El pleno del Parlamento Europeo ha pedido este jueves que se investiguen "a fondo" las revelaciones de los llamados Papeles de Pandora y a todos las personas que aparecen en dicha filtración, al tiempo que ha pedido que la UE adopte nuevas medidas para cerrar las lagunas que todavía permiten la evasión y la elusión fiscal.

En una resolución aprobada con 578 votos a favor, 28 en contra y 79 abstenciones, los eurodiputados instan a las autoridades de la UE a examinar "toda irregularidad desvelada" en los Papeles de Pandora y a todos las personas que aparezcan en ellos.

En particular, la Eurocámara condena que en los documentos aparezcan figuras como el primer ministro checo, Andrej Babis, el presidente de Chipre, Nicos Anastasiades, el ministro de Hacienda de Países Bajos, Wopke Hoekstra, el exprimer ministro británico Tony Blayr o el excomisario europeo John Dalli.

Así, también reclama a la Comisión que estudie la filtración para determinar si es necesario adoptar nueva legislación o si hay que adoptar medidas legales contra algún Estado miembro. La nueva Fiscalía europea, añaden los eurodiputados, también debe evaluar si debe iniciar investigaciones relacionadas.

En la resolución, el Parlamento Europeo insta a los países y al Ejecutivo comunitario a "redoblar sus esfuerzos" para identificar a los verdaderos beneficiarios de las empresas opacas y a intercambiar información sobre ellos.

Del mismo modo, urgen a la Comisión a actuar contra aquellos Estados miembros que llevan retraso en la aplicación de las nuevas normativas comunitarias para combatir el blanqueo de capitales y la evasión fiscal.

En otro punto del informe aprobado, los eurodiputados insisten en que Bruselas debería regular los programas de obtención de ciudadanía o derecho de residencia a cambio de inversiones (los llamados pasaportes o visados de oro), una exigencia que ya han trasladado a la Comisión en otras ocasiones.

Iberdrola se ha comprometido este jueves a no variar los precios eléctricos a la industria para no afectar a la competitividad española con los incrementos del precio del gas natural, siempre y cuando no se perjudique la producción eléctrica con "tributos lesivos", como la 'tasa' a las renovables, y pide al Gobierno la retirada del Real Decreto y la Ley "criticada" por la UE.

"Nuestro compromiso es seguir apoyando a la industria española y ayudar a la prosperidad de nuestro país", ha señalado al respecto Ignacio Sánchez Galán, presidente de Iberdrola.

La compañía constata la voluntad del Gobierno de corregir "aquello que no se ha hecho bien" y llegar a un acuerdo.

En lo que va de año, el hecho de mantener los precios pactados con la industria a pesar del incremento del precio de la electricidad ha ahorrado a la industria española 2.000 millones de euros. "Iberdrola siempre apostará por la industria española", ha remarcado Galán.

Por ello, la energética estima que "ahora que parece evidente ya para todo el mundo que las empresas eléctricas no se han beneficiado en modo alguno del incremento de los precios eléctricos, sino que, muy al contrario, han soportado costes desorbitados del precio del gas natural, el Gobierno debe corregir dos errores, el Real Decreto y la Ley, que bien seguro se produjeron por falta de información".

Por ello Iberdrola anuncia que, en la medida de sus posibilidades, asumirá el incremento de costes energéticos para no trasladar a la industria española la situación de los mercados internacionales, "pero el Gobierno debe entender que no se debe gravar la producción en un momento tan delicado, especialmente tras comprobar que no se han producido beneficios extraordinarios".

De este modo, Iberdrola renovará los contratos de los clientes que lo soliciten con el fin de evitar un problema de costes. La primera compañía energética española y segunda del mundo dice qe asumirá ese esfuerzo "en la medida de sus posibilidades siempre y cuando se retire la tasa a las energías renovables".

Iberdrola recuerda que ya aporta 3.700 millones de euros en impuestos, genera 85.000 puestos de trabajo en España y contribuye al mantenimiento de 400.000 puestos de trabajo en su cadena de suministro, además de tener previsto invertir 150.000 millones de euros hasta 2030 para la descarbonización de España.

UNA CONDICIÓN "RAZONABLE"

La tasa sobre las energías no emisoras del Real Decreto Ley 17 de 14 de septiembre está suponiendo un "grave perjuicio" de 1.000 millones de euros mensuales para las empresas eléctricas españolas, según los cálculos de la compañía.

En este sentido, indica que la Comisión Europea señaló el "error" cometido por parte de una regulación "lesiva" por falta de información del Gobierno de España. La ministra de Transición Ecológica, por su parte, reconoció a Reuters que harían lo que señalara la Comisión.

"Iberdrola siempre estará del lado de la industria de nuestro país", ha señalado el presidente de Iberdrola.

Por eso, la compañía considera que el Gobierno no debe introducir tributos que dañen "nuestra renta disponible como ciudadanos o nuestra capacidad inversora como empresas". En ese punto, Iberdrola semuestra favorable a que el Gobierno haga los cambios necesarios en el Real Decreto y en la Ley para que esto sea así, incluida su retirada. "Todo el mundo se puede equivocar por falta de información y rectificar es de sabios", señala Iberdrola.

LA INTERNACIONALIZACIÓN DE IBERDROLA, BUENA PARA LA INDUSTRIA

El proceso de internacionalización de Iberdrola, cuyo hito principal ha sido las felicitaciones recibidas esta misma semana por parte del primer ministro británico, Boris Johnson y la recepción de la Reina deInglaterra, Isabel II, al presidente de la compañía, es, según Iberdrola, el mejor apoyo a la industria española.

Así, indica que la internacionalización de la compañía ha generado en los últimos meses una producción industrial en España equivalente a 4.000 millones de euros. Por poner un ejemplo, las turbinas que instalaIberdrola en Francia son de Gamesa y las plataformas marinas de Navantia-Windar.

LAS VENTAJAS PARA ASTURIAS

Un ejemplo es Asturias. La 'joint venture' entre Navantia y la asturiana Windar es capital en el desarrollo de la región. Asturias es una de las principales regiones, por seguir con el ejemplo, delos contratos con los británicos.

Además, el proyecto Wikinger de Alemania cuenta con producción de Navantia y Windar por valor de 104 millones de euros. La producción eléctrica de East Anglia del Reino Unido se hace con cimentaciones y pilotes de Navantia-Windar por valor de 153 millones de euros.

Iberdrola ha firmado que el proyecto ST Brieuc en Francia contenga 350 millones de producción industrial de Windar. O Baltic Eagle en Alemania, cuyas 50 piezas de acoplamiento son de la asturiana Windar por valor de 66 millones de euros. O los 113 millones de la propiaWindar en Vineyard de Estados Unidos.

El consejero delegado de Repsol, Josu Jon Imaz, considera que "no es de recibo" que haya industrias que tengan que "parar porque no pueden afrontar los costes energéticos".

Además, ha pedido a las instituciones europeas que, de forma inmediata, pongan más derechos de CO2 en el mercado, lo que, a su juicio, tendría un "efecto inmediato" sobre los recibos eléctricos de los consumidores y sobre la competitividad de la industria.

Imaz ha realizado estas manifestaciones en el Parque Tecnológico de Zamudio (Vizcaya), donde ha ofrecido una conferencia durante la clausura de la XIX Conferencia Internacional de APTE (Asociación de Parques Tecnológicos de España).

En su intervención, Imaz ha asegurado que los derechos de emisión de C2 son "absolutamente indispensables" y ha manifestado que le gustaría que hubiese un "precio de CO2 global".

"Lo que está pasando en estos momentos con los derechos de CO2 en Europa es un movimiento de especulación financiera brutal y, en este momento, los consumidores europeos están pagando el recibo eléctrico sobredimensionado por unos derechos de CO2 que tienen unos precios que están movidos por el motor de la especulación financiera", ha señalado.

Imaz ha indicado que la industria está "parando las operaciones" en España porque "no puede competir por los precios eléctricos que están también movidos por estos derechos de CO2".

"Sin renunciar en absoluto a la ambición climática y de una forma temporal, medida en el tiempo, las instituciones europeas deberían, de forma inmediata, poner más derechos de CO2 en el mercado para hacer bajar este precio del CO2. Lo pueden hacer en 24 horas si quieren y esto tendría un efecto inmediato sobre los recibos de los consumidores y sobre la competitividad de la industria", ha agregado.

CARBÓN

Según ha explicado, no se trata de "aflojar" en la transición energética y en la ambición climática. Ha añadido que, dados los altos precios del gas, muchas plantas de carbón de China y EEUU que podrían alimentarse con carbón y gas, están pasando del gas al carbón y "se aumentan las emisiones de CO2 en el mundo, fruto de que no se ha invertido en el gas".

Imaz ha afirmado que la clave está en ser capaces de abordar la lucha contra el cambio climático y "a la vez impulsar la industria". "Hay que preservar la industria como bien fundamental en todo este proceso de transición". En este punto, ha indicado que la industria "no es deseada por todos" y tiene "detractores", y ha resaltado el hecho de que en los países avanzados el PIB industrial "sube".

Tras subrayar que "no hay innovación sin industria", ha reivindicado esta última y ha asegurado que la pandemia "ha enseñado lo que supone no tener industria".

El CEO de Repsol ha defendido que la transición energética es "indispensable", pero "no una transición de cualquier manera". A su juicio, debe ser una transición "justa". "Y justa no es que me cierran la acería y luego me ponen un centro de interpretación con cuatro puestos de trabajo, que viene luego la gente a visitarnos y nos dedicamos al turismo. Eso no es transición justa", ha añadido.

Josu Jon Imaz ha manifestado que una transición justa es que la industria "tenga la oportunidad de competir" y se "pueda hacer competitiva para hacer frente a los retos de la transición".

TRANSICIÓN COMPETITIVA

Por lo tanto, ha considerado que, además de transición justa, debe ser una transición "competitiva, eficiente y basada en las capacidades tecnológicas e industriales existentes" y "no transición haciendo el canelo".

A veces hacemos transiciones llevados por la ideología o la teología, en algunos casos, y necesitamos algo que termine en 'guía', pero es tecnología, que tiene que ser el auténtico motor de la transición que hay que llevar a cabo", ha agregado.

Imaz ha defendido que se tiene que hacer una transición "pensando en los consumidores y la industria" y ha asegurado, en este sentido, que "no es de recibo" que haya que "enfrentarse a meses en los que las familias tengan que pagar la electricidad a 220 o 250 euros el MW/h generado o a que haya industrias que tengan que "parar porque no pueden abordar los costes energéticos".

Por ello, cree que se debe "repensar" la transición, "manteniendo la ambición en materia de CO2", pero llevando a cabo una "transición justa y competitiva".

GAS NATURAL

Imaz ha reflexionado sobre algunos conceptos que se tienen que tener en cuenta en la transición energética. Uno de ellos tiene que ver con garantizar la seguridad del suministro. "Si sacamos el gas natural de la ecuación y decimos que no podemos explorar ni producir gas natural porque emite CO2, las empresas dejan de invertir en gas natural, la producción baja y luego, de repente, no tenemos gas natural y el recibo de la luz se nos pone a 200 euros MWh. Es la consecuencia de las decisiones que hemos tomado", ha ejemplificado.

Imaz considera también que se necesita una estrategia sobre cómo se aborda la producción de hidrocarburos "con responsabilidad" y ha indicado que, si no se hace a "costes competitivos", los consumidores "lo van a pagar y la industria también en términos de competividad".

ATENCIÓN A LAS FINANZAS SOSTENIBLES

También ha reflexionado sobre las finanzas sostenibles y ha dicho que, si son "para apretar al sector financiero para que no financie proyectos de explotación de gas natural, por ejemplo", no va a haber "inversión.

Por otro lado, ha señalado que descarbonización "no es electrificación". A su juicio, eso es una "falacia". Según ha indicado, la electrificación es una "parte de la descarbonización" y es "necesaria", pero una gran parte de sectores y aplicaciones "no son electrificables" tecnológicamente en los próximos años. "Necesitamos también descarbonizar los líquidos porque, si no, no hay solución", ha añadido.

MOTOR DE COMBUSTIÓN

Imaz ha afirmado que se necesita "neutralidad tecnológica" y hay que "poner a todas las tecnologías a competir". "Aquí no vale eso de decir el motor de combustión, no y vamos al motor electrificado. ¿Por qué? Si en cinco años podemos hacer tecnológicamente un motor de combustión en el que las emisiones sean inferiores en todo su ciclo de vida que un coche eléctrico, ¿por qué se saca del mercado?, ¿por qué se restringe la tecnología?", se ha preguntado.

El CEO de Repsol ha manifestado que "no hay que tener determinismos" y hay que confiar en la evolución tecnológica, y, en este sentido, ha citado los proyectos de hidrógeno que tiene previsto impulsar la compañía. "No se pueden cerrar las puertas a estas soluciones", ha manifestado.

Imaz ha asegurado que la transición energética tiene "muchas oportunidades", pero también hay que "bajar sus costes" y "buscar la ruta más eficiente desde el punto de vista de las políticas públicas para disminuir los costes de la transición".

Además, Imaz ha señalado que se va a seguir necesitando el petróleo en las próximas décadas y lo que se necesitará serán operaciones de extracción de refino que "no emitan CO2". Asimismo, también cree que la transición energética "necesita más plásticos", ya que, "a día de hoy no hay alternativas tecnológicas al plástico".

Imaz ha añadido, por otra parte, que no se pueden "hacer trampas" al medir las emisiones y cree que se debe medir "la huella de carbono global", teniendo en cuenta "todo el ciclo de vida". "Es un mensaje para las instituciones europeas, porque vamos a conseguir desindustrializar Europa, vamos a penalizar a la acería que está emitiendo CO2, que va a tener que cerrar, vamos a tener que comprar el acero de Turquía o de la India, vamos a limpiar nuestras conciencias, pero vamos a emitir más CO2 porque esa planta de Turquía o la India es menos eficiente que la de Asturias o de Bilbao", ha indicado.

El Círculo de Empresarios ha hecho público este jueves el documento titulado 'Un nuevo rumbo para España. Darnos la mano y no la espalda" en el que considera urgente que la política española "recobre el camino del diálogo" para hacer normal en su ámbito lo que es normal en la calle: "la convivencia, el diálogo, la tolerancia, la coincidencia de la inmensa mayoría de los ciudadanos en el centro político".

En el documento, el Círculo señala que, como consecuencia de haber saltado "del bipartidismo al pentapartidismo", la "absurda" confrontación ideológica entre la derecha y la izquierda hace que sólo se puedan hacer pactos en los extremos, con el resultado de "gobiernos radicalizados administrando ciudadanos que no lo están", pero que "puede que acaben estándolo, arrastrados por el agresivo discurso, por la zafia extremosidad de no pocos políticos".

En la presentación de este documento han participado Carmen Mateo, presidenta del Grupo Trabajo de Relaciones Institucionales de la organización, que se ha encargado de su elaboración, y el presidente del Círculo, Manuel Pérez-Sala.

Esta presentación, que ha tenido lugar en el auditorio de la firma Pérez-Llorca Abogados, ha sido seguida de un debate moderado por la periodista Victoria Prego y en el que han participado la abogada Elisa de la Nuez, el periodista Jorge Bustos, y el profesor y analista Víctor Lapuente.

El documento recuerda que la ciudadanía española, en su inmensa mayoría, es "moderada", se ubica desde hace décadas "en el centro del espectro político", con una minoría en la extrema izquierda y otra, más minoritaria aún, en la extrema derecha.

"Se trata de una ciudadanía que huye de aventuras y exige consensos, acuerdos, pactos y visión de largo plazo cuando lo que obtiene es confrontación, discurso de odio, vetos, cordones sanitarios y "tácticas cortoplacistas sin más objetivo que retener o alcanzar el poder", subraya el Círculo de Empresarios.

El propósito que inspira este nuevo documento del Círculo, continuación del titulado 'España, ante una década decisiva', es el de contribuir a encarar la difícil situación que hoy vive España apelando a anteponer el interés general sobre los de los partidos y la estrategia a largo plazo sobre la electoral cortoplacista, resaltando que "el silencio resulta cómplice cuando los intereses generales son menoscabados o no se aprovechan las oportunidades que brindan los acontecimientos".

Se trata de apoyar, subraya, la "bien contrastada" capacidad de la sociedad española para superar situaciones de encrucijada y su disposición para encontrar modos y puntos de encuentro "alejados de posiciones radicales".

La Asociación Nacional de Distribuidores de Cerámica y Materiales de Construcción (Andimac) ha reivindicado el papel de las tiendas de materiales como agentes de la rehabilitación, una nueva figura que recoge el Real Decreto por el que se regulan los programas de ayuda en materia de rehabilitación residencial y vivienda social del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

La patronal ha abogado por un marco común de transposición para eliminar barreras en el acceso de las comunidades autónomas a los fondos, que podría conseguirse gracias a la co-gobernanza entre el Gobierno y las autonomías, lo que también facilitaría la llegada de estas ayudas a comunidades de vecinos y particulares.

Un planteamiento que realiza después de que la ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez, haya hecho un llamamiento en el Congreso a los ayuntamientos y comunidades autónomas para adoptar "las medidas necesarias" en su normativa para asegurar que los programas de rehabilitación de viviendas y edificios "alcancen sus objetivos deseados".

La patronal considera que el principal reto es que la Administración, en sus diferentes niveles, sea capaz de diseñar un proceso que permita hacer más eficiente la concesión de licencias municipales o los propios procesos de tramitación de las ayudas.

En opinión de Andimac, los "cuellos de botella" sólo pueden evitarse bajo un modelo único y excepcional, ligado a la duración de los fondos, que permita vía declaración responsable la puesta en marcha de los proyectos. Y añade que este modelo debe aliviar la carga a los departamentos municipales de urbanismo y ser garantía para los técnicos que firman las obras.

La patronal defiende que el papel de las tiendas de materiales de construcción puede ser determinante para aprovechar al máximo los 5.520 millones de euros de inversión prevista en los programas de ayuda en materia de rehabilitación residencial y vivienda social del Plan de Recuperación, sobre todo debido a que constituyen puntos de venta no masificados y cercanos a los ciudadanos, lo que mejora el acceso a la información y aumenta la eficacia de las ayudas.

DINAMIZAR EL MERCADO

Andimac ha manifestado su respaldo a que este segmento profesional que dispone de miles de profesionales cualificados y puntos personalizados de atención a la ciudadanía, lo que ayudaría al éxito de los programas, como ya sucedió en Alemania.

En cuanto a sus funciones, ha afirmado que pueden contribuir a dinamizar el mercado y facilitar los procesos a particulares y comunidades de propietarios. Asimismo, gestionarán debidamente los trámites administrativos y técnicos que requiere cada proyecto con alianzas con colectivos profesionales especializados.

La patronal ha asegurado que, si la figura queda bien articulada a nivel autonómico, impulsará el mercado de forma significativa. Sin embargo, añade que para que funcione, otros muchos factores deben estar debidamente alineados, desde el problema de la tramitación de visados a nivel local a los posibles trámites administrativos excesivamente complejos.

Según el secretario general de Andimac, Sebastián Molinero, "a la hora de implementar los fondos europeos, el foco debe ponerse en el usuario final. Debe ser el único protagonista y beneficiario y todos, administraciones y agentes, nos debemos a él. Las tiendas de materiales de construcción pueden ayudar a articular las medidas de manera efectiva y sostenible, siguiendo las directrices marcadas por las autoridades comunitarias.

Andimac ha sostenido que estos agentes deben comenzar a operar en cuanto se regule su figura en la transposición del Real Decreto que las comunidades tienen que realizar en las próximas semanas y entiende que el mecanismo de regulación queda sujeto a los criterios de cada autonomía.

Vodafone contratará a 7.000 nuevos ingenieros de software a nivel global para acelerar la construcción de nuevas plataformas como parte de su plan estratégico hasta 2025.

Este plan incluye la creación de un área global de tecnología (Vodafone Technology) que actuará como un gran equipo tecnológico paneuropeo, según un comunicado.

En el último año, el operador ha invertido alrededor de 8.000 millones de euros para construir plataformas escalables del futuro con el objetivo de dejar de ser un operador tradicional y transformarse en un proveedor de conectividad y servicios digitales de nueva generación de escala en Europa y África.

La compañía ha destacado también que desarrollar internamente estas capacidades reduce costes un 20%.

El operador no ha desglosado por países el número de empleos, pero en España tiene decenas de procesos abiertos para captar perfiles técnicos para su centro de investigación en IA en Málaga, que estará dotado de 600 puestos de trabajo.

VODAFONE TECHNOLOGY

El nuevo aporte de ingenieros de software complementará a los 9.000 empleados existentes que ya trabajan en esta área. El equipo desarrollará nuevos productos en campos como el Internet de las Cosas, redes inteligentes y servicios de seguridad cibernética.

El director de Tecnología de Vodafone, Johan Wibergh, ha destacado el rápido "cambio de engranajes" del operador para convertirse en una marca de software global.

Entre las líneas maestras del plan se encuentra reducir el tiempo de desarrollo de proyectos, así como fortalecer las capacidades de la empresa en inteligencia artificial y aprendizaje automático, tecnologías con las que ya han desarrollado proyectos como las recompensas personalizadas por usuarios.

El secretario de Estado de Turismo, Fernando Valdés, ha avanzado este jueves que, con los datos actuales, se va a cumplir la previsión de 16,9 millones de turistas internacionales a final del verano que se proyectó al principio de la temporada.

Valdés, que ha comparecido en la Comisión de Industria, Comercio y Turismo del Congreso de los Diputados, ha indicado que, pese a que los datos de pasajeros aéreos internacionales no equivalen "exactamente" a turistas internacionales, los datos que aportará el INE a principios de noviembre sobre el transporte aéreo confirmarán que entre junio y septiembre llegaron a España "al menos" 16,9 millones de turistas internacionales, lo que equivale al 45% de los que visitaron el país en 2019.

De esta forma, Valdés ha subrayado que "ha sido un buen verano, mejor del que se anticipaba", añadiendo que "no ha sido fruto de la casualidad", sino del "trabajo bien hecho", resaltando la labor de los empresarios y trabajadores del sector y aludiendo también al avance de la vacunación en España.

Asimismo, ha destacado la apertura de las fronteras para visitantes vacunados y la implantación del certificado digital Covid de la Unión Europea, que ha facilitado el acceso al país de turistas extranjeros.

En esa línea, ha añadido que la reactivación turística, tanto internacional como doméstica, ha tenido un "claro impacto" en los datos de afiliación a la Seguridad Social. En concreto, ha indicado que el promedio de afiliación en el sector turístico durante todo el año se mantiene un 10% por debajo del promedio de los nueve primeros meses de 2019. Según los datos publicados este mismo jueves, España cuenta con 134.903 afiliados más que hace un año en el sector.

No obstante, con respecto a las previsiones para los próximos meses, Valdés ha esgrimido que es "preciso ser prudentes" y que "cualquier perspectiva estará condicionada por la evolución de la pandemia y las restricciones que se deriven de ella". Así, ha dicho que no quiere "dibujar un panorama del país de las maravillas ni tampoco un panorama sombrío".

DEFIENDE LA EXCELENTE RELACIÓN CON LA OMT

Cuestionado sobre las afirmaciones de que otro país, Arabia Saudí, hubiese estado interesado en albergar la sede de la Organización Mundial del Turismo (OMT), Valdés ha indicado que no tiene constancia "formal ni oficial" de que otro país haya presentado dicha petición.

El secretario de Estado ha señalado que es necesario disponer de una petición formal para "atender formalmente dicha petición", pero ha recalcado que la OMT tiene su sede en Madrid desde hace 46 años y que su españolidad "no es casualidad", sino que deriva de que España sea "un referente" a nivel turístico internacional.

Para concluir, ha añadido que el Gobierno se ha comprometido de manera decidida con la OMT y que existe una "excelente relación" entre el Gobierno y la organización que "se ve reforzada año tras año en Fitur".

El 69% de los usuarios españoles estaría de acuerdo con que se prohibiera la matriculación de vehículos de combustión a partir de 2030, un cifra similar a la de Reino Unido y muy superior a la de Francia y Alemania, según ha revelado un informe elaborado por Appinio.

La plataforma de investigación de mercados ha llevado a cabo un estudio que analiza la opinión de los consumidores sobre la movilidad eléctrica.

El documento señala además que el 96% de los españoles que tienen un vehículo eléctrico está satisfecho con su compra, y que ocho de cada diez propietarios de coches eléctricos consideran muy probable que su próximo vehículo también sea uno eléctrico.

Las principales razones que motivan la compra de un vehículo eléctrico son, en primer lugar el ahorro de dinero en carburante (48%), seguida de la sostenibilidad (43%) y, en tercer lugar, el interés en nuevas tecnologías (30%). Por el contrario, los motivos más recurrentes que llevan a no comprar este tipo de vehículos son su alto precio (54%), el coste de adquisición elevado (44%) y el limitado número de estaciones de carga (43%).

Resulta igualmente llamativo que el 47% de los españoles considera que su nivel de conocimiento sobre los vehículos eléctricos es bajo. En cuanto a los principales atributos que se asocian a los vehículos eléctricos destacan los precios caros (53%), el respeto por el medio ambiente (48%) y la innovación (34%).

Por último cabe señalar que para el 93% de los españoles las ayudas económicas del Gobierno podrían ser claves en la aceleración de la adopción del automóvil eléctrico como un medio generalizado de transporte.

La Audiencia Nacional ha condenado a Ryanair a revertir los recortes salariales del 10% a 893 tripulantes y del 20% a 608 pilotos aplicados durante la pandemia en sus bases españolas.

Estos recortes únicamente habían sido aceptados por el Sindicato Español de Pilotos de Líneas Aéreas (Sepla), pero la sentencia también beneficia a este colectivo.

De esta forma, la Audiencia Nacional reconoce así la petición de Unión Sindical Obrera (USO) y del Sindicato de Tripulantes de Cabina de Pasajeros de Líneas Aéreas (Sitcpla) en su demanda contra Ryanair y Sepla y condena a la compañía irlandesa a reponer las condiciones previas a julio de 2020.

La Audiencia arguye que Ryanair obró con "ausencia de buena fe negocial", como demuestra la falta de documentación e información, y "llegando a tratar de hacer firmar un acuerdo en dichos términos a las organizaciones sindicales, y todo ello con la amenaza de acometer despidos en caso de que las organizaciones sindicales no se plieguen a tal imposición".

Entre la falta de documentación durante el período de consultas, recalca el Tribunal que en tal análisis "no han comprobado la concurrencia de las causas económicas, organizativas y productivas en las que se fundan las medidas a adoptar" en las bases españolas ni "cuál es el impacto financiero de las mismas en su periodo de implementación".

También le afea a Ryanair que se entregue la documentación en lengua inglesa, lo que "implica una manifiesta intención de dificultar el análisis de la documentación e información por parte de las personas que asesoran a los representantes sindicales".

"MALA FE" EN LAS NEGOCIACIONES

Asimismo, la sentencia ahonda en la "mala fe" de Ryanair en las negociaciones por "el hecho de continuar las negociaciones una vez adoptada la decisión con una sola de las secciones sindicales, fragmentando por grupos profesionales la misma, amén de suponer una eventual lesión del derecho a la libertad sindical, aquí no denunciado, evidencia un desprecio respecto de las secciones sindicales excluidas".

La secretaria general de USO-Ryanair, Lidia Arasanz, ha destacado que "la justicia vuelve a dar la razón a trabajadores y sindicatos contra Ryanair. Con este, ya son 8 los juicios celebrados contra la compañía y todos los hemos ganado".

"Ahora, los afectados podrán reclamar individualmente las cantidades descontadas ilegalmente por la compañía desde julio de 2020 hasta hoy", ha añadido.

La subgobernadora del Banco de España, Margarita Delgado, ha indicado este jueves que más del 60% de las empresas españolas están expuestas a riesgos relacionados con fenómenos meteorológicos, especialmente sequías e incendios, que son los dos elementos más probables en los países de Europa.

En un seminario sobre el papel de los bancos centrales en la supervisión de los riesgos ESG, Delgado ha remarcado que los riesgos climáticos son un nuevo elemento que hay tener en cuenta, tanto los riesgos físicos como los de transición.

Los riesgos de transición son los derivados de la transformación de la economía real hacia modelos productivos más sostenibles siguiendo los cambios regulatorios que se vayan dando en cada momento. Según datos del Banco Central Europeo, en torno al 30% de las empresas españolas están sujetas a riesgo de transición energética por sus elevadas emisiones de carbono.

Con estos datos quiero poner en contexto la importancia que tiene este riesgo en la gestión de las entidades financieras dado que la materialización del mismo puede tener implicaciones graves en la estabilidad financiera por su interconexión con la economía real", ha apostillado la subgobernadora.

Por otra parte, Delgado ha destacado el papel de los bancos centrales en el compromiso alcanzado en el ámbito del Eurosistema sobre inversiones sostenibles en aquellas carteras denominadas en euros y no relacionadas con la política monetaria. El Banco de España se adhirió en julio de 2021 a este compromiso para aplicarlo a carteras propias.

MEJORAR LA REPUTACIÓN PARA MANTENER CLIENTES

En la segunda parte de su intervención, Delgado ha explicado que, gracias a la digitalización y la entrada de nuevos competidores, la fidelidad de los clientes bancarios es menor, por lo que cuidar la reputación de las entidades "es un elemento clave para garantizar el modelo de negocio".

"Hoy en día los clientes pueden cambiar de entidad de manera sencilla, por lo que tener una reputación sólida es un activo a valorar", ha agregado.

Asimismo, la subgobernadora ha incidido en que las entidades financieras han aprendido de los errores del pasado y han reforzado los procedimientos para asegurar que la normativa de conducta se cumpla en todo momento bajo los estándares "más estrictos".

De su lado, Delgado ha valorado el papel de los bancos centrales en este aspecto, resaltando que son conscientes de la importancia de este elemento. "Prueba de ello es que el riesgo reputacional es analizado de manera recurrente como una categoría más del riesgo operacional dentro de nuestro proceso anual de supervisión", ha añadido.

Delgado ha concluido señalando que los supervisores tienen que incidir para que las entidades tengan mecanismos que aseguren el mecanismo normativo y así reducir el riesgo de que la reputación de las mismas se vea afectada.

El consejero de Desarrollo Rural, Ganadería, Pesca, Alimentación y Medio Ambiente de Cantabria, Guillermo Blanco, ha participado este jueves, de forma telemática, en la Conferencia Sectorial de Agricultura y Desarrollo Rural, en la que ha reclamado al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación un mayor apoyo económico a las comunidades autónomas para poder mantener la misma intensidad de ayudas para la nueva programación de la Política Agraria Común (PAC).

Blanco se ha mostrado partidario de recuperar el nivel de financiación del periodo 2007-2013, "y más aún con el escenario reglamentario de una menor contribución FEADER a las medidas que se quieran implantar, lo que repercute en un mayor impacto presupuestario en las comunidades autónomas".

En su intervención, el consejero cántabro ha agradecido al Ministerio su "trabajo y espíritu dialogante", así como los "esfuerzos de su equipo en la comunicación continua" con Cantabria y el resto de comunidades autónomas de la Cornisa, "acercando muchas posiciones y logrando consensos en muchos aspectos", si bien ha recordado al ministro, Luis Planas, que "todavía hay margen para mejorar y acercar posiciones".

En este sentido, ha reclamado la necesidad de que el Plan Estratégico Nacional para la nueva PAC apoye y reconozca la figura del agricultor profesional, informa el Gobierno en un comunicado.

En relación con el pago de la ayuda básica a la renta, Blanco ha mostrado su conformidad con la propuesta del Ministerio de reducir el número de regiones y en la progresiva convergencia, mientras que con el pago redistributivo ha expresado la inquietud común que comparten todas las regiones de la Cornisa Cantábrica respecto a la sistemática del cálculo recientemente modificada.

"Se ha equiparado la explotación de pequeña dimensión territorial con la explotación no profesional, y eso no es así en la Cornisa Cantábrica", ha lamentado Blanco.

ECOESQUEMAS

También ha valorado el trabajo que comunidades autónomas y Ministerio están realizando para "encajar los ecoesquemas" que plantea la futura PAC con las realidades y posibilidades productivas de la Cornisa, si bien "creemos que todavía quedan cosas por afinar".

Así, ha considerado que el ecoesquema de pastoreo extensivo "nos genera mucha inquietud", por lo que ha pedido al Ministerio que se trabaje en la redacción de la ficha correspondiente para "dar tranquilidad al sector".

También ha valorado los avances que se han realizado en la configuración del ecoesquema de la siega y del resto de prácticas a las que se podrían incorporar los ganaderos cántabros.

De igual manera, ha trasladado el apoyo de Cantabria a la distribución financiera de las ayudas asociadas ganaderas, aunque ha advertido de la necesidad de establecer unos límites máximos y una degresividad en esos pagos.

Y ha mostrado su disconformidad con la distribución territorial de los Fondos del Plan de Recuperación y Resiliencia y la escasa cuantía de fondos destinados al sector primario.

"Con una PAC menguante, al menos, para los productores de la Cornisa Cantábrica, un mayor apoyo con estos fondos comunitarios hubiese sido muy bien recibido y hubiese servido para paliar el sentir del sector", ha lamentado Blanco.

En este sentido, ha puesto el ejemplo de la gestión de los purines ganaderos y ha señalado que Cantabria recibe 848.044 euros de un total de casi 103 millones de euros para afrontar este asunto.

"Sabemos bien que difícilmente podremos asumir una solución pública con esos fondos, por lo que solo cabe desear que ganaderos valientes apuesten por soluciones individuales y, en cualquier caso, llegará para pocas ganaderías", ha indicado Blanco.

Al finalizar la reunión, el ministro Planas ha comprometido el encargo de seguir trabajando en la definición final del Plan Estratégico Nacional para entregarlo en tiempo y en forma a la Unión Europea antes del 31 de diciembre de 2021.

El Gobierno regional se ha opuesto este jueves a la propuesta de Plan Estratégico Nacional para la futura Política Agraria Común (PAC) realizada por el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, "por ser incompatible con las reivindicaciones de los agricultores y ganaderos de la Región de Murcia, no recoger las medidas necesarias para el desarrollo medioambiental y las graves consecuencias que esto tendría para el sector agrario".

Así lo señalado el consejero de Agua, Agricultura, Ganadería, Pesca y Medio Ambiente, Antonio Luengo, tras la Conferencia Sectorial de Agricultura y Desarrollo Rural, que se celebró de manera telemática, "donde se ha puesto de manifiesto, una vez más, la falta de consenso y de diálogo del Gobierno de España, ya que llevamos muchos meses sin encontrar un punto de acuerdo dada su incapacidad de negociar".

Entre los aspectos "que no podemos aceptar bajo ningún concepto", destaca "el mantenimiento de los derechos históricos; la definición de agricultor activo ligada únicamente a la posesión de tierras; el establecimiento de un sistema de regiones que impide cobrar una misma ayuda a agricultores que se encuentran en las mismas condiciones productivas; o el mantenimiento de unas ayudas asociadas que olvidan a sectores sin base territorial", según informaron fuentes del Gobierno regional en un comunicado.

Por otro lado, "apoyamos la aplicación de un pago redistributivo destinado a los productores profesionales, pero consideramos que este pago tiene que venir de la mano de un concepto de agricultor profesional que esté integrado en la definición de agricultor activo", destacó el consejero, "además de potenciar las ayudas para jóvenes agricultores y ganaderos que posibilite el cambio generacional sin poner en riesgo la producción".

En cuanto al diseño de los ecoesquemas, "proponemos y defendemos la implantación de ecoesquemas prácticos y como incentivo económico para los agricultores y ganaderos que deseen aplicar modos de producción más beneficiosos para el clima y el medio ambiente", explicó "que vayan ligados a la lucha frente a la desertificación a la que nos enfrentamos en la Región de Murcia".

"FALTA DE CONSENSO Y TRANSPARENCIA"

Por otro lado, y en cuanto al transcurso de la reunión, el consejero lamentó que "el ministro Planas haya decidido realizarla mediante videoconferencia, ya que la pasada reunión del mes de julio ya fue presencial, lo que resta posibilidad de debate y diálogo entre las comunidades, y termina convirtiéndose en un monólogo que nos impide mantener una verdadera negociación".

Del mismo modo, reiteró "el malestar por la opacidad y falta de transparencia del Ministerio, que sigue sin aportar el estudio de impacto del Plan Estratégico de la PAC, que solicitamos el pasado 14 de julio, así como documentación e información necesaria para conocer el punto en el que nos encontramos o los aspectos sobre los que tenemos que alcanzar un acuerdo".

Una situación que ha generado en el sector agrario "un sentimiento de incertidumbre notable sobre el resultado final que tendrá la aplicación de las nuevas líneas de ayuda", destacó Luengo, añadiendo que "frente a lo que ocurrió en anteriores reformas de la PAC, la actual está motivando tensiones y desencuentros de opinión muy grandes que no benefician a nadie".

El consejero de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente del Gobierno de Aragón, Joaquín Olona, ha lamentado este jueves el "enfoque político" de la nueva PAC "adoptado por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación y apoyado por una mayoría de comunidades autónomas", que ha quedado "visto para sentencia".

Olona ha mostrado su "total desacuerdo" ya que "no defiende el modelo de agricultura profesional y familiar" que proponía este territorio. Se ha pronunciado así en declaraciones a los medios de comunicación con motivo de su participación en la Conferencia Sectorial de Agricultura que se ha celebrado online.

En ella, el ministro del ramo, Luis Planas, ha presentado a la comunidades autónomas el Plan Estratégico Nacional para la reforma de la PAC en España, cuyo enfoque general ha quedado definido en esta reunión, si bien quedan "muchísimos detalles" de carácter "técnico", ha apuntado Olona.

Asimismo, ha señalado que ha defendido "hasta el último momento" la posición aragonesa y ha mostrado su "total desacuerdo" al pacto alcanzado porque "no apuesta lo suficiente por el modelo familiar y profesional agrario" ya que mantienen los derechos históricos, con lo que persisten las "anomalías" del sistema de ayudas.

El consejero ha puesto de relieve que el mantenimiento de los derechos históricos va a hacer que quienes no tienen ganado "sigan cobrando, mientras que si los que sí tienen cobren de manera insuficiente", o que aquellos que ya no realizan ninguna actividad agraria "sigan percibiendo ayudas", mientras que los jóvenes que se incorporan "tengan dificultades o incluso queden al margen de los pagos".

Además, ha apuntado que este criterio dificultará "que se terminen de resolver las diferencias territoriales con el grado de satisfacción que nos hubiera gustado".

CAMBIOS INSUFICIENTES

Olona ha valorado que la nueva PAC cuente con una "ayuda a la renta" y se vaya a producir una "redistribución" como cuestiones en las que el Ministerio "ha sido sensible a lo planteado desde Aragón", aunque se trata de avances "muy insuficiente".

El consejero ha insistido en su oposición al Plan Estratégico Nacional para la reforma de la PAC, que ha considerado "poco ambicioso", por su "insuficiencia" en el apoyo al "modelo profesional y familiar agrario" del que ha dicho "no basta con una defensa retórica, hay que traducirlo en hechos" y ha afirmado que las decisiones políticas que se acaban de tomar no son las que necesitan "y merecen nuestros agricultores profesionales".

En su intervención en la Conferencia Sectorial, el consejero se ha referido a las limitaciones que suponen "la ralentización del proceso de convergencia, la escasa reducción del número de regiones agronómicas, el insuficiente aumento atribuido en los pagos por hectárea en las zonas menos productivas, así como a la ayuda asociada al ovino extensivo, como sector especialmente crítico".

Asimismo, ha calificado de "poco exigente" la definición de agricultor activo "como beneficiario de los pagos directos" y tampoco cree que los agricultores profesionales con mayores dificultades de renta "se vean beneficiados en la aplicación de la ayuda redistributiva".

En relación a los ecoesquemas, Olona ha dejado clara "la necesidad de mejorar la integración ambiental de la agricultura y la ganadería" y ha reconocido "el esfuerzo que se está haciendo para facilitar el acceso a esta herramienta a los agricultores". También ha recibido positivamente que se hayan desvinculado "totalmente" del sistema de derechos individuales y de referencias históricas.

PRÓXIMO ANÁLISIS

Olona ha mostrado su preocupación "por las dificultades que, para su propia implementación y desarrollo, pueden derivarse de la insuficiente apuesta del Plan Estratégico Nacional por la profesionalidad que defendemos desde Aragón".

Por eso, ha pedido "apurar los márgenes técnicos que todavía existen en el cierre definitivo del Plan, para su aprobación y posterior aplicación".

A su entender, es "muy prematuro" detallar las consecuencias del plan aprobado, pero ha adelantado que al final de la semana próxima presentará "una evaluación estimativa" del impacto que los acuerdos adoptados "van a suponer para Aragón".

El consejero de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural de la Junta de Castilla y León, Jesús Julio Carnero, ha reconocido este jueves "algunos avances" en las propuestas sobre el pago redistributivo a modo de doble umbral que compensa en mayor medida a los agricultores profesionales con un rango de superficie medio-alto, pero ha considerado que esa mejora es aún "insuficiente" ya que Castilla y León demanda este pago "en exclusividad" para todos los profesionales y, en cualquier caso, "claramente" enfocado a ellos.

Este es uno de los principales asuntos analizados en la Conferencia Sectorial de Agricultura y Desarrollo Rural presidida por el ministro del ramo, Luis Planas, para avanzar en la elaboración del Plan Estratégico de la nueva PAC, cuyo borrador se tiene que presentar ante la Comisión Europea el 1 de enero "como fecha límite inexcusable", un encuentro en el que Carnero ha vuelto ha reivindicar la figura del agricultor activo, con dos premisas básicas, que cotice en la Seguridad Social Agraria y reducir el actual límite de percepción de las ayudas de 5.000 a 2.500 euros, como corresponde al "modelo profesional" de Castilla y León.

"Para nosotros esto es algo importante y trascendente porque estamos hablando del futuro de la PAC y del futuro de la agricultura y de la ganadería y, no sólo en Castilla y León, si no en España", ha manifestado para añadir: "Castilla y León no comparte que se incluyan como agricultores activos los que perciben hasta 5.000 euros sin ningún otro condicionante. Ese límite, de aplicarse, habría que reducirlo a 2.500 euros".

Carnero ha cuestionado también el nuevo planteamiento de porcentaje en la reserva nacional para asignación de nuevos derechos que, según exigirá Castilla y León, no debe superar el 2%, y no de un 3% y un 1% adicional en 2024, y ha insistido en la necesidad de incorporar un Plan Nacional Sectorial para el ovino caprino, en el marco de las nuevas intervenciones sectoriales como va a haber para el olivar. "El ovino y caprino es un sector que tiene una buena base cooperativa, tiene buen potencial y es necesario fomentarlo en toda España", ha explicado el consejero.

El consejero castellanoleonés sí se ha mostrado conforme con la eliminación de la degresividad en las ayudas asociadas, una reivindicación de Castilla y León al respecto ya que implicaba que, a partir de un número determinado de animales o hectáreas, si iba a percibir menos ayudas.

En el caso del "otro gran apartado", el de los ecoesquemas, que había quedado sin definir en el primer encuentro del 14 de julio, Carnero ha constatado que se está "trabajando bien" ya que se ha conseguido el modelo de diversificación por explotación que proponía Castilla y León frente al de rotación anual, si bien la Junta pretende que "se afine un poco más" en los plazos para dar una mayor respuesta a las demandas de la Comunidad.

Carnero ha tachado de "muy exigente" el porcentaje del 40% establecido para las rotaciones de cultivos, que Castilla y León pide al 30% para dar solución a las rotaciones en el cultivo del maiz, y ha advertido de que todavía no se ha definido bien la práctica de la agricultura de conservación y de siembra directa, para lo que ha pedido un trabajo técnico específico al tratarse de una medida "con gran potencialidad" para Castilla y León que cree que la definición actual no responde aún con las expectativas de los productores interesados en las mismas.

En cuanto a las prácticas de los ecoesquemas, ha vuelto a reivindicar que se elimine la degresividad que sí mantiene el Ministerio y ha compartido la necesidad de llevar a cabo una labor de concienciación entre todos para que los productores se acojan al mayor número posible de ecoesquemas.

Respecto a la ayuda básica, se ha mostrado "totalmente de acuerdo" con la simplificación de las llamadas regiones productivas, que pasan de 50 a 20 en lo que considera "una situación equilibrada que no perjudica a Castilla y León".

Según ha detallado, para Castilla y León también es fundamental el apoyo a los jóvenes y la diferenciación de la mujer en la PAC y ha recordado que en la nueva PAC los jóvenes tendrán un pago durante cinco años que duplica el valor actual pues pasa del 50% del importe medio de cada región productiva al 100%. Además, se incrementa el número de hectáreas por las que recibirá esa ayuda que pasa de 90 hectáreas a 100. En el caso de mujeres esta ayuda para jóvenes se incrementará en un 10%.

En lo que respecta a las ayudas asociadas a la producción, ha destacado que las ayudas a los sectores ganaderos del vacuno de leche y del vacuno de carne, así como para el ovino y caprino tanto de leche como de carne, consoliden su situación "incluso con incrementos en los importes" y ha asegurado que se mantendrán las ayudas al cultivo de la remolacha, como las ayudas a la producción de proteína vegetal, que aumentará.

"Para nosotros, la agricultura profesional debe ser el eje principal sobre el que pivote la nueva PAC", ha sentenciado el consejero que ha admitido que Castilla y León está "un poco sola" en la defensa de la figura del agricultor profesional aunque hoy sí se han pronunciado en este sentido las consejeras de País Vasco y Cataluña, como Navarra en otras ocasiones.

Carnero ha destacado el "buen tono" de la reunión y ha llamado a seguir trabajando en pro del consenso con la esperanza de "avanzar todo lo posible" en noviembre en el borrador del Plan Estratégico de la nueva PAC que se aplicará a partir del 1 de enero de 2023 "con el mayor grado de reconocimiento posible".

El secretario general de Comisiones Obreras (CCOO), Unai Sordo, ha insistido este jueves en que en las próximas semanas se producirán "sí o sí" modificaciones en la reforma laboral, para poder cumplir con los plazos comprometidos por el Gobierno a Bruselas, antes de que termine el año.

"Sí o sí en las próximas semanas la reforma laboral se va a ver modificada y espero que se vea modificada en un sentido favorable para los intereses de los trabajadores", ha dicho Sordo en la rueda de prensa posterior a la inauguración del 12º Congreso Confederal de CCOO.

Sordo ha recordado que, antes de la pandemia, las negociaciones sobre la reforma laboral se encontraban en un estado "muy avanzado", sobre todo en lo referente a la negociación colectiva. Sin embargo, con el coronavirus "han cambiado las circunstancias" y también los tiempos, con diciembre como plazo límite para presentarlo a Bruselas, lo que implica que el diálogo entre las partes debe concluir antes.

"La Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE) no está de acuerdo con la orientación de lo que hemos hablado en la mesa. Ahora hay que hablar de contratación, despido y flexibilidad interna. Cuando tengamos cerrada esta negociación, tenemos que ver si se dan las posibilidades de llegar a un acuerdo tripartito o no", ha explicado.

A pesar de que el tiempo juega en contra de las negociaciones, Sordo ha señalado que "dos meses y una semana dan para mucho" y ha subrayado que su sindicato está dispuesto a negociar "siete días por semana, si es necesario".

Sordo también ha urgido al Gobierno a dar "un golpe de timón" y tomar medidas para dar respuestas a la gente "que tiene deterioradas sus condiciones de trabajo" como consecuencia de la reforma laboral anterior.

SUBIDA DEL SMI

Sordo también ha hecho ante los medios un "balance satisfactorio" de sus últimos cuatro años al frente del sindicato. Un periodo dividido en dos etapas marcadas a causa pandemia, pero ambas protagonizadas por "el diálogo social".

Entre los logros de estos cuatro años, el sindicalista ha citado las negociaciones sobre la subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) y la promesa del Ejecutivo de mantener esa senda.

"Me quedo con el compromiso de la subida del SMI al 60% de la media salarial (...). El SMI, si hoy se situara en el 60%, estaría en el entorno 1.050 euros por 14 pagas. No he interpretado ningún cambio de posición del Gobierno", ha asegurado Sordo.

El sindicalista también ha felicitado al sindicato por haber salvaguardado la tasa de cobertura de los convenios colectivos y por haber "soslayado" los efectos de la anterior reforma laboral.

En cuanto a la organización interna de CCOO, en estos cuatro años de gestión ha aumentado un 5,6% la afiliación, con un 46% de afiliadas. Además, se ha logrado que el 84,3% de la financiación provenga de ingresos propios.

Sordo ya ha adelantado que el sindicato no puede sostener su independencia con las cuotas actuales para afiliados y ha pedido "corresponsabilidad" para mantener la autonomía de los "poderes económicos y políticos".

"Tienen que ser cuotas que sirvan para tener un volumen de sindicalistas, abogados, técnicos, laboralistas... de primer orden", ha añadido.

Sordo también ha citado la relación entre los sindicatos y la patronal durante la pandemia, con el diálogo social como "contrapunto a la crispación política".

"Organizaciones tan distintas y tan distantes hemos sido capaces de diagnosticar un interés común para cerrar acuerdos que han salvado empresas y empleo", ha comentado el secretario general de CCOO.

Además, en referencia a la patronal, ha sostenido que el marco bipartito tiene "un potencial enorme" en España y se ha mostrado dispuesto a negociar el quinto acuerdo por el empleo y la negociación colectiva con la CEOE. No obstante, Sordo ha puesto como condición esperar a que concluyan las negociaciones de la reforma laboral.

La canciller de Alemania, Angela Merkel, ha abogado por reaccionar "con prudencia" al aumento de los precios de la energía para no "inhabilitar completamente" el mercado, al tiempo que ha defendido la necesidad de poner en marcha "mecanismos de apoyo social" para hacer frente a la situación.

"Creo que tenemos que reaccionar con prudencia, no debemos inhabilitar completamente el mercado, sino aportar más mercado, pero en cualquier caso necesitamos mecanismos de apoyo social", ha asegurado en declaraciones a los medios a su llegada a la cumbre de jefes de Estado y de Gobierno de los Veintisiete en Bruselas.

Merkel ha subrayado la importancia de distinguir "claramente" los "desafíos" derivados del cambio climático, por un lado, y el escenario actual de escalada de los precios de la energía, por otro; subrayando así que el alza de los precios no está relacionado con la lucha contra el cambio climático.

"Ahora tenemos que preguntarnos qué lleva a que los precios energéticos estén tan altos", ha explicado, después de enfatizar que el paquete climático de la UE para reducir emisiones de CO2 es "otra cosa".

Los Veintisiete tienen previsto debatir en una de las sesiones del Consejo Europeo que arranca este jueves sobre la volatilidad en los mercados energéticos y España aspira a reactivar el proceso de medidas más ambiciosas para hacer frente a la situación, después de que la Comisión Europea circunscribiera la reflexión sobre las iniciativas que reclama España a una reflexión de medio largo plazo.

Para el corto plazo, el Ejecutivo comunitario aboga por priorizar medidas que ya están previstas en el marco europeo, por ejemplo con ayudas directas a hogares y empresas o recortes de tasas e impuestos que representan aproximadamente un tercio de la factura de la electricidad.

España, no obstante, piensa que esta respuesta es insuficiente e intentará que los jefes de Estado y de Gobierno hagan referencia a medidas más ambiciosas, como una plataforma para la compra conjunta de gas para crear una reserva estratégica, una mayor lucha contra la especulación en el mercado de carbono o una revisión del sistema energético europeo para que el gas pierda peso en la fijación de precios.

La vicepresidenta primera y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Nadia Calviño, confía en tener la reforma laboral aprobada antes de final de año, por lo que descarta prolongar la negociación y, para ello, el Gobierno intensificará en las próximas semanas los contactos con los agentes sociales, con el objetivo de llegar a un acuerdo y concretar ese "paquete de medidas equilibrado" que se enmarca dentro de lo comprometido con Bruselas para recibir los fondos europeos 'Next Generation EU'.

"A partir de estas próximas semanas tenemos que empezar a trabajar intensamente con los agentes sociales", ha anticipado la ministra en declaraciones de los medios de comunicación tras participar en el 12º Congreso Confederal de CCOO.

Así, el objetivo es tratar de tener ese acuerdo y aprobar la reforma laboral antes de final de año para tener un marco que proporcione seguridad jurídica a trabajadores y empresas y encauce una creación de empleo digno y una mejora de las condiciones laborales, de la productividad, la inversión en capital humano y, por tanto, el crecimiento potencial de España a partir del año próximo.

Hasta ahora, la responsable económica del Gobierno ha explicado que tan solo ha habido "contactos preliminares" con los agentes sociales y que no se ha iniciado la fase de negociación y concreción de ese paquete "equilibrado" de reformas.

"Digo siempre que es equilibrado porque muchas veces la atención se centra en uno u otro elemento y creo que de aquí a final de año el reto que tenemos es el de llegar a un acuerdo sobre todos los elementos que forman parte de esa hoja de ruta, definida de forma conjunta con los agentes sociales y plasmada en el Plan de Recuperación", ha señalado.

En concreto, se trabajará con los agentes sociales para abordar cuestiones como la simplificación de los contratos laborales o la reducción de la temporalidad excesiva. Además, se abordará la modernización de la negociación colectiva, la regulación adecuada de las subcontratas o el establecimiento de un nuevo mecanismo de estabilidad y estabilización del empleo que permita tener la necesaria flexibilidad interna de las empresas "pero sin la destrucción de empleo".

"Ese es el conjunto de reformas por el que vamos a trabajar con los agentes sociales con el objetivo de que se apruebe antes de final de año", ha remarcado la ministra. En este sentido, ha recalcado el interés del Gobierno en tener "cuanto antes" ese acuerdo para encauzar la creación de empleo que se puede derivar de esta fase expansiva de la economía.

EMPLAZA A "TODOS" A SUPERAR EL DEBATE 'CONTRARREFORMAS-REFORMAS'

La vicepresidenta ha señalado que lleva desde su llegada al Gobierno emplazando a todos a superar el debate entre reformas y contrarreformas en materia de empleo y ha abogado por trabajar "mirando al futuro", abordando un paquete "equilibrado" de cambios que modernicen y europeicen el mercado laboral.

En este sentido, confía en que este paquete de medidas permita dejar atrás esas "lacras y lastres" para el crecimiento y sobre todo los elementos "tan negativos" para la desigualdad y la precariedad que afecta sobre todo a los jóvenes.

Sobre las palabras de la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, en las que insta a los empresarios que dicen no encontrar trabajadores a que paguen más a los trabajadores, Calviño ha coincidido en que el mercado laboral español arrastra un conjunto de problemas estructurales y espera que la reforma laboral permita una mejor adecuación de la oferta y la demanda, la creación de empleos de calidad y una subida de la productividad y la inversión en capital humano que permita la mejora también de los salarios.

EVITAR QUE LA INFLACIÓN SE CONVIERTA EN FENÓMENO ESTRUCTURAL

En cuanto al alza de la inflación en estos últimos meses, Calviño dice que no debe sorprender que haya un rebote, ya que se compara con el "excepcional" año 2020, aunque ha advertido que lo que se debe evitar es que se convierta en un fenómeno estructural.

Lo que sí le preocupa, según ha reconocido, es el alza en los precios de la energía y los cortes y dificultades que se están manifestando en las cadenas de suministros globales, ya que "están teniendo un impacto sobre la economía real y sobre el terreno".

Por eso, he recordado que España está tratando de liderar una respuesta europea y global para lograr cuanto antes una bajada de los precios energéticos y que los beneficios de las energías renovables, que son las más limpias y baratas, se trasladen a los consumidores y empresas.

El primer ministro belga, Alexander de Croo, ha dicho este jueves que no se opone a estudiar la posibilidad de compras conjuntas de gas a nivel europeo si ello puede ayudar a países como España a hacer frente a la volatilidad de los precios de la energía, pero ha dudado de que una medida de estas características fuera a tener un "impacto enorme" en la crisis actual.

"A corto plazo no creo que tenga un impacto enorme pero son cuestiones que hay que investigar de todos modos, porque creemos que la dificultad de los precios elevados estará aún un cierto tiempo y puede volver en el futuro", ha declarado De Croo a la prensa en Bruselas, a su llegada a la cumbre de líderes de la UE.

El liberal flamenco ha dicho "no estar en contra" de la compra de gas conjunta como principio, aunque ha apuntado que la situación entre los Estados miembro es "muy diferente", poniendo como ejemplos contrapuestos la situación en Bélgica, "país enormemente conectado a redes de energía", y España, país que ha definido como "una isla energética".

Por ello, ha reiterado, España es un caso "un poco particular" y no se opone a esta medida "si ello puede ayudar a ciertos países". El primer ministro belga ha considerado positivo que sobre la mesa de los líderes haya "muchas medidas" sobre las que discutir y ha incidido en la importancia de "qué puede ayudar a controlar mejor" los precios.

Los Veintisiete tienen previsto debatir en una de las sesiones del Consejo europeo que arranca este jueves sobre la volatilidad en los mercados energéticos y España aspira a reactivar el proceso de medidas más ambiciosas para hacer frente a la situación, después de que la Comisión Europea circunscribiera la reflexión sobre las iniciativas que reclama España a una reflexión de medio largo plazo.

Para el corto plazo, el Ejecutivo comunitario aboga por priorizar medidas que ya están previstas en el marco europeo, por ejemplo con ayudas directas a hogares y empresas o recortes de tasas e impuestos que representan aproximadamente un tercio de la factura de la electricidad.

España, no obstante, piensa que esta respuesta es insuficiente e intentará que los jefes de Estado y de Gobierno hagan referencia a medidas más ambiciosas, como una plataforma para la compra conjunta de gas para crear una reserva estratégica, una mayor lucha contra la especulación en el mercado de carbono o una revisión del sistema energético europeo para que el gas pierda peso en la fijación de precios.