La vicepresidenta primera y consejera de Hacienda y Administración Pública de la Junta de Extremadura, Pilar Blanco- Morales, ha valorado de manera positiva las medidas de apoyo financiero del Gobierno central destinadas a las comunidades autónomas, que han sido anunciadas este miércoles en la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF), y ha agradecido el "esfuerzo" del Ejecutivo por "garantizar a las Haciendas regionales los recursos necesarios para hacer frente a la pandemia".

Así lo ha manifestado Blanco-Morales en el transcurso de su intervención en este encuentro, celebrado este miércoles por videoconferencia, y en el que ha señalado que Extremadura "no puede sino celebrar" la actitud que desde el comienzo de la pandemia el Gobierno ha mostrado hacia las administraciones públicas, responsables de proveer de servicios a los ciudadanos.

Y debe felicitarse, ha añadido, de que durante 2022 vaya a poner a disposición de las Comunidades Autónomas "una financiación récord para tratar de compensar sus efectos", informa la Junta en nota de prensa.

En este sentido, la vicepresidenta extremeña ha valorado varias de las medidas anunciadas por la ministra de Hacienda y Función Pública, María Jesús Montero, como que en cuanto al sistema de financiación, en 2022 las comunidades autónomas recibirán 112.213 millones de euros a cuenta del sistema de financiación autonómica, un 6,3 por ciento más que en 2021, y una transferencia adicional de unos 3.900 millones de euros para compensar las liquidaciones negativas de 2020.

Por otra parte, y de acuerdo con la postura defendida desde el principio por la Junta de Extremadura, el Ministerio ha decidido compensar a las comunidades autónomas con unos 3.100 millones de euros, que también se incluirán en los Presupuestos Generales del Estado de 2022, por los ingresos perdidos como consecuencia del cambio en el sistema de gestión del IVA de 2017, señala.

Con esta decisión, Extremadura considera que el Gobierno actual "soluciona un problema heredado y con la que vuelve a demostrar su voluntad de respaldar financieramente a las Comunidades".

Así, Blanco-Morales ha destacado también que la decisión del Gobierno de repartir los 13.486 millones de financiación adicionales incluidos en los Presupuestos de 2021 conforme al criterio de la población ajustada, "se alinea con la preferencia manifestada por Extremadura".

Finalmente, la vicepresidenta primera y consejera de Hacienda y Administración Pública ha insistido en la disposición de la Junta de Extremadura a "seguir dialogando, en cuantos foros sea oportuno, para avanzar hacia una reforma de un sistema de financiación basada en datos y criterios objetivos y guiada por los principios constitucionales", que provea a las Comunidades de los recursos que necesitan para ejercer sus competencias y prestar los servicios públicos de calidad que sus ciudadanos merecen, una reforma que requiere del más amplio consenso.

El ministro de la Presidencia, Memoria Democrática y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ha remarcado este miércoles a la presidenta del Congreso, la socialista Meritxell Batet, la necesidad de cumplir con la obligación de renovar los órganos constitucionales cuyo mandato ha caducado. Así se lo ha trasladado durante la primera reunión que ha tenido lugar entre ambos desde su llegada nombramiento como ministro el pasado 12 de julio.

En dicho encuentro, que se ha prolongado por espacio de hora y cuarto, Bolaños ha conversado con la tercera autoridad del Estado sobre la necesidad de renovar los órganos constitucionales cuyo mandato ha concluido "como garantía del buen funcionamiento de las instituciones", según informa el Ministerio de la Presidencia en un comunicado.

LOS ÓRGANOS CADUCADOS

Actualmente, además del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), que lleva más de dos años y medio de interinidad, existen otras instituciones que también deben actualizar sus miembros, como el Tribunal Constitucional, el Defensor del Pueblo y el Tribunal de Cuentas. En la lista de pendientes está también la renovación de la Presidencia de la Agencia de Protección de Datos.

Bolaños ha conversado con Batet sobre el debate legislativo que se abrirá a la vuelta del verano y su voluntad de mantener un contacto estrecho con los grupos parlamentarios con el fin de impulsar la agenda reformista y modernizadora del Ejecutivo que se materializará en los próximos meses a través de una "intensa" actividad legislativa.

En este punto, le ha informado a la presidenta del Congreso de la ronda de contactos telefónica que mantuvo la semana pasada con los portavoces de los distintos partidos con representación parlamentaria, salvo con Vox, que ya avanzó que no respondería a la llamada del nuevo ministro, ni con el exdiputado de Ciudadanos Pablo Cambronero, ahora en el Grupo Mixto.

PRESUPUESTOS Y MEMORIA DEMOCRÁTICA

Con todos menos con los citados, Bolaños quedó en reunirse presencialmente en septiembre, cuando arranque el nuevo periodo de sesiones. Unas conversaciones que la presidenta espera que puedan servir para avanzar en la actualización de los órganos constitucionales a partir del nuevo periodo de sesiones, en el que Batet ha apelado a la necesidad de impulsar "el respeto, el diálogo y los acuerdos" entre los grupos, según ha informado la Cámara Baja en una nota de prensa.

Otros de los asuntos que marcarán el nuevo curso político, y que previsiblemente saldrán en los encuentros que Bolaños mantendrá a la vuelta del verano con los portavoces parlamentarios, serán los Presupuestos Generales del Estado para 2022 y la Ley de Memoria Democrática.

SE IRÁ RESTABLECIENDO LA PRESENCIALIDAD

En su cita de este miércoles, el ministro ha aprovechado para poner en valor el trabajo de la Cámara durante la pandemia y ha mostrado su confianza en el papel fundamental que también tendrá para la recuperación económica y social. En este punto, la presidenta le ha trasladado que se irá restableciendo la presencialidad en el trabajo parlamentario en cuanto las condiciones sanitarias así lo permitan.

Por último, Bolaños ha confirmado a Batet que ha pedido comparecer en el Congreso para explicar las líneas generales que llevará adelante su departamento, como suelen hacen los ministros al inicio de su andadura y como harán también, según le ha apuntado, los otros seis nuevos miembros del Gabinete de Pedro Sánchez.

El secretario de Justicia del Partido Popular, Enrique López, ha manifestado este miércoles durante un encuentro con el viceportavoz de la asociación de carácter progresista Juezas y Jueces para la Democracia (JJpD), Fernando de la Fuente, que entre las exigencias para proceder a una inmediata renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) estarían la de que los nuevos vocales no estén actualmente en política y que entre los ocho del turno de juristas no se designe a jueces en activo.

Así lo señalan fuentes de la asociación de jueces consultadas, que subrayan que identifican la segunda de estas exigencias con un veto específico al nombramiento del magistrado de la Audiencia Nacional José Ricardo de Prada --propuesto por el PSOE-- lo que constituiría "un precedente negativo en relación con la independencia judicial respecto de las expectativas profesionales de los jueces que hayan conocido de causas contra determinados partidos políticos.

Fuentes del PP señalan que la ley prohíbe que jueces en servicio activo puedan ser nombrados por el turno de juristas, se trate de De Prada --a quien se atribuyen las frases más contundentes sobre la 'caja B' del PP en la sentencia del caso Gürtel que llevó a la moción de censura contra Mariano Rajoy-- o de cualquier otro.

Las mismas fuentes apuntan que cuando Prada compareció en el Congreso de los Diputados como aspirante a una de las ocho plazas reservadas a juristas del órgano de gobierno de los jueces se encontraba en servicios especiales --ejerciendo en un órgano internacional--, y no era entonces un juez en activo como en la actualidad. Ahora De Prada forma parte de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional.

Por parte de López, según las mismas fuentes, se ha evidenciado también la preocupación por el estado del CGPJ y su situación de interinidad, ya que se encuentra en funciones desde diciembre de 2018.

Así, desde el PP se ha manifestado la voluntad de proceder a la renovación inmediata del órgano conforme al sistema vigente siempre que además de las condiciones relativas a los vocales se de un tercer requisito: que por los dos partidos mayoritarios, PSOE y PP, se fijen los presupuestos básicos del futuro sistema de elección de las/los vocales por los jueces, con respeto y garantizando la pluralidad y el respeto a todas las sensibilidades.

PÉRDIDA DE CREDIBILIDAD

Por parte de la asociación de jueces se ha trasladado a López la gran preocupación existente por la pérdida de credibilidad y respeto institucional del CGPJ por su falta de renovación. De ello deriva, según el JJpD, su "deterioro progresivo y falta de proyectos de presente y futuro ante su situación en funciones desde hace más de dos años y siete meses, y cómo ello está repercutiendo de forma muy negativa en la Carrera Judicial y en el servicio público de la justicia".

En cuanto al bloqueo de la renovación, los jueces progresistas han trasladado al responsable popular la necesidad de que cese el bloqueo a la renovación, y que se dé prioridad a la misma "sin condicionantes".

Todo ello sin perjuicio que, una vez se produzca la renovación, se estudie con sosiego la mejora del sistema de elección los vocales, que represente a todas las sensibilidades, a asociados y no asociados, y que garantice la pluralidad con filtros suficientes que eviten el corporativismo.

CARTA AL COMISARIO EUROPEO

También se ha informado al Partido Popular de la carta dirigida por JJpD al Comisario de Justicia de la Comisión Europea denunciando la situación y de las medidas que está adoptando nuestra asociación para evidenciar la realidad expuesta y exigir a los partidos políticos que cumplan con el mandato constitucional de renovación.

Finalmente, desde JJpD se ha recordado a López que con el sistema actual se ha elegido antes del vencimiento del mandato del GGPJ 32 juezas y jueces por las asociaciones tras procesos democráticos y participativos y por no asociados como avales, siendo obligación de las cámaras elegir entre ellos a 12 vocales de procedencia judicial, y que por tanto, no puede hablarse de no cumplimiento de los estándares europeos.

Por ello, ha exhortado al Partido Popular para que tenga "altura de miras, sentido institucional y constitucional", y proceda sin dilación a la renovación del CGPJ y de los demás órganos constitucionales que actualmente se encuentran en funciones.

El Consejo de Ministros ha aprobado este martes, a propuesta del Ministerio de Universidades, el Real Decreto de creación, reconocimiento y autorización de universidades y centros universitarios, y acreditación institucional de centros universitarios.

Este Real Decreto, de carácter retroactivo, hará que las universidades, ya sean públicas o privadas y de modalidad presencial, virtual o híbrida, tengan que adaptarse a los requerimientos establecidos para todo el sistema universitario.

Entre estos nuevos requisitos, destacan que las Universidades deberán disponer de una oferta académica mínima de 10 títulos oficiales de Grado, 6 títulos oficiales de Máster y 2 programas oficiales de Doctorado, y deberán estar representadas en tres de las cinco grandes ramas del conocimiento.

Otro de los requisitos de este Real Decreto es que el estudiantado de Grado y Dobles Grados tendrá que representar, como mínimo, el 50% del total del estudiantado oficial de la Universidad.

En el caso de que el porcentaje de estudiantes extranjeros matriculados en el conjunto de Másteres oficiales sea superior al 50% del total del estudiantado oficial, se establece en un 35% el límite mínimo de estudiantes de Grado y Dobles Grados oficiales con relación al total del estudiantado oficial.

Asimismo, los estudiantes matriculados en formación continua no podrán superar en dos veces el número de estudiantes matriculados en títulos oficiales.

Del mismo modo, las universidades deberán dedicar al menos un 5% de su presupuesto a un programa o programas propios de investigación y se establece una cifra mínima de publicaciones científicas y/o patentes, así como de proyectos de investigación de ámbito nacional e internacional que deberán solicitar y obtener.

Con respecto al personal docente e investigador (PDI) que imparta docencia en las universidades, se exige que esté compuesto por un 50% de Doctores para el conjunto de enseñanzas correspondientes a la obtención de un título universitario oficial de Grado y para el conjunto de enseñanzas correspondientes a la obtención de un título universitario oficial de Máster. Además, aquellos con contrato laboral temporal no podrán exceder del 40% de la plantilla docente.

También, a partir de ahora, las universidades deberán tener sistemas internos de garantía de calidad y, en este sentido, los Másteres de formación permanente deberán contar con el informe favorable previo de dicho sistema interno.

Las universidades y centros universitarios que, en el momento de entrada en vigor de este Real Decreto cuenten con su respectiva autorización, dispondrán de hasta 5 años desde dicha entrada en vigor para que puedan adaptarse a los requisitos docentes, de investigación, de personal docente e investigador (PDI), de personal de administración y servicios (PAS) y de instalaciones establecidos.

DOS UNIVERSIDADES, EXIMIDAS DE CUMPLIR LOS REQUISITOS

Estos requisitos son de aplicación a todas las universidades. Sin embargo, la Disposición adicional primera exime de cumplir algunos de ellos a dos universidades por su "especificidad académica": la Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP) --Organismo Autónomo del Ministerio de Universidades-- y la Universidad Internacional de Andalucía (UNIA) --especializada en enseñanza de posgrado--.

Estas dos universidades no tendrán que adaptarse a los requisitos de oferta mínima, ni de alumnado, así como de actividad investigadora y transferencia de conocimiento ni de personal docente e investigador.

LA MAYORÍA INCUMPLE ACTUALMENTE LOS REQUISITOS

Según un estudio publicado el pasado mes de marzo por el Observatorio del Sistema Universitario (OSU), 69 universidades (el 85% del total que hay en España), incumplirían actualmente los requisitos establecidos en el nuevo Real Decreto. No obstante, este mismo estudio recalcaba que, con la normativa hasta el momento en vigor, el porcentaje de universidades que no reunía los requisitos era de un 77% (63 universidades).

Dicho estudio señala que las nueve universidades que sí los cumplirían actualmente son todas públicas: la de Almería (UAL), la de Córdoba (UCO), la de Granada (UGR), la de Jaén (UJA), la de La Laguna (ULL), la de León (ULE), la de Oviedo (UNIOVI) y la Politécnica de Cartagena (UPCT). Además, según el estudio, posiblemente los cumplirían la Politécnica de Madrid (UPM) y las privadas de Loyola y Pontificia de Salamanca (UPSA).

Según datos del Ministerio de Universidades, el Sistema Universitario Español (SUE) lo conformaron en el curso 2019-2020 un total de 83 universidades con actividad, 50 de ellas públicas y 33 privadas.

REQUISITOS PARA "PROTECCIÓN DEL CONSUMIDOR"

Tal y como afirmó el ministro de Universidades, Manuel Castells, estos requisitos no garantizan la enseñanza de calidad en las universidades, sino que simplemente "garantiza" que una universidad sea, de verdad, una universidad. "Es casi protección del consumidor. A usted no le pueden vender un título universitario de una cosa que no es una universidad", indicó.

En este sentido, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) se opuso al requisito de que las universidades tengan que ofertar titulaciones en tres de las cinco ramas de conocimiento, alegando que esta medida "no está vinculada con una mayor calidad del servicio universitario".

La Comunidad de Madrid ha notificado 5.167 casos nuevos de coronavirus, de los que 4.051 corresponden a las últimas 24 horas, y siete fallecidos más en hospitales, según el informe de la situación epidemiológica de este miércoles, con datos a cierre del día anterior.

En la jornada precedente se notificaron 4.613 casos, 3.523 de las últimas 24 horas, y seis fallecidos en los hospitales, mientras que el miércoles de la semana anterior se notificaron 5.066 casos nuevos, 4.094 de las últimas 24, y cinco muertos.

El número de hospitalizados se sitúa en 1.229 en planta --49 más respecto al día anterior-- y 192 en UCI --nueve más--, mientras que 135 pacientes han recibido el alta hospitalaria. Además, el número de pacientes en seguimiento domiciliario por Atención Primaria es de 6.566.

En el acumulado, la Comunidad de Madrid ha registrado 818.813 positivos, un total de 118.783 casos han requerido hospitalización, 12.222 han precisado UCI y 104.459 han sido dados de alta por los hospitales. Atención Primaria ha realizado el seguimiento domiciliario de 886.598 pacientes.

Respecto a los fallecidos, Sanidad Mortuoria ha contabilizado un total de 24.395, de los cuales 5.069 han sido en centros sociosanitarios, 17.916 en hospitales, 1.380 en domicilios y 30 en otros lugares.

En la Comunidad de Madrid la incidencia acumulada a 14 días es de 739,08 por cada 100.000 habitantes y se sitúa en séptima posición por detrás de País Vasco (749,47), Castilla y León (791,93), Aragón (818,80), Baleares (924,17), Navarra (953,57) y Cataluña (1.034,74).

PLAN DE VACUNACIÓN

En cuanto al plan de vacunación, se han administrado un total de 7.564.441 dosis de las 7.901.145 recibidas, con 3.045.987 segundas dosis registradas y 219.587 vacunas unidosis de Janssen, de manera que el porcentaje de población de la Comunidad de Madrid con la pauta completa se sitúa en el 52,5%.

Teniendo en cuenta solo la población diana, establecida en 5,6 millones de los 6,8 millones de ciudadanos en la región, el porcentaje de inmunizados representa el 63,4%, mientras que el 80,3% cuenta con al menos una dosis.

DATOS NACIONALES

A nivel nacional, se han contabilizado 27.149 nuevos casos de coronavirus, de los que 15.650 han sido diagnosticados en las últimas 24 horas, frente a los 13.936 registrados el martes, lo que eleva a 4.395.602 la cifra total de personas contagiadas de Covid-19 desde el inicio de la pandemia.

Respecto a la incidencia media actual de contagios en España en los últimos 14 días, el informe muestra que se ha reducido ligeramente, situándose en los 699,84 casos por cada 100.000 habitantes, en comparación con los 701,92 notificado el martes por el departamento dirigido por Carolina Darias.

En cuanto a los fallecidos por Covid-19, se han notificado 73 más, de los cuales 178 se han registrado en la última semana. Esto hace que la cifra global de muertos por coronavirus en España se eleve a las 81.396 personas.

Actualmente hay 9.672 pacientes ingresados por Covid-19 en toda España y 1.593 en una UCI, si bien en las últimas 24 horas se han producido 1.429 ingresos y 1.247 altas. La tasa de ocupación de camas ocupadas por coronavirus se sitúa en el 8,08 por ciento y en las UCI en el 17,21 por ciento.

El Juzgado de lo Penal número dos de Sevilla ha absuelto a los ocho taxistas juzgados el pasado día 21, tras ser procesados por los altercados acontecidos el 22 de noviembre de 2018 en el teatro Romero de San Juan de Aznalfarache, cuando el mismo iba a acoger un mitin de la entonces presidenta de la Junta de Andalucía y aspirante socialista a revalidar el cargo en las elecciones autonómicas del 2 de diciembre de aquel año, Susana Díaz.

El juicio fue celebrado contra el responsable de la asociación Solidaridad Hispalense del Taxi Antonio Velarde y los también taxistas de dicha asociación M.A.V.R., J.F.T., J.A.R., F.L.M., C.B.M., J.L.R.G. y J.C.L.L., por un presunto delito de alteración del orden de acto electoral, siendo todos ellos defendidos por el letrado Simón Fernández, socio del recién creado bufete Constitución 23.

Según denunció en su momento el PSOE, poco antes del mitin que la entonces candidata socialista a revalidar la Presidencia de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, tenía previsto celebrar en el teatro municipal de San Juan aquella noche del 22 de noviembre de 2018, unos taxistas "impidieron" según su denuncia el evento "al agolparse en la puerta, empujando a los asistentes, lanzando insultos y golpeando la puerta de cristal del teatro", llegando incluso a "cerrar el cordón de seguridad que el personal había establecido para la entrada de los asistentes al acto", con el resultado final de la suspensión del mismo.

La sentencia emitida tras el juicio, declara no obstante probado que los organizadores del mitin recibieron una llamada telefónica de su equipo de campaña, avisando de "que entre el público asistente al acto y ya sentado en el patio de butacas del teatro había taxistas", ante lo cual decidieron "sacar a todo el público que ya estaba acomodado en sus asientos, al hall exterior, y desde allí volver a llenar el patio de butacas con personas que fueran afiliados del partido o, en su caso, simpatizantes de confianza, conocidos por los miembros del equipo organizador".

LAS "EXPRESIONES"

En ese contexto, según se declara probado, surgieron "protestas verbales, tanto de los que habían sido invitados a salir como de los que tenían intención de entrar, coincidiendo una multitud de personas en esa estancia, de reducidas dimensiones, comenzando alguno de los allí presentes a proferir expresiones tales como 'te va a votar tu puta madre'; 'fascistas', 'paniaguados' e 'hijos de puta'; si bien pese a todo, "los organizadores del acto consiguieron que personas de su confianza ocupasen los asientos del patio de butacas, para la celebración del mitin", mediante "un cordón voluntario entre todos los allí presentes, produciéndose los lógicos apretones y acercamientos físicos".

Igualmente, se declara probado que se propuso que para evitar el vestíbulo, Susana Díaz entrase al acto por "una entrada distinta, en concreto la de artistas, con acceso directo al escenario", ante lo cual el personal encargado del mantenimiento del teatro buscó "la llave de la citada puerta exterior, que finalmente no apareció, decidiendo entonces los organizadores suspender el acto", al que habían acudido los encartados según reconocieron los mismos.

Mientras las acusaciones, el PSOE y la Fiscalía, achacaban a los taxistas acusados un presunto delito de alteración del orden de acto electoral; el juzgado recuerda que la defensa esgrime "que un mitin celebrado en campaña electoral no es un 'acto electoral' a efectos legales y sí es, en cambio, un mero acto de propaganda electoral, lo que excluiría 'per se' la aplicación del precepto supuestamente infringido".

EL TIPO PENAL

"El alterar o perturbar el orden de un acto de campaña integraría el tipo penal señalado por las acusaciones, ya que aunque un acto de campaña no es el acto electoral en sí mismo considerado, es decir, no es el acto de la votación, ha de incluirse como necesario y fundamental para que éste pueda desarrollarse de manera libre", indica el juzgado, agregando que no obstante, a su criterio, "el precepto parece referirse que se trata de un solo acto, el de la votación en exclusiva, por eso el legislador utiliza la expresión DEL acto electoral, esto es, podría haber utilizado otros actos que se desarrollan durante el proceso electoral, como por ejemplo los de propaganda o los de campaña electoral, pero no lo hace".

Aunque "esta interpretación conduciría al dictado de una sentencia absolutoria", según el juzgado, el mismo añade que en paralelo, de las pruebas practicadas "no ha quedado enervado el derecho a la presunción de inocencia de estos, anticipándose, de nuevo, el dictado de una sentencia absolutoria".

EL MOTIVO DE LA SUSPENSIÓN

"Lo que resulta de la prueba es el hecho de que los organizadores del mitin decidieron suspenderlo, no por la situación que se estaba produciendo en el hall del teatro, sino en la imposibilidad de encontrar una llave de acceso al recinto distinta de la entrada principal, en concreto, la de acceso directo al escenario que suelen usar los artistas que actúan en ese local, lo que determinó que finalmente decidieran suspenderlo, para no confrontar a los oradores (entre ellos la candidata del partido) con las personas que estaban concentradas en el hall de entrada y a las que no se les había permitido acceder al patio de butacas por ser taxistas o simplemente, no contar con la confianza de los miembros del staff organizador, bien por no tener carné de afiliación al partido, bien porque no eran conocidos de éstos", resume el juzgado.

Especialmente, el juzgado valora el testimonio de un agente de la Policía Nacional según el cual "en ningún momento él vio o percibió causa de suspender el acto por la violencia o alteración de los allí presentes, y que ni por parte de sus superiores policiales, ni por parte de él como jefe del operativo, se les aconsejó esto a los organizadores del mitin, lo que evidencia que el motivo de la suspensión no fue lo que se sucedía fuera del patio de butacas, sino evitar confrontar a la candidata o al resto de oradores con los allí concentrados".

"Además, de los vídeos visualizados en donde se constata la presencia física de los encausados en ese hall, no se desprende de los mismos que actuaran con violencia, intimidación o protagonizando otros actos destinados a perturbar el orden", indica el juzgado, que absuelve así a los ocho acusados, mediante esta sentencia susceptible de recurso de apelación.

Los Maristas de la provincia Mediterránea y de Granada han pedido perdón y han expresado su condena ante "cualquier situación de abuso o maltrato" que se haya producido en sus centros, después de la denuncia de varios exalumnos publicada por 'El País'. Los religiosos han asegurado que han iniciado un proceso para aclarar lo sucedido en los casos desconocidos hasta ahora.

"Maristas Mediterránea en general, y Maristas Granada en particular, manifiestan su dolor ante cualquier situación de abuso o maltrato que se haya podido producir. Pedimos perdón a cualquier persona que se haya sentido víctima, por haberle fallado y no haber sido capaces de protegerla y cuidarla", subrayan los Maristas de la provincia Mediterránea en un comunicado publicado este miércoles.

La provincia Mediterránea engloba a más de 40 obras educativas y sociales en España (Andalucía, Extremadura, Murcia y Comunidad Valenciana), Italia, Líbano y Siria, según su página web.

Sobre el último caso publicado este miércoles por 'El País', que corresponde a la denuncia del escritor Ernesto Pérez Zúñiga, quien asegura haber sufrido abusos por parte de un profesor del colegio Marista de Granada y haberlo denunciado a los religiosos en 1988, la congregación afirma que no tenían conocimiento previo. Además, precisan que el director de aquella época ya ha fallecido por lo que no pueden acudir a él.

En cuanto a otro caso publicado el pasado sábado por el mismo diario, relativo a una denuncia de 2010, los Maristas confirman que sí tenían constancia y que en cuanto recibieron la denuncia, investigaron y actuaron. Según el relato del denunciante, Manuel Garach Gómez, sufrió tocamientos en un campamento del colegio de los maristas de Granada en torno a 1984.

Si bien, los Maristas indican que "no se encontraron testimonios semejantes ni confirmaciones" y que, tras informar a la Policía, esta comunicó al colegio "que la denuncia interpuesta no tendría recorrido porque el caso estaba prescrito".

Además, señalan que desde antes de 2010 la persona acusada ya no organizaba campamentos relacionados con Maristas y que, desde entonces, también dejó de ser tutor de curso.

La congregación recuerda que cuenta con un correo específico del Equipo Provincial de Protección al Menor (atulado@maristasmediterranea.com) a través del cual atienden denuncias de abusos o maltrato, actuales o del pasado.

De acuerdo con los datos recabados por 'El País', los maristas han emprendido una investigación interna de abusos de menores en el pasado que ya llega a 20 colegios de toda España, desde la década de 1950 hasta los noventa.

El Comité Territorial de Alertas de Salud Pública de Alto Impacto de Málaga se ha reunido este miércoles, 28 de julio, para analizar los datos epidemiológicos de incidencia del COVID-19 en la provincia malagueña y ha decidido proponer los municipios de Marbella y Estepona al toque de queda.

Esta restricción de la movilidad noctura, en horario de 02.00 a 07.00 horas, se aplica a los municipios con más de 5.000 habitantes que superen la tasa de incidencia acumulada (IA) en 14 días de 1.000 casos por cada 100.000 habitantes, entre otros factores como la presión asistencial en las camas UCI. No obstante, no entrará en vigor hasta que no emita ratificación el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía.

En la provincia de Málaga, que aumenta su tasa hasta los 840,1 casos, los municipios que se ven afectados son Marbella, con una tasa de 1.038,4 casos por cada 100.000 habitantes, y Estepona, con 1.026,7.

Por encima del millar, pero en este caso con una población inferior a 5.000 habitantes, también se encuentran en la provincia los municipios de Alcaucín, con 1.316,4 de tasa; Sayalonga, con 1.211,7; Fuente de Piedra (1.051,8); Villanueva de la Concepción (1.611,9); Benaoján (1.514,1); Faraján (7.279,7) y Jubrique (1.147,2).

Desde la Consejería de Salud se ha decidido mantener a todos los distritos sanitarios de la provincia en alerta 3, por lo que continúan una semana más la reducción del aforo al 50 por ciento en el interior de bares y restaurantes, con un máximo de cuatro comensales por mesa, ampliable a seis en las terrazas. La reducción de aforos también afecta a todo tipo de establecimientos, reuniones y celebraciones.

POR DISTRITOS

El distrito sanitario Málaga ha incrementado su tasa y se acerca ya al millar, pasando en una semana de los 781,8 casos a los 949,1 de este miércoles. La capital supera esta tasa y alcanza los 977,9, experimentando una subida de más de 100 puntos con respecto al pasado jueves. Por el contrario, Macharaviaya no ha notificado contagios en los últimos 14 días y presenta una tasa cero.

Le sigue el distrito Costa del Sol, que ha pasado de los 784,6 casos por 100.000 habitantes a los 865,8. Aquí se encuentran Marbella y Estepona, que superan la tasa 1.000, mientras que el resto se encuentran en riesgo extremo por COVID, con una incidencia acumulada (IA) en 14 días de más de 250 casos.

En el caso del distrito Serranía, la tasa se ha incrementado pasando de los 672,7 de la pasada semana, a los 878,2 casos. En este distrito se encuentra el municipio con la mayor tasa de la provincia, Faraján, con 7.279,7 casos por 100.000 habitantes. Le siguen Benaoján y Jubrique, con unas tasas de 1.514,1 y 1.147,2 respectivamente. El municipio más grande, Ronda, eleva su tasa a los 925.

En el distrito se encuentran siete de municipios donde no se han detectado contagios por COVID-19 en los últimos 14 días. Son Atajate, Benadalid, Benarrabá, Cartajima, Júzcar, Parauta y Pujerra.

Con una tasa de 694,2 casos por 100.000 habitantes se encuentra el distrito sanitario Valle del Guadalhorce, que registraba la semana pasada una tasa de 650. Aquí, el municipio de Alhaurín de la Torre es el que tiene la tasa más elevada (876,9), mientras que Carratraca presenta una tasa cero.

En el distrito La Vega, la tasa ha pasado en siete días de 511 a 657,1 casos. En esta zona, Villanueva de la Concepción y Fuente de Piedra superan el millar de contagios por cada 100.000 habitantes, con 1.611,9 y 1.051,8 de tasa, respectivamente. Excepto Teba y Villanueva de Tapia, todos los municipios del distrito se encuentran el riesgo extremo por COVID.

Por último, la incidencia en el distrito sanitario Axarquía se ha incrementado de los 464,9 casos de pasado jueves a 582,8 este miércoles. En el distrito, con Alcaucín (1.316,4) y Sayalonga (1.211,7) los que mayor tasa COVID tienen. Aquí los municipios con tasa cero son El Borge, Canillas de Aceituno, Cútar y Salares.

La consellera de Igualdad y Feminismos de la Generalitat, Tania Verge, junto con el conseller de Interior, Joan Ignasi Elena, ha anunciado este miércoles en comisión parlamentaria que el Govern presentará "en breve" un reglamento sancionador contra la LGTBIfobia.

El texto será validado "en las próximas semanas" por un grupo de expertos e incluirá tanto sanciones económicas, como sanciones en forma de trabajos en beneficio de la comunidad, como mediante fórmulas de mediación y reparación del daño.

Paralelamente, Verge ha anunciado la puesta en marcha, "a partir de septiembre", de una oficina de Igualdad de Trato y no Discriminación que, como el borrador de régimen sancionador, se enmarca en el despliegue de la ley 19/2020, aprobada por el Parlament el año pasado.

Esta oficina, ha dicho la consellera, "pondrá a las víctimas en el centro", estará disponible las 24 horas, y también actuará de oficio si se considera necesario, especialmente si las situaciones de discriminación o discurso del odio se dan en la administración pública.

"En ocasiones las instituciones no actúan adecuadamente y pueden ser ellas mismas productoras de discriminación o revictimizadoras de la situación de violencia o discriminación vivida", ha afirmado la consellera de Igualdad y Feminismos.

Verge ha recordado que, hasta ahora, Catalunya no contaba con un sistema propio para sancionar las conductas discriminatorias que afectaban al colectivo LGTBI y ha asegurado que éstas "superan con creces en numero y tipos los casos tipificados en el código penal".

230 DELITOS DE ODIO EN 2021

Según datos de la Generalitat, en lo que va de 2021 se han registrado 230 delitos de odio que han afectado a 308 personas --un 40% por LGTBIfobia y un 30% por motivos étnicos o raciales--, y desde 2015 se han detectado 1.181 casos de LGTBIfobia.

Según ha afirmado el conseller Elena, las denuncias de delitos de odio en Catalunya se han triplicado en la última década, y el incremento de denuncias ha sido notable sobre todo a partir de 2015, en parte, por las "mayores facilidades y conciencia colectiva para poder denunciar".

Ante estos datos, y en el marco del lanzamiento del régimen sancionador y de la oficina, el departamento de Igualdad y Feminismos, en colaboración con la conselleria de Interior, lanzará una macroencuesta sobre discriminación y delitos de odio en Catalunya.

TRANSVERSALIDAD

Asimismo, ambos departamentos, junto con la Conselleria de Justicia, han creado un grupo de trabajo conjunto para abordar cuestiones relacionadas con los delitos odio, con el objetivo de diseñar un modelo de intervención integral centrado en la víctima.

Verge ha recordado que la competencia en delitos de odio es de las Conselleries de Justicia e Interior, pero que "la garantía de derechos humanos se impulsa desde Igualdad y Feminismos", y ha insistido en el carácter transversal de las políticas contra la discriminación.

La consellera ha afirmado que la "transformación feminista" es una prioridad para el nuevo ejecutivo catalán, como demuestra la creación de su conselleria, y ha indicado que incrementarán los recursos a la atención integral de las discriminaciones y las violencias.

"Es una necesidad práctica inmediata porque siguen ocurriendo cada dia", ha declarado Verge, que ha prometido más personal y recursos para los servicios de atención a las víctimas de violencia machista y de atención al colectivo LGTBI, así como inversiones en políticas de recuperación y reparación, en sus palabras.

LA VISIÓN DE LOS PARTIDOS

En el turno de intervención de los partidos, el diputado del PSC David González ha recordado que "ha habido un aumento del odio y las discriminaciones contra el colectivo LGTBI", y la diputada Judith Alcalà ha lamentado la lentitud a la hora de presentar el régimen sancionador y ha pedido que se apruebe "de forma inmediata".

Por parte de VOX, la diputada Mónica Lora ha afirmado que "cualquier agresión merece una respuesta" pero ha acusado al Govern de ser selectivo y de denunciar tan solo las agresiones homófobas y no las que se dan por otros motivos, y se ha preguntado si los consellers consideran que hay víctimas de primera y de segunda, en sus palabras.

La diputada Basharat Changue (CUP) ha preguntado a la consellera Verge por las medidas que se tomarán para una correcta comunicación con las personas migradas del colectivo LGTBI en los puntos de atención, así como las acciones para superar la brecha digital en este ámbito, y para proteger a los integrantes del colectivo de origen extranjero.

Desde los comuns, Susana Segovia ha coincidido en el diagnóstico del Govern sobre la situación del colectivo LGTBI en Catalunya pero ha lamentado la falta de concreción en las medidas a tomar y ha criticado la falta de "un modelo de abordaje integral a las agresiones LGTBIfóbicas y por discursos de odio".

Por parte de Ciudadanos, el diputado Nacho Martín Blanco ha pedido "no caer en los tremendismos", ya que ha afirmado que en España y en Catalunya se ha avanzado mucho en el pluralismo y en el respeto a la diversidad; y ha pedido que al Govern que, en cambio, aborde un fenómeno que ha descrito de hispanofobia.

La diputada de Junts Aurora Madaula ha defendido que "equiparar violencias es banalizar la violencia" y ha alertado del ascenso de la extrema derecha y los discursos LGTBIfóbicos, xenofóbicos, machistas y de odio, por lo que ha considerado necesarias las políticas del Govern ante estas situaciones.

Finalmente, por parte de ERC, la diputada Núria Picas ha agradecido la comparecencia de los consellers, ha tenido un recuerdo para las víctimas de las agresiones LGTBIfóbicas de las últimas semanas, y ha compartido con el Govern el diagnóstico y solución ante estos casos de discriminación y el discurso del odio.

El pleno del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) ha acordado por unanimidad informar favorablemente de la solicitud de renovación de autorización de explotación de la central nuclear de Ascó (Tarragona) por un periodo de nueve años para la unidad I y diez años para la unidad II.

En un comunicado este miércoles, el CSN ha concretado que la unidad I renueva hasta 2030 y la unidad II hasta 2031 con los "límites y condiciones" sobre seguridad nuclear y protección radiológica establecidos para cada caso.

Esta decisión se apoya tanto en la comprobación del correcto funcionamiento de la central y del mantenimiento del nivel adecuado de seguridad como en la "constatación de la capacidad de la instalación para dar respuesta a requisitos normativos actuales de mayor exigencia a los estrictamente requeridos en su diseño original".

Igualmente, ha tenido en cuenta las propuestas de mejora de la seguridad que el titular ha realizado como resultado de la Revisión Periódica de la Seguridad (RPS) y la verificación del cumplimiento por parte del titular de los requisitos de la autorización concedida en 2011.

El informe favorable está basado en los resultados de la evaluación, contenidos en un conjunto de numerosos informes técnicos especializados.

De igual manera, contempla la información procedente de las inspecciones y demás procesos de supervisión y control realizados para la central durante la vigencia de la actual autorización por parte del CSN.

Los dictámenes emitidos por el regulador incluyen 10 límites y condiciones a los que quedará sometido el funcionamiento de la unidad I en ese nuevo periodo, y 11 límites y condiciones a los que quedará sometido el funcionamiento de la unidad II.

Este informe será remitido próximamente al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico para su autorización, según se establece en el Reglamento de Instalaciones Nucleares y Radiactivas.

PROTECCIÓN Y RESIDUOS

El pleno del CSN también ha informado favorablemente de la solicitud de renovación de la autorización de protección física presentada por el titular para las unidades I y II de Ascó, que entrará en vigor simultáneamente y por el mismo plazo por el que se establezca la autorización de explotación.

Ha avalado la propuesta de revisión 2 del Plan de Gestión de Residuos Radiactivos y del Combustible Gastado (PGRRyCG) asociado a la operación a largo plazo de esta instalación, un documento que es preceptivo a presentar por el titular para la renovación de autorización de explotación.

El vicepresidente de Cantabria, Pablo Zuloaga, ha avanzado que el consejero de Sanidad, Miguel Rodríguez, planteará hoy en el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (CISNS) que personas con pasaporte Covid puedan acceder a actividades cuyo cierre plantea el semáforo Covid.

"La campaña de vacunación avanza a gran ritmo en Cantabria y precisamente la postura del consejero en la Interterritorial va a ser un planteamiento de cómo ese calendario vacunal, cómo ese pasaporte vacunal que ya van teniendo cada vez más cántabros... pueda permitir compatibilizar la circunstancia del semáforo Covid con mantener esa posibilidad de que las personas que cuenten con inmunización completa y, por supuesto con su pasaporte Covid, puedan tener acceso a actividades que el semáforo Covid plantea su cierre", ha dicho el vicepresidente.

Un hecho que, ha subrayado, requiere el acuerdo de las comunidades autónomas y, "sobre todo, de la solvencia jurídica para saber que no discrimina a unos ciudadanos sobre otros".

El vicepresidente socialista se ha pronunciado así al ser cuestionado sobre si el parece razonable la apelación a revisar los criterios del semáforo Covid, una vez que el propio presidente de Cantabria, el regionalista Miguel Ángel Revilla, haya expresado sus dudas sobre la eficacia de cerrar el interior de la hostelería en los municipios en nivel de riesgo 3 y 4, que serán 19 a partir de mañana, entre ellos Santander.

Zuloaga ha recordado que el semáforo, implantado desde mayo a propuesta de la Consejería de Sanidad (PSOE), "contó con todo el apoyo del Consejo de Gobierno de Cantabria", si bien desde entonces ningún ayuntamiento había alcanzado el nivel 3 que implica el cierre del interior de la hostelería.

Pero la actualización del martes situó a 19 municipios en dicho nivel "con las normas que están planteadas, aprobadas y validadas jurídicamente desde el pasado mes de mayo".

Sin embargo, el vicepresidente ha reconocido que "ahora la situación es otra", con una campaña de vacunación que avanza "a gran ritmo en Cantabria", que además es "una las comunidades autónomas de mayor capacidad de vacunación hasta el momento", como acredita una inmunización próxima al 65% de la población.

Es en este contexto en el que el consejero realizará su planteamiento en la Interterritorial, en la que Cantabria pretende "añadir nuevas vías para mantener la actividad, pero sobre todo para garantizar la seguridad", ha dicho Zuloaga.

GARANTIZAR LA SALUD, COMPROMISO UNÁNIME DEL GOBIERNO

En este sentido, Zuloaga ha afirmado que garantizar la salud de los cántabros es "un compromiso unánime" del Gobierno regional PRC-PSOE.

"El Gobierno de Cantabria siempre ha planteado la garantía para la salud de los cántabros y en el Consejo de Gobierno siempre se ha defendido", ha subrayado, si bien ha precisado que desde la pandemia, las decisiones "que marcan nuestro día a día" son las que se decretan desde la Consejería de Sanidad.

Zuloaga se ha pronunciado así al ser cuestionado por la prensa respecto a la posición contraria de Revilla al cierre del interior de la hostelería como nueva medida para combatir el Covid-19.

El vicepresidente ha opinado que "todos entendemos que esas decisiones (las de Sanidad), lo que buscan y lo que han demostrado hasta ahora es que hay que salvar vidas".

En este sentido, ha defendido que hay que garantizar la capacidad de los hospitales para atender no solo a enfermos Covid sino a los que padecen otras enfermedades, hay que dar respuesta a la sanidad rural y también "a una exigente campaña de vacunación que venimos desarrollando por encima de la media de todo el país".

"Por lo tanto, en las ecuaciones del personal técnico de la Consejería de Sanidad, siempre están muchos elementos que tenemos que tener en cuenta para garantizar la salud de las personas de Cantabria", ha precisado, para reiterar que eso es "un compromiso unánime del Consejo de Gobierno".

Zuloaga se ha pronunciado así a preguntas de la prensa tras asistir al acto con motivo del Día de las Instituciones que se ha celebrado en la Casa de Juntas de Puente San Miguel.

La Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias, a través de la Dirección General de Programas Asistenciales, ha regulado el uso que deberá darse a los test de autodiagnóstico de la Covid-19 tras su comercialización en las oficinas de farmacia.

En este sentido, se matiza que dicho autotest "no es válido" como certificado de prueba diagnóstica para acceder al interior de los establecimientos en los que se exige el certificado Covid-UE, medida que afecta a las islas que están en nivel 4, así como para el acceso al interior de la restauración de los establecimientos en islas en nivel 3 que quieran aumentar su aforo del 40 al 50 por ciento.

Este autotest se podrá realizar tanto en la propia farmacia como en el domicilio y en el momento de la compra del mismo el farmacéutico explicará al cliente la metodología para realizar una correcta recogida y procesamiento de la muestra, así como para interpretar el resultado de la prueba de manera adecuada. Además tras realizarse el test, los residuos deberán desecharse según las instrucciones del fabricante, según ha indicado el Gobierno regional en nota de prensa.

De este modo, si el resultado del autotest es negativo y la persona no presenta síntomas compatibles con la Covid-19 deberá seguir manteniendo las medidas básicas de protección frente al SARS-CoV-2, tales como el uso adecuado de la mascarilla, frecuente higiene de manos, guardar la distancia de seguridad y garantizar la ventilación de las estancias cerradas.

En cuanto a si el resultado es negativo pero la persona tiene síntomas como fiebre, dolor de cabeza, tos o dolor de garganta, entre otros, o si el resultado de la prueba es positivo, se debe llamar a la línea gratuita de atención a la Covid-19 en Canarias, 900 112 061, donde se le darán las indicaciones a seguir y se le citará para la realización de una Prueba Diagnóstica de Infección Activa, ya que se le considerará como paciente con sospecha de probable caso positivo en Covid-19.

En ninguno de estos dos últimos casos la persona deberá acudir al centro de salud o a las urgencias hospitalarias, ya que indican que se estaría poniendo en riesgo al resto de usuarios de estos servicios sanitarios, por lo que se subraya que lo correcto es llamar a la línea 900 112 061 para recibir instrucciones a seguir.

Actualmente, destaca la Consejería canaria de Sanidad, "es fundamental" que desde el momento en que se detecten síntomas compatibles con Covid-19, aún teniendo un resultado negativo en el autotest o se obtenga un resultado positivo en esta prueba, se mantenga en aislamiento para evitar contagios en su entorno cercano.

Asimismo, si durante el proceso de aislamiento el estado de salud empeora, se debe contactar directamente con el Servicio de Urgencias Canario a través del teléfono 112, donde se le indicará cómo proceder, pero nunca deberá romper el aislamiento.

La prueba rápida de antígeno detecta la infección activa porque identifica la presencia de una proteína en el propio virus, siendo esta una prueba sencilla y que da el resultado en unos minutos, teniendo que ser realizada en los siete primeros días desde la infección o en los cinco primeros días con síntomas.

Este test permite saber si el virus está presente en el organismo, es decir, si hay una infección en curso en el momento de realización de la prueba, aunque la persona no tenga síntomas. Con ello, se identifica rápida y precozmente los casos sospechosos de Covid-19.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha tenido palabras de "gratitud eterna" a los miembros de su anterior gabinete que dirigía Iván Redondo, aunque sin citar ningún nombre concreto y limitándose a referencias genéricas, al subrayar que todos lograron hacer "grandes cosas" por el país, tanto en la gestión de la pandemia como en la nueva etapa de recuperación que se abre.

De esta forma, ha recalcado su "agradecimiento personal" para los miembros salientes de su equipo más estrecho, así como a aquellos integrantes que continúan de esa etapa, extendiendo también esa gratitud a los nuevas personas que se incorporan a su gabinete para esta nueva fase de legislatura.

Así lo ha trasladado durante la toma de posesión de altos cargos de la Presidencia del Gobierno, encabezado por el nuevo jefe de gabinete, Óscar López. Junto a él se incorpora como secretario general de la Presidencia, Francisco Martín Aguirre, la directora adjunta de Gabinete, María de los Llanos Castellanos, y el secretario de Estado de Comunicación, el exdiputado del PSC Francesc Vallès.

También han formalizado su incorporación al equipo del presidente Judit Alexandra González Pedra como directora del Departamento de Coordinación Técnica y Jurídica de la Presidencia del Gobierno y el director del Departamento de Políticas Públicas de la Presidencia del Gobierno, José Alarcón Hernández.

En su discurso durante la toma de posesión difundido por Moncloa, el presidente ha recordado la toma de posesión tras un "proceso largo y tortuoso" de investidura, tras un ciclo de cinco elecciones.

También ha rememorado que el 14 de marzo tuvo que declarar el estado de alarma por la pandemia del coronavirus y ha subrayado que el Ejecutivo tuvo que desplegar una red de protección para sustentar a toda la nación durante la fase más dura de la crisis del Covid-19.

Asimismo, ha destacado que entonces, en el seno de la Unión Europea, ya se abordaban gestiones para ver cómo se podía acelerar la vacuna contra el coronavirus y ha confesado que, entonces, había voces técnicas que les decían que si en cuatro o cinco años estaba lista, se "podían dar con un canto en los dientes".

LA PANDEMIA NO ES EXCUSA PARA NO ABORDAR LA AGENDA DE TRANSFORMACIÓN

Ahora, el presidente del Gobierno se ha congratulado que el 52% de la población española esté ya protegida por pauta completa y ha recalcado que el Ejecutivo tenían "muy presente" que la pandemia "no podía ser excusa" para no abordar la agenda de transformación que requiere el país.

De esta forma, Sánchez ha subrayado que ya han acelerado cambios y ahora, que empieza una nueva etapa con el proceso de vacunación avanzado, ha destacado la "determinación, ilusión y esperanza" que tienen los miembros de su gabinete para completar el proceso de recuperación.

También ha querido reivindicar el compromiso con el servicio público al país, que con su nuevo gabinete renovado sigue igual, dado que a todos les une el "amor por España". Finalmente, ha destacado que hay que dar "lo mejor" para que esos objetivos de mejora del país se hagan "realidad".

ÓSCAR LÓPEZ: EQUIPO, ESFUERZO Y DEDICACIÓN PARA AYUDAR A SÁNCHEZ

También ha tomado la palabra durante el acto el nuevo director de gabinete de Sánchez, quien ha agradecido la confianza del presidente para poder sumarse a este proyecto de "reconstrucción y crecimiento", lo cual constituye un "altísimo honor".

López ha desgranado que los conceptos que marcan esta nueva etapa son "equipo, esfuerzo, dedicación y compromiso" para ayudar a la "locomotora" del proyecto, que es el presidente del Gobierno.

Finalmente, ha desvelado una anécdota de la conversación que tuvo con Sánchez para incorporarse a su gabinete y que hacía honor a la afición de su abuelo por los refranes: "donde vayas puedes volver". "Esto dice mucho de los valores del presidente", ha concluido López.