La vicesecretaria general del PSOE, Adriana Lastra, ha destacado que los datos del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) evidencia la «confianza» de la sociedad española en la labor del Gobierno, frente a la «realidad paralela» de «apocalipsis eternos» que proclama el líder del PP, Pablo Casado.

En este sentido, ha desgranado los datos muy satisfactorios para el PSOE del barómetro del CIS, pues les otorga ocho puntos de ventaja en intención de voto directo y otros nueve en estimación de voto. Un reflejo del respaldo ciudadano a la acción del Ejecutivo, que cumple con sus promesas de recuperación «justa».

Durante una comparecencia telemática, Lastra ha destacado los datos económicos que presenta España y que revelan una «rápida» salida de la crisis del Covid-19 y la «fortaleza» de la recuperación, pues España se sitúa entre los países europeos que «más crece y más empleo genera» combinado con «justicia social. Frente a ello, ha criticado que es «triste» la sensación que arroja Casado al desear que a «España le vaya mal para que a él le vaya bien».

PREGUNTA A CASADO SI APOYARÁ LAS MEDIDAS PARA BAJAR LA LUZ

También ha desgranado que las empresas energéticas defienden sus intereses privados, pero el Gobierno tiene la «obligación» de velar con el interés general, algo que está haciendo a tenor del paquete de medidas recientemente aprobado para abaratar la luz.

No obstante, Lastra ha especificado esa defensa del interés general no es exclusiva del Gobierno sino de todos los representantes públicos y, en consecuencia, ha preguntado a Casado si se va a alinear en esa posición apoyando el decreto-ley del Ejecutivo o «una vez más va a dar la espalda a los españoles con tal de atacar al Gobierno».

DERECHA «NEGACIONISTA»

Finalmente, ha lamentado que el líder del PP solo tenga palabras para «sembrar miedo y desconfianza» a una ciudadanía que mira el futuro con «esperanza». Y es que echa de menos una oposición «moderada» frente a la deriva de Casado, que convertido al PP en la derecha «negacionista» por sus pactos con Vox y que llega a proclamar que la «homofobia no existe».

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha pedido al presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, «el mismo trato» que el otorgado a Cataluña porque es «lo sensato y justo» y le ha reclamado de nuevo que «actúe con responsabilidad y mantenga una bilateralidad» con Andalucía.

Así se ha pronunciado Moreno tras la pregunta de la portavoz de Ciudadanos Andalucía, Teresa Pardo, en la sesión de control del Pleno del Parlamento, donde ha afirmado que a Andalucía «le asiste la razón» en esa petición de «bilateralidad».

El presidente andaluz ha subrayado que durante estos dos años y ocho meses de legislatura «se ha aplicado una hoja de ruta de cambio reformista» porque la comunidad «necesitaba cambios políticos» y en las «recetas» de la gestión del día a día. «Lo hemos tratado de hacer en todos los ámbitos, especialmente en los servicios públicos», ha enfatizado, a la vez que ha remarcado que «ha habido una apuesta más que importante en el ámbito sanitario y educativo».

Igualmente, ha insistido que el gobierno andaluz está trabajando para que en el 2021-2022 se cuente «con 850 millones de euros para obras en hospitales y centros de salud». «Queremos poner especial interés en atención primaria», ha afirmado Moreno, al tiempo que ha valorado a los trabajadores sanitarios.

«Hemos trabajado para dar oportunidad al enorme talento que hay en Andalucía», ha asegurado Moreno, que también se ha mostrado «satisfecho» por que el trabajo realizado «empiece a dar sus frutos» y ha puesto como ejemplos «el crecimiento por encima de la media nacional» o el incremento de las exportaciones.

El presidente ha asegurado que Andalucía es «una potencia» y que, por ello, «tiene que ser la locomotora de España». «De esa ambición no nos baja nadie, creemos en Andalucía y en los andaluces», ha indicado. Por ello, Moreno ha reclamado «el acompañamiento del Estado» y ha lamentado los «problemas» de financiación. «Es terriblemente injusto», ha criticado.

Así, ha señalado que el martes se reunirá con el presidente valenciano, Ximo Puig, porque están «unidos por la defensa del interés territorial». «Nos une la desventaja que tiene la región», ha afirmado.

El presidente andaluz ha lamentado que la comunidad «esté perdiendo capacidad para competir» porque, a su juicio, es «como si lo hiciera con las manos atrás». «No vamos a permitir este maltrato», ha asegurado.

CS, «EN SOLUCIONES»

De su lado, la portavoz del Grupo Ciudadanos, Teresa Pardo, ha asegurado que su formación «está en soluciones mientras otros están en elecciones». «En tan solo dos años y medio este gobierno ha demostrado que Andalucía no estaba condenada a liderar el desempleo, la corrupción o la falta de oportunidades, y en Ciudadanos no nos vamos a resignar hasta poner a Andalucía donde se merece», ha manifestado Pardo.

La portavoz de Cs ha destacado «el compromiso de su partido con los andaluces desde 2015» y, en este sentido, ha subrayado que «Ciudadanos se comprometió a llevar el cambio a Andalucía». «Hoy Andalucía genera el 40% del empleo en España, somos líderes en creación de autónomos, por delante de Cataluña, seguimos ayudando a los autónomos aplicado tarifas que ahora se proponen ampliar a 24 meses y lideramos la atracción de grandes e importantes inversiones», ha añadido.

Pardo ha argumentado que los titulares de periódicos sobre Andalucía «han pasado de hablar de corrupción a hablar de oportunidades» y, todo ello, «gracias a Ciudadanos, que desde la Consejería que lidera el vicepresidente, Juan Marín, ha puesto coto a la corrupción con la Ley Antifraude y con la Oficina Contra el Fraude y la Corrupción».

Por otra parte, la portavoz de la formación naranja ha elogiado la labor de la Junta en materia fiscal y ha afirmado que «hoy se cumple con el equilibrio presupuestario y con el déficit», al tiempo que ha lamentado «los agravios» del Gobierno central con Andalucía y ha criticado que «Pedro Sánchez quiera imponer un déficit del 0,6% mientras para ellos mismos se impone un 5,5%».

Asimismo, Pardo ha reclamado «una financiación justa» para Andalucía y que el Gobierno central «no deje sin fondos extraordinarios» a la comunidad, «esenciales para revertir la situación de la pandemia». «Dejarnos sin fondos Covid para el 2022, supone 2.300 millones menos para salir de esta crisis, sumándole a eso la infrafinanciación que hoy ya genera una deuda del Gobierno central con Andalucía de más de 11.000 millones de euros», ha espetado.

«Andalucía merece el mismo trato que el resto de comunidades, en Ciudadanos tenemos claro que los andaluces se merecen unas instituciones a su altura, y cuando se trata de mejorar Andalucía, ahí siempre estará Ciudadanos», ha argumentado Pardo, al tiempo que ha remarcado que «hemos cumplido y vamos a seguir cumpliendo con los andaluces».

El ex jefe de Inteligencia del Gobierno venezolano Hugo ‘El Pollo’ Carvajal, pendiente de ser extraditado a Estados Unidos por presuntos delitos de tráfico de drogas y armas, ha pedido declarar ante el juez de la Audiencia Nacional, Manuel García-Castellón, por unas diligencias previas que hay abiertas por terrorismo internacional, según fuentes jurídicas.

‘El Pollo’ Carvajal está inmerso en un proceso de extradición que se sigue a medio camino en la Audiencia Nacional (AN) y el Tribunal Supremo y que está pendiente de la resolución de distintos recursos.

El año pasado, tanto la Audiencia Nacional como el Gobierno dieron luz verde a su entrega a las autoridades estadounidenses, pero la extradición ha sido paralizada en los últimos días porque se creía que el asilo que solicitó en 2019 estaba sin respuesta.

El Ministerio de Interior ha comunicado a la AN y a la defensa de Carvajal que ya contestó a la petición de asilo en septiembre de 2019 para denegarlo. Ahora, Carvajal ha recurrido este ‘no’ ante la cartera que dirige Fernando Grande-Marlaska.

EL CARTEL DE LOS SOLES

El proceso de extradición se reactivó después de que el pasado jueves por la noche fuera por el Grupo II de Fugitivos de la UDYCO Central, en una operación conjunta con la DEA, en un piso ubicado en la calle Torrelaguna de Madrid, tras pasar casi dos años prófugos.

Según informó la Policía Nacional, vivía «totalmente enclaustrado, sin salir al exterior ni asomarse a la ventana, y siempre protegido por personas de confianza». Cambiaba de escondite cada tres meses y recurrió a cirugía estética y a elementos de disfraz para intentar ocultarse.

El otrora jefe de Contrainteligencia Militar con los gobiernos de Chávez y Maduro está perseguido por hechos que se produjeron entre 1999 y 2019, cuando habría pertenecido al llamado ‘Cártel de los Soles’, una organización criminal supuestamente gestionada por cargos ‘chavistas’ que, con la presunta colaboración de las FARC y otros grupos armados, habría introducido grandes cantidades de droga en Estados Unidos.

El barómetro del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) correspondiente al mes de septiembre vuelve a situar al PSOE en cabeza y ampliando hasta los nueve puntos su ventaja sobre el PP, que cae casi tres puntos, hasta obtener una estimación de voto del 20,5%.

La encuesta, con un margen de error de más/menos 1,6%, se basa un total de 3.780 entrevistas telefónicas realizadas en 1.236 municipios de 50 provincias, entre el 1 y el 13 de septiembre, es decir, en plena escalada del precio de la luz y cuando se recrudecía el enfrentamiento entre el Gobierno y el PP por el bloqueo en la renovación de los órganos constitucionales.

En concreto, el sondeo del organismo que preside el socialista José Félix Tezanos calcula para el PSOE un apoyo del 29,6, un punto más que en julio, mientras que el PP sumaría un respaldo de 20,5%, cayendo casi tres puntos respecto al barómetro anterior.

De esta forma, los de Pedro Sánchez amplían hasta los 9,1 puntos su ventaja sobre los de Pablo Casado, dos puntos más que los 7,18 que separaron a los dos principales partidos en las elecciones de noviembre de 2019.

VOTO YA DECIDIDO

Si las elecciones fueran mañana, el 20,5% ya avanza que votaría al PSOE, frente a un 12,8% que tiene decidido votar al PP. Además, hay un 16,2% que no sabe qué papeleta cogería y un 10,6 que tiene claro que se abstendría.

Tras preguntar a las personas entrevistadas por sus simpatías, el CIS calcula una estimación de voto del 29,6% para el PSOE y del 20,5% para los ‘populares’.

Tomando como referencia toda la encuesta, el PSOE vuelve a incrementar su apoyo, como viene haciendo en los barómetros desde junio, cuando sumó un 27,4%. En las generales de noviembre de 2019 su porcentaje real en las urnas fue del 28%, con lo que ahora estaría 1,6 puntos por encima de aquel resultado.

VOX, A SIETE PUNTOS DEL PP

Por su parte, el PP registra en el sondeo de septiembre una caída de 2,9 puntos y se queda con una estimación del 20,5%, tres décimas por debajo de su cota de las últimas generales. El PP es el único partido grande que cae en intención de voto en una encuesta que fija su ventaja respecto a Vox en menos de siete puntos.

Los de Santiago Abascal se mantienen como tercer partido más votado, con un 13,8%, dos décimas más que en julio, pero sin llegar aún al 15,09% que les sirvió para contar con 52 diputados en el Congreso.

Y también sube Unidas Podemos, en su caso 1,3 puntos, hasta 11,3%, situándose en niveles similares a los que tenía en febrero, antes de la marcha de su ex secretario general, Pablo Iglesias, que en noviembre de 2019 arrastró un 12,84% de apoyo electoral.

Ciudadanos, por su parte, se anota un punto más que en el barómetro anterior, con un apoyo estimado del 6,5%, afianzando la racha de subidas que acumula desde mayo, aunque sin llegar todavía al 6,79% de las últimas generales.

Por el contrario, la coalición de Más País, Equo y Compromís rompe el ritmo de subidas de los últimos meses y pasa del 3,7% al 3,3%, manteniéndose, eso sí, muy por encima del 1,25% con el que se estrenó en el Congreso.

EMPATE IZQUIERDA-DERECHA

Así las cosas, la encuesta arroja un empate entre la izquierda y la derecha. En concreto, PSOE y Unidas Podemos suman un 40,9% –llegando al 44,2% con Más País–, mientras que PP, Vox y Ciudadanos alcanzarían el 40,8%.

En cuanto a liderazgos, la vicepresidenta segunda y mujer fuerte de Unidas Podemos en el Gobierno, Yolanda Díaz, se afianza como la más valorada. Repite en la primera posición con un 4,6, seguida de cerca por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que sube dos décimas y se anota un 4,5.

El tercero con mejor nota es el líder de Más País, Íñigo Errejón, que repite el 4,2 que saca desde que el CIS le metió en esta lista el pasado mes de junio.

Después figuran la líder de Ciudadanos, Inés Arrimadas, con un 3,6; el del PP, Pablo Casado, con un 3,4, y cierra el ranking Santiago Abascal, de Vox, que vuelve a ser el peor valorado con un 2,7.

PREFERENCIAS SOBRE AYUSO

El líder socialista sigue siendo el preferido para presidir el Gobierno, con un respaldo del 21,6%. Le sigue Yolanda Díaz, con un 11,5%, y ya en tercera posición figura Casado, con un 10,3%. El CIS también pregunta en este apartado sobre la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, que es la preferida para el 1,6%.

El nivel de confianza en Sánchez está en un 28,8%, frente al 10,3% que se anota Casado. El 67% no se fía del presidente del Gobierno, pero las cifras del líder del PP son peores: el 84,8% de los sondeados tiene poca o ninguna confianza en él.

La Alianza por la Primera Infancia, liderada por la Plataforma de Infancia, junto con Eurochild y otras organizaciones han lanzado la campaña #PrioridadPrimeraInfancia con el objetivo de conseguir que la primera infancia –el período desde los 0 hasta los 6 años de vida–, sea «una prioridad» para todas las administraciones y de aumentar la inversión pública destinada a la misma.

«A pesar de la evidencia existente sobre la importancia de la primera infancia para el desarrollo de una persona, esta recibe una escasa atención a nivel de políticas públicas, y cuando lo hacen, rara vez priorizan el interés superior del niño o a la lucha contra las desigualdades», ha explicado el director de la Plataforma de Infancia, Ricardo Ibarra.

Según indican los impulsores de la campaña, los estudios muestran que la mayoría de los problemas de salud pública que se sufren en la vida adulta como por ejemplo, la obesidad, ciertos problemas cardiovasculares y de salud mental, están relacionados con las experiencias vividas especialmente durante los primeros 1.000 días de vida.

Además, Ibarra ha indicado que la pandemia de la Covid-19 está teniendo «un gran impacto» en las familias con niños y niñas, añadiendo «nuevos retos y obstáculos a los ya existentes, especialmente en las familias más vulnerables».

En este sentido, ha precisado que la pobreza, la inseguridad, entornos de vida adversos, situaciones de discriminación, la discapacidad o el estatus socio-económico tienen un impacto drástico en la capacidad de los padres y madres de poder ofrecer a sus hijos unas condiciones de vida dignas en un ambiente seguro y saludable, así como oportunidades de juego y aprendizaje.

Asimismo, el director de la Plataforma de Infancia ha comentado que en España las políticas públicas no garantizan una adecuada protección y apoyo a las familias en situación de vulnerabilidad con hijos más pequeños.

«En España no existe ninguna estrategia nacional intersectorial de Desarrollo de la Primera Infancia explícitamente establecida, como tampoco existe ningún organismo coordinador que supervise las políticas y la financiación en esta etapa tan crucial de forma intersectorial en todo el país», ha lamentado.

A través de esta campaña, la Plataforma de Infancia pide asegurar que todos los niños y niñas de 0 a 3 años tengan acceso al sistema educativo integrando la educación infantil de primer ciclo con el resto de políticas y servicios a la primera infancia.

Para ello, considera necesario poner en marcha sistemas de tarificación social progresiva en función de la renta, incluyendo comedor, en todas las escuelas de primer ciclo de la Educación Infantil apoyadas con fondos públicos, asegurando la gratuidad a todos los niños y niñas en situación de pobreza y simplificando y agilizando la solicitud para evitar «procesos complejos y estigmatizantes».

Según señala la Alianza, los datos muestran que el 62,5% de los niños y niñas con mayores rentas acceden a la escuela infantil, pero solo el 26,3% de las rentas más bajas. «El gran reto en España consiste ahora en la apertura de plazas públicas de educación infantil de 0 a 3 años», ha añadido Ibarra.

Entre otras peticiones, las ONG reclaman ampliar a 6 meses los permisos de paternidad y maternidad; una prestación económica por crianza, y que los niños y niñas con trastornos de su desarrollo que lo necesiten puedan acceder a atención temprana gratuita.

Vox ha exigido hoy a la Comunidad de Madrid que les presente un plan para dar su apoyo la próxima semana para que sea ratificado el nuevo administrador provisional de Telemadrid, José Antonio Sánchez, y los grupos de izquierda han criticado el «asalto» a la cadena».

Durante la comparecencia del consejero de Presidencia, Justicia e Interior, Enrique López, en el Pleno de este jueves, el diputado de Vox José Luis Ruiz Bartolomé ha acusado a la izquierda que prefieran destinar 80 millones a Telemadrid en lugar de a sanidad o educación, lo que le parece «una hipocresía».

También, se ha mostrado sorprendido de que a la Comunidad de Madrid no le preocupe reducir la carta básica, y solo reduzcan el tiempo de mandato del director general. Además, ha afeado al Gobierno regional que tengan «la desfachatez» de aprobar esta ley en una fecha en la que no podía ser ratificado el administrador provisional porque se acababa el diario de sesiones y le hayan dejado «dos meses para dar la vuelta completa a Telemadrid».

Por ello, antes de la ratificación del administrador nuevo le han pedido que les presenten un plan para que lo puedan apoyar, que no sea «una televisión del PP y de Ayuso», ya que su pretensión es cerrar la cadena.

Con esta solicitud, previsiblemente Vox hoy se abstenga en la votación del nuevo administrador en el Pleno, por lo que no saldrá adelante ya que son necesarios dos tercios de la Cámara. Así, la próxima semana se volverá a llevar a Pleno y saldría ratificado con mayoría absoluta, por lo que sigue siendo necesario el apoyo de la formación liderada por Rocío Monasterio.

A continuación, la diputada del PSOE Isabel Aymerich ha criticado que la Comunidad quiera «controlar Telemadrid» para «no dejar ningún resquicio de poder sin controlar» y poner «todos los esfuerzos y poderes al servicio de un proyecto personalistas», el que presenta Ayuso.

«Impulsan estas reformas y bloqueos para restablecer el orden y recuperar su poder, para disponer de una plataforma mediática para el proyecto unipersonal de Ayuso», ha lanzado la parlamentaria socialista.

Por su parte, la diputada de Unidas Podemos Vanessa Lillo ha criticado al PP por ser «maestros de las leyes de guante blanco porque necesitan asaltar las instituciones para sacar sus leyes adelante». Así, le ha afeado que «hable de pluralismo» cuando la modificación de la ley se está tramitando por «lectura única, que no permite el debate parlamentario».

Además, les ha acusado de no haber cumplido con los plazos para el nombramiento del administrador provisional, ya que «deberían haberlo buscado tres meses antes de que finalizase el contrato del actual». «Ustedes cesaron al director general dos años antes. Como no daba tiempo se saltan tres meses y lo nombran directamente», ha lamentado.

Por último, el diputado de Más Madrid, Hugo Martínez Abarca, ha afeado también que el Ejecutivo autonómico se haya «saltado el plazo de tres meses» para designar al administrador provisional, algo que, ha recordado, han llevado a los Tribunales porque «incumplieron la ley.

Pese a ello, desde Más Madrid, ha dicho que tienden la mano al Gobierno regional para recuperar Telemadrid y ponerla al «servicio público de todos los madrileños», sin que los gobiernos la puedan controlar.

El escritor escocés residente en Nueva York Douglas Stuart revisita su Glasgow natal, homófobo, pobre y con problemáticas sociales como las adicciones, en ‘La història de Shuggie Bain’, su primera novela, ganadora del premio Booker 2020 y que se publica en catalán y castellano en Edicions del 1984 y Sexto Piso.

En una rueda de prensa este jueves en el Centre de Cultura Contemporània de Barcelona (CCCB), Stuart ha dicho que se trata de una obra de ficción en la que ha recurrido a muchos elementos autobiográficos, pero son «no unas memorias», y que ha encontrado difícil trazar la línea entre ambos géneros.

Él se crió, como el protagonista, como el hijo menor de una madre soltera, alcohólica, dependiente de subsidios estatales y como gay en los años 80: «Escribo sobre el amor, la pérdida, el duelo y la frustración y muchos de esos elementos resuenan de mi vida», ha confesado.

En este sentido, el telón de fondo es el Glasgow de los años 80, con una comunidad de clase trabajadora muy fuerte, altas tasas de paro durante las políticas de la primera ministra Margaret Thatcher, y problemas de drogas y esperanza de vida, según su descripción.

No obstante, Stuart ha aclarado que ha escrito el libro como una «carta de amor a Glasgow» vista desde la añoranza que da distancia, ya que reside en Nueva York desde hace 21 años, donde se dedica a la moda.

PROTAGONISTA ‘QUEER’

El autor se ha distanciado de la narrativa social británica –con nombres como Ken Loach o Irvine Welsh– porque «se centran siempre en las experiencias de los hombres blancos heterosexuales en momentos de inestabilidad política y cambio».

«Yo era consciente de que la fortaleza de una ciudad y un hogar radica en las mujeres», ha razonado, explicando que no se las representa tan a menudo porque sus vidas son privadas y, en cambio, los hombres son los que están en los piquetes de huelga, socializan en los ‘pubs’ y conforman la historia pública.

Así, sus protagonistas son Agnes, una madre coqueta y presumida que trata de mantener la apariencia de dignidad pese a los problemas personales y sociales que la rodean; y su hijo menor Shuggie, un niño ‘queer’ que crece en un entorno hostil a la homosexualidad.

Shuggie, pues, representa un personaje que, como él cuando era joven, vive «aislado» en un mundo muy femenino, el del hogar, encuadrado en un contexto muy masculino, el de la sociedad.

HUMOR Y COMPASIÓN

Pese a describir un paisaje con tantos problemas, Stuart ha dicho que el libro «combina aspectos oscuros, como la adicción, la misoginia y la violencia, con la ternura, el amor y la dulzura», lo que le da un toque femenino al volumen y lo aleja de la ira social del grupo de escritores británicos de los años 50 llamado ‘Angry Young Men’.

También ha intentado infundirle a la novela el humor típico de Glasgow, caracterizado por aparecer pese a las situaciones negativas o la pobreza, ya que «Shuggie es, al fin y al cabo, un niño y no tiene control de su vida» y el libro ha quedado, en su opinión, increíblemente divertido.

Asimismo ha querido «jugar con la percepción de los dialectos y acentos» del Reino Unido, porque, por ejemplo, Agnes adopta un habla refinada para parecer de una clase superior pero esto la aísla todavía más.

ÉXITO DE CRÍTICA

Stuart ha dicho sentirse «increíblemente afortunado» de la aceptación universal que ha recibido ‘La història de Shuggie Bain’; ha comentado que en Escocia se ha percibido como un estudio social pero en el resto del mundo ha conmovido más la historia maternofilial.

Ha recordado que fue rechazado 44 veces por varias editoriales, pero el Booker «le ha cambiado la vida de arriba a abajo» y le ha permitido conocer a sus lectores de todo el mundo.

Vox ha presentado este jueves un recurso de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional contra la Ley Canaria 2/2021, de 7 de junio, de igualdad social y no discriminación por razón de identidad de género, expresión de género y características sexuales.

Así lo ha anunciado la secretaria general del grupo parlamentario Vox en el Congreso de los Diputados, Macarena Olona, a las puertas del tribunal de garantías en declaraciones a la prensa.

Olona ha asegurado que la normativa recurrida es una «ley ideológica», a su juicio, «propia de la extrema izquierda», que parte del postulado de que «el sexo biológico es una construcción social». «Es propia de la tercera ola feminista, que se identifica con la ideología de género», ha señalado.

La dirigente de Vox ha reprochado a PP y a Ciudadanos –que sí tienen representación en el Parlamento Canario– que permitieran, con su voto favorable, que la ley fuese aprobada por unanimidad «y se elimine el sexo biológico y sea sustituido por una construcción del género según se sienta cada persona, también los menores de edad».

Así, Olona se ha mostrado en contra de la normativa que, según ha señalado, permite que «si una persona dice sentirse mujer existe la obligación de todas las administraciones de tratarla como tal».

ASEOS Y VESTUARIOS

El partido liderado por Santiago Abascal considera que la normativa vulnera «claramente» derechos fundamentales recogidos en la Constitución. Hace referencia, entre otros, al derecho a la integridad física y a la protección de la salud de los menores de edad. También menciona el derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen.

«Es una ley de profundo calado ideológico, por eso es obligación de Vox traerla ante el Tribunal Constitucional», ha subrayado el el portavoz de Justicia del partido en el Congreso, Javier Ortega Smith en declaraciones.

Vox reprocha que la ley canaria permita que «una persona biológicamente masculina entrase en un espacio reservado para mujeres simplemente manifestando que en ese momento si género sentido es femenino». Ortega Smith ha extendido el ejemplo a vestuarios públicos en colegios, centros sanitarios y gimnasios, lo que considera una «situación dramática».

Según el partido, el reconocimiento de los derechos de las personas transgénero «no puede hacerse perdiendo totalmente de vista el necesario equilibrio entre aquellos derechos y los igualmente respetables derechos de las personas que se identifican con su sexualidad biológica».

Vox ha insistido en que en los «aseos, vestuarios y espacios similares» a los que expresamente se refiere la ley canaria, «las personas que se identifican con su sexo biológico tienen derecho a que en esos espacios (…) se respete el derecho fundamental del artículo 18.1 de la Constitución», relativo al derecho al honor y la intimidad.

TRATAMIENTOS HORMONALES

En su recurso, la formación ha asegurado que el artículo 26.2 de la ley canaria «vulnera el derecho a la integridad física y a la protección de la salud de los menores de edad» al configurar como derechos de las personas trans menores de edad los de «recibir tratamiento para el bloqueo por al inicio de la pubertad» y «recibir tratamiento hormonal cruzado en el momento adecuado de la pubertad», sin precisar la edad a partir de la cual se reconocen tales derechos.

En este sentido, también ha criticado el apartado por el que quedan «prohibidas» en los centros sanitarios las terapias de aversión o de conversión de las manifestaciones de identidad de género libremente manifestadas por las personas directamente interesadas.

Para Vox «resulta evidente» que la prohibición de una línea terapéutica «supone una intromisión en el ámbito más reservado de la libertad de autodeterminación y en la propia libertad de recibir un determinado tratamiento».

El partido defiende que «no existe ningún bien jurídicoconstitucional que permita prohibir las terapias psicológicas que den como resultado la aceptación del sexo biológico y únicamente autoricen aquellas orientadas a la autodeterminación en una sexualidad divergente con la biológica».

El recurso presentado este jueves es el número 24 interpuesto por el grupo parlamentario Vox en 19 meses de legislatura.

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha mostrado este jueves durante la sesión parlamentaria de control al Gobierno el deseo de contar con un nuevo Presupuesto para 2022 así como su rechazo a adelantar las elecciones andaluzas. «Algunos creen que no queremos Presupuesto y queremos Presupuesto cuanto antes y no queremos elecciones», ha afirmado Moreno, quien ha proclamado en este sentido que «pienso en Andalucía hasta el último minuto que esté al frente del Gobierno de Andalucía».

En su respuesta a la pregunta formulada por el portavoz de su grupo parlamentario, José Antonio Nieto, sobre las prioridades del nuevo curso político, Moreno ha reinvidicado «anteponer los intereses de los andaluces a cualquier interés particular, incluido el mío», por lo que ha abogado por una hoja de ruta que ha caracterizado por «la estabilidad, la serenidad» y por un «hagamos las cosas bien».

El presidente de la Junta ha situado la elaboración del Presupuesto de 2022 como prioridad del último trimestre del año, convencido de la necesidad de que «saquemos un proyecto pese a un ajuste, un recorte, de 2.000 millones de euros del Gobierno», por lo que ha apostado por elaborar «el Presupuesto de la recuperación» para «pasar página de la pandemia».

Entre los objetivos descritos por Moreno ha enumerado «vencer la pandemia, impulsar la recuperación económica y social y defender los intereses de Andalucía», convencido de que «Andalucía quiere jugar fuerte en el tablero nacional» y ha reclamado que la Comunidad Autónoma «necesita estar en esa agenda política del Gobierno de España».

Moreno ha apuntado medidas del Gobierno andaluz para impulsar la recuperación económica como «la reducción de las trabas administrativas», con el argumento de que «los obstáculos ahuyentan al inversor», por lo que ha apostado por hacer de Andalucía «un referente en términos administrativos», objetivo al que ha sumado la bajada de impuestos, cuya segunda fase se acometerá a través de Ley de Tributos Cedidos, para situar a Andalucía entre las comunidades con «menor presión fiscal de España», otra medida que ha considerado «contribuye a generar inversión, riqueza.

En este paquete de medidas ha situado el presidente de la Junta la aprobación de la Ley de Impulso de la Sostenibilidad de Andalucía (Lista), conocida coloquialmente como la nueva Ley del Suelo, de la que ha recordado que «nos la piden alcaldes de todos los colores».

NIETO: OJALÁ LA MESA BILATERAL SE CELEBRE EN ANDALUCÍA

El portavoz del PP en el Parlamento de Andalucía, José Antonio Nieto, ha reclamado este jueves en el Pleno del Parlamento, tras expresar sus condolencias por el fallecimiento del bombero forestal Carlos Martínez en el incendio de Sierra Bermeja y ha considerado este incendio como «una lección a futuro», que «ojalá» la Comisión Bilateral Junta de Andalucía-Gobierno de España «se celebre en Andalucía», al tiempo que ha indicado «ni se impondrá la bandera de Cataluña ni se quitará la bandera de España, sabemos ser tan andaluces como españoles», en referencia a la Comisión Bilateral del Gobierno con Cataluña.

«No queremos privilegios», ha afirmado Nieto, quien ha reclamado para la Comunidad Autónoma «lo que de justicia corresponda a Andalucía», al tiempo que ha invitado a PSOE y Unidas Podemos por Andalucía a que «apoyen una petición que es justa para nuestra tierra».

Nieto, quien ha subrayado «la importancia a la planificación» que le concede el presidente de la Junta de Andalucía, ha elaborado la lista de cuáles «no son sus prioridades», entre las que ha situado «la crispación, la crisis para aprovechar y tomar ventaja política», al apelar a que «convocar elecciones no le viene bien a Andalucía», para blandir seguidamente iniciativas que ha adoptado el Gobierno andaluz para que «pocos andaluces duden que para salvar vidas hay que invertir en sanidad, dignificar a los profesionales», a lo que ha sumado «salvar empleos, nuestra economía, sin olvidarnos de los más desfavorecidos.

El portavoz parlamentario del PP ha insistido en la reivindicación de «dignificar Andalucía, no dejar que nos pisoteen, que nos quiten ni un derecho», aferrado a la bandera de «la defensa de Andalucía», así como ha apostado por «modernizar la administración para que se modernice nuestra economía y atraer la inversión».

Nieto ha enumerado diferrentes iniciativas legislativas que tiene en cartera el Gobierno andaluz como la Ley de Tributos Cedidos, la Lista, la Ley de Economía Circular, mientras que ha reclamado que «no nos pongan trabas y nos den lo que nos corresponda».

La Fundación para en Análisis y los Estudios Sociales (FAES) ha cargado este jueves contra la posición «cosmética y claudicante» del jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, tras su reunión con el presidente de la Generalitat, Pere Aragonés, en el marco de la llamada mesa de diálogo con Cataluña y ha recalcado que lo que el Gobierno debería hacer «sin pausa» es restablecer los «puentes de diálogo» con la oposición y con todos los catalanes.

La fundación que dirige el expresidente del Gobierno José María Anzar ha señalado que Sánchez compareció este miércoles en Barcelona tras esa reunión para «promocionar su nuevo mantra»: «sin prisa, pero sin pausa y sin plazos».

A su entender, no se realizó «ningún anuncio relevante» ni hubo «ninguna novedad» más allá de pedir tiempo para que «la escenificación de ‘voluntad negociadora’ sobre lo que el propio Gobierno diagnosticó como ‘conflicto político’ pueda dilatarse pro domo sua». Según su diagnóstico, «una patada secesionista a la mesa abriría al mismo tiempo la puerta (de salida) en Moncloa».

FAES ha destacado que se buscaba «la foto» y ha añadido que el propio Sánchez dejó clara su actitud al afirmar que «las imágenes son importantes desde el punto de vista político» y preguntar a los periodistas si «habían visto muchas veces al presidente del Gobierno de España en el Palau de la Generalitat?».

SIN PRISA Y SIN PLAZOS CON UNA «SONRISA FOTOGÉNICA»

Tras señalar que el mensaje de «sin prisa, sin plazos» iba acompañado de una «sonrisa fotogénica», algo «muy importante en política», ha criticado que no se hiciera «ni una sola mención al cumplimiento de la ley, ni a la Constitución en toda la comparecencia».

«También huele a plagio el contenido de la ‘agenda del reencuentro’ y sus 45 reivindicaciones, desglosadas en 44 (atendibles) +1 (no podrá ser, lástima) para presentar la imposibilidad de triturar a la primera el orden jurídico envuelta en generosidad presupuestaria, inversora y sectorial. Munición caducada que ya se disparó en otras ‘operaciones de diálogo'», ha manifestado, para insistir en que hubo pocas novedades respecto de «una posición cosmética y claudicante, de sobra conocida».

Eso sí, ha advertido de que en las palabras de Sánchez hubo «algo más que deplorar»: «la vacuidad del mensaje y la mano tendida a los que nunca han dejado de desafiar al Estado y negar la Nación» y «el gesto sonriente hacia los que han arruinado Cataluña y enfrentado entre sí a los catalanes». Además, ha criticado que echase la culpa al PP al afirmar de forma reiterada que «los problemas con Cataluña» se remontan a «una década atrás».

«España tiene un grave problema añadido cuando a la práctica sediciosa del secesionismo se suma la pulsión sectaria de la coalición gobernante», ha afirmado. Es más, ha asegurado que «es insólito acusar de «insumisión constitucional» al líder de la oposición y al día siguiente resumir el encuentro con quienes hacen del «golpismo un programa político».

PIDE A SÁNCHEZ «RECTIFICAR»

Por ello, FAES ha recalcado que esa foto en Barcelona demuestra que en el planteamiento de Pedro Sánchez «existe algo así como un punto intermedio entre la Ley y su violación, la continuidad nacional de España y su voladura más o menos controlada, la ciudadanía común de todos y la amenaza recompensada».

Según la fundación de Aznar, el Gobierno «debería, sin pausa, restablecer los ‘puentes del diálogo’ con la oposición y con todos los catalanes» y «darse mucha prisa en compartir con ellos una auténtica estrategia nacional que restaure la convivencia rota en Cataluña», «rectificando el sinsentido de gobernar la Nación apoyado en los que ya le han puesto plazo de caducidad».

El ‘Catálogo de Vestigios de la Guerra Civil y la Dictadura’ elaborado por la Conselleria de Calidad Democrática, incluye hasta el momento un total de 1.042 vestigios de la Guerra Civil y la Dictadura, símbolos, placas, nombres de calles o espacios públicos, honores, de los que 575 aún siguen en espacios públicos de la Comunitat Valenciana pendientes de retirar.

La consellera, Rosa Pérez Garijo, ha presentado este jueves en rueda de prensa este registro «vivo», que sigue abierto a actualizaciones ya que el 48% de los municipios de la Comunitat Valenciana aún no ha aportado la información.

Por ello, da a los municipios un mes más para cumplir este requerimiento y, a partir de ahí, otros cuatro meses para proceder a la retirada de estos elementos. Pérez Garijo recuerda a los ayuntamientos disponen de una línea de subvención de 450.000 euros para quitar estos elementos y en caso de no hacerlos advierte de que la Conselleria actuará de oficio.

Al respecto, Pérez Garijo, que ha estado acompañada por el director general de Calidad Democrática, Iñaki Pérez Rico, ha recalcado que la permanencia de estos símbolos franquistas es «una anomalía democrática» tras más de cuarenta años de la muerte del dictador, lo que «sería impensable en otros países como Alemania o Italia, ni en Europa».

En ese sentido, ha apuntado que perduren estos vestigios demuestra que se da «un tratamiento diferente a las víctimas, que hay unas víctimas de primera y unas de segunda, ya evidentemente en otros casos no habría ninguna simbología que atentara contra su dignidad».

Por ello, ha pedido la colaboración a la ciudadanía, a las administraciones públicas, asociaciones memorialistas, iglesia católica y asociaciones cívicas para poder completar este listado, que se ha publicado jueves en el DOGV. Los ayuntamientos también puede presentar alegaciones si el listado no ha actualizado los símbolos ya retirados.

Así, pueden remitir durante el próximo mes información sobre cualquier vestigio franquista, tanto simbólicos como iconográficos y terminológicos, junto a una fotografía y una indicación cartográfica, al correo calidaddemocratica@gva.es para terminar el mapa.

No obstante, ha aclarado que pasado ese tiempo se podrá seguir ampliando ya que de los 542 municipios de la Comunitat, solo 281 han contestado, de los que 91 tienen vestigios, mientras que 190 no albergan este tipo de elementos. Sin embargo, aún quedan 261 ayuntamientos que no han contestado a la solicitud, el 48% de los municipios.

De los 575 vestigios pendientes de retirar, 97 se ubican en la provincia de Alicante, 74 en Castellón y 104 en Valencia. Por categorías, se han registrado 71 elementos que incluyen monumentos, monolitos, tumbas y mausoleos, cruces, escudos o inscripciones, de los cuales 37 no se han retirado todavía. En concreto, se han localizado 30 cruces de los caídos, de las que 17 aún no han sido retiradas.

Asimismo, hay 61 placas, de las que 46 se encuentran pendientes de retirar; y 604 placas con simbología del yugo y las flechas del Instituto Nacional de la Vivienda,, de las cuales 270 siguen sin quitar. Además, hay 274 nombres de calles y otros espacios públicos referidos a personas vinculadas al régimen dictatorial o que participaron y apoyar la revuelta militar de 1936, de las que 205 aún no se han retirado.

El registro también incluye un apartado de honores con un total de 31 comunicaciones, de los cuales 17 no se han retirado. Se trata de designaciones de Francisco Franco o cualquier otro jerarca franquista como alcalde perpetuo, hijo predilecto o adoptivo por los ayuntamientos, así como representaciones artísticas de sus figuras.

Finalmente, en ‘Otros’ adscriben aquellos elementos que no se adaptan a las tipologías anteriores. Es el caso del mausoleo del cementerio de Carcaixent donde se encuentran los restos del genocida Maks Luburic, responsable de los campos de concentración croatas que en todo caso deberá ser señalizado según los criterios que se fijan.

CRITERIOS PARA LA RETIRADA DE VESTIGIOS

Por su parte, el director general de Calidad Democrática, Iñaki Pérez Rico, ha explicado que se se han fijado una serie de criterios para establacer el proceso de actuación que, entre otros determina que los vestigios deben ser retirados y no eliminados.

La retirada, según los casos, podrá realizarse a los cementerios, museos o centros de interpretación por su interés como documento o testimonio histórico. En el caso de los cementerios conllevará la eliminación de los elementos de exaltación y su resignificación y señalización evitando, en todo caso, la equidistancia y la ofensa de las víctimas, así como el conocimiento de los hechos y circunstancias acaecidas durante la Guerra Civil y la dictadura a fin de construir una mejor conveniencia democrática.

En el supuesto de trasladarlos a museos o centros de interpretación no deben ser alterados pero sí señalizados, acompañados de paneles informativos u otros soportes de información histórica de su contenido y de la justificación de su preservación, con el fin de ‘utilizarlos al servicio de la cultura de la convivencia democrática.

Por otra parte, hay supuestos como el nomenclátor de calles, donde aún no hay una investigación de carácter histórico suficientemente profunda como para poder determinar el grado de colaboración y participación de algunas personas en la revuelta militar del 1936 y durante la Dictadura.

Del mismo modo, han aclarado que en relación con las placas del Instituto Nacional de la Vivienda, el número es mucho más numerosa ya que los ayuntamientos han comunicado de manera genérica su existencia sin mencionar el número concreto de placas a retirar.

El Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana ha trasladado su compromiso con la Autoridad Laboral Europea (ALE) para coordinar e impulsar la cooperación de los Estados Miembros de la Unión Europea en inspecciones de empresas fraudulentas, en particular para las inspecciones de empresas buzón y en la lucha contra prácticas ilegales.

Así lo han acordado este jueves la secretaria de Estado de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Isabel Pardo de Vera, y la secretaria General de Transportes y Movilidad, María José Rallo, que han mantenido una reunión con el director ejecutivo de la Autoridad Laboral Europea (ALE), Cosmin Boiangiu.

Todos han destacado la importancia de buscar fórmulas para que la recuperación y la salida de la crisis se lleve a cabo de una forma socialmente sostenible y de trabajar por conseguir la paz social en los distintos sectores del transporte.

En el ámbito del transporte por carretera, la voluntad es la de participar en inspecciones concertadas y conjuntas con otros Estados Miembros para garantizar la efectividad de las inspecciones realizadas en la lucha contra las empresas buzón y los falsos autónomos de carácter internacional.

Asimismo, las representantes del Ministerio han destacado la importancia de que ALE realice campañas de información y seminarios coordinados con los Estados Miembros para la divulgación de la normativa de los trabajadores desplazados, dirigidos a las empresas de transporte, así como programas de formación para el personal participante en las inspecciones concertadas y conjuntas, introduciendo un protocolo de buenas prácticas.

También han pedido a ALE que impulse la ejecución de los Planes Nacionales de Inspección por parte de todos los Estados Miembros en los que se determine el carácter prioritario de la lucha contra las empresas buzón en sus diversas modalidades y su comunicación.

En relación con el transporte aéreo, han pedido el apoyo de ALE para impulsar una modificación del reglamento comunitario que incluya una definición común de base de operaciones, como herramienta clave para identificar la legislación nacional que se aplica a cada trabajador. Además, han propuesto que se busquen fórmulas para premiar a nivel europeo a las aerolíneas que apliquen unas prácticas socialmente responsables.

La Audiencia Provincial de Cantabria ha condenado a tres años de prisión al conductor que provocó el accidente mortal de Escalante en mayo de 2019, cuando conducía su vehículo bajo los efectos del alcohol y las drogas a 121 kilómetros por hora -en una travesía urbana limitada a 50 km/h- e impactó contra otro turismo parado ante un semáforo falleciendo sus dos ocupantes. En concreto, un hombre que iba al volante en el momento de la colisión y una mujer nueve días después en el hospital, por las graves lesiones sufridas.

En la sentencia, difundida este jueves, la Sección Primera de la AP considera al acusado autor de un delito contra la seguridad del tráfico por conducir bajo los efectos del alcohol y las drogas, de otro de conducción temeraria y dos más de homicidio por imprudencia grave.

Además de la condena de prisión, el tribunal le priva del derecho a conducir vehículos de motor y ciclomotores durante un periodo de cinco años, lo que en la práctica supone la pérdida del carné de conducir.

La pena privativa de libertad decretada por la sala coincide con la interesada por el fiscal tras el juicio, celebrado el pasado mes de julio, y que antes de la vista reclamaba cuatro años y medio para el procesado, que reconoció los hechos aunque no se mostró conforme con la condena solicitada. «Es una cosa que voy a tener que pagar de por vida», manifestó el implicado en la sesión, en la que volvió a pedir perdón por lo ocurrido y reiteró su arrepentimiento.

Admitió que la noche previa al siniestro había salido de fiesta por Santoña y consumido alcohol y drogas -arrojó una tasa en sangre de 0,65 mg/l y dio positivo en cocaína- y asumió que circulaba a la velocidad determinada en el atestado (en el momento del choque era de entre 114 y 119).

Y aseguró que no recordaba «nada» desde que cogió el coche en Argoños para dirigirse a su casa en Gama hasta «segundos» después del siniestro, cuando le despertó la camarera de un bar que hay en el lugar de los hechos. «Del momento del accidente y minutos antes no me acuerdo de nada», ha aseverado.

A la hora de determinar la pena, la Audiencia ha tenido en cuenta la concurrencia de una circunstancia atenuante muy cualificada, y es que el hombre indemnizó a todos los familiares de los dos fallecidos con «cantidades muy elevadas», lo que «permite afirmar un esfuerzo reparador sincero y completo, dentro de lo que es humanamente posible después del desgraciado resultado producido».

En concreto, los padres del encausado consignaron un par de meses después del accidente más de 300.000 euros para indemnizar a las tres hermanas de la fallecida y a la hija, madre y hermano del fallecido, que en el momento del accidente se dirigían al aeropuerto de Santander para coger un avión con destino a Escocia y pasar allí unas vacaciones.

Al margen de la petición de tres años de cárcel que pedía la Fiscalía, la acusación particular -ejercida por la hija del fallecido- solicitaba cinco años y medio de prisión y privación del carné de conducir durante nueve años.

Por su parte, la defensa propuso dos años de prisión y cinco de retirada del permiso de conducción, en base a la consideración de la atenuante muy cualificada, adhiriéndose subsidiariamente al planteamiento del fiscal.

HECHOS PROBADOS

Los magistrados consideran probado que sobre las siete y media de la mañana del 12 de mayo de 2019 las víctimas viajaban en un vehículo, provistas de cinturón de seguridad, por una vía con buena visibilidad y en un tramo recto con velocidad limitada a 50km/h.

Cuando llegaron a la altura de un semáforo debidamente señalizado y dotado con paso de cebra, el turismo se detuvo en el mismo, dado que un peatón había accionado el semáforo y se disponía a cruzar la calzada.

Entonces, el acusado, que circulaba por la misma vía «no sólo desatento a las circunstancias del tráfico sino notablemente afectado por la previa ingestión de alcohol y drogas y a una velocidad de 121 km/h» no reaccionó ante la presencia del coche que estaba parado en el semáforo y se produjo un impacto. En este sentido, la sentencia señala que el acusado no hizo «maniobra alguna de frenar o evitar el golpe».

NOTORIA GRAVEDAD

El tribunal subraya que la negligencia en la conducción debe calificarse como grave, al conducir el vehículo bajo la influencia de la previa ingesta de tóxicos «en cantidad bastante» para incidir en esa conducción.

Junto a ello, resalta que el implicado tampoco respetó las normas sobre los límites de velocidad, «circulando el vehículo a una velocidad superior al doble de la permitida»; y además «no prestaba ninguna atención a la conducción, hasta el punto de que no intentó maniobra alguna para evitar o disminuir los efectos de su conducción, dado que ni consta que pisase el freno ni que tratase de impedir la colisión».

Finalmente, expresa la Sala que tampoco tiene dudas sobre el delito de conducción temeraria, pues «la temeridad manifiesta» resulta de los elementos ya señalados: «la influencia de tóxicos variados, la velocidad exorbitante y la ausencia de la mínima reacción ante la presencia de otro vehículo».

El pleno del Parlamento europeo ha reclamado este jueves que la violencia de género sea incluida en la lista de delitos que deben ser perseguidos en toda la Unión Europea, como el terrorismo, la trata de personas y el narcotráfico, lo que en la práctica supone definir los delitos penales y sanciones mínimas comunes así como reforzar la protección de las víctimas.

«Necesitamos más y mejores herramientas para combatir la violencia de género. Pedimos definiciones jurídicas comunes, estándares y penas mínimas en toda la Unión», ha destacado la ponente del informe de la Eurocámara, la eurodiputada de ERC Diana Riba.

El texto, que ha salido adelante con 427 votos a favor, 119 en contra y 140 abstenciones, también denuncia el feminicidio como la forma más extrema de violencia de género contra las mujeres y las niñas y recalca que la denegación del aborto legal y sin riesgo también es una forma de violencia de género.

La delegación del PP español se ha abstenido a excepción de la eurodiputada Isabel Benjumea, quien ha votado en contra de la resolución al igual que los eurodiputados de Vox. El resto de eurodiputados de partidos españoles con presencia en la Eurocámara han dado su voto a favor.

El pleno reunido en Estrasburgo (Francia) cree que con el primer paso de definir la violencia de género (contra la mujer y niñas pero también contra personas del colectivo LGTBIQ+) es fundamental para crear la base legal necesaria para diseñar después una directiva específica.

Estas dos iniciativas, tipificar como delito la violencia de género y crear una ley europea, fueron también defendidas el miércoles por la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, en el Debate sobre el Estado de la UE durante el que apuntó objetivos para lo que le resta de mandato.

El documento aprobado por la Eurocámara apunta que la futura directiva debería ofrecer, entre otras herramientas, medidas de prevención, incluidos programas educativos sensibles a las cuestiones interseccionales y de género; servicios de apoyo y medidas de protección y reparación para las víctimas; y medidas para combatir todas las formas de violencia de género, incluida la violencia contra las personas LGBTIQ+.

Además piden normas mínimas para el cumplimiento de la ley; disposiciones para garantizar que la violencia de género sea tenida en cuenta a la hora de determinar los derechos de custodia y de visita de los hijos y cooperación entre los Estados miembros y el intercambio de buenas prácticas, información y conocimientos especializados.

Los eurodiputados llaman la atención sobre las consecuencias adversas a nivel personal, social y económico que tiene la violencia de género y alertan de que la situación se agravó por la crisis del coronavirus con una «pandemia en la sombra», con aumentos de hasta el 60% en las llamadas de emergencia de mujeres víctimas de violencia por parte de su pareja o expareja.

Otra de las claves que apuntan es el problema de la falta de confianza de las víctimas en las autoridades policiales y el sistema judicial contribuye de manera importante a la infranotificación.

Para combatirla y evitar también la doble victimización, pide a los Estados miembros que mejoren los recursos y la formación de médicos, policías, jueces, forenses y otros profesionales que tratan con víctimas de la violencia de género.

Los familiares del niño de dos años asesinado presuntamente por su padre en un hotel de Barcelona el 25 de agosto han reclamado este jueves políticas públicas de prevención de la violencia vicaria.

En declaraciones a los periodistas, la abogada de la familia, Carla Vall, también ha pedido que haya campañas específicas para este tipo de violencia y ha defendido la actitud de la madre del menor en este sentido: «Es una mujer muy fuerte y muy capaz y que intenta sumarse en aportar algo en este cambio social contra la violencia vicaria».

El niño de dos años fue hallado muerto en un hotel de Barcelona el 25 de agosto, donde se había hospedado con su padre, y el sospechoso estaba buscado por los Mossos desde entonces, hasta que el miércoles fue hallado muerto, colgado de un árbol cerca de El Aeropuerto de El Prat.

Los familiares prevén abrir una causa civil para ver «si hay posibilidad de reclamar económicamente» a los herederos del autor, aunque los padres del niño se habían divorciado recientemente, y está por ver si hay otros herederos; y también tendrán opción de acceder al sistema de ayudas por delitos violentos del Estado.

La letrada ha manifestado que desde el principio han focalizado todas las energías para intentar aportar pistas en la búsqueda del sospechoso, al que encontraron muerto el miércoles en una zona boscosa de El Prat de Llobregat (Barcelona), y ahora se centrarán en las necesidades emocionales y materiales de la madre.

HALLAZGO DEL CADÁVER

«Han sido días y semanas muy duros, y ahora que se ha encontrado el cuerpo del presunto autor del delito esperamos que la familia pueda realizar ya por fin un duelo», ha añadido, y ha asegurado que esperan la autopsia del pequeño para que haya algún tipo de proceso penal.

Vall ha explicado que encontrar al presunto autor sin vida era «una de las hipótesis que estaba viva desde el principio», y que desconocían por completo dónde podía esconderse.

Para la madre, era una situación muy delicada a nivel de seguridad: «Debíamos cumplir con una serie de medidas para proteger su seguridad», y ha explicado que no había habido ningún tipo de violencia de género entre la pareja.

El presidente de la Diputación de Alicante y líder del PPCV, Carlos Mazón, ha criticado las declaraciones que la ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, ha realizado sobre el trasvase Tajo-Segura en un acto en la capital alicantina, en el marco de Foro Alicante, y ha lamentado que se trata de «un nuevo jarro de agua fría lo que esta ministra ha tenido el cuajo de venir a decir».

Teresa Ribera ha asegurado que «se va a mantener» el trasvase Tajo-Segura, una infraestructura que ha calificado de «esencial», pero que se debe «adaptar al nuevo contexto» con una gestión «más inteligente y sostenible», junto a otras alternativas que permitan una menor dependencia del agua trasvasada.

Mazón, que ha asistido a la conferencia de Ribera, ha criticado la decisión del Gobierno de España «de reducir a 12 hectómetros cúbicos el trasvase del Tajo-Segura para el mes de septiembre» y ha añadido que esta medida «viene a confirmar desgraciadamente, y una vez más, la hoja de ruta del Gobierno de Pedro Sánchez de acabar con esta infraestructura, ofreciendo como única alternativa la desalación, la más cara y perjudicial para los regantes».

El dirigente ‘popular’ ha criticado la ‘osadía’ de la ministra «de venir hoy a Alicante a defender las políticas del Gobierno socialista cuando estas lo único que van a conseguir es acabar con el futuro de la provincia».

«El Gobierno está demostrando que no hay marcha atrás en los recortes del trasvase, una medida que argumenta en beneficio de una supuesta sostenibilidad y de un imaginario medio ambiente», ha criticado Mazón, quien ha sostenido que desde la Diputación de Alicante «vamos a seguir con nuestra defensa a ultranza del Tajo-Segura a través de las alegaciones y de las movilizaciones ya anunciadas».

En esta línea, ha dicho que calificaría de «nueva decepción» la intervención de Ribera «si no fuera por los antecedentes decepcionantes que ya tenía la propia ministra y que ya tenía el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez».

Así, ha lamentado que «desgraciadamente nos han vuelto a confirmar que la hoja de ruta del Gobierno de España sigue en pie; que la alternativa es la desalación, que es la que más coste energético real» tiene y la que «más perjudica a los regantes».

El vicesecretario de Comunicación del PP, Pablo Montesinos, ha garantizado que los expresidentes José Mª Aznar y Mariano Rajoy tendrán un papel «fundamental» en la Convención Nacional del partido, que se celebrará de forma itinerante desde el 27 de septiembre y culminará con un gran acto en la plaza de toros de València el domingo 3, así como que la dirigente madrileña Isabel Díaz Ayuso está «invitadísima» porque es un referente para los ‘populares’.

«Está invitado todo el PP», ha zanjado a los periodistas en la sede de la formación en València, sin confirmar si Aznar y Rajoy «estarán o no» en el cierre de la convención en la ciudad.

En esta línea, Montesinos ha querido dejar claro que la convención es itinerante por España, desde ese lunes en Santiago de Compostela, y que durante esa semana los expresidentes tendrán un papel fundamental.

También ha hecho hincapié en que «todos los presidentes autonómicos están invitados» y en que «Ayuso por supuesto que está invitadísima porque es una referente» para todos los representantes del partido.

Sobre el cierre en València ha destacado que esta ciudad es «importantísima» para el PP porque desde ahí pretenden iniciar «el principio del fin del sanchismo». «Aquí estará todo el partido apoyando a nuestros candidatos y al presidente Pablo Casado porque los valencianos y los españoles quieren un cambio político», ha augurado.

Tras insistir en que «todo el Partido Popular está en eso», Montesinos se ha mostrado convencido de que la Convención Nacional será un éxito.

CONGRESO DE MADRID: «HAY UN PARTIDO UNIDO»

Por otro lado, sobre las declaraciones de la expresidenta Esperanza Aguirre apuntando a «chiquilicuatres» en ‘Génova’ para retrasar el congreso del PP madrileño, se ha limitado a afirmar que «lo importante es que hay un partido unido y compacto». «Todos tenemos un objetivo: que Pedro Sánchez sea desalojado de la Moncloa», ha rematado.

El portavoz del PNV en el Parlamento Vasco, Joseba Egibar, ha subrayado que el discurso del lehendakari, Iñigo Urkullu, ha evidenciado la «solvencia» y la «credibilidad» del Gobierno Vasco frente a algunos partidos de la oposición a los que, según ha dicho, «no les gusta» implicarse en ejercicios de «corresponsabilidad» para dar respuesta a los problemas de los ciudadanos.

Egibar ha recordado, en declaraciones a los periodistas en el Parlamento Vasco, que el año y medio transcurrido desde el inicio de la pandemia ha sido «difícil», aunque en este tiempo «se ha mantenido el pulso con solvencia desde el punto de vista sanitario y de protección social».

El portavoz ‘jeltzale’ ha afirmado que el «balance pormenorizado» de la acción de gobierno que ha incluido Urkullu en su discurso demuestra que la respuesta a la pandemia ha sido «solvente».

«SELLO DE CONFIANZA»

Esto –según ha dicho– representa «un sello de confianza política» en el Ejecutivo y aporta «seguridad». Egibar ha añadido que el próximo año será «decisivo», dado que habrá que afrontar el reto de «relanzar la economía» y crear empleo «de calidad.

A su juicio, las inversiones por valor de 1.600 millones de euros previstas por el Gobierno autonómico también aportan «confianza» y reflejan la «credibilidad» del Ejecutivo.

Egibar ha lamentado que esta labor gubernamental no se vea acompañada por la actitud de algunos grupos de la oposición, a los que –según ha dicho– «no les gusta trabajar la corresponsabilidad».

El portavoz del PNV ha destacado que su partido y el PSE-EE –socios en el Gobierno autonómico– suman mayoría absoluta en la Cámara vasca.

No obstante, ha afirmado que si la oposición se sumará a apoyar las medidas del Gobierno para combatir la crisis, se generaría «un efecto multiplicador». «Hay quien rechaza este ejercicio de corresponsabilidad, que es clave en momentos como los que estamos viviendo», ha manifestado.

BBVA y la FAD han presentado este jueves, en un acto en el marco del proyecto Educación Conectada, las iniciativas premiadas del concurso de ideas ‘Repensando la participación en los espacios educativos’.

Al acto ha acudido el secretario de Estado de Educación, Alejandro Tiana, que ha estado acompañado por el director global de Negocio Responsable de BBVA, Antoni Ballabriga; el presidente de FAD, Ignacio Bayón; los docentes y alumnos galardonados; y representantes de diversas organizaciones educativas.

La iniciativa ganadora de esta modalidad dirigida a docentes (dotada con un premio de 1.500 euros) ha sido ‘Activa tu recreo’, presentada por Daniel Gómez Merino, del CEIP El Arcipreste de Hita , de El Espinar (Segovia), Vanesa Domínguez Calderón, del CEIP la Pradera, de Valsaín (Segovia) y María Peinador Ramírez, del colegio Nuestra Señora de la Fuencisla (Segovia).

El proyecto está basado en la creación de una red de centros –han llegado a participar 15 centros de la provincia de Segovia– en la que cada uno plantea distintos desafíos individuales a los alumnos para realizar en el patio y, después, compartir estos desafíos con el resto de centros escolares a través de vídeos.

El segundo premio (dotado con 1.000 euros) ha sido para la propuesta ‘El mundo que queremos: Reto Cinturón Verde’, presentada por Paula Rey Silva junto con el resto del equipo docente del CEIP Valle-Inclán de Vigo (Pontevedra).

Para este proyecto, crearon un vivero de 1.000 árboles, que cuidaron los diferentes grupos burbuja para reforestar los montes del entorno de Vigo y mostrar así su respeto hacia el medio ambiente.

‘El bosque de los sentidos’ de Aránzazu Macho Arconada, del colegio Salesianos Deusto de Bilbao (Vizcaya), ha sido galardonado con el tercer premio (dotado con 500 euros). Esta idea permitió habilitar los espacios exteriores del centro como aulas de Infantil, donde los alumnos tuvieron la oportunidad de aprender en la naturaleza a través del juego y disminuir las posibilidades de contagio.

PROYECTOS ESTUDIANTILES PREMIADOS

En la categoría dirigida a estudiantes universitarios, la idea ganadora (dotada con 1.500 euros) ha sido la de Amelia Guede Rodríguez, estudiante del Grado de Filosofía y Antropología Social y Cultural de la UNED y residente en Ourense. Su propuesta integra el teatro en las aulas como herramienta de aprendizaje, participación y relación de manera segura. Su idea es que se aprovechen estos tiempos y espacio para que, a través del teatro, los alumnos puedan expresar y compartir sus miedos y preocupaciones sobre la pandemia.

Beatriz Balseiro Campoamor, estudiante del Grado de Publicidad y Relaciones Públicas de la Universidad Complutense de Madrid (UCM), se ha alzado con el segundo premio (1.000 euros). Con el objetivo de profundizar en determinadas actividades artísticas en los colegios, esta madrileña presentó ‘ContagiArte’, en la que propone que niños profundicen durante el recreo en actividades artísticas que no forman parte del currículo escolar, como la danza o el teatro.

La propuesta de José Porrero Fernández, estudiante del Grado de Arquitectura en la Universidad Francisco de Vitoria (UFV) y residente en Tres Cantos (Madrid), ha obtenido el tercer premio, dotado con 500 euros. La iniciativa se centra en los talleres abiertos creativos, que buscan potenciar el espíritu del trabajo en equipo a través del debate sobre temáticas que se adaptarán a las edades del alumnado y que podrán realizarse en pequeños grupos y al aire libre.

EDUCACIÓN CONECTADA

Educación Conectada es una iniciativa de la FAD y BBVA que comprende un conjunto de acciones dirigidas al ámbito educativo tras la crisis causada por la pandemia. El objetivo es contribuir a paliar las graves consecuencias que la actual crisis está teniendo en toda la comunidad educativa.

Las líneas principales de trabajo plantean como prioridades la adaptación de los centros escolares a la nueva realidad tras la crisis del coronavirus o acciones de reducción de la brecha de uso digital (formando en competencias, especialmente), entre otros, para generar conocimiento abierto en educación para hacer frente a los retos actuales y futuros.

Las candidaturas han sido valoradas por un jurado compuesto por la directora de programas de inversión en la comunidad de BBVA, Lidia Del Pozo; la directora general de la FAD, Beatriz Martín Padura; la directora de 20 Minutos, Encarna Samitier; el profesor de la Universidad de Granada (UGR), Fernando Trujillo; el vocal asesor del Secretario de Estado de Educación, Juan López Martínez; la directora de Marinva, Esther Hierro; el artista y formador especializado en creatividad y espacios, Siro López; y la filósofa de la tecnología y co-directora en ARSGAMES, Eurídice Cabañes.

La parlamentaria de Vox, Amaia Martínez, ha criticado la falta de «autocrítica real» del Lehendakari, Iñigo Urkullu, en el debate de política general y le ha pedido que reconozca que la gestión de la pandemia de la Covid-19 «no ha sido todo lo buena que él pinta».

Martínez ha manifestado que el discurso del lehendakari, Iñigo Urkullu, en el debate de política general «carece de autocrítica real». Según ha advertido, «la autocrítica no se zanja sólo con la palabra», sino que «solo es creíble con concreción, detallando qué se ha hecho mal y cómo se piensa resolver», pero «de eso no ha habido nada».

Tras subrayar que «sin autocrítica y evaluación no hay mejora posible», la parlamentaria de Vox ha considerado que la gestión de la pandemia de la Covid-19 ha sido «francamente mejorable, muy mejorable».

La pandemia, ha recordado, «se ha cobrado la vida de casi 5.000 personas en el País Vasco, ha condenado a la quiebra a miles de pequeños empresarios y autónomos, ha dejado en el paro a muchos trabajadores y nos ha condenado a la más absoluta incertidumbre a todos los que vivimos en esta región». En ese sentido, ha criticado que Urkullu se ha referido al impacto de la crisis como «inevitable, pero las consecuencias han sido diferentes, las medidas también y los resultados han dependido de ellas».

En opinión de Vox, ha dicho su parlamentaria, en la gestión de la crisis sanitaria del Gobierno Vasco «pesa en exceso la precaución, incluso cuando deja de tener sentido». De ahí, ha apuntado, que los jueves «hayan enmendado al Gobierno y hayan ampliado el aforo máximo en estadios al descubierto».

A su entender, tampoco se puede dejar de lado «la responsabilidad del PNV a la hora de aprobar estados de alarma que los tribunales han considerado inconstitucionales». Estados de alarma, ha recordado, que «permitieron limitar derechos fundamentales de las personas, algo de lo que también es responsable este Gobierno, con una marcada tendencia autoritaria, apostando por la imposición revestida de falso diálogo».

Por otro lado, ha criticado que el Lehendakari ofrece una «versión sesgada y manipulada» de los fondos Next Generation porque, según ha advertido, «tarde o temprano tendremos que pagarlos, todos nosotros, con nuestros impuestos», ya que «no son un regalo llovido del cielo», sino «dinero que habrá que devolver».

AUTOGOBIERNO

En cuanto al autogobierno y de «cómo va a avanzar hacia la ensoñación de su Euskal Herria», Martínez ha considerado que Urkullu ha dicho «más bien poco» y también cree «llamativo» que «no haya hecho mención alguna de los homenajes a etarras». «Y es llamativa la posición de este Gobierno y de los partidos que lo conforman ante los vomitivos ongi etorris, actos de ensalzamiento del terrorismo que se suceden en el tiempo ante la pasividad de este ejecutivo, con la complicidad de la mayor parte de los grupos de esta Cámara», ha denunciado.

También ha criticado que el lehendakari tampoco haya hecho mención «al cordón antidemocrático a Vox que ha caracterizado este pasado curso político». «Como si no existiera, y con la desfachatez de definir este Parlamento como la casa del debate, del acuerdo, del diálogo… Será una broma ¿no?», ha censurado.

Por todo ello, ha avanzado que en su intervención de esta tarde en el pleno le pedirá a Urkullu «valentía para hacer frente al insulto permanente que suponen los ongi etorris» y la humillación que suponen para las víctimas del terrorismo».

En ese sentido, ha recordado, en referencia la marcha a favor del preso de ETA Henri Parot, que este sábado «la izquierda abertzale, esa que también justifica las algaradas en botellones y concentraciones ilegales, pedirá la libertad para un etarra que lleva en la cárcel menos años que muertes ha causado, un tipo que debería cumplir íntegramente su condena». «Hay que empezar a dar pasos para impedir que se repitan en calles y plazas del País Vasco, pasar de las palabras vacías y altisonantes a los hechos», ha reclamado.

También le pedirá al Lehendakari «autocrítica» y «el reconocimiento de que la gestión de la pandemia no ha sido todo lo buena que él nos pinta», así como «la asunción de responsabilidades por decisiones tomadas de forma arbitraria, como el cierre de la hostelería que levantaron los jueces y que tantos perjuicios ha causado».

Otra de sus exigencias será «más compromiso con la democracia, que reconozca el mismo espacio y las mismas oportunidades a todas las fuerzas políticas que respetamos las reglas del juego, y que defienda una vuelta a la cordura de su partido político».

«Le voy a pedir más transparencia en la gestión de las prisiones vascas y en la concesión de beneficios penitenciarias a etarras que ni se arrepienten por el daño causado ni colaboran para el esclarecimiento de crímenes sin resolver», ha adelantado.

Por último, ha dicho que le hará a Urkullu un llamamiento para erradicar «todas estas actitudes marcadamente autoritarias de las que este Gobierno ha hecho gala en el año y medio de pandemia y que los jueces han frenado en varias ocasiones».

El secretario general y senador de Coalición Canaria (CC), Fernando Clavijo, ha pronosticado este jueves que los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2022 «serán los últimos» por lo que Canarias va a estar «hipotecada» dos años y medio si no sale bien parada en las negociaciones.

En un encuentro con medios de comunicación junto al secretario de Organización, David Toledo, el expresidente canario ha advertido también del «peligro» que se va a plantear con la financiación autonómica porque cualquier modificación que se plantee será «perjudicial» para las islas.

Ha dicho que Canarias no tiene el mismo peso en las Cortes que Cataluña o País Vasco y el presidente, Pedro Sánchez, «no se va a enfrentar» a Cataluña porque su presidencia depende de eso y tampoco habrá adelanto electoral porque quiere llegar a la presidencia de turno a la UE.

En esa línea, ha explicado que «no va a haber dinero para todos» y el PSOE canario y el Gobierno regional van a «agachar la cabeza» en un momento en el que la situación económica no va a mejorar tanto como sostiene el Ejecutivo canario dado que la inflación «va a subir» y la economía está funcionando vía endeudamiento.

Cara a las negociaciones de los PGE, ha señalado que CC va a exigir el cumplimiento absoluto del REF y el Estatuto de Autonomía, un plan que garantice la conectividad aérea y otro para impulsar la recuperación del turismo.

Asimismo, ha indicado que hay que aumentar los fondos del plan de empleo, porque 42 millones son «insuficientes» debido al impacto de la pandemia, que se recuperen las inversiones en infraestructuras hidráulicas y educativas y haya más financiación para las universidades públicas.

Clavijo ha lamentado que en los nuevos criterios de relajación del déficit, el Estado se haya quedado la mayor parte y haya dado «migajas» a las comunidades autónomas y prácticamente nada a los ayuntamientos, a quienes les va a afectar la caída de la recaudación cuando necesitan acometer inversiones y las ayudas sociales se incrementan.

«Es la tormenta perfecta», ha señalado, augurando que muchas administraciones locales pueden verse «colapsadas».

NO HABRÁ COMISIÓN BILATERAL

En cuanto a las relaciones Canarias-Estado ha mostrado su convencimiento de que no va a haber reunión de la comisión bilateral para analizar el traspaso de competencias y tampoco cree que se pueda «hacer piña» entre todos los diputados canarios.

Clavijo ha señalado que el Gobierno central tiene una «mayoría escuálida» para abordar una comisión de esas características –todos los focos están en Cataluña–, hay una tradicional «resistencia» entre los altos funcionarios del Estado con los asuntos de las islas y en el Ejecutivo canario «no hay nadie» encargado directamente de optimizar el Estatuto.

Sobre la crisis migratoria, ha destacado que «sigue llegando gente muerta» a Canarias y a nadie en el Gobierno central «se le ha movido una tripa» y no logran instalar el SIVE en Lanzarote ni reactivar el Frontex.

Cuestionado por la reforma eléctrica del Gobierno central para abaratar la factura de la luz, ha señalado que «es un maquillaje» porque al detraer 2.600 millones de los beneficios de las eléctricas lo que hace es un «pago diferido» en el futuro que se cargará a las arcas públicas.

La Covid-19 es la primera preocupación del 40,3% de los niños, niñas y adolescentes en España, y el 57,6% considera, además, que la pandemia es también la principal preocupación de la sociedad en general, según revela el II Barómetro de Opinión de la Infancia y Adolescencia realizado por UNICEF España en colaboración con la Universidad de Sevilla.

Además, la crisis socioeconómica derivada de la pandemia se sitúa como la segunda mayor preocupación para los encuestados –frente al séptimo puesto que ocupaba la economía en el barómetro de 2019–, según el informe, que ha sido presentado este jueves.

«Los niños, niñas y adolescentes no son ajenos a esta crisis sanitaria mundial, y eso se refleja en sus opiniones y preocupaciones», ha constatado la responsable de Políticas Locales de Infancia de UNICEF España, Lucía Losoviz.

Del estudio también se desprende que el aumento de la preocupación por la economía o la política, ha relegado la preocupación por el medio ambiente a la octava posición, frente al segundo puesto que ocupaba hace dos años.

Asimismo, los autores del estudio destacan que ha cambiado la perspectiva de otras cuestiones como la educación. Así, mientras que en 2019 las respuestas indicaban una preocupación por el rendimiento escolar, ahora se ha transformado en una inquietud por el sistema educativo en su conjunto.

Tanto desde UNICEF como desde la Universidad de Sevilla han pedido que este Barómetro se consolide como una herramienta que contribuya a impulsar políticas para seguir protegiendo a la infancia.

«Estos cambios suponen una llamada de atención sobre la importancia de implantar el Barómetro como una herramienta de seguimiento periódico de las preocupaciones y opiniones de la infancia y adolescencia», ha precisado el profesor de la Universidad de Sevilla, Francisco J. Rivera.

DESCIENDE LA SATISFACCIÓN VITAL

Los resultados del informe muestran asimismo un nivel medio-alto de satisfacción vital, pero la puntuación desciende del 7,6 (sobre 10) de 2019, a un 7 en esta edición. También el bienestar emocional ha descendido ligeramente (de 3,70 a 3,47, en una escala del 1 al 5), algo que podría deberse a los indicadores relacionados con el tiempo libre, el bienestar puramente físico y la diversión con sus amigos, según indican los autores del estudio.

En cuanto al bienestar psicológico, el número de niños y niñas que manifestaron sentirse solos ha aumentado en 8 puntos porcentuales (se sitúa en el 39,4%, frente al 31% de la anterior edición) y los que sienten bastante, mucha o muchísima tristeza se han incrementado en 10 puntos (del 50,8% en 2019 al 61% en 2021).

La confianza en los partidos políticos, el gobierno y los sindicatos ha disminuido, y la valoración de profesiones como políticos y banqueros sigue en las últimas posiciones. Tal y como explica Fran, de 18 años, «los niños y niñas se sienten alejados de la política porque necesitan resultados tangibles, y más en pandemia». Por el contrario, ha aumentado la valoración de los médicos y de los docentes.

Atendiendo al nivel adquisitivo de las familias, los niños y niñas pertenecientes a familias de niveles adquisitivos más bajos muestran menos niveles de satisfacción y bienestar, así como una menor mejora de sus relaciones familiares o con amigos durante la pandemia.

Por todo ello, UNICEF España ha recomendado priorizar el enfoque de equidad en las actuaciones encaminadas a la reconstrucción social y económica tras la pandemia.

También ha pedido establecer mecanismos que permitan incorporar en las políticas públicas estos resultados de procesos de consultas a menores, y conseguir políticas «eficaces» de acuerdo a sus necesidades. Igualmente, ha propuesto dar continuidad y ampliar este tipo de consulta de forma periódica y sostenida, ampliando tanto la muestra (por edad, representación territorial y teniendo en cuenta la diversidad) como los temas.

«Los niños y niñas necesitamos que se nos escuche más. Necesitamos que se nos escuche más, por ejemplo, en el ámbito escolar, porque es creado por los adultos, no por la infancia», ha zanjado Malena, de 13 años.

Sólo uno de cada cuatro españoles (25,4%) está claramente en contra de que se llegue a obligar a alguien a vacunarse contra el coronavirus, frente a un 47,7 por cierto que, por el contrario, aboga por que «habría que obligar a todos a vacunarse», según el Barómetro de Septiembre del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS). Uno de cada cinco (21,8%) se encuentra en el punto medio señalando que «dependería de los casos», mientras un 4,8 por ciento no tiene una postura clara.

Sin embargo, cuando se pregunta a los que están en contra de la obligatoriedad y a los que dudan, sobre el caso concreto de obligar a vacunarse al personal sanitario, el que trabaja en las residencias de personas mayores y a los que tienen relaciones profesionales directas con el público en general, el 64,5 por ciento opina que sí frente a un 28 por ciento que se mantiene en contra.

Aunque no hay diferencias sustanciales respecto a la obligatoriedad de vacunar en general (48,5% de mujeres a favor y 46,8% entre los hombres), sí las hay en cuanto a la edad de los consultados. Así, mientras los tramos más jóvenes los porcentajes entre a favor y en contra están más equilibrados (en torno a un tercio), suben claramente conforme sube la edad: si de 35 a 44 años creen que hay que obligar a vacunar un 39,1 por ciento, sube al 45,9% entre los 45 y los 54 años y supera el 63% entre los mayores de 65 años.

Por lo que se refiere a sí mismo, el 43% de lo que aun no han recibido la inmunización asegura estar dispuesto a vacunarse, frente al 34,6 por ciento que se resiste a hacerlo. La razón principal de la negativa sigue siendo la desconfianza en la vacuna (26%), seguida del miedo a los efectos secundarios (20%).

REFORMAS EN LA SANIDAD

Por otra parte, tras los meses vividos con la pandemia, el 83,3 por ciento de los consultados cree que son convenientes reformas en la sanidad española, frente a un 10 por ciento que considera que no sería necesario. Concretando más, quienes apuestan por las reformas creen mayoritariamente que deben ser en primer lugar dotándole de mas recursos económicos (95,3), seguido de un aumento de pantillas (94,5%), una mayor coordinación entre las comunidades autónomas (91,9%) y aumentar las instalaciones y los recursos dedicados a prevenir y abordar las pandemias (86,4%).

Respecto a la actual situación, tal como está evolucionando son menos los que creen que habría que tomar medidas más exigentes (34,7%) frente a los que consideran que «podemos continuar como estamos» (48,5%), si bien, un 48,6 por ciento reclama más recursos para reforzar el sistema sanitario; un 41,8% reforzar los protocolos de seguridad en el transporte colectivo; un 41,8% reforzar los protocolos de seguridad en las actividades turísticas; crear app para el seguimiento de la trazabilidad de los contagios (33,2%) o el uso obligatorio de mascarillas en interiores (48%).

Sólo un tercio de los españoles (33,3%) ha tenido contacto con los servicios sanitarios por pensar que tenía síntomas relacionados con el coronavirus o por otras causas relacionadas con el virus. De ellos, ocho de cada diez (79,6%) está safisfecho con la atención recibida, frente a un 13,3% ciento que no quedó conforme.

En cualquier caso, un 65% cree que lo peor de la pandemia ha pasado ya, frente a un pesimista 8,7% que cree que aun está por llegar. El 13,5% opina que estamos viviendo ahora el peor momento.

Los diputados nacionales por el PP de Málaga, Pablo Montesinos, Carolina España y Mario Cortés, han registrado una Proposición No de Ley (PNL) en el Congreso para solicitar al Gobierno central la declaración de Sierra Bermeja como zona gravemente afectada por una emergencia de protección civil (más conocido como zona catastrófica), lo cual «permitirá la activación de ayudas que contribuyan a paliar los efectos ambientales y económicos generados por el fuego».

Así lo ha señalado en rueda de prensa Carolina España, quien ha incidido en que la iniciativa pretende pedir «con celeridad esta declaración, a fin de agilizar las ayudas asociadas a la misma y garantizar una pronta recuperación medioambiental y económica de los municipios afectados».

España, que ha recordado «el carácter inédito y virulento de un incendio de sexta generación que deja el triste balance de un bombero fallecido, casi 10.000 hectáreas calcinadas y más de 2.600 personas desalojadas», ha subrayado el agradecimiento del Partido Popular a «la extraordinaria labor y coordinación de los efectivos que han trabajado en su extinción, tanto el Infoca, como el GREA, el 112, Policía y Guardia Civil, bomberos, la UME y los dispositivos de otras comunidades autónomas».

Estas ayudas del Gobierno, ha señalado España, se sumarían a las anunciadas por la Junta de Andalucía y la Diputación Provincial, al tiempo que ha adelantado la creación de una mesa de trabajo por parte del Grupo Popular en el Congreso, liderada por el portavoz adjunto y diputado andaluz Carlos Rojas, para estudiar la posibilidad de modificar y endurecer el Código Penal contra las personas que provocan estos incendios.

Sobre la Proposición No de Ley, España ha explicado que solicitan esa declaración de zona catastrófica, «lo que permitirá la concesión de ayudas económicas a particulares por los daños ocasionados en las viviendas y enseres de primera necesidad, así como a las personas físicas o jurídicas que hayan llevado a cabo la prestación personal de servicios y bienes».

También, ha añadido, solicitan que se compense a las corporaciones locales por los gastos derivados de actuaciones inaplazables, además de subvenciones por daños en infraestructuras municipales y en la red viaria provincial, así como en infraestructuras hidráulicas afectadas, especialmente aquellas que dan servicio a comunidades de regantes y pequeños agricultores.

AYUDAS A EMPRESAS, AGRICULTORES Y GANADEROS

España también ha reclamado «ayudas para los establecimientos industriales, mercantiles y de servicios; además de aprobar, si procede, subvenciones por daños en producciones agrícolas, ganaderas y forestales, y la puesta en marcha de medidas fiscales, laborales y de la Seguridad Social».

En esta línea, la diputada ‘popular’ ha solicitado al Gobierno que «valore la aprobación de medidas excepcionales como la reducción de los índices de rendimiento neto de las explotaciones y actividades agrarias realizadas en las zonas siniestradas, además de colaborar con el resto de administraciones en los trabajos de restauración forestal y ecológica de la zona afectada, y que impulse medidas de carácter preventivo».

Para todo ello ha exigido celeridad a la Subdelegación del Gobierno en Málaga: «Le pedimos, como Partido Popular y como malagueños, que remita cuanto antes el informe detallado con los daños al Ministerio del Interior y al Consejo de Ministros, con el objetivo de agilizar la declaración como zona afectada gravemente por una emergencia de protección civil».

«Los tiempos son muy importantes porque, una vez declarada como zona catastrófica, el paso siguiente es aprobar las ayudas que contribuyan a paliar los efectos ambientales y económicos de este gran incendio», ha concluido Carolina España.

El sector librero prevé que 2021 signifique un crecimiento en las ventas superior a un 10% pese al impacto de la crisis sanitaria por el covid, según el estudio presentado este jueves 16 de septiembre por la Confederación Española de Gremios y Asociaciones de Libreros (CEGAL).

El informe ‘Mapa de las Librerías’ desvela que el sector está integrado por 3.208 librerías independientes, con un número detectado de 45 aperturas y 41 cierres en los dos últimos años.

Tal y como han explicado desde CEGAL, aunque este dato sea inferior al de años anteriores (3.500 librerías), el descenso no se debe a un balance negativo entre el número de aperturas y cierres, sino a un proceso de depuración del censo, en el que han dejado de incluirse establecimientos en los que la venta de libros no es el objeto principal de la actividad comercial.

No obstante, el ‘Mapa de Librerías’ alerta de «la frágil situación» de las librerías de proximidad, ya que casi la mitad de las librerías censadas tienen una facturación en libros inferior a 90.000 euros, lo que «las sitúa en el límite de la supervivencia».

Álvaro Manso, portavoz de CEGAL, ha destacado que si las librerías han conseguido resistir al impacto de la pandemia de Covid-19 ha sido gracias al apoyo de sus comunidades de lectores pero también de las distintas administraciones públicas, «sensibilizadas con el papel cultural» de las librerías, y del sector del libro y sus iniciativas.

Con una media de 6,8 librerías por 100.000 habitantes, el ranking de librerías está encabezado por Madrid y Cataluña, con un 13,7% de los establecimientos; Andalucía (12,6%) y Comunidad Valenciana (10%), aunque la mayor densidad la siguen presentando algunas comunidades del norte de España, como Galicia, Navarra, Castilla y León, Asturias y La Rioja (10 establecimientos por cada 100.000 habitantes).

En España coexiste una mezcla heterogénea de librerías: librerías de proximidad (30,9%), librerías especializadas (27,9%), generalistas de fondo (26,4%) y generales con alguna especialización (14,9%). Por materias de especialización, destacan las de literatura infantil y juvenil (35,6%), ciencias sociales (31,6%), literatura (24,4%) y cómic (15,5%).

¿LIBRERÍAS O PAPELERÍAS?

Según este estudio, existe una clara relación entre tipología de librería y facturación, ya que la mayor parte de los pequeños establecimientos que facturan menos de 30.000 euros anuales en libros se corresponde mayoritariamente con librerías generales de proximidad, mientras que las que más facturan son generalistas de fondo.

En media, la venta de libros supone un 74,7% del total de la facturación de las librerías; un porcentaje que ha ganado peso respecto a 2019, cuando se situaba en un 73,7%. El resto se divide entre ingresos por la venta de artículos de papelería (16,7%), revistas (2,5%), merchandising (0,8%) y otros productos.

Otra de las conclusiones del estudio es que durante los dos últimos años han sido más las librerías que aumentaron su tamaño de facturación (16,7%) que aquellas que lo disminuyeron (5,5%). La mitad de las librerías independientes en España están capitaneadas por autónomos (52,%) que, además de la propiedad, ejercen la dirección de sus negocios.

MÁS EMPLEO FIJO Y TRABAJADORAS

Uno de los aspectos resaltados por Álvaro Manso, portavoz de CEGAL, es el fomento del empleo fijo (8.277 empleados fijos, de los que 4.929 son mujeres) frente a la reducción del empleo eventual (1.560 trabajadores eventuales) y una amplia presencia de mujeres en los negocios (59,6%).

La pandemia ha supuesto para las librerías el crecimiento de la venta online. El 38,9% de las librerías independientes utiliza el canal online, lo que supone un significativo aumento respecto a los datos del 2019 (25,8%). En la actualidad el promedio de las ventas por Internet supone para las librerías un 11,9% de su facturación.

El Tribunal Superior de Justicia de Navarra (TSJN) ha anulado una condena de seos años y un día por un delito continuado de abusos sexuales debido a que la Sección Primera de la Audiencia Provincial rechazó la comparecencia de la denunciante en la vista oral al considerar suficiente su declaración grabada (prueba preconstituida) en la fase de instrucción.

La Sala de lo Civil y Penal del TSJN, que decreta la repetición del juicio con el fin de que un tribunal compuesto por distintos magistrados de la Audiencia escuche el interrogatorio a la supuesta víctima en la vista oral, estima que la denunciante debió declarar en el juicio al ser ya entonces mayor de edad.

Según ha informado el TSJN, cuando se interpuso la denuncia y se grabó la declaración en el juzgado de instrucción la víctima tenía 14 años, mientras que cuando se celebró el juicio, el pasado mes de mayo, la denunciante ya era mayor de edad.

En la sentencia, contra la que no cabe recurso, el TSJN estima parcialmente el recurso presentado por la defensa, que había solicitado que la víctima declarase en el juicio, una petición que fue denegada por la Sección Primera de la Audiencia y a la que no se había opuesto la acusación particular.

La Audiencia razonó que, si bien era mayor de edad cuando se celebró la vista oral, era menor de 13 y de 16 años cuando se produjeron los hechos imputados. Y, además, destacó que, tras el informe psicológico emitido al respecto, se consideró que, desde el punto de vista de la protección de la víctima, que cuando se emitió el dictamen tenía 17 años, la declaración en el juicio no era procedente y que, «más allá de la mayoría de edad, ninguna circunstancia justificaba un cambio de criterio sobre dicha improcedencia y la suficiencia de la prueba preconstituida en relación a los hechos».

«No puede sin embargo olvidarse que la declaración presencial de las presuntas víctimas en el juicio oral constituye, por las garantías que rodean su interrogatorio en él, la regla general, y que la exclusión de su comparecencia directa y su sustitución por el visionado de la grabación audiovisual realizada en prueba preconstituida -justificadas por la protección de su estabilidad psíquica y la eliminación del riesgo de victimización secundaria- representa una excepción que, como tal, sólo es de aplicación a las personas comprendidas en su ámbito tutelar, esto es, a las menores de edad -hoy, con carácter obligatorio, sólo a las menores de 14 años- y a las personas con discapacidad necesitada de especial protección», razona la Sala de lo Civil y Penal del TSJN.

Por tanto, el tribunal subraya que el transcurso de cuatro años desde la declaración en prueba preconstituida de la menor, cuando tenía catorce años y medio, no sólo determinó a la fecha de la vista oral, en que aquella contaba dieciocho años y cinco meses, su salida de la minoría de edad a que se contrae la repetida protección legal, «sino que también hubo de incidir sensiblemente en la situación psicológica y emocional que en la instrucción motivó la recepción de su declaración como prueba preconstituida, ante la eventualidad previsible de un juicio oral más próximo que el que finalmente se celebró cuatro años después».

La Sala de lo Civil y Penal del TSJN sostiene que ni la edad (catorce años y medio) que tenía la menor cuando se formuló la denuncia y prestó declaración en el juzgado, ni la conformación de esta declaración como prueba preconstituida, «le conferían una dispensa absoluta, indefinida e incondicional de comparecer en el juicio oral, si su presencia e intervención personal en el plenario eran pedidas, sino sólo la posibilidad de eludirla sustituyendo la declaración presencial por la reproducción de la grabada si, llegado el momento del plenario, su minoridad hacía de su interrogatorio en él una forma de victimización secundaria con fundados riesgos de perturbación de su desarrollo personal y su estabilidad psíquica y emocional».

Según expone la Sala, debe además tenerse presente que la declaración de la denunciante «constituye la única prueba personal directa de cargo de los hechos enjuiciados, puesto que las demás son de referencia, en cuanto parten de sus manifestaciones, o tienen por objeto corroborar o desvirtuar la credibilidad y verosimilitud de lo declarado por ella». «La relevancia penal de su declaración obliga pues a extremar y reforzar las garantías en la recepción, percepción y valoración de una prueba personal que es nuclear o fundamental en este enjuiciamiento», sostiene.

Al denegar la Audiencia la declaración en el juicio de la presunta víctima propuesta como prueba por la defensa del acusado y valorar la prestada en la instrucción como prueba preconstituida, el TSJN afirma que «vulneró las normas y garantías procesales» cuya infracción se denuncia en el recurso.

«Con su denegación, impidió a la defensa del acusado recurrente interrogar en el juicio, en presencia del tribunal sentenciador y con las garantías de una plena contradicción, a la testigo (mayor de edad) cuya declaración sustenta la fundamental prueba de cargo de la acusación, sin que el tenor del informe técnico psicológico recabado para acordar su sustitución por la reproducción de la prueba preconstituida justifique la limitación del derecho de defensa y a un proceso con todas las garantías que tal sustitución comporta», recalca el Tribunal Superior de Navarra.

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha reafirmado este jueves el «compromiso de regeneración y transparencia» del gobierno de PP y Ciudadanos (Cs) que lidera, y su plan para «simplificar» los entes instrumentales pero «sin revanchas ni ‘vendettas'», después de que el portavoz del grupo Vox en el Parlamento andaluz, Manuel Gavira, le haya urgido a liquidar «cuanto antes la administración paralela» y a «echar» de ella a «enchufados» del PSOE.

Ha sido en el transcurso de la sesión de control al Gobierno andaluz en el Pleno del Parlamento, en la que el portavoz de Vox ha preguntado al presidente de la Junta por las medidas que piense tomar tras publicarse a finales de julio las auditorías independientes que el Gobierno de Moreno encargó sobre 54 entidades instrumentales de la administración autonómica.

El portavoz de Vox ha aprovechado su primera intervención para reivindicar el papel de los «400.000 valientes» que votaron a su formación en el «cambio político histórico» que se pudo dar en Andalucía tras las elecciones del 2 de diciembre de 2018, que permitieron la conformación de un gobierno de PP y Cs con el apoyo de Vox a la investidura de Moreno para «acabar con 40 años de régimen socialista».

Manuel Gavira ha sostenido que ese cambio fue posible porque «los andaluces estaban hartos de la tela de araña» que, en su opinión, había tejido la administración socialista, y de ver cómo «se enchufaba a cualquiera que tuviera que ver con el PSOE».

Tras subrayar que «muchos andaluces se acostaron» aquel 2 de diciembre «pensando que por fin el cambio iba a llegar a Andalucía», el portavoz de Vox ha sentenciado que «seguimos estando ante una oportunidad histórica que no podemos desaprovechar», y por eso su grupo llegó a un acuerdo con el PP «para acabar con el gasto superfluo y levantar las alfombras que habían tapado chiringuitos», pero ha lamentado que «ese esfuerzo de Vox por priorizar Andalucía y el cambio» en esta comunidad, por «intentar eliminar el lastre que pesa» sobre ella, «se ha topado» con la «voluntad inicial» de Moreno de «que todo siga más o menos igual».

VOX RECHAZA UN SIMPLE «RECAMBIO» EN LA JUNTA

«Estamos en el momento de decir qué se hace», ha aseverado el portavoz de Vox antes de advertir de que a su partido «no le vale con echar a los socialistas, bajar los impuestos y poco más», porque eso «es un recambio, y para eso no va a poder contar con nosotros», según le ha avisado a Moreno antes de reclamarle «cuanto antes» tanto «el fin de la administración paralela» como «que se eche a los enchufados y que se acabe con todo el gasto superfluo que soporta la Junta».

El presidente de la Junta le ha respondido indicando que coincide con Gavira en que el 2 de diciembre de 2018 «se produjo un cambio histórico en Andalucía, la única comunidad autónoma de España donde no había existido la alternancia política» por un «monopolio de poder» del PSOE, y que el cambio se produjo por «el cansancio y hastío de una parte de la población que decidió que ya no podía aguantar más, que había demasiada oscuridad en la administración andaluza».

En esa línea, Moreno ha rechazado que Vox «hable de recambio» y no de cambio, y al respecto ha defendido que ahora sí se entra en la función pública de la administración andaluza «por mérito y capacidad», no como en los años de gobiernos socialistas, y eso «es un cambio notable», según ha reivindicado.

MORENO DEFIENDE SU «FIRME COMPROMISO DE REGENERACIÓN Y TRANSPARENCIA»

Moreno ha señalado que desde que su gobierno tomó posesión tiene «un firme compromiso en regeneración, racionalización y transparencia» para la «administración de todos los andaluces», y ha detallado las iniciativas tomadas desde el primer Consejo de Gobierno de PP y Cs enero de 2019 en torno al sector instrumental, comenzando por las auditorías encargadas entonces a la Intervención General de la Junta para doce agencias públicas.

El presidente ha puesto de relieve las auditorías encargadas sobre 54 entes instrumentales cuyos resultados se dieron a conocer el pasado mes de julio, y ha defendido que «ninguna administración pública ha hecho un ejercicio tan intenso de evaluación para ver como están sus órganos instrumentales».

Tras ello, ha expresado su «sorpresa» por el rechazo de Vox a la comisión de estudio sobre el resultado de las auditorías que planteaban crear en el Parlamento los grupos de PP y Cs para que hubiera «luz y taquígrafos y que todos los ciudadanos conozcan qué se ha hecho y se va a hacer», y ha criticado que desde Vox «la bloquearon y se alinearon una vez más con la izquierda».

«Sumar los votos de Vox a los de Podemos y el PSOE no es una buena iniciativa», ha advertido Moreno a Gavira, a quien ha recordado además que su gobierno trabaja en «un plan de simplificación y mejora del sector instrumental sin revanchas ni ‘vendettas'», para «velar por el interés general de todos los andaluces».

Gavira ha replicado a Moreno que los de Vox no se alinean «con los socialistas». «No nos metemos en el cuarto oscuro y acordamos cómo fastidiarles a ustedes», ha añadido al presidente, al que ha pedido que «no intente engañar», así como le ha advertido de que, «como no empiece a desmantelar las estructuras creadas por los socialistas de inmediato, pronto se empezará a decir que ahora los chiringuitos son del Partido Popular».

«Vox no ha venido a ver cómo se mantienen todas las estructuras de un régimen corrupto y clientelar. Hay poco que hablar, salvo que hablemos sobre cómo vamos a resolver la administración paralela y poner en la calle a todos los enchufados del PSOE», ha continuado diciendo Gavira.

Ha añadido que «tenemos poco que hablar de Presupuestos si no es para decirnos que ha cumplido los acuerdos firmados. Y si no está dispuesto a cumplir su palabra, pida a Juan Espadas –secretario general del PSOE-A– que se los apruebe. Quizá sea ese el pago para no hablar de los trapicheos del candidato socialista», ha zanjado Gavira.

«ANTES DE VOX EXISTÍAN MÁS COSAS EN LA VIDA»

Moreno le ha respondido que «antes de Vox existían más cosas en la vida», y ha reivindicado que fue «el grupo parlamentario popular quien investigó, denunció y llevó a los tribunales en absoluta soledad» el caso de los ERE. «Ahí nos gastamos muchos recursos públicos y nos partieron la cara muchas veces, pero conseguimos que la verdad de muchas causas sea hoy conocida por los andaluces para que jamás vuelva a pasar lo que sucedió en los años oscuros del socialismo en Andalucía», ha añadido el también presidente del PP-A.

En esa línea, ha pedido al portavoz de Vox «respeto a la trayectoria» del PP y a sus votantes, tras lo que ha reconocido que las auditorías sobre el sector instrumental han desvelado «graves deficiencias en la gestión» de los entes analizados, así como «irregularidades» y «pérdidas millonarias por parte de muchas empresas públicas».

El presidente ha insistido en que su gobierno ha tomado «la decisión firme de simplificar todos los órganos instrumentales, generar transparencia» y normas «para que jamás vuelva a suceder» lo ocurrido en años de gobiernos socialistas, y ha concluido apuntando que cree que «estamos cumpliendo la palabra dada», y animando a Vox a trasladarle propuestas «si quiere incrementar el ritmo» de la simplificación de entes instrumentales.

El presidente de Aragón, Javier Lambán, ha calificado de «operación formidable» y «con alcance de Estado» que, en la candidatura de los Pirineos para acoger los Juegos Olímpicos de Invierno de 2030, Cataluña esté «implicada», junto con Aragón, en un proyecto «en el que está en resto de España» en un contexto de «búsqueda de eliminación de conflictos».

Así se ha pronunciado durante la declaración institucional que ha protagonizado junto al presidente de España, Pedro Sánchez, en el Edificio Pignatelli de Zaragoza, sede del Gobierno de Aragón, tras reunirse ambos para tratar sobre la candidatura olímpica.

«Sería una oportunidad formidable desde el punto de vista del Estado», por ser una operación política «de un alcance descomunal», teniendo en cuenta «las circunstancias por las que han atravesado España y Cataluña en los últimos tiempos», ha esgrimido Lambán.

«Si lográramos ponernos de acuerdo» para esta candidatura, «el paso que estaríamos dando sería gigantesco», ha sostenido, para advertir de que «o la compartimos el Gobierno de España, el Gobierno de Cataluña y el de Aragón y la organiza el Comité Olímpico Español o está llamada al fracaso».

El jefe del Ejecutivo aragonés se ha mostrado convencido de que hay «muchas posibilidades», «si hacemos las cosas bien, de ser la candidatura a la que el Comité Olímpico Internacional dé la posibilidad de organizar esos Juegos en 2030».

LOS ALCALDES LO QUIEREN

Lambán ha considerado que sería una oportunidad «desde el punto de vista económico y social» tanto para el Pirineo aragonés, como para el catalán, para afirmar que la quieren «todos los alcaldes y habitantes, catalanes y aragoneses» por lo que supondría de «promoción de los territorios» y «de la marca Aragón y de la marca Cataluña».

No obstante, ha remarcado que en Aragón «no estaremos en condición de socios subalternos o residuales», sino solo como socios «en pie de igualdad con los demás», una postura en la que está también el presidente Sánchez, «que fue el primero que me habló de este proyecto», como también la comparte el presidente del COE, Alejandro Blanco.

Esta es una jornada «importante para los Juegos, para Aragón», ha sentenciado Lambán. A Sánchez le ha dicho: «Te lo agradezco mucho, nos estás ayudando en todas las políticas sectoriales y este apoyo para estos Juegos puede ser determinante para una parte del territorio aragonés».

HERMANOS

El presidente de Aragón ha aprovechado para señalar «que, por convicción y devoción, nos consideramos hermanos de los catalanes, no puede ser de otra forma entre dos territorios que hemos compartido mucha historia, somos geográficamente vecinos, estamos unidos por miles de relaciones familiares, personales y, que son fortísimas en la economía«.

«Somos clientes y proveedores los unos de los otros» y «se asombrarían del alto grado de implicación entre las dos economías», ha remachado el presidente regional.

También ha dicho que ésta es una comunidad política «milenaria», que hace 800 años «tenía los mismos contornos geográficos que en la actualidad, ya se llamaba Aragón y sus habitantes se reclamaban aragoneses».

Además, ha continuado, fue conformante, «socio fundador» de la nación española y «siempre presumimos de que ser aragonés es una excelente manera de ser español», pero, «la historia no nos trató demasiado bien», aunque el Estado autonómico «nos deparó una segunda oportunidad que hemos sabido aprovechar para descubrir nuestras potencialidades, encauzarlas a nuestra medida, a lo que los aragoneses queremos que sea nuestra tierra».

También ha servido para «detectar nuestras debilidades» y mejorarlas y para dotar «de un instrumentos magnífico para relacionarnos con el Ejecutivo de España en términos de lealtad, cooperación y de reivindicación, cuando entendemos que hay asuntos que se nos deben resolver por la vía de medidas específicas por parte del Gobierno de la nación», ha apostillado Lambán.

A su entender, Aragón «tiene muchos títulos para reivindicarse como actor fundamental de la construcción de España como gran paísy para reivindicarse en pie de igualdad con todos los demás; la historia y la realidad lo favorecen» y «la conciencia que tenemos de sentir que no somos más que nadie, pero tampoco menos que nadie, aunque seamos pocos». «Los aragoneses hemos sido siempre pocos, pero nunca poco», ha enfatizado Lambán.

La consejera de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación, Rocío Ruiz (Cs), ha reclamado este jueves en el Pleno del Parlamento de Andalucía «la unidad de las distintas administraciones para combatir el aumento de agresiones al colectivo Lgtbi» que se ha producido en las últimas semanas, mientras la diputada no adscrita Ana Villaverde le ha propuesto personarse contra Vox porque es una formación que «alimenta la violencia y siembra el odio».

Así lo ha expresado en el Pleno parlamentario la consejera, quien ha abogado por la unidad contra «cualquier tipo de delito y discurso de odio basado en la intolerancia por razón de ideología, religión, origen, etnia, género, orientación sexual o discapacidad». «Estos ataques no solo afectan a la víctima, sino que suponen un daño a toda la sociedad porque se lanza un mensaje de miedo», ha señalado.

Ruiz ha señalado que la falta de denuncias ha «invisibilizado y normalizado» estas situaciones y ha recordado que Andalucía cuenta con potestad para personarse de oficio como acusación en los procedimientos judiciales sobre delitos de odio, la segunda en España. «No obstante, en Andalucía vamos más allá y garantizamos la formación en materia de delitos de odio a los letrados del Gabinete Jurídico de la Junta, porque vamos a seguir siendo pioneros en la defensa de este colectivo», ha destacado.

Entre las iniciativas de la Consejería, la titular ha resaltado la creación de una dirección general específica para la Igualdad de Trato y la Diversidad, así como la creación del primer Consejo Andaluz Lgtbi o el primer protocolo interadministrativo para «implicar a las Consejerías en favor del colectivo».

Igualmente, ha destacado las campañas de sensibilización y divulgación, los recursos que se han puesto a disposición o la reedición de la Guía de Delitos de Odio Lgtbi. También ha recalcado la elaboración del primer protocolo de prevención de la Lgtbifobia en residencias de mayores y la creación de la pestaña de identidad de género en el sistema Séneca de la Consejería de Educación, además de la primera guía de violencia intragénero o el aumento en un 35% de las subvenciones destinadas a asociaciones.

«Este gobierno no va a permitir que venza el odio, venga de donde venga, y los peores, más graves y peligrosos son esos discursos tanto de la extrema izquierda como derecha, pero aquí los condenamos todos, con coherencia y con sentido de derechos humanos, que es lo que prevalece en el gobierno de Andalucía», ha concluido la consejera.

«LO QUE PROPONE SU CONSEJERÍA LO DESHACE SU GOBIERNO»

La diputa no adscrita Ana Villaverde ha destacado que Ruiz «tiene un problema serio», debido a que lo que propone a través de su Consejería «lo deshace su gobierno con hechos y acciones concretas».

«Gobiernan gracias a un partido que echó a una concejala por participar en un acto Lgtbi, que ha bloqueado todas las propuestas institucionales en favor de este colectivo, que ha relacionado la homosexualidad con la pederastia, entre muchas otras cuestiones, por lo tanto, ¿va a personarse su Consejería contra Vox y denunciar sus delitos de odio o también los considera libertad de expresión?», ha manifestado Villaverde.

En este sentido, ha destacado que «la extrema derecha alimenta la violencia y siembra el odio» y ha reprochado a la consejera que «no es menos cierto que ustedes le dejan el campo muy bien abonadito».

Del mismo modo, la diputada del grupo parlamentario Unidas Podemos por Andalucía Ana Naranjo ha criticado que se está «asistiendo a una escala de delitos de odio».

«Nos hace pensar que algo está fallando, detrás de los insultos hay personas que quieren vivir su vida en paz y libre y en Andalucía hemos tenido grandes avances, pero hay algo que está fallando, así que no eche balones fuera, porque cada vez que escuchamos decir que es preferible que un niño tenga un padre y una madre o que en España hemos pasado de dar palizas a los homosexuales a que ellos impongan su ley, estamos preservando los delitos de odio», ha concluido.

«EL MAYOR DELITO DE ODIO ES CONTRA VOX»

El diputado del grupo parlamentario Vox Rafael Segovia ha criticado que, tras «las acusaciones» que se han hecho durante las intervenciones en el Pleno sobre su formación, «el mayor delito de odio que se está ejerciendo en este país es el que acusa a su partido sobre transmitir un mensaje de odio».

«Desde el minuto de uno que acudimos a este Parlamento se nos tachó de fascistas, en todos los mítines hemos sido sometidos a violencia sin que haya sido respondida por ningún miembro de Vox y ni una sola de las agresiones al colectivo Lgtbi sobre las que se nos acusa se ha podido demostrar, por mucho que lo intente la izquierda», ha lamentado.

HASTA 610 DENUNCIAS EN EL PRIMER SEMESTRE

Según datos del Ministerio del Interior, en España se han interpuesto 610 denuncias por delitos de odio en el primer semestre de 2021, lo que significa un aumento del 9,3% respecto al mismo periodo del año 2019, el anterior a la pandemia. Asimismo, las agresiones homófobas aumentaron en España un 17% entre los años 2016 y 2020.

«Una sociedad sana y del siglo XXI tiene que estar al lado de las víctimas y señalar a quienes las agreden. Los Gobiernos de los países democráticos no podemos mirar hacia otro lado mientras el discurso de odio contra los colectivos más vulnerables de nuestra sociedad va en aumento en toda Europa», ha concluido Ruiz.

El neurocientífico Juan Lerma, quien liderará el futuro Centro Internacional de Neurociencia Cajal (CINC), proyecto lanzado por el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), se ha puesto un «objetivo claro» y es que «el CINC se pueda convertir en 10 años en uno de los 10 mejores centros a nivel mundial».

«Y esto es tremendamente ambicioso. Que se consiga va a depender no solo de la intención de los investigadores, que seguro es la mejor, pero también de la inversión que se realice de forma continuada y de cómo se lleve a cabo. Si se con juntan correctamente estos diversos factores, yo creo que podemos alcanzar el objetivo de estar en el top ten a nivel mundial», afirma.

El nuevo centro, situado en el Campus Científico de la Universidad de Alcalá de Henares, en Madrid, tiene el propósito de crear un espacio de investigación multidisciplinar mediante la captación de científicos nacionales e internacionales de primer nivel. Sus líneas de investigación abarcarán los aspectos fundamentales para la comprensión del cerebro alineadas con el Libro Blanco Brain, Mind & Behaviour de los Desafíos Científicos CSIC 2030.

El centro nace como un centro propio del CSIC, de manera que el único «dueño» del CINC es el propio CSIC, pero la idea es que evolucione a tener una gobernanza autónoma. Con ello me refiero a que se dirija a una forma de gobierno en la que participen más entidades y, por tanto, haya otros contribuyentes al proyecto. Este cambio de concepto de gobernanza será un hito paradigmático en el CSIC pero, obviamente, es el CSIC el que está poniendo una tremenda aportación inicial.

Respecto al trabajo que va a desempeñar el centro, ha recordado que «no se puede imponer a ningún investigador que trabaje en algo que no le interesa. En las Expresiones de Interés hay un apartado para poder explicar qué es lo que quiere hacer ese investigador»; y espera que el ambiente sea muy colaborativo, muy interdisciplinar, y cada uno aproveche el conocimiento del vecino para mejorar su propio proyecto.

En cuanto a la situación de la neurociencia en España, Lerma afirma que tiene un nivel que está por encima de los entandares europeos. Sin embargo, añade, «en términos cuantitativos, todavía es pequeña en ese nivel de excelencia. De lo que se trata precisamente es de generalizar dicha excelencia y que cobre mucha más importancia de la que tiene en la actualidad en Europa y en el mundo».

De cara al futuro, espera que en el estudio del cerebro se llegue a entender qué cosa lleva a qué. «Cuál es la causa o el mecanismo que provoca la formación de un determinado comportamiento. En ese momento, estaremos en condiciones de entender mejor las enfermedades mentales, las enfermedades neurodegenerativas y de establecer mecanismos para poder paliarlas, retrasarlas o, con dudas, curarlas», concluye.

Cruz Roja ha realizado 55.453 atenciones en playas y aguas continentales –pantanos, lagos, ríos– durante este verano. Entre el 21 de junio y el 15 de septiembre, la organización ha desplegado sus recursos en 248 playas de la península y las islas con más de 1.000 personas entre facultativos, personal de enfermería, socorristas acuáticos y sanitarios, y patrones de embarcaciones.

Además de tareas de atención de primeros auxilios y salvamento, se han atendido a 613 personas extraviadas, y se ha ayudado a que 21.886 personas con discapacidad o movilidad reducida puedan disfrutar del baño adaptado, según el balance de la ONG.

El personal de playas también realiza labor de concienciación con mensajes preventivos. Sólo en esta temporada estival se realizaron más de 350.000 las recomendaciones para evitar golpes de calor, cortes de digestión o lesiones producidas por los animales marinos.

«Aunque la parte de rescate parece más importante, la prevención es esencial, si no hacemos prevención con las personas en la playa, habría el doble de situaciones de riesgo, y atenderíamos al doble de personas», ha destacado Miguel Ángel Sánchez, responsable de ‘Playas’ de Cruz Roja.

La mayor parte de las asistencias sanitarias están relacionadas con picaduras, esguinces, luxaciones y otras curas, sin embargo, el componente medioambiental también forma parte de la intervención de Cruz Roja en las playas españolas. La sensibilización a la población y la movilización de recursos para la recogida de plásticos y limpieza de playas son otras de las acciones destacadas en el dispositivo.

EL RESCATE MÁS ATÍPICO

El rescate más atípico del verano realizado por efecticos de Cruz Roja fue el de una ballena de 50 toneladas y 18 metros de longitud que se quedó atrapada en un puerto de Valencia. En este rescate participó Cruz Roja junto a el Real Club Náutico de Valencia, la Guardia Civil, la Policía Local de Valencia y la Universitat de Valencia.

Pese a que el estado de la ballena no era de riesgo, pues sólo tenía heridas superficiales, la preocupación se extendió entre las personas participantes para conseguir que la ballena saliera de allí cuanto antes, y sin daños.

Las embarcaciones, entre ellas las del servicio de Salvamento Marítimo de Cruz Roja, pusieron los motores en marcha para causar ruido y obligar al cetáceo a moverse hacia la salida. Una vez se orientó a la salida el animal, fueron cerrándole el paso con las embarcaciones por el lado contrario para que no volviera atrás, y consiguieron devolverla a mar abierto.

Durante el mes de agosto, también se ayudó a una bebé de un año de edad se atragantaba en la playa de Santa Pola al tragarse de manera accidental un cubito de hielo. La bebé, en parada cardiorrespiratoria, fue socorrida por el personal de Cruz Roja, que gracias a la maniobra de Heimlich conseguía que el cubito fuera expulsado para su inmediata reanimación.

TECNOLOGÍA HUMANITARIA APLICADA A PLAYAS

Drones de última generación y el dispositivo de control remoto acuático de salvamento (CRAS) son los últimos socorristas incorporados a los grupos de trabajo en playas de Cruz Roja. Esta innovación proporciona más seguridad a las personas rescatadas y al propio personal de salvamento.

«El CRAS se utiliza a control remoto, es eléctrico, y permite rescatar a las víctimas acercándolas hasta la orilla; es ideal en zonas de alto peligro puesto que llega incluso antes que el propio socorrista, sin fatiga, y sin poner al personal de Cruz Roja en peligro», ha señalado Miguel Ángel Sánchez.

Para localizar objetos flotantes, manchas de contaminación, o posibles personas con necesidad de ayuda en el agua, también se han incorporado los drones de alta resolución y cámara térmica, que «permiten avisar a los bañistas gracias a su altavoz». De este modo, se les pueden dar indicaciones para su tranquilidad, avisos en zonas de baño prohibido o cualquier otro mensaje de relevancia desde la distancia y con total seguridad.