El portavoz socialista de Seguridad y Emergencias en el Ayuntamiento de Madrid, Ramón Silva, ha alertado de carreras ilegales "con hasta Lamborguinis" en Entrevías mientras que han sido 201 las personas detenidas e investigadas por delitos de seguridad vial en la zona, ha confirmado el director general del Cuerpo, Pablo Enrique Rodríguez Pérez, en la comisión del ramo.

El edil del PSOE ha ubicado las carreras ilegales en calles como Pedroches, La Mancha, Cardeña, Membezar, Campiña y Benamejí. "Desde las 22.30 y hasta la 1.30 cada día se concentran más de una docena de vehículos, muchos de ellos de alta gama, como Lamborghini, Mercedes y Audi, con derrapes, acelerones y frenadas, con la música a todo volumen y espectadores que también generan molestias", ha descrito.

"El ruido entra en las casas, incluso con las ventanas cerradas", ha añadido. Silva ha elevado a la comisión la petición de la vecindad, "que se sancione la doble fila y se modifique el ancho de la calle para impedirla".

Ramón Silva ha llegado a afirmar que las carreras ilegales "tienen lugar delante de una comisaría de Policía Nacional, que no actúa porque insisten en que es competencia municipal". "Y tengo la certeza de que esto en Núñez de Balboa no ocurriría dos noches seguidas, mientras que en Entrevías, en Puente de Vallecas, es el segundo verano que pasa", ha apostillado el concejal.

LA ATALAYUELA

El director general de la Policía Municipal, Pablo Enrique Rodríguez Pérez, ha recordado que ya consiguieron acabar con las carreras ilegales que se producían en el polígono de La Atalayuela, en el Ensanche de Vallecas.

Sobre las carreras denunciadas por el PSOE, Rodríguez ha cuantificado los controles de vehículos en la zona en 1.389, junto con 1.514 controles de alcoholemia, con 83 positivos, y 163 controles de droga, de los que 66 han sido positivos.

"Las personas detenidas e investigadas por delitos de seguridad vial en la zona han sido 201 mientras que las denuncias administrativas por controles de alcohomenia y drogas son 178. También se han abierto varios expedientes en la Oficina de Atención al Ciudadano con este tema", ha identificado.

El Juzgado de Instrucción número 2 de Noia ha decretado el procesamiento de José Enrique Abuin Gey, conocido como 'El Chicle' y condenado a prisión permanente revisable por el crimen de Diana Quer, por la supuesta agresión sexual a su cuñada en enero de 2005, cuando ella tenía 17 años.

Según ha informado el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG), la jueza indica en el auto que de las diligencias de instrucción practicadas "se desprenden indicios bastantes" de que el investigado realizó "actos atentatorios contra la libertad sexual" de la denunciante.

Así, relata que presuntamente la convenció para llevarla en coche al instituto, pero se desvió del trayecto hasta detener el turismo en un parque del término municipal de Lousame (A Coruña).

Una vez allí, según se desprende de las pruebas practicadas hasta ahora, le cogió su teléfono móvil, cerró el coche, la intimidó con un cuchillo o navaja y la obligó a mantener relaciones sexuales.

Tras la presunta agresión sexual, según el auto, la dejó en las inmediaciones del instituto, "no sin antes advertirle de que, si lo denunciaba, mataría a su hermana, a su hija y luego iría a por ella y a por sus padres".

Además, le dijo que la había violado por "chivata", haciendo referencia a que la menor le había contado a su hermana que unos meses antes, en julio de 2004, su marido le había tocado el pecho por encima de la ropa.

AGRESIÓN SEXUAL CON AGRAVANTES DE PREVALIMIENTO

La instructora asegura en el auto de procesamiento que los hechos revisten, salvo ulterior calificación, los caracteres de un delito de agresión sexual con penetración vaginal, con la concurrencia de las agravantes de prevalimiento, pues la víctima era su cuñada y tenía 17 años, y de haber cometido la agresión haciendo uso de arma blanca.

La jueza descarta la prescripción, pues se trata de delitos contra la libertad e indemnidad sexual con víctima menor de edad.

En la resolución, recuerda que el término de la prescripción se computa desde el día en que la afectada alcanzó la mayoría de edad, en 2005, por lo que no estaría prescrito hasta 2020, y las diligencias se reabrieron en 2018.

La jueza, sin embargo, entiende que tanto el delito de abuso sexual presuntamente cometido por el procesado en 2004 sobre su cuñada, así como el de amenazas, derivado de las expresiones de muerte que supuestamente profirió el día de la agresión sexual, prescribieron en 2010.

"INDICIOS CLAROS"

Respecto al delito de agresión sexual, subraya que existen "indicios claros" de la comisión por parte del procesado.

Así, destaca que el relato de la víctima durante todos estos años "ha sido coherente y consistente" y que se ha corroborado "por el resultado de otras diligencias de investigación".

El hecho de que 'el Chicle' haya sido condenado por el asesinato de Diana Quer, cometido en agosto de 2016, y por intentar agredir sexualmente a una joven en Boiro en diciembre de 2017, "refuerza los indicios de veracidad" de la denuncia de su cuñada, pues se constata "el mismo modus operandi".

La jueza indica que el procesado "habría ejecutado los hechos en solitario, sin contar con la ayuda de cómplice o coautor alguno, presentando las tres víctimas características físicas similares".

Además, destaca que "se aprecian paralelismos en su forma de actuar, al apoderarse del móvil de las víctimas y hacer uso de algún instrumento peligroso, cuchillo o similar, para amenazarlas y conseguir su propósito".

En el auto, contra el que cabe presentar recurso, requiere al procesado que preste fianza de 10.000 euros para asegurar las responsabilidades pecuniarias que se le pudieran imponer.

La indagatoria tendrá lugar, a través de videoconferencia con el centro penitenciario en el que se encuentra el procesado el próximo 26 de julio.

El viceconsejero de Interior y Agencia de Seguridad y Emergencias Madrid 112, Carlos Novillo, ha presentado este miércoles el convenio suscrito por su entidad, el Comité Autonómico de Cruz Roja de España y los ayuntamientos de San Martín de Valdeiglesias y Pelayos de la Presa para reforzar la seguridad de los usuarios del Pantano de San Juan, cuya playa de la Virgen de la Nueva es la única excepción de la prohibición general de bañarse en ríos, lagos y pozas remansadas de agua dulce y no tratadas de la región.

Novillo ha trasladado "la importancia de respetar la prohibición del baño en ríos y pantanos, no sólo para la prevención del Covid y la protección medioambiental, sino porque son aguas que esconden peligros que en ocasiones no se detectan y generan una falsa sensación de seguridad que dan lugar a accidentes fatales".

"Por ello, apostamos por lugares regulados y vigilados como hacemos con este convenio para, entre todos, conseguir un verano seguro", ha apostillado.

CASI 133.000 EUROS DE PRESUPUESTO

Mediante el citado acuerdo, vigente hasta el 10 de septiembre, se refuerzan las acciones en el ámbito de la seguridad y la respuesta a emergencias en el Pantano de San Juan. La dotación es de 132.520,27 euros, de los que la Comunidad de Madrid financia 93.456,76 euros (más del 70% del total), mientras que el resto corre a cargo de los ayuntamientos implicados.

El pantano de San Juan, ubicado en los términos municipales de San Martín de Valdeiglesias y Pelayos de la Presa, es el único de la región en el que está permitido el baño --acotado a una zona-- y las actividades acuáticas a motor, aparte del piragüismo, la vela o la pesca, lo que lo convierte en un rincón único.

Esta zona natural cuenta en la actualidad con una única área de baño autorizada, la denominada Virgen de la Nueva, que tiene, desde el año 2018, distintivo Bandera Azul.

Durante la temporada estival, se recibe un gran número de visitantes que hacen uso tanto de las aguas como de los lugares recreativos, y que no solo proceden de los municipios ya citados, sino de toda la Comunidad.

Con el objetivo de mejorar la seguridad, la Agencia de Seguridad y Emergencias Madrid 112 considera imprescindible establecer un refuerzo a las acciones ordinarias que abordan en dicho enclave tanto los ayuntamientos de San Martín de Valdeiglesias y Pelayos de la Presa, como los Cuerpos de Bomberos, SUMMA112 y Agentes Forestales de la Comunidad de Madrid.

El convenio con Cruz Roja incluye las medidas de seguridad y salvamento a adoptar en cada caso, como son la delimitación de las zonas de baño, así como las áreas en las que se puede navegar y realizar actividades acuáticas a motor; la regulación de las zonas de estacionamiento y las vías de acceso y evacuación de los vehículos de emergencia; la reducción del riesgo de incendios forestales y la coordinación del dispositivo de seguridad y salvamento.

Este operativo, integrado por el Servicio de Urgencias Médicas de Madrid y Cruz Roja, estará activo desde el día 25 de junio hasta el 10 de septiembre. Habrá un punto de vigilancia fija, en la Playa Virgen de la Nueva. Además, en el resto del pantano de San Juan se realizará una vigilancia móvil desde embarcación.

De lunes a viernes no festivos, en horario de 12:00 a 20:00 horas, el dispositivo estará constituido por Cruz Roja e integrado por seis personas: un jefe de playa, dos patrones socorristas en medio natural y tres socorristas. Además, se contará con una embarcación para la realización de las labores de vigilancia móvil y las correspondientes tareas de socorrismo.

Los fines de semana y festivos, el operativo, de características similares, estará cubierto por SUMMA 112. Igualmente, cuentan con los medios del Cuerpo de Bomberos (CBCM) y del Cuerpo de Agentes Forestales de la Comunidad de Madrid (AAFF).

El CBCM dispone de siete efectivos diarios en el Parque de San Martín de Valdeiglesias, así como con una embarcación para búsqueda y rescate de personas, junto a los retenes y brigadas del dispositivo INFOMA.

El Cuerpo de AAFF cuenta con profesionales que realizan servicios de vigilancia terrestre y en embarcación, tanto de las orillas como del perímetro del pantano, extremando la atención para evitar el uso del fuego y la acampada libre en las orillas del embalse, además de la interposición de denuncias por estacionamiento de vehículos en zonas no autorizadas.

A este dispositivo se añaden los medios del operativo de vigilancia de la Guardia Civil: SEPRONA (Servicio de Protección de la Naturaleza) y GEAS (Grupo Especial de Actividades Subacuáticas).

La Consejería de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local y la de Educación y Deporte han conformado este miércoles la comisión que velará por el cumplimiento de los acuerdos alcanzados en el convenio de colaboración firmado recientemente por el vicepresidente Juan Marín y el consejero Javier Imbroda, con el objetivo de garantizar y mejorar la escolarización de los menores infractores que cumplen algún tipo de medida judicial.

La comisión ha sido constituida este miércoles en la Consejería de Justicia por el director general de Justicia Juvenil y Cooperación, Francisco Ontiveros; la directora general de Atención a la Diversidad, Participación y Convivencia Escolar, Almudena García; la de Ordenación y Evaluación Educativa, Aurora María Auxiliadora Morales; y el director general de Formación Profesorado e Innovación Educativa, Antonio Segura.

Las funciones de la comisión serán programar, organizar y realizar el seguimiento de las actuaciones contempladas en el acuerdo; impulsar la creación de procedimientos y protocolos que puedan desarrollarse a partir del convenio; coordinar las actuaciones con el objetivo de lograr una mayor eficacia; estudiar y evaluar los resultados, así como proponer las modificaciones que se consideren oportunas; y aquellas que se estimen necesarias para un mejor cumplimiento del convenio.

"Sin duda el paso dado hoy es muy importante porque vamos a trabajar de forma conjunta para que ninguno de los menores a los que se les ha impuesto una medida judicial se quede sin escolarizar. Vamos a conseguir agilizar los trámites y a garantizar la escolarización de nuestros menores, algo que es fundamental para lograr que su proceso de reeducación sea un éxito", ha asegurado el director general de Justicia Juvenil y Cooperación.

Por su parte, la directora general de Atención a la Diversidad, Participación y Convivencia Escolar de la Consejería de Educación y Deporte ha afirmado que "para nuestra Consejería, la constitución de la presente comisión y la puesta en marcha de las actuaciones que implican el convenio firmado es de suma importancia, pues se potencia nuestro principal objetivo, que no es otro que la mejora de los rendimientos escolares y, por tanto, la consecución de la disminución de la tasa de fracaso y abandono escolar. Nuestra meta es que ningún alumno se quede atrás, y con este acuerdo trabajamos para tal fin".

Una de las líneas fundamentales consistirá en establecer una coordinación efectiva entre ambas consejerías. Para ello, se nombrará tanto a nivel central como en cada una de las delegaciones territoriales a los responsables de la puesta en marcha y el seguimiento del acuerdo, que actuarán mediante grupos de trabajo que impulsarán implementar y realizar el seguimiento de las actuaciones establecidas por la comisión.

Igualmente, se potenciará la participación de ambas consejerías para todos aquellos procedimientos que afecten a la población menor infractora, de tal forma, que la colaboración de la Dirección General de Justicia Juvenil y Cooperación en la definición de planes y proyectos educativos garantizará que se de respuesta a las necesidades de este colectivo.

La ministra de Justicia, Pilar Llop, ha inaugurado su etapa al frente del departamento con una visita al Juzgado número 5 de Madrid de Violencia sobre la Mujer, donde se ha reunido con magistrados, jueces y funcionarios.

Llop, que recibió este lunes la cartera de Justicia de manos de Juan Carlos Campo, ha estado acompañada en su visita por la magistrada de este juzgado, Begoña López; la viceconsejera de Presidencia, Justicia e Interior de la Comunidad de Madrid, Yolanda Ibarrola; la jueza decana de Madrid, María Jesús del Barco; el decano del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid, José María Alonso; y el decano del Ilustre Colegio de Procuradores de Madrid, Gabriel de Diego.

Este mismo miércoles, la nueva ministra de Justicia ha intervenido en la presentación de la Carta de Derechos Digitales, destacando la relevancia del documento, que "recoge un conjunto de principios y derechos que guiará futuros proyectos normativo".

De igual forma, Llop ha asegurado que la Carta permitirá avanzar hacia "el desarrollo de las políticas públicas", de forma que se garantice "la protección de los derechos individuales y colectivos de la ciudadanía en los nuevos escenarios digitales".

"La transformación digital no es un fin en sí mismo, sino que es un vehículo de altísimo valor para fortalecer el Estado de Derecho", ha resaltado la titular de Justicia, que ha señalado que esta Carta no es solo "un marco normativo innovador" sino que, además, "supone una mirada clara sobre el ejercicio de los derechos de las ciudadanas y ciudadanos en el entorno digital".

LA CARTA SITÚA A ESPAÑA "COMO UN PAÍS DE PROGRESO"

A su juicio, el documento que ha presentado el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, junto a la vicepresidenta y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Nadia Calviño, y la ministra de Ciencia e Innovación, Diana Morant, "sitúa a España como país de progreso y motor de principios y valores democráticos que también se deben garantizar en esta nueva realidad digital".

Prueba de ello es, según ha aseverado Llop, el reconocimiento de derechos como la identidad en el entorno digital, la protección de datos, el pseudonimato, el derecho de la persona a no ser identificada, la ciberseguridad, la herencia digital y el derecho a la neutralidad de Internet.

Llop, que también se ha referido a "los imprescindibles" derechos a la libertad de expresión y de información, ha explicado que en los procedimientos de transformación digital se aplicará la perspectiva de género y se combatirán las brechas digitales.

Todos estos elementos, ha continuado la ministra, están plenamente alineados con el proceso de transformación digital que su departamento está acometiendo en su ámbito de actuación. "Innovación y calidad son claves en este proceso en el que estamos inmersos en el ámbito de la Administración de Justicia", recoge el comunicado de Justicia, que señala que Llop ha agradecido el apoyo del Ministerio de Calviño en este asunto.

Así las cosas, la ministra ha expuesto que su próximo reto "en materia normativa es, precisamente, el anteproyecto de Ley de eficiencia digital del servicio público de Justicia, cuyo espíritu está plenamente alineado con el de esta Carta". Precisamente, Llop ha sostenido que el documento "servirá como soporte normativo esencial para el proceso de transformación digital de la Administración de Justicia".

VISITA A LA UNIDAD DE ATENCIÓN DE LA FAMILIA Y MUJER

Por otro lado, Llop también ha visitado la Central de Coordinación de Comandancias de Equipos de Mujer y Menores (EMUME), unidades de la Guardia Civil de España que investigan los delitos cometidos contra menores y mujeres así como aquellos en los que participan como autores, prestándoles una atención especializada.

En la visita, la ministra ha estado acompañado por la directora general de la Guardia Civil, María Gámez, y el Director Adjunto Operativo de la Guardia Civil, Pablo Salas, entre otros altos mandos de este cuerpo.

Por último, la titular de Justicia ha acudido a la Unidad de Atención de la Familia y Mujer (UFAM), unidades de la Policía Nacionalespecializadas en la prevención y la investigación de las infraccionespenales sobre violencia de género, doméstica y sexual.

El director general de la Policía, Francisco Pardo, y el jefe superior de la Policía de Madrid, Jorge Manuel Martí, entre otras autoridades policiales, han acompañado a Llop en la visita.

El consejero de Salud y Familias, Jesús Aguirre, ha admitido este miércoles que "estaba convencido de que no íbamos a tener una quinta ola" de la pandemia del coronavirus, al tiempo que ha apuntado que según un estudio realizado este fin de semana, "el 63% de hospitalizados en Andalucía no están vacunados".

En una entrevista en Canal Sur Televisión, Aguirre ha señalado que pese a la situación, Andalucía está "con capacidad de chance a la hora de absorber posibles complicaciones sanitarias", toda vez que ha señalado que "siempre han sido críticos" sobre el decreto por el que se retiraban las mascarillas en la calle, porque "disminuía la percepción de riesgo, está transmitiendo que la cosa va muy bien y bajamos todos las defensas". "Ha sido un fallo del Gobierno que no midió o al menos no consultó con las CCAA el tema de las mascarillas", ha añadido.

Pero ha precisado que independientemente de esto, "estaba convencido de que no íbamos a tener una quinta ola", porque "la campaña de vacunación iba bien, la incidencia iba bajando, también la presión asistencial, y nadie pensaba que al terminar los colegios iba a haber una eclosión de contagios, iba a venir una variante delta mucho más contagiosa que la variante británica que es la que aún predomina en la comunidad andaluza, y que todos esos contagios supondrían un aumento de ingresos hospitalarios".

"No pensamos que íbamos a tener esta quinta ola y estamos intentando amortiguarla de la mejor forma posible", ha añadido el titular de Salud, quien preguntado sobre le Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud que se celebra esta tarde, ha apuntado que ha hablado con la ministra Darias esta mañana y que en la reunión de hoy "se informará de lo que está haciendo cada comunidad, pero cada una estamos haciendo de nuestra capa un sayo". "Al no haber una legislación clara, cada juez aplica la legislación vigente según le viene a entender", ha manifestado.

Aguirre ha agregado que según los estudios prospectivos de los que disponen, "nos quedan días de incidencia acumulada alta, pero no se reflejará de forma tan temible en la presión asistencial y en la mortalidad".

En cuanto a la vacunación, el titular de Salud ha dicho que "va muy bien en España" y que por eso "pensábamos que no tendríamos esta quinta ola", toda vez que ha añadido que la franja de edad no vacunada "es la que ha disparado esta quinta ola y que se expanda el virus de forma tan rápida". Pero, ha insistido, "la vacunación es la solución" y Andalucía es la comunidad "con mayor porcentaje de vacunas puestas", para añadir que "esta semana ha bajado a la mitad el número de vacunas, sobre todo de Pfizer, y ya nos han comunicado que julio, agosto y septiembre seguiremos con unos niveles de llegada de vacunas más o menos a la mitad de lo que nos ha llegado en junio".

En este sentido, Aguirre ha dicho que la comunidad "no va a hacer una compra paralela de vacunas" y que es el Gobierno central el que "tiene que presionar" a nivel de Europa. Además, ha insistido en que sigue pidiendo "la parte alícuota" de vacunas que le corresponde a Andalucía según población.

Cuestionado sobre las declaraciones de este martes del vicepresidente de la Junta y consejero de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local, Juan Marín, sobre que el 72% de los pacientes andaluces que actualmente se encuentran ingresados en unidades de cuidados intensivos (UCI) son "negacionistas", Aguirre ha explicado que este fin de semana se hizo un estudio de la edad media de pacientes hospitalizados y en UCI, para ver "qué franja de edad tenían los que estaban llegando ahora".

"Cogimos los ingresos de este fin de semana, que fueron 102, miramos el volumen según franja de edad y si estaban vacunados o no, y vimos que el 63% de los ingresados no están vacunados, bien porque se les ha llamado y han declinado, porque no han podido por temas laborales o temas de localización, y otras veces son franjas que no hemos vacunado porque no ha llegado la edad de vacunación", ha precisado.

Ha añadido que en la franja de 60 a 69 años "tenemos un volumen aún importante de primovacunación, y no es que no quieran vacunarse, es que no les toca hasta que no cumplan las diez semanas con AstraZeneca, y tenemos un volumen de menores de 40 que están llamados con primovacunación o muchos, sencillamente, a los que no se ha llamado aún, o franjas de 30 a 20 a los que se está empezando a llamar, pero que no se les ha llamado y sin embargo están ocupando un espacio dentro de una cama hospitalaria".

Por último, y cuestionado sobre las estrategias de contención del virus, Aguirre ha recordado que "nos paramos en el 7 de mayo y tenemos las mismas medidas restrictivas", para añadir que mantienen reuniones continuas con el ocio nocturno "para que cumplan y están cumpliendo". Asimismo, ha informado de que este miércoles se reúne con la Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP) "para implicar a los ayuntamientos en la toma de decisiones".

El Pleno del Tribunal Constitucional ha estimado parcialmente el recurso de inconstitucionalidad interpuesto por Vox contra el real decreto por el que el Gobierno declaró el primer estado de alarma, que entró en vigor el 14 de marzo de 2020. Con una mayoría de 6 a 5 magistrados, el tribunal de garantías ha declarado inconstitucional el confinamiento, es decir la limitación del circulación de personas y vehículos en espacios y vías públicas que fijaba la norma, así como la capacidad del Ministerio de Sanidad para modificar y ampliar las medidas de contención en la actividad comercial.

La resolución ha salido adelante por una ajustada mayoría. Han formulado votos particulares el presidente Juan José González Rivas y los magistrados Andrés Ollero, Juan Antonio Xiol, Cándido Conde-Pumpido y María Luisa Balaguer. En la votación ha sido decisiva la vicepresidenta del tribunal, Encarnación Roca, quien se ha inclinado por la inconstitucionalidad del decreto-ley dictado por el Gobierno.

Aunque este miércoles se ha dado a conocer el fallo del tribunal, habrá que esperar a los próximos días para conocer el contenido de la sentencia y de los votos particulares.

PUNTOS INCONSTITUCIONALES

En concreto, el tribunal de garantías ha declarado inconstitucionales y nulos los puntos 1 y 3 del artículo 7 del decreto-ley, relativos a la libertad de circulación de personas y coches en espacios y vías públicas; así como el punto 5 del mismo artículo, que permitía al Ministerio del Interior acordar el cierre a la circulación de carreteras o tramos por razones de salud pública.

También ha declarado inconstitucional que se habilitara al Ministerio de Sanidad para "modificar" o "ampliar" las medidas de contención en el ámbito de la actividad comercial, equipamientos culturales y actividades recreativas, así como las actividades de hostelería y restauración.

"En todo lo demás", el tribunal ha acordado desestimar el recurso de inconstitucionalidad presentado por la formación liderada por Santiago Abascal. Desde Vox insistían en que el decreto incluía restricciones de ciertas libertades públicas que no estarían contempladas para ese tipo de estado en la Constitución, dado que --a su juicio-- sólo cabrían en la fórmula del estado de excepción.

SOBRE LA ORDEN DE SANIDAD

Este mismo miércoles, el tribunal ha rechazado declarar inconstitucional la Orden de Sanidad de 29 de marzo que prohibía todos los velatorios, tanto en instalaciones públicas como privadas, restringía otras ceremonias fúnebres, independientemente de la causa del fallecimiento, y regulaba algunas de las condiciones de contratación de los servicios funerarios.

En esta orden, el Gobierno justificaba su decisión aludiendo a la evolución de la pandemia en España, que obligaba a la adopción de nuevas medidas extraordinarias para evitar la propagación y contagio relacionados con los velatorios o la celebración de las ceremonias civiles y religiosas vinculadas a los funerales, así como medidas para garantizar la protección de los usuarios de servicios funerarios.

El Ejecutivo argumentaba que, en el marco de las "especiales características que rodean las ceremonias fúnebres", era "difícil asegurar la aplicación de las medidas de contención y distanciamiento con la separación interpersonal de más de un metro necesaria para limitar la propagación del virus".

En este sentido, la orden señalaba que, en el caso del coronavirus, familiares o allegados del fallecido habrían podido ser contactos estrechos, lo que obligaba a los afectados a quedarse en sus casas observando la cuarentena correspondiente.

TRIBUNAL DIVIDIDO

El fallo sobre el estado de alarma tiene lugar después de que los magistrados se reunieran ayer sin llegar a acuerdo para votar la ponencia del magistrado Pedro González-Trevijano. Este miércoles han retomado las deliberaciones y han estimado parcialmente el recurso.

La decisión ha mantenido dividido hasta ahora al tribunal, que ya optó el pasado junio por aplazar el asunto a la convocatoria de esta semana, en la que los jueces han analizado la ponencia que cuestiona la constitucionalidad de algunas medidas de restricción de movilidad --como el confinamiento domiciliario-- aplicadas por el Ejecutivo de Pedro Sánchez al inicio de la pandemia.

Este tema estaba pendiente de resolverse en el Constitucional desde mayo de 2020, cuando el asunto fue admitido a trámite en un Pleno que se celebró de manera telemática debido a las propias restricciones por la COVID-19.

El líder del PP, Pablo Casado, ha afirmado este miércoles que Cuba "es una dictadura" y ha emplazado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a aclarar "qué está ocultando" para no referirse así al país caribeño ni "liderar en Europa una respuesta" para exigir libertad y democracia. A su entender, esa actitud evidencia que con tal de permanecer en el poder es "capaz de caer en la inmoralidad de negar un régimen dictatorial como el que asola" desde hace 62 años a la isla.

"Señor Sánchez, repita conmigo: Cuba es una dictadura. No pasa nada", proclamado Casado desde Melilla, donde ha atendido a los periodistas junto a la valla situada entre la frontera de Beni Ensar y la de Barrio Chino y ha subrayado que "la presión migratoria sigue" con "cifras son muy preocupantes".

Tras enumerar las medidas que propone el PP para la ciudad autónoma, Casado se ha referido al "contencioso" que hay entre los ministros del Ejecutivo a la hora de "definir" lo que está pasando en el país caribeño, a raíz de las declaraciones estos días de las vicepresidenta Yolanda Díaz y Nadia Calviño o la ministra portavoz Isabel Rodríguez, en las que se ha evitado tildar a Cuba de dictadura.

"Lo quiero decir muy claramente, Cuba es una dictadura, no es una democracia. A mi me gustaría preguntarle al señor Sánchez sipara él Cuba es una democracia o una dictadura. Para mí es una dictadura. Señor Sánchez, repita conmigo: Cuba es una dictadura", ha enfatizado.

"DEPENDE DEL APOYO DE PODEMOS PARA SEGUIR EN LA MONCLOA"

Casado ha señalado que hablar de Cuba como dictadura es "lo que haría cualquier persona demócrata que ve que durante 62 años se encarcelan presos políticos, se tortura en las cárceles a inocentes y se reprime con palos en las calles protestas pacíficas pidiendo democracia y libertad".

Según el jefe de la oposición, la pregunta es "por qué Pedro Sánchez se niega a definir a Cuba como una dictadura" y lo ha achacado a que "depende del apoyo de Podemos para seguir en la Moncloa".

"Y Podemos no acepta que los regímenes dictatoriales que les han financiado como partido, como Cuba, Nicaragua y Venezuela, sean definidos como tal por el Gobierno que ocupan, el Gobierno más radical de la historia de España y el más radical que hay en Europa", ha manifestado, para añadir que en la UE "ningún otro gobierno tiene ministros comunistas".

CALVIÑO, LA QUE "SUPUESTAMENTE ES LA MODERADA"

Además, Casado ha criticado las declaraciones de la vicepresidenta primera Nadia Calviño, la que "supuestamente es la moderada", evitando referirse a Cuba como democracia alegando que no hay que poner etiquetas.

"¡Que se lo digan a los presos políticos y a las familias de los asesinados! ¿Qué pensaríamos si en los años 70 no se definiera a España como una dictadura o en los años 80 no se definiera a Chile como una dictadura?", se ha preguntado.

Por eso, ha emplazado al presidente del Gobierno a aclarar por qué no define a Cuba como una dictadura y "qué está haciendo" o "qué está ocultando para no hacerlo ni liderar en Europa una respuesta para exigir la libertad y la democracia".

En este punto, el presidente del PP se ha preguntado por qué lo que se pide para España, Francia o Alemania no se puede pedir para el pueblo cubano o el pueblo venezolano. "¿Es que aquí permitiríamos que torturaran o violaran a jóvenes en las cárceles o que salieran a la calle los matones del régimen a dar palizas a los que se manifiestan? ¿Se permitiría eso en España?", se ha preguntado.

Casado ha criticado de nuevo que el Gobierno "no censure" lo que está pasando en Cuba y ha insistido en que es "algo que tiene que explicar ya" porque si no "estaría dando un mensaje muy peligroso", de forma que "con tal de permanecer en el poder" es "capaz de caer en la inmoralidad de negar un régimen dictatorial como el que asola Cuba desde hace 62 años".

Piezas de cerámica, dos nuevos enterramientos del tardorromano y hasta utensilios como cuchillos de silex de 2.800 años de antigüedad han sido hallados por los voluntarios que participan en el II Campo Arqueológico desarrollado sobre el yacimiento de Marroquíes Bajos, en Jaén capital.

Todos estos elementos se limpian estudian, replican y bocetan en dibujos y posteriormente se catalogan. La siguiente tanda de voluntarios llegará a partir del 16 de julio. Serán 25 nuevos componentes venidos de toda España que se suman a una intensa red de arqueólogos, topógrafos, historiadores del arte y otras muchas profesiones cuyos titulares colaboran con el Ayuntamiento de Jaén.

La excavación arqueológica de la conocida como parcela C del barrio de expansión Norte, germen del Parque Arqueológico de Marroquíes Bajos, concentra en 8.000 metros cuadrados casi 5.000 años de historia --especialmente del periodo Calcolítico, Islámico, Romano y Visigodo--.

El Ayuntamiento de Jaén ha destacado la importante colaboración de los colectivos, entidades y empresas que han apostado por el proyecto del Patronato de Cultura de impulsar la excavación arqueológica en esa zona de la ciudad.

Los responsables de una de estas entidades colaboradoras, la Fundación la Caixa y Caixabank, han visitado junto al concejal de Cultura, José Manuel Higueras, el aula didáctica instalada en el terreno con la que se presta la labor de educación a colectivos, colegios y entidades sociales a las que se da a conocer el resultado de las excavaciones y que sirve además de base de operaciones a los técnicos y voluntarios que realizan su trabajo estos días.

La directora de área de Caixabank en Jaén, Ana Molina, ha señala que Caixabank decidió apostar por este trabajo una vez conocidos los hallazgos y resultados del primero campo de voluntariado realizado en la parcela, compromiso que se materializó con el aula didáctica que está especialmente abierta a dar a conocer el patrimonio de Jaén a todos los colectivos, especialmente los más desfavorecidos, para hacer universal el acceso a la cultura y el conocimiento.

"Sin entidades como la Fundación no podríamos hacer el trabajo que hacemos", ha agradecido José Manuel Higueras, quien ha reconocido la implicación de los voluntarios del campo arqueológico y el compromiso más allá de lo profesional de los técnicos municipales para avanzar en la creación del Parque Arqueológico, un espacio que será visitable y que permitirá a través del conocimiento sobre el terreno y con apoyo de nuevas tecnologías dar a conocer el gran patrimonio de Jaén.

"Queremos que la gente de Jaén lo conozca para que lo valoren y a su vez lo demos a conocer a quienes acuden a Jaén", ha dicho Higueras, quien ha incidido en que el aula didáctica es "un elemento clave" en ese proceso.

El comité de empresa de Radio Televisión Madrid (RTVM) ha censurado este miércoles la elección del expresidente RTVE José Antonio Sánchez como administrador provisional del ente público madrileño y ha cuestionado los méritos para ostentar ese cargo de quien dejó "en la ruina" a la corporación durante su anterior etapa al frente de la misma.

"No entendemos cuáles son los méritos profesionales de esta persona para volver a una empresa que dejó en la ruina", con una deuda de 260 millones de euros, ha señalado el comité de empresa sobre quien ya fue director general de Telemadrid bajo los mandatos de los expresidentes Esperanza Aguirre e Ignacio González, durante los años 2011 y 2014.

En un comunicado, los trabajadores de RTVM han vaticinado que su nombramiento al frente de la corporación "no augura nada bueno para los madrileños ni para su radio y televisión pública" y, entre otras, cita además que fue el encargado de ejecutar el ERE que supuso la salida de más de 800 trabajadores.

En el plano de su gestión, el comité de empresa también ha recordado que dejó a RTVM con una audiencia de 3,6%, cuando actualmente se sitúa en el 6,2%, y una deuda de 260 millones de euros, frente al superávit de 4,6 millones actual.

En base a esta gestión durante la anterior etapa al frente de Telemadrid, desde el comité de empresa han hecho hincapié en que es dudoso "que se respete el nuevo modelo" defendido en 2015 por Ayuso y aprobado por PP y Cs. "Dudamos que se aumente la transparencia, pluralidad e independencia, que mejore la audiencia, que la gestión económica sea más eficiente y sea una entidad más despolitizada", ha apostillado.

Así, aunque ha asegurado esperar estar equivocado en su lectura, el comité de empresa ha advertido que si efectivamente se "volviera a poner en poner en duda la viabilidad del servicio público" de la corporación los trabajadores lucharán "hasta el último aliento para impedirlo".

El Gobierno de la Comunidad de Madrid, que preside Isabel Díaz Ayuso, ha defendido hoy la "profesionalidad" del recién nombrado administrador provisional de Telemadrid, José Antonio Sánchez, y ha señalado que el ERE que se llevó a cabo en el ente durante su anterior mandato como director general (2011 a 2014) estuvo "justificado".

Así lo ha señalado en rueda de prensa el consejero de Educación, Universidades y Ciencia, y portavoz del Ejecutivo regional, Enrique Ossorio, tras anunciar que el nombramiento del periodista ha sido aprobado finalmente en el Consejo de Gobierno celebrado este miércoles. Este tendrá que ser ratificado en septiembre por la Asamblea de Madrid.

El consejero de Hacienda, Economía y Empleo, Javier Fernández-Lasquetty, ha insistido en que desde la Comunidad de Madrid se oponen de manera radical al "atropello" de reforma fiscal que quiere impulsar el Gobierno central y ha avisado que la intentarán frenar por todos lo medios políticos y legales.

Así lo ha expuesto en la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Gobierno, en la que se ha conocido el informe sobre el sistema tributario que el Ejecutivo madrileño ha enviado al Ministerio de Hacienda y que supone su aportación al Comité de Expertos para la elaboración del Libro Blanco de la reforma fiscal.

"Llevamos muy sólidas razones jurídicas, económicas y tributarias por las cuales es un atropello", ha expuesto. A su parecer, buscan "pasar por encima" de la autonomía de la región y que los impuestos de los madrileños se decidan "en cónclaves de consejeros de Hacienda socialistas o, aún peor, en la mesa de negociación con los independentistas de Cataluña".

Lasquetty ha remarcado que no van a dejar de hablar de esta cuestión porque no quieren que se apruebe "entre tinieblas como le gusta hacer" al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Así, ha incidido en que obligarán a que haya "focos encendidos".

PROBLEMAS DE REFORMA "MAL PENSADA"

El titular de Hacienda ha desgranado que el informe que empieza analizando los problemas que puede acarrear una reforma "mal pensada, diseñada sobre bases equivocadas o mal ejecutada" y que podría tener "un efecto destructivo para la recuperación y creación de empleo en España". Además, recoge los efectos de contar con impuestos bajos, se detiene en la defensa de la autonomía fiscal y, en concreto, en la situación de Madrid.

"Es una pormenorizada manera de desmontar argumentos falsos sobre la fiscalidad de la Comunidad de Madrid", ha dicho, al tiempo que ha indicado que la primera que lanza argumentos que en este sentido es la ministra de Hacienda, María Jesús Montero.

Así, ha vuelto a defender que la región "no hace 'dumping fiscal' porque tienen la mismas reglas que todos los demás, que Madrid no se beneficia de ser capital, porque lo ha sido durante siglos", que no hay insolidaridad porque son la región que más aporta y que no absorbe todo "sino que más bien genera crecimiento económico".

CERCA DE 30 EXPERTOS

El documento elaborado por el Gobierno regional ha contado con la participación de estudios y análisis de cerca de 30 expertos de distintos ámbitos, que remarcan la relación entre los impuestos bajos y la creación de empresas, la atracción de inversiones y el crecimiento del PIB.

Así, se recogen las aportaciones de profesionales del mundo académico, como Salomón Aguado Manzanares (Universidad a Distancia de Madrid), Luis Manuel Alonso González (Universidad de Barcelona), Santiago Álvarez García (Universidad de Oviedo), Mikel Buesa (Universidad Complutense de Madrid), César García Novoa (Universidad de Santiago de Compostela), Juan José Rubio Guerrero (Universidad de Castilla La Mancha), Jorge Sainz (Universidad Rey Juan Carlos) y José Félix Sanz Sanz (Universidad Complutense de Madrid).

También han colaborado expertos de diversos institutos empresariales y económicos como Lorenzo Bernaldo de Quirós (Freemarket Corporative Intelligence), Daniel Lacalle (Instituto de Empresa e Instituto de Estudios Bursátiles) y Javier Santacruz (Instituto de Estudios Bursátiles). Desde el ámbito jurídico han participado los abogados del Estado José Manuel Otero Novas y Macamen Tejera Gimeno o el asesor legal y tributario Ignacio Ruiz-Jarabo.

Asimismo, el estudio contempla las aportaciones de diversas entidades como Instituto de Estudios Económicos (IEE), la Asociación de la Empresa Familiar de Madrid (ADEFAM), Asociación Madrileña de Empresa Familiar (AMEF), Asociación de Trabajadores Autónomos (ATA), Confederación Empresarial de Madrid-CEOE (CEIM), Círculo de Empresarios y la Fundación Civismo e Instituto de Estudios Económicos (IEE).

La consejera de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación, Rocío Ruiz, ha valorado que los centros residenciales presenten "porcentajes muy similares a las tasas de ocupación anteriores a la crisis sanitaria", de manera que se alcanza una media del 95,2% en el caso de la atención a personas mayores y del 97,3% en el de discapacidad, sector en el que incluso se supera el porcentaje de ocupación registrado a fecha de febrero de 2020, "llegando en algunas provincias a tasas de plena ocupación".

Según ha indicado la Junta en un comunicado, los datos de evolución de la ocupación "evidencian" el inicio de la recuperación, aunque en el caso del servicio de centro de día para personas mayores, la tasa de ocupación continúa aún por debajo del porcentaje previo a la pandemia.

La consejera ha atribuido esa situación a que se trata del grupo de población que ha resultado "más vulnerable al coronavirus" y que ha tenido que restringir su actividad diaria fuera de sus domicilios. Sin embargo, ha señalado que no ha ocurrido de igual forma en los casos de los centros de día y ocupaciones para personas con discapacidad que, en la actualidad, tienen niveles de ocupación similares a los de antes del inicio de la crisis social y sanitaria (83,6% y 81,1% respectivamente).

Con el objetivo de que las personas mayores puedan volver a sus centros de día con las máximas garantías, la Consejería de Igualdad y Políticas Sociales ha puesto en marcha un plan de impulso para unservicio que "ha sido fundamental para las personas en situación de dependencia hasta el inicio de la pandemia".

Con este fin, se ha iniciado una campaña de comunicación para incentivar el regreso de las personas usuarias y se ha establecido la priorización de las propuestas del 'Programa individual de atención' orientadas a la modalidad de centro de día, así como la tramitación del expediente de aquellas personas que, siendo atendidas a través de este servicio, se encuentran a la espera de su resolución en el ámbito de la dependencia.

Por otra parte, la Junta ha indicado que se mantienen hasta el 31 de julio las medidas económicas para estos centros, que garantizan la financiación de las plazas concertadas y ocupadas, a las que se aplica una reducción del 60% en la aportación correspondiente al servicio y está garantizada la vacunación contra el Covid-19.

Ruiz ha enmarcado estas medidas en el "compromiso" de su departamento "para garantizar la oferta de recursos públicos y la calidad de los mismos", apoyado en un nuevo modelo de atención a la dependencia "que solvente las carencias que hemos detectado y que arrastrábamos de años anteriores".

Este esfuerzo, blindado económicamente con una dotación presupuestaria de 1.741 millones de euros para 2021, ha permitido alcanzar la cifra de 230.000 personas beneficiarias y prevé la creación de 1.565 nuevas plazas residenciales.

En este sentido, la consejera ha señalado la "coincidencia de este modelo de gestión de proximidad, centrado en la persona y con más recursos, con los ejes propuestos por la Comisión Europea en el marcode la economía de cuidados y refuerzo de las políticas de igualdad e inclusión del 'Plan de recuperación'.

"Los fondos europeos nos servirán de impulso para avanzar en esa transformación de los servicios sociales", ha augurado, con proyectos como la red de cuidados intermedios o una nueva red de cuidados de larga duración.

ECONOMÍA DURANTE LA CRISIS SANITARIA

Durante el desarrollo de la Comisión, Ruiz también ha informado de las diferentes medidas económicas puestas en marcha por la Consejería con carácter extraordinario dirigidas a garantizar la atención a la dependencia en centros de día y residenciales para personas mayores y con discapacidad, y a asegurar además el mantenimiento del empleo en el sector.

El importe total de estas medidas económicas puestas en marcha desde el inicio de la crisis sanitaria hasta el momento actual se cifra en más de 80 millones de euros, a los que hay que sumar los 10,4 ya anunciados y que se prevé aprobar en breve por el consejo de gobierno. Por lo tanto, se han movilizado 90,4 millones de euros desde el inicio de la pandemia.

En total, más de 25,8 millones de euros que han servido, entre otras cuestiones, para garantizar la financiación de las plazas ocupadas en centros de día en el caso de imposibilidad de atención presencial debido a la pandemia, la reconfiguración del servicio y la atención telemática, un descuento del 60% en la aportación de la persona beneficiaria.

En el caso de la atención residencial, la ausencia voluntaria hasta 60 días, salidas voluntarias superiores a 20 días y el abono de las plazas libres durante la suspensión de incorporaciones en la atención residencial.

A estas medidas, se sumó el apoyo económico a las entidades con plazas concertadas mediante un abono adicional con el objetivo de cubrir los gastos extraordinarios ocasionados por la atención durante la pandemia según la tipología y el número de plazas ocupadas entre el 1 de julio y el 31 de diciembre de 2020.

El abono adicional contemplado en el Decreto-Ley 31/2020 de 1 de diciembre ha sido abonado casi en su totalidad (pagado un 97,4% del total), que asciende a 12,8 millones de euros.

En la actualidad, los centros están dentro del plazo de acreditación de los gastos en los que hayan incurrido en cumplimiento de las medidas obligatorias de prevención e higiénico sanitarias establecidas por las autoridades competentes: compra de equipos de protección individual, contratación de personal y medidas adicionales de higiene y protección.

No obstante, debido a la evolución de la crisis sanitaria que continúa a fecha actual, se ha considerado "necesario" volver a establecer una medida económica extraordinaria de carácter temporal, que abarque el periodo de crisis sanitaria no incluido en la anterior medida. Esta nueva medida de apoyo económico se estima en una cuantía de 10,4 millones de euros.

La revisión de los costes máximos de plazas objeto de concertación en atención a personas en situación de dependencia es otra de las medidas adoptadas, tanto para los centros residenciales y centros de día para personas mayores como para las residencias, centros de día y de terapia ocupacional para personas con discapacidad, con efecto desde el 1 de enero de 2021 y con un incremento general del 2,6%.

La ministra de Igualdad, Irene Montero, tampoco ha querido definir al régimen cubano y ha cargado contra el bloqueo económico "inaceptable" contra el país y que está en la base de su carencia de productos básicos.

También ha desgranado que España ha mantenido "históricamente" unas relaciones "excelentes de amistad" con la nación caribeña y que el Gobierno debe seguir trabajando para que así sea.

Así se ha expresado ante los medios de comunicación tras acudir, junto a la ministra de Derechos Sociales, Ione Belarra, al acto 'Ley de Diversidad Familiar y Apoyo a las Familias: Reconocimiento de la diversidad y protección de todas las familias y la infancia', en la Casa de América.

Preguntada sobre si piensa o no como la diputada de Unidas Podemos Aina Vidal, que ayer consideró que el Gobierno cubano no era una dictadura, la ministra ha dicho simplemente que aprovechaba para mandar un "mensaje afectuoso" y "toda la complicidad" al pueblo cubano.

Y es que Montero ha resaltado que Cuba es un país "hermano" que padece un bloqueo económico "inaceptable", como también opina Naciones Unidas, y que motiva que sufra carencia de medicamentos y material sanitario para hacer frente a los efectos de la crisis del Covid-19.

"Creo que es muy importante que es muy importante que reconozcamos ese bloqueo inaceptable, al que Cuba está siendo sometido desde hace décadas y que está en la base de la carencia de los productos más fundamentales para garantizar la vida digna de todos sus ciudadanos", ha zanjado.

BELARRA: ESTE DEBATE "NO AYUDA" Y SOLO LO QUIERE LA OPOSICIÓN

Por su parte y en declaraciones a La Sexta, la titular de Derechos Sociales ha reiterado que el debate sobre el Gobierno cubano "no ayuda" a solucionar la situación, que es "evidente y nadie niega" que es de "absoluta excepcionalidad internacional" derivada de casi seis décadas de bloqueo económico por parte de Estados Unidos.

También ha relatado que la última asamblea general de Naciones Unidas fue "muy clara" sobre la necesidad de levantar este embargo comercial y económico, que es lo que contribuiría a aportar una solución.

Por tanto, ha dicho que este debate solo interesa a la oposición, que trata de hacer una cuestión nacional algo que es "un tema internacional" y una situación límite "dolorolísima" para el pueblo cubano. "A mí no me van a encontrar haciendo política doméstica con un tema de semejante calado", ha zanjado.

Más País-Equo, Compromís y los partidos independentistas del Congreso han pedido que la Cámara cree una comisión de investigación relativa a la "neutralidad política" en el desempeño de la función de enjuiciamiento de la responsabilidad contable por parte del Tribunal de Cuentas, es decir, de la sección del fiscalizador encargada de las investigaciones abiertas contra ex altos cargos de la Generalitat catalana por la consulta independentista de 2014 o el conocido como 'Diplocat'.

La iniciativa, que lleva la firma de ERC, Junts, el PDeCAT, el BNG, la CUP y Bildu, además de la de los partidos ya citados, busca que la Cámara abra pesquisas sobre "las preguntas irregularidades cometidas" por este órgano en su función de enjuiciamiento de la responsabilidad contable.

Así, demandan que se aclaren las "conexiones y vinculaciones personales de los consejeros y su incidencia sobre el principio de independencia", así como la "naturaleza política de las acusaciones" que, a su parecer, se han dirigido contra los independentistas catalanes.

En definitiva, buscan que el Congreso determine si el Tribunal tiene "legitimidad" y "competencia" para llevar a cabo estos procedimientos por responsabilidad contable y con qué "límites" debe desarrollar su función jurisdiccional.

SÓLO ACTÚAN CONTRA EL INDEPENDENTISMO

En la exposición de motivos de la iniciativa, estos ocho partidos denuncian que, pese a que el Tribunal de Cuentas constata "irregularidades" de variada índole en sus distintas fiscalizaciones, después no exige "responsabilidad" por ellas, y se limita a "recomendar mayor diligencia en materia de planificación, contratación, seguimiento o control" por parte de las entidades que analiza.

Para los firmantes de la petición, "esta situación contrasta" con la actuación llevada a cabo por el órgano que preside María José de la Fuente en relación con los procesos judiciales y causas policiales contra el independentismo catalán.

En este contexto, recuerdan que hasta ahora ya se han abonado más de 15 millones de euros en concepto de fianzas --"algunas de ellas duplicadas", según apuntan-- en el marco de procedimientos derivados de la consulta del 9 de noviembre de 2014 y el referéndum ilegal de octubre 2017.

SESGO IDEOLÓGICO

"El sesgo ideológico que se desprende de este patrón de comportamiento es del todo incompatible con los principios propios de un Estado de Derecho como el de imparcialidad", argumentan.

A la vez inciden en que el hecho de que éste no sea un auténtico órgano jurisdiccional no "le habilita a quebrantar la neutralidad política que se le exige a cualquier instancia depuradora de responsabilidades", máxime teniendo en cuenta que el enjuiciamiento de la responsabilidad contable que realiza "tiene una dimensión política incuestionable pues se proyecta sobre la gestión de los fondos públicos"

Teniendo en cuenta todas estas denuncias, estas formaciones piden que el Congreso investiguen las "causas de abstención de los consejeros que concurrían en los procesos contra el independentismo catalán y no fueron planteadas, en infracción", a su juicio, del principio de imparcialidad".

Otro de los puntos que quieren que se esclarezca es si dichos procedimientos se están ejecutando con todas las "garantías procesales" previstas en el Convenio Europeo de Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.

Los firmantes denuncian las "naturaleza confiscatoria y disuasoria" de las fianzas exigidas a los cargos independentistas y plantean que la Cámara se pronuncie sobre ello, así como acerca de la "incidencia" de la actuación del tribunal sobre el ejercicio de la libertad de expresión, la libertad ideológica y el pluralismo político.

Pero los impulsores de la investigación no se refieren sólo a los procedimientos contra los independentistas y piden que la Cámara investigue sobre "la autoría material de todas las operaciones irregulares" que, a su juicio, "no han sido debidamente enjuiciadas", la "responsabilidad" en la que se ha incurrido por ello y "los perjuicios causados a las arcas públicas" por esa falta de enjuiciamiento.

Los promotores de la iniciativa citan también como objeto de la investigación que quieren que se abra la política de contratación del personal del Tribunal de Cuentas y su compatibilidad con le principio de independencia e imparcialidad.

El director general del Consejo Empresarial del Sector del Juego (CeJuego), Alejandro Landaluce, ha reclamado este miércoles una regulación "justa" del juego privado, "acorde a lo que realmente representa" en el mercado.

Así se ha expresado el director general de la asociación empresarial que representa aproximadamente a un 70% del sector del juego privado en España, tras presentar los resultados de una encuesta realizada entre 1.863 ciudadanos.

"Existe una creencia errónea de que somos un sector poco regulado, cuando somos uno de los que históricamente más hemos cuidado el cumplimiento de la normativa. Abogamos por el juego responsable y cumplimos todas las medidas que se imponen tanto a nivel estatal como por Comunidades Autónomas y lo vamos a seguir haciendo siempre, porque forma parte de nuestra filosofía como empresas", ha afirmado.

Landaluce ha añadido que "el juego privado se practica en su gran mayoría por diversión y ocio, como muestran los datos, y en comparación con el juego público es minoritario". "Consideramos que debe regularse de forma justa, acorde a lo que realmente representa el juego privado en el mercado", ha subrayado.

Según concluye la encuesta de Sigmados y CeJuego, sobre la percepción y el conocimiento que los españoles tienen del sector, el 75% de los españoles considera que los controles a los juegos de azar públicos y privados deberían igualarse.

En relación con la regulación aplicada al sector del juego, los resultados de este estudio muestran que un 62% de los encuestados afirma que los locales de juego y apuestas no deberían cerrarse, porque "cada uno es libre de ir o no ir".

En este sentido, la investigación de CeJuego indica que un 64% de los españoles se muestra convencido de que si se cierran estos locales, la actividad se trasladaría a otros lugares de manera ilegal.

Por otro lado, el informe muestra que un 73% de los encuestados afirma jugar a la lotería, al tiempo que un 6% de los españoles declara jugar a apuestas deportivas. Por tipo de públicos, los asalariados, empresarios y autónomos son los que más realizan apuestas online (17%), frente a los estudiantes que prefieren las Loterías (31%), Euromillones (14%), juegos de la ONCE, como Cuponazo y Rascas (10%) y las apuestas deportivas online y las apuestas en locales de juego, ambas con un 6%.

Respecto a la variable de volumen de ingresos de los encuestados, el estudio destaca que las personas con ingresos bajos y muy bajos, son las que juegan en mayor porcentaje a los Rascas de la ONCE (13,3%) y quienes menos juegan en locales de apuestas (2%) y en apuestas deportivas online (4%).

Las personas que más ingresos declaran, según este estudio elaborado por CeJuego, invierten en su mayoría a juegos como Euromillones (38%) y la Primitiva (41%), y dedican un 7% de su presupuesto a las apuestas online.

En el caso del juego privado, casi un 68% afirma jugar por diversión y ocio, y por las posibilidades de acertar y solo un 30% por el importe de los premios. En el caso del juego público, el 41% afirma jugar por tradición y costumbre, y un 31% por las posibilidades de acertar, al igual que otro 30% lo hace por el importe de los premios.

El juego público más jugado es la Lotería, a la que juegan el 73% de los encuestados, mientras que el juego privado más practicado son las apuestas deportivas que, según los datos del estudio, alcanza el 6%.

Leonardo Fernández, un historiador y activista cubano que se encuentra en la actualidad en La Habana y que estuvo en prisión durante dos días por "alteración del orden público", tras manifestarse el pasado lunes a las puertas del Instituto Cubano de Radio Y Televisión (ICRT), ha criticado al Gobierno de Cuba por "crear una oleada de violencia". "El gobierno cubano ha hecho una llamada a que cubanos se enfrenten a cubanos y en las cárceles estamos siendo sometidos a maltratos", ha manifestado.

Asimismo, ha pedido a la comunidad internacional que haga un "llamamiento a la conciliación, al diálogo y al cese de la represión" y que "liberen a todos los jóvenes detenidos"

Asimismo, ha detallado la situación que están viviendo muchos "jóvenes detenidos" por manifestarse "pacíficamente". En este sentido, ha recalcado la necesidad de una "reforma constitucional" en Cuba para "poner fin a décadas de autoritarismo y represión".

"RESPUESTA CONTUNDENTE Y UNIFICADA"

Por otra parte, el presidente de la ONG Prisioners Defenders, Javier Larrondo, ha calificado de "máxima urgencia" la situación que atraviesa Cuba, donde se están cometiendo "crímenes de lesa humanidad por parte del Gobierno cubano", y ha pedido al Ejecutivo español que gestione una "respuesta contundente con la UE y con los países democráticos" que sea "eficiente para la protección del pueblo de Cuba".

En este contexto, ha lamentado que España no haya reaccionado con "absoluta urgencia al nivel que requiere la protección de los cubanos" aunque considera que la reacción del Gobierno "es la reacción de un ejecutivo que representa un Estado", por lo que entiende que "se retrase una declaración contundente".

"En este momento estamos en una urgencia absoluta y necesitamos que el Gobierno, la Unión Europea y Naciones Unidas hagan declaraciones. No de la definición de lo que es Cuba o no, sino de lo que necesita el pueblo cubano para ser protegido", ha subrayado Larrondo.

Asimismo, ha afirmado que tiene constancia de que hay "miles de detenidos y desaparecidos". "Tenemos documentados entre 200 y 300 detenidos y desaparecidos, aunque sabemos que hay miles de detenciones porque el bloqueo de internet que el Estado ha impuesto nos impide llegar a apenas un 5% de las personas con las que intentamos conectar", ha detallado.

En la misma línea, ha pedido al Gobierno de España que "se coordine con los países democráticos" para "unificar una respuesta contundente con la UE" y que se tome una "posición conjunta internacional que sea eficiente para la protección del pueblo cubano", ha concluido Larrondo.

El Rey Felipe VI ha presidido este miércoles la entrega de los Reales Despachos de Empleo a los nuevos Suboficiales de la Armada en San Fernando (Cádiz) como culminación del proceso de formación en la Escuela de Suboficiales, centro encargado de la formación y perfeccionamiento de los suboficiales de la Armada Española,

El acto ha dado inicio con Honores de Ordenanza y salvas y Don Felipe pasó revista a la formación. Seguidamente, hubo la oración de acción de gracias y se interpretó la Salve Marinera, que dio paso a la lectura de la Resolución de ascenso a Sargento y de las correspondientes condecoraciones de los números Uno del Cuerpo General de la Armada y del Cuerpo de Infantería de Marina.

Según ha señalado la Casa Real, el Rey entregó los Reales Despachos a los números Uno, el sargento del Cuerpo General de la Armada Alberto González Blanco, y el sargento del Cuerpo de Infantería de Marina Adrián Sánchez León, y les impuso las condecoraciones. El acto continuó con la entrega de despachos al resto de los nuevos suboficiales y el desfile bajo la enseña nacional.

Por su parte, el Comandante-Director de la Escuela de Suboficiales, el capitán de Navío Antonio Martorell Lacave, ha pronunciada unas palabras antes concluir el acto, donde el Rey se ha fotografiado con los nuevos sargentos.

En el acto también han estado presentes el delegado del Gobierno en Andalucía, Pedro Fernández; la alcaldesa de San Fernando, Patricia Cabada; la presidenta de la Diputación Provincial de Cádiz, Irene García, y autoridades militares e invitados.

En la Escuela de Suboficiales de la Armada, centro encargado de la formación y perfeccionamiento de los suboficiales de la Armada Española, se imparten los cursos enseñanza de acceso a la Escala de Suboficiales de los Cuerpos de Infantería de Marina y Especialistas de la Armada, de los Cuerpos Comunes de Músicas Militares y de formación básica militar para el acceso a la condición de reservista voluntario de la categoría de Suboficial de la Armada.

También se imparten los cursos de perfeccionamiento de actualización para el desempeño de los cometidos de Suboficial Mayor de la Armada, del empleo de Brigada y de Cabo Mayor de la Armada, además del curso de Administración y Gestión para Suboficiales.

La Jefatura de Estudios de la Escuela cuenta con cuatro departamentos para ejercer su labor, como el Departamento de Idiomas que tiene como misión la formación del alumno para que adquiera los conocimientos necesarios que le permitan comunicarse con un inglés adecuado a sus cometidos profesionales dentro de la Armada o el Departamento de Conocimientos Científicos, Navales y Militares que tiene como misión la formación de los alumnos en las áreas de conocimientos asignadas, para conseguir eficaces Suboficiales de la Armada, educándoles en el culto de las virtudes Militares y de las tradiciones de la Armada.

Igualmente, cuenta con el Departamento de instrucción y adiestramiento, Navales y Militares, que tiene como misión la formación de los alumnos en las áreas de conocimientos asignadas, para conseguir eficaces suboficiales de la armada, educándoles en el culto de las virtudes Militares y de las tradiciones de la Armada. Finalmente, se encuentra el Departamento de Sanidad que tiene la función docente de formar al alumno en Soporte Vital Básico, Primeros Auxilios y Principios de Sanidad Naval, y clínica encarga de la labor asistencial.

El presidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla, espera que los tribunales autoricen el toque de queda de 1.00 a 6.00 de la mañana que pedirá hoy mismo la comunidad para 53 municipios, con el fin de frenar la "avalancha" de jóvenes que "están llegando todos los días a los consultorios y a los hospitales con el virus".

Y aunque la petición está argumentada "muy sólidamente" con razones sanitarias para que la Justicia apoye al Gobierno, el presidente ha recordado que "no siempre ha sido así" y que "ha habido casos en los que nos han dado la razón y otros en los que no nos la han dado".

"Hace un mes y medio hubo un momento complicado en el que intentamos controlar el ocio nocturno con una limitación a las 2.00 de la mañana y los tribunales dijeron que había que respetar el horario que tenían según licencia, que fueron las 6.00 de la mañana, lo cual convirtió a Cantabria en un foco de atracción de personas de otros lugares", ha recordado.

Por ello Sanidad ha anunciado este miércoles una serie de medidas con las que quiere sobre todo controlar los agrupamientos de personas jóvenes, como el toque de queda y la limitación de los grupos a seis personas entre la 1.00 y las 6.00 horas en más de la mitad de los municipios cántabros y la prohibición de venta de alcohol en comercios minoristas y gasolineras desde las 20.00 horas en toda la comunidad.

Estas medidas, según Revilla, están "argumentada desde el punto de vista sanitario", porque las decisiones que se han venido tomando en Cantabria durante la pandemia "no han sido políticas". "Yo no he intervenido jamás en esas decisiones, son medidas sanitarias de personas que saben, y por lo tanto esperamos que nos concedan esta petición", ha incidido.

El presidente descarta pedir la vuelta al estado de alarma para no tener que depender de la Justicia a la hora de tomar este tipo de medidas porque cree que, de hacerlo, debería ser "en conjunto" por parte de todas las comunidades.

Además, defiende hacer "compatible" el aumento de los casos con el mantenimiento de actividad económica, ya que los contagios ahora son "menos alarmantes" porque, al darse sobre todo en jóvenes, tienen menos impacto en la presión hospitalaria y en las defunciones, que son los dos parámetros que han hecho de este virus algo "especialmente dañino".

CANTABRIA ES "SEGURA"

Pero aunque la ocupación de los hospitales ahora es "baja", el número de infectados sobre todo en la población joven es "tremendo", ha alertado Revilla, defendiendo tomar medidas restrictivas "pero que no paren el desarrollo económico sobre todo en este periodo estival, donde en Cantabria esperamos tener afluencia de gente".

En este sentido, el jefe del Ejecutivo regional ha reiterado que "Cantabria es una región segura" y "quien no quiera contaminarse no se va a contaminar, porque sabemos donde están los focos: en los lugares cerrados, en los grandes agrupamientos de personas jóvenes que piensan que no se van a contaminar".

Sin embargo "se contaminan y van a casa" y transmiten el virus a sus familiares mayores, por lo que ya están llegando a los hospitales y a las UCIs personas vacunadas con la pauta completa, ya que la vacuna "es eficaz pero no al cien por cien", ha explicado Revilla, que ha hecho estas declaraciones tras una visita a Solvay, a preguntas de la prensa por las nuevas restricciones anunciadas esta mañana por Sanidad.

El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha vuelto a pedir al Gobierno central una rectificación en la decisión de suprimir la mascarilla en espacios al aire libre.

"Pedro Sánchez mandó un mensaje equivocado cuando dijo que se podía suprimir la mascarilla en el exterior, porque se generó la falsa idea de que el virus ya no estaba entre nosotros", ha advertido Mañueco.

En este sentido ha vuelto a insistir en que el presidente del Gobierno se equivocó y urge a "corregir esta decisión cuanto antes".

Mañueco ha señalado que la mascarilla en exteriores debe volver como fórmula habitual y convencional para contener la propagación del virus, sobre todo cuando se está produciendo una rápida escalada de los casos y de la incidencia.

Al mismo tiempo ha recordado que la mascarilla es obligatoria en situaciones en las que no se puede mantener la distancia de seguridad o en grandes aglomeraciones de gente.

Por otro lado Mañueco ha avanzado que la Junta seguirá apostando por la estrategia desarrollada hasta el momento, y que se centra en la realización de test y cribados masivos entre la población más joven, y el incremento del ritmo de vacunación.

El presidente autonómico no ha descartado que el Consejo de Gobierno que se celebrará mañana tome nuevas decisiones para contener el avance de los contagios, sobre todo en aquellos municipios, como Burgos, en los que se ha disparado la incidencia.

"Analizamos la situación de la pandemia todos los jueves, y puede que mañana tomemos nuevas decisiones o puede que no".

En cualquier caso ha advertido que la incidencia acumulada no es el único criterio para la toma de decisiones, y también hay que tener en cuenta las cifras de ocupación en planta y en las unidades de críticos del sistema hospitalario de la Comunidad, que por el momento "se mantiene estable" con incrementos poco significativos.

Mañueco ha aprovechado la ocasión para volver a solicitar al Gobierno central que incremente los envíos de vacunas a nuestra Comunidad para acelerar el proceso de vacunación e inmunizar a los más jóvenes.

"Somos la tercera comunidad autónoma en cifras de vacunación y esto es fundamental e importante", ha concluido.

La Fiscalía ha presentado recurso de apelación ante la Audiencia Provincial contra el auto del juez de Roquetas de Mar (Almería) que acordó libertad provisional con medidas cautelares para el conductor investigado por atropellar mortalmente, ebrio, a la niña de cinco años, Leire, hace una semana.

El Ministerio Público ha optado por impugnar directamente a la Audiencia Provincial, y no en reforma, la resolución del titular del Juzgado de Instrucción 1, Alfonso Peralta, quien concluyó que no existían "causas legales" que permitiesen "acordar la prisión provisional del encausado" por presuntos delitos de homicidio imprudente, conducción bajo influencia de bebidas alcoholicas, y de conducción temeraria.

El informe de la Policía Judicial aportado a las diligencias previas indica que F.M.S. iba al volante a una "velocidad excesiva", que adelantó a un turismo y "sobrepasó" el paso del cebra por el que cruzaba la víctima junto a su madre, al tiempo que recoge que se halló un vaso de cristal con lo que parecía ser "una mezcla de ginebra y tónica" en el salpicadero del vehículo.

En el recurso de apelación, la fiscal interesa que se revoque el auto y solicita, tal y como hiciera en la comparecencia del investigado en sede judicial, su ingreso en prisión provisional, comunicada y sin fianza.

Fuentes judiciales han precisado que remarca la "extrema gravedad" de los hechos imputados a F.M.S., militar de Legión, y discrepa de la valoración de "las circunstancias" que hace el juez instructor, quien en su auto admitió las graves consecuencias del delito con el fallecimiento de una niña de cinco años y remarcó su "conducta presuntamente totalmente irresponsable".

La Fiscalía hace hincapie en que la secuencia del atropello mortal está recogida "con total claridad" en las grabaciones de video aportadas a la causa penal y en la conducta del encartado, quien arrojó un resultado positivo de 0,98 mg/l y 0,96 mg/l en las pruebas de alcoholemía a las que se sometió tras el siniestro.

El juez Alfonso Peralta acordó imponer a F.M.S. como medidas cautelares el depósito y retención de la licencia de conducción y el depósito del vehículo; la prohibición de salida del territorio nacional y la retirada del pasaporte así como la obligación de comparecer los días 1 y 15 de cada mes en el juzgado.

En el auto mantiene que la función de la prisión provisional "no puede ser en ningún caso la de adelantar las efectos de una hipotética pena que pudiera serle impuesta al acusado".

Argumenta que el el riesgo de fuga se evitaba mediante la retirada del pasaporte y prohibición de salida del territorio nacional y descarta el riesgo de ocultación o destrucción de pruebas o el riesgo de reiteración delictiva y que el investigado volviera a coger el coche".

"Dicha causa, única para acordar la prisión provisional, está legalmente condicionada a que se trate de delitos dolosos, no pudiendo darse en supuestos como el acaecido ya que se trata de un homicidio imprudente a pesar del lamentable incidente", señala para apuntillar que también se le impone como medida cautelar la retirada del carné de conducir.

"Por muy graves que sean las consecuencias del delito, como es el fallecimiento de una niña de cinco años, por inmenso el dolor que este hecho haya podido causar en sus progenitores y que este instructor comprende perfectamente, así como con la conmoción social que pueda producirse en la opinión pública, en el momento actual no existen causas legales que permitan acordar la prisión provisional del encausa", concluye.

El juez instructor alude, asimismo, a que "la alarma o conmoción social por un desenlace tan trágico tampoco permiten legalmente acordar una medida restrictiva de libertad", concluye.

SE SALTÓ UN PASO DE PEATONES "A VELOCIDAD EXCESIVA" Y LLEVABA UN CUBATA "EN EL SALPICADERO"

El atestado de la Policía Local de Roquetas de Mar recoge que el vehículo que conducía el investigado habría adelantado "a velocidad excesiva" a otro turismo cuando circulaba por la carretera de Alicún para después "sobrepasar" el paso de cebra y "arrollar" a la pequeña que cruzaba junto a su madre.

El informe recoge, asimismo, que el vehículo podría ir a una velocidad hasta "78 kilómetros por hora" en una vía con una limitación de velocidad de 50 kilómetros por hora y señala que se habría encontrado un vaso de cristal "lo que podría ser ginebra y tónica" en el salpicadero del turismo.

Las pruebas de alcoholemia a las que fue sometido el investigado, arrojaron un resultado positivo de 0,98 mg/l y 0,96 mg/l.

El atropello mortal se registró el martes a las 20,21 horas en el barrio de El Parador. El 112 movilizó una UVI móvil de EPES-061 y un equipo móvil de urgencias del centro de salud de Aguadulce, que hicieron acto de presencia en el lugar de los hechos, si bien no pudieron sino constatar el fallecimiento de la niña Leire a su llegada.

El ministro de Cultura y Deporte, Miquel Iceta, ha firmado la modificación al acuerdo de País Invitado de Honor con el presidente de la Feria del Libro de Frankfurt y con el presidente de Acción Cultural Española, con lo que queda formalmente modificada la fecha de participación de España del año 2021 al 2022, debido a la pandemia.

Iceta ha mantenido una reunión de trabajo en la sede ministerial con el presidente de la Feria del Libro de Frankfurt, Jürgen Boos, junto a la directora general del Libro y Fomento de la Lectura, María José Gálvez, y José Andrés Torres Mora, presidente ejecutivo de Acción Cultural Española (AC/E).

El objetivo del encuentro ha sido preparar los actos institucionales del próximo mes de octubre, cuando España tomará el relevo de Canadá como País Invitado de Honor con el lema 'Creatividad Desbordante'.

Tal y como ha señalado Cultura, dos son las fechas clave de la agenda institucional de este próximo octubre: la rueda de prensa de España como País Invitado de Honor el jueves 21 de octubre en el Festhalle y la ceremonia de traspaso el domingo 24 de octubre con Canadá.

Iceta ha manifestado que la participación de España en la Feria del Libro de Frankfurt 2022 como País Invitado de Honor es "un proyecto de Estado que sitúa en su centro al libro y a la literatura". "La oportunidad que ello representa para el sector del libro es extraordinaria y su fortaleza va asombrar", ha añadido el ministro.

Según Jürgen Boos, presidente de la Feria del Libro de Frankfurt, la literatura española que llegará al evento es "rica en tradición y tiene mucha vitalidad en sus distintas lenguas". "España ha desarrollado un amplio programa de promoción de las traducciones y estoy seguro que descubriremos muchos autores españoles el año que viene", ha indicado.

A la reunión de trabajo también se ha sumado el presidente de la Federación de Gremios de Editores de España (FGEE), Patrici Tixis, para trasladar los resultados de los encuentros de editores y agentes españoles y europeos organizados por la FGEE con el apoyo de AC/E y la Dirección General del Libro y Fomento de la Lectura durante el primer semestre de 2021, así como para avanzar en el programa profesional de la feria.

Dos nuevas Comunidades Autónomas, Cantabria y Cataluña, han pedido este miércoles establecer un toque de queda en sus territorios ante el aumento de contagios de los últimos días en España, medida que necesita ser autorizada por los tribunales. Canarias, sin embargo, no ha encontrado este aval de la Justicia para poner una limitación a la movilidad nocturna.

Cantabria y Cataluña se han sumado a la Comunidad Valenciana que ya estableció un toque de queda selectivo en 32 localidades, aunque en el caso de la región presidida por Ximo Puig ha obtenido ya el aval de su Tribunal Superior de Justicia para poder implantar esta limitación a la movilidad nocturna.

Además, autonomías como Galicia han vuelto a "dar un paso atrás" en la hostelería y limita a diez las reuniones en locales y lo recomienda en casas.

Así, a las 14.30 horas de este miércoles 14 de julio, este es el posicionamiento de las CCAA que se han pronunciado sobre la adopción de nuevas medidas:

ANDALUCÍA

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha indicado este martes, que a día de hoy, no ve "razón suficiente" como para solicitar un toque de queda en la Comunidad autónoma o como para "cortar de cuajo" la movilidad en la región debido a la situación epidemiológica derivada de la pandemia de Covid-19.

ARAGÓN

La hostelería en Aragón vuelve a estar en fase 2 modulada, por lo que los establecimientos de ocio nocturno pueden abrir hasta las 0.30 horas; la hostelería hasta las 23.00 horas, excepto comida para llevar; no se permite el consumo en barra; en interiores de los locales el aforo es del 50%, con un máximo de seis personas por mesa y en terrazas el aforo es del 100%, con un máximo de diez personas por mesa.

BALEARES

La presidenta del Gobierno de Baleares, Francina Armengol, ha considerado este martes que la situación epidemiológica de Baleares "no es comparable" con la de otras comunidades autónomas que han vuelto a imponer restricciones tras el aumento de contagios de COVID-19.

CANARIAS

El Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) ha denegado este miércoles la petición del Ejecutivo regional para establecer un toque de queda en la Comunidad entre las 00.30 y las 06.00 horas en las islas con nivel de alerta 3 o 4, tratando de evitar así aglomeraciones en ese horario.

CANTABRIA

Cantabria solicitará a los tribunales la autorización para implantar de nuevo el toque de queda de 1.00 a las 6.00 horas en 53 municipios, en los que también limitará las reuniones en ese horario a seis personas, salvo que sean convivientes. Además, ha prohibido la venta de bebidas alcohólicas en los establecimientos minoristas y gasolineras a partir de las 20.00 horas.

CASTILLA Y LEÓN

La Junta de Castilla y León aprobó la semana pasada el cierre del ocio nocturno a las 2 de la madrugada, eliminar el consumo en barra en estos locales, que tendrán un aforo de un tercio y no podrán utilizar sus pistas de bailes, además de limitar a diez la ocupación en mesa. Sin embargo, los servicios jurídicos de la Junta desaconsejan solicitar el toque de queda.

Además, el presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha vuelto a pedir al Gobierno central una rectificación en la decisión de suprimir la mascarilla en espacios al aire libre.

CASTILLA-LA MANCHA

La portavoz del Gobierno de Castilla-La Mancha, Blanca Fernández, ha asegurado que la región "no tiene necesidad" de implementar restricciones por la COVID ya que los datos de hospitalizados tanto en cama como en UCI "están por debajo de la mitad que la media nacional".

CATALUÑA

El Gobierno catalán decretará este miércoles un nuevo toque de queda en Cataluña que "en principio" durará 15 días y se adaptarán a la evolución de la pandemia para hacer frente al aumento de contagios de coronavirus. En todo caso, esta limitación a la movilidad nocturna necesita el aval del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña.

EXTREMADURA

El Consejo de Gobierno de la Junta de Extremadura ha acordado este miércoles proponer el cierre perimetral de las localidades pacenses de Villafranca de los Barros, Salvatierra de los Barros y Valverde de Leganés, ante el incremento de los contagios y la subida de la incidencia acumulada de Covid-19 entre sus poblaciones.

EUSKADI

El Comité Asesor del Plan de Protección Civil de Euskadi (LABI), presidida por el propio Lehendakari, ha decidido añadir a las medidas actualmente en vigor, la prohibición de botellones y "no fiestas" y cerrará antes las actividades comerciales, sociales y culturales si se mantiene la actual tendencia o se produce un incremento de la presión hospitalaria. En cualquier caso, Urkullu aconseja utilizar la mascarilla en todo momento.

GALICIA

Galicia da "un paso atrás" en la desescalada y los grupos en las terrazas de la hostelería volverán a estar limitada a diez personas en las terrazas. Además, todos las personas que accedan a los locales de ocio nocturno tendrán que presentar una prueba PCR negativa o un certificado de vacunación, pero esta medida, como ha precisado el conselleiro de Sanidade, Julio García Comesaña, no será obligatoria hasta el próximo martes, por lo que este fin de semana solo se pedirá en los ayuntamientos con un nivel de incidencia medio (y no medio bajo).

LA RIOJA

La consejera de Salud, Sara Alba, ha anunciado que La Rioja continuará al menos, una semana más, en el Nivel 2 del Plan de Medidas Según Indicadores, conocido como 'Semáforo'. Además, la autocita para la vacunación estará operativa "la próxima semana" aunque, de momento, desde Salud no han avanzado más detalles sobre el grupo de edad.

MADRID

La presidenta de la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso, ha descartado este martes poner en marcha nuevas restricciones para frenar el coronavirus en Madrid y apuesta por continuar con las medidas implantadas hasta ahora: "No, todavía no. Por ahora vamos bien en Madrid".

MURCIA

El Comité de Seguimiento Covid de la Región de Murcia decretó la suspensión del ocio nocturno en espacios interiores, es decir, aquellos con licencia de bar de copas, karaoke, pubs y similares. Además, el presidente de Murcia, Fernando López Miras, ha advertido que el toque de queda es una medida que "está encima de la mesa" si sigue este "incremento exponencial de los contagios".

NAVARRA

Por su parte, el Gobierno de Navarra ha decidido aprobar por el procedimiento de urgencia una orden foral para adelantar el cierre de las discotecas y de los bares especiales debido al incremento de casos de Covid-19 en los últimos días.

La nueva orden foral entró en vigor el pasado miércoles, con vigencia de quince días, y supone que las discotecas y los bares especiales deben cerrar a la 1 de la madrugada. Hasta ahora, las discotecas podían cerrar a las 4 y los bares especiales a las 2.

COMUNIDAD VALENCIANA

La Justicia ha autorizado las medidas propuestas por la Generalitat Valenciana, por lo que se limitan a un máximo de 10 personas las reuniones sociales y familiares en toda la Comunidad y se ha decretado el toque de queda entre las 01,00 y las 06,00 horas en 32 localidades de más de 5.000 habitantes que presentan mayor riesgo epidemiológico por Covid-19.

Andalucía ha registrado este miércoles 14 de julio un total de 2.901 casos, similar a los 2.909 de la víspera --la mayor cifra en cinco meses-- y superior a los 2.156 positivos de hace una semana, según datos consultados en el Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía (IECA), que ha contabilizado un fallecido, inferior a los cinco del martes y a los nueve de hace siete días.

Por otro lado, la tasa de incidencia acumulada de la comunidad ha aumentado por décimo cuarto día consecutivo y se sitúa en 314,1 por cada 100.000 habitantes en los últimos 14 días, 16 puntos más en 24 horas y 100,9 puntos más en una semana.

Los 2.901 casos de este miércoles se registran tras los 2.906 del martes, los 3.169 de este lunes y domingo, mayor cifra entre ambos días en los últimos tres meses y medio (el tiempo que se lleva sin dar datos de estos días por separado), los 2.693 del sábado, los 2.800 del viernes, los 2.327 del jueves y los 2.156 del miércoles pasado.

Por provincias, Málaga se sitúa nuevamente como la que más casos suma con 861, seguida de Sevilla con 486, Cádiz con 415, Granada con 375, Córdoba con 299, Jaén con 175, Huelva con 159 y Almería con 131. Además, Cádiz ha contabilizado un fallecido.

SUBEN LOS HOSPITALIZADOS A NIVELES DE HACE UN MES

Andalucía ha registrado este miércoles una subida en el número de hospitalizados con coronavirus hasta los 651, 18 más en 24 horas, 129 más que hace siete días y cerca de los que había el 13 de junio (667), mientras que los pacientes en una Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) han aumentado hasta 130, ocho más en 24 horas y 13 más que hace una semana.

Málaga es la provincia con más hospitalizados con 208 y 31 pacientes en UCI, seguida de Sevilla con 118 y 36 en UCI; Granada con 93 y 23 en UCI; Córdoba con 60 y 14 en UCI; Jaén con 57 y 13 en UCI; Cádiz con 73 y ocho en UCI; Almería con 18 y cuatro en UCI y Huelva con 24 y uno en UCI.

MÁS DE 646.000 CASOS DESDE MARZO DE 2020

De acuerdo con los datos de la Consejería de Salud y Familias, Andalucía ha registrado desde el inicio de la pandemia 646.798 casos confirmados --2.901 en 24 horas-- y ha alcanzado las 10.249 muertes, una más. Por su parte, la cifra acumulada de hospitalizados sube hasta los 50.135, 117 más. La cifra de pacientes que han pasado por UCI alcanza los 5.625 --dos más--, y el número de curados es de 602.979, después de añadirse 1.240.

En cuanto a los datos provincializados acumulados, de los 10.249 fallecidos desde el inicio de la pandemia --uno más--, Sevilla con 2.047 se mantiene como la provincia con más muertes, seguida por Granada con 1.786; Málaga con 1.683; Cádiz con 1.509 --una más--; Jaén con 1.014; Córdoba con 976; Almería con 839 y Huelva con 395.

Por su parte, los casos confirmados por PCR o test rápidos de antígenos alcanzan los 646.798 desde el inicio de la pandemia --2.901 más--, liderados por Sevilla con 141.024 --486 más--, seguida de Málaga con 115.796 --861 más--, Granada con 95.269 --375 más--, Cádiz con 89.732 --415 más--, Córdoba con 59.418 --299 más--, Almería con 56.992 --131 más--, Jaén con 53.732 --175 más-- y Huelva con 34.835 --159 más--.

Los casos acumulados de coronavirus que han requerido hospitalización son 50.135 --117 más en 24 horas--, con Sevilla a la cabeza con 11.197 --34 más--, seguida por Málaga con 8.605 --33 más--; Granada con 8.428 --siete más--; Cádiz con 5.960 --23 más--; Jaén con 4.798 --ocho más--; Córdoba con 4.759 --cinco más--; Almería con 3.953 --dos más-- y Huelva con 2.435.

De ellos, 5.625 han pasado por la UCI en Andalucía --dos más--, con la provincia de Sevilla a la cabeza con 1.126; seguida de Granada con 1.114 --uno más--; Málaga con 811 --uno más--; Almería con 681; Cádiz con 667; Córdoba con 588; Jaén con 456 y Huelva con 182.

LA TASA DE MÁLAGA PASA DE 500

Finalmente, la cifra de curados alcanza los 602.979 en toda la región, 1.240 más en 24 horas, con Sevilla a la cabeza con 133.134 --230 más--, seguida de Málaga con 104.777 --292 más--; Granada con 89.324 --173 más--; Cádiz con 82.729 --157 más--; Almería con 54.840 --62 más--; Córdoba con 54.718 --187 más--; Jaén con 50.824 --173 más-- y Huelva con 32.633 --85 más--.

Según los datos consultados en el Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía (IECA), la incidencia acumulada en los últimos 14 días se sitúa de media en la región en 314,1 casos por cada 100.000 habitantes, con la provincia de Málaga a la cabeza con 510,9. Detrás se sitúan Granada con 334, Córdoba con 358,3, Cádiz con 324, Jaén con 266,9, Huelva con 241,4, Sevilla con 197,6 y Almería con 173,6.

El Gobierno de la Comunidad de Madrid, que preside Isabel Díaz Ayuso, ha destacado la "profesionalidad" del recién nombrado administrador provisional de Telemadrid, José Antonio Sánchez, y ha señalado que el ERE que se llevó a cabo en el ente durante su anterior mandato como director general (2011 a 2014) estuvo "justificado".

Así lo ha señalado en rueda de prensa el consejero de Educación, Universidades y Ciencia, y portavoz del Ejecutivo regional, Enrique Ossorio, tras anunciar que el nombramiento del periodista ha sido aprobado finalmente en el Consejo de Gobierno celebrado este miércoles. Este tendrá que ser ratificado en septiembre por la Asamblea de Madrid.

"El Consejo de Gobierno quiere agradecer el trabajo del director general saliente (José Pablo López) y dar la bienvenida al administrador provisional que, como recoge la ley, debe tener en su mandato una evolución hacia un modelo de radio televisión pública transparente, marcado por las buenas prácticas, la independencia, la pluralidad así como una gestión sostenible, eficiente y eficaz en el uso de los recursos públicos", ha manifestado.

Ossorio ha reconocido que en el currículum de José Antonio Sánchez "está el ERE de Telemadrid" pero ha incidido en que en 2012 la situación era "terrible" porque "las políticas del señor (José Luis Rodríguez) Zapatero, del PSOE, llevaron a un paro brutal".

"Con el Estado del Bienestar al borde del colapso, toda la ciudadanía española y madrileña tuvo que tomar decisiones para ajustar sus ingresos, sus actuaciones, sus gastos, a la situación económica y en ese contexto probablemente no tenía mucho sentido que Telemadrid tuviera 1.200 trabajadores", ha dicho.

Ossorio ha trasladado que en el contexto de 2012 se tomó esta decisión de "racionalización" y ha incidido en que la decisión de hacer ese ERE y cómo se llevó a cabo está "más que justificada". Además, ha recordado que este no fue declarado nulo por las autoridades judiciales, sino que fue ratificado.

El portavoz del Gobierno regional ha sostenido que su labor al frente del ente "puede ser muy positiva" y ha hecho hincapié en que su labor es de "transitoriedad hasta que por el procedimiento de la ley se nombre por parte de la Asamblea un director general de Telemadrid con carácter definitivo".

"Estoy seguro que en ese lapso de tiempo la profesionalidad de José Antonio Sánchez, su experiencia acreditada, puede ser muy buena y, por supuesto, él tiene el mandato de fomentar esa neutralidad, esa eficiencia", ha zanjado.

Euskadi ha registrado este pasado martes 989 nuevos casos de covid-19, lo que supone 201 más que el día anterior y eleva la tasa de positivos en relación a las pruebas diagnósticas al 8,5% y la incidencia acumulada en 14 días por cada 100.000 habitantes a 377,87 casos, con casi un centenar (99 personas) hospitalizadas. Asimismo, durante la semana del 5 al 11 de julio no ha fallecido ninguna persona con covid como causa directa.

Según el último boletín epidemiológico del Departamento vasco de Salud, a lo largo de la pasada jornada se han efectuado 11.651 PCR y test de antígenos, con 94 positivos en Álava (los mismos que la jornada anterior), 462 en Vizcaya (58 casos más), 398 en Guipúzcoa (147 casos más) y 35 en personas con residencia fuera de Euskadi o sin determinar (cuatro menos).

La trazabilidad de los casos alcanza una media en los últimos siete días del 40,1%, porcentaje de positivos detectados por ser contactos de otros casos, frente al 43,9% de positivos que se realizaron las pruebas por presentar síntomas de covid.

Estos 989 casos positivos representan el 8,5% de las pruebas diagnósticas practicadas y eleva la tasa de incidencia acumulada en 14 días por cada 100.000 habitantes a 377,87 casos, lo que supone más de 30 puntos que el día anterior.

No obstante, para la población de 19 a 39 años se eleva a 863,53 y en los jóvenes de 17 y 18 años alcanza los 2.772,44. Además, la tasa de incidencia en mayores de 65 años es de 56,64, más de siete puntos que la jornada anterior.

Los tres territorios continúan en ascenso en lo referente a este indicador y Guipúzcoa alcanza ya una tasa de 463,18, mientras que la tasa de Vizcaya supera los 300 casos con 323,66 y la de Álava es la más baja con 277,40.

La razón de tasas de incidencia, que compara la tasa de incidencia acumulada en 14 días actual con la de hace una semana, se sitúa en 1,86 para el conjunto de Euskadi. Por su parte, el número reproductivo básico, que mide a cuántas personas contagia cada caso positivo, se sitúa en el 1,31 (1,30 el día previo).

MAYOR INCIDENCIA POR MUNICIPIOS

Entre los municipios con más casos en este martes, destacan en Vizcaya, su capital Bilbao con 139 (16 más que la jornada anterior), Barakaldo con 47, Getxo con 35, Basauri con 20, Sestao y Portugalete con 17 casos cada uno, Mungia con 13, Durango y Leioa con doce cada uno, y Galdakao con 11.

En Guipúzcoa, el mayor número de positivos corresponde a San Sebastián con 90 casos (32 más que el lunes), Irun con 50 (21 casos más), Zarutz con 19 casos, Zumaia con 16, Tolosa y Arrasate-Mondragón ambos con 15 y Pasaia con 13 casos.

Finalmente en Álava, destacan los datos de Vitoria con 71 casos (6 más que el lunes), Ayala y Asparrena con cuatro casos cada uno, tres en Llodio y dos en Amurrio.

Con los datos de esta pasada jornada, 24 poblaciones de más de 5.000 habitantes presentan tasas acumuladas superiores a los 400 casos en 14 días por cada 100.000 habitantes, ocho más que el lunes.

En concreto, a las guipuzcoanas Astigarraga, Hernani, Hondarribia, Irún, Mutriku, Tolosa, Urnieta, Urretxu, Villabona y Zumaia, se suman con los datos de este martes su capital San Sebastián, Azkoitia, Lezo, Oiartzun, Zarautz y Zumarraga.

A las vizcaínas de Arrigorriaga, Balmaseda, Durango, Güeñes y Mungia, se suman con los datos de este martes Abadiño y Zalla. En Álava, continúa en rojo Llodio.

Por edades, la mayoría de los casos del martes se concentra en la población menor de 40 años, con 240 positivos en menores de 18 años y 489 en la de 19 a 39 años. Un total de 211 positivos corresponden a personas de 40 a 64 años, y 47 casos en mayores de 65 años (de ellos 10 en mayores de 80 años).

SITUACIÓN DE LOS HOSPITALES

En los hospitales vascos, se han producido 31 nuevos ingresos en planta con covid, cinco más que el día anterior, y la cifra de hospitalizados en planta sube a 99, doce más que este lunes.

En las Unidades de Cuidados Intensivos (UCI) de los hospitales vascos, permanecen ingresados 26 pacientes con coronavirus, tres más que el lunes.

Por otro lado, tras analizar los datos acumulados en la semana del 5 al 11 de julio, el Departamento de Salud ha dado a conocer que se puede concluir que no ha habido fallecimientos con covid como causa directa, mientras que en la semana precedente se registraron seis fallecidos. La consejera de Salud, Gotzone Sagardui, ya avanzó este pasado martes que desde el 30 de junio no se ha registrado ningún fallecimiento por covid en la Comunidad Autónoma Vasca.

La cifra de fallecidos desde que comenzó la pandemia se mantiene en 4.419 personas. Aunque el 95% de los fallecimientos se ha dado en mayores de 60 años, también han perdido la vida 105 personas de entre 50 y 59 años, 40 personas de entre 40 y 49 años, doce de entre 30 y 39 años, tres de entre 20 y 29 años y una menor de diez años.

El Ayuntamiento de Salamanca ha dedicado un jardín a la memoria del fotoperiodista Roberto Fraile, asesinado durante un ataque yihadista en Burkina Faso mientras realizaba un documental sobre la caza furtiva en el país africano, junto a su compañero David Beriain, quien también perdió la vida en ese atentado.

El espacio en recuerdo de Roberto Fraile está ubicado en Ciudad Jardín, el barrio salmantino donde vivía, y ha sido presentado durante un acto homenaje, presidido por el alcalde, Carlos García Carbayo, quien ha acudido al mismo acompañado por representantes de los grupos políticos municipales y la familia del fotoperiodista, así como amigos, compañeros de profesión y vecinos del barrio.

Los hijos del fotoperiodista han sido los encargados del plantar un árbol en el centro del jardín y, también, de descubrir la placa en recuerdo de su padre "en reconocimiento a su profesionalidad, que le costó la vida en Burkina Faso el 26 de abril".

Tras la plantación y el descubrimiento de la placa, el alcalde de Salamanca ha señalado que el árbol que luce en el jardín "crecerá y florecerá y con cada nueva flor renacerá la esperanza de alcanzar ese mundo más justo con el que soñó Roberto Fraile".

"El recuerdo de nuestro salmantino de Vizcaya permanecerá vivo aquí, en este espacio en su barrio tan querido, en esa placa que lleva su nombre, pero sobre todo vivirá en sus hijos y en todas aquellas personas a las que les dio visibilidad, mostrando aquello que pasa en los confines del planeta, sin que, probablemente, fueran conscientes de aquello", ha aseverado el regidor.

Durante su intervención, el alcalde ha elogiado también el compromiso de Roberto Fraile con el buen periodismo: "Estaba comprometido con el periodismo que no se somete a la inercia de la modernidad sin acudir al sentido crítico, que huye de la posverdad y de las fakenews, de los ratings y de la viralidad".

En esta línea, ha señalado que "no puedo adivinar qué tipo de sociedad habrá en el futuro", pero sí ha asegurado que "ningún futuro sería mejor sin gente comprometida en el presente y sin periodistas que hagan buen periodismo". "Roberto hizo su parte y le agradecemos por ello", ha concluido.