La portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, ha pedido a los jóvenes que realicen un «último esfuerzo» y sean «responsables» a nivel individual porque queda ya «muy poco» para derrotar al coronavirus y, por ende, volver a poder disfrutar libremente de la vida social.

Montero se ha pronunciado así en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros y después de que la incidencia acumulada de contagios de coronavirus a 14 días haya aumentado de forma exponencial debido, entre otros motivos, a la relajación de medidas de prevención del contagio por parte de la población no vacunada, como son los jóvenes.

«Comprendemos las ansias que tienen los jóvenes por pisar la calle, por relacionarse después de tantos meses de confinamiento y de restricción de la movilidad y, además, porque están en una etapa vital que invita a esa mayor relación, pero les pedimos un último esfuerzo porque estamos cada día más cerca de derrotar a este virus», ha aseverado Montero.

Por ello, ha insistido en la «responsabilidad individual» de las personas tanto para proteger a las personas más vulnerables de las familias como a ellos mismos. «Que estemos muchísimo mejor que hace unos meses no significa que podamos relajar las medidas y dejar de protegernos y cuidarnos a nosotros mismos o a los demás», ha sentenciado.

La ministra también ha expresado el «agradecimiento» del Gobierno a los jóvenes por su actuación a lo largo de la pandemia. «Por su momento vital, están más llamados a la movilidad e interacción entre personas, han hecho un esfuerzo impresionante durante este último período», ha apuntado.

En cualquier caso, ha avanzado que «ya queda muy poquito» para que sean vacunados y para que España alcance la inmunidad de grupo. «Estamos ya a las puertas de agosto, a punto de tener la inmunidad de rebaño», ha anunciado. Por ello, ha insistido en hacer un «llamamiento a la prudencia» de los jóvenes porque «casi lo estamos tocando con los dedos».

La portavoz del Gobierno ha recordado que el objetivo de lograr tener vacunada al 70 por ciento de la población a finales de agosto, subrayando que ya se han invertido 5.000 millones de euros para la adquisición de vacunas.

La ministra ha reconocido, no obstante, que este gran incremento de la incidencia no se está traduciendo en un aumento de los fallecimientos u hospitalizaciones. «Ahora esta incidencia no se traduce exactamente porque se produce entre población joven y tenemos un porcentaje de vacunación en mayores de 50 años que está protegiendo a estos colectivos, pero entre los 30 y los 50 hay personas que no han recibido la segunda dosis o incluso la primera», ha advertido.

Teniendo en cuenta que la atención hospitalaria no se está viendo afectada, Montero ha reivindicado la necesidad de «preservar la Atención Primaria». «Quizá ahora los pacientes no van tanto a la especializada porque la sintomatología, por lo general, suele ser leve. El contagio del virus se expresa de forma distinta pero es conveniente que lo mantengamos a raya», ha remachado.

El presidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla, ha calificado de «bomba» el aumento de los contagios de coronavirus vinculado a la movilización de los jóvenes, a sus «ansias» de salir y a celebraciones relacionadas con el fin de curso, con «reuniones masivas en lugares cerrados» en los que «no hay ventilación», tampoco «llevan mascarilla» y donde se producen contactos con «infinidad de besos, saludos y abrazos».

«Eso es una bomba», ha alertado el jefe del Ejecutivo regional, que solo ve «dos soluciones»: «vacunas y sensatez», porque «no se puede hacer otra cosa», según ha manifestado este martes a preguntas de los periodistas tras visitar una quesería de Villacarriedo.

Allí ha asegurado que por el momento la comunidad autónoma cuenta con un volumen «importante» de rastreadores y «medios suficientes». No obstante, ha reconocido un problema «cosustancial» a la juventud, ya que no es lo mismo «controlar» -ha comparado- a personas mayores que a jóvenes confinados.

Y a esto se suma la «dificultad» de localizar contactos entre este último colectivo, en el sentido de que optan por «no delatar a los compañeros» con los que, por ejemplo, han salido de fiesta. Y además, en «algunos» casos en los lugares donde habían estado no tenían «registro» de asistentes, lo que complica el rastreo de contactos.

Teniendo en cuenta todo esto, Revilla ha llamado a la «sensatez» y la «cordura», especialmente de los más jóvenes, a los que no ha querido «culpar» de la situación actual de la pandemia, pero sí les ha pedido que sean «conscientes» de que se pueden infectar y contagiar a otras personas, incluso aunque estén inmunizadas, pues la vacuna «no es eficaz al cien por cien».

Además, el regionalista ha hecho una petición: «vacunas, vacunas, vacunas», pues a su juicio no están llegando dosis «suficientes» para inmunizar a la población, más si se tiene en cuenta -como ha subrayado- la capacidad de la comunidad autónoma para administrarlas. «Si tuviera Cantabria ahora 40.000 vacunas, las coloca. Estamos preparados para ponerlas», ha enfatizado.

En este punto, ha recordado que hay un grupo de edad que está «en el limbo» y que son los mayores de 60 años pendientes de la segunda dosis de AstraZeneca, aunque ya se está «empezando a llamarles», ha valorado.

El presidente ha advertido que su Gobierno, a través de la Consejería de Sanidad, irá adoptando medidas restrictivas en aquellos municipios que estén en nivel de riesgo 3 y 4, conforme a la actualización semanal del ‘semáforo Covid’.

A este respecto, y aunque como ha remarcado estas decisiones corresponden más concretamente a la Dirección General de Salud Pública, ha admitido que el lunes no fue «un buen día», ya que se detectaron más de 260 casos -contabilizados este martes-, aunque ha precisado que «lo positivo» es que la incidencia hospitalaria es «pequeña» y no hay «ningún riesgo» en ese aspecto.

ESTAMOS EN TODOS LOS TELEDIARIOS, PERO CANTABRIA ES SEGURA

De todos modos, Revilla ha abogado por «solucionar» la coyuntura Covid porque «estamos en una racha donde estamos en todos los telediarios» al tiempo que Alemania ha pedido a sus ciudadanos que no vengan a Cantabria, lo que puede generar una imagen de que «no es segura» cuando a su juicio «es absolutamente segura para el que no quiera contaminarse».

Pero si alguien quiere venir «con la intención de irse a lugares cerrados hasta altas horas de la mañana y no respetando» las medidas sanitarias -uso de mascarilla, distancia de seguridad, etcétera- «pues entonces que no venga», ha pedido el presidente autonómico.

Ha achacado este contexto actual de la pandemia a que el virus está «extendido» y está afectando fundamentalmente a la población no vacunada, la juventud, que «se moviliza mucho más que los mayores».

Pese a ello, la situación «no esta tan grave» como hace un año, cuando había una «alarma total» pues una parte «importante» de los infectados «acababa» en los hospitales, en las unidades de cuidados intensivos o incluso fallecía.

Ha recordado así que entonces en Cantabria llegó a haber más de 400 pacientes en planta y cerca de medio centenar en la UCI, cuando ahora hay una treintena y cuatro, respectivamente y según ha contrastado.

Aún con todo, el presidente cántabro ha pedido a los jóvenes que están «divirtiéndose» y piensan que «lo más que pueden coger es un catarro» que pueden infectar a familiares -padres o abuelos- incluso aunque tengan las dos dosis de la vacuna y que por tanto pueden acabar ingresados.

«Son jóvenes y les queda toda una vida por delante. ¿No pueden esperar para que dentro de dos meses puedan estar vacunados?», se ha preguntado al hacer el llamamiento a la «sensatez» y la «cordura» a este colectivo, no solo por el «egoísmo personal» de que «a nadie le gusta enfermar», sino también por «solidaridad» con sus familias.

Al hilo, y para finalizar, ha insistido en calificar como «una bomba» macrofiestas de fin de curso en lugares cerrados, en lugares también como la Costa Brava o Mallorca, o personas que han hecho «hasta 400 kilómetros para estar una noche en un local cerrado» de Cantabria, que se convirtió en una «atracción» cuando los tribunales permitieron el ocio nocturno mientras seguía cerrado en otras comunidades autónomas.

La ministra de Hacienda y Portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, ha asegurado hoy que el Gobierno no entra a juzgar si el fondo de 10 millones creado por el Ejecutivo catalán para pagar multas por el ‘procés’ es «malversación o menoscabo de fondos públicos».

Montero ha respondido así durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, en la que ha sido preguntada por la advertencia del Tribunal de Cuentas de que el Govern podría incurrir en malversación si paga las multas de los 34 exaltos cargos de la Generalitat con fondos públicos.

La Portavoz del Ejecutivo inicialmente ha dicho que no podía opinar sobre la norma aprobada por la Generalitat porque no conoce el acuerdo y simplemente lo han visto en titulares de prensa.

No obstante, ha precisado que el Gobierno «vela por la legalidad existente» y esto significa, ha dicho, que «todas las normas son pasadas por ese filtro de legalidad». Aunque ha añadido que cuando tengan opinión, tras conocer la norma, la harán pública.

Pero al ser preguntada sobre si la Generalitat estaría incurriendo en un delito de malversación como ha avisado el Tribunal de Cuentas y si el Gobierno está dispuesto a recurrir el pago de esa multa con fondos públicos, la Portavoz del Ejecutivo ha señalado que, sobre el tipo de delitos que pueda o no haber, «no le corresponde al Gobierno juzgar».

Ha precisado en este sentido que al Gobierno no le compete juzgar «si una determinada conducta es objeto de un menoscabo de fondos públicos, de malversación, de responsabilidad contable o cualquier otra de las consideraciones que tiene que ver con los fondos públicos».

Se ha limitado a señalar que el Ejecutivo respeta las decisiones de los tribunales y del Tribunal de Cuentas. Sobre este último ha precisado que aún no ha concluido el procedimiento y que éste puede ser recurrido por los afectados una vez que concluya.

La decisión de crear este fondo ha sido anunciada esta mañana por la portavoz del Govern, Patricia Plaja, quien ha comparecido tras la reunión del Consejo Consultivo para explicar que el Ejecutivo catalán ha aprobado un decreto ley que crea un Fondo Complementario de Riesgos con 10 millones de euros para cubrir las fianzas que pide el Tribunal de Cuentas a decenas de cargos y excargos de la Generalitat.

Según ha dicho, acompañada de la consejera de Presidencia, Laura Vilagrà, y el consejero de Economía, Jaume Giró, este fondo «tiene como principal objetivo proteger a todos los servidores públicos en el legítimo ejercicio de su cargo.

Vilagrà ha asegurado que servirá para «cubrir los elementos de indefensión que en estos momentos afectan a servidores y altos cargos» de la Generalitat, en alusión a la causa del Tribunal de Cuentas.

Las instituciones de la Comunitat Valenciana han condenado este martes, mediante concentraciones silenciosas, el asesinato en Borriana (Castellón) de Johana Andrea, por el que ha sido detenido su pareja como presunto autor. «Hay que acabar con este terrorismo sea como sea», han recalcado representantes institucionales, que recalca que «las mujeres tienen que dar el paso, pero toda las sociedad tiene que acompañarlas en este camino tan difícil y doloroso».

El cadáver de Johana fue hallado el pasado 21 de abril en la población castellonense y este lunes se confirmó como un nuevo caso de violencia de género. Con este caso, el número de mujeres asesinadas por violencia machista en España asciende a 24 en 2021 y a 1.102 desde 2003. En la Comunitat Valenciana, se trata de la segunda víctima mortal en 2021 y la primera en la provincia de Castellón.

Así, a las puertas del Palacio del Temple, sede de la Delegación del Gobierno en la Comunitat Valenciana, la delegada, Gloria Calero, ha lamentado estar «tristemente otra vez» denunciando «este atropello a las mujeres por el mero hecho de ser mujeres», lo que ha tildado de «una situación insostenible e indigna para una sociedad civilizada».

«Tenemos que ser conscientes toda la ciudadanía de que tenemos que poner coto a esta lacra social. Seguiremos denunciando tristemente las veces que sea necesario y seguiremos trabajando, como hemos dicho ya en otras ocasiones, ha aseverado.

En este sentido, la delegada del Gobierno ha asegurado que, desde las instituciones se están revisando las herramientas existentes para «ver en qué podemos mejorar para acabar con esta lacra».

Por su parte, la asesora de la Delegación del Gobierno en materia de Violencia de Género, Ángela Escribano, ha denunciado que «la sociedad civil, las instituciones y los propios entornos de las víctimas no son suficientes para abordar todos los elementos que genera el machismo». «Las mujeres tienen que dar el paso, pero toda las sociedad tiene que acompañarlas en este camino tan difícil y doloroso», ha continuado.

«TERRORISMO MACHISTA»

Con este caso, el número de mujeres asesinadas por violencia de género en España asciende a 24 en 2021 y a 1.102 desde 2003. En la Comunitat Valenciana, este asesinato confirma la segunda víctima por violencia de género en 2021 y la primera en la provincia de Castellón.

Sin embargo, Escribano ha denunciado que en estas cifras, que se enmarcan dentro de la violencia de género según la definición de la Ley Orgánica 1/2004, «no están reflejada Wafaa, ni Florina, ni Laura Luermo, ni Diana Quer, ni otras mujeres asesinadas por el hecho de ser mujeres porque el asesino no había tenido una relación de afectividad con las víctimas».

Frente a esta definición de violencia de género, Escribano ha defendido el artículo 3 del Convenio de Estambul, que «define la violencia contra las mujeres como una violación de los derechos humanos y una forma de discriminación».

«Esta definición contempla todos los actos de violencia basados en el género que implican o pueden implicar para las mujeres daños o sufrimientos de naturaleza física, sexual, psicológica y económica», ha explicado.

Por último, ha defendido que no se puede negar la violencia contra las mujeres «justificándolo como parte de la relación de pareja». «Esto muestra el gran desconocimiento que se tiene y su desconsideración hacia las mujeres, niños y niñas que la sufren y que viven bajo sus golpes y amenazas. Negarla es también un acto de violencia», ha apostillado.

Por su parte, miembros del Consell han guardado tres minutos de silencio en señal de repulsa. El secretario autonómico de Igualdad y Diversidad, Rubén Sancho, ha remarcado que «ninguna sociedad democrática puede aceptar el asesinato de mujeres por el terrorismo machista».

El Gobierno valenciano quiere «enviar a los terroristas machistas» el mensaje de que la sociedad valenciana «no está dispuesta a consentir más asesinatos y que siempre nos van a tener frente a ellos». «La violencia, el asesinato de mujeres, no va a ser nunca algo que ninguna sociedad democrática pueda aceptar», ha razonado Sancho, que ha agregado: «Por tanto, toda la sociedad, todos los sectores sociales, todos los agentes, nos acompañarán en esta lucha para acabar con este terrorismo sea como sea».

«CONSTERNACIÓN» EN BORRIANA

El silencio se ha hecho también a mediodía frente al Ayuntamiento de Borriana, la localidad donde vivía la víctima. El consistorio ha mostrado su «consternación y rechazo».

En la concentración han participado integrantes de la corporación municipal, de la Policía Local y de la Guardia Civil, así como vecinos, para condenar los hechos y trasladar su solidaridad a los familiares y amigos de la víctima.

La concentración silenciosa, a la cual se han sumado miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad y varios vecinos, ha sido convocada por la Federación Valenciana de Municipios y Provincias para todas las entidades dentro del ámbito autonómico. De este modo, las muestras de dolor se han repetido en diversos consistorios, las diputaciones, universidades y subdelegaciones de gobierno.

La presidenta de Ciudadanos, Inés Arrimadas, ha afirmado este miércoles que ahora el partido no está pensando en elecciones porque está centrado en «gobernar bien» en Castilla y León, Andalucía y cientos de municipios, y ha recordado que aún faltan dos años para los próximos comicios autonómicos y locales.

Así ha respondido en una entrevista en Castilla-La Mancha Media, cuando le han preguntado si Cs concurrirá en solitario a las siguientes elecciones autonómicas y generales o si se plantea una posible alianza del centro derecha junto al PP.

«Nosotros somos el único partido liberal de España y vamos a defender los principios de este partido, siempre pensando en el interés general», pero «no estamos pensando en elecciones ahora, estamos pensando en gobernar bien», ha manifestado. En este sentido, ha apuntado que «en los Ayuntamientos quedan todavía dos años de legislatura» y ahora «hay que estar centrados en la gestión».

Respecto a si la formación naranja acabará fusionándose con el PP, Arrimadas ha dicho, en otra entrevista en CMM Radio, que «el futuro de Ciudadanos es seguir siendo ese espacio» que representa a quienes quieren votar a una opción política «liberal» que defiende «la igualdad de todos los españoles en todos los rincones de España» y que antepone «el interés general» a los intereses partidistas.

«Llevábamos 40 años sin un partido de centro, que huyera de las trincheras y que buscara acuerdos buenos para los ciudadanos», así que «vamos a seguir trabajando con fuerza porque este proyecto merece mucho la pena», ha destacado.

DECIDIÓ LIDERAR EL PARTIDO EN UNA SITUACIÓN «DIFÍCIL»

Arrimadas ha asegurado que no da importancia a las encuestas que atribuyen unas bajas expectativas electorales a Cs y muestran una baja valoración de su líder, porque lo que le preocupa no son los temas de la «burbuja política», sino cómo resolver «los problemas de verdad» que afectan a la gente en su vida diaria.

Además, ha indicado que, cuando decidió presentarse a las primarias para presidir Ciudadanos, después de que Albert Rivera dimitiera por el fracaso en las elecciones generales de noviembre de 2019, ya sabía que estaban «en una situación muy difícil», tras perder el 80 por ciento de los escaños que tenían en el Congreso.

Y cuando se unió al partido en 2012 en Cataluña, ya era consciente tampoco iba a ser para «vivir mejor»: «Yo siempre que he estado en política he sabido que he venido a luchar, no a facilitarme la vida, sino a todo lo contrario, a complicármela».

«Pero merece mucho la pena luchar por un proyecto que sí que cree en la igualdad de todos los españoles, que lo mismo te dice no a los indultos que defiende los derechos de las personas LGTBI, que no dice una cosa en el País Vasco, otra en Castilla-La Mancha, otra en Madrid y otra en Andalucía, sino que dice lo mismo en todas partes», ha afirmado.

También ha resaltado que Cs «no se pliega al nacionalismo», conoce «muy bien» Cataluña y «sabe perfectamente cómo funcionan los partidos separatistas», mientras que el PP y el PSOE, cuando gobiernan España, «al final siempre ceden» ante los nacionalistas.

INSTA A LOS BARONES SOCIALISTAS A «MOVERSE» CONTRA LOS INDULTOS

En relación con los indultos que el Gobierno de Pedro Sánchez ha concedido a los líderes independentistas condenados por el ‘procés’, Arrimadas ha reiterado que le parece «indignante». Cree que esta decisión –contra la cual se han pronunciado algunos dirigentes autonómicos socialistas, como el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, «merece algo más que salir un día y decir ‘no estoy de acuerdo'».

«Hay que hacer algo más, hay que ser más contundentes y, sobre todo, moverse internamente para que esto no se lleve a cabo», ha recalcado, advirtiendo de que, si no, Sánchez «va a seguir aplastando las instituciones del Estado y la igualdad».

Considera que no se puede aceptar que haya «una España de primera y una España de segunda» en donde comunidades autónomas que «han sido leales a España» quedan «olvidadas». A su juicio, tras los indultos, el Ejecutivo del PSOE y Unidas Podemos hará «más cesiones a los partidos separatistas» y eso provocará que, por ejemplo, los niños castellano-manchegos «no tengan los mismos oportunidades» que otros que hayan nacido en otras comunidades.

El líder del PP, Pablo Casado, ha exigido al jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, aclarar si va a evitar la «inadmisible malversación» que supone que la Generalitat vaya a crear un fondo de 10 millones para cubrir las fianzas del Tribunal de Cuentas por el ‘procés’. Tras asegurar que se trata de un «fraude de los que malgastaron el dinero de los españoles para dar un golpe al Estado», ha anunciado que el PP denunciará por malversación y prevaricación al Govern y recurrirá solicitando la inhabilitación de los que aprueben ese fondo.

Así se ha pronunciado después de que la portavoz del Govern, Patricia Plaja, haya anunciado que el Ejecutivo catalán ha aprobado un decreto ley que crea un Fondo Complementario de Riesgos con 10 millones de euros para cubrir las fianzas que pide el Tribunal de Cuentas a decenas de cargos y excargos de la Generalitat.

«Exigimos a Sánchez que evite esta inadmisible malversación que es un fraude de los que malgastaron el dinero de los españoles para dar un golpe al Estado», ha afirmado Casado en un mensaje en su cuenta oficial de Twitter.

Casado ha advertido al Ejecutivo liderado por Pedro Sánchez que «su mesa con independentistas no permite la prevaricación» y ha avanzado que el PP recurrirá «solicitando la inhabilitación de los que lo aprueben».

INSTA A SÁNCHEZ A ACLARAR SI PERMITIRÁ ESTE «FONDO DE REPTILES»

Poco después, el PP ha difundido un audio con unas declaraciones de Casado en las que ha denunciado que la Generalitat pretenda «crear un fondo de reptiles de 10 millones de euros para que aquellos que dieron un golpe al Estado con el dinero de los españoles, encima no tengan que pagar lo que el Tribunal de Cuentas ha estimado que tienen que devolver».

Dicho esto, ha emplazado al jefe del Ejecutivo a aclarar «inmediatamente si va a permitir esto» que, a su juicio, «es una malversación de otra malversación que ya se hizo». Además, ha indicado que se trata de una «prevaricación» porque «hay funcionarios y hay políticos que están tomando resoluciones que saben que son injustas».

Casado ha subrayado que Sánchez «ya ha indultado penalmente a los nueve políticos que dieron un golpe a la legalidad» y ha añadido que «ahora también pretenden que todos los españoles pague el despilfarro y la desviación de fondos públicos para delinquir», algo que ha calificado de «absolutamente intolerable».

Si Sánchez no hace nada, si no anuncia que no va a reunir a la mesa de partidos porque sigue incumpliendo las resoluciones del Tribunal de Cuentas y siguen avalando la delincuencia, nosotros sí que exigiremos que se cumpla lo que han dicho los tribunales«, ha avisado.

En este punto, ha anunciado los pasos que está dispuesto a dar su partido. «Recurriremos esta decisión y denunciaremos por malversación y prevaricación a la Generalitat esperando que una vez más sean inhabilitados por las graves irregularidades que están cometiendo, en esta ocasión con la complicidad de Sánchez», ha advertido.

RESPETO AL TRIBUNAL DE CUENTAS Y QUE NO HAYA «COMPLICIDAD» DE SÁNCHEZ

Casado ha afirmado que el PP ya sabía que Pedro Sánchez «no quería resolver los problemas de Cataluña» sino «resolver los problemas de los políticos independentistas» para «resolver lo suyo, que es seguir en el poder a toda costa sin ninguna ética, ningún cumplimiento de la ley, ni ninguna moralidad». «Nosotros no lo vamos a permitir», ha proclamado.

Dicho esto, el jefe de la oposición ha reclamado «máximo respeto» al Tribunal de Cuentas, igual que a toda la Justicia, y que «no haya impunidad ni complicidad por parte del Gobierno de España para borrar los graves delitos que se cometieron en el año 2017».

Casado ha subrayado que el PP está con «todos los catalanes y el resto de españoles», quienes «no pueden pagar impuestos en plena crisis para que lo despilfarren en embajadas y en golpes a la legalidad».

«No puede ser que solo se indulte a los que están yendo en contra de la Constitución y contra la igualdad de todos los españoles y que, sin embargo, se deje abandonada a esa Cataluña real que quiere orden, cumplimiento de la ley y concordia», ha resaltado.

GAMARRA: «MALVERSACIÓN AL CUADRADO»

En parecidos términos se ha expresado la portavoz del Grupo Popular en el Congreso de los Diputados, Cuca Gamarra, quien considera que el fondo de la Generalitat supone «malversación al cuadrado».

Así, ha recordado que los líderes independentistas indultados «ya dijeron que no se arrepentían» y «vuelven a las andadas con el dinero de todos». «¿Avalar con fondos públicos la malversación? Malversación al cuadrado», ha afirmado en Twitter.

Por su parte, el presidente del PP catalán, Alejandro Fernández, ha afirmado que «malversar está fatal, pero malversar la malversación solo estos figuras podían lograrlo». «Luego vendrán los lamentos», ha exclamado.

La Asociación de Usuarios de la Comunicación (AUC) ha rechazado la contrarreforma de Telemadrid planteada por el Partido Popular porque acarreará «más dependencia política y gubernamental», han indicado en un comunicado.

También advierten de «una pérdida de independencia profesional y el cierre de una experiencia pionera de participación de la sociedad civil en la gestión de los medios públicos».

Este último aspecto es para la asociación «especialmente decepcionante ya que el modelo adoptado para selección de los miembros del Consejo de Administración en la Ley de Radiotelevisión Madrid aprobada en 2015 es un ejemplo pionero, a seguir por otros medios públicos en favor de una mayor independencia, pluralismo, neutralidad y objetividad».

«La contrarreforma que el Grupo Popular de la Asamblea de Madrid pretende aprobar en trámite de lectura única no propone ninguna medida para la mejora de la eficiencia de RTVM ni para una mayor garantía del cumplimiento de su misión de servicio público», han insistido.

La entidad destaca sobre la «eliminación de la participación social y profesional en el Consejo de Administración» que en su modelo actual sus miembros son elegidos por la Asamblea de Madrid a partir de una propuesta de carácter mixto por parte de los grupos parlamentarios y de las organizaciones profesionales y sociales representativas del sector de la comunicación en la Comunidad de Madrid.

LOS CANDIDATOS, COMPETENCIA EXCLUVIVA DE LOS GRUPOS

Lo que se pretende ahora, sin embargo, es modificar o derogar estos artículos «con el fin de reservar a los grupos parlamentarios en exclusiva la propuesta de candidatos para la elección de los miembros del Consejo de Administración de Radio Televisión Madrid, minusvalorando la gran labor realizada en estos años por el Consejo fruto precisamente de la diversidad de sus miembros».

Ello significa, «a pesar de los pseudoargumentos utilizados para justificar el cambio y teniendo en cuenta la dinámica de las mayorías parlamentarias, un paso atrás en la independencia de RTVM en favor de una mayor gubernamentalización de la radiotelevisión pública».

A las organizaciones de la sociedad civil «se pretende arrinconarlas en el Consejo Asesor, órgano cuya existencia AUC ha defendido siempre, pero que no deja de ser una instancia puramente consultiva, sin ninguna capacidad de decisión». Se reúne «cuatro veces al año».

Además el nuevo Consejo de Administración «pierde atribuciones» porque «aunque se mantiene su capacidad para proponer a la Asamblea candidato o candidata a la dirección general, se elimina de sus funciones el nombramiento y cese del personal directivo, lo que de nuevo contribuye a debilitar la figura del Consejo de Administración».

DIRECTOR GENERAL

Consideran en la asociación que uno de los elementos claves de la independencia de RTVM ha sido la consolidación de la figura de un director general propuesto por el Consejo de Administración y ligado al mismo en su horizonte de gestión pero «se pretende ahora reducir su mandato de seis a cuatro años, eliminar la posibilidad de que pueda mantenerse en funciones si no hay acuerdo amplio para su reelección, y, para tal caso, se introduce la figura de un administrador único con sus mismas competencias».

Este administrador único va «en línea con otras contrarreformas, como la operada en RTVE en 2012, de modo que puede ser elegido por mayoría simple en segunda votación».

Se trata, por todo ello, de «un paso en la dirección contraria de la que deben seguir los medios públicos para justificar su existencia en un entorno audiovisual como garantía de pluralismo, neutralidad y cohesión con su entorno social».

La presidenta del Parlament, Laura Borràs, ha sostenido este martes que el fondo de diez millones creado por el Govern para cubrir las fianzas del Tribunal de Cuentas frena «los efectos inquisitoriales y anacrónicos de este organismo del Estado español», ha dicho tras reunirse con el presidente del Govern, Pere Aragonès.

«Detener esta represión debe ser una obligación, y el Govern ha hecho lo que tenía que hacer: proteger a los servidores públicos que hicieron su trabajo de acuerdo con el mandato democrático de la Generalitat», ha subrayado en rueda de prensa en el Parlament tras la reunión, celebrada en la Generalitat y que ha durado una hora.

Borràs, que ha enmarcado la reunión con Aragonès en una relación que debe ser constante, franca y fluida, ha asegurado que la causa del Tribunal de Cuentas contra exaltos cargos del Govern «le estropea a Pedro Sánchez su fábula de la maravillosa democracia española», en referencia al presidente del Gobierno central.

Además, la causa «recuerda que los conceptos grandilocuentes de concordia y magnanimidad, cuando no van acompañados de acciones, medidas y actitudes, son sólo conceptos vacíos», ha añadido la presidenta de la Cámara.

«El Estado español, en lugar de fiscalizar la acción exterior de Cataluña, tal vez lo que debería revisar es la acción interior de sus organismos, especialmente cuando actúan con actitudes que, más que ser contemporáneas, son casi de naturaleza medieval», según Borràs.

REUNIÓN CON ARAGONÈS

Borràs se ha reunido este martes con Aragonès en el Palau de la Generalitat, en la que ha sido su primera reunión institucional desde que ambos tomaron posesión de sus cargos, y se ha celebrado una vez el presidente del Govern ha terminado la ronda de contactos con los grupos parlamentarios.

Ha abordado con Aragonès la situación de la pandemia de Covid-19, y el «recorte de derechos y libertades a raíz del auge de la ultraderecha, que está más presente que nunca en las instituciones», así como de las agresiones homófobas y de discriminaciones y delito de odio de cualquier tipo, ha dicho.

También han tratado la reunión que mantuvieron la semana pasada Aragonès y Sánchez, y Borràs le ha recordado que preside una Cámara con mayoría independentista, por lo que tiene «el mandato para lograr la plena libertad del pueblo de Cataluña» y avanzar hacia la independencia.

Borràs ha abogado por «continuar blindando la Cámara catalana de cualquier tipo de injerencia por parte de otros organismos», y ha asegurado que la vinculación entre la acción del Govern y el Parlament es total, ya que quieren que el ejecutivo y el legislativo caminen juntos, según ella.

También han hablado del pacto que Aragonès quiere promover por la autodeterminación y la amnistía, y Borràs le ha trasladado que prevé reunirse con los presidentes de los grupos parlamentarios para plantear medidas ante problemáticas que le han expuesto entidades e instituciones con las que se ha reunido durante sus 100 primeros días presidiendo la Cámara.

Preguntada por el encuentro entre el expresidente del Govern Carles Puigdemont y el expresidente y líder de ERC, Oriol Junqueras, ha confiado en que será cordial y que podrá «dar sus frutos», y ha recordado que lideraron el Govern que promovió el 1-O.

La ministra de Igualdad, Irene Montero, ha celebrado este martes la aprobación en Consejo de Ministros de la Ley de Garantías de las Libertades Sexuales que, según ha indicado, pone el consentimiento en el centro. «Eso significa que solo tú decides sobre tu cuerpo y tu sexualidad, te libera de tener que demostrar que te has resistido, que hubo violencia o te sentiste intimidada», ha declarado.

Montero ha hecho estas declaraciones a través de un video de más de dos minutos difundido por el ministerio, con motivo de la aprobación del texto por el Consejo de Ministros.

Para la ministra, este martes es «uno de esos días» en los que «la política está a la altura de las demandas de la sociedad» y, más concretamente «de las demandas feministas» y «de las mujeres» del país.

En este sentido, ha recordado «a Nagore, a Nevenka a Laura Luelmo» y «a tantas mujeres víctimas de violencia sexual», así como a las feministas que salieron a la calle a gritar ‘Hermana yo sí te creo’, ‘No es abuso, es violación’ o ‘Solo sí es sí’.

AGRADECIMIENTO A TODAS LAS MUJERES

En su intervención ha señalado como «objetivo claro» de esta norma, el que «ninguna mujer se sienta sola» y, para ello, ha explicado, se establecen los «mecanismos necesarios para el acompañamiento y la reparación del daño causado». Al respecto, ha indicado, se crean «itinerarios específicos que incluyen centros de atención 24 horas para mujeres víctimas de agresión sexual y las casas de infancia».

«Además, garantizamos una respuesta integral a todas las víctimas de violencias sexuales», ha explicado en el video. Según ha indicado, se establece «el derecho a una reparación de todas ellas que tenga en cuenta el daño físico y psicológico, así como los efectos de la agresión a nivel educativo, laboral o social».

La ministra ha incluido la aprobación de esta ley del ‘solo sí es sí’ en un grupo que, junto al Plan Corresponsables o la ley Trans y LGTBI, consolida «una nueva generación de derechos feministas».

«Gracias, gracias de verdad a todas las mujeres que habéis luchado para que esta ley sea hoy una realidad: a quienes os habéis movilizado; a quienes habéis sufrido agresiones y habéis podido contarlo y también a las que no; a quienes habéis roto el muro de silencio; esta ley es vuestra», ha concluido Montero.

La diputada de la CUP en el Parlament Laia Estrada ha aplaudido la estrategia de la Generalitat de crear un fondo de 10 millones de euros para cubrir las fianzas que pide el Tribunal de Cuentas a decenas de cargos y excargos de la Generalitat.

«La Generalitat siempre debe estar al lado de la gente represaliada por defender los derechos del pueblo catalán», ha defendido Estrada en rueda de prensa este martes en el Parlament, y ha calificado de correcta esta medida.

También ha pedido que no haya «represaliadas de primera y de segunda» y que la Generalitat no se persone como acusación particular contra independentistas, que ha dicho que es una asignatura pendiente del Govern.

La diputada anticapitalista también ha apoyado el cierre del ocio nocturno que ha anunciado el Govern tras el repunte de casos de coronavirus, pero considera que «esta no debe ser la única de las medidas».

Ha exigido que haya un refuerzo de personal y de infraestructuras de la atención primaria, que se contraten más rastreadores Covid, que se haga un testeo masivo a la población y que las modificaciones de los protocolos sean «en base a criterios sanitarios y no en base a la falta de recursos».

ELÉCTRICA PÚBLICA

La diputada ‘cupaire’ ha explicado que llevarán al pleno de esta semana en el Parlament la propuesta de crear una eléctrica pública, en contraposición al «modelo de oligopolios energéticos, que son el peor ejemplo, junto con los bancos, de puertas giratorias y de entramado del Estado español», les ha acusado de vulnerar los derechos sociales.

También ha criticado el decreto del Gobierno de este lunes acordado con CC.OO y UGT sobre la temporalidad en el sector público, porque «en ningún caso soluciona los problemas de los interinos» y no cumple, según Estrada, con las sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE).

Ha sostenido que este «decretazo abre la puerta al despido masivo y es la antesala de las privatizaciones», y ha reclamado que el Parlament apruebe una ley para reconocer la estabilidad de estos trabajadores, para lo que ha pedido a ERC y Junts que defiendan la soberanía de la Cámara catalana y digan ‘no’ al decreto del Gobierno.

Preguntada por si puede haber un conflicto competencial con el Estado a raíz de esta ley, Estrada ha defendido que «tiene todo el sentido del mundo que el Parlament dé cumplimiento a sentencias del TJUE, que es de rango superior al estatal».

Para Estrada, no hay un conflicto competencial, pero de haberlo, ha apostado por poner en marcha una «confrontación estratégica, no solo por la independencia sino también para defender derechos sociales y laborales».

La Reina Letizia ha visitado este martes por la mañana la exposición sobre la historia y el trabajo de Unicef para defender los derechos de la infancia de todo el mundo con motivo del 75 aniversario de la organización.

La exposición, que ha sido inaugurada por Abertis y su Fundación, así como por Unicef España, tiene lugar en el marco de la alianza estratégica que ambas entidades mantienen desde 2017 para reducir la siniestralidad vial en todo el mundo y, en concreto, para sensibilizar y acabar con la siniestralidad vial infantil.

La Reina ha visitado la exposición, situada en el Paseo de la Castellana, en Madrid, acompañada por miembros del equipo directivo de Abertis y su Fundación, y de Unicef España.

La exposición relata el trabajo desarrollado por Unicef a lo largo de sus 75 años de historia para atender a los menores afectados por conflictos armados, desastres naturales, hambrunas y otras situaciones de emergencia. A través de historias de vida de niños de todo el mundo, pone de relieve la labor de la organización en materias clave para la infancia como son la vacunación, la nutrición, la educación o la protección.

En un momento clave a nivel mundial en el que la infancia se está viendo gravemente impactada por las consecuencias de la COVID-19, la muestra pretende concienciar a través de este recorrido histórico sobre el impacto positivo que Unicef ha generado en el conjunto de la sociedad desde su nacimiento tras la Segunda Guerra Mundial. Al mismo tiempo, busca resaltar cómo este camino marca y ayuda a construir un presente y un futuro en el que cada niño, esté donde esté, pueda crecer y desarrollar todo su potencial.

Además, la exposición también ahonda en los logros que Unicef España y Abertis y su Fundación han conseguido para reducir los accidentes de tráfico con víctimas infantiles en todo el mundo a través de su alianza estratégica.

Según destacan ambas organizaciones, los accidentes de tráfico están entre las 10 primeras causas de muerte en países desfavorecidos y son la principal causa de muerte entre los niños y jóvenes adultos de 5 a 29 años. Cada año, pierden la vida 1,35 millones de personas en las carreteras de todo el mundo, de los que casi 200.000 son niños, la mayoría de ellos de países en desarrollo cuando iban de camino al colegio.

Tal y como destacan, la seguridad vial es vital para garantizar el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Para garantizar la seguridad y protección de todos los usuarios de las infraestructuras viarias son necesarios una construcción óptima, un mantenimiento correcto y una señalización precisa, pero también son necesarios el conocimiento y la sensibilización de la población a través de la educación vial para reducir la accidentabilidad.

En su lucha por mejorar la seguridad vial global, Abertis y su Fundación firmaron una alianza estratégica con Unicef España para conseguir reducir la mortalidad infantil en la población escolar. Por medio del proyecto ‘Rights of Way’ se impulsan acciones que contribuyen a mejorar la seguridad vial en países con menos recursos y a reducir el impacto de los accidentes de tráfico con víctimas infantiles. Esta alianza se complementa con la colaboración del Instituto Guttmann, entidad de referencia en el tratamiento de lesiones medulares.

La exposición, que se ha inaugurado este martes, está abierta a todo el público y podrá visitarse en dos puntos de Madrid: del 6 al 20 de julio en el Paseo de la Castellana 39, frente a la sede de Abertis; y del 23 de julio al 23 de agosto en el Parque del Retiro.

Antes de la inauguración de la exposición, se ha celebrado una reunión de trabajo en las oficinas del Grupo Abertis presidida por la Reina en la que se ha presentado el trabajo de la Fundación Abertis y algunos de sus proyectos más destacados, como el proyecto de medioambiente y sostenibilidad Centro Internacional Unesco para las Reservas de la Biosfera Mediterráneas en alianza con Unesco y el mencionado ‘Rights of Way’ en alianza con Unicef.

PP, BNG y PSdeG, grupos con representación en el Parlamento gallego, pretenden impulsar una declaración institucional de la Cámara autonómica para expresar su repulsa al crimen del joven de 24 años Samuel Luiz y para condenar cualquier tipo de violencia con naturaleza de odio, incluida aquella con razones homofóbicas o LGTBIfóbicas.

El acuerdo para iniciar la redacción de la declaración (que debe ser consensuada para que salga adelante) ha partido de la reunión de la junta de portavoces celebrada este martes para configurar el orden del día del próximo pleno, el último del período de sesiones antes del parón estival.

De este modo, los grupos políticos quieren elevar a la institución del Legislativo gallego la repulsa por el crimen violento de Samuel Luiz en la madrugada del sábado 3 de julio tras recibir una paliza de un grupo de personas que, según los allegados de la víctima y testigos de los hechos, profirieron insultos homofóbicos mientras lo golpeaban.

Las formaciones han apelado a conocer el desarrollo de la investigación (todavía no hay detenidos por el caso, sí interrogados) para ver si se confirma el extremo de que pudiera tratarse de un delito de odio.

En todo caso, el BNG ha explicitado su intención de que la declarción institucional refleje un rechazo a las violencias que se ejercen hacia las personas por su orientación sexual o identidad de género.

«La homofobia y la LTBIfobia no tienen cabida en nuestra sociedad y es importante que el Parlamento de Galicia se exprese», ha señalado la diputada nacionalista, Olalla Rodil, que ha resaltado el «ejemplo» dado por «el pueblo gallego» en la jornada del lunes con la multitud de concentraciones celebradas en repulsa del crimen de Samuel.

El portavoz popular en la Cámara, Pedro Puy, ha indicado que los grupos «van en la misma línea» de incluir en la declaración una condena a las violencias «en todas sus manifestaciones, incluidas las homófobas», si bien ha emplazado a conocer el desarrollo de la investigación sobre la muerte de Samuel para contar con mayores «certezas» sobre si su asesinato puede considerarse una cuestión de odio.

También ha apelado a ser «cautelosos» el diputado del PSdeG Pablo Arangüena, que ha hecho un llamamiento a «no relativizar» las causas de la violencia porque «toda violencia es condenable» pero la sociedad «no puede relativizar» las razones que envuelven sucesos de este tipo.

La dirección nacional del PP ha aclarado este martes que el expresidente de Ciudadanos, Albert Rivera, no es asesor de Pablo Casado, pero no ha descartado que pueda ser ponente en la Convención Nacional que la formación celebrará en Valencia los días 2 y 3 de octubre, según han precisado fuentes de la cúpula ‘popular’.

El PP ha dejado por tanto en el aire la posibilidad de que Rivera pueda participar en ese cónclave alegando que aún no están cerradas las listas de ponentes y que en este momento están centrados en los foros que celebrarán en distintas ciudades de España en las próximas semanas para preparar esa Convención y en el curso de verano que la delegación española del Grupo del PPE celebra estos días en San Lorenzo de El Escorial (Madrid).

De esta forma, ‘Génova’ ha salido al paso de las informaciones publicadas acerca de que Rivera mantiene una fluida relación con el PP y será ponente de la regeneración en la Convención del PP, como ha informado en su edición de hoy ‘La Razón’, o que iba a ser asesor de Casado como publicaba este lunes el digital ‘El Independiente’.

Fuentes del PP no descartan que pueda ser ponente en esa Convención pero sí que han dejado claro que no es asesor de Casado. Según han precisado, la colaboración de Rivera con el PP se limita a los recursos que el partido ha encargado a su despacho de abogados Martínez-Echevarría, entre ellos el recurso contra la ley catalana de alquileres o el recurso contra la reforma educativa (LOMLOE), más conocida como ‘Ley Celáa’.

«NO ES ASESOR DEL PP NI HAY RELACIÓN LABORAL EN ESE SENTIDO»

El propio vicesecretario de Comunicación del PP, Pablo Montesinos, ha asegurado este martes en RNE que «no es cierto que Albert Rivera sea asesor del PP» y «no es cierto que haya ningún tipo de relación laboral en ese sentido.

Montesinos ha señalado que las relaciones de Pablo Casado y Albert Rivera son «buenas en lo personal» y ha agregado que el PP mantiene una relación laboral con el bufete de Rivera, que se ha encargado de algunos recursos del PP ante los tribunales.

«Pero más allá de eso, de esa buena relación personal y más allá también de esa relación con respecto al bufete, el señor Albert Rivera no es asesor del PP. No es por lo cuál un asesor de cabecera de nuestra formación política y las decisiones de nuestro partido se toman en el seno del mismo, en la dirección nacional del partido con Pablo Casado», ha aseverado.

CASADO: «INYECTAR ADRENALINA» EN 100 DÍAS

Casado se ha referido a la Convención Nacional del PP durante la inauguración del curso de verano que el Grupo del PPE ha organizado en San Lorenzo de El Escorial, donde ha recalcado que ese cónclave tiene que servir para «preparar, incluso con leyes escritas, lo que serán los 100 primeros días de gobierno del PP».

A su juicio, se tiene que tener la misma capacidad de reacción que tuvo el Ejecutivo de José María Aznar en 1996 y que «en apenas tres meses se pueda desfibrilar España e inyectar adrenalina al país» que «ahora mismo está en una situación muy mala». «Y eso hay que tenerlo preparado porque no habrá tiempo que perder», ha manifestado, para subrayar que cuenta con equipos «solventes» para hacerlo.

Así, el jefe de la oposición ha presumido de su equipo económico y ha citado en concreto a la exministra Elvira Rodríguez, actual vicesecretaria de Sectorial del partido, y al economista, Daniel Lacalle, que ocupa la secretaría de Economía del PP. «Estoy tremendamente orgulloso del equipo económico que tiene el Partido Popular», ha afirmado.

«CREEMOS UNA ESPAÑA MEJOR, CREEMOS OPORTUNIDADES»

Casado ha resaltado que el PP «sabe lo que hay que hacer en España para superar esta situación» y ha añadido que están «en una situación compleja» que recuerda a «otras anteriores». De hecho, ha recordado lo que hizo el PP en 1996 y 2011 y ha subrayado que «la hemeroteca» está «del lado» del Partido Popular.

Además, el presidente del PP ha aludido a las encuestas que se están publicando y que sitúan a su formación por encima del PSOE. «Llevo tres años escuchando que el PP todavía no supera al PSOE, pero eso ya nadie lo niega porque llevamos tres o cuatro meses con encuestas en empate técnico y con encuestas superando al PSOE», ha señalado, para añadir que ahora han cambiado un poco el discurso para preguntar qué es lo que propone el PP.

Casado ha contestado que «quizá no han escuchado» estos años repetir su plan económico en distintos foros, que es el que, según ha resaltado, «siempre ha funcionado» y que defienden aquellos países que no quieren una «política peronista» en la que la población «dependa del Estado».

A renglón seguido, ha detallado que el plan alternativo económico del PP consta de cinco puntos: rebaja de la fiscalidad, rebaja de burocracia, aumento de la flexibilidad laboral, aumento de la formación y aumento de la seguridad jurídica. «Creemos una España mejor, creemos oportunidades», ha concluido, en alusión al lema ‘Creemos’ que la formación ha elegido para su Convención de octubre.

PP, PSOE y Vox han condenado las amenazas contra la presidenta de la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso, que se lanzaron este lunes en la manifestación en Madrid por el asesinato homófobo de Samuel mientras que Más Madrid y Podemos han señalado que la dirigente regional no es «el perejil de todas las salsas» ni «la víctima de esto».

Así se han manifestado los portavoces de los grupos parlamentarios en la Asamblea de Madrid al ser preguntados en rueda de prensa por los insultos contra la presidenta autonómica que se escucharon en la concentración, entre ellos ‘Ayuso fascista, estás en nuestra lista’.

La portavoz de Unidas Podemos, Carolina Alonso, quien ha abierto el turno de intervención, ha indicado que no les parece de recibo que la presidenta de la Comunidad «tenga que ser el perejil de todas las salsas».

«Ayer estábamos hablando de la muerte de una persona por un delito de odio, por homofobia, por LGTBIfobia, y no puede ser que la señora Ayuso otra vez se quiera victimizar y ponerse en primera fila. Aquí lo importante es que ha muerto Samuel y que miles de personas en todo el país han salido a rechazar este delito de odio», ha sostenido, para a continuación incidir en que fueron manifestaciones «pacíficas».

La portavoz de Más Madrid, Mónica García, ha recordado que ha fallecido «un chaval de 24 años al grito de maricón» por lo que ha remarcado que «la señora Ayuso no es el centro de atención de todo» ni es «la víctima de esto».

«Ayer miles de españoles, miles de personas, se manifestaron en señal de repulsa pidiendo justicia por el asesinato con tintes LGTBfóbicos. Vamos a poner el foco donde realmente está el problema social», ha declarado.

Desde el PSOE, su portavoz, Hana Jalloul, ha trasladado que le parece una pena que muchas veces se empañen actos como estos, tanto con cargas policiales como con insultos, aunque ha precisado que estos los lanzaros «unos cuatro o cinco». De manera firma, ha trasladado que a su partido no le gustan las amenazas ni el vocabulario que se escuchó para referirse a Ayuso.

Por su parte, el portavoz adjunto de Vox, Íñigo Henríquez de Luna, ha condenado los insultos que se lanzaron contra la ‘popular’ y también contra el presidente de su formación, Santiago Abascal, y ha censurado que la izquierda no lo haga.

«Tienen un doble rasero que nosotros no tenemos. Nosotros siempre vamos a condenar cualquier acto de violencia, cualquier crimen, como el de Samuel o como el del joven de Terrassa. Los condenamos todos, la izquierda solo habla de lo que le interesa», ha dicho.

Desde el PP, el portavoz adjunto, Pedro Muñoz Abrines, ha lamentado que haya fuerzas políticas que utilicen estas circunstancias para convertir el asesinato de Samuel en un «arma arrojadiza» y que además no sean capaces de condenar la violencia, los insultos, el discurso de odio» que se vio «desgraciadamente» con manifestaciones contra la presidenta.

«¿Por qué no condenan ese tipo de discursos de odio? ¿Somos selectivos, sectario? ¿Solo condenamos una parte de la violencia que se produce en la sociedad? ¿El fin justifica los medios? Desde luego rechazamos ese tipo de comportamientos y es muy triste que grupos parlamentarios que me han antecedido no hayan sido capaces de condenarlo y se han quedado en una supuesta, excesiva, fuerzas en las cargas policiales», ha dicho.

Desde el PP han emitido una nota de prensa para condenar también por esa vía lo sucedido y han lanzado una campaña en Twitter, bajo el hashtag #ApuntameEnLaLista, de apoyo a la presidenta.

La Guardia Civil ha detenido a Pedro Pablo Peña, líder del partido neonazi Alianza Nacional, después de haber sido denunciado por la Fiscalía contra los delitos de odio por enaltecer el régimen nazi e injuriar al Ejército, han confirmado fuentes policiales.

Los agentes han procedido esta mañana a su detención en Madrid, a través de un requerimiento judicial, ya que el acusado no había atendido a las notificaciones recibida para que prestara declaración voluntariamente. Fuentes cercanas a Peña han confirmado en redes sociales su arresto.

Así, una vez apresado ha sido conducido a la dependencias de la Comandancia de la Guardia Civil de Tres Cantos, donde le han realizado la reseña policial. A continuación, pasadas las 13 horas ha sido dirigido a los Juzgados de Instrucción número 4 de Plaza de Castilla. Fuentes cercanas a Peña han confirmado en redes sociales su detención

LA DENUNCIA

La Fiscalía de Madrid había presentado en abril una denuncia en dichos Juzgados una denuncia contra un usuario de redes sociales, a la postre Pedo Pablo Peña, por «trivializar» a través de las redes sociales el genocidio judío y enaltecer la figura de Hitler, así como el régimen político que instauró «fundamentado en la superioridad de la raza aria con sumisión y desprecio hacia distintos colectivos a los que consideró de raza inferior».

El representante del Ministerio Público le imputa un delito de odio y otro de injurias a los Ejércitos y Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, informaron en su momento fuentes fiscales.

El relato de la denuncia se basa en «numerosas» publicaciones de naturaleza ofensiva hacia algunos colectivos y «laudatorias» de forma «expresa» de la ideología nazi escritas supuestamente por el máximo dirigente de Alianza Nacional.

El 27 de agosto de 2019, a raíz del fallecimiento de un militar al estrellarse su avión comentó en su muro de Facebook: «Todos los días, desgraciadamente, mueren personas en accidentes, y los patriotillas de hojalata y fascistillas de tres al cuarto no elevan a los fallecidos al altar de la Patria».

«A ver si nos enteramos, España para su desgracia, carece de ejércitos y de un Pueblo Honorable. Eso que llaman FAS se dedica a patrullar en el Estrecho para avistar pateras y poder ‘rescatar’ a los inmigrantes y así contribuir a la invasión», añadía.

Por otro lado, con ocasión de la celebración del desfile militar de la Fiesta Nacional del 12 de Octubre publicó lo siguiente: «Garbanceros, Comeollas, Ganapanes, integrantes del ejército de la señorita Pepis, han hecho como que desfilan -también hacen como si fueran soldados- ante su Comandante en Jefe».

La Fiscalía señala en la denuncias que estas «descalificaciones e insultos» al Ejército y a los miembros de las Fuerzas y Cuerpo de Seguridad del Estado llegan al punto de llamarles «traidores que muerden la mano de quien les da de comer».

El denunciado también se encarga de recordar en sus redes sociales efemérides relacionadas con la ideología nazi como el día en que, pistola en mano, Adolf Hitler, junto a Hermann Goering y Rudolf Hess, entraron en una cervecería de Munich al grito de: «La revolución nacionalista ha comenzado».

También Peña se pronunció sobre el 75º aniversario del campo de concentración de Auschwitz. Tras poner en tela de juicio que hubieran fallecido más seis millones de judíos durante la II Guerra Mundial afirmó: «Los socialpatriotas sabemos que hemos nacido de la Derrota de Europa de 1945. Somos la Resistencia y la Rebelión contra esa Derrota. Los verdaderos anti-Sistema».

Otras publicaciones en su muro de Facebook hacían referencia a los «lameculos» de los medios de comunicación que celebraban el cumpleaños del Rey Felipe VI.

También, junto a una fotografía del armisticio tras la II Guerra Mundial, el 8 de mayo de 2020 escribió: «Pero, peor que la Ocupación, es la destrucción espiritual de la Nación Alemana. El día que cicatricen las heridas, ese espíritu volverá a encarnarse en la Nación Alemana y la levantará de sus cenizas».

Por último, y bajo el título Raza y Destino, el 25 de agosto aseguró entre otras cosas que: «El Nacionalismo es el único camino de los Pueblos Blancos. Un Nacionalismo que tenga en la Raza su pilar. O eso, o la esclavitud».

El presidente del PPCV, Carlos Mazón, se ha referido este martes a la denominada «cumbre del Mediterráneo» que se celebra estos días en Baleares y ha sostenido que le llama la atención que se llame así «cuando no están participando todas las comunidades del mediterráneo».

Al respecto, ha recordado que además hay «asignaturas pendientes comunes muy importantes que defender conjuntamente con otras regiones del mediterráneo» como son Murcia y Andalucía y ha criticado que el ‘president’ Puig haya «rechazado» la opción de reunirse con estas dos comunidades para abordar los asuntos del agua y la financiación.

A preguntas de los medios en la Diputación de Alicante en relación a los acuerdos entre la Comunitat Valenciana y Baleares, Mazón ha señalado que «está muy bien estrechar lazos con Baleares» y que está «seguro» de que «nuestros flujos comerciales y marítimos hay que reforzarlos», por lo que se ha mostrado «de acuerdo con ello».

No obstante, ha detallado que «no se le puede llamar cumbre del mediterráneo cuando otras comunidades están llamadas a ser socias, aliadas y hermanas nuestras y se está dilatando ese encuentro».

«Ha tenido que ser el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, el que le ha propuesto a Ximo Puig que defendamos nuestra financiación y todavía no he visto que se reúna con él, yo ya lo he hecho para hablar de esta cuestión. Ha tenido que ser el presidente de Murcia, Lopez Miras, el que haya planteado a Puig un frente común para la defensa del Agua, y el presidente no sólo no ha ido sino que no ha atendido esa llamada», ha criticado Mazón.

Asimismo, sobre el último encuentro, el ‘popular’ ha recordado que él «sí ha ido porque es consciente de la importancia de esa cuestión» y ha criticado que Puig se haya referido a dicho encuentro como «aquelarre».

«Me imagino que tendrá que ver con esa ‘commonwealth’ que propugna el ‘president’ de la Generalitat que no deja de dar pasos hacia un sistema colonial dependiente de Cataluña», ha culminado Mazón en sala de prensa.

La presidenta de Ciudadanos, Inés Arrimadas, ha afirmado este miércoles que en España es necesario combatir la homofobia y seguir avanzando para alcanzar la «plena igualdad» de todas las personas, sea cual sea su orientación sexual, y que, en el caso del asesinato del joven Samuel Luiz Muñiz el pasado viernes en A Coruña, hay que «huir de peleas políticas».

En una entrevista en Castilla-La Mancha Media, Arrimadas ha indicado que España «es un muy buen país para la libertad, con muchísimo respeto al colectivo» LGTBI, pero «todavía hay homofobia» y aún «queda un largo camino por recorrer» para lograr «la plena igualdad, el respeto y la libertad de todas las personas, independientemente de a quién amen».

«El crimen de ayer creo que nos ha consternado a todos, un chico tan joven asesinado vilmente de esta manera. Espero que caiga todo el peso de la ley sobre los culpables», ha añadido sobre Samuel, que murió a los 24 años tras recibir una paliza en la calle por un grupo de personas. Desde el entorno del chico han relatado que lo agredieron al grito de «maricón».

Tras destacar que Ciudadanos participó el pasado sábado en la manifestación del Orgullo LGTBI en Madrid mientras que «otros partidos no han estado» –el PP y Vox–, Arrimadas ha dicho que «aquí hay que huir de peleas políticas» porque lo que se necesita es «avanzar juntos como sociedad».

En este sentido, ha recordado que el padre de Samuel, Maxsoud Luiz, pidió el lunes que, en las concentraciones que se convocaron para protestar por el crimen, no hubiera presencia de políticos ni de banderas. «El padre del chico ha pedido que no haya politización» y «yo lo voy a respetar escrupulosamente», ha señalado.

RESPETA LA SENTENCIA SOBRE EL CARTEL ELECTORAL DE VOX

Por otro lado, la líder de Cs ha evitado pronunciarse sobre la sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid que valida el cartel electoral desplegado por Vox durante la campaña de las últimas elecciones autonómicas en Madrid en el que comparaba la pensión de jubilación que puede recibir una persona mayor con el gasto mensual que supuestamente dedica el Estado a cada menor extranjero no acompañado.

«Nosotros ya dijimos lo que pensábamos de ese cartel durante la campaña electoral. Pero respecto a una resolución judicial, nosotros, como siempre, la respetamos», ha comentado, añadiendo que los partidos políticos no deben hacer «injerencias en la Justicia».

El vicesecretario general de la formación naranja y portavoz adjunto en el Congreso, Edmundo Bal, dijo el martes que mantienen un respeto «absoluto» por las decisiones judiciales aunque no estén de acuerdo con el mensaje «demagógico, populista y facilón» que, en su opinión, transmitía el cartel de Vox.