La ley que iba a castigar con cárcel las terapias de conversión no se va a aprobar. La convocatoria de elecciones para el 29N y la disolución de las Cortes la dejan decaer.
Qué decae exactamente y a qué se renuncia
Se trataba de una proposición de ley orgánica que quería añadir un artículo 175 bis al Código Penal para castigar estas prácticas con hasta cuatro años de prisión. El texto definía esos esfuerzos como ECOSIEG —Esfuerzos de Cambio de Orientación Sexual e Identidad o Expresión de Género— y también preveía penar a quien derivara a otra persona a una de estas prácticas.
El Congreso le dio el visto bueno el pasado mes de junio con 179 votos a favor, 32 en contra y 137 abstenciones, por encima de la mayoría absoluta que exige una reforma legal de este calado. Solo faltaba la Cámara Alta. Ese paso ya no se va a dar.
A quién deja en el aire el adelanto electoral
El punto de partida es una laguna: la ley estatal de 2023 prohíbe las terapias de conversión, pero solo como infracción administrativa. Sanción, no delito. Sin la reforma penal, quien somete a otra persona no se sienta ante un juez. Saúl Castro, presidente de la Asociación Española contra las Terapias de Conversión, sostiene que las personas sometidas ahora mismo 'van a seguir sin ser consideradas víctimas del delito'.
Su asociación impulsó el texto y cerró el compromiso de apoyo del PP. Castro confía en que la demanda entre en los programas electorales de los grupos que votaron a favor y en que los populares acepten tramitarla 'independientemente de cuáles sean las mayorías'. La letra pequeña: una proposición que decae vuelve a la casilla de salida.
El decaimiento no borra todo lo hecho. En julio de 2026, el Ministerio del Interior publicó el protocolo que permite a las personas extranjeras rectificar su sexo y nombre en los documentos de la Policía Nacional. También salió el real decreto de igualdad y no discriminación en el empleo, con un protocolo de acompañamiento trans en el ámbito laboral desde marzo de 2026.
La reforma penal superó el Congreso en junio y no llegará al Senado: lo que queda en vigor son protocolos y estrategias, no penas de cárcel.
Una instrucción de la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública permitió, además, que las parejas de mujeres no casadas inscriban la filiación de sus hijos sin pasar por la adopción. Y en julio de 2025 el Gobierno aprobó sus dos primeras estrategias estatales sobre derechos LGTBI y personas trans, con carácter cuatrienal.
Ese despliegue explica, según Paula Iglesias, presidenta de FELGTBI+, que España haya llegado en 2026 al primer puesto de Europa en derechos LGTBI por primera vez, poniendo fin a diez años de liderazgo de Malta.
Y una segunda norma se queda en el cajón: la proposición sobre derechos de las personas no binarias e intersex, registrada en abril de 2025 por Kaleidos y No Binaries España con el respaldo de Sumar. Planteaba una tercera casilla en el Registro Civil, atención sanitaria integral para las personas intersex y el fin de las modificaciones genitales correctivas. 'Se ha quedado ahí, en un cajón', lamenta Darko Decimavilla.
Por qué unas medidas sobreviven al adelanto y otras no
El contraste más útil está en el mismo balance. La pelea contra el discurso de odio no avanza por la vía parlamentaria, sino a través del Pacto de Estado frente a los discursos de odio contra grupos en situación de vulnerabilidad, firmado por CEAR, Fundación Triángulo, Chrysallis, Fundación ONCE, CERMI, CCOO y UGT. Un pacto no decae con un cambio de Gobierno. Una proposición de ley a medio camino, sí.
Hay otro precedente en la propia ley de 2023. Su punto más sensible, el derecho de las personas extranjeras a rectificar su documentación aquí, estuvo sobre el papel más de tres años, hasta el protocolo de este verano. Traducido: aprobar una ley no es lo mismo que hacerla funcionar. Y en este caso ni siquiera se ha llegado a aprobar.
Qué pasa desde ahora. El 29N hay elecciones y el Congreso electo debe constituirse en un plazo máximo de 25 días, según la Constitución. Después, un nuevo calendario: registrar otra vez el texto y negociar mayorías. Castro confía en el compromiso del PP adquirido este verano; el Pacto de Estado contra el odio seguirá su camino al margen de quién gobierne.
📌 En claves: lo que debes saber
- Qué ha pasado: La disolución de las Cortes para el 29N deja decaer la ley que iba a castigar con cárcel las terapias de conversión, aprobada por el Congreso en junio.
- Por qué te importa: Sin reforma penal, estas prácticas siguen siendo una infracción administrativa: quien las aplica no comete delito y la víctima no puede denunciarlo como tal.
- A quién afecta: A las personas sometidas a estas prácticas, al colectivo LGTBI y a las entidades que impulsaron la norma. También a las personas no binarias e intersex.
- Hacia dónde vamos: Las nuevas Cortes deberán registrar el texto desde cero tras el 29N. Su futuro depende de las mayorías y del compromiso del PP, según la asociación impulsora.
