El Gobierno tiene avanzado ya un mecanismo para atajar la sobrerretribución que perciben en el mercado mayorista la generación de energía mediante plantas hidráulicas y nucleares, que se traducirá en una reducción de la factura al consumidor.

Con ello, se abrirá paso a la reforma del mercado eléctrico con la eliminación de los conocidos ‘beneficios caídos del cielo’ para estas tecnologías del ‘mix’ energético, que estaba incluido en el pacto de coalición entre PSOE y Unidas Podemos.

Según han indicado fuentes gubernamentales, la previsión es que el Consejo de Ministros aborde el próximo martes un anteproyecto de ley tras una negociación «discreta» y «leal» entre ambos socios de coalición con un «trabajo satisfactorio».

Desde el pasado mes de enero y con la tensión sufrida en el precio de la luz por el paso de Filomena en la segunda semana de ese mes y la ola de frío en la tercera, que llevó a un episodio coyuntural de subidas alcanzando niveles récord, la reforma del mercado eléctrico volvió a convertirse en tema de debate entre los socios de Gobierno.

Y es que la formación morada reclamó con insistencia entonces que se avanzara en el cumplimiento de esta reforma que terminara con los ‘windfall profits’.

ASUMIRÁN EL COSTE DEL CO2

Concretamente y con este anteproyecto normativo, las eléctricas tendrán que repercutir en su coste de producción los derechos de emisión del CO2 para estas dos modalidades de generación, por lo que se les descontará del precio del mercado mayorista. De esta forma, su situación será análoga a las condiciones que ya tienen las plantas gasísticas.

La previsión es que, en función de los precios actuales por la emisión de CO2 de unos 50 euros por tonelada, dicha minoración (en caso de ser total) tendría un impacto de al menos 1.000 millones, que a su vez supondría un abaratamiento de la factura del 4 o 5%.

No obstante y en un escenario de un coste de 100 euros por tonelada de C02, se alcanzarían los 2.100 millones aunque esos niveles se consideran improbables.

BENEFICIARÁ A PARTICULARES Y PYMES

La eliminación de estos beneficios caídos del cielo repercutirá, según estas fuentes, a los consumidores particulares y a las pequeñas y medianas empresas.

Además, supondrá un incentivo para que las compañías del sector «desplacen» su «tejido productivo» hacia las renovables e ir dejando atrás las tecnologías vinculadas a combustibles fósiles.

A su vez, la intención es que el 10% de esa cantidad que se minorará de los llamados beneficios caídos del cielo irá a parar a un mejorado bono social que ayudará a unos 300.000 consumidores vulnerables.

Las citadas fuentes gubernamentales han señalado que se ha optado por este mecanismo que «jurídicamente está muy armado», tras llegar al convencimiento de que el actual momento requería «avanzar en medidas de alto fondo» en el sector eléctrico.

Además, dicha reforma para atajar los beneficios ‘caídos del cielo’ se abordaría el mismo día en que entra en vigor la nueva factura eléctrica.

La candidatura para liderar Podemos que abandera la ministra de Derechos Sociales, Ione Belarra, propone para el futuro código ético de la formación la posibilidad de eximir a miembros del partido del compromiso de renunciar al cargo público o interno en caso de condena o procesamiento, si se producen en el marco de un «contexto de acoso judicial con intenciones políticas».

También se contempla la opción de valorar lo que popularmente se conoce como ‘lawfare’ (término inglés que alude a la ‘guerra jurídica’ con fines políticos) en lo referente al postulado de prescindir del aforamiento judicial.

Así lo recoge la candidatura de Belarra, bajo el lema ‘Crecer’, en su ‘documento ético’, que describe los preceptos que deben cumplir los miembros del partido, presentado a la cuarta Asamblea Ciudadana de Podemos y que se someterá para su debate ante las bases de la formación.

Al igual que el código aprobado en Vistalegre III, la candidatura de la ministra traslada el compromiso de renuncia «al cargo público, al cargo interno o a cualquier candidatura para dichos cargos, en caso de ser procesado o condenado por las faltas o los delitos que se determinarán en el reglamento que, a tal efecto, publicará la Comisión de Derechos y Garantías».

En cualquier caso, la propuesta ética especifica que ese reglamento incluirá «siempre los delitos de corrupción, los económicos, el acoso sexual, las violencias machistas, la pederastia y el maltrato infantil, así como los delitos contra los derechos de los trabajadores, los ecológicos y los urbanísticos».

Esta obligación, tal y como detalla el documento que se somete a la consideración de la militancia, deberá aplicarse «en cumplimiento de la legislación vigente mientras esta se intenta modificar desde los correspondientes legislativos y con las matizaciones necesarias cuando exista un contexto de acoso judicial con intenciones políticas (lawfare) y alejado del derecho».

TAMBIÉN SE ABRE ESA POSIBILIDAD PARA MANTENER EL AFORAMIENTO

Esa referencia a la salvedad de un posible caso de «acoso judicial», que hasta ahora no figura en el código ético vigente, también se incluye ante el compromiso para los miembros del partido a renunciar «a cualquier privilegio jurídico o material derivado de forma directa de su condición y al acogimiento a cualquier figura de aforamiento judicial».

Este viernes el Tribunal Supremo decidió abrir juicio oral al diputado Alberto Rodríguez por presuntos delitos de atentado a agentes de la autoridad y leve de lesiones a un policía durante una protesta en La Laguna (Tenerife) en 2014. Al respecto, fuentes de la formación morada aludieron a que la causa se trataba de un «claro montaje» y que se sentaría en el banquillo «sin una sola prueba» en su contra.

Una posición que trasladó también el portavoz de Unidas Podemos en el Congreso, Pablo Echenique, para quien este procedimiento se sustentaba en una «acusación falsa».

En la formación morada también fueron críticos con la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) que condenó a la coportavoz estatal y diputada en la Asamblea de Madrid, Isa Serra, a 19 meses de prisión, al determinar que participó en los altercados que se produjeron en el barrio madrileño de Lavapiés durante un desahucio que tuvo lugar el 31 de enero de 2014.

Precisamente el Tribunal Supremo celebró el pasado 18 de mayo una vista pública vista pública para abordar el recurso de casación presentado por Serra y sobre el que tiene que pronunciarse.

Recientemente, el cofundador de Podemos y politólogo, Juan Carlos Monedero, enmarcó su imputación en el denominado caso Neurona a la «guerra jurídica» contra Podemos. Y es que en el partido ya se argumentó que esta causa suponía una «investigación prospectiva».

El presidente de la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas (CRUE) y rector de la Universidad de Córdoba (UCO), José Carlos Gómez Villamandos, ha destacado este viernes que la nueva Ley de Convivencia Universitaria «es muy a la medida de las universidades», pues recoge «la práctica totalidad» de los planteamientos hechos desde las instituciones académicas.

En este sentido y en una entrevista en Canal Sur Radio, Gómez Villamandos ha asegurado que la nueva norma ha «sido bien acogida» entre los rectores, pues en la CRUE venían «trabajando en elaborarla desde hace un par de años y cuando desde el Ministerio se planteó la derogación del anterior reglamento», que es del año 1954, «se pidió insistentemente que, no solo fuera derogar sino derogar y poner una ley encima de la mesa».

El resultado es la nueva Ley de Convivencia Universitaria, en la que, según ha resaltado el presidente de la CRUE, «se han recogido la práctica totalidad de los planteamientos hechos desde las universidades».

En cualquier caso, Gómez Villamandos ha señalado que, «en lo que son recintos universitarios propiamente dichos, no hay novatadas», que tienen lugar «fundamentalmente en colegios mayores o en residencias, que en algunos casos están fuera del ámbito universitario».

En el caso de que se produzcan en el ámbito universitario, se abren «expedientes disciplinarios».

LA PRESENCIALIDAD GANA

Por otro lado y a la pregunta de si las clases ‘on line’ continuarán siendo un método alternativo a la presencialidad en las aulas universitarias tras las pandemia, el presidente de la CRUE ha respondido que «no, en absoluto», añadiendo que no habrá un cambio de modelo, sino que habrá «una mejora del modelo», teniendo en cuenta que «se va a seguir con la presencialidad».

Respecto al nuevo modelo de financiación para las universidades andaluzas que proyecta el Gobierno de la Junta de Andalucía, el rector de la UCO ha dicho que «lo que necesitamos es que haya un modelo adecuado, que cubra las necesidades de todo el sistema universitario», pues «actualmente tenemos un modelo y un sistema de reparto que está financiando de una forma desigual a las universidades», de una forma «totalmente injusta», en base a un modelo que data de 2006, «y con una inercia que tiene que ser corregida».

El documento que ha presentado el Gobierno andaluz, según ha precisado Gómez Villamandos, «está dividido en dos partes, una parte de base y una parte ya de detalle de indicadores», y «la primera parte, que es de la que se ha hablado con mucho énfasis», a la Universidad de Córdoba le «gusta muchísimo», porque «se habla de competitividad y de fomento de la investigación», siendo eso lo que «estamos pidiendo a nivel nacional, que haya una financiación por indicadores, y luego ya, en la parte de los detalles, que serán lo indicadores, pues tendremos que afinar entre todos y conseguir un consenso, que sería lo ideal».

MATRÍCULA GRATUITA

Por último y respeto a si debe mantenerse la matrícula gratuita en las universidades públicas andaluzas para todo alumno que apruebe, al margen de su renta, el rector de la UCO ha dicho que hay que aspirar a «la matrícula gratuita», pero «lo que tenemos que ver escsi la economía andaluza y la economía española pueden soportar eso, y ese es el análisis que hay que hacer».

Es decir, siendo «valedor» de la matrícula gratuita, Gómez Villamandos entiende que «hay que buscar ese encaje, para que eso al final no recaiga en el propio sistema universitario, como ha pasado en Andalucía y en otras comunidades autónomas, que cualquier gratuidad, al final, repercute en una menor financiación y en menos posibilidades de poner en marcha programas para aquellos que más lo necesitan. Ese equilibrio es el que hay que buscar».

La Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ha rechazado la recusación efectuada por el abogado Gonzalo Boye contra la juez María Tardón, a la que éste acusa de llevar a cabo una «persecución política» al investigarlo por un presunto delito de blanqueo de capitales en el marco de la causa sobre el narcotraficante gallego ‘Sito Miñanco’.

Según ha informado el propio letrado en un comunicado difundido este viernes, la magistrada María Fernanda García Pérez, de la Sección Segunda de la Sala de lo Penal, se ha negado a tramitar la recusación por considerarla extemporánea.

No obstante, Boye asegura que se formuló en el plazo legalmente previsto, indicando que García Pérez querría evitar «discutir sobre el perfil político de su compañera ni de las causas que existen para cuestionar la imparcialidad de la juez María Tardón».

Además, el abogado reprocha a la magistrada de la Sección Segunda que incluye, «sin fundamento alguno», «dos nuevos e inexistentes delitos» –tráfico de drogas y pertenencia a organización criminal–, algo que atribuye a un «error» porque Tardón no le procesó por ellos.

Boye ve «preocupante» esta inadmisión por cuanto entiende que «es contraria a toda la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos en materia de derecho al juez imparcial». «Una vez más la Audiencia Nacional da la espalda a Europa», denuncia.

En este contexto, aprovecha asimismo para advertir de que García Pérez «está llamada» a ser la ponente del recurso de apelación interpuesto por Boye contra su procesamiento.

TRAYECTORIA POLÍTICA

En su escrito de recusación, presentado el pasado mes de abril, Boye afirmó que Tardón tendría un interés «personal» en sentarle en el banquillo de los acusados por su presunta participación en un entramado criminal para blanquear dinero proveniente del narcotráfico.

El abogado, que cuenta entre sus clientes al ex presidente catalán Carles Puigdemont y ha ejercido de acusación en casos de corrupción que afectan al PP, avisa en su comunicado que «se encuentra en una grave situación de enorme vulnerabilidad ante la acentuada politización de los últimos 22 años de la magistrada Tardón».

En este sentido, recuerda que la juez posee una «intensa y dilatada trayectoria política vinculada al PP, que se remonta al año 1999» y que –según detalla– la llevó a ser concejal del Ayuntamiento de Madrid y miembro de la Asamblea General de Caja Madrid, así como a participar en cursos de la Fundación FAES.

El propio Boye señala que, ‘a priori’, «no hay motivos para pensar que la juez Tardón carezca de la necesaria imparcialidad, dado que su vinculación al Partido Popular sería irrelevante en este caso» concreto.

Sin embargo, al mismo tiempo recalca que «es público y notorio que ha ocupado cargos políticos a propuesta del PP» y que «ha sido incluida por este partido entre la lista de magistrados para ser vocal del CGPJ en las dos últimas negociaciones con el PSOE» para renovar el órgano de gobierno de los jueces.

«SERIA DESCONFIANZA» HACIA TARDÓN

Boye aduce que «este solo hecho provoca una seria desconfianza hacia la investigación seguida por Tardón» en su contra. «A lo largo de 19 años de ejercicio profesional nunca he tenido ningún problema legal ni disciplinario, pero esta magistrada me ha perseguido en el plazo de dos años en dos distintos procedimientos, coincidiendo con la exitosa defensa internacional de los exiliados por el ‘procès'», destaca el abogado.

Así, concluye que «a estas alturas nadie duda de la falta de imparcialidad» de Tardón, advirtiendo de que «el perfil público y político de la juez es incompatible con investigarle, so pena de incurrir en una gravísima vulneración del derecho fundamental al juez imparcial».

«Respaldarla de esta forma no es más que un nuevo síntoma de un mal que aqueja desde hace años a las altas instancias jurisdiccionales españolas: el corporativismo y la falta de asimilación de la interpretación de los derechos fundamentales que ha establecido ya el Tribunal Europeo de Derechos Humanos«, dice.

CORREOS HUMANOS

El procesamiento de Boye tiene origen en el uso de correos humanos por parte de la organización de ‘Sito Miñanco’ para mover dinero hacia Colombia y en la detención el 6 de febrero 2017 de varios de estos supuestos emisarios en el aeropuerto de Barajas cuando transportaban ocultos en su equipaje 889.620 euros.

Según el relato de la titular del Juzgado de Instrucción Número 3 de la Audiencia Nacional, los ‘narcos’ contactaron con Boye y otro abogado, Jesús Morán Castro, para que elaboraran unos documentos que justificaran el origen legal del dinero intervenido, algo a lo que habrían accedido.

La Vicesecretaría Jurídica de Vox ha presentado una querella contra cuatro magistrados del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) –María Luisa Alejandre Durán, Julián Moreno Retamino, Roberto Iriarte Miguel, y María Luisa Fernández Camacho– ante el Tribunal Supremo por un delito de prevaricación en relación a la prohibición del acto previsto por esta formación en Ceuta el pasado lunes 24 de mayo.

El TSJA ratificó la prohibición dictada por la Delegación del Gobierno en Ceuta del mitin que el presidente de Vox, Santiago Abascal, tenía previsto celebrar en la ciudad autónoma al no haber acudido la representación del partido político a la comparecencia convocada tras su recurso contra la decisión de la autoridad gubernativa.

En su escrito, Vox ha explicado que el domingo 23 de mayo, el procurador de la formación presentó ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJA el recurso contencioso administrativo, con solicitud de medidas cautelarísimas, contra el acuerdo del delegado del Gobierno en Ceuta por el que prohibía la concentración del día siguiente en la ciudad para «mostrar el apoyo a las Fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado en la defensa de nuestras fronteras».

Según el partido liderado por Santiago Abascal, en la mañana del lunes, la magistrada Fernández Camacho requirió a Vox para que aportara copia del apoderamiento al procurador y del acuerdo por el que Vox decide la interposición del citado recurso. Sin embargo, advierte la querella, el procurador no es citado para acudir a las 12.00 horas para resolver sobre las medidas cautelarísimas solicitadas por esta parte.

Una información que tampoco llegó cuando el procurador, en representación de Vox, acudió para entregar la documentación solicitada, pese a estar en sede judicial. Por ello, la formación ha firmado una declaración jurada en la que explica que, en ningún momento, «se le notificó la vista que se iba a celebrar a las 12.00 horas, hasta que recibió una llamada a las 12.05». «Debido a la ausencia de esta parte en la vista, se tuvo por desistido el recurso», ha explicado el partido.

Por ello, Vox pregunta «por qué no se comprobó que se había notificado la vista al procurador de Vox, como sí se notificó al abogado del Estado y la fiscal». Además, recuerda en el escrito que tampoco recibió la «llamada de cortesía» que suele hacerse cuando una de las partes no acude a una vista, «con el objetivo de conocer si ha surgido un problema».

Por todo ello, la formación solicita que se interrogue a los querellados en calidad de investigados; diligencias documentales, para las que Vox ha presentado toda la documentación necesaria; y testimoniales del procurador de la formación y de la propia vicesecretaria Nacional Jurídica de Vox.

La candidatura de Juan Espadas ha pedido este viernes, con el objetivo de «profundizar en la movilización e ilusión que supone el proceso interno abierto por las primarias», al comité organizador de las elecciones primarias del PSOE a la Presidencia de la Junta que se organice un debate entre las distintas candidaturas.

La petición del equipo de Espadas se apoya en el argumento de que emprenden «una nueva fase de participación» dentro del proceso de primarias para la elección del próximo candidato a la Presidencia de la Junta de Andalucía, que «incluirá reuniones, encuentros y tertulias sectoriales de forma virtual».

«El diálogo y la participación son fundamentales para salir reforzados de este proceso e iniciar el cambio que necesita Andalucía. Por eso es importante que haya un debate entre las distintas candidaturas para que la militancia conozca los proyectos de cada una de ellas. Así, conseguiremos seguir contribuyendo a reforzar el partido y volver a ilusionarnos», ha explicado la portavoz de la candidatura socialista de Juan Espadas, María Márquez, por medio de una nota.

La petición de debate se enmarca dentro de la siguiente fase del proceso de participación abierto por la candidatura de Juan Espadas dentro de las primarias, que concreta en el inicio de una serie de encuentros sectoriales presenciales sobre temáticas que son prioritarias para la militancia socialista.

En este sentido, la candidatura de Espadas traslada que este ciclo arrancó este jueves, 27 de mayo,con unas jornadas sobre memoria histórica y andalucismo en Coria del Río (Sevilla).

A este planteamiento añade que además se van a poner en marcha encuentros y tertulias de carácter virtual entre la militancia.

«Queremos hablar y expresar nuestras propuestas, pero sobre todo queremos escuchar la opinión de la militancia sobre temas y asuntos que preocupan y ocupan a los andaluces», ha afirmado María Márquez.

«Queremos conocer distintas propuestas sobre cómo podemos combatir la despoblación en zonas rurales, sobre la defensa de la sanidad pública, el feminismo, el cambio climático, la cultura, la memoria histórica o los derechos Lgtbi», ha proseguido argumentando la portavoz de la candidatura de Espadas.

«Queremos hablar sobre esos temas que apasionan a los compañeros y compañeras socialistas», ha apostillado.

La candidatura de Juan Espadas ha indicado que abrió desde el inicio del proceso la recogida de propuestas de la militancia para incorporar al proyecto, una línea que asegura se refuerza con la celebración de foros y encuentros sectoriales.

El equipo de Espadas sostiene que «a partir del 14 de junio, una vez celebradas las primarias, este proceso de participación se amplíe a toda la ciudadanía para elaborar de forma conjunta el proyecto de gobierno para Andalucía».

La Fiscalía de Ceuta ha incoado diligencias de investigación por un presunto delito de prevaricación relacionado con la devolución a Marruecos de al menos un menor extranjero no acompañado por parte de los soldados destinados en la playa del Tarajal para contener a los ciudadanos del país vecino que por miles accedieron irregularmente a territorio español entre el lunes y el miércoles de la semana pasada.

Según han indicado fuentes fiscales, el supuesto ilícito investigado sería uno de prevaricación por incumplimiento de las disposiciones administrativas de repatriación de menores.

El Ministerio Público recibió esta semana una denuncia de la asociación Coordinadora de Barrios alertando de la existencia de un vídeo en Youtube en el que se aprecia cómo un soldado recoge a un joven aparentemente menor de edad en el agua e inmediatamente lo conduce de vuelta al país vecino.

La Fiscalía ha pedido a la agencia Reuters la grabación sin editar de los hechos, que habrían tenido lugar a primera hora de la tarde del miércoles de la semana pasada, cuando el flujo de entradas irregulares ya casi se había extinguido, y también ha requerido a las Fuerzas de Seguridad las imágenes de las cámaras instaladas en ese punto del perímetro fronterizo.

Además, ha solicitado a la Comandancia General militar de Ceuta que identifique a los soldados destinados en ese momento en la playa del Tarajal y que precise quién había asumido el mando del operativo, con qué instrucciones y de qué fuente partían estas.

LA DENUNCIA DE FUNDACIÓN RAÍCES

También desde Fundación Raíces dirigieron, el pasado 21 de Mayo, un escrito urgente al Fiscal de Sala Coordinador de Menores de la Fiscalía General del Estado y a la Fiscalía de Menores de Ceuta, para poner en su conocimiento las informaciones que les estaban llegando «de primera mano» desde Ceuta sobre «devoluciones sumarias a Marruecos indistintamente de menores y adultos».

Desde el pasado lunes 17 y martes 18 de mayo tenían constancia de que se estaban produciendo estas devoluciones «prohibidas legalmente», y de que había «niños y niñas deambulando por las calles de Ceuta, en situación de absoluto abandono, niños y niñas que llevaban días sin comer».

Por todo ello, Fundación Raíces instaba a la Fiscalía a adoptar «de manera urgente» las medidas necesarias para asegurar el respeto de los derechos de la infancia, y solicitaba que «se detengan inmediatamente» las devoluciones sumarias para evitar que se devuelva a aquellas personas en situación de vulnerabilidad, especialmente niños y niñas o posibles solicitantes de protección internacional, víctimas de trata o de cualquier otra forma de explotación.

UBICAR A LOS MENORES EN ESPACIOS SEGUROS

La ONG también pedía en su escrito que se sitúe a todos los menores o posibles menores en espacios seguros, «de manera inmediata», para poder identificarlos adecuadamente, evaluar sus necesidades y su interés superior, garantizando su derecho a ser oídos por profesionales cualificados, con presencia letrada, intérprete y, a ser posible, ante la Fiscalía de Menores.

Dicho escrito, también se lo han hecho llegar a la directora general de Derechos de la Infancia y la Adolescencia del Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030, a la directora general de la Guardia Civil del Ministerio del Interior, al Defensor del Pueblo así como al Relator de Naciones Unidas para los Derechos Humanos de las Personas Migrantes.

Según informa la ONG, el Fiscal de Sala Coordinador de Menores, Eduardo Esteban, les contestó el día 25 de Mayo en un escrito en el que mostraba su preocupación compartida con la entidad por que en los primeros momentos se hayan podido llevar a cabo esas devoluciones.

Además, según la organización, la Fiscalía les trasladó que «en la sede de la Fiscalía de Ceuta, se han incoado las diligencias necesarias para la averiguación de los hechos» y que remitirán su escrito a Ceuta «para que el Fiscal Jefe decida incoar nuevas actuaciones o acumular su escrito a las ya existentes».

La Fiscalía también les ha dicho, según la ONG, que «en la actuación de los fiscales siempre primará, porque no puede ser de otra manera, la garantía de los derechos fundamentales, así como la búsqueda del interés superior de los mismos».

NO UNO, MUCHOS NIÑOS DEVUELTOS

La Fundación Raíces ha valorado «muy positivamente» la respuesta de la Fiscalía. «Estos días en Ceuta no ha sido uno, han sido muchos los niños devueltos en la frontera, violando nuestra legislación y los tratados internacionales. Es fundamental que la Fiscalía abra diligencias e investigue lo ocurrido», ha explicado su presidenta, Lourdes Reyzábal.

A su juicio, «los Gobiernos de Marruecos y España están una vez más demostrando al mundo que para ellos las personas más vulnerables son moneda de cambio en sus negociaciones políticas». Frente a ello, subraya que «España no puede dejar a Ceuta sola» porque «si lo hace las vulneraciones de derechos de esos niños y niñas no van a parar».

La ministra de Asuntos Exteriores, UE y Cooperación, Arancha González Laya, ha anunciado este viernes que España entrará a formar parte de la iniciativa de Acceso Mancomunado a la Tecnología contra la COVID-19 (C-TAP, por sus siglas en inglés), lanzada hace justo un año.

España pasará a formar parte, ha dicho González Laya, de la «familia que Costa Rica y otros comenzaron a construir» hace justo un año, en referencia a que la iniciativa partió del presidente de este país centroamericano, Carlos Alvarado, y se lanzó en asociación con la Organización Mundial de la Salud (OMS).

En una rueda de prensa telemática, la ministra de Exteriores ha insistido en que para derrotar a la COVID-19 «hay que aumentar exponencialmente la producción de vacunas y garantizar una distribución más rápida para quienes las necesitan en todo el mundo».

González Laya se ha referido a la iniciativa de ‘Vacunas para todos’ planteada por el Gobierno y a su planteamiento de que hay que explorar todas las posibilidades que ofrecen las normas de derechos de propiedad intelectual, pero también transferir el conocimiento y la tecnología y acelerar la distribución.

Además, ha defendido la necesidad de «capitalizar» el mecanismo COVAX, que busca garantizar el acceso equitativo a las vacunas a los más vulnerables.

España, ha dicho González Laya, apuesta por el acceso equitativo a las vacunas y «para predicar con el ejemplo» ha decidido sumarse a C-TAP, una iniciativa que «garantizará la transferencia de conocimiento, tecnología y saber hacer para acelerar la producción de vacunas».

«Esperamos que al impulsar C-TAP en los próximos meses y transfiriendo conocimiento y experiencia, sumado a todas las flexibilidades dentro de los derechos de propiedad intelectual podremos facilitar la producción en todo el mundo, especialmente en los países en vías de desarrollo», ha subrayado.

Por otra parte, ha apostado por una mayor sinergia entre C-TAP y el Acelerador de Acceso a las Herramientas contra la COVID-19 (A-ACP, por sus siglas en inglés), del que España es miembro fundador y «contribuyente activo». «Al hacerlo, tendremos todos los ingredientes para vencer la batalla contra la COVID-19», ha subrayado.

El director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, ha celebrado el paso dado por España, con el que ha considerado que realizado «una gran declaración sobre la necesidad de reforzar la equidad de vacunas».

También se ha felicitado por la decisión del Gobierno el presidente costarricense. Alvarado ha aprovechado para invitar a todos los países que aún no se han unido a esta iniciativa, que cuenta con 42 miembros ha dicho, a que lo hagan.

La pandemia plantea «enormes retos, no solo sociales sino económicos» y «hemos perdido vidas, empleos, oportunidades y sonrisas», ha subrayado, defendiendo la necesidad de trabajar juntos como no se había hecho hasta ahora de forma solidaria para superar el desafío.

El presidente de la Generalitat valenciana, Ximo Puig, ha insistido este viernes en la «preocupación» ante el avance de la variante india en países como Reino Unido pero se muestra «esperanzado» de que en la próxima actualización los británicos puedan viajar a España sin necesidad de guardar cuarentena a su regreso y en que, «más pronto que tarde», la Comunidad Valenciana consiga el semáforo verde.

Igualmente, ha indicado que hay que estar «permanentemente» con esa labor de «rastreo» que los profesionales han hecho «tan bien todo este tiempo». Aún así, ha confirmado que la Generalitat está en conversaciones con el embajador británico para que Reino Unido sitúe a la Comunidad Valenciana dentro del conjunto de destinos turísticos que cuentan con un semáforo verde.

«Estamos en condiciones, espero que más pronto que tarde se pueda superar esta restricción que implica que cuando regresen a su país tengan que hacer cuarentena», ha aseverado Puig.

Así se ha referido Puig en Orihuela (Alicante), donde ha recalcado también que la Comunidad Valenciana tiene «menor incidencia» que Gran Bretaña. «Estamos en conversaciones con el embajador, quien acudirá a la Comunidad y también a la Vega Baja la próxima semana, para que puedan venir los británicos», ha explicado.

Asimismo, ha confirmado que la población británica «ya ha comenzado a venir» especialmente a la comarca alicantina de la Vega Baja del Segura en la que reside «mucha población» debido a que el Gobierno de España ha levantado desde el lunes pasado las restricciones a las personas que lleguen del país británico.

«Cuando vienen aquí se quedan porque muchos residen aquí, es decir, no hay movilidad fuera de los destinos turísticos nuestros, por lo que ese efecto isla es importante», ha añadido.

Por ello, se ha mostrado esperanzado en que en la próxima actualización se eliminen dichas restricciones por parte de Reino Unido y España pueda recibir así al turismo británico. «Hasta que haya una próxima actualización, en esta última no tengo muchas esperanzas, pero creo que más pronto que tarde puedan venir no sólo a la Comunidad sino al conjunto de España sin necesidad de guardar cuarentena a su regreso», ha zanjado.

VEGA BAJA

Paralelamente, ha indicado que el proceso de vacunación en la comarca alicantina marcha «adecuadamente» aunque «nos gustaría a todos que fuera más rápidamente» tres la apertura de ocho centros adicionales en la comarca para los procesos de inmunización.

Así, ha afirmado que el número de dosis que se han inoculado en esta zona supera las 200.000: «Creo que en la Vega Baja se podría alcanzar un nivel de inmunización muy alto a principios o durante este verano, lo que va a generar esa expectativa de que estamos en una Comunidad segura».

«Si en el mes de junio se cumplen las expectativas que ha generado la empresa farmacéutica a través del Gobierno de España, podremos avanzar muy decisivamente en este mes para superar la pandemia y buscar esa salida a la reactivación económica, social y emocional que tanto necesitamos», ha indicado.

Al mismo tiempo, ha sostenido que debido a la incidencia de contagios y la cantidad de dosis administradas a la población «estamos en una Comunidad segura».

«Estamos en una Comunidad que tiene muchos atractivos pero, además, es una Comunidad viva y segura; por eso esperamos que sea un éxito turístico que al final generará empleo y oportunidades para la ciudadanía», ha concluido.