, Italia, Grecia, Malta, Chipre, Croacia y Eslovenia-- y en la que ha habido un encuentro separado centrado en el cambio climático y sus consecuencias en el Mediterráneo.

El presidente, que ha trasladado su solidaridad a países que como Grecia han sufrido graves incendios, ha reivindicado la experiencia de España desde 2008 con la creación de la Unidad Militar de Emergencias (UME) que ha venido a sumarse al sistema de Protección Civil.

Así las cosas ha propuesto que, en el marco de la "Europa de la defensa y la seguridad", se empiece a trabajar "en lo que pueda ser un embrión de respuesta y reacción militar a estos hechos que por desgracia van a ser más habituales como son las catástrofes naturales".

Por otra parte, Sánchez ha celebrado que en la 'Declaración de Atenas sobre el cambio climático y el medio ambiente en el Mediterráneo' se haya incluido "muchas de las demandas" formuladas por el Gobierno, entre las que ha citado "reforzar el sistema de protección civil o plantear una coherencia mayor de las políticas", incidiendo en que "la prevención no es solo la reacción a los mismos sino trabajar y anticipar muchos de ellos con la limpieza de montes" o "una nueva cultura en el uso de la tierra.

VULNERABILIDAD DEL MEDITERRÁNEO

En dicha declaración, los nueve países reconocen que "el Mediterráneo es altamente vulnerable a los impactos del cambio climático, y también a acontecimientos meteorológicos extremos, y que ya están experimentando olas de calor, sequías, fuertes precipitaciones, inundaciones e incendios forestales con mayor frecuencia e intensidad".

En este sentido, se comprometen a una mayor colaboración y coordinación en sus esfuerzos y políticas, y defienden la necesidad de que se implemente por completo el Mecanismo Europeo de Protección Civil. Asimismo, apuestan por "fortalecer de forma sustancial los recursos de RescUE en el Mediterráneo, teniendo en cuenta las capacidades existentes y las instalaciones de los estados miembros, para ofrecer una Reserva Europea".

Los países del EUMED-9 apuestan por acelerar "el desarrollo de una flota sustancial de hidroaviones u otros aviones y helicópteros, así como capacidades de evacuación médica" para proteger mejor a los ciudadanos y el entorno natural frente a desastres cada vez más graves y complejos.

Durante la cumbre, ha precisado Sánchez, también se ha hablado de migración y de la Vecindad Sur de la UE. En este sentido, ha insistido en la importancia de trabajar con los países de origen y tránsito para "evitar en primer lugar que esos flujos migratorios" se produzcan.

MIGRACIÓN

Respecto a esta cuestión, en su declaración final, los mandatarios han reclamado la presentación de planes de acción para países prioritarios de origen y tránsito este otoño que "indiquen objetivos claros, medidas de apoyo adicionales y calendarios concretos". "Es esencial que todas las rutas migratorias en el Mediterráneo y el Atlántico occidental sean afrontadas y todas las potenciales alianzas fortalecidas", han subrayado.

Asimismo, han recalcado que "la instrumentalización de la migración con fines geopolíticos es inhumana y viola los Derechos Humanos", sin mencionar a ningún país en concreto ni los sucesos del pasado mayo en Ceuta. En este sentido, han defendido la necesidad de "evitar la instrumentalización del sufrimiento humano para fines políticos y llegar a un entendimiento común sobre cómo tratar con intentos orquestados de cruces irregulares" de fronteras.

Los nueve mandatarios también han tenido ocasión de repasar la situación en los países vecinos de la otra orilla del Mediterráneo, en particular Siria, Líbano --donde han pedido al nuevo Gobierno que ponga en marcha las reformas necesarias--, Libia --donde han reclamado que se den los pasos que permitan celebrar las elecciones previstas para diciembre-- o Túnez --donde han reiterado la importancia de salvaguardar la democracia tras las últimas medidas de su presidente--.

AFGANISTÁN Y SAHEL

Asimismo, han tenido ocasión de hablar de la situación en Afganistán, reclamando a las nuevas autoridades talibán el "respeto de los Derechos Humanos y el Derecho Internacional" así como su cooperación con los donantes internacionales y las agencias de la ONU y que "permitan un acceso humanitario sin restricciones a todas las zonas del país". Igualmente, les han reclamado su "plena cooperación en la lucha contra el terrorismo y el tráfico de drogas".

También han reiterado su compromiso con los países del Sahel. En este sentido, han recordado a la junta militar en el poder en Malí que es "esencial" que la transición en curso culmine con la celebración de elecciones el próximo febrero.

Los nueve países han señalado que seguirán "combatiendo el terrorismo que sigue siendo nuestra prioridad"; incrementando la cooperación militar, para acelerar la construcción de los ejércitos sahelianos" a través de EUTM Malí y la 'task force' Takuba; y apoyando a la misión de la ONU en Malí (MINUSMA). Pero también, han añadido, están dispuestos a apoyar a estos países por otras vías que "van más allá de la lucha contra los grupos terroristas".

España será el país anfitrión de la siguiente cumbre EUMED-9, según ha anunciado Sánchez. En la cita de Atenas han estado presentes también los primeros ministros de Italia, Mario Draghi; Croacia, Andrej Plenkovic; Grecia, Kyriakos Mitsotakis; Eslovenia, Janez Jansa; Malta, Robert Abela; y Portugal, Antonio Costa, así como los presidentes de Francia, Emmanuel Macron, y de Chipre, Nicos Anastasiades.

El secretario general de Vox, Javier Ortega Smith, ha retado este viernes al presidente del PP en Castilla y León y presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, a adelantar las elecciones y le ha acusado de ser el "máximo exponente en España de las políticas de izquierda".

En su visita a la capital vallisoletana, donde Ortega Smith ha inaugurado la sede de Vox en el número 16 de la céntrica calle de Santiago, donde se han congregado cientos de vallisoletanos frente al inmueble, el dirigente nacional de dicha formación ha advertido que están preparados para un adelanto de las elecciones con el fin de "recuperar a Valladolid y a Castilla y León de las políticas de la izquierda, que cada vez con mayor fuerza y ahínco aplica el señor Mañueco y su gobierno".

Ortega Smith, en declaraciones, entiende que ha llegado el momento de "recuperar los valores robados" por esas políticas de izquierda, en referencia a la violencia de género y la necesidad de acabar con el gasto político "superfluo" y de hablar de nuestra historia con libertad, "sin un relato único de la memoria histórica", así como el momento de rescatar a esa España olvidada por "esos pijos de la derechita cobarde y la izquierda rancia de caviar que solo creen en la moqueta de las ciudades, los parlamentos y los coches oficiales".

"INEFICACIA DURANTE 37 AÑOS"

Frente a ello, el dirigente nacional de Vox aboga por la defensa de la fiesta nacional de los toros, la caza y todo ello a partir de la "honradez y la eficacia", cuestión esta última que, en su opinión, brilla por su ausencia a lo largo de los 37 años de gestión del PP en Castilla y León.

"Cómo es posible que esta tierra tenga un 30 por ciento de paro juvenil, por qué los autónomos y empresarios abandonan esta tierra... pues que se lo pregunten al Gobierno de Castilla y León", ha enfatizado Ortega Smith, quien por ello entiende que es el momento de que lo ciudadanos dejen de pensar en siglas y nombres y voten teniendo en cuenta las políticas que les beneficien.

En este sentido, el secretario general de Vox ha insistido en que Fernández Mañueco se ha convertido en el "principal embajador en España de las políticas de los títeres y marionetas de la izquierda", hasta el punto de que, como así ha añadido de forma irónica, ya los socialistas dudan en presentarse a las elecciones porque la Junta ya aplica su programa electoral.

Por ello, ha retado al presidente de la Junta a adelantar las elecciones, algo para lo que, como así ha asegurado, Vox está preparado con un equipo que pretende "pelear duro" para sustituir "esa vieja política del PP" porque su formación es "la única que tiene un proyecto nacional y que defiende lo mismo en todo los sitios, sin caer en los reinos de taifas".

Preguntado sobre posibles pactos ante un hipotético adelanto electoral, Ortega Smith ha asegurado que hará lo que tenga que hacer "si de ello depende que no gobierne la izquierda", si bien ha recordado que el objetivo es ser la mayor fuerza votada en Castilla y León. "Vamos a por todas, aunque luego son los votantes los que ponen el techo", ha advertido el político de Vox.

Como principales promesas de cara a esa demandada anticipación electoral en Castilla y León, Ortega Smith se ha comprometido a extender la fibra óptica a todos los pueblos de la Comunidad y que los ciudadanos, con independencia de su lugar de residencia, cuenten con los mismos tiempos de respuesta sanitaria y que cualquier emprendedor, autónomo, agricultor o ganadero contará con la mayor de las facilidades fiscales, administrativas y legales para crear empleo.

"Castilla y León va a ser un lugar en el que invertir para generar puestos de trabajo", ha prometido el dirigente de Vox.

ONU Cambio Climático ha publicado este viernes una síntesis de los planes de acción climática recogidos en las contribuciones determinadas a nivel nacional (NDC, por sus siglas en inglés) y ha pedido a los países "redoblar urgentemente" sus esfuerzos contra el cambio climático.

El informe pone de manifiesto el "aumento considerable" de las emisiones globales de GEI (Gases Efecto Invernadero) en 2030 en comparación con el año 2010. En concreto, han explicado que supondría una diferencia de alrededor del 16 por ciento.

En este sentido, según las últimas conclusiones del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC), ese aumento, "a menos que se modifique rápidamente", puede provocar un incremento de la temperatura de unos 2,7 ºC a finales de siglo.

Para el grupo 113 Partes del Acuerdo de París -- hay 191-- con contribuciones determinadas a nivel nacional nuevas o actualizadas, la ONU ha determinado que se prevé que las emisiones de gases de efecto invernadero disminuyan un 12 por ciento en el año 2030 en comparación con 2010. Se trata de un paso importante hacia las reducciones señaladas por el IPCC, ya que abarcan aproximadamente el 59 por ciento de las Partes del Acuerdo de París.

Por todo esto, la secretaria ejecutiva de la ONU Cambio Climático, Patricia Espinosa, ha felicitado a "todas las Partes que han presentado contribuciones determinadas a nivel nacional o nuevas", y que "la síntesis muestra que los países están avanzando hacia los objetivos de temperatura del Acuerdo de París", ha añadido.

Por otra parte, Espinosa ha recordado "la importancia" del apoyo a los países en desarrollo. Ha reclamado "alcanzar el pico de emisiones lo antes posible antes de 2030" y apoyar a estos países "para que aumenten su resiliencia al cambio climático".

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha asegurado que se pedirá al Gobierno la declaración de zona catastrófica del área de Sierra Bermeja afectada por el incendio ocurrido la pasada semana. Además, ha dicho que en los próximos días se aprobará un paquete de ayuda en el que ya trabaja el Ejecutivo andaluz.

"Esto es una catástrofe y necesitamos la colaboración de todas las administraciones, ayuntamientos, Diputación, Junta de Andalucía y la Administración General del Estado, y no vamos a dejar pasar ni un solo día", ha incidido Moreno, por lo que ha dicho que el próximo martes se llevará al Consejo de Gobierno de la Junta la petición al Consejo de Ministros de inclusión de la zona en el decreto de zonas gravemente afectadas por emergencia de Protección Civil.

"Lo más urgente es reparar los daños y recuperar la zona", ha dicho el presidente andaluz, que ha visitado distintas explotaciones agrarias afectadas por el incendio en los municipios de Júzcar y Jubrique, y ha indicado que lo sucedido es "una catástrofe en términos medioambientales, sociales y económicos y tenemos que resolverla lo antes posible".

La valoración provisional es que se han quemado 9.640 hectáreas, 54 explotaciones agrícolas y ganaderas se han visto afectadas, "algunas gravísimamente"; la superficie agrícola y ganadera con daños ronda las 160 hectáreas, el 90 por ciento castaños; y 110 kilómetros de cauces de ríos y arroyos ha sido afectados, ha detallado el presidente.

Así, ha indicado que se aprobará esa petición "para que podamos sumar recursos y esfuerzos, para que podamos respaldar la reconstrucción en términos medio ambientales, sociales y económicos de una de las zonas más valiosas de Andalucía". Al tiempo, ha incidido en que intentarán acogerse "a todo tipo de ayudas nacionales y europeas para ayudar a ganaderos, agricultores, hosteleros, ayuntamientos; a todos los afectados".

Asimismo, el presidente andaluz ha precisado que ya se está trabajando en un plan de obras de emergencia para la zona afectada, alguna de las partes se encuentran aún "inaccesibles".

Por otro lado, ha anunciado que se van a empezar los trámites para pedir la medalla al mérito civil a título póstumo para el bombero forestal que falleció en las tareas de extinción. "Hemos perdido 10.000 hectáreas de unos de los pulmones de la provincia, muchos recursos, pero lo que nunca vamos a poder recuperar es la vida de un servidor público, como es Carlos Martínez", ha lamentado Moreno.

Asimismo, ha dicho que va a pedirle al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso de los Diputados la solicitud desde Andalucía "para se inicie la tramitación de una reforma del Código Penal para que las penas de los que meten fuego a nuestros bosques, los que deterioran nuestro ecosistema, nuestra forma de vida y que se lleva la vida de personas como Carlos, sean mucho más severas y mucho más duras que ahora".

Además, ha asegurado que se trabajará en la medida de las posibilidades para "reforzar dentro de la Policía Adscritas todas las investigaciones en materia de incendio para que los recursos que podamos poner desde la comunidad autónoma, junto a los de la Guardia Civil y el Infoca, sirvan no solo para vigilar sino también para investigar y para dar con los asesinos que metieron fuego al monte que se llevó la vida de este bombero".

"Hay cosas que no vamos a volver a ver pero otras que sí podemos resolver y vamos a darle la máxima celeridad", ha apostillado Moreno, quien ha dicho que aunque "es verdad que se ha destruido mucho, queda mucho vivo y bonito, que merece la pena visitar", por lo que ha animado a "ahora más que nunca, visitar esta zona, ir a estos restaurantes y quedarse en estos hoteles. Ahora más que nunca estar con estos vecinos y disfrutar de zonas que afortunadamente no se han quemado".

Por otro lado, sobre la investigación ha reiterado que la lleva la Guardia Civil, a través del Servicio y Protección a la Naturaleza, pero ha vuelto a señalar que los indicios "señalan a que ha sido intencionado".

No obstante, ha agregado que la investigación "necesita de mucha cautela, prudencia y discreción", por lo que ha incidido en que no aportará ningún dato "puesto que la investigación está en proceso".

Por otro lado, sobre la inclusión de Sierra Bermeja en el Parque Nacional y si la Junta lo apoyaría, ha dicho que "los parques nacionales tiene unas limitaciones legales que marca el propio Estado". "No soy técnico, son los técnicos los que deciden" y "hay una serie de pautas que marcan la propia ley de parques nacionales", agregando que "nunca he puesto ningún reparo a que se amplíen cualquiera de las zonas que tenemos en los parques nacionales".

Así, Moreno, tras apuntar a que es "partidario de que haya más zonas protegidas y de que tengamos parques nacionales muchos más amplios", ha incidido en que "no se cierra, ni mucho menos, esa opción; yo no la cierro desde la Junta que se amplíe el Parque Nacional, no tengo ningún problema, pero pensemos que el hecho de que sea parque nacional no hace que los árboles sean ignífugos".

"Si declarándolo parque nacional no se quemara, entonces, estaría todo el territorio parque nacional. Lo único que tiene es un grado de protección mayor, pero en materia de incendios existen los mismos medios que el resto de zonas protegidas", ha señalado.

"INTENTAR HACER POLÍTICA DE SITUACIÓN TAN COMPLICADA NO ES AFORTUNADO"

Por último, cuestionado por las declaraciones del secretario general del PSOE-A, Juan Espadas, sobre las explicaciones que piden en relación con la gestión de tiempos y medios en el incendio, Moreno ha dicho que le sorprende las manifestaciones porque "representa algo que en la política tenemos que desechar". "Intentar hacer política de una situación tan complicada como la que se está haciendo aquí me parece que no es afortunado", ha dicho.

"Al que hay que buscar, perseguir, es a los que han causado el incendio, son los responsables", ha subrayado, añadiendo que, como ya "clarísimamente" han explicado los propios responsables de incendio, "desde el punto de vista técnico no era necesario hasta que se creó un segundo foco". En este punto, también ha recordado que el coordinador de incendios viene de la anterior administración, nombrado por el anterior gobierno.

Por todo ello, ha lamentado que desde el PSOE "han dado muchas pruebas durante esta semana de que no creen en el Infoca", porque "no creen en el equipo técnico del Infoca, y cuando no creen en el equipo técnico del Infoca, evidentemente, no creen en los propios servicios de extinción de incendios".

"Lo lamento --ha continuado-- y lamento que Espadas se estrene en el curso político utilizando las actitudes del viejo PSOE. Creíamos que había un nuevo PSOE en Andalucía, que venían con otras actitudes, como nosotros estamos demostrando y, una vez más, tristemente, vemos que siguen en ese juego absurdo, inútil y estéril de intentar hacer política hasta con las catástrofes", ha concluido.

El grupo parlamentario VOX ha registrado este viernes en el Congreso de los Diputados una enmienda a la totalidad con devolución a la Ley orgánica de garantía de la Libertad Sexual, conocida como 'Ley del solo sí es sí' por considerar que es "innecesaria", que "obedece a fines políticos" y que tiene "el propósito ideológico de enfrentar a ambos sexos".

"El proyecto de ley orgánica pretende trasladar a la entera sociedad española la división entre hombres y mujeres instaurada y enarbolada por la legislación en materia de violencia de género, aplicable al ámbito doméstico. Se consuma así el lúgubre propósito ideológico de enfrentar a ambos sexos", reza la enmienda a la totalidad presentada por VOX.

Además, el grupo parlamentario VOX considera que la norma, en lo que respecta a la protección de las mujeres frente a la violencia sexual "no comporta ninguna obligación cuyo contenido no esté ya recogido y desarrollado en el statu quo legislativo español".

En este sentido, deduce que la necesidad de promulgar una ley de libertad sexual "obedece a meros fines políticos" pues, a su parecer, "no existe una razón socio-jurídica" que la justifique.

Asimismo, VOX aboga por abordar el problema "de forma verdaderamente integral" pues considera que "la violencia lo es con independencia de quién la padezca".

También se opone a la redacción del consentimiento expreso pues, a juicio del grupo parlamentario, esto deja a los hombres "en una clara situación de inferioridad probatoria en cualquier proceso penal que se inicie por denuncia de una mujer".

"¿De qué modo podrían acreditar que ella ha emitido su consentimiento en los términos en que la ley lo requiere? Dicho de otro modo, con esta modificación en la valoración probatoria del consentimiento se introduce, en el seno de la intimidad de todas las parejas en España, el temor de los varones a una posible denuncia", plantea VOX, al tiempo que advierte de que esto va a "quebrar la confianza de las parejas".

Por cuanto respecta a la supresión de la distinción entre la agresión sexual y el abuso sexual, apunta que se produce "una injusticia material" ya que, a su parecer, "ciertas actuaciones (hasta ahora constitutivas de abuso) serán castigadas en demasía mientras que otras (tipificadas como violación en su subtipo agravado, en la legislación vigente) experimentarán un descenso de la pena".

Finalmente, el grupo parlamentario VOX señala en su enmienda a la totalidad que "no se entiende de qué modo puede esto ayudar a que la violencia sexual disminuya".

La presidenta del Congreso, Meritxell Batet, ha avisado este viernes de que "no avanzar es tanto como retroceder" en los derechos de las mujeres en un momento de recuperación tras la crisis generada por la pandemia de Covid-19, que no debe ser un salvoconducto para incumplir o relajar obligaciones legales, tampoco las antidiscriminatorias.

"La recuperación se debe desarrollar en igualdad", ha proclamado Batet en la inauguración de la Escola Feminista del PSC Dolors Renau, en la que también han participado el ministro de Cultura y Deporte y primer secretario del PSC, Miquel Iceta; la secretaria de Igualdad del PSOE y exvicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, y la secretaria de Políticas Feministas del PSC, Sònia Guerra.

Batet ha reivindicado la figura de la política feminista Clara Campoamor cuando se cumplirán 90 años del voto femenino el 1 de octubre, y ha situado como "la auténtica revolución que queda por hacer" la implementación de políticas contra la violencia machista, romper el techo de cristal, superar brechas de género y avanzar hacia la corresponsabilidad.

La también miembro de la Ejecutiva del PSC ha destacado que el lema de la Escola Feminista del PSC de este año, 'Las alianzas por el nuevo pacto social', hace referencia al pacto que cree que exige la recuperación económica por la pandemia, porque "en las crisis se cuestionan los avances en los derechos de las mujeres".

Iceta ha defendido que "las responsabilidades, las cargas y las recompensas se repartan a partes iguales entre hombres y mujeres, y eso requiere de la acción consciente de los socialistas y las socialistas", y ha destacado la importancia de que esta escuela lleve el nombre de la exdiputada socialista Dolors Renau, que murió en 2019.

CRÍTICAS A PP Y VOX

Calvo ha pedido ser conscientes de la fuerza con la que cuenta el movimiento feminista, transversal e internacional pese a la pandemia, y ha abogado por seguir construyendo alianzas de cara al nuevo pacto social, "que acabará seguramente en algún momento en una reforma, seguramente también de la Constitución".

La exvicepresidenta primera del Gobierno ha asegurado que "la derecha española es seguramente la más reaccionaria de Europa frente a las posiciones feministas", después de que el PP se abstuviera este jueves en el Parlamento Europeo en la votación para convertir la violencia machista en crimen a nivel europeo, ante lo que Vox votó en contra.

Guerra, que ha abierto la inauguración con un minuto de silencio por las asesinadas por la violencia machista, ha retado a la ultraderecha y a la "derechita cobarde que pacta con la ultraderecha en otras Comunidades Autónomas y ayer se abstenía" a acercarse, porque les sostendrán la mirada para defender la necesidad del feminismo.

La situación de la prensa en papel, las llamadas 'fake news' y el futuro de la radio y la televisión han protagonizado este viernes el debate en la Jornada 'Nuevo-Nuevo Periodismo', organizada en el marco de la iniciativa Periodismo 2030, en la que colabora la Fundación AXA.

Durante esta jornada, celebrada en la sede del Grupo Secuoya de Tres Cantos (Madrid) y estructurada en sesiones de mañana y tarde, Juan Fernández Miranda (adjunto al director de 'ABC'), Jordi Juan (director de La Vanguardia), Lydia del Canto (directora de Levante), Álvaro Melcón (director de El Diario de Burgos), y David Fernández Mejías (director del Diario de Cádiz) han participado en la mesa 'La buena salud de la prensa de papel'.

El director adjunto de 'ABC', Juan Fernández Miranda, ha confesado que cuando leyó el título de la mesa pensó que se trataba de una broma. Sin embargo, ha matizado que "en realidad, si lo piensas un poco, es un título perfecto para poner el foco en una cuestión sobre la que hay que debatir mucho y se sabe muy poco: ¿Hacia dónde va la prensa de papel?".

En este sentido, la directora de Levante, Lydia del Canto, ha manifestado: "Podemos dejar de llamarlo prensa de papel, y empezar a llamarlo prensa escrita. No conozco a ningún periódico de papel que no tenga versión en internet". Además, ha añadido que, a pesar de que las ventas de periódico en papel hayan caído, el proceso de producción del mismo se ha abaratado.

Por su parte, el director de La Vanguardia, Jordi Juan, ha preguntado a los estudiantes que se encontraban en la sala: "¿Cuántos de los que estáis aquí vais a comprar un periódico de papel a un kiosco? Es evidente que no es un gran momento para la prensa de papel, pero, sin embargo, sí es muy buen momento para el periodismo".

Jordi Juan ha explicado que, a pesar del avance en lo digital, el diario en papel sigue siendo su seña de identidad: "La Vanguardia ha hecho una apuesta por lo digital, pero nuestra marca es el diario de papel. Sabemos que quien va a buscarnos de manera virtual es porque tiene un buen recuerdo del periódico en papel".

David Fernández, director del Diario de Cádiz, reconocía cómo los periódicos en papel, al haber empezado a ofrecer sus contenidos en digital, se podrían estar causando daño a ellos mismos. "Si nosotros mismos estamos regalando a través de internet los contenidos que después publicamos en papel; y no sólo los regalamos, sino que además evitamos que tengan que desplazarse al kiosco a comprarlos, es complicado pretender que los lectores consuman prensa en papel", ha dicho.

Por último, el director del Diario de Burgos, Álvaro Melcón, ha afirmado que en el caso de la prensa en papel hay que hacer una distinción entre el modelo de negocio y el periodístico. "Por un lado tenemos el modelo de negocio, es decir, si gozamos de buena salud como empresa; y, por el otro, el modelo periódico, es decir, si la sociedad reconoce y da credibilidad a nuestro trabajo. Pues bien, en esto último, no cabe duda de que en todas las encuestas que se publican, las audiencias otorgan mayor credibilidad a la prensa escrita que a la prensa online", ha manifestado.

¿CÓMO DETECTAR LAS NOTICIAS FALSAS?

En la segunda mesa de debate, relativa a las 'fake news', han participado: como moderador, José Antonio Vera (La Razón); Javier García Vila (Europa Press); Julián Quirós ('ABC'); Fernando Garea (El Periódico de España); Juan Caño (APM) y Ángel Expósito (Cope). El papel puede ser revolucionario", ha afirmado Fernando Garea, tras presentar su nuevo medio de comunicación, 'El Periódico de España.

Para Juan Caño, una de las medidas que habría que tomar al respecto es la creación de talleres de formación mediática (algunos ya existen) y la educación en ese sentido tiene que empezar en los niños, que serían impartidos por profesionales del periodismo y no de profesores. En este contexto, ha insistido en que en la prensa, desde sus comienzos, han existido las noticias falsas, los errores y las noticias tendenciosas cuyo fin está en la extorsión y la manipulación.

Por otro lado, en la mesa relativa a la radio y la televisión, Vicente Vallés, presentador del Informativo de Antena 3, ha afirmado que "el periodismo no es solo dar la noticia, sino dar el dato y el análisis" y que, por tanto, la televisión seguirá existiendo --con "aportaciones e ideas distintas"-- dentro de diez años.

La directora de informativos de Canal Sur, Carmen Torres, ha asegurado que ya escuchaba en la Facultad que "el papel estaba muerto" pero "no han cambiado las cosas tanto" en los últimos 25 años. "El camino es el periodismo de calidad y la televisión es la primera reacción", ha recalcado.

Carlos Franganillo, presentador del Telediario de TVE, ha defendido la "excelente salud" de la que gozan la televisión y la radio. Para el periodista ovetense, el futuro está en pensar en las vidas del contenido más allá de la emisión tradicional. "Tenemos que aprender a que ese producto se puede trocear y adaptar. La esencia no va a cambiar ni debe cambiar. El periodismo tiene unas bases que no se van a alterar", ha señalado.

El director de contenido de Innovación y Digital de RTVE, Urbano García, cree que la radio y la televisión tal y como se conoce "están obsoletas". García asegura que "las audiencias se han empoderado" y que los medios deben adaptarse al cambio del sistema en el que los usuarios son "los nuevos reyes".

José Miguel Contreras, creador de contenido en Lacoproductora, ha señalado que "el vértigo es el término fundamental sobre lo que va a ocurrir" y ha apuntado a la pandemia como causante de un "doble efecto" que "ha cambiado el mundo", a la vez que "ha tapado la realidad" existente en los medios.

Contreras ha manifestado que "los medios han dejado de ser importantes" pero confía en el futuro. "Si hay un oficio que no se va a acabar es el nuestro (...) Los medios van a cambiar, lo importante son los contenidos", ha concluido.

El grupo parlamentario popular ha registrado este viernes en el Congreso una enmienda a la totalidad con texto alternativo a la Ley de Garantía Integral de la Libertad Sexual, conocida como 'Ley del solo sí es sí', por considerar que tiene un "sesgo ideológico", y se opone a la redacción del consentimiento expreso y a la supresión de la distinción entre abuso y violación.

El grupo popular considera que se trata de una normativa "maniquea, con un marcado sesgo ideológico, muy deficiente desde el punto de vista técnico-jurídico" y "de cuestionable constitucionalidad".

"Un texto que instrumentaliza el dolor y sentimiento de las víctimas de estos deleznables hechos dado que, al final, no se van a ver mejoradas en su protección e intervención integral", señala la enmienda del grupo popular, y que aboga por un texto que responda a la necesidad de mejorar la proporcionalidad de la respuesta penal frente las situaciones de violencia sexual que sufren especialmente las mujeres, los menores de edad y personas con discapacidad.

El GPP considera que el pilar sobre el que sigue pivotando la normativa es el mantenimiento del consentimiento expreso y se opone a ello porque considera que va "en detrimento de la seguridad jurídica y del principio de presunción de inocencia".

Además, añade que "los problemas para determinar si ha habido un delito sexual serán los mismos que antes: la existencia depruebas y no el mero testimonio".

El grupo popular también se opone a la supresión de la distinción entre abuso y violación porque, a su parecer, esto "supone eliminar el principio de proporcionalidad del Código Penal, vulnerando la seguridad jurídica".

Igualmente, indica que se produce un desplazamiento de la carga de la prueba dado que recaería en la defensa para excluir la tipicidad, "llegando a afectar al principio de presunción de inocencia".

Por otro lado, subraya que eliminar la distinción entre la agresión sexual y el abuso sexual, supone eliminar el principio de proporcionalidad imperante en el Código Penal.

"No hay derechos sin seguridad jurídica, se deja a las víctimas desprotegidas y en un limbo respecto de sus derechos. Con ello no se consigue el objetivo de proteger mejor a las víctimas de la violencia sexual", recalca, además de resaltar que no es una ley que proteja la libertad sexual de todos los ciudadanos.

Además, el grupo popular apunta que no existen recursos personales ni materiales para dotar las medidas recogidas en el Proyecto Ley. Por ejemplo, afirma que sindicatos policiales han denunciado que no hay suficiente plantilla especializada para las víctimas y tampoco bastantes Unidades de Valoración Integral de Violencia de Género en los Juzgados.

Asimismo, el grupo popular afirma que el Proyecto de Ley es mejorable desde el punto de vista de las mujeres con discapacidad. En concreto, señala que el CERMI recuerda que las leyes deben tomar como referencia la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de Naciones Unidas.

Por todo ello, el grupo popular ha presentado una enmienda a la totalidad con texto alternativo con el fin de favorecer "una mayor claridad" en la tipificación de esas conductas, basada en dos puntos: la reforma del artículo 181 apartado 1º y 2º manteniendo el resto igual y, por tanto, el delito de abuso sexual "en aras de dotar de una mayor claridad al conjunto del texto penal"; e incorporar como agravante en el artículo 180 y 183 que la infracción sea cometida por la anulación de la voluntad por sumisión química.

La Abogacía del Estado se ha retirado como acusación de la pieza separada 17 de 'Tándem', donde se investigan los 'encargos' de Iberdrola al comisario jubilado José Manuel Villarejo, ante "la falta de legitimación activa respecto de los delitos" imputados provisionalmente.

En un escrito, la abogada del Estado Rosa María Seoane pide al titular del Juzgado Central de Instrucción Número 6, Manuel García-Castellón, que les "tenga por apartados" de la causa.

Todo ello, eso sí, "sin perjuicio de que si en el curso de la investigación se advirtiera un perjuicio para la Administración del Estado, pudiera apreciarse por tal motivo" su "legitimación como perjudicados y realizarse el oportuno ofrecimiento de acciones".

La Abogacía del Estado toma esta decisión toda vez "analizadas las actuaciones y los hechos que son objeto de investigación" en la presente pieza, relativa a los encargos que el Grupo Iberdrola habría realizado al investigado a Villarejo cuando se encontraba en servicio activo en el Cuerpo Nacional de Policía.

Estos hechos, recuerda el escrito, podrían ser constitutivos de un delito continuado de cohecho activo, contra la intimidad y un delito continuado de falsedad en documento mercantil cometido por particular.

PENDIENTES DE LA DECLARACIÓN DE SÁNCHEZ GALAN

Esta pieza arrancó en octubre de 2019 después de que el juez de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón recibiera un oficio de Asuntos Internos elaborado a partir de la documentación aprehendida en los registros. En él, ya se destacaba que en 2004 la eléctrica contrató con Cenyt --empresa de Villarejo-- a través del director de Seguridad, el también imputado Antonio Asenjo, el proyecto 'Arrow', que tenía por objeto superar los obstáculos para la construcción y puesta en funcionamiento de una central de ciclo combinado en Arcos de la Frontera (Cádiz).

Para ese proyecto, que se extendió hasta 2006, el comisario --aun en activo-- accedió a tráficos de llamadas de investigados y los informes que llegaban a Iberdrola tenían el carácter de confidencial.

El pasado mes de julio, el magistrado de la Audiencia Nacional decidió suspender la declaración como imputado tanto del presidente de la eléctrica José Ignacio Sánchez Galán como del resto de directivos a la espera de resolver sobre el recurso de nulidad que presentaron desde la compañía.

Un mes después, en agosto, García-Castellón rechazó el citado recurso de nulidad al no ver motivos para hacerlo. Sin embargo, todavía no hay fecha para la declaración de Sánchez Galán ante el juez.

La Fiscalía de la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife solicita una pena de 12 años y nueve meses de cárcel para un hombre por presuntamente abusar sexualmente de la hija de su novia, siendo menor de edad, en su vivienda de Adeje.

Según apunta el escrito de calificación, los hechos se remontan al mes de abril, cuando la joven empezó a realizar labores de limpieza doméstica en su casa y el hombre, aprovechando la confianza que tenía con la joven, cometió diversos actos de carácter sexual.

El hombre ofrecía a la menor realizarle masajes en la espalda y momentos después, se quitaba la ropa y empezaba a hacerle diversos tocamientos mientras grababa las escenas con su teléfono móvil "sin su consentimiento ni conocimiento".

Cuatro días después del primer incidente volvió a realizarle un masaje a la menor, quien inicialmente se resistió pero terminó accediendo y semidesnuda, y acabó masturbándose mientras volvía a grabar las escenas con su teléfono móvil sin consentimiento de la víctima.

Además, aprovechando que la menor se había quedado dormida le hizo varias fotografías.

Aún hubo un tercer episodio en el que el hombre se masturbó delante de la menor tras su negativa a acariciarle los genitales.

Como consecuencia de todos estos hechos la menor muestra una sintomatología depresiva relevante.

La Fiscalía considera al hombre, de nacionalidad argentina, culpable de los delitos de abuso sexual a menor, corrupción de menores y exhibicionismo y solicita también la prohibición de acercarse a menos de 500 metros de la víctima durante 20 años; la prohibición de actividades relacionadas con menores durante 20 años y libertad vigilada durante 25 años.

Además, impone al hombre el pago de 6.000 euros a la víctima en concepto de indemnización por daños morales.

El juicio se celebra el próximo miércoles en la sección quinta de la Audiencia Provincial a las 10.00 horas.

El Lehendakari, Iñigo Urkullu, ha lamentado "el rechazo inmediato" de determinados responsables políticos a la propuesta de autogobierno que planteó este jueves para solucionar "el problema político" vasco, "fundamentada en los derechos históricos", y ha mostrado su respeto a la postura discrepante del PSE-EE, socio de su Gobierno, pero ha recordado que "la reflexión sobre la reformulación del modelo de Estado está presente en el propio PSOE", tal como demuestra su apuesta por el federalismo.

Urkullu ha criticado que se intente "desactivar" su propuesta o se niegue que hay "un problema político", y ha advertido de que el autogobierno, "si se queda quieto, se erosiona y retrocede". Por ello, no dejerá de realizar planteamientos políticos que "favorezcan una solución", desde una actitud "fundamentada, exigente, contructiva y positiva".

El Lehendakari planteó ayer en el debate de política general celebrado en el Parlamento vasco una nueva fórmula de Concierto Político que "permita la reintegración foral plena", lo que supondría la derogación "definitiva" de las Leyes de abolición de los Fueros y "retornar a la soberanía anterior a 1839".

Entre los críticos a su propuesta se encontraban los socialistas, cuyo portavoz parlamentario, Eneko Andueza, aseguró que la referencia de su partido "nunca será el siglo XIX".

En un artículo colgado en las redes sociales, titulado 'El modelo de Autogobierno del siglo XXI. Izan zirelako gara, garelako izango dira (Porque hemos sido, seremos)", Iñigo Urkullu ha recordado que ayer en la Cámara compartió una reflexión sobre el autogobierno, ligada al pasado, para que los vascos sean "conscientes" de dónde vienen, y les permita recordar "el significado y la fortaleza de los Derechos Históricos".

"Sobre la base de nuestra trayectoria histórica singular, realicé un planteamiento de futuro, un 'Concierto político vasco'. Una cosa es de 'dónde venimos' y otra distinta es 'a dónde vamos', así como también 'dónde, por qué y cómo' queremos ir", ha afirmado.

Urkullu ha mostrado su preocupación, tras la celebración del debate, por "una doble actitud de fondo" que observa "en determinados responsables políticos y parte de la opinión publicada".

Por una parte, ha aludido al "rechazo inmediato" a cualquier planteamiento que realiza para "dar cauce de solución política a una cuestión de naturaleza política". "Se obvia el fondo y se trata de obstruir o desactivar desde las formas", ha reprochado.

Por otro lado, detecta una "actitud acomodaticia, la pretensión es hacer ver que no hay ningún 'problema político' y, por lo tanto, es mejor no hacer nada, quedarse quieto". "La realidad es que, si nuestro autogobierno se queda quieto, se erosiona y retrocede", ha asegurado.

En este sentido, ha realizado una invitación a analizar el documento "La erosión silenciosa", en el que el Gobierno Vasco denuncia "una erosión competencial silenciosa y continua" por parte del Estado.

EL PSE-EE

Tras asegurar que respeta la opinión expresada sobre su propuesta por el PSE-EE, ha recordado que "la reflexión sobre la reformulación del modelo de Estado está presente en el propio PSOE". "¿Qué si no es la propuesta de federalismo que propone el PSE?", ha preguntado.

El Lehendakari ha destacado que él, por su parte, defiende una propuesta "fundamentada en la actualización de los derechos históricos, una realidad histórica".

En todo caso, ha precisado que no dejará de realizar propuestas políticas "para favorecer una solución que garantice el bienestar y la convivencia de Euskadi de cara a las próximas décadas". "Mi actitud no va ser acomodaticia ni complaciente, va a ser fundamentada, exigente, constructiva y positiva", ha concluido.

El Gobierno mantiene su intención de que el lobo ibérico esté incluido en el Listado de Especies en Régimen de Protección Especial (LESPRE) para el conjunto de España, como muy tarde el próximo sábado, 25 de septiembre, con lo que quedará prohibiza su caza en toda España.

Según han señalado fuentes del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, antes de la publicación de la orden ministerial que modifica el Real Decreto para el desarrollo del LESPRE y el Catálogo Español de Especies Amenazadas, el departamento que dirige Teresa Ribera tiene que analizar el último dictamen del Consejo de Estado.

De ese modo, a tenor de lo que ese dictamen apunte a las respuestas que el MITECO le remitió tras la solicitud de aclaración que le requirió el órgano consultivo del Estado, el Gobierno modificará o no la orden ministerial antes de su envío al Boletín Oficial del Estado para su publicación.

El borrador de la orden ministerial señalaba que la decisión, adoptada el 4 de febrero por la Comisión Estatal para el Patrimonio Natural y de Biodiversidad, surtirá efectos desde el día después de su publicación en el Boletín Oficial del Estado y "en todo caso el 25 de septiembre de 2021". Fuentes del MITECO han apuntado que la voluntad de cumplir con ese plazo, para el que queda una semana, sigue vigente.

De ese modo, se homogeneiza la protección de la especie en el conjunto del país ya que hasta ahora solo estaban incluidas en el LESPRE las poblaciones al sur del Duero --donde hay menor población e incluso está extinguida en algunas áreas-- mientras que en algunas comunidades autónomas, al norte de ese río estaba considerada especie cinegética.

Por su parte, el Consejo de Estado ha confirmado que el dictamen definitivo fue aprobado este jueves, antes de las 15.00 horas, por la Comisión Permanente y que el documento fue remitido por vía electrónica durante la mañana del viernes, 17 de septiembre.

Esta semanam el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, informó por carta a las organizaciones agrarias de que su departamento había elaborado propuestas para la elaboración de una Estrategia del Lobo que garantice tanto la supervivencia de la especie como la preservación del modelo agroganadero extensivo.

No obstante, en la misiva reconoció a las organizaciones ASAJA, UPA y COAG que prohibir la caza del lobo sin consensuar un plan de conservación de la especie con todos los actores implicados generaría "incertidumbre" a las granjas extensivas.

"Compartimos la intención de establecer, en base al consenso y al diálogo, pero por encima de todo al conocimiento y la excelencia científica, una estrategia común que integre los distintos puntos de vista, tanto de nuestros ganaderos extensivos, mantenedores de los valores identitarios de nuestro mundo rural y su rico patrimonio natural, así como de los que trabajan para la conservación del lobo", asegura.

Sin embargo a las fuentes del MITECO consultadas no les consta que las propuestas de Agricultura -enviadas en el marco del plazo de la consulta pública del proyecto de orden ministerial -- se hayan incluido en el texto que se remitió para consulta al Consejo de Estado.

Lo que no cambiará es el grueso de la decisión, es decir, la inclusión del lobo en el LESPRE, de modo que a partir de su entrada en vigor quedará prohibida su caza en toda España, tanto al norte como al sur del Duero. Se trata, según fuentes ministeriales de una decisión adoptada según las normas y respaldada por el Consejo Asesor de Medio Ambiente, de modo que no habrá en ese aspecto un paso atrás.

La decisión satisface las demandas de las organizaciones ecologistas, que reclamaban la protección de la especie y ponerla a salvo de la caza desde hace años. Sin embargo, las organizaciones agrarias y los gobiernos de las comunidades autónomas de Galicia, Principado de Asturias, Cantabria y Castilla y León --que albergan en torno al 95 por ciento de los ejemplares de toda España-- se oponen a la medida y han anunciado que presentarán un recurso contencioso administrativo ante el Tribunal Supremo en el que además pedirán medidas cautelarísimas hasta el pronunciamiento de la justicia.

A su juicio, antes de considerar la prohibición de cazar la especie es preciso realizar un censo que actualice la distribución y número de los ejemplares de lobos en España y, con esa base, elaborar una estrategia de gestión conjunta por parte de estas cuatro comunidades autónomas para su posterior discusión en la Conferencia Sectorial de Medioambiente, donde participa el conjunto de las comunidades autónomas.

Las comunidades autónomas afectadas alegan la caza como una herramienta de gestión de las manadas y, como en el caso de Castilla y León, una fuente de ingresos adicional para los territorios rurales como la Sierra de la Demanda, en Zamora, que afronta altas tasas de despoblación y cuenta con la mayor colonia lobera de Europa.

En febrero estas comunidades acusaron al Gobierno irregularidades en el proceso habitual de toma de decisión en el Comité Estatal y en marzo, tras conversar con las comunidades autónomas recabaron el apoyo a su protesta de País Vasco, Aragón, Madrid, Murcia, Andalucía y Ceuta así como de las Organizaciones Profesionales (OPAS). A su juicio, la gestión del lobo debe pasar por una defensa de la especie basada en el respeto al mundo rural, el consenso social y la coexistencia y pidieron a la ministra Teresa Ribera que renunciara a continuar con la tramitación, algo que esta no ha hecho.

Las consejerías de Galicia, Asturias, Cantabria y Castilla y León están a la espera de la publicación de la orden ministerial para su análisis y posterior presentación del recurso a la decisión del Gobierno.

DECISIÓN HISTÓRICA

Mientras, las organizaciones ambientales que llevaban años pidiendo la prohibición de cazar lobos en toda España desde hace años, como Ascel, Ecologistas en Acción, WWF o Amigos de la Tierra, entre otras, califican de "éxito" para una especie "clave" y cuya conservación es necesaria e "inseparable de la defensa de la biodiversidad ibérica".

Ecologistas en Acción recuerda como desde la década de los 70 el lobo ibérico estuvo muy cerca de extinguirse y califica de "nefasta" la gestión realizada por las comunidades autónomas de la mitad norte de la Península.

Por su parte, para WWF la protección del lobo es un "paso de gigante" para el medio ambiente porque a partir de ahora la especie será gestionada de la misma forma en el conjunto de España al ser considerada como una sola población. El secretario general de WWF, Juan Carlos Del Olmo, estima que la decisión "no política sino basada en la ciencia" supondrá asimismo una "gran oportunidad" para el mundo rural y la ganadería.

La decisión fue apoyada por cerca de 500 personas procedentes de las ONG, la Universidad y el mundo científico, que firmaron un manifiesto para apoyar al Comité Científico que emitió el dictamen favorable a incluir la especie en el LESPRE.

Por su parte, el director general de Patrimonio Natural y Política Forestal de Castilla y León, José Ángel Arrean, considera que la decisión está "fuera de la lógica" porque trata de imponer una decisión sin realizar un diagnóstico previo de la especie. Asimismo, defendió la gestión realizada en la comunidad autónoma donde vive la mayor población lobera de España se encuentra "en estado favorable".

De acuerdo con el borrador conocido de la Estrategia para la Conservación y Gestión del Lobo que prepara el Ministerio, el objetivo es pasar de las 297 manadas actuales a 350 en 2030 y extender su distribución entre un 10 y un 20 por ciento.

La Rioja, por tercer día consecutivo, no ha tenido que lamentar fallecidos por coronavirus, en una jornada en la que los casos activos han descendido de 191 a 183, 8 menos, y la presión asistencial se mantiene estable con 13 personas ingresadas, 4 de ellos en la UCI. Además, la IA a 14 días ha descendido de los 100 casos por cada 100.000 habitantes y se sitúa en 89,40 (casi once puntos menos que ayer).

Además, nuestra comunidad autónoma ha sumado 19 nuevos contagios en las últimas 24 horas. Desde el inicio de la pandemia, un total de 39.329 personas han padecido la enfermedad en nuestra región.

Desde que comenzó la pandemia, un total de 822 personas han fallecido por la enfermedad, 324 de ellos residentes de centros de mayores en nuestra comunidad autónoma.

En cuanto a la presión asistencial, hay 13 personas ingresadas en los diferentes centros hospitalarios. Así, el Hospital San Pedro de Logroño cuenta con 9 personas ingresadas en planta (igual que ayer), con un ingreso y un alta. Por su parte, en la UCI hay 4 pacientes covid (estable).

En la actualidad, y ante la evolución del virus en la región, el Gobierno riojano cuenta en el Hospital San Pedro con 43 camas UCI. De este modo, sumando a los ingresados por patologías no-COVID (18 a día de hoy, igual que hace 24 horas), la UCI riojana tiene 22 pacientes y se encuentra al 51,16 por ciento (misma cifra que ayer).

Por su parte, la Fundación Hospital de Calahorra continúa, por tercer día consecutivo, sin pacientes ingresados en planta por coronavirus.

Por lo demás, en cuanto a la incidencia acumulada, ha bajado a 14 días de los 100,03 casos por cada 100.000 habitantes de ayer a los 89,40 de hoy (unos 11 puntos menos).

Del mismo modo, baja la IA a siete días, de los 36,57 casos por cada 100.000 habitantes de ayer a los 34,70 de hoy (en torno a dos punto de descenso). Por su parte, la tasa de positividad también baja, desde el 4,24 por ciento de ayer a los 3,89 de la jornada de hoy.

Finalmente, hay 8.098 personas en cuarentena frente a las 8.191 del jueves y los centros de mayores continúan sin registrar ningún contagio entre sus residentes.

Esquerra Republicana, habitual aliado del Gobierno en el Congreso, ha presentado una enmienda de totalidad a la Ley de Memoria Democrática por considerar que la norma que busca ampliar la norma vigente desde 2007 es manifiestamente insuficiente y ha presentado un texto alternativo para que sea el que se tramite.

El grupo que ahora capitanea Gabriel Rufián, ya votó en contra entonces de la ley auspiciada por el Gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero y sostiene que la decisión del Ejecutivo de coalición de modificar aquella norma les ha dado la razón.

Pero el nuevo texto, redactado bajo mandato de la exvipresidenta primera del Gobierno Carmen Calvo, aunque el Consejo de Ministros lo aprobó tras su cese el pasado de julio, tampoco convence a los miembros de ERC, que intentarán sea sustituido por su propia norma.

COMPENSAR A LOS REPRESALIADOS

En concreto, en su texto alternativo, ERC plantea reconocer a "cualquier perjuicio económico o patrimonial sufrido por personas físicas o jurídicas" y el derecho a su "reparación".

Así, abogan por obligar al Gobierno a "restituir los bienes inmuebles, dinero y otros valores, bienes muebles y archivos documentales, requisados a las personas físicas o jurídicas, entidades o instituciones, a cuyo favor se reconozca la reparación, o a sus familiares", ya sea mediante la devolución del bien o compensando su valor económico en la actualidad.

HOMENAJES A REPRESALIADOS HASTA 1982

También cuantifican en 135.000 la indemnización que quieren que se pague a las personas beneficiarias de quienes "fallecieron o desaparecieron por la represión franquista, a manos de funcionarios del Estado u organizaciones paramilitares, hasta el 27 de diciembre de 1978".

Además, da un año al Gobierno para presentar un estudio sobre la represión contra las "personas y colectivos que lucharon por los valores democráticos y los derechos nacionales, entre los años 1975 y 1982, perpetrada por funcionarios el Estado y organizaciones paramilitares" y que después estudie hacerles homenajes y posibles vías de reparación.

La ley también obliga a la celebración de homenajes personas quefueron "perseguidas por destacarse en la lucha democrática a favor de un Estado descentralizado y de la afirmación nacional de sus territorios", así como a otros colectivos como los fusilados, presos, exiliados o las mujeres por su especificidad como víctimas de la represión.

ERC demanda, asimismo, reconocer jurídica y moralmente la "lucha por la democracia" de los 'maquis' y de todas las personas que formaron parte de organizaciones y guerrillas antifranquistas, con indemnizaciones económicas incluidas. Para los brigadistas internacionales reclama distinciones oficiales.

RECONOCER LA TRICOLOR COMO PROPIA

El texto de los independentistas persigue reconocer por ley a la II República como "un Estado democrático y de derecho, precursor del presente sistema político", así como reconocer "sus leyes y símbolos como propios e históricos", y dejar claro que lo que ocurrió el 18 de julio de 1936 fue una sublevación de parte de "un grupo de oficiales, jefes y generales del ejército contra sus manos y el Gobierno de la República".

Además, incluyen un artículo para que, "en virtud de la imprescriptibilidad de los crímenes contra la Humanidad, el Gobierno dé "apoyo económico y jurídico a las reclamaciones que por este motivo formulen ciudadanos, entidades o instituciones por los delitos cometidos durante la dictadura franquista".

La ley que defienden los republicanos también contempla declarar ilegales los tribunales creados durante la Guerra Civil para imponer condenas por motivos políticos, ideológicos o de creencia religiosa, así como todas su resoluciones, en especial las sentencias de los consejos de guerra, del Tribunal de Orden Público, entre otros.

CERTIFICADO ESPECÍFICO SOBRE COMPANYS

En el caso del presidente de la Generalitat Lluis Companys fusilado tras un consejo de guerra, la norma prevé que el presidente del Gobierno entregue la certificación correspondiente de nulidad al presidente catalán.

ERC propone la aprobación de "sentencias de nulidad" por parte de tribunales militares, la Audiencia Nacional y los tribunales superiores de Justicia y otorgar derecho a pedirlas a los afectados, sus familiares o las administraciones públicas si los represaliados habían desempeñado una actividad o cargo relevante en las mismas.

El texto incluye otro artículo para que en un año las administraciones invaliden todas las distinciones, nombramientos, títulos honoríficos y demás formas de exaltación de adeptos al régimen, así como de condecoraciones concedidas por "hechos de colaboración con el franquismo" o vulneración de los derechos fundamentales.

ENMIENDAS DEL PP Y VOX

Por todo ello, ERC pide la devolución del texto al Gobierno, algo que también han hecho Vox y el PP, aunque por motivos diametralmente opuestos.

TOTALITARIA Y REVANCHISTA

En su enmienda, Vox señala que el proyecto del Gobierno es una ley "totalitaria" que "impone una versión sectaria y distorsionada de la Historia y "divide a los españoles --tanto a los de 1936 como a los de 2021-- en buenos y malos".

También alega que esta norma alienta "un espíritu revanchista que suprime el de magnanimidad y perdón recíproco que presidió la Transición" y que, además, "pone en peligro derechos fundamentales , como las libertades de pensamiento, expresión, asociación, educación y religiosa".

El presidente del PP, Pablo Casado, ya había anunciado también su intención de derogar la Ley de Memoria si llega al Gobierno y de sustituirla por una Ley de Concordia que, al parecer, ya tiene redactada, pero que no ha presentado como texto alternativo.

En coherencia con esa tesis, el primer partido de la oposición ha registrado también enmienda de totalidad para que el Congreso no tramite la ley del Gobierno de Pedro Sánchez. Los 'populares' justifican su decisión en que se trata de una norma "innecesaria" y guiada por "un espíritu de confrontación entre españoles".

Cantabria ha cerrado este viernes, 17 de septiembre, tres nuevas aulas por Covid en Infantil y Primaria, en los colegios San Martín de Campijo de Castro Urdiales, Cristo Rey de San Vicente de la Barquera y Santiago Galas de La Iglesia (Ruiloba).

Asimismo, han finalizado las cuarentenas decretadas en días anteriores en las clases pertenecientes a los colegios Valle de Reocín, Elena Quiroga de Santander y Pancho Cossío de Torrelavega.

Con estos datos, el total de aulas confinadas se mantienen, al igual que este jueves, en 17, con una incidencia en este nivel educativo del 0,62 por ciento, al estar confinadas 17 de las 2.721 aulas existentes, según los datos facilitados por la Consejería de Educación.

Así, continúan las cuarentenas establecidas en días anteriores en aulas de los colegios San Martín, María Auxiliadora, Jesús Cancio, El Sardinero, José Arce Bodega, Ángeles Custodios y Cisneros, en Santander; Nuestra Señora de Latas, en Ribamontán al Mar; Liceo San Juan de la Canal, en Santa Cruz de Bezana; Fernando de los Ríos y José Ramón Sánchez, en El Astillero; Benedicto Ruiz, en Bareyo; Marquesa de Viluma, en San Pantaleón de Aras (Voto); y Malacoria, en Ibio (Mazcuerras).

Todas las aulas se han confinado tras el positivo Covid de un alumno, excepto la del colegio Benedicto Ruiz de Bareyo, donde el cierre se debe al contagio de un docente.

Además, tres alumnos del colegio Valle del Nansa (Puentenansa) siguen en cuarentena preventiva por contacto estrecho con un trabajador no docente.

En cuanto a la etapa de ESO, Bachillerato y Formación Profesional, permanecen confinados tres alumnos del instituto Santa Clara de Santander.

Este curso los datos podrán consultarse en la web de la Consejería de Educación (educantabria.es), en el apartado 'Incidencia COVID ámbito educativo'.

Desde mañana lunes todas las plazas, recintos e instalaciones taurinas, incluida la Plaza de Toros de Las Ventas, podrán desarrollar su actividad taurina siempre que el público permanezca sentado, con asiento preasignado, y no se supere el 75% del aforo autorizado.

En las actividades celebradas en estos recintos se podrá facilitar la agrupación de asistentes hasta un máximo de seis personas, según la Orden de la Consejería de Sanidad publicada el viernes por el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid, que modifica la Orden de 7 de mayo de medidas antiCovid, y que entrará en vigor el día 20.

En todo momento deberá garantizarse el uso de mascarilla cuando sea obligatorio su uso así como que entre grupos de personas que adquieren las localidades conjuntamente exista, al menos, una localidad de la que no se hace uso a ambos lados del grupo. Además, deberá disponerse de un plan de actuación específico con las medidas de higiene y prevención que se consideren necesarias para garantizar la celebración de la actividad en las condiciones sanitarias exigidas por la normativa vigente.

CENTROS TURÍSTICOS, ZOOS, ATRACCIONES Y CASAS DE APUESTAS

En los centros recreativos turísticos, zoológicos y acuarios, se limitará el aforo de la instalación al 75%. Los espacios en los que se autoricen atracciones de feria ambulante deberán estar acotados y limitados a un aforo máximo igual, debiendo contar con puntos diferenciados para la entrada y la salida, que deberán estar identificados con claridad. Se establecerán controles de aforo y se adoptarán las medidas necesarias para mantener la distancia de seguridad interpersonal y evitar aglomeraciones.

Tanto los usuarios como el personal de las atracciones ambulantes deberán portar mascarilla cuando su uso sea obligatorio y se recordará a los usuarios, por medio de cartelería visible, las normas de higiene y prevención a observar. Se dispondrán dispensadores de gel hidroalcohólico o desinfectante con actividad virucida autorizados y registrados por el Ministerio de Sanidad, en todo caso, en la entrada de cada atracción para su utilización por los usuarios, que deberán estar siempre en condiciones de uso.

En las atracciones deberá procurarse la máxima separación posible entre las personas usuarias, el uso de mascarilla cuando sea obligatorio y la desinfección de manos antes del uso del elemento. Si no se puede mantener la distancia mínima de seguridad entre personas usuarias será obligatorio el uso de mascarilla. Los elementos utilizados deberán desinfectarse con frecuencia, varias veces al día, con cualquiera de los productos recomendados por el Ministerio de Sanidad.

En el caso de que en las instalaciones destinadas a la actividad ferial se desarrolle igualmente algún otro tipo de actividad, resultarán de aplicación las medidas de contención y prevención previstas en la presente Orden para la actividad que se desarrolle.

Por último, los establecimientos y locales en donde se desarrollen actividades de juegos y apuestas como casinos, establecimientos de juegos colectivos de dinero y de azar, salones de juego, salas de bingo, salones recreativos, rifas y tómbolas, locales específicos de apuestas y otros locales e instalaciones asimilables a los de actividad recreativa de juegos y apuestas, conforme establezca la normativa sectorial en materia de juego, podrán realizar su actividad siempre que no se supere el setenta y cinco por ciento del aforo permitido.

El horario de funcionamiento de estos establecimientos será el que tengan legalmente autorizado por los órganos competentes. Estas medidas también serán aplicables para el Hipódromo de La Zarzuela tanto en sus zonas y espacios cerrados como los que se encuentran al aire libre.

CENTROS DEPORTIVOS

En las instalaciones y centros deportivos al aire libre podrá realizarse actividad deportiva, individual o colectiva, debiéndose mantener, siempre que sea posible dada la naturaleza de la actividad, la distancia mínima de seguridad de, al menos, 1,5 metros. El horario de estos establecimientos será el que tengan legalmente autorizado por los órganos competentes.

Si la instalación está provista de gradas con localidades todos los espectadores deberán permanecer sentados, respetando la distancia de seguridad interpersonal, y se deberá utilizar mascarilla cuando sea obligatorio su uso. En las actividades celebradas en estos recintos se podrá facilitar la agrupación de asistentes hasta un máximo de seis personas.

Entre los grupos de personas que adquieren las localidades conjuntamente deberá existir, al menos, una localidad de la que no se hace uso a ambos lados del grupo. Además, deberá disponerse de un plan de actuación específico con las medidas de higiene y prevención necesarias.

Las instalaciones y centros deportivos de interior, de titularidad pública o privada, podrán ofertar los servicios deportivos dirigidos al desarrollo de actividad deportiva propios de su tipología y capacidad. El horario de estos establecimientos será el que tengan legalmente autorizado.

El número de participantes, incluyendo el monitor, en la práctica deportiva en instalaciones de interior tanto de forma individual como en grupo, no podrá superar el 75% del aforo máximo permitido del espacio donde se desarrolle la actividad, siendo obligatorio el uso de la mascarilla. Se deberá respetar la distancia de seguridad entre las personas que asistan a la actividad y entre estos y el monitor o entrenador, salvo en los deportes de contacto y de combate.

En el caso de que la actividad física se desarrolle al aire libre se deberá mantener, siempre que sea posible dada su naturaleza, la distancia mínima de seguridad de, al menos, 1,5 metros, entre las personas que asistan a la actividad y entre estos y el monitor o entrenador.

Se podrá desarrollar la actividad físico-deportiva de deportes de contacto y de combate en instalaciones de interior con uso obligatorio de mascarilla salvo en aquellos casos que se encuentre exceptuada su utilización.

El aforo para realizar práctica deportiva en las instalaciones y centros deportivos de interior estará limitado, en todo momento, al número de personas que garantice el cumplimiento de la distancia de seguridad interpersonal de 1,5 metros.

En caso de que los entrenamientos o competiciones federadas se realicen en instalaciones de interior se podrá exceptuar el uso de la mascarilla exclusivamente para los deportistas que participan en las mismas y durante el tiempo en que se encuentren participando, siempre que se adopten medidas de prevención y la realización de una prueba diagnóstica de infección activa del SARS-CoV-2 con un máximo de cuarenta y ocho horas previas al entrenamiento o competición.

Por otro lado, podrán realizarse actividades de tiempo libre destinadas a la población infantil y juvenil siempre que el número de participantes se limite, en todo momento, al número de personas que garantice el cumplimiento de la distancia de seguridad interpersonal de, al menos, 1,5 metros. En el caso de que durante las actividades se presten servicios de hostelería y restauración o alojamiento, esta prestación se ajustará a lo establecido en las condiciones para este tipo de establecimientos.

Se podrán impartir a distancia hasta un tercio de las horas de los módulos teóricos de los cursos de monitores de tiempo libre y coordinadores de actividades de tiempo libre regulados en la Orden 2245/1998, de 24 de septiembre, de la Consejería de Educación y Cultura, sobre programas para la formación de escuelas de animación infantil y juvenil en el tiempo libre, siempre y cuando la Dirección General competente en materia de juventud valore que la entidad dispone de las herramientas digitales necesarias para llevar a cabo la formación online con garantías suficientes de calidad.

Un total de 1.694.350 vascos están ya inmunizados completamente contra la covid-19, al haber finalizado la pauta de vacunación, lo que supone un 85,6% de la población de 12 años o más, mientras que 1.768.685 personas, el 89,4%, han recibido ya al menos una dosis, y un 2,6% de la población diana tiene contraindicación o se ha negado a recibir el suero, según ha informado este viernes el Departamento de Salud del Gobierno Vasco.

En conjunto, en función del último boletín de vacunación del Departamento de Salud actualizado este viernes, ya se han inoculado en Euskadi 2.325.530 dosis de Pfizer/Biontech (1.105.155 de ellas en segunda dosis y 94.353 en dosis únicas a personas que ya han pasado la enfermedad), 343.801 de Moderna (157.928 de ellas segundas dosis y 18.252 en dosis únicas), 476.763 de AstraZeneca (213.084 segundas dosis y 6.820 dosis únicas) y 98.758 de Janssen (dosis únicas).

Euskadi ha administrado el 91% del total de 3.566.050 vacunas recibidas, 1.550.502 correspondientes a primeras dosis y 1.694.350 a segundas dosis o dosis únicas. En concreto, se han recibido hasta la fecha 2.484.900 vacunas de Pfizer (el 93,6% administradas), 526.100 de Moderna (el 65,3% inoculadas), 444.200 de AstraZaneca (el 100% ya puestas) y 110.850 de Janssen (el 89,1% administradas).

Por edades, han recibido la primera dosis de la vacuna el 95,7% de los mayores de 100 años, el 93,2% de los vascos de 90 a 99 años, y el 97,2% de los que tienen entre 80 y 89 años. Entre la franja de 70 a 79 años, el porcentaje alcanza el 95,8%, entre la población de 60 a 69 años es del 93,9% y del 94,4% entre las personas de 50 a 59 años.

También han sido ya vacunados con una primera dosis el 90,5% de la población de 40 a 49 años, el 81,8% de las personas de 30 a 39 años, el 75% de los de 20 a 29 años, un 81,5% de la franja de edad de 16 a 19 años y un 83,8% de los menores de 12 a 15 años.

INMUNIZACIÓN COMPLETA

La tasa de personas con inmunización completa alcanza ya el 94,5% entre los mayores de 100 años, es del 93,1% entre las personas de 90 a 99 años, y del 96,8% en la franja mayores de 80 a 89 años. El porcentaje es del 95,7% en las personas de 70 a 79 años, mientras que en el colectivo de 60 a 69 años la tasa es del 94% y en el de 50 a 59 años, del 92,8%.

Además, ya han recibido la segunda dosis el 89,4% de las personas de 40 a 49 años, el 77,3% de la franja de edad de 30 a 39 años, el 66,8% del colectivo de 20 a 29 años, el 68,5% de la franja de edad de 16 a 19 años y el 54,5% de los jóvenes de 12 a 15 años.

La Comunidad de Madrid ha notificado 526 casos nuevos de Covid-19, de los que 412 corresponden a las últimas 24 horas, y 15 fallecidos en hospitales, según el informe de la situación epidemiológica de este viernes, con datos a cierre del día anterior.

En la jornada precedente se notificaron 535 casos nuevos de Covid-19, de los que 428 corresponden a las últimas 24 horas, y ocho fallecidos en hospitales.

El número de hospitalizados se sitúa en 541 (18 menos que el día anterior) y 233 en la UCI (16 menos), mientras que 64 pacientes han recibido el alta. Además, el número de personas en seguimiento domiciliario por Atención Primaria es de 1.091.

En el acumulado, la Comunidad de Madrid ha registrado 901.205 positivos, un total de 125.156 casos han requerido hospitalización, 13.202 han precisado UCI y 110.881 han sido dados de alta por los hospitales. Atención Primaria ha realizado el seguimiento domiciliario de 960.425 pacientes.

Respecto a los fallecidos, Sanidad Mortuoria ha contabilizado un total de 25.237, de los cuales 5.101 han sido en centros sociosanitarios, 18.683 en hospitales, 1.422 en domicilios y 31 en otros lugares.

En la Comunidad de Madrid la incidencia acumulada a 14 días continúa en ligero descenso hasta llegar a los 100,72 casos por cada 100.000 habitantes, aunque por encima de la media nacional de 91,21 casos.

PLAN DE VACUNACIÓN

En cuanto al plan de vacunación, se han administrado un total de 9.524.452 dosis de las 10.850.729 recibidas, con 4.281.732 segundas dosis registradas y 233.370 vacunas unidosis de Janssen, de manera que el porcentaje de población de la Comunidad de Madrid con la pauta completa se sitúa en el 73,3%.

Teniendo en cuenta solo la población diana, establecida en 5,9 millones de los 6,8 millones de ciudadanos en la región, el porcentaje de inmunizados representa el 84,3%, mientras que el 89% cuenta con al menos una dosis.

DATOS NACIONALES

A nivel nacional, el Ministerio de Sanidad ha notificado 3.222 nuevos casos de coronavirus, de los que 1.578 han sido diagnosticados en las últimas 24 horas, frente a los 1.727 registrados el jueves, lo que eleva a 4.929.546 la cifra total de personas contagiadas de Covid-19 desde el inicio de la pandemia.

Respecto a la incidencia media actual de contagios en España en los últimos 14 días, el informe muestra que sigue reduciéndose, situándose en los 91,21 casos por cada 100.000 habitantes, en comparación con los 96,30 notificado el jueves por el departamento dirigido por Carolina Darias.

En cuanto a los fallecidos por Covid-19, se han notificado 44 más, de los cuales 222 se han registrado en la última semana. Esto hace que la cifra global de muertos por coronavirus en España se eleve a las 85.783 personas.

Actualmente hay 3.809 pacientes ingresados por Covid-19 en toda España y 1.028 en una UCI, si bien en las últimas 24 horas se han producido 315 ingresos y 419 altas. La tasa de ocupación de camas ocupadas por coronavirus se sitúa en el 3,18 por ciento y en las UCI en el 11,28 por ciento.

La comunidad autónoma de Extremadura ha contabilizado en las últimas 24 horas 46 casos positivos de Covid-19 confirmados (frente a los 64 de la jornada anterior), mientras que no se han registrado personas fallecidas.

Asimismo, en los hospitales extremeños se han producido tres ingresos nuevos y se han dado siete altas hospitalarias, lo que supone un total de 72 personas hospitalizadas (frente a las 76 del jueves), de las que 11 están en UCI (cifra que no varía respecto a la jornada anterior).

También, en las últimas 24 horas se han dado 246 altas epidemiológicas, lo que equivale a un total de 96.736 altas, según informa en nota de prensa la Junta de Extremadura.

Al mismo tiempo, la incidencia acumulada a 14 días en la región se sitúa en 104,43 y a los 7 días en 35,68, frente a los 115,76 y a los 39,06 de la jornada anterior, respectivamente.

De igual modo, se notifica un brote en Montijo con 4 positivos y 18 contactos. Asimismo, se cierran seis brotes, en concreto, el 642 en Guijo de Granadilla, el 647 de Villagonzalo, el 676 de Monterrubio de la Serena y el 681, 689 y 710 de Badajoz.

ÁREAS DE SALUD

Por áreas de salud, en las últimas 24 horas la de Badajoz notifica 12 casos positivos. Tiene nueve pacientes hospitalizados, uno de ellos en UCI. Registra 325 fallecidos y ha dado 26.778 altas.

Asimismo, el Área de Salud de Cáceres notifica nueve casos positivos. Tiene 25 pacientes ingresados, tres de ellos en UCI. Acumula 522 fallecidos y ha dado 15.480 altas.

Mientras, el Área de Salud de Mérida registra ocho casos positivos. Tiene ocho pacientes hospitalizados por Covid-19, tres de ellos en UCI. Acumula 243 fallecidos y ha dado 16.897 altas.

También, el Área de Salud de Don Benito-Villanueva de la Serena notifica ocho casos positivos. Tiene diez pacientes hospitalizados, uno de ellos en UCI. Acumula 259 víctimas mortales y ha dado 13.502 altas.

De igual modo, el Área de Salud de Plasencia registra cinco casos positivos. Tiene 16 pacientes hospitalizados, tres de ellos en UCI. Ha registrado un total de 225 fallecidos y ha dado 8.389 altas.

Por su parte, el Área de Salud de Navalmoral de la Mata no notifica casos positivos. No tiene pacientes ingresados por COVID-19, y ha registrado 113 fallecidos. Ha dado 4.652 altas.

Mientras, el Área de Salud de Llerena-Zafra registra un caso positivo. Tiene dos pacientes ingresados. Ha registrado un total de 130 fallecidos y ha dado 7.911 altas.

Finalmente, el Área de Salud de Coria registra tres casos positivos. Tiene dos pacientes hospitalizados por Covid-19. Registra un total de 95 personas fallecidas y se han dado 3.127 altas.

El Comité Director del Plan Especial de Protección Civil y Atención de Emergencias por riesgo volcánico en la Comunidad Autónoma de Canarias (Pevolca) ha aprobado este viernes el plan de evacuación en la isla de La Palma en caso de erupción y que afecta a los municipios de Tazacorte, Los Llanos de Aridane, Mazo, El Paso y Fuencaliente.

En esta acción preventiva se incluye la organización y recopilación de datos de la población afectada, tanto residente como turística, posibilidades alojativas alternativas, medios de transporte y una estrategia para la evacuación de animales domésticos y de ganadería.

El director técnico del plan, Miguel Ángel Morcuende, expuso que en este encuentro ha estado presente por primera vez el Ayuntamiento de Tazacorte, dado que el barrio de La Bombilla se encuentra situado dentro del entorno de alcance de una posible erupción en la zona de 'Cumbre Vieja'.

Asimismo, se ha nombrado a los responsables de los Grupos de Acción Operativa del Pevolca dentro de esta emergencia.

Estos son el Grupo de Intervención, compuesto por medios materiales y humanos; Grupo de Vigilancia Volcánica, responsable del seguimiento y valoración permanente del peligro volcánico; Grupo de Seguridad, conjunto de medios materiales y humanos para garantizar la seguridad ciudadana, control de las zonas afectadas por la emergencia y sus accesos así como colaboración en una posible evacuación; Grupo Sanitario, que realizaría la asistencia sanitaria en caso de que hubiese afectados por la emergencia; Grupo Logístico, encargado de la evacuación, movilización y desmovilización, avituallamiento, albergue, reposición de medios materiales de los grupos de intervención y apoyo en el traslado de la población; Grupo de Rehabilitación de Servicios Esenciales, que mantendrá el agua, electricidad, combustible y telefonía para la continuidad normal de la actividad de la población; y el Grupo de Apoyo Técnico, que facilita los mecanismos de información para la toma de decisiones del director técnico.

Ante el incremento de la actividad sísmica en La Palma, el Gobierno de Canarias activó este lunes el Pevolca en situación de alerta con semáforo amarillo para los municipios de Fuencaliente, Los Llanos de Aridane, El Paso y Villa de Mazo.

Por su parte, el Cabildo de La Palma activó este jueves de forma preventiva el Plan de Emergencias Insular en situación de prealerta.

Este sábado volverá a reunirse el Comité Director, presidido por el consejero de Seguridad del Gobierno de Canarias, Julio Pérez, así como el Comité Científico.

El Gobierno de Castilla-La Mancha, a través de la Dirección General de Salud Pública, ha confirmado 175 nuevos casos por infección de coronavirus en las últimas 24 horas, así como cuatro fallecimientos. Así, estos datos suponen una ligera subida con respecto a los de este jueves en cuanto al número de contagios, cuando hubo 155 positivos confirmados, y también un incremento en el de muertes, ya que en el pasado día no hubo ninguna.

Por provincias, Toledo ha registrado 81 casos, Ciudad Real 40, Albacete 22, Guadalajara 20 y Cuenca 12, según ha informado la Junta en nota de prensa.

El número acumulado de casos desde el inicio de la pandemia es 236.105. Por provincias, Toledo registra 88.882 casos, Ciudad Real 55.288, Albacete 36.951, Guadalajara 31.761 y Cuenca 23.223.

El número de hospitalizados en cama convencional por COVID-19 es 127. Por provincias, Toledo tiene 44 de estos pacientes (33 en el Hospital de Toledo y 11 en el Hospital de Talavera de la Reina), Ciudad Real 37 (11 en el Hospital de Ciudad Real, 12 en el Hospital Mancha Centro, 7 en el Hospital de Tomelloso, 4 en el Hospital de Manzanares y 3 en el Hospital de Valdepeñas), Albacete 23 (14 en el Hospital de Albacete, 6 en el Hospital de Hellín, 2 en el Hospital de Villarrobledo y 1 en el Hospital de Almansa), Guadalajara 13 (todos ellos ingresados en el Hospital de Guadalajara) y Cuenca 10 (todos ellos en el Hospital de Cuenca).

Los pacientes ingresados en las Unidades de Cuidados Intensivos que necesitan respirador son 38. Por provincias, Ciudad Real tiene 12 de estos pacientes, Toledo 12, Albacete 7 y Guadalajara 7.

En las últimas 24 horas se han registrado cuatro fallecidos por COVID-19 en Castilla-La Mancha. Uno en la provincia de Albacete, 1 en la de Ciudad Real, 1 en la de Cuenca y 1 en la de Toledo.

El número acumulado de fallecidos desde el inicio de la pandemia son 6.283. Por provincias, Toledo registra 2.376 fallecidos, Ciudad Real 1.774, Albacete 912, Guadalajara 656 y Cuenca 565.

CENTROS SOCIOSANITARIOS

19 centros sociosanitarios de Castilla-La Mancha tienen casos confirmados de positivo por coronavirus entre los residentes. De los 19 centros, 6 están en la provincia de Toledo, 4 en la provincia de Cuenca, 4 en la de Ciudad Real, 3 en Guadalajara y 2 en la de Albacete. Los residentes con caso confirmado son 136.

Los fallecimientos acumulados de residentes de estos centros desde el inicio de la pandemia son 2.111.

La secretaria general de Podemos, Ione Belarra, ha celebrado la absolución del exdiputado de la formación en el Congreso Diego Cañamero y el exalcalde de Puerto Serrano (Cádiz) Pedro Ruiz, a quienes ha definido como "referentes en la lucha por los derechos laborales frente a los señoritos y caciques que viven en el pasado".

Así lo ha trasladado en Twitter en referencia a la decisión tomada por el Juzgado de lo Penal número cuatro de Sevilla durante una vista oral por su participación en unos piquetes informativos durante la huelga general de 2010, acordando la absolución de ambos dado que fue derogada la tipificación penal en la que radicaba la acusación que pesaba en su contra.

"El derecho a huelga nunca tuvo que ser tipificado como delito. La absolución de hoy de Diego Cañamero y Pedro Ruiz es una buena noticia. Enhorabuena por ser referentes en la lucha por los derechos laborales frente a los señoritos y caciques que viven en el pasado", ha destacado la también ministra de Derechos Sociales mediante un mensaje en Twitter.

Luego ha añadido que la Constitución reconoce el derecho a la huelga en su artículo 28, aunque "muchas veces se ha tratado de limitar su ejercicio a través del Código Penal, persiguiendo a aquellas personas que lo ejercieran y defendieran".

DERECHO LIMITADO POR EL CÓDIGO PENAL

En esta línea, ha esgrimido que "uno de los mayores ataques a este derecho" se produjo a partir de 2012 cuando se reactivó el uso del artículo 315.3 del Código Penal.

"Fue bajo los gobiernos del PP cuando, según CCOO, cientos de huelguistas y sindicalistas tuvieron peticiones de cárcel y se endureció el artículo", ha apuntado para agregar que Unidas Podemos, desde su entrada en las instituciones, pidió la derogación de este artículo, así como la anulación de las condenas impuestas en su aplicación.

"Finalmente, logramos que en abril de este año este artículo formara parte del pasado. El derecho a la huelga no solo es un derecho si queda recogido en nuestra norma fundamental, debe garantizarse su ejercicio. Gracias a esta reforma conseguimos avanzar en la garantía de la principal herramienta de la gente para lograr unas condiciones de trabajo dignas", ha zanjado.

ECHENIQUE TAMBIÉN HABLA DE ESE INFAME ARTÍCULO

En la misma línea se ha manifestado el portavoz de Unidas Podemos en el Congreso, Pablo Echenique, al subrayar que en abril se derogó el "infame" artículo 315.3 del Código Penal que servía para "criminalizar a los sindicalistas y conculcar el derecho constitucional a la huelga". Gracias a ello, ha ahondado, Cañamero y Ruiz han sido absueltos en un "proceso que jamás debió iniciarse".

Su compañero de bancada y presidente del grupo confederal, Jaume Asens, ha relatado que muchos se sienten identificados con "la solidaridad, el compromiso social y la defensa de la plurinacionalidad" que representa Cañamero y ha zanjado que el "sindicalismo no es delito".

"Sin libertad sindical no hay democracia. Aplaudimos la absolución de Diego Cañamero y Pedro Ruiz, dos luchadores por los derechos laborales de los trabajadores y las trabajadoras del campo. Nunca debieron ser imputados por defender a la gente humilde de nuestro país", ha proclamado Podemos desde su cuenta oficial en Twitter.

El Congreso sostiene que la Cámara no se "paralizó" durante el primer estado de alarma decretado en marzo de 2020 por la pandemia de coronavirus, que no se cercenaron los derechos de los diputados ni se vio afectado el control al Gobierno y que las decisiones que tomó la Mesa de la Cámara fueron "proporcionadas", teniendo en cuenta que había un confinamiento nacional y había que preservar la salud pública.

Así lo defiende la institución que preside Meritxell Batet en las alegaciones que presentó ante el TC en el marco de la tramitación del recurso presentado por Vox ante el Alto Tribunal, que está ya preparando una sentencia al respecto.

En sus alegaciones, el Congreso subraya que lo único que se suspendió tras el primer estado de alarma fueron "los plazos reglamentarios" que afectaban a las iniciativas que entonces estaban en tramitación, así como los "plazos administrativos y de prescripción y caducidad de los procedimientos administrativos" del Congreso.

Eso se hizo mediante un acuerdo de la Mesa de la Cámara con efectos desde el 14 de marzo. Un mes después, el 13 de abril, se levantó la suspensión de los plazos que afectaban a las iniciativas parlamentarias, mientras que la relativa a los plazos administrativos estuvo vigente hasta el 1 de junio. Éstos últimos afectan a asuntos como oposiciones, concursos, etc.

COMPARECENCIAS DE SÁNCHEZ E ILLA

En su escrito, el Congreso niega que, como sostiene Vox, esa suspensión de plazos supusiera la "paralización" de la actividad parlamentaria ni la "completa interrupción" de la misma. Admite que la suspensión de plazos sí afectó a la tramitación de iniciativas legislativas, en la medida en que se vieron afectados los plazos para la presentación de enmiendas, pero no así al control al Gobierno.

En concreto, subraya que el Pleno se reunió en tres ocasiones entre el 14 de marzo y el 13 de abril --con la comparecencia del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez--, la Comisión de Sanidad otras tres --para escuchar las explicaciones del entonces ministro del ramo, Salvador Illa-- y también hubo una reunión de la Comisión de Trabajo.

Asimismo, esgrime que la Mesa siguió calificando iniciativas de los grupos relativas al control y que se recibieron más de mil respuestas escritas por parte del Gobierno.

"Por tanto, no es cierto que se paralizara el control al Gobierno, precisamente en un momento extraordinario como el que se estaba atravesando. Todo lo contrario, se adoptaron por la Cámara todas las medidas posibles para permitir el ejercicio de las funciones parlamentarias siempre en términos compatibles con las recomendaciones adoptadas por las autoridades sanitarias", asevera el Congreso en sus alegaciones.

Además, recalca que "el Parlamento no se cerró, ni dejó de existir", sino que "continuó trabajando, adaptado, eso sí a las circunstancias extraordinarias derivadas de la declaración del estado de alarma".

El Congreso admite que la situación de excepcionalidad que produjo el estado de alarma le obligó a buscar fórmulas para preservar el derecho de los parlamentarios a ejercer su función teniendo en cuenta las restricciones de presencialidad --derivadas del confinamiento-- y la necesidad de preservar la salud de diputados y personal de la Cámara.

Por eso sostiene que la suspensión de plazos estaba "justificada" y fue una medida "razonable y proporcionada" y que, en cualquier caso, la decisión de la Mesa no fue "autónoma o libre", sino que venía condicionada por las circunstancias.

La Cámara esgrime también que el Legislativo no podía "sustraerse al cumplimiento de las normas públicas generales vinculantes", es decir, las contenidas en el decreto del estado de alarma, y que, en cualquier caso, mantener una actividad similar a la de "tiempos de normalidad" habría supuesto un "ejercicio de irresponsabilidad" que habría contravenido el artículo 9 de la Constitución, al poner en riesgo la salud de quienes desarrollan su labor en el Congreso.

HASTA VOX SE AUTOCONFINÓ

De hecho, como prueba de la percepción del riesgo que tenía Vox, recuerda que sus diputados se pusieron voluntariamente en cuarenta el 10 de marzo tras conocerse que su secretario general, Javier Ortega Smith, estaba infectado, y solicitaron que se parara toda actividad en el Pleno y las comisiones hasta que tuvieran la certeza de que podían volver a la Cámara "sin riesgo alguno para la salud".

Además, el Congreso alega que otras instituciones adoptaron medidas similares de suspensión de plazos, como el propio Tribunal Constitucional, que, remarca "suspendió los plazos procesales y administrativos durante la vigencia el estado de alarma".