La Fiscalía de Área de Gijón solicita una condena de cinco años de prisión para un acusado de estafar más de 210.000 euros a la suegra de su hermana. La vista oral está señalada para este jueves, 22 de julio, en la Sección Octava de la Audiencia Provincial, con sede en Gijón, a las 10.00 horas.

El Ministerio Fiscal sostiene que el acusado convenció a la víctima, a la que unía una relación de confianza ya que era hermano de su nuera, y además le hacía desde hacía años la declaración de la renta, para que abriera tres cuentas bancarias para, a través de Internet, llevar a cabo la compra y venta de acciones y otros productos financieros, y el traspaso entre ellas el dinero obtenido de dichas operaciones.

Según el relato fiscal, la víctima tenía plena confianza en el acusado, al que consideraba una persona seria y mucho más capacitada que ella en el ámbito financiero. La víctima no solo accedió a la apertura de las cuentas siguiendo las indicaciones del acusado, sino que, basándose en la ausencia absoluta de dudas sobre la integridad del mismo, le facilitó las claves precisas para que él pudiera invertir su dinero por Internet.

El acusado comenzó a realizar la compra y venta de productos financieros en nombre de la víctima, viendo con el paso del tiempo que la mujer ejercía un nulo control sobre sus operaciones y que se daba por satisfecha con la información verbal que le suministraba. Así, decidió abusar de la facilidad que le reportaba su posición para enriquecerse.

De esta forma, el acusado solicitó la emisión de dos tarjetas de crédito en nombre de la víctima, sin su conocimiento, y pidió vía Internet tres préstamos, entre febrero y mayo de 2017: el primero, por importe de 24.000 euros; el segundo, por 19.000 euros; y el tercero, por importe de 18.000 euros. Para la concesión de estos préstamos no se exigía ni firma ni presentar documentación alguna, al considerar la entidad bancaria al supuesto solicitante un cliente solvente.

A partir de ahí, el acusado, desde enero de 2017 a mayo de 2018, sirviéndose de las tarjetas y de las claves que poseía para operar con las cuentas, realizó traspasos de dinero, extrajo dinero en cajeros, efectuó pagos y compras, todo ello por importe de 210.695 euros, hasta vaciar progresivamente las cuentas.

El descubierto que esto generó y el que no se pudiera hacer frente a los pagos de los préstamos provocó que la entidad bancaria se pusiera en contacto con la víctima, que hasta ese momento desconocía lo que estaba sucediendo.

La Fiscalía considera que los hechos son constitutivos de un delito continuado de estafa y solicita que se condene al acusado a 5 años de prisión, inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena y multa de 10 meses, con una cuota diaria de 30 euros y una responsabilidad personal subsidiaria en caso de impago de un día de privación de libertad por cada dos cuotas impagadas.

En concepto de responsabilidad civil, el Ministerio Fiscal solicita que el acusado indemnice a la víctima con 210.695 euros, más los intereses legales correspondientes y el abono de las costas procesales.

El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) incluye en el orden del día del Pleno que celebra mañana jueves su informe sobre el último proyecto legislativo del ya ex ministro de Justicia Juan Carlos Campo, la Ley de Eficiencia Procesal, de la que cuestiona su carácter coyuntural vinculado a la situación de crisis sanitaria.

El borrador del informe que se discutirá mañana, cuestiona la idoneidad de unas medidas de reforma adoptadas a la vista de la situación generada por el coronavirus y que, no obstante, se articulan con vocación de generalidad y permanencia.

El informe que se discutirá recuerda que el legislación ya dotó ordenamiento jurídico de instrumentos normativos para hacer frente a la pandemia por covid e insiste en la necesidad de que las leyes partan de un examen más sosegado.

El Anteproyecto de Ley de eficiencia procesal se incluye en la agenda 2030 para la Justicia y contiene medidas para adaptar la labor de los juzgados al "mundo digital", tales como la videoidentificación y medios alternativos para la resolución de conflictos que permitan 'desatascar' los tribunales.

Para el CGPJ, a falta de conocerse si este dictamen obtiene la aprobación de la mayoría del Pleno, la reflexión sobre la idoneidad de las medidas dispuestas es tanto más necesaria cuanto por medio de ellas se establecen presupuestos o requisitos de procedibilidad que condicionan el ejercicio del derecho a la tutela judicial.

También se cuestiona en el informe la referencia a la incorporación de los nuevos valores de interdependencia, de solidaridad y de humanismo en la norma, cuyo objetivo se aventura que es para introducir la idea de la responsabilidad de la ciudadanía y su contribución a la sostenibilidad del servicio público de Justicia.

Así, según el autor del informe que se somete a debate, se diseña un régimen de solución de conflictos previo a la jurisdicción, que queda en un segundo escalón, con el riesgo de ver degradada su función constitucional, cuya relevancia se relativiza.

INTRODUCCIÓN DE LA TECNOLOGÍA

Tampoco la potenciación del uso de las tecnologías debería desplazar tales principios, apunta el informe, sino que deberían convivir armónicamente, en adecuado y ponderado equilibrio, de forma que la tecnología sirva a los fines del proceso, pero no constituya ni configure el proceso mismo.

En otro orden de cosas, la técnica normativa es mejorable, según el borrador del informe. El prelegislador ha optado por introducir las reformas en las leyes de procedimiento a través de artículos de la ley anteproyectada, en vez de hacerlo por medio de disposiciones finales mediante las que se introduzcan las modificaciones en las respectivas leyes procesales, a juicio del análisis realizado.

Además, el informe echa en falta una mayor presencia del criterio de este órgano de gobierno del Poder Judicial a la hora de articular normativamente las medidas de agilización procesal en aras a dotar al sistema de Justicia del grado de eficiencia, eficacia y efectividad que se propugna desde la norma proyectada.

El bróker Javier Biosca, acusado de ser el cabecilla de una estafa con criptomonedas que habría dejado cientos de afectados y más de cien millones de euros estafados, declarará este jueves como imputado ante el juez de la Audiencia Nacional Alejandro Abascal.

Biosca debía haber comparecido presencialmente el 15 de julio, para lo cual Abascal ordenó que fuera trasladado desde la cárcel de Alhaurin de la Torre (Málaga), donde se encuentra desde el pasado 8 de julio. Sin embargo, su declaración tuvo que suspenderse por circunstancias de la defensa, aplazándose al día 22.

Este mismo jueves se espera que se resuelva también sobre la situación de libertad de su mujer, Paloma Gallardo, y del hijo de la pareja, Sergio Biosca Gallardo, acusados de los mismos delitos que el bróker, una larga lista que va desde estafa a blanqueo de dinero pasando por apropiación indebida.

La mujer y el hijo están señalados como parte implicada en la estafa con un rol concreto: supuestos captadores. Sin embargo, en su declaración judicial del pasado viernes, ambos aseguraron que desconocían a qué se dedicaba Biosca y que nunca participaron en sus negocios.

Biosca fue detenido el 6 de junio en la provincia de Málaga en relación con otro asunto y dos días después compareció por videoconferencia ante el juez Santiago Pedraz, entonces a cargo de dicho juzgado.

Pedraz ordenó el ingreso en prisión provisional del bróker para evitar que pudiera fugarse, que destruyera pruebas o que pudiera contactar con los perjudicados, de acuerdo con las fuentes jurídicas consultadas el día de la vistilla.

CHIRINGUITO FINANCIERO

La Audiencia Nacional comenzó a investigar este asunto a raíz de las querellas presentadas por particulares y por la Asociación de Afectados por las Inversiones en Bitcoins --representada por el bufete de Emilia Zaballos-- contra el 'clan' Biosca y Algoritmhmics Group, la empresa creada por el bróker con la que se habría perpetrado la estafa.

En la querella de esta asociación, que calcula que habría unos 300 afectados y más de 100 millones de euros estafados, se detalla que Biosca y su familia crearon un negocio dedicado a las inversiones en criptomonedas en 2019 pero que carecía de todo tipo de autorizaciones, dado que no estaba inscrito, por ejemplo, en la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

Tras montar ese chiringuito financiero comenzaron a captar clientes que debían entregar su dinero a Biosca, quien garantizaba una rentabilidad del 20 o del 25 por ciento semanal --al menos al inicio--. Dado que los primero inversores comenzaron a recibir beneficios, se corrió la voz entre familiares y amigos y el negocio pasó rápidamente de 30 a 500 inversores.

Pero con la llegada de la pandemia de coronavirus y el confinamiento se produjeron los primeros incumplimientos. Biosca dejó de pagar a casi todos los inversores, lo que contribuyó a extender la desconfianza en este producto financiero. A finales de octubre de 2020 Algoritmhmics Group dejó de hacer abono de cantidad alguna.

La pandemia ha consolidado la elevada valoración social de la familia en España pero también ha reforzado comportamientos que limitan la reproducción familiar, según el último número de 'Panorama Social', revista editada por Funcas, que aborda las múltiples dimensiones de la sociedad afectadas por la pandemia.

Así, Luis Garrido y Elisa Chuliá muestran en su artículo que el porcentaje de mujeres de 20 a 34 años que viven en pareja ha caído a su nivel más bajo (desde que existen registros de estos datos): en el año de la pandemia --los cuatro trimestres comprendidos entre el segundo trimestre de 2020 y el primero de 2021-- se sitúa en el 31%, diez puntos porcentuales menos que en 2000.

Los autores también llaman la atención sobre el descenso de la natalidad y la fecundidad. Así, el número de hijos por mujer cae sostenidamente desde 2016, alcanzando desde 2018 los niveles más bajos de la historia: en 2020, la tasa de fecundidad de las españolas se situó en 1,12, y la de las extranjeras, en 1,45. Las primeras han vistodescender su tasa de fecundidad un 12,5% entre 2016 y 2020; las segundas, un 15,7%.

No fue hasta el pasado mes de marzo de 2021 cuando los nacimientos se recuperaron en España, con 29.260, la cifra más alta desde octubre de 2020 y con la que se ponía fin a los mínimos registrados los tres meses anteriores, cuando no se superaron los 25.000 nacimientos, según la Estimación mensual de nacimientos publicada por el Instituto Nacional de Estadística (INE). Aunque el número de nacimientos presenta desde hace ya varios años una constante tendencia a la baja, el descenso se acentuó los nueve primeros meses después del confinamiento de la población española, durante el primer estado de alarma por la Covid-19.

Según los autores, muchos de los potenciales progenitores renuncian, por diversas razones, a la posibilidad de reproducirse, una renuncia que se concreta en la anticoncepción pero, cuando este recurso no se hace efectivo, se traduce en interrupciones voluntarias del embarazo.

A este respecto, en 2019, por cada 1.000 nacimientos, se produjeron 275 interrupciones (entre las mujeres jóvenes menores de 30 años, la cifra es significativamente más alta). En 2019, el número de interrupciones voluntarias del embarazo (99.149) fue 3,12 veces mayor que el número de bebés nacidos por reproducción asistida (31.756, de los casi 150.000 ciclos reproductivos realizados).

Mientras la pandemia ha reforzado las pautas descendentes de la convivencia en pareja de las jóvenes, la natalidad y la fecundidad, ha revertido las pautas de mortalidad e inmigración. Así lo muestran Albert Esteve, Amand Blanes y Andreu Domingo, según los cuales la mortalidad y las migraciones internas "dejarán probablemente una huella limitada por su carácter coyuntural".

No obstante, añaden que la pandemia ha interrumpido la tendencia ascendente de la esperanza de vida, reduciéndola en casi un año de vida media para hombres y mujeres en 2020. Con datos todavía provisionales, la esperanza de vida al nacer se estima para el año 2020 en 79,6 años en los hombres y 85,1 años en las mujeres, lo que supone un "retorno" a las cotas observadas en 2013 para ellos y en 2010 para ellas.

El número 33 de Panorama Social incluye también numerosos datos sobre el impacto de la COVID en el mercado de trabajo, como las horas de trabajo perdidas durante la pandemia. En concreto, en el primer trimestre de 2021, se perdieron 47 millones de horas de trabajo semanales respecto al mismo trimestre de 2019, una cifra muy elevada que representa en torno a una cuarta parte de las horas perdidas en el segundo trimestre de 2020 (172 millones), según el artículo de Miguel Ángel Malo.

FALTA DE CONCILIACIÓN Y OTRAS DESIGUALDADES

Por otro lado, los artículos de Olga Salido e Israel Escudero-Castillo ponen de relieve el impacto de la pandemia sobre el empleo de las mujeres: el trabajo a distancia o teletrabajo fue utilizado con mayor intensidad por las mujeres durante el confinamiento. Casi la mitad de las mujeres ocupadas (48%) teletrabajó durante el confinamiento (frente al 44% de los hombres ocupados).

Este hecho puede ser interpretado como una ventaja para ellas, pero diversas evidencias apuntan a que el teletrabajo les generó más problemas de conciliación (sobrecarga de tareas domésticas y de cuidado) y estrés psicológico que a los hombres. Es posible afirmar, por tanto, que las mujeres se beneficiaron en mayor medida de la posibilidad del teletrabajo, pero también sufrieron más sus inconvenientes, según los autores.

Otro tipo de desigualdades también cobran importancia a la hora de analizar el impacto social de la pandemia, concretamente las relativas a los recursos de las residencias de mayores.

Partiendo de la situación que el coronavirus provocó en estos centros en 2020, Julia Montserrat estima en su artículo que, dada una ratio actual personal/usuario de 0,27 en el conjunto de centros residenciales para personas mayores (27 trabajadores por cada 100 residentes), las residencias de mayores en España precisarían aumentar el número de empleos entre 21.000 y 50.000 para ajustar los ratios de personal entre un mínimo de 32 y un estándar de 41 trabajadores por cada 100 residentes. Además, solo dos comunidades alcanzaron o superaron en 2019 el estándar de 0,41: Comunidad Valenciana (0,48) y La Rioja (0,41).

Por otro lado, dos artículos analizan los cambios en la opinión sobre las instituciones políticas durante la pandemia. El artículo de María Miyar-Busto y Francisco Javier Mato-Díaz pone de manifiesto cierta recuperación de la confianza en la Unión Europea, deteriorada durantela última década mientras que el de Marta Fraile y Mónica Méndez analizan cómo ha evolucionado durante la pandemia la confianza de los españoles en las instituciones nacionales y quienes las encabezan.

Las autoras constatan que, si bien la irrupción de la pandemia trajo consigo un incremento de la confianza en el presidente del Gobierno,el líder de la oposición y las principales instituciones políticas, este efecto no ha persistido en el tiempo y creen que se ha perdido una oportunidad para mejorar un indicador de calidad de la democracia en España, que presenta niveles muy bajos.

Los españoles han duplicado en los últimos diez años las cifras de reciclaje de envases plásticos domésticos, hasta alcanzar en 2020 las 616.282 toneladas, una cifra similar a la del año anterior, aunque durante año marcado por el COVID-19 se redujo un 2,1 por ciento el consumo de este tipo de envases, según el informe anual de Cicloplast, la entidad que agrupa a productores y transformadores del plástico.

La cifra indica que cada ciudadano recicló 13,1 kilogramos de envases plásticos en el hogar durante el ejercicio de 2020, lo que sitúa a España en los primeros puestos de Europa, solo por detrás de República Checa y por delante de países "con fama de más recicladores" como Suiza o Reino Unido, pero que finalmente destinan gran parte de sus envases a valorización energética.

Así lo ha expuesto la directora general de Cicloplast, Isabel Goyena, en una rueda de prensa en la que ha indicado que estos datos, de la European Plastic Recycling and Recovery Organization (EPRO) precisan que en Reino Unido la tasa de reciclaje es de 8,4 kilogramos por habitante; en Suiza 6,9 kilogramo por habitante y Noruega, 6,7 kilogramos por habitante.

A nivel interno, destaca que Valencia, con 16,2 kilogramos; Cataluña, 14,3 kilogramos; Andalucía, 14,3 kilogramos; Murcia, 13,8 kilogramos y País Vasco, 13,1 kilogramos, son las comunidades autónomas que lideran las primeras posiciones. En total, ha afirmado que en España se reciclaron 868.015 toneladas de envases de plástico domésticos, comercial e industrial.

Para Goyena, los datos reflejan un cambio de tendencia en las vías por las que se recogen los envases por el impacto del COVID-19, ya que fueron los hogares los que más envases aportaron al contenedor amarillo, ya que pasaron más tiempo en casa y por la mayor concienciación ambiental lograda durante el pasado año. De hecho, ha afirmado que el uso del contenedor amarillo por los hogares creció un 8,5 por ciento en 2020 respecto a 2019.

Al estar cerrada durante buena parte del tiempo, la restauración no aportó tanta actividad, ya que no distribuyó este tipo de envases ni generó el mismo volumen de residuos. También se redujo la aportación de las recogidas que habitualmente se realizan fuera del hogar con gran concurrencia, como los eventos o las actividades deportivas, que también fueron a menos o incluso cancelaron.

Goyena ha asegurado que desde 2019, España ha superado el objetivo de reciclado de envases de la Unión Europea para 2025 (50%), ya que si se tiene en cuenta todos los envases de plástico: domésticos, comerciales e industriales, se ha alcanzado el 51,5 por ciento de índice de reciclado. De todas formas, ha dicho que el reto está en lograr el próximo objetivo --reciclar el 55 por ciento de los envases en 2030-- porque "parece fácil", pero "cada punto es difícil de conseguir".

Por tercera vez consecutiva, la cifra de toneladas de plásticos de reciclado de todas las aplicaciones (no solo envases) supera a las que se depositan en vertedero, es decir que en la actualidad ya se recicla más plástico del que va a vertedero.

Respecto al número de toneladas recicladas de plástico, ha apuntado que llega a más de 1.100.000 toneladas, es decir el 43 por ciento de todo el material, de acuerdo con el informe anual estadístico que realiza Ciclopast junto con la Asociación Nacional de Recicladores de Plásticos (Anarpla).

Por otro lado, se ha referido al destino de estos envases de plástico que van al contenedor amarillo. Así, ha comentado que en primer lugar se dirigen a las 97 plantas de clasificación que hay en España, automatizadas al 75 por ciento y en las que se obtiene un nivel de efectividad del 90 por ciento, algo que admite que "habrá que mejorar para obtener mayor calidad de las balas seleccionadas". Desde allí, estos residuos se dirigen a los recicladores autorizados, que suman en el conjunto el país una capacidad de reciclado de un millón de toneladas. "España es el primer país en capacidad instalada para reciclar todos los polímeros per cápita de la UE", ha apostillado.

Con todo, ha subrayado que si se tiene en cuenta todos los residuos, 122 millones de toneladas de todas las tipologías, los plásticos apenas supone 2,6 millones de toneladas, el 2 por ciento del total de residuos.

Para Goyena el problema en España no está en el reciclado, ya que está 10 puntos por encima de la media de Europa sino que donde se "falla" respecto a otros países es en vertedero, que en otros países "sustituyen" por valorización. Sin embargo, ha puntualizado que el destino a vertedero se ha reducido en los últimos años y hace tres ejercicios que se invirtió la tendencia, de modo que ya se recicla más de lo que acaba en el basurero.

LEY DE RESIDUOS, PERJUDICIAL PARA LA INDUSTRIA

Durante la rueda de prensa, Goyena ha advertido de que al sector le preocupa "mucho" porque es "perjudicial para la industria" el impacto del impuesto que propone el Gobierno en la ley de residuos y suelos contaminados de 0,45 euros por kilogramo para los envases plásticos domésticos, comerciales e industriales, que se sumará a los 0,98 euros por kilogramo del pago del punto verde --para la gestión--. Todo esto conllevará la pérdida de 30.000 empleos en los próximos años, según cálculos de la industria.

La representante de Ciclopast ha explicado que la plataforma de los Plásticos, EsPlásticos, ya ha conversado con casi todos los grupos parlamentarios para exponerles su punto de vista respecto al proyecto de ley al que presentarán una serie de alegaciones este mismo verano, de cara a su próxima tramitación parlamentaria.

"Queremos que la economía circular y sus objetivos se vinculen a los de reciclaje. Esta ley va a afectar de forma importante al sector", insiste Goyena que, además alerta de que la ley va a provocar la sustitución de materiales por otros "no tan eficientes" energéticamente lo que afectará a la competitividad de la industria española.

Por ello, en sus alegaciones solicitarán la anulación del impuesto algo que califica de "medida política" y, en caso de que eso no sea posible, "al menos" esperan que se puedan acoger a exenciones los envases industriales y comerciales así como a los plásticos de origen renovable.

"Nosotros teníamos una hoja de ruta para ir hacia la economía circular de los plásticos, pero ahora estas acciones pueden ir en contra de la industria", comenta Goyena que precisa que el sector está centrado en el ecodiseño, en mejorar los sistemas de reciclado, en la lucha contra el abandono de plásticos y en la educación ambiental.

"Somos los primeros interesados en acabar contra el 'littering', que perjudica la imagen de los plásticos, pero su prohibición no es la solución: esto es un gran problema de educación", ha concluido.

La Comunidad Valenciana ha notificado 3.015 casos nuevos de coronavirus confirmados por prueba PCR o a través de test de antígenos desde la última actualización, 903 más que el día anterior. Además, se han confirmado dos nuevas muertes por la pandemia.

La cifra total de positivos se eleva a 439.821 personas. Por provincias, 392 nuevos contagios se corresponden a Castellón (45.394 en total); 789 en Alicante (157.839 en total); y 1.834 en Valencia (236.586 en total). El total de casos no asignados se mantiene en 2.

Por otra parte, se han registrado dos fallecimientos en los últimos siete días, por lo que el total de decesos desde el inicio de la pandemia se sitúa en 7.473: 809 en la provincia de Castellón, 2.850 en la de Alicante y 3.814 en la de Valencia.

Los hospitales valencianos tienen, actualmente, 525 personas ingresadas, ocho menos que ayer: 57 en la provincia de Castellón, 4 en UCI; 81 en la provincia de Alicante, 11 de ellos en la UCI; y 387 en la provincia de Valencia, 57 de ellos en UCI.

Desde la última actualización se han registrado 1.830 altas a pacientes con coronavirus. De esta forma, el número de personas que han superado la enfermedad desde que comenzó la pandemia en la Comunidad Valenciana asciende a 417.571 personas. Por provincias, las altas se distribuyen así: 43.305 en Castellón, 152.303 en Alicante y 221.904 en Valencia. El total de altas no asignadas se mantiene en 59.

De acuerdo con los datos registrados, en estos momentos hay 26.239 casos activos, lo que supone un 5,81% del total de positivos.

VACUNACIÓN

Un total de 3.034.293 personas, el 67,6% de la población a vacunar, han recibido ya una dosis de la vacuna contra el coronavirus en la Comunidad Valenciana.

Además, en estos momentos, cuentan con la pauta completa de inmunización (dos dosis para Pfizer, Moderna y AstraZeneca; y la monodosis de Janssen) 2.478.635 personas. Por provincias: 291.629 en Castellón, 892.244 en Alicante y 1.294.762 en Valencia.

El cardenal arzobispo de Valencia, Antonio Cañizares, ha advertido este miércoles, en alusión a Cuba, sobre "la gran mentira que envuelve el marxismo, a su fracaso, porque rompe la unidad", y ha señalado que "en España también tenemos ideologías totalitarias y parece que estamos ciegos porque nos van a llevar al fracaso".

Así se ha pronunciado en su intervención al presidir la clausura del curso de verano 'La Monarquía Española: tradición y futuro', organizado por la Universidad Católica de Valencia (UCV) y la Universidad Cardenal Herrera (CEU). También ha participado el emxinistro Jaime Mayor Oreja.

Durante su dircurso, el cardenal Cañizares ha apelado a "un concepto prepolítico, la unidad, donde están incluidos tantos aspectos como el respeto, la libertad, la convivencia". Según ha indicado la UCV en un comunicado, precisamente Cañizares ha publicado este miércoles una tribuna sobre Cuba donde se ha referido a "la gran mentira que envuelve el marxismo, a su fracaso, porque rompe la unidad".

Al respecto, Cañizares ha señalado en su parlamento que "en España también tenemos ideologías totalitarias y parece que estamos ciegos porque nos van a llevar al fracaso". "Y me remito a datos históricos", ha advertido.

En este sentido, ha expresado públicamente su adhesión a la unidad de España y a la Corona, reconociendo que "su papel siempre ha sido decisivo, sobre todo el de sus dos últimos reyes, don Juan Carlos y don Felipe". "Me siento orgulloso de pertenecer a este gran pueblo que es España, también de nuestra lengua", ha señalado.

Además, ha aseverado: "Hay que apreciar lo que somos, pues la ideología marxista desprecia lo que somos, una gran nación con un gran proyecto. Hay que caminar con futuro y con esperanza".

MAYOR OREJA

Por su parte, Jaime Mayor Oreja ha anunciado un proyecto de la sociedad civil de movilización, que ofrece una alternativa cultural: "Lancemos una brújula en los próximos meses, una alternativa cultural en los fundamentos que se atacan con especial saña en España; hay que hacer un esfuerzo de movilización, no sólo frente a los indultos, sino por el reemplazo de un orden social por otro".

Así, en su opinión, hay que combatir la tendencia política "que trata no sólo de destruir un régimen constitucional; se trata de un proyecto de ingeniería social que tiende a cambiar la mentalidad de las personas. Lo que tenemos no son políticos, sino inventores, que quieren cambiar la biología, la identidad, el país". "Su ceguera la envuelven en un supuesto progresismo, y el silencio de los demás es su principal cómplice", ha apostillado.

"¿Qué se está enfrentando a nuestros fundamentos? ¿Y por qué esta actuación del socialismo si en estos cuarenta años de democracia la izquierda ha gobernado más que la derecha?. El partido socialista se ha transformado y no combate sólo la Iglesia o la Corona, sino a la familia. Por eso son tan importantes estos cursos, porque tenemos que acabar con la resignación y el silencio. Han aprobado cinco leyes terribles en cuatro meses", ha subrayado Mayor Oreja.

Por su parte, el rector de la UCV, José Manuel Pagán, ha hecho hincapié en la importancia de que universidades como las organizadoras del curso, "que comparten misión, visión e identidad", ofrezcan "una alternativa cultural fundamentada en el pensamiento clásico y cristiano que descanse en conceptos como el de persona, la verdad o el bien común".

En el cierre del seminario ha intervenido igualmente, EL rector de la Universidad Cardenal Herrera CEU, Vicente Navarro de Luján, para apelar a la misión universitaria: "Hace ya muchos años, un gran catedrático, García Morente, pronunciaba una conferencia que luego se publicó, donde se preguntaba por las funciones de la Universidad. Señalaba la necesidad de que no fuera un gueto sin conexión con las preocupaciones sociales; por eso en estos momentos, que nuestras universidades hayamos tomado estos dos temas es el reflejo de nuestra voluntad de estar en relación constante con la realidad social".

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha señalado este miércoles que los delitos de odio contra el colectivo LGTBI han bajado un 22% respecto al año anterior y ha afeado a Más Madrid que reivindique figuras históricas "homófobas".

Durante el Pleno del Ayuntamiento, el regidor madrileño ha explicado que "las circunstancias y denuncias relativas a agresiones por razones de odio a la comunidad LGTB han bajado un 22% respecto a 2019" según los datos facilitados por la Policía Municipal y ha puesto en valor que el Ayuntamiento de la capital "es el único de España con un programa de seguimiento y atención a víctimas de delitos LGTBI".

Así ha respondido a preguntas de la portavoz de Más Madrid, Rita Maestre, sobre las actuaciones que tiene pensado llevar el Consistorio "para evitar la escalada de agresiones a personas LGTBI en la ciudad de Madrid".

"Proceden ustedes --Más Madrid-- de una cierta tradición homófoba o reivindican iconos políticos homófobos", ha dicho refiriéndose a modelos como el Ché Guevara, Salvador Allende, Evo Morales o Nicolás Maduro. "¿Por qué no denuncia a la actual fiscal general del Estado --Dolores Delgado-- que se permitió llamar 'maricón' al ministro del Interior --Fernando Grande-Marlaska--?", se ha preguntado.

Ambos se han enzarzado en un debate a cuenta de unos mensajes en la red social Twitter sobre una agresión homófoba registrada en Huelva. Maestre ha colgado un mensaje sobre esta pregunta para conocer la línea de actuación del alcalde en este sentido y ha ilustrado el mismo con una información sobre lo sucedido a un camarero en la citada provincia andaluza.

"Cuando hay un asesinato en A Coruña --el de Samuel Luiz--, acusa al alcalde de Madrid, y cuando hay una agresión Huelva, acusa al alcalde Madrid", ha señalado Martínez-Almeida, al que la portavoz de Más Madrid ha recriminado "su frivolidad y falta de empatía" con el colectivo al responder a este comentario con un "chiste" y no con una condena de los hechos.

En cualquier caso, ha acusado a Maestre de usar la causa LGTBI como "la excusa, la bandera en la que se envuelve, no para proteger sus derechos sino para ejercer política de confrontación contra todos aquellos" que no comparten sus postulados.

"Para usted la diversidad consiste única y exclusivamente en la política de la sumisión al modelo único de pensamiento", le ha recriminado. Asimismo, le ha recordado otros testimonios en prensa que hablan de Madrid "como oasis" para el colectivo LGTBI.

Por su parte, la portavoz de Más Madrid ha censurado al alcalde por su falta de apoyo a este colectivo, sobre el que las agresiones han aumentado un 68% en tres años y con un 42% de ellas registradas en Madrid.

"¿Dónde estaba el alcalde en la manifestación?" de repulsa por la muerta de Samuel al grito de "maricón", se ha preguntado Maestre para recordar que el regidor estaba en una corrida de toros en Las Ventas. "Ni una muestra de emoción o empatía", le ha afeado.

El titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Santiago, Andrés Lago, ha acordado la apertura de juicio oral contra el maquinista del Alvia siniestrado en Angrois el 24 de julio de 2013 y para el que era el director de Seguridad en la Circulación de Adif en el momento de puesta en funcionamiento de la línea.

Según informa el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG), Lago ha dado por formuladas las acusaciones contra ambos por si los hechos que se les imputan fuesen constitutivos de 80 delitos de homicidio por imprudencia grave profesional, de 145 de lesiones por imprudencia grave profesional y de un delito de daños.

La Fiscalía solicita para cada uno de ellos cuatro años de prisión. Además, demanda que el maquinista, Francisco Garzón, sea inhabilitado para su profesión durante el tiempo de la condena.

Para el otro acusado, el exresponsable de seguridad de Adif, Andrés Cortabitarte, que salió de la dirección de la empresa pública el pasado mes de mayo, requiere la inhabilitación durante el mismo periodo para el ejercicio de cualquier profesión que implique gestión, seguridad o responsabilidad en infraestructuras ferroviarias.

Ambos serán enjuiciados por el Juzgado de lo Penal número 2 de Santiago, cuya titular es la jueza María Elena Fernández Currás. El presidente del TSXG apuntó al primer trimestre de 2022 como fecha para su celebración, mientras que el instructor, que también es decano de los jueces de Santiago, señaló a la Cidade da Cultura como único escenario viable.

FIANZA

En el auto, el magistrado requiere a los dos investigados y, en su caso, a las aseguradoras, como responsables civiles directas, o a las entidades públicas Renfe Operadora y Adif, como subsidiarias, para que presten una fianza de casi 57,7 millones de euros. Todo ello con el objetivo de asegurar las responsabilidades pecuniarias que se les pudieran imponer en la sentencia.

Asimismo, el instructor les ha apercibido de que, de no prestarla, se les embargarán bienes en cantidad suficiente para asegurar esa suma.

De conformidad con el artículo 784.1 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, tras la notificación del auto, realizada este miércoles, los acusados y los responsables civiles tienen un plazo de tres días para comparecer en la causa con un abogado y procurador o, en su caso, ratificar los ya designados. Contra la resolución no cabe interponer recurso, excepto en lo relativo a la situación personal de los acusados.

OCTAVO ANIVERSARIO

La apertura de juicio oral coincide en el tiempo con la celebración, este sábado, del octavo aniversario de la tragedia, motivo por el que algunas de las víctimas viajarán a Santiago estos días.

Ocho años en los que la investigación ha avanzado con dos jueces al cargo y varios cierres y reaperturas. El primero de los instructores, Luis Aláez, llegó a imputar, junto al maquinista, a la antigua cúpula de Adif.

Después, los dictámenes de Europa, a donde recurrieron las víctimas del siniestro de la mano del BNG, y la Audiencia Provincial de A Coruña, que ordenó investigar si se habían evaluado bien los riesgos en la línea, fueron fundamentales para que la causa se haya cerrado con Cortabitarte como investigado junto a Garzón.

La Universidad de Cádiz (UCA) ha hecho entrega este miércoles a la Armada Española de la Medalla de Oro, máxima distinción de la institución universitaria, aprobada en 2019 por su Consejo de Gobierno y Claustro en el marco conmemorativo del 40 aniversario de su creación. El acto ha contado con la presencia de la ministra de Defensa, Margarita Robles, además del almirante Jefe del Estado Mayor de La Armada, Antonio Martorell.

Ha sido el rector de la UCA, Francisco Piniella, quien ha entregado este insigne galardón que reconoce la importante labor que la Armada Española ha desempeñado en la historia de la UCA y en los estudios superiores llevados a cabo en Cádiz con anterioridad a su propia creación.

Según ha indicado la UCA en una nota, el rector ha manifestado su doble satisfacción por poder celebrarlo "a pesar de la pandemia y por el significado que, en sí mismo, tiene de reconocimiento a la Armada Española".

El retraso en el tiempo de este Acto Solemne guarda similitudes con la historia de la Universidad, según ha recordado, ya que "la Armada Española recibe nuestra más alta distinción, la Medalla de Oro, con el 40 aniversario de la UCA ya superado, del mismo modo, que la Universidad de Cádiz cumplió sus primeros 40 años cuatro siglos después del inicio de los estudios superiores y universitarios en la ciudad de Cádiz". "La UCA nació antes de nacer. Y en ese prístino alumbramiento tuvo mucho que ver la Armada Española", ha añadido.

Así, Piniella ha relatado el relevante papel que la Armada Española ha representado para la Universidad de Cádiz antes, después y durante su evolución en la historia de la provincia. Desde su origen, en la creación en 1748 del Real Colegio de Cirugía de la Armada, impulsado por Pedro Virgili, "fue la primera institución de Europa en conceder el título de médico-cirujano, formando a sus alumnos en ambas disciplinas. Posteriormente, daría lugar a la Real Academia Nacional de Medicina y Cirugía de la Provincia de Cádiz y, más tarde, a la Facultad de Medicina".

Además, ha señalado que la Armada Española es una institución que ha colaborado "activa y desinteresadamente tanto en la docencia de los títulos más relacionados con el mar, como en la investigación a través del Instituto Hidrográfico de la Marina o el Real Observatorio de Armada, involucrados desde el primer momento entre las entidades impulsoras del Campus de Excelencia Internacional Global del Mar (CEI·MAR). Sin olvidar, ha añadido, la participación conjunta de científicos de la UCA y de la Armada Española a bordo del buque Hespérides en las campañas antárticas y de la Zona Económica Exclusiva española.

Por su parte, la ministra de Defensa ha agradecido esta distinción, ya que "no es posible entender la Armada sin Cádiz ni su Universidad". Ha recordado las raíces profundas con la mar, Cádiz y la Armada comparten ese vínculo que es "esencial y fundamental".

Margarita Robles ha tenido palabras de recuerdo para el cariño con el que siempre en Cádiz y su universidad "cobijáis y acompañáis al Juan Sebastián Elcano, uno de los mejores símbolos de nuestra Armada". Por último, ha refrendado el compromiso y espíritu innovador de la UCA en el ámbito marino-marítimo, "sois líderes y pioneros" en investigación marina y conocimiento.

El almirante Jefe del Estado Mayor ha confesado que es un honor recibir la medalla de la UCA, a la que están muy agradecidos por otorgarles esta preciada mención y les hace "muchísima ilusión viniendo de una universidad que nació mirando a la mar y que ha compartido tantos vínculos a lo largo de tantos años y la historia con la Armada".

En la actualidad, esta cooperación de sendas instituciones se desarrolla en los cruceros de instrucción 2019-2020 y 2020-2021, a bordo del buque escuela Juan Sebastián Elcano, donde se realizaron una serie de actividades científicas dentro del contexto de la celebración del V Centenario de la primera vuelta al mundo.

El Pleno del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) estudiará este jueves un informe favorable a la última modificación del Reglamento Penitenciario, dirigida a introducir en las prisiones el uso de las nuevas tecnologías, como es la videoconferencia, así como a regular el uso de Internet por los internos. El informe valora que las modificaciones permitan una introducción medida y limitada de su uso, han señalado fuentes del órgano de gobierno de los jueces.

El proyecto del que informa esta semana el CGPJ tiene como objetivo regular la introducción de las nuevas tecnologías como medios facilitadores para el acceso a servicios o prestaciones y ejercicio de derechos en el ámbito penitenciario. Incide, por lo tanto, en las comunicaciones de los internos, su formación y el derecho a recibir información incidiendo, por tanto, en el ejercicio de los derechos de los internos, y de forma específica en sus comunicaciones, tratamiento, formación, y derecho a recibir información.

La reforma está integrada por un preámbulo, dos artículos, el segundo de los cuales se divide en cuatro apartados, y una disposición final única. Permitirá que las comunicaciones reguladas puedan llevarse a cabo mediante el uso de nuevas tecnologías y sistemas de videoconferencia, en función de las posibilidades materiales y técnicas de cada centro penitenciario.

Como novedad de calado, la reforma supondrá permitir el acceso a Internet y las redes de comunicación a las personas privadas de libertad, un acceso que se supone controlado y restringido. Finalmente, introduce la distinción Concepción Arenal al Periodismo Penitenciario, para la persona o medio de comunicación que destaque por su especial dedicación al medio penitenciario, manifestada a través de una trayectoria sostenida en el tiempo o mediante la realización de uno o varios trabajos de investigación de contrastada calidad informativa.

El CGPJ valora que la reforma regule el derecho de los presos a comunicarse con familiares, amigos, allegados, abogado defensor, etc., el derecho a la formación como parte del tratamiento, así como el derecho a recibir información mediante instrumentos que, con la debida regulación de su uso concreto, pueden tener cabida en las nuevas tecnologías. Se trata de instrumentos que, como la videoconferencia, que hasta ahora no se contemplaban ni en la Ley Orgánica penitenciaria ni en el Reglamento que la desarrolla.

Y ello porque la regulación actual es limitada y restrictiva enrelación con el uso de la videoconferencia por los internos paracomunicaciones personales, e inexistente para comunicaciones conabogados o para fines educativos y de tratamiento, así como en relacióncon otras nuevas tecnologías.

El informe que se someterá a estudio, según las fuentes consultadas, considera que la reforma proyectada se inserta adecuadamente en el marco normativo de referencia, y haberse optado no por modificar el tenor de los artículos, sino por adicionar nuevos párrafos a determinados preceptos del Reglamento Penitenciario, permitiendo así una introducción medida y limitada del uso de las nuevas tecnologías en los centros penitenciarios.

Además, al no concretarse las tecnologías que pudieran ser empleadas, se permite que el legislador futuro no se vea en la obligación de realizar continuas reformas y adaptaciones del texto.

El informe preliminar del CGPJ valora además que el uso de las nuevas tecnologías no se configure en si mismo como un derecho, y adecue sus limitaciones en función de las posibilidades de cada centro penitenciario, sin perjuicio de la responsabilidad de la Administración Penitenciaria de dotar de medios suficientes.

Se entienden incluidas también, además de las videoconferencias, las comunicaciones vía 'email' con familiares y amigos como complemento del correo postal, así como la incorporación de puntos de acceso a redes de información en las bibliotecas.

El vicesecretario general de Ciudadanos y portavoz adjunto en el Congreso de los Diputados, Edmundo Bal, ha acusado este miércoles al Gobierno de Pedro Sánchez de no buscar el consenso con la oposición y de tratar a la Cámara Baja como un "dispensador de convalidaciones" de los decretos aprobados por el Consejo de Ministros.

"Falta de consenso, decretazos, reales decretos leyes donde se mezclan una pluralidad de cosas que someten al chantaje a la oposición y sin antes haber consensuado absolutamente ninguna medida", ha declarado Bal ante los periodistas en el Congreso.

A su juicio, el Ejecutivo ve la Cámara como "una especie de dispensador de convalidaciones de reales decretos leyes" que después, a través de las Mesas de las diferentes comisiones parlamentarias, se dedica a "ralentizar a su arbitrio y según su conveniencia".

El Pleno del Congreso ha convalidado este miércoles cuatro reales decretos leyes relativos a la rebaja del IVA de la factura eléctrica, el uso de mascarillas en el exterior, la reducción de la temporalidad en el empleo público y la adopción de medidas en el ámbito cultural y deportivo. Cs ha votado a favor de todos los decretos excepto el primero, al que se ha opuesto.

UN "ABUSO FLAGRANTE" DE LA FIGURA DEL DECRETO LEY

Según Bal, el "abuso" de esta figura legislativa por parte del Gobierno "está siendo flagrante" y muchos de los decretos que se han debatido en el Pleno de esta semana no cumplían el requisito de estar justificados por extraordinaria y urgente necesidad.

A no ser, ha añadido, que se tratara de la "extraordinaria y urgente necesidad de Pedro Sánchez de mantenerse en el poder o de que los españoles se olviden de esa ignominia que han sido los indultos concedidos por el Gobierno a los condenados por el proceso independentista de 2017 en Cataluña.

El dirigente de Ciudadanos ha centrado sus críticas al Ejecutivo del PSOE y Unidas Podemos en el decreto ley para reducir la factura de la luz y en el que busca reducir la temporalidad en el empleo público. Sobre este último, ha dicho que es "un parche, una solución mala y no negociada con los colectivos de funcionarios interinos ni con la oposición".

La formación naranja había propuesto ver primero qué interinos se encuentran en situación de fraude y que el Gobierno se comprometiera a no sacar a concurso esas plazas, de forma que quienes las han estado ocupando las conserven, "se puedan jubilar como funcionarios interinos" y no sufran "ningún tipo de discriminación o agravio" respecto a los funcionarios de carrera.

El portavoz parlamentario ha explicado que hay casos "verdaderamente sangrantes" de personas que llevan varias décadas trabajando para la Administración Pública con contratos temporales, que "ya han demostrado mérito y capacidad" para ocupar su plaza de forma fija y a los que no se se les da "una solución razonable".

"Aquellos que con su voto, con su sí o su abstención, hagan que se convalide" el decreto, "tendrán que explicarle a 800.000 trabajadores por qué han sido cómplices de la lesión de sus derechos", ha advertido, agregando que la norma elaborada por el ministro Miquel Iceta solo ofrece "inseguridad, incertidumbre e interinidad".

APOYO DE ERC AL DECRETO DE LOS INTERINOS

Bal se ha referido expresamente a Unidas Podemos y a Esquerra Republicana de Catalunya, que hasta este miércoles se habían mostrado reacios a apoyar esta norma en el Congreso. Les ha dicho que, en el caso de que finalmente votasen a favor, deberían aclarar por qué han cambiado de opinión.

Eso es precisamente lo que ha ocurrido después, que el apoyo de esos dos grupos --junto al de Compromís y Teruel Existe y la abstención del PNV y Más País-Equo-Los Verdes--, ha permitido que el decreto sobre los interinos saliera adelante gracias a un pacto negociado con el Ministerio de Hacienda y el PSOE.

El acuerdo con Esquerra posibilitará oposiciones no eliminatorias en los procesos de estabilización del empleo público y eximir de estas oposiciones a los trabajadores que hayan ocupado de forma ininterrumpida en los últimos diez años una plaza que no haya salido a concurso en ese período, dejando así la puerta abierta a que puedan consolidar su plaza de forma automática.

Tras la votación en el Congreso, Bal ha escrito un mensaje en Twitter donde ha lamentado el voto favorable de Esquerra a un decreto que "deja tirados a cientos miles de trabajadores interinos". "Personas que hace años no pueden hacer algo tan básico como pedir una hipoteca y ahora muchos quedan abocados al paro", ha advertido.

En su opinión, el PSOE y el PP "no han hecho nada" en décadas para acabar con el abuso de la temporalidad en la Administración Pública y ahora el Gobierno de Sánchez "pretende arreglarlo todo con prisas y chapuzas".

"En Cs nos hemos asegurado de garantizar que el decreto no vaya directo al Boletín Oficial del Estado y pueda enmendarse. Trabajaremos para evitar que se empuje al paro a miles de funcionarios y vigilaremos que ERC no les usa como moneda de cambio para obtener más prebendas separatistas", ha comentado sobre la futura tramitación parlamentaria del texto como proyecto de ley.

EL DECRETO SOBRE LA FACTURA ELÉCTRICA ES "UN PARCHE"

Por otro lado, el vicesecretario general de Ciudadanos ha censurado la "improvisación" del Gobierno con el decreto relativo a la factura eléctrica, pues cree que es "un parche" que no soluciona el "problema estructural" que convierte a España en uno de los países europeos donde más se paga por la electricidad.

A su modo de ver, el Ejecutivo debe dejar de tratar a los españoles "como a niños pequeños", ofreciéndoles "medidas providencialistas", y ser "mucho más serio" con este asunto.

Así, ha pedido "un estudio racional y coherente de qué hay que hacer para bajar el precio de la luz", realizando una auditoría de los costes reales de las distintas fuentes de energía y un análisis del sistema de fijación de precios por parte del 'pool' eléctrico. Lo que ha celebrado es que el Gobierno haya accedido a bajar los impuestos que gravan el consumo eléctrico, como reclamaba Cs.

Un total de 24 ONG han lanzado una campaña en redes sociales para pedir al Gobierno que reforme de forma inmediata el Reglamento de Extranjería de forma que los jóvenes migrantes extutelados, que se quedan sin la tutela del Estado al cumplir los 18 años, puedan tener una autorización de residencia y trabajo, y no se queden en la calle al alcanzar la mayoría de edad.

Según han informado fuentes del Ministerio de Inclusión, el Gobierno tiene la intención de aprobar "próximamente" el Real Decreto que modificará el Reglamento de Extranjería en este sentido, pero antes tiene que ser dictaminado por el Consejo de Estado.

De hecho, el Real Decreto ya ha entrado en este órgano y se está elaborando el dictamen que después tendrá que debatirse y, en su caso, aprobarse en Comisión Permanente, la próxima semana o la primera de agosto, según han informado fuentes del Consejo de Estado.

Las organizaciones, entre las que se encuentran Fundación Raíces, Cáritas, Plataforma de Infancia, Prodein o CEAR, recuerdan que "el Gobierno se comprometió hace más de un año" a realizar esta reforma y, mientras tanto, "cada día que pasa tiene consecuencias nefastas en la vida de los y las jóvenes, que desean estudiar o trabajar y no pueden".

"La gran mayoría está perdiendo las autorizaciones de trabajo que obtuvieron gracias a la Instrucción 1/2020 de la Secretaría de Estado de Migraciones, quedándose con una autorización de residencia que no les autoriza a trabajar", señalan las ONG.

Otros, según añaden, "no pueden renovar sus autorizaciones de residencia por no contar con medios económicos suficientes --se les exige ingresar más de 2.000 euros mensuales--, quedándose en situación administrativa irregular".

Además, advierten de que un tercer grupo ni siquiera ha podido acceder por primera vez a la autorización de residencia que le habría correspondido porque no fueron reconocidos como menores de edad.

Ante esta situación, indican que la reforma del reglamento garantizaría el derecho de estos chicos y chicas a documentarse, de manera automática, mediante una autorización de Residencia y Trabajo a partir de los 16 años y "simplificaría" los requisitos de renovación de este permiso a partir de los 18 años.

Por ello, las entidades impulsoras de esta campaña instan al Consejo de Estado y al Gobierno a que, desde sus respectivas competencias, "agilicen la aprobación inmediata" de la reforma del Reglamento en trámite y que esta medida sea efectiva desde el mismo día de su aprobación y publicación, "para favorecer la inclusión de estos jóvenes en España".

Además, a falta de conocer el texto final, que ha sido enviado al Consejo de Estado, las entidades esperan que las observaciones de algunos ministerios "no desvirtúen" el objetivo esencial de esta reforma.

En el marco de la campaña, las organizaciones han lanzado en redes sociales los testimonios de algunos jóvenes extutelados, que pueden seguirse con los hashtags #ReformaReglamentoExtranjeríaYa #NoHayTiempo #QuieroTrabajar #NoNosCorteisLasAlas.

Entre los testimonios, destaca el de Bamba, que tiene 20 años y llegó a España con 16. "Me he formado como carpintero. La ley me permite vivir en España pero no trabajar. Llevo más de un año esperando tras la promesa del Gobierno", lamenta.

En la misma situación se encuentra Hicham, de 18 años, que llegó a España con 15 y se ha formado como jardinero, o Imad, de 19 años, al que una conocida marca quiso contratar en su tienda, pero no pudo al carecer de permiso de trabajo. "No nos cortéis las alas, pedimos la reforma del reglamento de extranjería ya", reclaman al unísono.

El ex presidente de BBVA Francisco González ha recurrido la decisión del juez del caso Villarejo de ampliar su imputación al delito de administración desleal por usar recursos del banco para obtener información sobre fincas que estaba interesado en comprar a título personal, alegando que obró de esa manera para evitar posibles conflictos de intereses y preservar así el "buen nombre" de la entidad.

González ha presentado un recurso de reforma, con la intención de que el titular del Juzgado Central de Instrucción Número 6 de la Audiencia Nacional, Manuel García-Castellón, revoque su decisión de imputar a González, ya investigado por cohecho y revelación de secretos, un presunto delito de administración desleal.

El magistrado ha accedido a la petición formulada en ese sentido por la Fiscalía Anticorrupción al entender que González usó recursos de BBVA "para su uso exclusivamente personal". En concreto, "para valorar la adquisición de una finca a título privado", ha indicado en un auto fechado el 20 de julio que se ha conocido este miércoles.

La defensa de González ha contestado, ratificando la declaración prestada en 2019 por el ex presidente de BBVA en sede judicial, que "nunca encargó gestiones de localización y valoración de fincas a ninguna persona del banco", apostillando que, "a lo sumo, pudo pedir a su jefe de Gabinete, Joaquín Gortari, que realizase una serie de averiguaciones relativas a la situación registral" de las mismas.

Sin embargo, ha esgrimido que "el hecho de encargar este tipo de averiguaciones a su jefe de Gabinete no supone en ningún caso la comisión de un delito de administración desleal", sino que, por contra, "se trataría de una actuación a todas luces esencial para salvaguardar el buen nombre, la reputación y el prestigio de una entidad financiera de primer nivel como es BBVA".

A este respecto ha razonado que "cualquier actuación en el ámbito privado del señor González con un tercero que no se ajustara a los más esenciales principios éticos y de legalidad o que pudiera generar un conflicto de intereses contaminaría inevitablemente a la propia entidad bancaria" al ser su presidente en ese momento.

A modo de ejemplo, el recurso plantea el escenario "hipotético y ficticio" de que el anterior propietario de las fincas estuviera relacionado con algún delito o que las hubiera comprado con dinero blanqueado. Si hubiera sido así, ha asegurado que habría trascendido la "esfera privada" de González para impactar "directamente" en BBVA "causando un enorme daño reputacional" al banco.

LOS INFORMES 'RICK'

La defensa de González ha aducido también como motivo de impugnación que García-Castellón no explica suficientemente por qué le imputa este nuevo delito, reprochando al juez que se limita a reproducir lo reflejado por el Ministerio Público en su escrito. En consecuencia, ha denunciado, "esta representación se ve obligada a realizar un ejercicio de imaginación para poder adivinar, intuir o presumir a qué hechos concretos se refiere el auto recurrido".

Ha supuesto, en base a la comparecencia judicial del propio Gortari la semana pasada, que obedece a las gestiones realizadas sobre tres fincas. Para una de ellas, ubicada en El Escorial, se habrían encargado dos informes a CENYT, la cabecera del grupo empresarial del comisario José Manuel Villarejo, dossieres que el policía denominó 'Rick'.

Sobre esto, ha sostenido que "jamás" encargó la elaboración de dichos informes a CENYT, aseverando que se ha enterado de que existen cuando se han incorporado a la causa, por lo que --ha enfatizado-- desconoce que se le pagara dinero alguno por ello.

El abogado del ex presidente del BBVA ha añadido que entre 2013 y 2014 Gortari habría realizado una serie de gestiones con Antonio Béjar, de la unidad inmobiliaria del banco, para recabar información sobre la finca de El Escorial y sobre otra sita en Mallorca y una tercera radicada en Marbella.

Para las dos últimas, según una serie de correos electrónicos que forman parte de la investigación judicial, ha manifestado que "se pidió un informe de tasación a un proveedor externo", la empresa Sociedad de Tasación, "que nada tiene que ver con CENYT", y por el que pagó Belgar Inversiones, propiedad de González.

Todo ello, ha recalcado González, ha sido confirmado "palabra por palabra" por Gortari en su declaración del pasado 15 de julio y en la investigación interna llevada a cabo sobre este asunto en su día.

HECHOS PRESCRITOS

Teniendo en cuenta este hilo temporal, González ha indicado que, en todo caso, los hechos que podrían constituir administración desleal están prescritos porque cuando se habrían cometido este delito estaba vigente en el tenor del antiguo artículo 295 del Código Penal, que establecía un máximo de cinco años para perseguirlo, siendo el auto recurrido del martes.

Siguiendo este razonamiento, ha concluido que el ex jefe de la entidad financiera tampoco podría ser investigado por el actual 252.1 porque entonces no estaba vigente, de modo que, si se aplicara ahora, sería una retroactividad "en perjuicio del justiciable", prohibida por el derecho penal.

Ha advertido además de que el Ministerio Público "carece de legitimación por sí solo para poder iniciar una investigación penal por este delito" porque el 295 exigía como requisito que hubiera una denuncia previa del perjudicado, que en este caso sería BBVA y no la ha formulado.

Este asunto se enmarca en la pieza separada número 9 del caso 'Tándem', en la que se investigan los servicios contratados por BBVA a CENYT para distintos proyectos al menos entre 2004 y 2017. Por esos trabajos, el banco habría pagado al comisario más de 10 millones de euros.

La plataforma de víctimas del accidente del tren Alvia ocurrido en Angrois (Santiago) en julio de 2013 ha mostrado satisfacción por la apertura de juicio oral al maquinista y al exdirector de Seguridad de Adif, pero lamenta que "una justicia lenta no es justicia".

Cuando están a punto de cumplirse ocho años del siniestro en el que murieron 80 personas y más de 140 resultaron heridas, la asociación espera que el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) "cumpla con su palabra" y el juicio se celebre en el primer trimestre de 2022.

"Ocho años son muchos años, una justicia lenta no es justicia; algunas víctimas y familiares ya han fallecido y no se les podrá hacer justicia", advierte.

Además, en cualquier caso, apunta a que quedan por dilucidar las responsabilidades políticas y técnicas. Para lo primero, la plataforma siempre reivindicó una comisión de investigación en el Congreso, que se creó pero no llegó a elaborar unas conclusiones debido a la disolución de las Cortes.

En cuanto a las responsabilidades técnicas, continúa exigiendo que se elabore una investigación independiente que sustituya a la única oficial redactada por el momento, la de la CIAF (el organismo adscrito al ministerio encargado de investigar accidentes ferroviarios), que apunta solo al despiste del maquinista.

NOMBRAMIENTO DE PARDO DE VERA

Precisamente en relación con esto, la plataforma también manifiesta este miércoles su "rechazo e indignación" por el nombramiento de la hasta ahora presidenta de Adif, Isabel Pardo de Vera, como número dos del Ministerio de Transportes.

Al respecto, recuerdan las víctimas que mantuvieron una reunión con ella en 2019 y le solicitaron "que públicamente exigiera que se lleve cabo esta nueva investigación", pero critican que "no lo hizo".

"La seguridad de la ciudadanía, 80 muertos y más de 140 heridos en la tragedia ferroviaria más grave de la democracia merecían una respuesta a nuestras justas reivindicaciones", reivindican.

Como máxima responsable de Adif "estaba en sus manos investigar", inciden. Sin embargo, consideran que "optó por el camino más fácil e indigno" y por eso muestran su "rechazo e indignación" al nombramiento, que ven "una auténtica burla y una falta de respeto a la memoria de los fallecidos, a sus familias, a todas las víctimas del accidente y a todos los ciudadanos".

Los bomberos, con apoyo de medios aéreos, continúan trabajando para controlar el incendio declarado ayer en el Vedado de Eguaras, un paraje de alto valor ecológico situado en el interior del parque natural de Las Bardenas Reales, que ha sido dado por estabilizado a primeras horas de esta mañana.

Trabajan en el lugar bomberos de los parques de Tudela, Peralta, Tafalla, Estella, Sangüesa y Cordovilla, efectivos de la BHIF y dotaciones del Guarderío Forestal del Gobierno de Navarra, así como voluntarios de Cruz Roja y de Protección Civil de Tudela que prestan labores de apoyo logístico.

Realizan constantes descargas de agua los dos helicópteros del Gobierno de Navarra y el avión Azor con base en el Aeropuerto de Noain-Pamplona, otros dos aviones del Ministerio con base en Agoncillo (La Rioja), un helicóptero pesado Kmov y otro avión Foca, que también ha aportado el Estado. Está previsto que el tercer helicóptero del Gobierno foral se desplace asimismo a la zona, según ha informado el Ejecutivo.

Los responsables del dispositivo de extinción del fuego han solicitado a los agricultores de la zona que aporten sus tractores para ayudar en las tareas de refresco y remate. El control del fuego, ha añadido, se ve dificultado por la sequedad del terreno y la elevada temperatura, que provoca constantes rebrotes en diferentes localizaciones que tienen que atajar los bomberos.

Una llamada recibida sobre las 20.17 horas de ayer en el teléfono 112 de SOS Navarra alertaba de que se había producido un incendio en un campo de cereal que estaba siendo cosechado, al parecer generado por la máquina cosechadora. El fuego cogió una gran fuerza con rapidez y alcanzó el arbolado, por lo que fueron movilizados inicialmente bomberos de los parques de Tudela, Peralta y Tafalla, además de dos BHIF con sus helicópteros y el avión Azor con base en el aeropuerto de Noain.

Lo avanzado de la hora de inicio del fuego obligó a una pronta retirada de los medios aéreos, reforzándose entonces el personal de tierra con unidades desplazadas desde los parques de Estella, Sangüesa y Cordovilla. Aún no puede conocerse el área total afectada, que incluye buena parte del Vedado de Eguaras del que se han salvado partes de las laderas norte y este, así como los cortados. El daño medioambiental es muy elevado al tratarse de una zona de alto valor ecológico, ha informado el Gobierno.

El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, ha acusado este miércoles al Gobierno central de haber caído en "un triple error" al respecto de la inmunización de la población, tanto en la fecha para alcanzar la inmunización, como en el porcentaje fijado del 70 por ciento, hasta en el avance de este proceso para los jóvenes.

"Primero (erró) en una fecha trifunalista en la inmunidad de rebaño en agosto", ha enumerado Feijóo, a preguntas de los medios sobre si considera que el Ejecutivo de Pedro Sánchez debería salirse de la estrategia de vacunación de la UE para lograr un mayor suministro de dosis de vacuna.

"Segundo", continuó, "en el porcentaje adecuado para considerar la inmunidad de grupo", situada en el 70 por ciento. Este porcentaje se indicó al inicio de la inmunización y se dio en función de la población objetivo, que no es el conjunto de la población. Hay que agregar que en mitad del desarrollo de la estrategia de vacunación se autorizó el uso de Pfizer para los adolescentes de entre 12 y 16 años, lo que engrosó el número de personas a vacunar.

En este escenario, y como ya mencionó en días pasados en un acto en Ferrolterra, Feijóo ha indicado que "el porcentaje adecuado para considerar la inmunidad de grupo es como mínimo del 90 o 95 por ciento", y por lo tanto, no el 70 por ciento fijado.

VACUNACIÓN JÓVENES

Como tercer "error", el presidente de la Xunta ha cuestionado que el Gobierno "no explicase a la gente joven que no habría vacunas" este verano para este colectivo. "Y por lo tanto, este error triple, que no es menor", ha aseverado.

En su respuesta, Feijóo ha indicado que "todavía" se desconoce cuántas vacunas van a llegar en el mes de agosto y septiembre. "Estamos viendo con poca antelación, pero es imposible explicar que en el mes de julio tengamos menos que en el mes junio. Lamentablemente, es la situación que está viviendo España", ha indicado.

Sobre la pregunta en concreto, Feijóo ha dicho que "es muy fácil dar consejos y más difícil conseguir vacunas". "Por lo tanto, no debo pronunciarme al respecto, pero sí digo que España tiene servicios de salud que podríamos garantizar la inmunidad del 100 por cien de los mayores de 12 años en agosto", ha proclamado el mandatario autonómico, quien ha lamentado que "esto no va a ocurrir hasta el mes de octubre o principios de noviembre" de seguir este ritmo de suministro.

"Hay un problema de abastecimiento evidente y está afectando, desde el punto de vista económico y sanitario a la población menor de 40 años", ha remarcado.

El Gobierno de Castilla-La Mancha, a través de la Dirección General de Salud Pública, ha confirmado 693 nuevos casos por infección de coronavirus en las últimas 24 horas y un fallecido.

Por provincias, Toledo ha registrado 336 casos, Albacete 139, Ciudad Real 106, Guadalajara 92 y Cuenca 20. El número acumulado de casos desde el inicio de la pandemia es 203.796.

Según ha informado la Junta en un comunicado, por provincias, Toledo registra 75.422 casos, Ciudad Real 48.947, Albacete 31.057, Guadalajara 27.897 y Cuenca 20.473. El número de hospitalizados en cama convencional por COVID-19 es 91.

Por provincias, Toledo tiene 37 de estos pacientes (31 en el Hospital de Toledo y 6 en el Hospital de Talavera de la Reina), Ciudad Real 25 (7 en el Hospital Mancha Centro, 7 en el Hospital de Ciudad Real, 5 en el Hospital de Puertollano, 4 en el Hospital de Valdepeñas y 2 en el Hospital de Manzanares), Albacete 13 (6 en el Hospital de Albacete, 2 en el Hospital de Hellín, 3 en el Hospital de Almansa y 2 en el Hospital de Villarrobledo), Guadalajara 10 (todos ellos en el Hospital de Guadalajara) y Cuenca 6 (todos ingresados en el Hospital de Cuenca).

Los pacientes ingresados en las Unidades de Cuidados Intensivos que necesitan respirador son 20. Por provincias, Toledo tiene 10 de estos pacientes, Guadalajara 5, Albacete 3, Ciudad Real 1 y Cuenca 1.

En las últimas 24 horas se ha registrado un fallecimiento por COVID-19 en Castilla-La Mancha, concretamente en la provincia de Toledo.El número acumulado de fallecidos desde el inicio de la pandemia son 6.076.

Por provincias, Toledo registra 2.288 fallecidos, Ciudad Real 1.732, Albacete 886, Guadalajara 628 y Cuenca 542.

CENTROS SOCIOSANITARIOS

Diez centros sociosanitarios de Castilla-La Mancha tienen casos confirmados de positivo por coronavirus entre los residentes. De los diez centros, cinco están en la provincia de Toledo, tres en Ciudad Real, uno en Albacete y uno en Guadalajara.

Los residentes con caso confirmado son 28. Los fallecimientos acumulados de residentes de estos centros desde el inicio de la pandemia son 2.051.

El Consejo Audiovisual de Andalucía (CAA) ha publicado este miércoles recomendaciones para el tratamiento informativo del colectivo transexual que, consensuadas con distintas asociaciones representativas de estas personas, tienen como objetivo normalizar y equilibrar su presencia en los medios de comunicación.

El CAA ha recomendado, en primer lugar, una identificación correcta y propone dirigirse a la persona entrevistada con el nombre y sexo con el que se identifica, y si se desconoce se aconseja consultarle con respeto sobre cómo desea ser nombrada y, ante la duda, en lugar de decir 'hombre trans' o 'mujer trans', es deseable optar por 'persona trans' o 'persona a transgénero', según ha indicado el consejo en un comunicado.

No obstante, el CAA ha subrayado la importancia de respetar el derecho a la intimidad y considera inapropiado hacer mención a la identidad sexual si no es relevante para el hecho que se está tratando. "No hay que caer en detalles incorrectos como él o ella antes era", ha indicado.

Este organismo sugiere una visión realista del colectivo, sin estereotipos y de forma que se naturalice su presencia en los medios. Se debe fomentar la desaparición en el imaginario colectivo de representaciones con connotaciones peyorativas.

También se aconseja la inclusión de voces expertas y relacionadas con la temática transexual. "Hay que recurrir a múltiples fuentes, no solo a las oficiales --administraciones públicas o políticos--, ya que el colectivo trans está escasamente representado en esos ámbitos, y dar voz a los representantes de estas personas, lo que mejora y amplía la perspectiva de la noticia", ha apuntado.

Las recomendaciones inciden en la necesidad de elaborar informaciones con un lenguaje respetuoso y "desterrar expresiones denigrantes" como 'anormal', 'travelo' o 'travesti'. El CAA ha señalado que conviene evitar el sensacionalismo y que las noticias relacionadas con la diversidad sexual "no recurran a discursos amarillistas o compasivos, que pueden ser discriminatorios al perpetuar la errónea asociación del colectivo trans con la marginalidad, la delincuencia o los trastornos mentales; hay que huir de la condescendencia y el paternalismo".

DIFUSIÓN DE ASPECTOS POSITIVOS

El consejo ha destacado la relevancia que tienen los mensajes difundidos a través de los medios de comunicación para conseguir la integración y el cambio en la apreciación social de este colectivo. De esta forma, ha aconsejado "equilibrar" el trato mediático y "denunciar" la discriminación estructural, a la vez que dar difusión a los aspectos positivos como actividades, avances y reivindicaciones.

El CAA ha considerado "muy necesario" informar sobre los recursos puestos a disposición de las personas trans víctimas de agresiones sexuales y ha remarcado la importancia de denunciar los casos de violencia, acoso o discriminación. Se pide "tolerancia cero a la transfobia" y en el caso de que sean terceras personas dentro de la información quienes ataquen a alguien del colectivo trans, se debe "aclarar" que el medio no comparte las opiniones vertidas por ese interlocutor.

Las indicaciones hacen hincapié, por otro lado, en que hay que reparar los errores y se debe rectificar cuando una noticia haya supuesto un perjuicio para las personas trans, además de darle la misma difusión que se le dio a la información al respecto.

Por último, el consejo ha recomendado la autorregulación y analizar cuál es el tratamiento que da el medio a las noticias sobre el colectivo trans, elaborando un código ético en el que se incluya la buena praxis comunicativa sobre este asunto.

El CAA tiene entre sus funciones proteger los derechos de las minorías y colectivos más vulnerables ante los contenidos de la programación y las emisiones publicitarias. Para la confección de estas recomendaciones se ha contado con el asesoramiento de la Asociación de Transexuales de Andalucía ATA-Sylvia Rivera y del foro de estudios interdisciplinarios Lgtbiq+ MariCorners.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha justificado este miércoles el carácter exclusivamente económico de su gira por Estados Unidos, sin reunión con el presidente Joe Biden, para centrarse en buscar inversiones privadas de las empresas estadounidenses que contribuyan al proceso de recuperación y transformación que ha iniciado la economía española en la recta final de la pandemia.

"Estamos definiendo nuestra hoja de ruta para recuperar la economía y necesitamos tener al sector privado americano a bordo, y por eso estamos aquí", ha afirmado durante la entrevista que ha ofrecido en el matinal 'Morning Joe' de la cadena estadounidense MSNBC, con la que ha arrancado la gira económica de tres días en Estados Unidos para captar inversiones, que le llevará a Nueva York, Los Ángeles y San Francisco, pero no a Washington.

Sánchez ha sido preguntado por los motivos de su visita y también por la razón de que no haya aprovechado su presenta en Estados Unidos para verse con Biden, con el que hasta ahora solo ha mantenido una breve charla durante su participación en la cumbre de la OTAN en Bruselas el pasado mes de junio --cuyas imágenes han reproducido durante la entrevista--.

Tal y como ya explicó Moncloa cuando se anunció la gira, Sánchez ha defendido la necesidad de emprender esta ronda de contactos con relevantes fondos de inversión, como Bloomberg o BlackRock, y empresas tecnológicas como Appel o HP, para tratar de atraer a España inversiones que empujen el plan de recuperación y transformación de la economía española que ha puesto en marcha el Gobierno.

"En España y en Europa estamos viviendo un momentum después de la pandemia. Tenemos los fondos europeos y las inversiones públicas para hacer más verde nuestra economía, digitalizarla, modernizar el sistema educativo, y por eso buscamos aumentar las inversiones privadas en España", ha argumentado.

CARGA CONTRA TRUMP

Eso sí, el presidente ha querido dejar claro su apoyo a Biden y su administración, y ha celebrado que su llegada a al Casa Blanca y la salida de su antecesor Donald Trump a principios de año son "buenas noticias".

"Afrontar la situación que tuvimos con la anterior administración de Trump fue muy difícil. Ver al presidente de Estados Unidos diciendo que la Unión Europea es como un enemigo para Estados Unidos fue un gran error", ha sentenciado.

Por otra parte, preguntado por las relaciones con China, Sánchez se ha mostrado de acuerdo con la posición de Biden de cuestionar la calidad democrática y el cumplimiento de los Derechos Humanos del país asiático. No obstante, ha reconocido que también es necesario dialogar con China para abordar asuntos globales como la transición ecológica.

"Creo que Biden tiene razón. Creo que China para nosotros, como europeos, es un opositor, un competidor, y, también, un rival sistémico en valores democráticos, pero también es cierto que necesitamos hablar con ellos sobre los grandes retos que tenemos, como la transición ecológica", ha afirmado.

No obstante, ha señalado que si algo ha enseñado la pandemia es la importancia de la digitalización y, con ello, de la ciberseguridad, por lo que ha apostado por la necesidad de reforzar las políticas para potenciarla, un día después de que la Casa Blanca haya acusado precisamente a China de estar detrás de un gran ciberataque al servidor de correo electrónico Exchange de Microsoft.

Por otro lado, durante su entrevista Sánchez también ha podido sacar pecho de tener el Gobierno con más mujeres del mundo, al ser preguntado al respecto. "Estamos muy orgullosos", ha asegurado, antes de destacar también la aprobación de la ley de igualdad salarial.

Los contagios de coronavirus se han disparado hasta los 608 casos en la última jornada en Extremadura, en la que se han registrado además ocho nuevos hospitalizaciones y una fallecida, una mujer de 90 años de Valdelacalzada.

Con estos datos, la incidencia acumulada a 14 días en la región extremeña sube hasta los 465,01 casos por cada 100.000 habitantes, mientras que a los 7 días se sitúa en 269,36 casos.

Así se refleja en el informe de las últimas 24 horas facilitado por la Junta de Extremadura, que señala que en los hospitales extremeños se han producido ocho ingresos nuevos y se han dado ocho altas, por lo que el número total de ingresados por coronavirus se mantiene 62 pacientes, de los que cinco están en UCI.

Además, y con el fallecimiento de una mujer de 90 años de Valdelacalzada, el total de víctimas se eleva a 1.772 desde el inicio de la pandemia en Extremadura, mientras que en la última jornada se han dado 351 altas epidemiológicas, lo que equivale a un total de 78.691 altas.

Así, se han notificado ocho brotes en la última jornada, dos de ellos en Navalmoral de la Mata con cuatro positivos cada uno y cinco y 59 contactos respectivamente; uno en Castañar de Ibor con siete positivos y 24 contactos; uno en Hornachos con seis positivos y 32 contactos; uno en Badajoz con cinco positivos y tres contactos; uno en Calamonte con cuatro positivos y 20 contactos, y uno en Aceituna con ocho positivos y 51 contactos.

También se ha notificado un brote en Quintana de la Serena con nueve positivos y 24 contactos; uno en Almoharín con 11 positivos y 60 contactos; uno en Cáceres con cuatro positivos y 34 contactos y uno en el centro sociosanitario Santa Isabel de Torrejoncillo con tres positivos y tres contactos.

En este último caso, los positivos son dos usuarios y una trabajadora del centro, los tres asintomáticos, señala la Junta de Extremadura, que explica que el pasado 14 de julio se conoció el positivo de una trabajadora del centro, y al día siguiente se hizo un cribado entre trabajadores y residentes, en el que dieron todos negativos.

Posteriormente, este pasado martes se realizó una prueba diagnóstica a dos usuarios con resultado positivo por lo que este miércoles se ha vuelto a cribar a todo el centro, aún no se conocen los resultados.

También en la última jornada se han cerrado dos brotes, que son el 373 de Olivenza y el 378 de Alconera.

SITUACIÓN POR ÁREAS DE SALUD

Así, y respecto a la situación de la pandemia por áreas de salud, cabe destacar que el de Badajoz notifica 164 casos positivos y tiene 22 pacientes hospitalizados, tres de ellos en UCI, mientras que el de Cáceres registra 98 casos positivos y seis pacientes ingresados, ninguno de ellos en UCI.

Por su parte, el Área de Salud de Mérida registra 92 casos positivos, y cuenta con diez pacientes hospitalizados por Covid-19, mientras que el de Don Benito-Villanueva de la Serena notifica 79 casos positivos, y registra once pacientes hospitalizados.

El Área de Salud de Plasencia por su parte, registra 37 casos positivos, y tiene seis pacientes hospitalizados, dos de ellos en UCI, mientras que el de Navalmoral de la Mata notifica 67 casos positivos, y no tiene pacientes ingresados por covid-19.

Finalmente, el Área de Salud de Llerena-Zafra registra 67 casos positivos y tiene cinco pacientes ingresados, mientras que el de Coria registra cuatro casos positivos, y cuenta con dos pacientes hospitalizados.

El conselleiro de Cultura, Educación e Universidade, Román Rodríguez, ha reclamado --en el marco de la Conferencia Sectorial de Educación, la primera presidida por la nueva ministra Pilar Alegría-- fondos específicos anticovid para educación y la contratación de profesorado en el curso 2021-22.

Tras mostrar su satisfacción por esta convocatoria de la Conferencia Sectorial en los primeros días de Alegría como ministra, un órgano que "en los últimos tiempos había perdido, desafortunadamente, su relevancia", el conselleiro ha reclamado al Gobierno que informe ya a las comunidades de si les va transferir fondos concretos para la contratación de docentes ante las necesidades de la pandemia.

A este respecto, avisa de que los fondos procedentes del mecanismo europeo REACT-EU, tal y como han manifestado varias comunidades, no pueden ser empleados para este fin.

Igualmente, recuerda que el Gobierno ya ha aprobado un protocolo anticovid para el próximo curso. "Es necesario que se nos informe ya de los recursos adicionales con los que vamos a poder contar", sentencia Román Rodríguez. Por ello, pide que la próxima reunión con las comunidades sea en la fecha más próxima para evitar problemas organizativos en los centros.

Paralelamente, el conselleiro de Educación ha requerido al Ejecutivo central un esfuerzo adicional en los fondos del PROA+, con los que se financia el Plan Recupera, dado que denuncia que la asignación para Galicia es de un millón menos a la indicada inicialmente.

FP Y OTROS TEMAS

Por otra parte, la Xunta demanda una mayor participación en la elaboración de la nueva ley de FP, con el fin de corregirlos defectos que, a su juicio, presenta el anteproyecto y "que no se convierta en una nueva ley Celaá".

Solicita una solución específica para que el alumnado que proceda de BUP pueda continuar accediendo a los ciclos formativos, tras la derogación de la Lomce.

Junto a esto, el conselleiro de Educación pide que se agilice la elaboración de la normativa básica para los nuevos currículos adaptados a la Lomloe, pues queda menos de un año para que las autonomías deban tenerlos aprobados.

La Generalitat Valenciana se ha dirigido ya al Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) para solicitar la autorización que permita extender el toque de queda a más municipios con el objetivo de continuar frenando el impacto de la pandemia. En concreto, la restricción que actualmente se aplica a 32 localidades pasaría a afectar a 77 poblaciones, según han confirmado fuentes conocedoras.

El pasado 12 de julio, el alto tribunal valenciano ya dio el visto bueno --además de a la limitación a un máximo de 10 personas de las reuniones sociales y familiares en todo el territorio valenciano-- a la restricción de la movilidad nocturna entre las 1 y las 6 horas en 32 localidades de más de 5.000 habitantes con mayor riesgo epidemiológico por Covid-19.

La sala consideró entonces que las medidas --contenidas en una resolución de la Conselleria de Sanidad Universal fechada el pasado 9 de julio y en principio con una vigencia de 14 días-- son "equilibradas", pues se derivan de ellas "más beneficios para el interés general -contención de la pandemia- que perjuicios sobre otros bienes o valores en conflicto", al tiempo que cumplen el "juicio constitucional de proporcionalidad".

Ahora, el Ejecutivo valenciano apuesta por extender la restricción para controlar los datos de contagios. La propuesta que ahora se hace llegar por parte de la administración valenciana es, en la provincia de Valencia, los municipios de Albal, Alboraia, Alcàsser, Aldaia, Alfafar, Alginet, Almussafes, Benaguasil, Benetússer, Benifaió, Bétera, Buñol, Burjassot, Canals, Chiva, Foios, Gandia, Godella, L'Eliana, L'Olleria, Manises, Massamagrell, Massanassa, Meliana, Mislata, Museros, Oliva, Paiporta, Paterna, Picassent, la Pobla de Farnals, la Pobla de Vallbona, Puçol, El Puig, Rafelbunyol, Requena, Riba-roja de Túria, Rocafort, Sagunto, Silla, Sueca, Tavernes de la Valldigna, Turís, Utiel, València, Vilamarxant, Xeraco y Xirivella.

Por lo que respecta a la demarcación de Alicante, serían L'Alfàs del Pi, Alicante, Banyeres de Mariola, Benidorm, Callosa d'en Sarrià, Callosa de Segura, Calp, Dénia, Gata de Gorgos, La Nucía, Muro de Alcoy, Ondara, Pego, Santa Pola, Sant Vicent del Raspeig, Sax, Teulada y la Vila Joiosa.

Finalmente, en Castellón los municipios previstos son Alcalà de Xivert, Almenara, Benicàssim, Borriana, Borriol, Onda, Oropesa del Mar, Peníscola, Torreblanca, Vila-real y Vinaròs.

De cara a la mesa interdepartamental COVID de este jueves, el 'president' de la Generalitat, Ximo Puig, ha reiterado que todas las decisiones se basarán en la situación actual: "La prioridad siempre será frenar contagios y asumir la corresponsabilidad colectiva con las restricciones necesarias".

En Madrid, el jefe del Consell, aunque ha reconocido que la situación es complicada por la extensión de la variante Delta, ha insistido en que "no tiene nada que ver con enero" cuando había casi diez veces más hospitalizados.

DECISIONES "COHERENTES" CON LA SITUACIÓN

"Hay que tomar decisiones, siempre las ha avalado el TSJCV y pensamos que son coherentes con la situación", ha recalcado, para añadir que le duele "en el alma" que haya sectores que continúen afectados.

También ha subrayado que la inmensa mayoría de la población cumple con la recomendación de llevar mascarilla, algo por lo que apuestan ahora otras autonomías y que la Comunitat aconsejó en las últimas directrices sanitarias. El problema, ha recordado Puig, son los espacios interiores y los "momentos de confianza porque este virus ataca a nuestra manera de ser, más en el ámbito mediterráneo".

Por su parte, la consellera de Sanidad, Ana Barceló, ha coincidido en que los valencianos "están respondiendo bien y con responsabilidad" ante la dificultad de mantener la distancia cuando hay aglomeraciones.

Ante la interdepartamental de este jueves, Barceló ha destacado que han pedido el aval judicial para poder mantener algunas medidas y limitaciones como las que se impusieron hace 15 días, entre ellas el toque de queda en los municipios con riesgo epidemiológico.

Los ex cargos del Govern a quienes el Tribunal de Cuentas exige entregar de forma cautelar 5,4 millones de euros por el presunto uso irregular de fondos públicos para las denominadas 'embajadas catalanas' presentarán la documentación que avala la prestación de estas cantidades antes de las doce de esta noche, momento en el que termina el plazo dado por el órgano contable para no ser embargados.

Así lo han señalado fuentes próximas a los 34 afectados, entre los que se encuentran los expresidentes de la Generalitat Artur Mas y Carles Puigdemont y el exvicepresidente Oriol Junqueras. Los abogados de todos ellos trabajan en la firma de los avales afianzados con fondos del Instituto Catalán de Finanzas (ICF) para poder presentarlos antes de las 00.00 horas de mañana jueves.

El conseller de Economía, Jaume Giró, anunció este mismo miércoles de que la Generalitat recurriría al ICF para cubrir las cantidades, tras no haber encontrado ninguna entidad financiera que haya aceptado avalar el fondo impulsado inicial por la Generalitat para cubrirlas.

Una vez se entregue la documentación, el Tribunal de Cuentas tendrá que valorar si ésta es suficiente para considerar afianzadas las cantidades reclamadas, que se exigen de forma preventiva para el caso de que sea declarada la responsabilidad contable de los cargos independentistas cuando sean juzgados.

Con independencia de la presentación de estos avales, el ex president de la Generalitat Carles Puigdemont ha recurrido la decisión del Tribunal de Cuentas de no ampliar el plazo fijado para este miércoles Solicita a este órgano que reconsidere su postura y amplíe el plazo para la entrega de las cantidades.

Tal y como establece la Ley de Funcionamiento del Tribunal de Cuentas, si las defensas no abonan la caución correspondiente, se procederá al embargo de bienes de los implicados hasta cubrir las cantidades que se les reclaman cautelarmente.

Según el acta de liquidación provisional, el Tribunal de Cuentas reclama a 34 ex cargos cantidades individuales por conceptos concretos que aprobaron cuando estaban en sus respectivos puestos en el Govern.

La mayor suma se le atribuye al ex secretario del Diplocat Albert Royo, a quien se le responsabiliza de 3,6 millones; le siguen la ex interventora de la Generalitat Mireia Vidal, por 3,1 millones; el ex conseller de Presidencia Francesc Homs, por 2,9 millones; el ex presidente Artur Mas por 2,8 millones; y el ex conseller de Economía Andreu Mas-Colell por 2,7 millones.

En el caso de Raül Romeva, uno de los nueve indultados por el Gobierno, la cifra alcanza los 2,1 millones de euros; Junqueras --también beneficiado por la medida de gracia-- figura con una responsabilidad contable de 1,9 millones, al igual que Puigdemont.

Aunque se les reclama a cada uno cantidades individuales, todos ellos deben responder al total de 5,4 millones de forma solidaria.

DESPUÉS VENDRÁ LA DEMANDA

Una vez que se hayan abonado las fianzas y resuelto los recursos se dará traslado de la pieza y demás actuaciones al representante de la entidad del sector público perjudicada -en este caso la Generalitat-- y las demás acusaciones --Sociedad Civil Catalana y la Asociación de Abogados Catalanes-- para que dentro del plazo común de 20 días presenten demanda.

Si no se llega a presentar, se conferirá traslado al Ministerio Fiscal, por el mismo plazo, para que la formule si así lo considera oportuno; en caso de que tampoco presentase escrito, el órgano de la jurisdicción contable a cargo del litigio ordenará de oficio el archivo de los autos.

En el caso de que sí haya demanda y una vez finalizada esta instrucción, continuará el procedimiento en el Departamento Segundo de Enjuiciamiento, en manos de la juez Margarita Mariscal de Gante, al que por turno le correspondió este asunto.

El nuevo director del Gabinete de la Presidencia del presidente Pedro Sánchez, Óscar López, ha dado este miércoles la bienvenida a su recién nombrado equipo para afrontar la nueva etapa que se ha abierto en Moncloa tras la salida de su antecesor Iván Redondo y el ya exdirector adjunto del gabinete Paco Salazar, que ha sido sustituido por Llanos Castellanos, hasta ahora presidenta de Patrimonio Nacional.

"Siempre me ha fascinado una palabra: EQUIPO. Ganas, ilusión, esfuerzo, compromiso y seriedad serán nuestras señas de identidad en La Moncloa", ha afirmado López en un mensaje en Twitter, en el que presenta a sus nuevos colaboradores.

Además de Castellanos como su 'número dos', sus colaboradores más estrechos serán el nuevo secretario general de la presidencia del Gobierno, Francisco Martín, que sustituye a Félix Bolaños, ahora ministro de la Presidencia; la periodista Sonia Sánchez, como su jefa de Gabinete --hasta ahora, su directora de comunicación en su etapa de presidente de Paradores--; y Manuel de la Rocha, como secretario general de Asuntos Económicos y G20, que se mantiene en su cargo.

YA ESTÁ EN EL BOE

Estos nombramientos --menos el de De la Rocha, que no varía-- se han publicado este miércoles en el Boletín Oficial del Estado (BOE), junto al del nuevo secretario de Estado de Comunicación, Francécs Vallés, que sustituye a Miguel Ángel Oliver, y que ya asistió este martes a su primera rueda de prensa tras el Consejo de Ministros.

Y junto a los nombramientos, el BOE ha publicado los ceses de los predecesores, una semana después de oficializar la salida del Gobierno de Iván Redondo, y el nombramiento de López como nuevo jefe de gabinete de Sánchez.

Así, el BOE ha hecho oficial la salida de Oliver como secretario de Estado de Comunicación; de Salazar como adjunto del director del gabinete; de Hilda Jiménez como vicesecretaria veneral de la Presidencia del Gobierno --puesto que por el momento no ha sido ocupado--; y de Francisco Martín como director del Departamento de Planificación y Seguimiento de la Actividad Gubernamental de la Presidencia del Gobierno, que ahora pasa a ser secretario general de la Presidencia.

El BOE también ha publicado este miércoles el nombramiento de Rafael Simancas como nuevo secretario de Estado de Relaciones con las Cortes, en sustitución de José Antonio Montilla, cuyo cese también se ve reflejado en el Boletín.

Asimismo, el BOE ha publicado el decreto que aprobó este martes el Consejo de Ministros para actualizar la composición de las Comisiones Delegadas, al haber cambiado las responsabilidades de las vicepresidentas, tras la salida de la exvicepresidenta primera Carmen Calvo.

La composición de las comisiones se mantiene prácticamente igual aunque ahora, en la de Seguridad Nacional, se incluye la asistencia del ministro de la Presidencia, al no corresponderse ya este ministerio con la Vicepresidencia primera, en manos ahora de la responsable de Asunto Económicos, Nadia Calviño. En esta comisión se mantiene la participación del jefe de gabinete.

La Consejería de Educación y Deporte de la Junta de Andalucía ha expuesto en la Conferencia Sectorial, celebrada este miércoles en el Ministerio de Educación y Formación Profesional, que aunque comparte la convicción que queda reflejada en el anteproyecto de Ley de FP sobre el papel "clave" que deben jugar estas enseñanzas en el presente y el futuro de nuestros jóvenes para el acceso a un mercado laboral cada vez más complejo, considera que la normativa, "siendo oportuna", dibuja un horizonte "cortoplacista" y adolece de "falta de determinación".

Así lo ha manifestado la viceconsejera de Educación y Deporte, María del Carmen Castillo, quien ha asistido a la reunión, presidida por la ministra Pilar Alegría, junto a representantes de todas las comunidades autónomas.

Según indica la Consejería de Educación en una nota, Andalucía ha trasladado que el consejero Javier Imbroda ha considerado la apuesta estratégica por una FP de calidad como una prioridad dentro de su acción de gobierno desde el inicio de la legislatura, con la idea clara de situarla en la realidad de las necesidades y exigencias del mercado, estableciendo una relación fluida con las empresas para abordar la responsabilidad compartida de la formación y la inserción laboral de nuestros jóvenes, con una tasa de paro que supera el 40%.

Compartiendo las medidas de impulso a la FP, Castillo ha manifestado también su "preocupación" por la financiación futura, cuando las comunidades no puedan disponer de los fondos de recuperación y resiliencia, y especialmente en aspectos como las becas de ayuda al alumnado durante su formación en las empresas, que en Andalucía son en su mayoría Pymes (pequeñas y medianas empresas), y con el objetivo de que la FP se pueda extender a todo el tejido empresarial, no sólo a las empresas de mayor dimensión.

Igualmente, ha reparado en la "sobrecarga de trabajo" en los centros educativos y el profesorado derivada de la integración de la formación para el empleo, dado que a la atención al alumnado se sumará la que deberán prestar a los trabajadores.

Respecto al reparto de los fondos europeos, Castillo ha vuelto a insistir en la necesidad de "flexibilizar" la implementación de los mismos para que se puedan destinar a las necesidades de cada territorio, y en todo caso, ha solicitado, como otras comunidades, fondos específicos para el curso 21-22 para cubrir las medidas de carácter extraordinario por la pandemia.

Finalmente, ha solicitado a la ministra "diálogo y colaboración" permanentes con las comunidades para poder llegar a acuerdos previos de cara al desarrollo de la Lomloe, a diferencia de lo que ha ocurrido con la tramitación de la ley orgánica. Para ello ha puesto como ejemplo la buena coordinación entre administraciones para que el curso 20-21 "haya resultado un éxito".

El presidente de la Diputación de Alicante, Carlos Mazón, ha asegurado este miércoles que "la única solución para mantener el trasvase Tajo-Segura es un cambio de gobierno en la Generalitat y en España".

Así se ha pronunciado el 'popular', en un comunicado, tras conocer la intención del Gobierno Central de aprobar el próximo martes en Consejo de Ministros la modificación de las reglas de explotación del Tajo-Segura que reducirá de 38 a 27 hectómetros cúbicos el trasvase mensual.

"Ya no caben excusas ante este ninguneo con respecto al agua", ha criticado Mazón, quien ha acusado al Gobierno socialista de la Generalitat que preside Ximo Puig "de estar engañándonos a todos cuando nos dicen que el trasvase es irrenunciable".

"No se puede decir que esta infraestructura es irrenunciable cuando se le están dando hachazos constantemente a nuestro futuro y a nuestra agua; basta ya de mentiras y excusas", ha señalado.

En este sentido, ha reiterado que "llegados a esta situación, solo veo una solución para evitar el daño que están haciendo a la provincia de Alicante y es un cambio de gobierno en la Generalitat y en España".

Al mismo tiempo, ha insistido en que "vamos a seguir defendiendo todos los días el agua que nos merecemos, porque es una cuestión de solidaridad, pero también lo es desde el punto de vista medioambiental y de justicia territorial".

Por otro lado, la secretaria general del PP de la Provincia de Alicante y también diputada de ciclo hídrico en la Diputación, Ana Serna, ha señalado en otro comunicado de los 'populares' que el Gobierno de Pedro Sánchez "se ha asegurado antes de irse de vacaciones de firmar la sentencia de muerte del Tajo-Segura y de dejar por escrito el ninguneo a la provincia de Alicante".

"HERIDA DE MUERTE"

"No creo que se puedan tener unas vacaciones tranquilas después de haber dejado herida de muerte a toda una tierra. Van a hacer oficial el capítulo de la historia de España que pone fin a la obra más solidaria de este país", ha añadido Serna.

En concreto, ha cargado contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, por "mantener a la ministra Ribera, que es la que está secando al sur de la provincia" y ha recordado que el 'president' de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, no ha hecho "absolutamente nada" para impedir que "la huerta alicantina se convierta en un secarral".

El Ayuntamiento de Lalín ha homenajeado este miércoles al pintor José Otero Abeledo, más conocido como Laxeiro, en el 25 aniversario de su muerte, con actos en el museo Ramón Mª Aller y en el cementerio de A Romea, en los que han participado el secretario xeral de Cultura de la Xunta de Galicia, Anxo M. Lorenzo; y el presidente del Parlamento de Galicia, Miguel Ángel Santalices.

El representante da Consellería de Cultura, Educación e Universidade, ha recordado que el Gobierno gallego "trabaja en una amplia programación que sirva para poner en valor la figura de Laxeiro con motivo del Día das Artes Galegas 2022" --que se dedicará al pintor lalinense--.

"Se trata de todo un acierto que hará que Laxeiro se sume a autores que ya protagonizaron esta efeméride como el Mestre Mateo, Castelao, Maruxa Mallo, Alejandro de la Sota, Luís Seoane o Domingo de Andrade", ha señalado Lorenzo.

Santalices, por su parte, ha indicado que el homenaje "refuerza el protagonismo de Lalín como referencia imprescindible para el arte gallego contemporáneo: por ser cuna de grandes artistas, pero también por honrar y perpetuar su memoria, y por divulgar su obra".

COMPROMETIDO CON EL EXILIO

"Laxeiro era una persona y un artista paradigmático, honesto consigo mismo, adelantado a su tiempo, cosmopolita y de mentalidad abierta, como corresponde a los grandes creadores", ha señalado el presidente de la Cámara gallega, que ha apuntado además que ese "cosmpolitismo" no le impidió "hacer gala de su condición de gallego, con el galleguismo como ideario personal". En este sentido, Santalices ha recordado que la colección de arte del Parlamento gallego cuenta con varias obras de Laxeiro, entre las que ha destacado las vidrieras que el artistaelaboró específicamente para la Cámara.

Para Santalices, "la obra de Laxeiro transciende abiertamente las fronteras ibéricas". El presidente ha hecho hincapié en la etapa argentina del pintor, "dos décadas de trabajo fecundo, experimentación y contacto con las vanguardias artísticas y contacto fluido con la intelectualidad, con especial cuidado a la relación con el exilio gallego".

HOMENAJES 24 Y 25 DE JULIO

El homenaje celebrado este miércoles incluye la inauguración de una muestra sobre la figura del pintor en el museo Ramón Mª Aller compuesta por una selección de obras que Laxeiro donó al Gobierno local, así como por los 'Cabezudos de Laxeiro', figuras inspiradas en una obra del pintor del mismo nombre y realizadas para el Ayuntamiento de Lalín por la artista local Luchi Iglesias. Los actos se completaron con una ofrenda floral al pie del panteón del pintor en el cementerio de A Romea.

La programación del homenaje continuará el sábado 24 de julio con dos pasacalles teatralizados --de 13,00 a 14,00 horas e de 19,00 a 20,00 h.-- a cargo de los 'Cabezudos de Laxeiro', que desfilarán por distintos espacios del casco urbano lalinense acompañados de A Carballeira de Cercio. Además, el domingo, Día de Galicia, tendrá lugar un pasacalles de Os Xuncos, de 13,00 a 14,00 h e de 19,00 a 20,00 horas.