Los jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Europea presionarán mañana al primer ministro húngaro, Viktor Orban, para que retire una polémica ley que discrimina y estigmatiza al colectivo LGTBIQ, en el marco de una reforma para proteger al menor de delitos de pedofilia que Bruselas ha tachado ya de «vergüenza» y avisado de que viola el Derecho de la UE.

Bruselas reaccionó con tibieza en los primeros días tras la tramitación de la ley pero el tono fue subiendo desde las capitales hasta tensar el debate que los 27 tuvieron el martes en Luxemburgo para preparar esta cumbre y que acabó con más de la mitad de las delegaciones firmando una dura declaración reclamando acciones legales de la Comisión Europea contra Budapest.

Aunque la agenda formal distribuida por el presidente del Consejo, Charles Michel, a los líderes deja fuera este asunto, la mayoría de las delegaciones da por hecho que se convertirá en el asunto central porque muchos líderes esperan escuchar las explicaciones directas de Orban y quieren pedirle que retire la norma.

Algunos líderes se han expresado ya en público, como la canciller alemana, Angela Merkel, que ha dicho que le parece un «error» esa ley y ha dejado claro que este tipo de normas discriminatorias son incompatibles con sus ideas políticas.

Otras delegaciones han mostrado su preocupación y malestar en las discusiones a nivel de embajadores o ministros pero dan por hecho que los líderes abordarán la cuestión en la cena del jueves, en un debate «cara a cara», porque a su juicio el pulso trasciende lo «ideológico» y afecta a la defensa de valores y principios fundamentales de la UE.

La jefa del Ejecutivo comunitario, Ursula von der Leyen, por su parte, ha dicho que la legislación es una «vergüenza» y ha prometido emplear «todos los poderes» de que dispone su Ejecutivo para proteger los derechos fundamentales en este país.

Sin embargo, las críticas de sus socios europeos no han hecho cambiar de postura al Gobierno de Orban, quien ha respondido a Bruselas que lo vergonzoso son las declaraciones de Von der Leyen y ha acusado al resto de países de la UE de basar sus comentarios en «acusaciones falsas», lo que augura un debate difícil entre los jefes de Estado y de Gobierno.

En todo caso no será el único asunto en la agenda de un Consejo europeo de dos días en los que su presidente, Charles Michel, espera abordar también las difíciles relaciones con interlocutores clave como Turquía y Rusia, incluida una petición alemana de última hora para que los líderes estudien invitar a una futura cumbre de la UE al líder ruso, Vladimir Putin.

Otro asunto clave de esta cita es la gestión migratoria y las dificultades del bloque para consensuar una reforma de la política de asilo capaz de respetar el equilibrio entra la solidaridad que reclaman los países en la primera línea de entrada a la UE y la responsabilidad de gestionar el flujo, que países como Hungría o Polonia consideran no les incumbe.

Michel quiere centrar la conversación en la dimensión exterior de la reforma, que la aboga por mayor colaboración con los países de origen y tránsito para contener el flujo y combatir las mafias, porque es el elemento que menos problemas plantea a los Veintisiete.

En este marco, se espera también que las conclusiones finales envíen un mensaje de condena a los países terceros que «instrumentalizan» a los migrantes para sacar rédito político de esta presión sobre la UE, aunque no identifica a ningún vecino en concreto.

Fuentes europeas apuntan que la crisis de mayo con Marruecos por el paso de migrantes sin control a Ceuta y el paso de refugiados iraquíes desde Bielorrusia a Lituania son los ejemplos más recientes que los países han tenido en mente al redactar este asunto.

Con todo, la instrumentalización de la migración no es una mención que se incluyera a petición de España, aunque fuentes diplomáticas sí conceden que tal referencia recoge una «verdad indiscutible que no está de más recordar».

La cumbre también incluye una conversación entre los líderes sobre la recuperación económica de la que no se esperan grandes sorpresas más allá de celebrar la aprobación de los primeros planes nacionales de reformas e inversiones.

Está previsto que los Veintisiete animen a avanzar en el G20 y en la OCDE para lograr un acuerdo sobre los impuestos a las multinacionales y también que constaten la ausencia de progresos a nivel de ministros para completar la Unión Bancaria.

Las mascarillas dejarán de ser obligatorias en el exterior si se mantiene 1,5 metros de distancia o cuando se vaya con personas convivientes, según ha informado este miércoles la ministra de Sanidad, Carolina Darias, durante la rueda de prensa posterior al Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (CISNS).

«Todos los indicadores nos dicen que vamos en el camino adecuado y, con las altísimas tasas de vacunación es aconsejable que se empiece a introducir una flexibilización respecto al uso obligatorio de las mascarillas», ha detallado Darias.

Esta medida está incluida en el Real Decreto Ley de flexibilización de la mascarilla que aprobará este jueves el Consejo de Ministros, que se celebrará de forma extraordinaria, y se hará efectiva a partir del próximo sábado 26 de junio.

La iniciativa, que tal y como ha señalado la ministra es «nacional» y, por ende, se tiene que aplicar en todos los territorios de España, se basa en un informe elaborado por la Ponencia de Alertas y Planes de Preparación y Respuesta.

No obstante, la mascarilla va a seguir siendo obligatoria en eventos multitudinarios que se celebren de pie al aire libre, pero no si se celebran sentados y se garantiza la distancia de 1,5 metros. También serán obligatorias en espacios cerrados de uso público, así como en los medios de transporte público.

Asimismo, no tendrán que llevar mascarillas los ancianos en cuyas residencias el 80 por ciento tenga la pauta completa de vacunación, si bien los trabajadores que les atienden sí tengan que llevarla y las personas que les visiten.

SIEMPRE HAY QUE LLEVAR ENCIMA UNA MASCARILLA

Tampoco tendrán que llevarla las personas con alguna enfermedad que les impida a utilizarla, ni los pasajeros de barcos o buques en sus camarotes o cuando estén en la cubierta y se pueda mantener la distancia de 1,5 metros.

«Son medidas progresivas, graduales y prudentes. Es una medida importante, que vendrá bien porque la ciudadanía la demandaba, pero hay que ser prudente», ha detallado la ministra de Sanidad, para avisar de que las mascarillas «siempre hay que llevarla encima».

Por otra parte, Darias ha destacado el descenso «lento pero consolidado» de los contagios en España, así como la homogenización de la transmisión que se está produciendo entre las comunidades autónomas. No obstante, ha detallado que dos comunidades autónomas tienen un 20 por ciento más de incidencia acumulada que el resto, representan el 34 por ciento de los contagios en toda España, aunque cuatro se sitúan por debajo de la media nacional.

La Comisión de Igualdad del Congreso ha aprobado este miércoles una proposición no de ley (PNL), resultado de una transaccional entre ERC y el PP, para rebajar el IVA de productos de higiene íntima femenina, como compresas y tampones, pese a haber contado con la abstención del PSOE, que a última hora ha cambiado de postura para posicionarse en contra, y de Vox.

La iniciativa transaccionada, recoge la petición del Congreso al Ejecutivo de realizar las modificaciones oportunas en la Ley 37/1992, de 28 de diciembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA) para aplicar el tipo súper reducido de gravamen a los productos de higiene menstrual (entendidos como compresas, tampones, protegeslips, copas menstruales y compresas de tela).

Asimismo, la Cámara Baja insta al Gobierno a dotar a las comunidades autónomas de los recursos necesarios para hacer campañas de información y sensibilización permanentes, desde los diferentes servicios públicos en los tres niveles de administración, sobre las diversas posibilidades de productos sostenibles para la menstruación como de conocimiento de la menstruación desde una perspectiva interseccional con el objetivo de superar tabús y mitos, y dotar así de herramientas, especialmente a la población más joven.

Por último, el Congreso pide al Gobierno impulsar la investigación en materiales biodegradables para usos de higiene menstrual, con el fin de minimizar el daño medioambiental que muchos de los actuales materiales están originando.

Desde el PSOE, María Guijarro, ha recordado que el Gobierno ya está trabajando en una reforma fiscal. «A través del comité de personas expertas para la reforma fiscal que ha creado el Gobierno, se va a hacer un análisis del sistema tributario, incluyendo esa imposición directa e indirecta, los restantes ingresos públicos, los tipos impositivos y el IVA para determinados productos, atendiendo al escenario actual y futuro a medio y largo plazo», ha señalado. Y ha dejado claro que desde el PSOE se apuesta por «una fiscalidad feminista».

Vox también se ha abstenido al no estar de acuerdo con las medidas para combatir lo que para la diputada, Carla Toscano, es «un nuevo fantasma invocado por el feminismo» y una «nueva manera de victimizar a la mujer por razón de sexo»: la «pobreza menstrual».

La iniciativa recoge que una mujer habrá invertido a lo largo de su vida fértil cerca de 1.800 euros, lo que supone unos 45 euros al año o menos de 4 euros al mes, lo que lo convierte en «un hecho económico de primera magnitud», algo que ha criticado la diputada de Vox. «Esto no es pobreza», ha opinado.

La Comisión de Igualdad del Congreso ha aprobado este miércoles una proposición no de ley (PNL) del PSOE por la que insta al Gobierno a impulsar la desaparición de los espacios y proyectos públicos nombres de agresores sexuales condenados o confesos y, durante el debate de la inicativa, el PSOE ha señalado al tenor Plácido Domingo.

La iniciativa ha sido votada de forma separada dado que el PP ha votado a favor del primer punto que pide la desaparición de los nombres de agresores sexuales condenados, mientras que se ha opuesto al punto que reclama que se reconsidere la denominación de espacios públicos con el nombre de «personas que han declarado públicamente haber cometido agresiones sexuales», es decir, sin haber sido condenados, punto que ha suscitado polémica en la Comisión.

Durante el debate, la diputada socialista Laura Berja ha invitado a realizar una reflexión: «¿Qué piensan de que un señor que ha sido acusado de abuso sexual por más de 20 mujeres y ha reconocido ser un agresor sexual reciba una gran ovación antes de actuar por parte del público en un teatro de nuestro país? ¿Qué piensan de que ese mismo señor reciba el título de embajador honorario del Patrimonio Mundial de España?», ha preguntado al resto de portavoces, todas mujeres, en alusión al cantante Plácido Domingo, al que también ha mencionado expresamente.

«¿Qué pueden pensar las víctimas de las agresiones cuando un país ovaciona con aplausos a un agresor? Tenemos que reparar a las víctimas, una democracia digna no puede honrar a los agresores sexuales», ha advertido Berja, que ha pedido que se les deje de reconocer como «héroes o dioses» y que los espacios públicos se conviertan en una «oportunidad» para lanzar un mensaje a las generaciones más jóvenes de a quienes hay que «perpetuar como personas de referencia». «En las calles me faltan nombres de asesinadas por violencia de género», lamenta.

Y ha concluido su intervención refiriéndose a un famoso futbolista argentino recientemente fallecido, Maradona. «¿Un buen gol es suficiente para que perdonéis al agresor de mujeres?», ha lanzado.

La diputada del PP Edurne Uriarte se ha manifestado en contra del segundo punto de la propuesta: «¿A ustedes qué les parece qué debería entrar en el segundo punto?», ha preguntado al recordar que el ahora presidente de Estados Unidos, Joe Biden, fue acusado de agresión sexual en 2019 por 9 mujeres, o que o el entonces ministro de Defensa de Reino Unido, Michael Fallon, dimitió «por poner la mano en una rodilla de una periodista».

A su juicio, la iniciativa debería reparar a «víctimas de todo tipo de delitos». Además, ha aprovechado este asunto para reprochar al Gobierno que haya indultado a los líderes del procés catalán. «Esta PNL es para eliminar homenajes a agresores sexuales, pero ayer mismo indultaron a delincuentes condenados en ciernes», ha echado en cara la ‘popular’, que ha pedido a PSOE y Unidas Podemos que sean «coherentes».

Por tanto, ha abogado por extender la iniciativa a «todos los delincuentes», momento este en el que la presidenta de la Comisión ha llamado la atención a la diputada. Pero la ‘popular’ se ha defendido alegando que estaba «reivindicando igualdad para todas las víctimas de delitos en España».

A la intervención del PP ha reaccionado la diputada de ERC, Pilar Vallugera, que le ha acusado de mezclar «churras con merinas», al tiempo que ha reprochado que hable de víctimas cuando las «víctimas del 1-O» fueron «las que recibieron las bofetadas». «Ustedes no entienden nada», le ha afeado. Por su parte, Pilar Calvo Gómez (JxCat), se ha limitado a advertir de que la iniciativa solo habla de «agresión sexual» cuando debería también recoger el «acoso sexual».

A favor de la iniciativa se ha mostrado Unidas Podemos, cuya diputada, Sofía Fernández Castañón, ha recordado cómo la artista valenciana María Llopis, hizo una performance en el Museo Picasso de Barcelona con camisetas de Dora Maar (pareja de Picasso) para denunciar que el pintor malagueño era un maltratador. «¿Estamos hablando de que no queremos tener a Picasso en nuestros museos? No. Estamos reivindicando una lectura crítica necesaria», ha asegurado.

En la misma línea que el PP, la diputada de Vox, Carla Toscano, cuyo formación se ha abstenido en ambos puntos, se ha referido a la necesidad de que la iniciativa sirva para reparar a las víctimas, «independientemente del sexo, la edad o la orientación sexual». «No nos cansaremos de decir que la violencia no tiene sexo», se ha reafirmado.

Con respecto al punto más polémico de la iniciativa, Toscano ha admitido que desde Vox están de acuerdo con que «un hombre condenado por agresión sexual no es digno de tener una calle, una plaza o cualquier espacio público a su nombre». «La cuestión es que no es digno de tener un espacio público a su nombre cualquier agresor sexual o no sexual, sea hombre o mujer y sea quien sea la víctima», ha precisado.

En cualquier caso, para Vox, esta iniciativa tiene como objetivo «ahondar en la línea del feminismo de los últimos años», que es, según la diputada, «la demonización del hombre», pues a través de lo que ella considera una «propaganda constante», el Gobierno pretende «reeducar a la sociedad en la idea de que el varón heterosexual es el único capaz de cometer actos violentos».

En este sentido, ha sacado a debate el tema de la violencia vicaria. «Ustedes solo reconocen la violencia vicaria por la que el padre pueda ejercer violencia a los hijos o contra la madre», lamenta Toscano, que dice que en el PSOE y Unidas Podemos están en contra de la violencia vicaria ejercida al revés, de una madre hacia sus hijos o su pareja. De ahí que la diputada califique la iniciativa de «injusta»: «Visibiliza solo un tipo de agresor (…) si condenamos la violencia, las condenamos todas».

También ha criticado que se trate de una propuesta para suprimir el nombre de Plácido Domingo de cualquier espacio público: «Deberían haberla llamada propuesta anti Plácido Domingo y punto». Y ha concluido su intervención defendiendo al tenor, señalando que «muchos» hombres como él, «sobrepasados por las circunstancias y el escándalo, reconocen haber agredido o haber delinquido no se sabe en qué sentido». «Para ustedes, tirar los tejos a una mujer, decirle un piropo o pedirle el teléfono es una agresión», ha indicado Toscano, que ha zanjado que el punto 2 de la PNL «atenta contra el derecho a la presunción de inocencia». «Es una caza de brujas contra los hombres», ha añadido.

Para la diputada socialista, sin embargo, fue el propio Plácido Domingo quien acabó con su presunción de inocencia al asumir públicamente la responsabilidad de las acusaciones.

La ministra de Igualdad, Irene Montero, ha anunciado este miércoles que el Plan de Mejora y Modernización de las Actuaciones Contra la Violencia de Género estará listo el próximo mes de julio.

Así lo ha avanzado este miércoles durante la Conferencia Sectorial de Igualdad, acompañada por la secretaria de Estado para la Igualdad de Género, Noelia Vera; la delegada del Gobierno Contra la Violencia de Género, Victoria Rosell; la directora del Instituto de las Mujeres, Toni Morillas; la directora general para la Igualdad de Trato y Diversidad Étnico Racial, Rita Bosaho; y la directora general de Diversidad Sexual y Derechos LGTBI, Boti G. Rodrigo.

Irene Montero ha empezado su intervención recordando que ante esta situación de alarma machista, esta Conferencia Sectorial de Igualdad «adquiere una relevancia mayor».

Se trata de una herramienta de coordinación y comunicación que hoy, sin ninguna duda, es más necesaria que nunca tras los últimos asesinatos machistas», ha subrayado la ministra de Igualdad.

Montero ha destacado el papel fundamental de las CCAA y entidades locales para poder diagnosticar qué se debe cambiar o mejorar. «Es en cada uno de los territorios donde se regulan los servicios de atención, ya sean ambulatorios o residenciales, donde se presta la atención integral y directa a las mujeres y menores víctimas, por eso quería reiterarles la importancia de que realicen todas las aportaciones posibles al Plan», ha declarado.

Como resultado de las aportaciones recibidas hasta ahora, Montero ha informado que desde el Ministerio se elaborará, entre otras medidas, un Protocolo Marco de ámbito estatal. Este recogerá una serie de recomendaciones para la actualización de las acciones de detección, prevención, sensibilización, protección y reparación.

«Creo que tenemos mecanismos muy útiles y muy potentes que debemos poner en valor, que deben de guiar y acompañar la actuación común, en aras de poder dar cumplimiento también a los cuatro pilares en los que se fundamenta el Convenio de Estambul: prevención, protección, enjuiciamiento y una actuación coordinada interinstitucional», ha subrayado.

Además, este miércoles se han acordado los criterios de reparto de los fondos del Pacto de Estado contra la Violencia de Género (PEVG), que este año cuentan con una novedad que permite dar cumplimiento a una de las peticiones de los territorios, ampliando a qué programas y actuaciones se podrán destinar el 10% de los 100 millones de euros de transferencias a las CCAA y Ciudades Autónomas.

De esta forma no solo se podrán destinar a proyectos del Capítulo 4 sino también a gastos del Capítulo 6 que desarrollan el eje 1 del Pacto de Estado.

Además, tal y como ha explicado la delegada del Gobierno Contra la Violencia de Género, Victoria Rosell, a la hora de repartir la totalidad de los fondos, se han tenido en cuenta distintas variables y ponderaciones.

Entre estas variables destacan la insularidad, la ubicación como ciudad fronteriza, el número de mujeres de cada territorio, o cuestiones laborales como el número de mujeres con trabajo temporal o en situación de desempleo, mayores de 65 años, extranjeras y con discapacidad. También se han valorado cuestiones como la dispersión poblacional y la población rural.

Por otra parte, la Conferencia Sectorial de Igualdad también ha aprobado los criterios de distribución y la distribución resultante para el ejercicio 2021 del crédito de 7 millones de euros para el desarrollo de programas y la prestación de servicios que garanticen el derecho a la asistencia social integral a las víctimas de violencia de género y la atención a los menores.

Asimismo, ha aprobado el crédito de un millón de euros para implementar la propuesta común para la mejora de la coordinación y desarrollo de planes personalizados; y el crédito de 5 millones de euros para programas para el apoyo a víctimas de agresiones o abusos sexuales.

A estos fondos, se suman los 40 millones de euros para las entidades locales abonados el pasado mes de diciembre, lo que multiplica por dos el importe destinado en el pasado ejercicio. De esta forma, se llega a los 8.131 municipios de toda España y no solo a aquellos adscritos al programa VIOGÉN, sino también a todos los de ATENPRO, según informa el Ministerio de Igualdad.

Esto permite que todos ellos, sobre todo los de menor población y menos recursos, puedan mejorar la atención que ofrecen a las víctimas de violencia y facilitar la ejecución de las medidas incorporadas en el Pacto de Estado.

Finalmente, y tal como ha explicado la Secretaria de Estado de Igualdad y Contra la Violencia de Género, Noelia Vera, se ha acordado poner en marcha un Grupo de Trabajo (GT) del Plan Corresponsables, lo que supone «un paso más en las políticas públicas destinadas a facilitar la conciliación en las familias». Este grupo será el que siga y evalúe la ejecución del Plan.

PP y Vox han criticado una vez más la política exterior del Gobierno, al que acusan de estar alejado de la realidad, de haber dilapidado la imagen de España en el exterior y de haber perdido relevancia a nivel internacional, y han reclamado un cambio de rumbo en esta materia para poder contar con un apoyo.

El foro en esta ocasión ha sido la Comisión de Asuntos Exteriores del Congreso, en la que ha comparecido el secretario de Estado de la España Global, Manuel Muñiz, para dar cuenta principalmente de los esfuerzos en materia de diplomacia económica del Gobierno y poner en valor los buenos datos económicos que auguran tanto el FMI, como la Comisión Europea o la OCDE, entre otras cosas.

«No sé si habla de España o de un país imaginario que tras la pandemia todo es riqueza y felicidad», ha subrayado la portavoz del PP, Belén Hoyo, subrayando que actualmente el país no goza «ni de reputación internacional, ni de crecimiento ni empleo». «Una dosis de realismo siempre es buena», ha recomendado a Muñiz.

«Los españoles estamos orgullosos de nuestro país pero por desgracia hoy somos un país a la que se puede chantajear, despreciar o ningunear gracias la debilidad y al rumbo perdido que muestra el Gobierno», ha lamentado, criticando en particular que «se vendiera la piel del oso antes de cazarlo» con el encuentro entre el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el mandatario estadounidense, Joe Biden.

«Bajen a la realidad del día a día, el rumbo es equivocado y la estrategia inexistente», ha insistido Hoyo, que ha acusado al Gobierno de carecer de un proyecto de política exterior porque este está siendo «boicoteado» por uno de los socios del Ejecutivo. «Sean más realistas y menos idealistas», ha reclamado.

EL PP PIDE REALISMO

«Mientras sean realistas y defiendan los intereses de todos los españoles el PP estará mostrando su apoyo», ha asegurado Hoyo, «el único problema es que la izquierda vive en una realidad paralela en la que considera su ideología como una doctrina única y válida en cualquier contesto, y eso no es así». «Debemos frenar la erosión de la imagen de España», ha reivindicado.

«Si ustedes cambian de compañeros de viaje y aparece el sentido común en materia de política exterior», ha dicho Hoyo, el PP estaría «a su lado» puesto que se trata de una «cuestión de Estado».

Por su parte, el portavoz de Vox, Alberto Asarta, ha reconocido que «en general nuestra imagen exterior no es buena» y ha acusado al Gobierno de «no estar en lo que tiene que estar».

«El Gobierno, perdido en ideas progres, no tiene claro qué es lo que le interesa a España», ha reprochado. «Olvídense de sus ideas de partido y piensen en el interés general de España», les ha conminado el diputado de Vox, reclamando nuevamente al Gobierno que trabaje para recuperar la soberanía de Gibraltar y «contramedidas» contra Marruecos a su «chantaje» y «extorsión».

Asarta ha reivindicado que «en lugar de ideologías» lo que hace falta para recuperar la imagen de España es «unidad de acción y centrarse en lo que realmente interesa a los españoles».

La portavoz de Ciudadanos, María Carmen Martínez Granados, ha echado en cara el que «durante 40 años PP y PSOE han abdicado» de la responsabilidad cuando estaban el Gobierno de defender la imagen de España y sus instituciones en el exterior, lo que ha permitido que «el nacionalismo y el populismo campen a sus anchas tanto en Europa como en el resto del mundo».

En opinión de la diputada de Cs, lo ocurrido en la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa esta misma semana, es un buen ejemplo. Así, ha denunciado que la resolución aprobada «se hace eco de esas mentiras del independentismo para manchar nuestras instituciones y nuestro Estado de derecho», cuestionando que el Gobierno, y en particular Exteriores, hayan hecho algo para evitar que esto ocurriera.

LA IMAGEN DE ESPAÑA ES BUENA

Ante estas críticas, Muñiz ha insistido en defender que la imagen de España en el exterior es buena, citando numerosos «estudios serios» que según él en ningún caso apuntan a lo contrario, pese a las afirmaciones en este sentido desde la oposición.

Tampoco existen problemas en la relación con Estados Unidos, ha asegurado el secretario de Estado, reivindicando que los dos países son «socios estratégicos. «Ese dibujo de que somos irrelevantes no se acoge a la realidad», ha recalcado Muñiz.

También ha salido en defensa del Gobierno el portavoz del PSOE, Arnau Ramírez, que ha acusado al PP de ser ellos los que están «alejados de la realidad». En política exterior, ha añadido, «nos iría mejor si fuéramos todos a una», cuestionando también el patriotismo de la oposición. «Si tanto quieren a su país por qué se esfuerzan tanto en dividirlo», ha cuestionado.

DIPLOMACIA ECONÓMICA Y MOVILIDAD

En su intervención inicial, Muñiz ha expuesto los esfuerzos que ha venido realizando el Ministerio de Exteriores, y también su Secretaría, en materia de diplomacia económica, incorporando la dimensión económica a todos los contactos y dando prioridad a impulsar la internacionalización de las empresas españolas. «Desde septiembre del año pasado hemos contabilizado más de 130 contactos de este tipo con países de todo el mundo», ha ilustrado.

Asimismo, ha indicado, hay un mecanismo de consultas constante con las empresas en el exterior con vistas a detectar oportunidades potenciales y maximizar esfuerzos, habiéndose realizado más de un centenar de estas consultas.

Por otra parte, Muñiz también ha repasado los esfuerzos realizados en materia de movilidad, resaltando el hito que ha supuesto la aprobación del certificado digital covid, del que ha dicho que ya se han expedido 1,5 millones en España en solo dos semanas, y celebrando que en mayo llegaron 1,4 millones de turistas internacionales, el mejor dato desde agosto pasado.

La ministra de Defensa, Margarita Robles, y el alcalde de Córdoba, José María Bellido, visitan este jueves los terrenos de La Rinconada donde se ubicará la futura base logística del Ejército de Tierra, denominada ‘General de Ejército Javier Varela’, precisamente en la jornada en la que el Ayuntamiento prevé tener aprobados «todos los instrumentos necesarios para dar los primeros pasos» de cara a la construcción.

Así lo ha avanzado el regidor, quien confía en que este jueves se apruebe en el consejo rector de la Gerencia de Urbanismo el convenio que recoge la gestión y cesión del suelo, después de que «había un criterio técnico previo sobre que no eran necesarios más informes, pero otro criterio técnico decía que era necesario un informe de sostenibilidad, que refleja cómo se va a afrontar el pago de los costes de urbanización que tiene que asumir el Consistorio», ha explicado.

Al respecto, ha dicho que está «en contacto diario con la Junta de Andalucía para que den el último visto bueno técnico que queda al convenio», al tiempo que «la Junta tendrá que aprobar en sus órganos correspondientes todos los protocolos y convenios», aunque «el de los particulares ya está aprobado por la Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía (AVRA)», según ha precisado.

En este sentido, Bellido ha afirmado que el Ministerio de Defensa está «muy satisfecho con el ritmo que se lleva», de modo que «el Ayuntamiento está coliderando junto a Defensa el avance de todos los instrumentos que hay que firmar manteniendo el calendario para antes de agosto», ha señalado.

Mientras, ha recordado que en febrero se anunció la adjudicación y «para el mes de julio se va a tener firmado el convenio con los particulares, Consistorio y AVRA para garantizar el desarrollo del planteamiento urbanístico de La Rinconada», a la vez que está aprobado «el protocolo que aúna las intenciones del Gobierno, la Junta y el Consistorio», en el que «va a haber una ligera modificación a instancias de la Junta para que se recojan las gestiones necesarias o derivadas de la gestión de suelo», según ha puntualizado.

También, el regidor ha avanzado que «en el último trimestre del año» quieren firmar con Defensa el convenio que recoge la aportación económica de la ciudad, con 25 millones de euros que están reflejados en el presupuesto de 2021, de forma que «ya están comenzando las conversaciones con Defensa», ha aseverado.

UNOS SEIS MILLONES LA URBANIZACIÓN

Asimismo, Bellido ha comentado que ante «la partida de tres millones de euros que iba destinada a expropiaciones se va a hacer la modificación presupuestaria, de manera que en vez de expropiaciones pasen a ser las aportaciones necesarias para la Junta de Compensación a organizar».

Igualmente, ha informado de que «en los ejercicios 2022 y 2023 se aportará en el presupuesto la financiación restante para acometer la obra de urbanización», que en un primer cálculo «ronda los seis millones de euros», de forma que «hay partida de sobra para dar los primeros pasos con los tres millones recogidos en el presupuesto y en los sucesivos ejercicios se recogerán aproximadamente otros tres millones».

En definitiva, el alcalde se ha mostrado «muy satisfecho», puesto que «en este mes» el Consistorio va a «dejar aprobado todo» y confía en que «en el mes de julio se pueda firmar porque todas las partes tengan a su vez ya aprobado todo».

MÁS DE 1.600 EMPLEOS Y 350 MILLONES

En concreto, el Ministerio de Defensa eligió a principios de febrero la ciudad de Córdoba como ubicación de la nueva base logística del Ejército de Tierra, un proyecto que generará más de 1.600 puestos directos de trabajo, en su mayoría de personal civil, una inversión de 350 millones de euros y miles de empleos indirectos.

El Ejército de Tierra lleva años trabajando en este proyecto, que aunará en una sola base todas sus actividades de mantenimiento, con el objetivo de reducir los tiempos de servicio, movimiento e infraestructuras.

Fueron muchas las ciudades que se postularon para albergar este proyecto tecnológico pero finalmente el Departamento dirigido por Margarita Robles ha optado por Córdoba «valorando las circunstancias y necesidades del Ejército de Tierra y las perspectivas de futuro que generará».

Según subraya el Ministerio, su construcción supondrá «un extraordinario impulso económico y social para la zona», dado que se trata de un proyecto «innovador» con el que el Ejército de Tierra pretende dotarse de un centro logístico «con los más altos estándares tecnológicos».

Defensa también destaca las ventajas relacionadas con la eficiencia energética, gestión y aprovechamiento de residuos y la política medioambiental, que permitirá reducir al mínimo el impacto de esta obra en la zona.

UNIÓN INSTITUCIONAL Y SOCIAL

En este proyecto las instituciones van de la mano, entre ellas la Diputación, la Junta de Andalucía, la Subdelegación del Gobierno y la Universidad de Córdoba, así como el Ayuntamiento de La Carlota, que ofrece dos millones de metros cuadrados de suelo para el proyecto, mientras que los consistorios de Linares (Jaén) y Écija (Sevilla) han mostrado su disposición a colaborar y ofrecer sus posibilidades al ser «un proyecto de vocación andaluza y abierto», al tiempo que los agentes económicos y sociales han mostrado su respaldo.

En este caso, el presidente de la Diputación, Antonio Ruiz, subrayó tras la concesión que «toda la provincia celebra esta decisión que va a posibilitar que Córdoba albergue la base logística del Ejército de Tierra», a la vez que afirmó que «uno de los argumentos que ha tenido bastante peso en la decisión final es que sea una cuestión conjunta», así como «la incorporación de La Carlota, con dos millones de metros de suelo».

De igual modo, defendió que «hay cuestiones que son estructurales para el desarrollo de toda la provincia, en las que hay que aparcar las legítimas diferencias políticas y trabajar todas las instituciones a una, con absoluta decisión para conseguir que las aspiraciones se conviertan en realidad».

Y es que, según añadió Ruiz, «en esas cuestiones estructurales esta tierra se juega ser o no ser en el presente y en el futuro», si bien «se ha demostrado en esta ocasión que también la unión hace la fuerza».

En palabras de Ruiz, «esta noticia habla no sólo del presente, sino del futuro más inmediato», teniendo en cuenta que la industria ha sido «el talón de aquiles» en la provincia, pero esto va a contribuir a «acelerar el desarrollo del corredor central» en la logística.

Mientras, el delegado de la Junta en la provincia, Antonio Repullo, expresó que para el Gobierno andaluz era «estratégico que este proyecto llegase a Andalucía y se han convertido en aliadas estratégicas todas las instituciones» para «hacerlo efectivo», y transmitió el apoyo del Gobierno regional para que haya «más empleo y desarrollo económico».

Igualmente, la subdelegada del Gobierno en Córdoba, Rafaela Valenzuela, subrayó que «es un proyecto importante por todo lo que genera directa e indirectamente, no sólo en puestos de trabajo, sino también en autoestima y alegría», y apostilló que «se va a generar una dinámica muy buena que la ciudad necesitaba urgentemente por sus cifras de paro y su escasa industrialización», por lo que «ahora, de la mano de la Universidad, se colocará a la vanguardia» con este «proyecto a muy largo plazo».

La Comunidad de Madrid ha contestado esta tarde a la ministra de Derechos Sociales, Ione Belarra, que «desde el primer momento ha respondido a las dudas de la Administración central» en el caso de Vivotecnia, el laboratorio de Tres Cantos donde supuestamente se han maltratado a decenas de animales, han indicado fuentes regionales.

Responden así a la carta que la ministra ha dirigido a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, en la que le recrimina falta de información y colaboración entre las administraciones en el caso Vivotenia.

Además, el Gobierno regional ha señalado que desde el principio se han mostrado «colaboradores» con el Gobierno en ese asunto, como también con la Fiscalía y el Juzgado de Colmenar Viejo que instruye la causa, a los que se les ha remitido copia de toda la documentación y resoluciones dictadas.

Así, con fecha 9 de junio, la Dirección General de Agricultura, Ganadería y Alimentación ha recordado que dio respuesta vía email y por registro a la misiva recibida del Ministerio por parte del Director General de los Derechos de los Animales, en que se solicitaba información sobre la situación de los animales, por indicios de maltrato animal, y sobre las actuaciones del laboratorio en los ensayos clínicos realizados con animales.

En la misiva enviada por la Comunidad de Madrid se les dio cuenta de las inspecciones realizadas en colaboración con la Guardia Civil (SEPRONA) de manera conjunta y de las actuaciones inminentes puestas en marcha, como la suspensión temporal de la actividad del laboratorio, con fecha 9 de abril y la protección de los animales; «actividad que se reanudó el pasado 1 de junio tras comprobar que se habían implementado todas las medidas preventivas y correctoras solicitadas para garantizar la protección de los animales y evitar que se reprodujeran hechos como los que se conocieron», aseguran las mismas fuentes.

Entre las medidas solicitadas está la instalación de cámaras de seguridad en las salas de los animales, al efecto de llevar un control efectivo de todos los procedimientos que se realizan con ellos, así como la supervisión ‘in situ’ por una veterinaria, que informa diariamente a la Comunidad de Madrid de su estado, y de cualquier otra incidencia, esta medida fue adoptada por la Comunidad de Madrid 10 días antes de que se anunciase por el Ministerio que cambiaría la Ley para su establecimiento.

La Comunidad de Madrid ha aseverado que «actúo con inmediatez al conocer los hechos» y que todas las actuaciones realizadas se han hecho de manera coordinada con el Servicio de Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil (SEPRONA) se ha estado a disposición del Juzgado y de la Fiscalía en todo lo que nos han requerido.

EL JUZGADO DENEGÓ LAS CAUTELARES

Además, recuerdan que el juzgado denegó las medidas cautelares, incluida la de decomiso de los animales, solicitada por diversas asociaciones animalistas, y que la vía penal sigue abierta. Asimismo, la Comunidad sigue adelante con la sanción administrativa al laboratorio.

Asimismo, señala a la ministra que «no hay obligación de comunicar expedientes sancionadores como tal; lo único que hay es la previsión genérica, que citan en su carta, de las funciones que se atribuyen de coordinación».

En ese sentido, el Ejecutivo autonómico asegura que «se ha coordinado perfectamente» dando cuenta de todas las actuaciones al Ministerio, al tiempo que ha colaborado con la Fiscalía y el Juzgado de Instrucción, «que son los que tienen las competencias para solventar dicha situación». Y recalcan que en caso de que el juzgado hubiera dictaminado que era necesaria la incautación de los animales, la Administración regional cuenta con centros e instalación para haber reubicado a los animales como el Centro Integral de Acogida de Animales de la Comunidad de Madrid.

Asimismo, apuntan que el propio director general de Derechos de los Animales (CIAAM), Sergio Torres, en su cuenta de Twitter publicó, el pasado 11 de abril, un reconocimiento a la Comunidad en la que se felicitaba «por la pronta respuesta para proteger a los animales y poner en manos de la justicia la solución definitiva del caso».

El Foro Libertad y Alternativa, impulsado entre otros por Alejo Vidal-Quadras e Inma Castilla de Cortázar, acusa a Pedro Sánchez de abuso de poder por la concesión de los indultos a los políticos presos por el procés. Advierte de que no hay ni una sola circunstancia que justifique esta medida de gracia, más allá del interés partidista del presidente del Gobierno, y la considera «arbitraria y probablemente ilegal».

Advierten, además, que el deterioro de la convivencia en Cataluña no tiene su causa en un conflicto político entre nacionalistas y no nacionalistas, sino en el «desprecio al imperio de la ley y en el uso torticero del poder, consentido desde el Estado». Por ello, apuestan por la Constitución como la única garantía para la convivencia: «Frente a la arbitrariedad del indulto, el imperio del Estado de Derecho».

La citada Fundación transmite, en un comunicado, su oposición y repulsa radical, así como su profunda preocupación por las consecuencias que esta medida tendrá en el futuro. «Ni hay arrepentimiento, ni hay compromiso de no reiterar las conductas penadas -sino todo lo contrario-, ni hay aceptación de la legalidad, ni siquiera hay una solicitud de los afectados, aunque fuera tácita, para que se conceda esta Gracia, alegan.

Y prosiguen recordando que tanto el Tribunal Supremo como la Fiscalía se han opuesto rotundamente a la concesión. En opinión de este foro de debate, la función disuasoria de la pena sufrirá un grave menoscabo, la imagen internacional de España se verá perjudicada y se facilitará la exaltación de quien ha llevado a cabo un gravísimo ataque contra la democracia.

Por ello, consideran que «no existe una sola circunstancia más allá del interés partidista de Pedro Sánchez que justifique en modo alguno esta medida» y por este motivo, creen que la concesión se realiza con «evidente abuso de poder, arbitrariedad y probablemente ilegal».

También consideran «márketing y propaganda» la apelación del Ejecutivo a la convivencia y la concordia para justificar la medida. Entienden, en este sentido, que la convivencia no se recupera «con arbitrariedad, despojando de contenido a la ley y difuminando las consecuencias para quien arremete contra ella». «Por este camino, la convivencia se deteriora e incluso se pervierte», advierten.

DETERIORAN LA CONVIVENCIA Y SON UN INCENTIVO PARA REPETIRLO

Así, consideran una «evidencia lógica» que los indultos anunciados por Pedro Sánchez, al reducir hasta casi eliminar las consecuencias del Golpe de Estado, suponen un «incentivo para reiterar las conductas delictivas y desleales, priman la arbitrariedad frente al imperio de la ley y alteran el funcionamiento normal de la democracia».

Por ello, el Foro cree que, aunque los indultos permitan a Sánchez conservar sus apoyos políticos, no van a traer la convivencia, sino que agravarán y acelerarán su deterioro. Alegan, en este sentido, que transigir ante quien amenaza, agrede o pretende conseguir sus objetivos saltándose la Constitución es «arrollar los legítimos derechos de quienes sí la acatan».

En cuanto al deterioro de la convivencia en Cataluña quieren dejar claro que «no tiene su causa en un conflicto político entre nacionalistas y no nacionalistas», sino que su génesis y enquistamiento del problema está en el «desprecio de buena parte del nacionalismo al Estado de Derecho y en el uso torticero del poder, consentido habitualmente desde el Estado por intereses partidistas, debilidad o infantil buenismo disfrazado de moderación».

Por ello, insisten en que Cataluña no requiere indultos, sino la aplicación estricta de la Constitución y el trabajo permanente para defender la plena legitimidad democrática de España en todos los ámbitos, de manera que las diferencias entre los ciudadanos puedan resolverse civilizadamente y con protección y garantía de los derechos de todos ellos.

Los analistas del departamento de Seguridad de Repsol que han declarado este miércoles ante el juez de Tándem se han desvinculado de los trabajos del comisario José Manuel Villarejo para la compañía y han aseverado que en informes que estudiaron de Cenyt –empresa del comisario– los datos ya estaban en fuentes públicas.

Estos miembros del departamento de Seguridad habían sido citados por el juez Manuel García-Castellón a propuesta del Ministerio Fiscal para seguir indagando en el llamado ‘Proyecto Wine’, un encargo de la petrolera y CaixaBank al comisario para tratar de abortar una operación de entrada en el consejo de administración de Repsol del entonces presidente de Sacyr Vallehermoso, Luis del Rivero, de la mano de Pemex.

Este miércoles han declarado en calidad de testigos Blas Pérez, Juan Carlos Corisco y Santiago Cuadro –el cuarto de los citados ha pedido aplazar la testifical–, aunque fuentes consultadas han explicado que el testimonio que realmente ha tenido interés para la causa ha sido el de Pérez ya que era el único que estaba en Repsol en el periodo de 2011 a 2012, cuando se contrataron los servicios del comisario.

Según estas mismas fuentes, todos ellos han explicado que en su departamento siempre trabajaban con fuentes públicas y han negado que realizaran ningún trabajo conjunto con Villarejo, además de que no tuvieron conocimiento de la existencia de Cenyt hasta que se conoció por los medios de comunicación. Al hilo, han quitado importancia a los informes redactados por el comisario para el proyecto y han resaltado que todo lo que les mandaban sus superiores analizar y que fue enviado por el comisario procedía de fuentes públicas.

Lo encontraban googleando, según ha explicado Pérez, que habría matizado ante el juez que ellos no sabían de donde procedían los informes pero sí que los valoraban por orden de sus superiores, que eran el director de Seguridad Corporativa Rafael Araujo y el subdirector de Seguridad Rafael Girona.

ENCARGOS PUNTUALES

Esos encargos destinados a verificar o comprobar información de inteligencia eran puntuales, y Pérez ha incidido en que lo que chequeaba «estaba en google» y que la calidad de esos trabajos –que según ha dicho desconocía que provenían de Villarejo– era «manifiestamente mejorable» ya que contenía «incoherencias e inconsistencias».

Al hilo de esas peticiones de su inmediato superior, Girona, ha aseverado que él no tuvo conocimiento de que se realizaran ni seguimientos ni análisis de tráfico de llamadas, y ha apuntado además que en lo que estudió no aparecía mencionado el comisario ex jefe de la Unidad Central de Apoyo Operativo (UCAO) Enrique García Castaño.

Otra fuente consultada ha indicado que Pérez ha reconocido que si bien desconocía que Repsol contrataba en ese año con Cenyt, su jefe le mandaba analizar esos informes para comprobar en Google si la información que incluía ya era pública y conocida. Con todo, ha explicado que él imaginaba que esos informes provenían de una empresa que ofrecía servicios.

Además, ha señalado que Repsol no solía externalizar trabajos a empresas de detectives salvo que se tratara de investigar a los propios empleados, pero nunca para terceras personas, por lo que esa contratación con Villarejo habría sido algo extraordinario.

En cuanto a las declaraciones de Corisco y Cuadro, fueron requeridas porque participaron en 2018 en las labores para recabar información interna para el informe de Compliance a raíz de la publicación en medios de noticias sobre la contratación. Han apuntado que no supieron de Cenyt hasta ese 2018.

La posibilidad de que el Gobierno presente pronto la reforma del Código Penal para rebajar el delito de sedición y de rebelión vuelve a enfriarse ya que, según varios miembros del Ejecutivo, siguen sin contar con los apoyos suficientes para sacarla adelante en el Congreso. Es decir, aunque el Gobierno mantiene su intención de impulsarla a lo largo de la legislatura, no prevé hacerlo en el corto plazo, según las fuentes consultadas.

Con los indultos aprobados, y los organizadores del referéndum ilegal del 1 de octubre de 2017 ya fuera de la cárcel, esta reforma no afectaría en este sentido a los condenados por el procés. A quien sí podría beneficiar es al expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont y al resto de fugados, si deciden regresar a España y son juzgados ya con el Código Penal reformado.

El Ejecutivo confirmó oficialmente en enero de 2020 su intención de actualizar el Código Penal para adecuarlo a los estándares europeos, mediante la reforma, en concreto, de los delitos de sedición y rebelión, al entender que están «desfasados y obsoletos».

Esta decisión llegó tras la sentencia que emitió en octubre de 2019 el Tribunal Supremo en el juicio por el procés, con penas de hasta 13 años por sedición y malversación para el exvicepresidente catalán Oriol Junqueras y el resto de organizadores del 1-O.

Sin embargo, más de un año después de plantear esa reforma, en Moncloa son conscientes de que su propuesta de rebajar el delito de sedición no convence a algunos de sus habituales socios parlamentarios, principalmente a ERC, que apuesta directamente eliminar el delito.

Por ello, las fuentes consultadas sostienen que no creen que esta cuestión pueda llegar próximamente al Consejo de Ministros, ya que no ven lógico que el Gobierno se arriesgue a llevar al Congreso una medida que no tiene garantías de conseguir los apoyos necesarios.

Tampoco se ha despejado la incógnita de si esta modificación se presentará de forma independiente o dentro de una reforma mayor que contenga otras cuestiones que el Gobierno quiere modificar del Código Penal, como la relativa a la ley del ‘solo sí es sí’ –todavía en tramitación–, los denominados «delitos de expresión», o la derogación de la ley mordaza.

Una de las fuentes consultadas opina a este respecto que podría ser más fácil cerrar «acuerdos parciales» con diferentes grupos para llevar a cabo reformas concretas, que lograr un consenso para acometer la reforma global en su conjunto.

EL GOBIERNO BARAJA NO MÁS DE CINCO AÑOS DE CÁRCEL POR SEDICIÓN

En lo que se refiere en concreto a la reforma del delito de sedición, el Ministerio de Justicia lleva trabajando en ello más de un año, y ya el pasado mes de noviembre de 2020 el ministro Juan Carlos Campo aseguró que estaría lista antes de 2021. Sin embargo, varios meses después, el Ejecutivo sigue postergando este asunto.

Esa anunciada reforma del delito sedición, con el objetivo de armonizar» el Código Penal español con el de otros países europeos, podría suponer una rebaja de las penas actuales asimilando ese delito a conductas de resistencia grave castigadas en otros países con no más de cinco años de cárcel.

Fuentes gubernamentales argumentan que la sedición es un delito que no encuentra fácilmente un equivalente en los ordenamientos europeos, algo que no ocurre con la rebelión, que si bien no se denomina con este término en otros códigos si puede compararse más fácilmente con otras conductas gravemente penadas como «alta traición» en Alemania o delitos contra la República o la integridad del territorio nacional en Francia.

Actualmente, este delito se regula en el artículo 544 del Código Penal, que señala que son reos de sedición los que, «sin estar comprendidos en el delito de rebelión, se alcen pública y tumultuariamente para impedir, por la fuerza o fuera de las vías legales, la aplicación de las Leyes o a cualquier autoridad, corporación oficial o funcionario público, el legítimo ejercicio de sus funciones o el cumplimiento de sus acuerdos, o de las resoluciones administrativas o judiciales».

Las penas previstas van desde los 10 a 15 años en el caso de que los cometan autoridades mientras que para el resto, los que hayan «inducido, sostenido dirigido la sedición o aparecieren en ella como sus principales autores, serán castigados con la pena de prisión de ocho a diez años.

Por ello se está planteado comparar la sedición -un término decimonónico que se viene arrastrando desde el Código Penal de 1822- con delitos regulados en otros países para sancionar conductas de alteración de paz pública o uso de intimidación para impedir que una autoridad política o funcionario público cumpla con sus funciones, según fuentes jurídicas y universitarias consultadas.

Los líderes de Vox y de Ciudadanos, Santiago Abascal e Inés Arrimadas, respectivamente, tienen previsto acudir este jueves aunque a distinta hora a las puertas del Tribunal Supremo para dar a conocer las acciones legales que sendos partidos presentarán frente al a concesión de indultos a los líderes independentistas condenados por el ‘procés’ en Cataluña.

Arrimadas, acompañada por el vicesecretario general y portavoz del Comité Ejecutivo, Edmundo Bal, ha citado a los medios de comunicación a las 11.30, una vez su partido haya presentado un recurso contra los decretos de indulto ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo.

La formación naranja cree que puede considerarse como perjudicada en este asunto porque los líderes independentistas en el Parlament de Cataluña anularon las funciones de sus diputados durante la tramitación de las leyes de desconexión en septiembre de 2017.

Consideren líderes separatistas que han salido este miércoles de la cárcel tras ser indultados por el Gobierno de Pedro Sánchez lo han hecho «sin arrepentirse de nada y redoblando su desafío» para conseguir la independencia de Cataluña.

Por su parte, Abascal acudirá a las 13.00 horas con la plana mayor de su partido – Javier Ortega Smith, Macarena Olona, Iván Espinosa de los Monteros, Marta Castro, Ignacio Garriga, Juan Cremades y Jorge Buxadé- para anunciar las medidas jurídicas que su formación impulsará contra los indultos.

Ya antes de que éstos se aprobaran este martes en Consejo de Ministros, Vox anunció que ya trabajaba en la presentación de una querella contra el Consejo de Ministros que se formalizaría en el caso de firmare los decretos que han sido publicados este miércoles en el Boletín Oficial del Estado (BOE)

Como parte personada en la causa juzgada en el Tribunal Supremo, Vox ya había anunciado que recurriría los indultos por la vía de lo contencioso administrativo.

DUDAS LEGALES

la anunciada interposición de estos recursos contenciosos -también por por parte del PP– obligará previsiblemente al Tribunal Supremo a debatir sobre un asunto sobre el que no existen precedentes jurisprudenciales claros, que es la legitimación de los partidos políticos para interponer recurso contencioso-administrativo frente a la medida de gracia que aplique el Gobierno.

Existen sentencias referidas a la falta de legitimidad de los partidos para recurrir decisiones como órdenes ministeriales, pero nunca se había estudiado este asunto en relación con los indultos.

Así lo han señalado fuentes del alto tribunal, que señalan que lo que se decida sobre este requisito formal puede llegar a impedir al PP o Ciudadanos cumplir con su pretensión con respecto a este asunto. La posibilidad de que Vox pueda recurrir parece más clara, ya que fue parte en el proceso que se sustanció ante la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo.

En todo caso, según las mismas fuentes, todo dependerá de cómo se planteen los recursos contra los indultos, que en principio corresponderá resolver a la Sección Quinta de lo Contencioso-Administrativo, que integran los magistrados Segundo Menéndez Pérez, Octavio Juan Herrero Pina, Wenceslao Olea (que es también vocal del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) a instancias del PP), Ángeles Huet de Sande y Fernando Romás. No se descarta en todo caso que el asunto termine trascendiendo la Sección y acabe siendo visto por toda la Sala Tercera.

INTERÉS LEGÍTIMO O DIRECTO

Con carácter general, en el orden contencioso-administrativo están legitimados «los titulares de un derecho o de un interés legítimo» (artículo 19 de la Ley de Jurisdicción Contencioso-Administrativa). A ello se añade que no hay acción pública salvo que lo reconozca expresamente una ley, y por ello el Supremo ha declarado la falta de legitimación activa para interponer recursos de los partidos políticos en muchos asuntos.

Entre estos asuntos no se encuentra la presentación de indultos, por lo que se carece de jurisprudencia. Además, esta Sala no es muy proclive a la legitimación de los partidos, si bien se trata de un asunto a estudiar y la decisión final dependería mucho del razonamiento expuesto por el partido en cuestión, apuntan las mismas fuentes.

Otros juristas consultados añaden que además del «interés legítimo» antes apuntado, la legitimación en el orden Contencioso se define por el denominado «interés directo», y en este punto el debate debería centrarse en determinar si los políticos tienen interés directo en el indulto de otros políticos que han sido condenados. La falta de antecedentes llevan de nuevo a entrar en materia poco clara.

El juez de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz, ha acordado ampliar hasta el 1 de octubre el plazo para que la defensa del expresidente catalán Jordi Pujol Soley y sus hijos pueda presentar su escrito de conclusiones.

En un auto emitido este miércoles, el magistrado ha aceptado la petición de la familia Pujol dado «el volumen de las actuaciones».

Así, queda suspendido el plazo de un mes –que finaliza el próximo 16 de julio– que se había fijado inicialmente en la resolución en la que se acordó la apertura del juicio oral contra el expresidente de la Generalitat de Cataluña y sus siete hijos por formar una presunta organización criminal que se habría enriquecido durante décadas con actividades corruptas valiéndose de su posición política.

La respuesta tiene lugar dos días después de que la defensa realizara su petición en un escrito, en el que invocaba el derecho fundamental de defensa.

La familia insistía en que la Fiscalía y la Abogacía del Estado habían tenido un plazo superior para presentar sus conclusiones. Según sus cálculos, dispusieron de más de nueve meses.

«VOLUMEN Y COMPLEJIDAD»

«El reconocimiento del derecho a un proceso con todas las garantías pasa por garantizar la existencia de un equilibrio entre las partes que lo conforman, esto es, que dispongan de las mismas posibilidades», argumentaba la defensa.

En este sentido, los Pujol precisaron que no solicitaban un plazo «idéntico», sino uno que consideraban «indispensable y proporcionado con arreglo al volumen y complejidad de la causa», en referencia al arco temporal que abarca –40 años–.

El letrado destacó, además, el hecho de que dispone de «un único plazo para formular el escrito de defensa de siete personas físicas distintas» –Pujol padre y seis de sus hijos–, cuyos hechos objetos de acusación «distan de ser idénticos» y «merecen una estrategia procesal singularizada».

En la misma resolución, el juez también ha acordado conceder un plazo de 30 días a la defensa de Oleguer Pujol para «concretar las evidencias que por su carácter deben ser expurgadas» por haberse remitido «erróneamente» a la pieza de medidas cautelares.

PENAS DE HASTA 29 AÑOS

El magistrado envió al banquillo de los acusados a toda la familia, a excepción de la mujer del ex president, Marta Ferrusola –a la que exoneró por su estado de salud–, así como a otras once personas, por presuntos delitos de asociación ilícita, blanqueo de capitales, delito continuado de falsificación de documento mercantil, delito de frustración en la ejecución y hasta siete delitos contra la Hacienda Pública.

Para garantizar las posibles responsabilidades civiles por estos últimos, pidió a Jordi Pujol Ferrusola que depositara 7,5 millones de euros y a su ex mujer, otros 400.000 euros, en el plazo de diez días, bajo apercibimiento de embargo de sus bienes si no lo hacen o se declaran insolventes.

Así, siguió el camino señalado por la Fiscalía Anticorrupción, que en su escrito de acusación se dirigió contra todo el ‘clan’, al estimar que actuaron conjuntamente, y solicitó penas que van desde los ocho hasta 29 años de prisión.

La Abogacía del Estado apuntó solo al primogénito, su ex mujer y otro hermano, Josep Pujol Ferrusola, aunque destacó el papel de Jordi Pujol Jr –para quien pidió 25 años de cárcel– y su madre en la «dirección operativa» de esta presunta organización criminal.

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha señalado este miércoles que ha coincidido con el secretario de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Alejandro Mayorkas, en que la entrada masiva de migrantes en Ceuta durante el pasado mes de mayo «no fue una crisis migratoria», si bien ha evitado responder sobre una posición común en cuanto a la soberanía del Sáhara occidental.

En una rueda de prensa conjunta de ambos mandatarios desde la sede del Ministerio del Interior tras haber mantenido una reunión de más de media hora, Marlaska ha reconocido que han tratado sobre este asunto sucedido en Ceuta, aunque ha apostillado que esta crisis compete a otros departamentos ministeriales.

Y es que, según ha dicho, estos otros ministerios ya se encuentran «trabajando en silencio y con la fortaleza necesaria para restablecer unas relaciones importantes entre países amigos, fraternos, con muchas cosas en común y con muchos desafíos».

«Hemos trabajado de una forma importante, y lo que haremos en el futuro será en beneficio de nuestras respectivas sociedades», ha subrayado Marlaska tras ser preguntado a este respecto tras su reunión con Mayorkas.

Eso sí, el ministro del Interior no ha hecho referencia a una pregunta relacionada sobre la posición conjunta de ambos países respecto a la legitimidad del Sáhara Occidental, después de que la anterior Administración de Donald Trump reconociera la soberanía marroquí de este territorio.

Grande-Marlaska ha apostado por un «enfoque integral» de los flujos migratorios que actúe en todos los frentes: «Debemos intervenir en origen, en tránsito y en destino, evitando los flujos de inmigración irregular; asegurando el control de territorios y fronteras, y fortaleciendo la cooperación operativa y la ayuda al desarrollo».

TERRORISMO Y CIBERDELINCUENCIA

Además de la inmigración irregular, en la reunión de la que Grande-Marlaska ha destacado la «gran sintonía» también se han abordado amenazas como las del terrorismo y la ciberdelincuencia con el compromiso de ambas partes de «fortalecer» la colaboración bilateral.

La reunión que han mantenido ambos en la sede del Ministerio del Interior es la continuación al encuentro virtual que celebraron el pasado 15 de abril, tras el nombramiento de Mayorkas como máximo responsable de la seguridad interior en Estados Unidos por el presidente Joe Biden.

Grande-Marlaska y Mayorkas han coincido en promover la cooperación para frenar el uso de internet por el terrorismo y la radicalización violenta. «Incrementaremos la colaboración para prevenir la difusión de los contenidos terroristas que logran en las redes sociales una capacidad ilimitada de dispersión de mensajes de odio, alentando actos terroristas en nuestros países», ha señalado el ministro del Interior.

La reunión bilateral también ha permitido avanzar en un futuro acuerdo que facilite el intercambio de información y la consulta a las bases de datos con el objetivo de identificar a presuntos terroristas y miembros de grupos de delincuencia organizada, según ha destacado el Ministerio del Interior.

El incremento de la cibercriminalidad ha sido otro de los puntos analizados esta mañana. El ministro español y el secretario de Seguridad Nacional estadounidense se han comprometido a estrechar lazos entre la Oficina de Coordinación de Ciberseguridad y el Centro Nacional de Protección de Infraestructuras Críticas de España con sus agencias homólogas en Estados Unidos. «Queremos impulsar el intercambio de información y buenas prácticas, así como la formación de nuestros expertos», ha añadido Marlaska.

Al encuentro han asistido también, por parte de España, el secretario de Estado de Seguridad, Rafael Pérez; la directora general de Relaciones Internacionales y Extranjería, Elena Garzón; y la subdirectora general de Cooperación Policial Internacional, Antonia Mena.

Por parte estadounidense, han acompañado al secretario de Seguridad Nacional la secretaria adjunta de Asuntos Internacionales, Serena Hoy; el subsecretario adjunto de Asuntos Internacionales, Robert Paschall, y el agregado para la Unión Europea, Michael Scardaville.

La fundación pontificia Ayuda a la Iglesia Necesitada (ACN) recaudó en 2020 un total de 13,6 millones de euros, un 6% más que en 2017, gracias a los 21.487 benefactores que «han respondido al grito de socorro de las iglesias más pobres» en medio de la pandemia de la Covid-19, según la Memoria de Actividades y Cuentas 2020.

ACN destaca que «la Covid-19 no ha frenado la generosidad» pues no solo se han incrementado los fondos recaudados sino también el número de benefactores, que han pasado de 19.974 a 21.487, un 7,6% más. Asimismo, los ingresos por donativos crecieron un 10,2%, si bien los ingresos por herencias y legados descendieron un 14,6%.

«Ha sido un año difícil y, aun así, nuestros benefactores han respondido al grito de socorro de las iglesias más pobres. Todos hemos pensado que si aquí lo estábamos pasando mal, muchísimo peor en los países más necesitados», ha explicado el director de ACN España, Javier Menéndez Ros, este miércoles en rueda de prensa.

Además, Ayuda a la Iglesia Necesitada aprobó en 2020 un total 4.758 proyectos en 138 países para sostener a las comunidades que sufren necesidad o persecución.

En 2020, alrededor de un tercio (32,6%) de la ayuda total a proyectos de ACN se destinó a África, muchos de los proyectos con destino a apoyar a las iglesias locales en el África de la región del Sahel.

Por su parte, la región de Oriente Próximo –en particular Siria e Iraq–, que ocupó el primer lugar en la financiación de ACN durante años, en 2020 recibió menos ayuda, con un 14,2% del dinero desembolsado.

La Memoria da cuenta de la respuesta de ACN tras la explosión en el puerto de la capital libanesa de Beirut, el 4 de agosto de 2020, cuando la fundación pontificia lanzó un programa de ayuda de emergencia para el país que alberga a la mayor comunidad cristiana de Oriente Próximo.

Así, por ejemplo, se distribuyeron alimentos inmediatamente después de la explosión. Otras ayudas se destinaron a la reconstrucción del barrio cristiano de Beirut, que se vio gravemente afectado. Allí, ACN centró su apoyo en la rehabilitación de iglesias y conventos. En 2020, la ayuda al Líbano ascendió a casi 4 millones de euros.

Otra prioridad fue Asia, donde fueron destinados el 18% de los fondos y, en concreto, la mayor parte de las ayudas fueron para la India, unos 5,4 millones de euros.

Este continente, según destaca ACN se ha visto especialmente afectado por la crisis de la COVID-19, y, en ocasiones, la minoría cristiana se ha visto privada de asistencia pública. En Pakistán, por ejemplo, ACN apoyó la distribución de ayuda entre los cristianos que habían perdido sus medios de sustento como consecuencia de la pandemia.

401 PROYECTOS PARA PALIAR LOS EFECTOS DE LA PANDEMIA

Precisamente, tras el estallido de la pandemia, la fundación pontificia financió 401 proyectos de ayuda relacionados con la pandemia por un importe de más de 6,2 millones de euros para paliar las mayores necesidades.

Así, entre otros, se equipó a religiosos y sacerdotes con material de protección para su ministerio, para que pudieran proseguir con su labor pastoral y se compensaron sus carencias económicas causadas por la COVID-19.

«Especialmente durante la crisis del coronavirus, los estipendios de misa son un signo de unidad en la oración y para muchos sacerdotes la única fuente de ingresos. En 2020, pudimos ayudarlos con más de 1,7 millones de estipendios de misa», ha explicado el presidente de ACN España, Antonio Sainz de Vicuña. De esta forma, uno de cada nueve sacerdotes del mundo recibió esta forma de apoyo directo y espiritual.

En cuanto al tipo de proyectos financiados en todo el mundo, destacan los destinados a la construcción. Con la ayuda de ACN se construyeron, renovaron o reconstruyeron 744 iglesias, casas parroquiales, conventos, seminarios mayores y centros parroquiales tras la destrucción causada por la guerra y el terrorismo. Un ejemplo es la catedral maronita de San Elías en Alepo (Siria), fuertemente dañada por misiles entre 2012 y 2016, que pudo ser reinaugurada en julio de 2020.

Asimismo, ACN apoyó a más de 18.000 religiosas durante 2020; y otra partida importante es la ayuda al transporte, para que los sacerdotes y catequistas puedan llegar a los fieles incluso en terrenos accidentados. En 2020, ACN financió 783 bicicletas, 280 coches, 166 motocicletas, once barcos, dos autocares y un camión.

El pleno del Congreso de los Diputados debatirá este jueves una enmienda a la totalidad presentada por el grupo parlamentario Vox al proyecto de ley de residuos y suelos contaminados para devolver al Gobierno el texto, que califica de «confuso» para ocultar sus verdaderos objetivos bajo una «jerga hipertécnica y una desmesurada regulación».

Además, el veto considera que el proyecto es «artificioso», dirigido a sostener «chiringuitos» y contra la libertad de mercado ya que propone un modelo que se caracterizará por mayor dirigismo estatal y supraestatal que supondrá más trabas burocráticas y más impuestos que afectarán al crecimiento económico.

Vox defenderá asimismo que el proyecto normativo incrementará la presión fiscal directa e indirecta algo que terminará repercutiendo en el bolsillo de los ciudadanos.

Igualmente, opina que «bajo el oropel retórico» de la sociedad del reciclado y la resiliencia se esconde la intención de mantener órganos burocráticos innecesarios, organismos y empresas sostenidas con dinero público, «chiringuitos» así como una conciencia social creada a base de campañas intencionadas que no evitan el daño sino que mercadean con él.

Con todo, Vox estima que la proposición de ley lesiona la libertad de mercado, graba repetidamente a empresas, autónomos que no es sino un «festival de intervencionismo y prohibiciones».

La enmienda para devolver el proyecto legislativo al Gobierno tiene pocos visos de salir adelante, y el texto pasará la próxima semana a la Comisión para la Transición Ecológica de la Cámara Baja.

Allí comenzará la próxima semana la ronda de comparecencias, 14 en concreto, que han sido propuestas por los grupos parlamentarios. El 28 de junio, comparecerán el director de la Fundación Fórum Ambiental y miembro de ESGREM (Asociación de Mancomunidades y Consorcios de Residuos supramunicipales), Leandro Barquín; el director general de la FIAB, Mauricio García de Quevedo; el director de Retorna, Miquel Roset; el cofundador del CIDEC, Luis Morales del Olmo y el alcalde de El Boalo, Cerceda y Mataelpino, Javier de los Nietos.

Al día siguiente, expondrán su posición sobre el proyecto normativo el director general de REPACAR, Manuel Domínguez; el responsable de residuos de Ecologistas en Acción y miembro de Alianza Residuo Cero, Carlos Arribas; el director general de residuos del Gobierno balear, Sebastián Sansó i Jaume; el postgraduado de la UPNA y la UPV, Joseba Sánchez; y el presidente del comité de gas renovable Sedigás, Germán Medina.

El miércoles, 30 de junio, cerrarán las comparecencias la directora general de Cicloplast, Isabel Goyena; la exdirectora de Gedesma, Nerea Alzola; el diputado foral de Guipúzcoa José Ignacio Asensio y el consultor ambiental Alberto Vizcaíno.

Según ha informado el diputado de UP Juan López de Uralde, presidente de la Comisión encargada de este proyecto de ley, tras las comparecencias se abrirá un plazo de enmiendas parciales, que calcula que se cerrará en septiembre y, ya en octubre se abrirá la ponencia para analizar y debatir el texto y sus enmiendas.

Con todo, confía en que «como pronto» el Congreso podrá aprobar la futura ley de residuos «en Navidad» pero reconoce que dada la complejidad de esta norma, «lo más probable» es que no esté definitivamente aprobada hasta la primavera de 2022.

La Asociación de Diseñadores de la Comunitat Valenciana (ADCV) y València Capital Mundial del Diseño 2022 (WDCV2022) lanzan la ‘Guía para la gestión y contratación de diseño’, con base en la plataforma online de acceso gratuito ‘contratardiseño.es’.

Se trata de una iniciativa «pionera en España, que se pone en marcha con el objetivo de ser herramienta de referencia para todo tipo de organizaciones, empresas, instituciones y Administraciones Públicas que necesitan de acompañamiento y orientación a la hora de hacer una adecuada gestión y contratación de servicios de diseño, así como convertirse en apoyo a los profesionales y estudios del sector en su relación con sus clientes», han explicado sus promotores en un comunicado.

La guía remarca que «llevar a cabo un proceso de contratación apropiado en diseño asegura un resultado único, eficaz y competitivo, acorde a las necesidades y valores de la entidad interesada».

El público destinatario de la plataforma es, principalmente, aquel con interés en conocer y contratar diseño. En ella se encuentran desde información básica (sobre qué es el diseño y qué aporta), hasta las dinámicas (cómo se contrata y cuánto cuesta); qué tipos de diseño se pueden contratar; las diferentes fórmulas de contratación; la legislación vigente en la materia; materiales descargables y artículos de profesionales referentes del sector como Xènia Viladàs, Nacho Lavernia y Manuel Lecuona. Cuenta con un apartado específico dedicado a los procesos de contratación pública.

Se recogen, asimismo, estudios y análisis que avalan la contribución del diseño a la innovación, competitividad e internacionalización de las organizaciones, casos de éxito reales de empresas que, ya sea de manera cualitativa o cuantitativa, comparten sus experiencias positivas con este sector, y enlaces de interés.

«EL DISEÑO CREA OPORTUNIDADES»

El presidente de la ADCV ha asegurado que «el diseño bien gestionado identifica y crea oportunidades de mejora y permite alcanzar eficazmente los objetivos marcados en cualquier sector, ya sea en el ámbito social, cultural o empresarial».

Además, ha indicado que «es capaz de generar innovación y transformar el sistema hacia un desarrollo sostenible», pero «no puede hacerlo solo, necesita de otras partes y del entendimiento para que la alianza pueda dar los mejores resultados». «Esta guía online para contratar diseño, uno de los proyectos estratégicos de la ADCV, quiere ayudar a ello», ha destacado.

«IMPORTANCIA ESTRATÉGICA»

Durante la presentación de la guía en el plató ‘The Sea’, del edificio Veles e Vents, el director general de València Capital Mundial del Diseño 2022, Xavi Calvo, ha insistido en «la importancia estratégica del diseño como valor transversal en la empresa, la industria y el ámbito institucional».

«Sabemos que poner el buen diseño en nuestras vidas la mejora. Poner el buen diseño en cualquier proyecto, y hacerlo de la forma correcta, lo hace crecer. La guía de contratación y gestión de diseño contribuye a difundir este mensaje y por ello esta plataforma, impulsada con los profesionales y empresas que respaldan la ADCV es uno de los ejes de acción de València como Capital Mundial del Diseño», ha señalado.

La plataforma web ha sido desarrollada por Copymouse, cooperativa de diseño con más de 10 años de trayectoria, «con un enfoque muy práctico y una navegación sencilla e intuitiva».

MANIFIESTO CONTRA LAS PRÁCTICAS ESPECULATIVAS

La plataforma cuenta con un apartado específico de denuncia y alerta sobre las prácticas especulativas en el sector, que incluye un manifiesto abierto a la adhesión de otras organizaciones y profesionales.

«El uso de prácticas especulativas, en las que se solicitan trabajos de diseño sin remuneración, perjudica directamente al sector creativo, pero, también, a quien las propone. La empresa u organización se arriesga a recibir un proyecto de dudosa garantía profesional, a un coste que puede acabar siendo mayor que el correspondiente a un encargo justo. Las decisiones erróneas no son ni fáciles ni baratas de revertir. Recomendamos contar con equipos y profesionales del diseño con quienes construir una relación laboral basada en la confianza y trabajo en equipo», se destaca en la plataforma.

Los ciudadanos pueden consultar el ‘Plan Estratégico de Salud y Medioambiente’, promovido por el Ministerio de Sanidad con el Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico, y presentar hasta el 23 de julio alegaciones, sugerencias y comentarios.

Este plan, que emerge de un documento técnico en el que expertos nacionales de primer nivel han realizado una evaluación del riesgo y sugerido líneas de intervención y objetivos prioritarios, pretende reducir la carga de enfermedades e identificar nuevas amenazas para la salud derivadas de factores ambientales. Asimismo, ha contado con la participación de los expertos de sanidad ambiental de las comunidades autónomas.

El Plan, disponible en la web del Ministerio de Sanidad y abierto a sugerencias, analiza factores de riesgo ambientales e identifica las directrices y las líneas de intervención a seguir. La evolución de estas líneas estratégicas se evaluará periódicamente, lo que servirá de base para generar Programas de Actuación con la descripción de las acciones prioritarias a desarrollar.

Las áreas temáticas, que corresponden a los factores de riesgo ambientales con mayor impacto en la salud, se agrupan en cuatro bloques. El primero es Cambio climático y salud, donde se encuentran riesgos del clima, temperaturas extremas, calidad del aire, calidad del agua y vectores transmisores de enfermedades.

El segundo, Contaminación, y aquí se encuentran productos químicos, residuos y contaminación industrial; el siguiente es radiaciones, que comprende radiactividad natural, campos electromagnéticos y radiación ultravioleta; y, finalmente, hábitat y salud: ruido ambiental y vibraciones, calidad de ambientes interiores y ciudades saludables.

«En el plan se han tenido en cuenta como ejes transversales las desigualdades y determinantes sociales de la salud, el enfoque de género o los aspectos económicos asociados al riesgo ambiental, entre otros. Los enfoques centrados en el tratamiento de enfermedades individuales son insuficientes para abordar los actuales desafíos sanitarios relacionados con el medioambiente», señala en un comunicado.

Por ello, añade, «el Plan ofrece una herramienta de gestión flexible ante la variabilidad de los retos ambientales y en salud. Esto resulta de suma importancia en un contexto que, como están poniendo de manifiesto la crisis climática y la emergencia sanitaria, exige el máximo grado de adaptabilidad en los instrumentos de planificación».

El Plan contará con un seguimiento a través de determinados indicadores, que evaluarán tanto el grado de cumplimiento del proyecto como la evolución de la exposición a los factores ambientales, incluyendo el efecto en la salud de la población.

Con todo ello se elaborará un informe periódico que servirá para programar las acciones prioritarias a desarrollar dentro de las líneas recogidas en el Documento Estratégico. Se especificará en detalle su justificación, ejecución, responsables, plazos, indicadores de evaluación y resultados esperados.

El Plan se enmarca en la Estrategia de Salud recogida en la Ley 33/2011 de Salud Pública y que viene amparada por el artículo 43 de la Constitución, que reconoce el derecho a la protección de la salud. El Documento Estratégico se encuentra disponible en la página web del Ministerio de Sanidad. Y se pueden remitir comentarios y alegaciones durante hasta el 23 de julio enviando el formulario disponible en la web al correo electrónico buzon-pesma@sanidad.gob.es.

El Comité Europeo de las Regiones (CoR por sus siglas en inglés) ha instado a la Comisión Europea y a los Estados miembro a intensificar la cooperación con los entes locales y regionales que desempeñan un papel «importante» a la hora de garantizar los derechos de la infancia y luchar contra la pobreza.

«Las regiones, ciudades y municipios tienen un papel importante que desempeñar en la lucha contra la pobreza y el abuso infantil, y un papel crucial en la prevención de la exclusión», ha indicado el ponente para la Estrategia de la UE sobre los Derechos del Niño y el Documento de Garantía del Niño y miembro del Ayuntamiento de Sastamala (Finlandia), Jari Andersson.

Así lo indica en el dictamen que ha elaborado para el Comité Europeo de las Regiones, en el que defiende que «todo niño debe tener derecho a un nivel de vida adecuado y a la igualdad de oportunidades desde una edad temprana», y apuesta por «fortalecer la inclusión socioeconómica de los niños para reducir la pobreza y la desventaja entre generaciones».

El dictamen, que fue aprobado este miércoles en la reunión de la Comisión de Política Social, Educación, Empleo, Investigación y Cultura (SEDEC) del Comité Europeo de las Regiones, insta a adoptar medidas específicas para garantizar el acceso a una educación de calidad, también para los niños de familias más desfavorecidas.

Asimismo, pide a la Comisión Europea y a los Estados miembro que aseguren que las iniciativas para cumplir con los objetivos de la estrategia de la UE sobre los derechos de los niños están debidamente financiadas, en particular, a través del Fondo Social Europeo.

Para Andersson, también es necesario garantizar que los niños puedan participar en decisiones que afectan a sus vidas y ser escuchados de una manera adecuada a su edad y madurez.

Igualmente, pide que los derechos de los menores sean salvaguardados en el sistema legal y que la detención durante los procesos migratorios sea utilizada como último recurso en casos excepcionales. El dictamen se presentará para su adopción en el pleno del Comité en octubre de 2021.

Por otra parte, la reunión de la comisión SEDEC también discutió sobre: la iniciativa Capital Europea de la Juventud, el papel de la educación y cultura en el fortalecimiento de los valores y la ciudadanía europeos, y la Plataforma europea de lucha contra el sinhogarismo.

El Comité Europeo de las Regiones (CoR por sus siglas en inglés) ha instado a la Comisión Europea y a los Estados miembro a intensificar la cooperación con los entes locales y regionales que desempeñan un papel «importante» a la hora de garantizar los derechos de la infancia y luchar contra la pobreza.

«Las regiones, ciudades y municipios tienen un papel importante que desempeñar en la lucha contra la pobreza y el abuso infantil, y un papel crucial en la prevención de la exclusión», ha indicado el ponente para la Estrategia de la UE sobre los Derechos del Niño y el Documento de Garantía del Niño y miembro del Ayuntamiento de Sastamala (Finlandia), Jari Andersson.

Así lo indica en el dictamen que ha elaborado para el Comité Europeo de las Regiones, en el que defiende que «todo niño debe tener derecho a un nivel de vida adecuado y a la igualdad de oportunidades desde una edad temprana», y apuesta por «fortalecer la inclusión socioeconómica de los niños para reducir la pobreza y la desventaja entre generaciones».

El dictamen, que fue aprobado este miércoles en la reunión de la Comisión de Política Social, Educación, Empleo, Investigación y Cultura (SEDEC) del Comité Europeo de las Regiones, insta a adoptar medidas específicas para garantizar el acceso a una educación de calidad, también para los niños de familias más desfavorecidas.

Asimismo, pide a la Comisión Europea y a los Estados miembro que aseguren que las iniciativas para cumplir con los objetivos de la estrategia de la UE sobre los derechos de los niños están debidamente financiadas, en particular, a través del Fondo Social Europeo.

Para Andersson, también es necesario garantizar que los niños puedan participar en decisiones que afectan a sus vidas y ser escuchados de una manera adecuada a su edad y madurez.

Igualmente, pide que los derechos de los menores sean salvaguardados en el sistema legal y que la detención durante los procesos migratorios sea utilizada como último recurso en casos excepcionales. El dictamen se presentará para su adopción en el pleno del Comité en octubre de 2021.

Por otra parte, la reunión de la comisión SEDEC también discutió sobre: la iniciativa Capital Europea de la Juventud, el papel de la educación y cultura en el fortalecimiento de los valores y la ciudadanía europeos, y la Plataforma europea de lucha contra el sinhogarismo.

La empresa pública Mercasa ha presentado en la pieza por las mordidas que presuntamente algunos de sus exdirectivos cobraron en Angola que va a juzgarse en la Audiencia Nacional un escrito de acusación solicitando una indemnización de 26 millones de euros a los acusados. Se da la circunstancia de que la entidad también se encuentra acusada en esta causa como persona jurídica.

Anticorrupción ha presentado este miércoles escrito de conclusiones provisionales contra 17 personas, la empresa pública Mercasa y otras tres mercantiles por las irregularidades en los contratos suscritos entre 2006 y 2016 para la construcción de un mercado mayorista en Luanda (Angola) mediante el pago de mordidas a autoridades y funcionarios de aquel país y la apropiación de una parte de los fondos

Según una nota emitida por la entidad los directivos afectados por las investigaciones o bien no formaban parte de Mercasa al tiempo de iniciarse la investigación, o han dejado de pertenecer a la empresa una vez ha sido conocida su situación procesal.

Desde la compañía se defiende que desde el inicio de la instrucción de este asunto, a empresa y el equipo directivo al frente de Mercasa , está prestando una colaboración plena en la investigación de los hechos investigados. Ello ha llevado al Juzgado Central de Instrucción número 5, que es el que ha instruido la causa, a permitir simultanear excepcionalmente dos posiciones procesales en principio antagónicas como son la de investigada y al tiempo perjudicada.

Añaden que desde 2017 la empresa «ha profundizado un programa de medidas de Gobierno Corporativo que incluye una auditoría de riesgos penales, una revisión del Plan para su Prevención, así como una revisión de la estructura organizativa». Así, se ha dotado de nuevos procedimientos y órganos de Gobierno Corporativo para la Prevención de Riesgos Penales.

A los 17 procesados, Mercasa y otras tres empresas implicadas les acusa de delitos de corrupción en las transacciones comerciales internacionales, falsedad documental continuada, malversación de caudales públicos continuada, blanqueo de capitales y organización criminal, según la nota hecha pública este miércoles por el Ministerio Público.

Las penas de prisión solicitadas a las personas físicas son de 6 años por el delito de corrupción en las transacciones comerciales internacionales; 8 años para los autores y 3 años y 6 meses para los cooperadores, por el delito de malversación; 3 años por el delito de blanqueo de capitales; 5 años por el delito de falsedad y, finalmente, 6 años por el delito de organización criminal, además de las correspondientes multas y decomiso. A las personas jurídicas se le solicitan distintas penas de multa.

La instrucción de esta causa concluyó a finales de noviembre de 2019, cuando el que fuera entonces titular del Juzgado Central número 5, José de la Mata, finalizó la investigación de esta pieza separada del denominado ‘caso Mercasa’.

Entre las personas que el juez consideró que debían ser juzgadas están varios directivos como María Jesús Prieto Jiménez, los hermanos Francisco Javier y José Manuel Pardo de Santa yana o el empresario José Herrero de Engaña, sobrino de Ignacio López del Hierro, marido de la ex secretaria general del POP María Dolores de Cos pedal. También están las sociedades que formaban parte de CÓMIC, un consorcio de empresas españolas que habría pagado más de 20 millones de euros en comisiones ilegales.

CONTRATOS EN ANGOLA Y DOMINICANA

A juicio de la Fiscalía, la instrucción judicial ha permitido acredita la comisión de un posible delito de corrupción internacional en los negocios cometido por la empresa pública española Mercasa, y por las empresas con las que se asoció a través de una empresa aparente como era el consorcio establecido con ellas, creado en 2002 con la única finalidad de interponer una organización jurídica para conseguir contratos públicos en la república Dominicana y Angola.

En el curso de la investigación se han analizado los contratos públicos celebrados por las empresas españolas con el gobierno angoleño durante los años 2006 a 2016 para la construcción de un mercado mayorista de alimentos en Luanda (Angola), proyecto de «llave en mano» denominado CLOD, concluyendo que existen relevantes indicios de que los administradores de las citadas empresas pagaron comisiones ilícitas a las autoridades y funcionarios públicos de Angola que participaron en la contratación y ejecución de esos contratos para conseguir las correspondientes adjudicaciones en ese país.

La suma de estos contratos públicos ascendió a un importe superior a 500.000.000 dólares aunque lo cobrado por estas empresas durante esos diez años de actividad comercial fue de unos 200.000.000 euros.