La Comunitat Valenciana ha comunicado este miércoles cuatro fallecimientos en los últimos siete días y un total de 2.685 nuevos casos desde la última actualización. Esta cifra supone una subida en los datos, en concreto de 809 personas, ya que el martes se informó de 1.876 contagios.

Así, estos casos nuevos de coronavirus --confirmados por prueba PCR o a través de test de antígenos-- sitúan la cifra total de positivos en 456.844 personas. Por provincias, 302 en Castellón (47.336 en total); 867 en Alicante (163.242 en total); y 1.516 en Valencia (246.264 en total). El total de casos no asignados se mantiene en 2.

La Conselleria de Sanidad señala que ha habido cuatro fallecimientos en la última semana, por lo que el total de decesos desde el inicio de la pandemia es de 7.492: 812 en la provincia de Castellón, 2.854 en la de Alicante y 3.826 en la de Valencia.

De acuerdo con los datos registrados, en estos momentos hay 29.776 casos activos, lo que supone un 6,36% del total de positivos.

En el plano positivo, se han contabilizado 2.589 altas a pacientes con coronavirus. De esta forma, el número de personas que han superado la enfermedad desde que comenzó la pandemia en la Comunitat Valenciana asciende a 431.038 personas. Por provincias, las altas se distribuyen así: 44.669 en Castellón, 155.181 en Alicante y 231.129 en Valencia. El total de altas no asignadas se mantiene en 59.

HOSPITALIZACIONES

En cuanto a la presión hospitalaria, hay actualmente 689 personas ingresadas --ayer eran 697--. De ellas, 85 se encuentran en la provincia de Castellón, 12 en UCI; 152 en la provincia de Alicante, 26 de ellos en la UCI; y 452 en la provincia de Valencia, 59 de ellos en UCI.

Por otra parte, un total de 3.206.179 personas han recibido ya una dosis de la vacuna contra el coronavirus en la Comunitat Valenciana. Además, en estos momentos, cuentan con la pauta completa de inmunización (dos dosis para Pfizer, Moderna y AstraZeneca; y la monodosis de Janssen) 2.644.872 personas. Por provincias: 313.275 en Castellón, 949.683 en Alicante y 1.381.914 en Valencia.

BROTE EN CASTELLÓN CON 28 AFECTADOS

Por último, desde el departamento que dirige Ana Barceló informan de siete brotes con más de 10 casos asociados. El más numeroso se localiza en Castellón de la Plana, con 28 afectados, y es de origen social.

El resto de focos están en Riba-Roja del Turia (11 casos. Origen laboral; Novelda (11 casos. Origen social); Castelló (13 casos. Origen social); Orihuela (10 casos. Origen social); València (23 casos. Origen social) y Almoradí (11 casos. Origen social).

La Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Lugo ha condenado a 18 meses de suspensión de empleo o cargo público a un funcionario de la Brigada de Extranjería de la Comisaría del Cuerpo Nacional de Policía de la capital luguesa por cometer un delito de negociaciones prohibidas a los funcionarios.

Además, el tribunal, que ha tenido en cuenta la "atenuante muy cualificada de dilaciones indebidas", le ha impuesto el pago de una multa de 1.620 euros y lo ha absuelto de un delito de uso de secreto o información privilegiada.

El condenado, según consta en la sentencia de la Audiencia, además de desempeñar su puesto como funcionario, ejercía, al menos entre los años 2000 y 2009, como abogado particular.

El tribunal entiende que de las grabaciones de las conversaciones mantenidas por el acusado "se deriva la consecuencia obvia de que venía realizando, de manera habitual o, cuando menos, frecuente, actuaciones en su despacho profesional que se correspondían con las competencias que desempeñaba en la administración pública".

Esa actividad profesional como abogado, se indica en el fallo judicial, era ejercitada por el acusado "frecuentemente durante el horario del puesto de trabajo público como funcionario de la referida brigada".

Los magistrados aseguran que el condenado, con ánimo de lucro, "se aprovechó de sus conocimientos en materia de extranjería para desempeñar funciones de asesoramiento o escritos en su condición de abogado particular en la materia que trataba como funcionario".

Según se recoge en la sentencia de la Audiencia de Lugo el funcionario deberá abonar, asimismo, un tercio de las costas de este procedimiento, mientras que se han declarado de oficio los otros dos tercios restantes.

INSPECTOR ABSUELTO

Por otra parte, la Audiencia ha absuelto al que ejercía como inspector jefe de la Brigada de Extranjería del Cuerpo Nacional de Policía de Lugo de un delito de falsedad en documento público u oficial por supuestamente tramitar con información falsa prórrogas de estancia en España.

Los jueces consideran que los hechos que le imputan "no pueden ser reprochados penalmente", pues la prueba pericial caligráfica permite concluir "que no realizó actuación material ninguna en los dos expedientes de prórroga de estancia que se le imputan".

En concreto, el tribunal indica que, si bien es cierto que firmó los informes en los que se hacía constar que los datos que figuraban en las solicitudes que presentaban dos mujeres estaban contrastados, algo que no era cierto, entienden que se justificó que era un tercer policía, hoy fallecido, el que asumía los compromisos sobre las actuaciones a realizar en el ámbito de extranjería.

Una cuarta parte de los niños y niñas migrantes solos de Ceuta atendidos por Save The Children --que llegaron hace dos meses en medio de la crisis migratoria y que permanecen en recursos temporales-- habían sufrido violencia física, abusos o malos tratos en sus países de origen.

Save the Children, en colaboración con la Dirección General de Infancia y Adolescencia (DGIA) de Ceuta, ha apoyado ya a 218 niños y 85 niñas que se encuentran en los espacios temporales de acogida realizando un análisis individualizado e identificando situaciones de vulnerabilidad.

En el análisis de las 303 entrevistas realizadas, Save the Children advierte de que aproximadamente una cuarta parte de los menores habían sufrido violencia física, abusos o malos tratos en su país de origen y uno de cada seis menores entrevistados han padecido tortura o trato degradante antes de llegar a España.

En este contexto, y en el marco de las negociaciones en torno a la nueva Estrategia Integral para la Infancia no acompañada, Save The Children pide que se garantice que los niños y niñas migrantes "no sean víctimas de las diferencias entre administraciones" y que se agilice su derivación a recursos de acogida adecuados.

Save the Children ha tenido la oportunidad de trasladar a la directora general de Derechos de la Infancia y la Adolescencia, Violeta Assiego, en un encuentro en Ceuta, sus principales peticiones para garantizar que se cumplan los derechos de estos menores. La organización también se ha reunido con el Gobierno de Ceuta y otras autoridades locales.

"Es necesaria, más que nunca, una corresponsabilidad territorial para agilizar la derivación de los niños y las niñas a recursos de acogida en condiciones adecuadas y con profesionales especializados. En septiembre, deberíamos poder contar con una Estrategia consensuada para la protección de la infancia sola que llega a nuestro país", ha señalado el director general de Save the Children, Andrés Conde.

Para que la inclusión de estos niños y niñas sea real, Conde ha subrayado que también es necesario abordar la reforma del reglamento de Extranjería, actualmente pendiente.

La organización ha agradecido la propuesta realizada para la adopción de mecanismos estables de derivación, planes de contingencia y apoyo a los territorios fronterizos. Sin embargo, ha recordado la necesidad de reforzar con recursos económicos y humanos el sistema de protección de Ceuta para garantizar los derechos de los niños y niñas solos y la necesidad de agilizar los traslados a otras comunidades autónomas.

"Conocer las necesidades que tienen los niños, las niñas y adolescentes migrantes que se encuentran en Ceuta es fundamental para garantizar el cumplimiento de sus derechos y valorar sus necesidades de protección", insiste Conde.

El director general de Save the Children ha trasladado a Assiego la necesidad de plantear soluciones rápidas para que no permanezcan meses acogidos en recursos de emergencia.

En otros territorios como Andalucía, Cataluña, Gran Canaria o la ciudad autónoma de Melilla, Save the Children también trabaja, en coordinación con otras organizaciones y administraciones públicas, atendiendo a la infancia migrante más vulnerable.

Este año ya ha apoyado a cerca de 2.000 niños, niñas y adolescentes migrantes (243 en Andalucía; 100 en Cataluña; 744 en Canarias; 290 en Ceuta, y 400 en Melilla) a través de sus programas de Infancia en Movimiento.

Además, la organización tiene proyectos en países de tránsito u origen como Mauritania o Senegal para velar por los derechos de los niños y las niñas que viajan solos, los que son víctimas de trata y los que huyen de la violencia o los conflictos armados.

El director general de Radio y Televisión de Andalucía (RTVA), Juande Mellado Pérez, y el vicepresidente de la Fundación Blas Infante, Javier Delmás Infante, han sellado este miércoles un convenio de colaboración para impulsar y divulgar la historia de Andalucía.

Con este fin, Canal Sur ha indicado en un comunicado que ambas entidades emplearán los medios y canales de Canal Sur Radio y Televisión (Csrtv) y, especialmente, los programas de la radio pública andaluza, que el próximo mes de septiembre estrenará un nuevo espacio, "Andalucía, un pueblo con historia".

El programa, que estará en antena toda la temporada, será conducido por Pura Sánchez, docente e investigadora. Le acompañarán Isidoro Moreno, catedrático de Antropología Social de la Universidad de Sevilla (US), y Manuel Delgado, catedrático de Economía Aplicada de la US. Los tres forman parte del Patronato de la Fundación Blas Infante.

En el acto de la firma han estado presentes también Isidoro Moreno y el director de Canal Sur Radio Juan Miguel Vega. Así, Canal Sur "se compromete" principalmente a divulgar las actividades de la Fundación Blas Infante a través de una cobertura profesional en los diferentes espacios y programas de sus canales de difusión, así como a participar en la producción de espacios divulgativos. La radio televisión andaluza también permitirá a la fundación el uso de estos materiales, de acuerdo con los fines del convenio.

Por su parte, la Fundación Blas Infante ha señalado que facilitará a Canal Sur contenidos sobre la actividad que desarrolla, así como el acceso a los eventos que organice, además de participar y orientar en las localizaciones de espacios.

Igualmente, la fundación mantendrá un flujo de información de sus actividades con la radio televisión autonómica y asesorará y colaborará en el desarrollo de acciones y contenidos informativos o de divulgación programados por Csrtv. Cabe resaltar que el convenio firmado tendrá una vigencia de un año ampliable si las partes así lo acuerdan.

Por otra parte, el espacio radiofónico 'Andalucía, un pueblo con historia' se empleará para dar a conocer la historia de la tierra andaluza de manera "amena y rigurosa". Tendrá una emisión semanal de septiembre a junio, con una duración de 55 minutos y contará con cinco programas-marco con varias temáticas.

Entre ellas, destaca la profundización en las fuentes de la identidad andaluza; el hilo de la historia de Andalucía: continuidades y discontinuidades; el extractivismo como forma de apropiación de riqueza en la historia de Andalucía; la pregunta de si existe una cultura andaluza y la identidad política de Andalucía.

De hecho, los programas tendrán el mismo formato que pasará por una presentación del tema, una tertulia con dos personas invitadas especialistas en la materia que se trate, que conversarán de manera "amena y comprensible" sobre la temática, y algunas cuñas musicales.

Después, se elaborarán programas en los que se combine el análisis de períodos históricos concretos con el de elementos culturales, etnográficos, políticos y económicos a través de la historia autonómica. De manera transversal, se considerará el papel de las mujeres en la historia andaluza, así como los movimientos sociales y políticos anclados a la conservación de la naturaleza y la defensa del territorio.

En estos espacios más concretos se abordará la cultura del aceite, el agua y el vino, la Bética, la Andalucía tardoantigua, Al-Ándalus, los negros andaluces, el pueblo gitano y el judío, Andalucía y América y las exposiciones internacionales.

En resumen, RTVA ha detallado que 'Andalucía, un pueblo con historia' está dirigido a una audiencia "amplia y heterogénea", con especial atención a las generaciones jóvenes y, también, teniendo en cuenta su posible uso como material didáctico para el profesorado andaluz.

La Abogacía General del Estado, ante las diferencias de criterio que mantienen el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Melilla (CPM, PSOE y Grupo Mixto) y la Delegación del Gobierno (PSOE), ha concluido este miércoles que corresponde al Ejecutivo autonómico la competencia para ejercer las funciones de acogida de los menores extranjeros no acompañados (menas), una vez que éstos alcanzan la mayoría de edad y se extingue el régimen de tutela al que estaban sometidos.

Según ha informado la propia Delegación del Gobierno, la Abogacía del Estado ha señalado en un informe que dicha competencia corresponde al Ejecutivo local "al incardinarse dichas funciones en el concepto de asistencia social que es competencia exclusiva de la Ciudad Autónoma conforme a lo establecido en el artículo 148.1, 20 de la Constitución Española, y en el artículo 21.1.18 de la Ley Orgánica 2/1995, de 13 de marzo, de Estatuto de Autonomía de Melilla".

La Abogacía General del Estado, concretamente la Dirección del Servicio Jurídico, ha elaborado el informe para determinar el ámbito competencial en la acogida de los menores, tutelados por la ciudad autónoma, una vez alcanzada la mayoría de edad, en respuesta a la consulta realizada por la Delegación del Gobierno de Melilla tras las discrepancias con el gobierno local, a raíz del desalojo de la Plaza de Toros como centro de acogida temporal de ex menores que dejaron de estar tutelados por la ciudad.

ASISTENCIA SOCIAL

En su informe, la Abogacía General del Estado ha recogido que el artículo 148.1 de la Constitución enumera en su apartado 21 la Asistencia Social como una de las materias en las que las comunidades autónomas podrán asumir competencias, y en su apartado 22 la Sanidad e Higiene.

Por su parte, el artículo 21.1 del Estatuto de Autonomía de Melilla, aprobado por la Ley Orgánica 2/1995, de 13 de marzo establece que "La ciudad de Melilla ejercerá competencias sobre las materias que a continuación se relacionan, con el alcance previsto en el apartado 2 de este artículo: (*) 18. Asistencia social. 19. Sanidad e higiene".

El apartado 2 del artículo 21 añade que "En relación con las materias enumeradas en el apartado anterior, la competencia de la ciudad de Melilla comprenderá las facultades de administración, inspección y sanción, y en los términos que establezca la legislación general del Estado, el ejercicio de la potestad normativa reglamentaria".

En este sentido, ha subrayado que "asumida, pues, por la Ciudad Autónoma, la competencia en materia de asistencia social, debe analizarse el alcance que a dicho término ha atribuido el Tribunal Constitucional".

Por asistencia social, ha aclarado, "debe entenderse el ejercicio de funciones de atención, cuidado y bienestar de personas que carezcan de los medios básicos de subsistencia".

COMPETENCIA AUTONÓMICA

A través de un informe de 23 páginas, la Abogacía General del Estado ha apuntado que la asistencia social a los menores durante su minoría de edad "está indubitativamente" atribuida a la Ciudad Autónoma de Melilla conforme al artículo 21. 18 de su Estatuto de Autonomía y a lo establecido en el Real Decreto 1385/1997, de 29 de agosto, sobre traspaso de funciones y servicios de la Administración del Estado a la Ciudad de Melilla, en materia de asistencia social.

Del mismo modo, deja claro que "el hecho de alcanzar la mayoría de edad no produce el efecto de desplazar al Estado la competencia en materia de asistencia social de los exmenas".

Las funciones de acogida de dichos antiguos menores implican la cobertura de las necesidades vitales mínimas de alojamiento y manutención de los mismos que, según criterio de este Centro Directivo, "siguen siendo de la competencia exclusiva de la Ciudad Autónoma", ha subrayado el informe.

De este modo, ha apuntado que estando atribuida en exclusiva la competencia de asistencia social a la Ciudad Autónoma de Melilla, tal y como recoge el antes mencionado artículo 21.18 del Estatuto de Autonomía, "dicha competencia ha de ejercerse en relación con cualquier persona que esté materialmente necesitada de la misma, lo que incluye a aquellas personas que tuvieren la consideración de exmenas".

Por último, la Abogacía General del Estado ha destacado que las necesidades de manutención y alojamiento "están íntimamente relacionadas con necesidades de higiene básicas, estando también reservada a la Ciudad Autónoma la competencia exclusiva en materia de "Sanidad e higiene" en el artículo 21.19 del Estatuto de Autonomía".

El Gobierno de Melilla conformado por PSOE, CPM y Grupo Mixto ha anunciado este miércoles que a partir del mes de septiembre será obligatorio la posesión del certificado Covid para poder viajar a Melilla tanto vía aérea como marítima mientras que la terrestre permanece cerrada desde el 13 de marzo por la crisis del coronavirus. El documento también será exigido para poder acceder a espectáculos culturales o deportivos.

Así lo ha anunciado en rueda de prensa el consejero de Salud Pública de la ciudad española del norte de África, Mohamed Mohand (PSOE), quien ha asegurado que "a partir de principios del mes de septiembre será obligatorio presentar el certificado covid" después de asegurar que aún queda un 35% de la población diana melillense --mayores de 16 años-- sin vacunar a pesar de las campañas diarias que se realizan para inocularse de forma gratuita.

"Para poder embarcar a Melilla, ya sea a través de vía marítima como aérea, tendrán que contar con ese certificado Covid que permite tres acepciones: la vacunación como pauta completa, el haber pasado la enfermedad en los últimos seis meses o una prueba de diagnóstica negativa", ha recalcado el titular de Salud Pública.

Este control, ha afirmado, será realizado por las compañías aéreas y marítimas que operan en Melilla "como están haciendo en otros lugares de España y del mundo", citando los casos de Baleares y Canarias.

TAMBIÉN EN DEPORTE Y CULTURA

Mohamed Mohand ha avanzado igualmente que "seguramente a mediados de agosto se convierta en obligatorio en Melilla el certificado Covid para el ingreso en las instalaciones deportivas municipales o para poder participar de eventos culturales o festejos como pueden ser conciertos, teatro y auditorios".

Mohamed Mohand ha asegurado que "nuestra ciudad ha hecho un esfuerzo titánico en cuanto a recursos, puntos de vacunación y tiempos para poder llegar a los jóvenes de 16 años con la mayor brevedad posible" y ha adelantado que "Melilla está preparada para vacunar en un día a todos los menores entre 12 y 15" cuando lo autorice el Ministerio de Sanidad.

Además, ha destacado que la Consejería de Salud Pública ha hecho público el calendario de vacunaciones hasta la primera semana de septiembre para que los ciudadanos que se vayan a ir de vacaciones de todas las edades y aún no se han vacunado, puedan organizarse y elegir el día que quieran para ser inoculados sin coste alguno.

Por otro lado, ha recordado que cuando abra la frontera con Marruecos, los ciudadanos deben saber que el reino alauí exige el certificado Covid para poder pasar a su país.

Con este conjunto de medidas, ha negado que el Gobierno de Melilla esté obligando a vacunarse a la población, pero sí ha dejado claro que se debe preservar a aquellos ciudadanos que sí se han vacunado porque "no pueden pagar justos por pecadores".

La comunidad autónoma de Extremadura ha registrado en las últimas 24 horas un aumento de los positivos hasta los 590 casos de Covid-19 confirmados, en una jornada con una nueva fallecida, una mujer de 88 años, y 16 ingresos hospitalarios.

Asimismo se han dado 13 altas hospitalarias, por lo que en estos momentos los hospitales extremeños tienen a un total de 90 personas hospitalizadas, tres más que este pasado martes, de las que ocho están en UCI, una menos.

Con el nuevo fallecimiento, una mujer de Arroyo de la Luz (Cáceres), el total de víctimas en la región es de 1.779 desde el inicio de la pandemia, ha informado la Junta en nota de prensa.

Se han dado al mismo tiempo 331 altas epidemiológicas, lo que equivale a un total de 80.490 altas, mientras que la incidencia acumulada a 14 días en la región se sitúa en 589,49 casos por 100.000 habitantes y a los siete días en 314,6 casos por 100.000 habitantes.

De igual forma, se han notificado cinco brotes, en Villar del Rey, con cinco casos y 19 contactos; en Villanueva del Fresno, con cuatro casos y 10 contactos; en Villalba de los Barros, con seis casos y 20 contactos; en Villanueva de la Serena, con diez casos y 27 contactos, y en Plasencia, con nueve casos y un contacto. Por su parte, se han cerrado seis brotes, cuatro localizados en Badajoz, otro en Moraleja y otro en Cáceres.

ÁREAS DE SALUD

El Área de Salud de Badajoz ha notificado 186 casos positivos, tiene 32 pacientes hospitalizados, dos de ellos en UCI, y acumula 317 fallecidos y 22.566 altas desde el inicio de la pandemia.

El Área de Salud de Cáceres ha registrado 140 casos positivos, tiene 18 pacientes ingresados, uno de ellos en UCI, y acumula 472 fallecidos y 13.636 altas.

El Área de Salud de Mérida ha registrado 65 casos positivos, tiene 14 pacientes hospitalizados por Covid-19, dos de ellos en UCI, y acumula 237 fallecidos y 14.711 altas.

El Área de Salud de Don Benito-Villanueva de la Serena ha notificado 65 casos positivos, tiene 13 pacientes hospitalizados, dos de ellos en UCI, y acumula 239 víctimas mortales y 10.246 altas.

El Área de Salud de Plasencia ha registrado 34 casos positivos, tiene cinco pacientes hospitalizados, uno de ellos en UCI, y ha registrado un total de 199 fallecidos y 6.473 altas.

El Área de Salud de Navalmoral de la Mata ha notificado 21 casos positivos, tiene un paciente ingresado por Covid-19, y ha registrado 109 fallecidos y 3.758 altas.

El Área de Salud de Llerena-Zafra ha registrado 53 casos positivos, tiene seis pacientes ingresados y ha registrado un total de 123 fallecidos y 6.458 altas.

Finalmente, el Área de Salud de Coria ha registrado 26 casos positivos, tiene un paciente hospitalizado por Covid-19 y ha registrado un total de 83 personas fallecidas y 2.642 altas.

El Gobierno de Castilla-La Mancha, a través de la Dirección General de Salud Pública, ha confirmado 1.048 nuevos casos por infección de coronavirus en las últimas veinticuatro horas.

Por provincias, Toledo ha registrado 469 casos, Albacete 229, Ciudad Real 200, Guadalajara 95 y Cuenca 55, ha informado la Junta en nota de prensa.

El número acumulado de casos desde el inicio de la pandemia es 209.835. Por provincias, Toledo registra 77.485 casos, Ciudad Real 50.153, Albacete 32.533, Guadalajara 28.680 y Cuenca 20.984.

El número de hospitalizados en cama convencional por COVID-19 es 168.Por provincias, Toledo tiene 61 de estos pacientes (45 en el Hospital de Toledo y 16 en el Hospital de Talavera de la Reina) y en Ciudad Real 40 (12 en el Hospital Mancha Centro, 8 en el Hospital de Ciudad Real, 7 en el Hospital de Puertollano, 7 en el Hospital de Manzanares, 3 en el Hospital de Valdepeñas y 3 en el Hospital de Tomelloso).

Asimismo, en Albacete hay 36 (27 en el Hospital de Albacete, 4 en el Hospital de Almansa, 3 en el Hospital de Hellín, 2 en el Hospital de Villarrobledo), en Guadalajara 20 (todos ellos en el Hospital de Guadalajara) y en Cuenca 11 (todos ingresados en el Hospital de Cuenca).

Los pacientes ingresados en las Unidades de Cuidados Intensivos que necesitan respirador son 20. Por provincias, Toledo tiene 7 de estos pacientes, Albacete 7, Guadalajara 4 y Cuenca 2. Los hospitales de la provincia de Ciudad Real no registran ningún paciente con Covid-19 en sus Unidades de Cuidados Intensivos.

Durante las últimas veinticuatro horas no se han registrado fallecidos por COVID-19 en Castilla-La Mancha.

El número acumulado de fallecidos desde el inicio de la pandemia son 6.082. Por provincias, Toledo registra 2.290 fallecidos, Ciudad Real 1.733, Albacete 888, Guadalajara 628 y Cuenca 543.

CENTROS SOCIOSANITARIOS

Catorce centros sociosanitarios de Castilla-La Mancha tienen casos confirmados de positivo por coronavirus entre los residentes.

De los catorce centros, cinco están en la provincia de Toledo, tres en la de Guadalajara, tres en Ciudad Real y tres en Albacete.

Los residentes con caso confirmado son 52 y los fallecimientos acumulados de residentes de estos centros desde el inicio de la pandemia son 2.050.

La Alianza de la Sanidad Privada Española (ASPE), la Asociación Catalana de Entidades de Salud (ACES), la Unión Española de Entidades Aseguradoras y Reaseguradoras (UNESPA) y el Consorcio de Compensación de Seguros, con la asesoría de la Sociedad Española de Neurorrehabilitación, han firmado un anexo al Convenio Marco para el tratamiento del daño cerebral sobrevenido (2019-2022) que amplía la atención a lesionados por accidente de tráfico en centros privados de alta especialización.

Y es que en España las lesiones sufridas en siniestros de tráfico leves o graves no están cubiertas por la sanidad pública. Existe, por tanto, un convenio marco de asistencia sanitaria derivada de accidentes de tráfico dirigido específicamente a los centros sanitarios privados.

Se trata de un acuerdo al que pueden adherirse todos los centros sanitarios privados que lo deseen y al que se han adscrito prácticamente la totalidad de las entidades aseguradoras que trabajan en España. El objetivo es poder prestar asistencia sanitaria específica a lesionados con daño cerebral, en centros sanitarios privados acreditados, a través del seguro de responsabilidad civil obligatoria.

La reciente firma del anexo al convenio representa, a juicio de sus impulsores, "un paso más hacia la excelencia y alta especialización" de las capacidades asistenciales para pacientes de significativa gravedad que han sufrido las consecuencias de un accidente de tráfico.

Un equipo de expertos médicos, especialistas en el tratamiento de estas patologías, han establecido las características y perfiles de estos pacientes de alta complejidad, así como los criterios específicos que deben reunir los centros para atenderlos.

Dentro de las necesidades específicas del lesionado neurológico complejo, se incluye el tratamiento a pacientes pediátricos, con problemas de inestabilidad médicoquirúrgicas con necesidad de ventilación mecánica, con necesidades psiquiátricas complejas, entre otros; además se incorpora el síndrome del cautiverio, el daño cerebral asociado a politrauma, espasticidad y rigidez articular grave.

El acuerdo adecua a su vez las tarifas abonadas por las aseguradoras destinadas a cubrir los servicios sanitarios de alta complejidad requeridos en estos casos. Estos centros sanitarios altamente especializados deben reunir una serie de requisitos, tanto técnicos (dotaciones) como humanos (formación del personal médico-sanitario y experiencia).

El anexo entró en vigor el pasado 1 de julio y ya cuenta con cinco centros acreditados de los más de 25 adheridos al convenio marco de la red de atención a lesionados de accidentes de tráfico. Por consiguiente, un paciente lesionado de estas características dispone ya de la posibilidad de acceder a una atención de alta especialización.

Este nuevo acuerdo culmina una de las líneas de trabajo prioritarias para las patronales de la sanidad privada firmantes de esta adenda, como es la atención de alta complejidad que requieren los accidentados de tráfico. "La firma de esta adenda contribuye a mejorar las opciones de tratamiento para este tipo de pacientes y garantiza una atención de máxima calidad en un plazo breve de tiempo desde esta red de centros sanitarios privados", ha zanjado el secretario general de ASPE, Alfonso de la Lama Noriega.

Canarias ha registrado 943 nuevos casos de COVID-19 en las últimas 24 horas, por lo que el total de casos acumulados en las Islas desde que comenzó la pandemia es ya de 77.130 con 12.523 activos, de los cuales 71 están ingresados en UCI y 436 permanecen hospitalizados.

Los datos notificados hoy suponen un incremento de 127 positivos con respecto al miércoles pasado, cuando se notificaron 816 nuevos contagios, según ha informado la Consejería de Sanidad del Gobierno canario.

En las últimas horas se han producido tres fallecimientos: un varón de 87 años y una mujer de 45 en Gran Canaria y una mujer de 78 años en La Palma. Todos padecían patologías severas previas y permanecían ingresados en el hospital. El total de fallecidos en las Islas por covid-19 se eleva ya a 817, de los cuales 460 se han registrado en Tenerife; 282 en Gran Canaria; 49 en Lanzarote; 13 en Fuerteventura; 8 en La Palma, 4 en El Hierro y uno en La Gomera.

Asimismo, la Incidencia Acumulada a los 7 días en Canarias se sitúa en 249,73 casos por cada 100.000 habitantes y a los 14 días en los 470,32 casos por 100.000 habitantes. Además, hasta hoy se han realizado 1.804.161 pruebas diagnósticas en las Islas, de las que 9.073 se corresponden al día de ayer.

Por islas, Tenerife suma hoy 485 positivos con un total de 37.033 casos acumulados y 7.259 activos epidemiológicamente; Gran Canaria cuenta con 28.972 acumulados, 371 más, y 4.283 activos. Por su parte, Lanzarote suma 21 positivos, con 6.080 acumulados y 179 activos; Fuerteventura tiene 3.335 casos acumulados, con 48 más que la jornada anterior, y 553 activos.

La Palma suma 11 casos nuevos, por lo que cuenta con 936 acumulados y 163 activos; El Hierro, con un nuevo caso, tiene 417 acumulados y 11 casos activos, mientras que La Gomera, con seis positivos nuevos, tiene 354 acumulados y 74 activos.

La Universidad Loyola Andalucía y la Fundación SGAE han firmado este miércoles un convenio marco mediante el que ambas instituciones van a colaborar en la promoción conjunta de actividades y en el intercambio de información, así como para el asesoramiento mutuo en cuestiones relacionadas con las actividades propias de cada organismo, en los ámbitos cultural y académico.

A la firma de este acuerdo, según ha informado la SGAE en una nota, el vicerrector de Investigación de Loyola, Carlos García Alonso, y el profesor titular del Área de Comunicación Audiovisual y Publicidad, Francisco José Cuadrado, y en representación de la Fundación SGAE, su directora en Andalucía, Verónica Repiso, y la responsable del Área Social de la entidad, Celia Crespo.

En concreto, Loyola y la SGAE organizarán iniciativas de ámbito académico, artístico y cultural, así como aquellas de especial interés para estas entidades, como el desarrollo de programas de actividades formativas y de carácter social.

Este acuerdo marco posibilitará, igualmente, la colaboración en el ámbito de la realización conjunta de estudios, informes y proyectos de investigación en aquellas áreas que se consideren de interés común, que podrán materializarse más adelante en convenios específicos de programas o propuestas más concretas.

Por su parte, la Universidad Loyola pondrá en marcha el próximo curso el grado en Creación y Producción Musical, en colaboración con la Universidad de San Francisco (Estados Unidos), actividad que inaugurará el Área de Artes en su oferta formativa.

Respecto a este acuerdo, Carlos García Alonso ha señalado que los lazos de colaboración con la SGAE "suponen un importante valor para la visión estratégica y global de la industria musical, como negocio que promueve el nuevo grado de la Universidad Loyola".

Por su parte, Verónica Repiso ha explicado que este acuerdo implica "aunar esfuerzos con el ámbito universitario para el desarrollo de objetivos comunes, entre ellos los originarios de la Fundación SGAE: actividades sociales, asistenciales, de promoción y formación de los autores, y de cualquier forma de ayuda a la creación, edición y producción de las obras de los creadores".

La Universidad Loyola Andalucía es la undécima que se incorporó al sistema universitario andaluz y la primera privada de iniciativa social de dicha comunidad autónoma. Reconocida por el Parlamento Andaluz, el 23 de noviembre de 2011, el actual curso 2020/2021 es el octavo de la Universidad Loyola, que comenzó su andadura en el año académico 2012/13. Cuenta ya con cuatro promociones de egresados y con unos 4.700 estudiantes actualmente en sus dos Campus, en Córdoba y Sevilla.

La Universidad Loyola ofrece la posibilidad de estudiar en sus campus más de 60 itinerarios diferentes de grado, (simples, dobles y plus), en las áreas de Administración y Dirección de Empresas (ADE), Economía, Comunicación, Criminología, Derecho, Educación, Ingeniería, Psicología, Relaciones Internacionales, Teología y Artes. También cuenta con una amplia oferta formativa de postgrado, programas de doctorado y formación 'executive', y es además Centro Examinador Oficial de la Universidad de Cambridge, así como de los exámenes de Lengua Española Siele.

La Fundación SGAE, por su parte, tiene como prioridad la labor asistencial a sus creadores, la promoción de su repertorio y la investigación y desarrollo. Cumple un propósito claro: contribuir a que la autoría experimente cambios positivos en las condiciones en las que tiene lugar, facilitando tanto su desarrollo en el conjunto del sector cultural profesional y las industrias culturales como el contacto con el público y la sociedad, así como su presencia más allá de nuestras fronteras.

Entre los principales acuerdos culturales vigentes de la entidad en Andalucía destacan el convenio con la Fundación Secretariado Gitano, el respaldo a la actividad de la Asociación Andaluza de Mujeres de los Medios Audiovisuales (Aamma), el concurso de composición y arreglos para 'big band', la cantata infantil participativa CoralSon, el Festival Escénico TIF Granada, el festival de música independiente Monkey Week, los Premios del Cine Andaluz, la Asociación Española de Difusión Musical (Aedom), el Festival Iberoamericano de Cine de Huelva, el ciclo musical Nocturama, o la Escuela de Artes Escénicas de la Fundación Alalá, entre otros.

La Fundación Pau Costa, con la que colabora Fundación Aquae a través de la Red Impulsores del Cambio (RIC), considera que la solución para combatir los mega-incendios pasa por atacar el origen del problema y esto se hace invirtiendo en prevención, que debe enfocarse en la gestión del territorio.

Y la prevención exige estrategias de país para luchar contra los efectos del cambio climático, cuyos resultados se verán a largo plazo, y contra la despoblación de las zonas rurales. "Repoblar la España vaciada y fomentar una economía rural sana preservaría y enriquecería la biodiversidad, reduciría el riesgo de mega-incendios y facilitaría el control del fuego", señalan desde la Fundación.

En esa línea, y para que haya gente dispuesta a repoblar y vivir del monte, la entidad apunta que habrá que revalorizar los productos y bienes rurales (madera, olivos, productos del pastoreo...) y concienciar a la población para que los consuma. Así, asegura que con valores ecosistémicos de biodiversidad se contribuiría a fijar carbono en el suelo, a un mejor aprovechamiento de las lluvias y a generar un paisaje mosaico con monte abierto, que se está perdiendo y es beneficioso para especies como el conejo, la perdiz y el águila, y monte cerrado.

Para el responsable de proyectos internacionales de la Fundación Pau Costa, Jordi Vendrell, "la capacidad humana y técnica en extinción ha llegado al límite". Debemos buscar ese cambio social que implica una mejor gestión de los montes y que desde la población se apoye a través del consumo de proximidad", indica.

MÁS GRANDES INCENDIOS

Entre enero y junio de este año se registraron en España 3.451 incendios, un 6% más que en el primer semestre de 2020, según datos del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO). Bajo esa dinámica creciente subyace un cambio de tendencia, ya que mientras suben los conatos --de 1.776 en 2020 a 2.254 en 2021--, se reducen los incendios propiamente dichos --de 1.284 a 1.197-- y se duplican los llamados grandes incendios forestales (GIF), los que afectan a más de 500 hectáreas, que pasaron de 3 a 6.

Como explica Vendrell, desde finales de los años 90 del siglo XX ha bajado el número de incendios --aquellos que afectan a más de una hectárea-- y ha disminuido la superficie media que queman. Pero se han incrementado los grandes incendios forestales, que son los que queman más de 500 hectáreas y lo hacen con más intensidad y virulencia, advierte. "Se propagan a gran velocidad y tienen mucho más impacto sobre el ecosistema. No es lo mismo tener un incendio de 10.000 hectáreas que 200 de 50. Los pequeños se apagan", incide.

En España, entre 2010 y 2019 el número de siniestros se redujo en un 36% respecto a la década anterior y la media de la superficie afectada disminuyó en un 27%. No obstante, la proporción de grandes incendios crece año tras año respecto al total de siniestros. Y aunque apenas suponen el 0,18% del total, en ellos arde el 40% de la superficie total afectada por el fuego.

De hecho, según datos de Copernicus, el programa de observación de la Tierra que gestiona la Comisión Europea para toda la Unión Europea, desde el 1 de enero hasta el 25 de julio de este año se han producido en España 12 grandes incendios forestales: tres en Andalucía, otros tres en Cantabria, dos en Castilla-La Mancha y uno respectivamente en Canarias, Cataluña, Castilla y León y País Vasco. En conjunto han quemado más de 26.000 hectáreas.

"Ahora estamos en esta dinámica: tenemos menos incendios, pero los que tenemos se hacen mucho mayores porque son más virulentos y queman con mayor intensidad", señala Vendrell, que achaca este cambio de tendencia a dos grandes pilares: el despoblamiento rural producido desde finales de los años 60, que significó que muchas hectáreas de monte forestal dejaran de cultivarse y cuidarse, generando más carga de combustible forestal, y el cambio climático, que se visibiliza en temperaturas medias más altas y un régimen de lluvias cambiante.

"Ha cambiado la distribución de las lluvias durante el año. No llueve igual ahora que hace 30 años y no es lo mismo que caigan 10 litros durante 10 días que 100 litros en un día. Lo primero implica aprovechamiento, lo segundo genera inundaciones. El agua se evapora con más facilidad y nuestros bosques tienen menos agua para sobrevivir, son mas vulnerables, sufren estrés hídrico", concluye.

ACCIONES EN ALICANTE EN 2022 PARA CONCIENCIAR

La Fundación Pau Costa, que este año celebra su décimo aniversario, se creó para conectar a los expertos de ámbito internacional y los distintos actores que participan en la gestión de incendios (extinción, prevención, investigación académica), compartir información y experiencias, y avanzar en el conocimiento de los incendios forestales.

La Fundación ha sido seleccionada por la Comisión Europea para participar en un proyecto europeo cuyo trabajo se centra en identificar las líneas de investigación estratégicas donde invertir en prevención, investigación y gestión del territorio. "Desde la experiencia española vamos a identificar y decidir las líneas clave de la CE en los próximos 10 años en cuanto a incendios forestales", afirma Vendrell.

La colaboración de Fundación Aquae y Fundación Pau Costa desarrollará acciones en Alicante en 2022 con el objetivo de concienciar a los ciudadanos y los organismos públicos, facilitarles pautas para evitar igniciones y subsanar lo antes posible los daños que puedan provocar los incendios.

La Sala Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura (TSJEx) ha ratificado en dos autos el cierre perimetral de otros siete municipios extremeños solicitados por la Junta de Extremadura este mismo miércoles.

Así, en un auto ratifica la medida de cierre perimetral de Oliva de la Frontera, Bienvenida, Quintana de la Serena, Bienvenida y Villanueva del Fresno, en la provincia de Badajoz, mientras que en un segundo ratifica los cierres de Hervás, Losar de la Vera y Miajadas, en la provincia de Cáceres.

La Junta de Extremadura había solicitado este miércoles, 28 de julio, mediante un acuerdo del Consejo de Gobierno, la medida temporal de restricción de entrada y salida de dichos municipios debido a la alta incidencia de casos Covid-19 que registran.

Por todo ello, según indican los autos, el TSJEx ha procedido a ratificar la solicitud de cierre perimetral ante la aparición de casos en aumento en los municipios, con la tendencia al empeoramiento y teniendo en cuenta los casos y contactos estrechos activos, que aún pueden generar más casos y contactos en los próximos días, con lo que se podría dificultar el control de la trasmisión comunitaria del virus dentro de los mismos.

De este forma, se indica que las medidas sanitarias solicitadas cumplen con la existencia de un "riesgo inminente y extraordinario"que justifica la adopción de las mismas y que las medidas han sido adoptadas por la autoridad sanitaria en el ámbito de la comunidad autónoma de Extremadura.

Asimismo, las medidas se consideran "urgentes y necesarias" para lasalud pública atendiendo a las circunstancias concurrentes, todas ellas relacionadas con la situación de emergencia producida por el nuevo coronavirus y resultan "proporcionadas", atendiendo al espacio territorial al que afectan, a las personas a las que se aplica y a la duración temporal de las mismas, que es de catorce días.

"Lo pedido por la Junta de Extremadura también se adapta a la doctrina del Tribunal Supremo al no entrar en vigor las medidas hasta que sean ratificadas por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura, siendo entonces cuando se publicarán en el DOE", aparece en los autos.

También existe un "equilibrio" entre las medidas que se adoptan y larazón última que las justifica que es evitar el riesgo de contagios y el avance descontrolado de la enfermedad, y las medidas no suponen una "limitación absoluta" de los derechos fundamentales consagrados en la Constitución, sino una limitación de la libertad de circulación de las personas.

Además, las medidas acordadas por la Junta de Extremadura, atenuadas por las excepciones que la actuación administrativa contempla destacando especialmente la relativa a las personas que tienen la pauta de vacunación completa, están "justificadas" y son "necesarias y proporcionadas" para la consecución del fin que se pretende, que es la protección de la vida, la salud y la integridad física.

Tras la aprobación de la venta de los autotest de antígenos en farmacias, la Xunta de Galicia y los Colexios Oficiais de Farmacéuticos de Galicia han acordado que sean las farmacias las que "supervisen y acrediten la validez" de las pruebas, cuyos resultados negativos solo tendrán validez dentro de la Comunidad y si su realización la supervisa un farmacéutico.

Así lo ha explicado este miércoles el conselleiro de Sanidade, Julio García Comesaña, en la rueda de prensa celebrada para explicar los cambios en las medidas y restricciones de la covid-19, y en la que también se ha detallado el funcionamiento de este nuevo sistema de detección de coronavirus.

A partir de este jueves, los autotest podrán adquirirse y realizarse en el domicilio, o bien en la propia farmacia, donde será el farmacéutico el que "supervise" la toma de la muestra, tal y como ha explicado el presidente del Colexio de farmacéuticos de Lugo, Alejandro Sánchez.

Los profesionales de farmacia, tras comprobar la identidad del usuario y que este firme el consentimiento informado, verificarán que la muestra se toma correctamente. Posteriormente, la procesarán y, de resultar positiva, introducirán los datos en el registro informático de la Consellería de Sanidade.

A partir de ese momento, tal y como ha señalado Comesaña, los positivos pasan al sistema del Sergas para seguir los protocolos habituales. El conselleiro ha explicado además que, para aquellos que opten por realizar el test en su domicilio y obtengan un resultado positivo, se ha habilitado un teléfono --900 400 116-- para que informen de su estado al servicio de salud y "evitar sobrecargar así las Urgencias, la Atención Primaria o los Puntos de Atención Continuada".

DOCUMENTO ACREDITATIVO

Por otro lado, las personas que opten por realizar la prueba en la farmacia y que resulten negativos, obtendrán además un documento acreditativo del resultado, gratuito y válido solo para aquellas actividades restringidas dentro de la Comunidad que requieran acreditar un negativo para su acceso.

"Ni siquiera es un certificado, es un documento acreditativo, una copia del registro del nombre del ciudadano, la farmacia y el resultado del test, por lo que no es válido como certificado fuera de Galicia, no está contemplado como certificado europeo --como sí lo están los test de antígenos que se realizan en los puntos habilitados--", ha asegurado Comesaña.

Además, el responsable de Sanidade ha indicado que los autotest realizados en otro lugar diferente a la farmacia, aún negativos, "no tendrán validez, ya que no se puede acreditar la identidad de las personas, ni el procedimiento de la toma de la muestra".

El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, se ha mostrado este miércoles partidario de una Eurorregión Galicia-Norte de Portugal "más amplia", con la agregación de empresarios y universidades a sus dinámicas; "más protagonista", transmitiendo el "papel esencial" de las regiones en la conferencia sobre el futuro de Europa; y también "más extensa".

Así lo ha manifestado en Salvaterra de Miño (Pontevedra), en el acto en el que el titular de la Xunta ha traspasado la presidencia de la Comunidad de Trabajo de Galicia y Norte de Portugal a Antonio Cunha, presidente de la Comissao de Coordenaçao e Desenvolvimento Regional do Norte, tras cuatro años de mandato, que arrancaron en mayo de 2017 y de los que el dirigente gallego ha hecho un balance "fructífero".

"Hoy traspasamos la presidencia satisfechos por presentar un balance fructífero en innovación, sostenibilidad y movilidad, y convencidos de que tendrá continuidad", ha dijo el jefe del Ejecutivo autonómico, antes de destacar que, bajo el mandato de Galicia, se impulsaron 85 proyectos que están en ejecución y que permitieron captar 163 millones de fondos europeos.

Y aunque con "mayor" implicación por parte del Estado luso, Feijóo también ha situado el compromiso de los Gobiernos portugués y español con la alta velocidad Lisboa-Oporto y Oporto-Vigo-a Coruña como "la mayor aportación" que la Eurorregión ha logrado en los últimos años.

Por su parte, en su intervención, Cunha ha destacado el balance de los últimos años y ha comprometido todo el esfuerzo de "un europeísta convencido" --como se ha definido-- para dar continuidad a la labor.

EL MAYOR LOGRO

Más en detalle, Feijóo ha profundizado en el compromiso con la alta velocidad Lisboa-Oporto y Oporto-Vigo-A Coruña por parte de los Estados de Portugal y España.

"La Eurorregión fue capaz de persuadir a los gobiernos de Lisboa y de Madrid de que lo fundamental en materia de infraestructuras de unión entre los dos Estados es el eje atlántico. La constatación ferroviaria entre Lisboa-Porto y Porto-frontera Vigo-A Coruña es, sin duda, la mayor aportación desde el punto de vista de impulso político que la Eurorregión consiguió en los últimos años", ha abundado.

También ha incidido en los proyectos por los que se ha apostado, iniciativas que impulsan --ha relatado-- la innovación en nanoteclogía, el envejecimiento saludable, la investigación de enfermedades neurológicas o el crecimiento azul.

Pero también que potencian la competitividad empresarial de las pymes, a través de la internacionalización y la digitalización en el rural; que favorecen una Eurorregión "más verde", con medidas de defensa contra los fuegos forestales o la promoción del Camino de Santiago y que fortalecen las instituciones comunes.

Y en el ámbito de las infraestructuras, ha reiterado que la Eurorregión tiene que seguir trabajando para abrir la puerta a que el Nordeste Transmontano pueda disfrutar del AVE mediante una autovía hasta la estación de A Gudiña; así como para mejorar las carreteras entre Celanova y la frontera para reforzar la comunicación con Braga.

AGRUPACIONES DE COOPERACIÓN

Asimismo, ha resaltado la apuesta que a lo largo de estos años se ha hecho respecto a las instituciones que encaminan este mismo espíritu, a través de las agrupaciones de cooperación como la agrupación Río Miño, entre otras, las eurociudades o las iniciativas como B-Solutions para suprimir obstáculos legales y administrativos entre territorios.

Esa capacidad vertebradora también se impulsó en la ciencia y en la cultura, a través de programas como Iacobus de intercambios entre universidades y centros de investigación; y Nortear, que fomenta la divulgación del patrimonio cultural y la creación artística y literaria.

DESAFÍOS DE FUTURO

"Y durante la pandemia diseñamos un Plan de reactivación de la cooperación, que sirvió de base en la cumbre ibérica del pasado octubre. Y juntos también propusimos una batería de proyectos por 29 millones en el marco de los fondos Next Generation", ha añadido, destacando iniciativas como la ampliación del Puente Salvaterra-Monçao, el parque da Amizade de Vila Nova da Cerveria y Tomiño, la incubadora de empresas de Chaves-Verín o el parque agroindustrial del Baixo Miño.

Feijóo ha concluido apostando por una Eurorregión "más amplia", con la agregación de empresarios y universidades a sus dinámicas; más global, con la apuesta por la lusofonía como vehículo de conexión con la Comunidad de países de Lengua Portuguesa; "más protagonista", transmitiendo el papel esencial de las regiones en la Conferencia sobre el Futuro de Europa y "más extensa".

Sobre este último punto, ha esgrimido que las provincias de A Coruña y Lugo deben continuar en el área geográfica del Programa Operativo de Cooperación Transfronteriza 2021-2027.

La Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) ha anulado una resolución de las conselleries de Educación y Sanidad por las que se daban instrucciones de atención sanitaria específica en centros educativos para regular la atención sanitaria al alumnado con problemas de salud crónica en horario escolar, la atención a la urgencia, así como la administración de medicamentos y la existencia de botiquines en los centros escolares.

De este modo, el alto tribunal valenciano estima el recurso interpuesto en 2018 por el Consejo de Enfermería de la Comunidad Valenciana (Cecova) al considerar "un despropósito" que los docentes "tengan la responsabilidad de actuar ante una urgencia".

Por su parte, la Generalitat argumentó que estas instrucciones no son actos con eficacia externa para los ciudadanos y que el Consejo de Enfermería carecía de legitimación activa al no corresponderle la defensa de los derechos del alumnado y personal docente.

Sin embargo, la sentencia, datada del 19 de julio, sí cree que el Cecova está legitimado para impugnar la resolución y que impedírselo en este caso "conculcaría el derecho fundamental a la tutela judicial efectiva".

Por otra parte, la Sala sostiene, entre otros razonamientos, que la fundamentación legal de las instrucciones es el artículo 59 de la Ley de Salud de la Comunidad Valenciana, un precepto cuyasprescripciones resultan de aplicación a los centros docentes nouniversitarios de la Comunitat Valenciana y en cuyos apartados sehabla de centros docentes o de centros educativos "sin la más mínimadistinción entre centros públicos, concertados o de titularidad privada".

Y añade: "De entender que por mor del sistema de conciertos educativos y fuere por remisión expresa o implícita, las instrucciones despliegan sus efectos más allá de los centros públicos educativos de la Generalitat, obviamente habríamos de convenir que el contenido de las repetidas instrucciones no se limita al ámbito interno o doméstico".

Además, los magistrados acogen la argumentación del Cecova y ponen de manifiesto que las instrucciones modifican una orden previa de la Conselleria de Sanidad de 29 de junio de 2009 que reguló los criterios de adscripción de los centros educativos a los centros de salud, así como la respuesta asistencial que se dará a estos.

"Una lectura sucesiva de la Orden y de las instruccionesaprobadas por los dos directores generales revela que estas últimasson una modificación de la primera, porque contemplan de maneradiferente el procedimiento para la respuesta asistencial del centro desalud, el procedimiento de valoración y el de asistencia que ya recogía la orden", apunta.

En este sentido, concluye la sentencia, contra la que cabe recurso, que, "lógicamente, cualquier disposición que desarrolle o modifique la orden debió revestir la misma forma de disposición general que aquélla porque participa de esa misma naturaleza jurídica". "Sin embargo, la Conselleria prefirió aprobar las instrucciones que son objeto de este recurso, como si se tratara de una simple circular interna, incurriendo en los vicios que denunciamos", añade.

Tras conocer el fallo, el Cecova recalca, en un comunicado, que la resolución anulada "confería a los docentes la responsabilidad de actuar ante una urgencia sanitaria de un alumno, crear y mantener un botiquín y crear y manejar ficheros con información tan sensible y personal como es la de carácter sanitario", algo que, a su parecer, "habría que valorar si suponía incurrir en intrusismo profesional por parte de los docentes".

La entidad hace notar que cualquier actuación profesional desus enfermeras está cubierta por un seguro de responsabilidad civil "no sucediendo lo mismo con las intervenciones en materia sanitariaque pueda llevar a cabo el personal docente de los centros educativos".

ENFERMERA ESCOLAR

El Cecova recuerda que "ha defendido siempre, y lo destacó en aquel momento, que el papel de la enfermera escolar es fundamental en el seguimiento y control de enfermedades como la diabetes, asma o alergias y así lo demuestra la experiencia de estas profesionales; una figura reconocida y presente en los centros educativos de numerosos países europeos, así como de otras comunidades autónomas, donde supresencia permite la integración de niños con serios problemas de salud crónicos".

Por ello, lleva "años trabajando y reclamando la figura de la enfermera escolar en los centros de educación pública, puesconsidera que es la solución efectiva a esta situación". "Los profesionales de Enfermería son los profesionales idóneos para darrespuestas efectivas a las necesidades de salud de los escolares, al tiempo que garantizan la asistencia inmediata, el seguimiento y el cuidado de alumnos con enfermedades crónicas", zanjan.

El juez de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón ha propuesto juzgar al empresario Javier López Madrid, al comisario jubilado José Manuel Villarejo y a su socio, Rafael Redondo, por presuntos delitos de cohecho por el hostigamiento al que habrían sometido a la doctora María Elisa Pinto.

En el auto de pase a procedimiento abreviado de esta pieza separada 24 del caso 'Tándem', el titular del Juzgado Central de Instrucción Número 6 recomienda juzgar a López Madrid por cohecho activo y a Villarejo y Redondo por cohecho pasivo.

Según el relato judicial, en septiembre de 2013 López Madrid contrató a Villarejo y Redondo para que llevaran a cabo labores de hostigamiento contra la doctora Pinto, con la que el empresario mantenía un conflicto privado.

Inicialmente, la misión de Villarejo habría sido impedir que la médico denunciara al empresario. Con ese propósito, López Madrid, acompañado de Redondo en calidad de abogado, visitó a Pinto en su despacho profesional para hacerla una advertencia: "Que le dejase en paz, que parase y que la Policía iría a verla". "Con posterioridad a ese día (10 de diciembre) y a lo largo de 2014", Villarejo se dedicó a "hostigar" a Pinto, realizando diversas actuaciones, como seguimientos.

Una vez presentada la denuncia contra López Madrid, el comisario intentó desacreditar a la doctora usando para ello "medios policiales", entre los que el juez menciona nuevamente los seguimientos, así como el acceso no autorizado a información privada de Pinto.

Ya encarrilada la investigación policial, Villarejo trató de "interferir" en ella, solicitando información sobre el estado de la misma e incluso manipulándola. A este respecto, el magistrado destaca que realizó actuaciones sobre el resultado de una rueda de reconocimiento de la que iba a formar parte.

"Va a intentar retrasar la rueda. En todo caso, hay que preparar la declaración una vez que me identifique, porque será así", dijo el propio agente en el marco de las pesquisas del Juzgado de Instrucción Número 39 de Madrid.

"CHIQUITÍN, DAÑOS Y PERJUICIOS"

García-Castellón ve cohecho pasivo en Villarejo por cuanto era miembro del Cuerpo Nacional de Policía cuando sucedieron los hechos y accedió a usar su cargo para funciones distintas a las que competen al mismo a cambio de una dádiva o de la promesa de recibirla.

Esta retribución, aunque el magistrado no precisa si llegó a entregarse, se refleja en una conversación fechada el 26 de enero de 2017 donde Villarejo dice que reclamará a López Madrid un pago por los servicios prestados en el caso Pinto.

"Yo, cuando termine todo, cuando le meta la querella a la pava esta y a todos los que la han ayudado, y tal y cual, hablaré con él, con Javierito... 'Ponme un poquito de pasta, porque me has metido en un 'embolao' y no me las llamado para decirme (...)'. Le voy a decir: 'Chiquitín, daños y perjuicios'", indicó.

"ESTRECHA RELACIÓN" CON VARIOS POLICÍAS

Por otro lado, García-Castellón llama la atención sobre "la estrecha relación" que López Madrid tuvo con distintos agentes mientras duró la investigación policial.

Además de Villarejo, el instructor apunta en este sentido a los contactos con el comisario Enrique García Castaño y con el inspector Alberto Carba, instructor de la denuncia formulada por Pinto.

De hecho, recalca el juez, "este agente de Policía envió varios correos electrónicos a López Madrid comunicándole el estado de la investigación y recibiendo instrucciones".

HISTORIAL JUDICIAL

Esta pieza separada hunde sus raíces en un conflicto de carácter personal entre López Madrid y Pinto que ha dado lugar a acusaciones cruzadas. La dermatóloga asegura que sufrió acoso sexual, alegando que no lo denunció antes por ser él "la persona que era", mientras que éste sostiene que fue ella quien le acosó.

El año pasado, la titular del Juzgado de Instrucción Número 39 de Madrid, Belén Sánchez, propuso juzgar a López Madrid por delitos de acoso y amenazas --al que después ha sumado un delito de lesiones--, y a Villarejo por las heridas provocadas con "instrumento peligroso" a Pinto.

De acuerdo con la querella formulada por Pinto en los juzgados madrileños, en abril de 2014 fue atacada con un objeto punzante cuando bajaba del coche con uno de sus hijos, de 10 años. "López Madrid quiere que cierres la boca", le habría dicho el agresor antes de irse. En 2017, reconoció a Villarejo como el atacante.

Además, el empresario fue juzgado en el caso Bankia y García-Castellón le ha enviado a juicio, junto al ex presidente de la Comunidad de Madrid Ignacio González, por la presunta adjudicación irregular de las obras del tren de Navalcarnero en el marco del caso 'Lezo'.

También está investigado en 'Púnica' por haberse repartido, presuntamente, una comisión de 3,6 millones de euros con los dos principales imputados en esta causa, el ex secretario general del PP de Madrid Francisco Granados y el empresario David Marjaliza, por el amaño de la adjudicación de unas obras de Metro Madrid.

La ministra de Justicia, Pilar Llop, ha asegurado que las consecuencias de la pandemia han sido "muy lesivas para los derechos fundamentales de las mujeres, para el derecho a la igualdad y, en particular, en el ámbito de la violencia de género".

Así lo ha indicado este miércoles en San Lorenzo del Escorial, durante la inauguración del curso Poder judicial y Estado de Derecho, dentro del ciclo de Cursos de Verano organizados por la Universidad Complutense de Madrid.

En su intervención, la ministra de Justicia ha añadido que las mujeres y las niñas y niños se han visto afectados de forma muy particular por la pandemia y ha puntualizado que, a la larga, "este hecho tiene un impacto más fuerte sobre la economía, sobre el mercado laboral y sobre la brecha de género".

Del mismo modo, ha hecho hincapié en las consecuencias de la Covid-19 en las mujeres más vulnerables, "sobre todo en mujeres que han vivido situaciones de violencia de género, trata y explotación sexual, mujeres prostituidas y colectivos como las mujeres con discapacidad".

Según Llop, España es un país ejemplar en cuanto a la igualdad de género y derechos de las mujeres, y es tarea de todas las autoridades públicas que estos logros no se reviertan.

Además, la ministra ha alabado el enfoque del curso, que aborda desde la óptica del Estado de Derecho cuestiones "tan relevantes y oportunas" como la situación del gobierno del Poder Judicial, el tratamiento jurídico de la pandemia o el desarrollo tecnológico de la Administración de Justicia, "uno de los ejes del plan de Justicia 2030".

En relación al Estado de Derecho, Llop se ha referido al informe de la Comisión Europea, que recoge que el sistema judicial español debe afrontar algunos desafíos, en concreto, el de la renovación del CGPJ y otros órganos constitucionales, como es el Tribunal Constitucional, la defensoría del pueblo o el Tribunal de Cuentas.

"No contemplo otro escenario que el de que se proceda a cumplir con la Constitución, que se sea leal con ella. Primero hay que cumplir, y luego se puede debatir sobre el modelo", ha explicado.

En cuanto a los proyectos legislativos que está llevando a cabo su cartera, la ministra ha destacado que se va a seguir trabajando en los grandes proyectos del plan Justicia 2030, "un plan que vertebra y cohesiona socialmente a España, llevado a cabo en cogobernanza y en diálogo con todos los actores implicados". Llop ha señalado el apoyo fundamental que, en este sentido, suponen los fondos europeos.

La ministra ha indicado que su proyecto es continuista y va a seguir trabajando en la ley de eficiencia procesal, la de eficiencia organizativa y la de eficiencia digital. "Estos proyectos son un cambio de paradigma que modernizan y superan el sistema ya agotado de organización judicial, y dan recursos a los jueces y juezas para hacer una Justicia mucho más eficiente y, sobre todo, centrada en lo que la ciudadanía necesita", ha finalizado.

El presidente de la Unión Empresarial de la Provincia de Alicante (UEPAL), Juan José Sellés, ha pedido "un plante del presidente de la Generalitat y del Consell ante el Gobierno de España para abrir un diálogo de verdad" sobre el trasvase Tajo-Segura, en el marco de la Conferencia de Presidentes Autonómicos-

Sellés ha reclamado este miércoles medidas "contundentes" del Consell para revertir lo antes posible la decisión de reducir los caudales de agua del Trasvase Tajo-Segura a las provincias de Alicante, Murcia y Almería.

Al respecto, ha indicado que una "declaración de guerra del Gobierno de España contra los intereses económicos de la provincia de Alicante no merece más reflexión ni análisis, requiere acción, un plante del 'presidente' de la Generalitat y del Consell ante el Gobierno de España para abrir un diálogo de verdad".

Asimismo, ha pedido la celebración de "una mesa de consenso y una vía de acuerdo definitivo para siempre, no para cada tres años en los que vuelven a girar el grifo de cierre de este trasvase", según ha informado la organización en un comunicado.

Igualmente, Sellés ha indicado que "este plante" sería "un toque de atención, una cumbre de alto nivel entre las presidencias de los gobiernos autónomos y el presidente del Gobierno de España para clarificar la ruta, para evitar que la ciudadanía de la provincia de Alicante se sigua sintiendo engañada y para acordar soluciones estables en el tiempo".

"UN FUERTE GOLPE"

En la misma línea, Sellés considera que la reducción en el suministro de agua que garantiza esta nueva decisión del Ministerio de Transición Ecológica supone "un fuerte golpe" al conjunto de la economía alicantina y a sus sectores productivos "que necesitan agua.

"Sobre todo, apunta a un cierre por derribo de uno de nuestros sectores estrellas, que más empleo generan, más exportación registra y más población asiente en municipios rurales: la agricultura", ha añadido.

Además, también ha criticado la decisión de incrementar al mismo tiempo que se reduce la cantidad de agua destinada a la provincia la tarifa de uso y amortización de la infraestructura del canal Tajo-Segura. "Es una vuelta más de tuerca, un ejemplo más de cómo las grandes cantidades de dinero que prestaron a la banca en tiempos de crisis son irrecuperables, pero la reclamación de coste de infraestructuras de pymes y micropymes que generan empleo y riqueza sí se reclaman", ha comentado Sellés.

"Sin trasvase Tajo-Segura no hay recuperación. Y nuestra tierra no estará en condiciones de igualdad para remontar la crisis que ha generado la pandemia", ha culminado Sellés en relación a los intentos de reducir "a la mínima expresión" las aportaciones de agua hacia Alicante, Murcia y Almería.

El Gobierno de Cantabria ha mostrado su rechazo al criterio establecido por el Ministerio de Hacienda para la distribución de fondos prevista en la Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2021 que se ha presentado hoy en el Consejo de Política Fiscal y Financiero celebrado de forma telemática.

Estructurar el reparto de esa financiación (13.486 millones de euros) en torno a la población ajustada equivalente supone un "claro agravio para nuestra Comunidad Autónoma" y hace "imposible que se pueda establecer un equilibrio económico justo entre las distintas partes del territorio español".

Así lo ha expuesto la consejera de Economía y Hacienda, María Sánchez, durante el Consejo, en el que se ha remitido a la Constitución, que establece que las singularidades territoriales "deben tener una financiación especial", según ha informado el Gobierno de Cantabria.

"Los criterios indicados no responden ni a nuestra orografía, ni a nuestra dispersión geográfica, por lo que tampoco responden a nuestras necesidades de financiación", ha subrayado la consejera.

Durante su intervención, Sánchez ha expuesto varios ejemplos en los que ha puesto de manifiesto el desfase que existe entre las diferentes autonomías en relación al coste fijo asociado a la prestación de servicios. "No es igual garantizar la educación a 10.000 niños que viven en 10 kilómetros cuadrados, que prestar el mismo servicio a 10.000 niños dispersos en 100 núcleos diferentes de población" ha explicado, lamentando que "esta obviedad, que parece fácil de entender, no se considera en el reparto de fondos".

Tras defender el coste efectivo del servicio como "la fórmula más indicada para garantizar la sostenibilidad del Estado de Bienestar", la consejera ha sido rotunda al indicar que "el planteamiento propuesto es contrario a la Estrategia Española frente al Reto Demográfico y a las indicaciones europeas sobre esta materia".

Del mismo modo, en relación a la devolución íntegra correspondiente a la liquidación del IVA del año 2017, la ministra, María Jesús Montero, adelantó que el Gobierno de España destinará 3.000 millones de euros de los Presupuestos Generales del Estado de 2022 para satisfacer esta deuda y sus intereses, un planteamiento que supone "una nueva solución al problema del IVA", a juicio de Sánchez, que no obstante ha indicado que está condicionado al apoyo de los diferentes grupos políticos a los Presupuestos Generales del Estado para 2022.

TECHO DE GASTO Y FONDO DE FACILIDAD FINANCIERA

Otro de los puntos abordados durante el Consejo de Política Fiscal y Financiera ha sido el límite de gasto no financiero del Presupuesto del Estado para el ejercicio 2022. Tras la aprobación de un techo de gasto récord para el año que viene (196.142 millones de euros), Cantabria ha solicitado expresamente al Ministerio de Hacienda un "esfuerzo presupuestario extraordinario con las comunidades autónomas" que contribuya a cimentar la recuperación económica y social en la coyuntura pos pandémica.

"El soporte prestado por el presidente Sánchez durante la pandemia ha sido único en la historia de este país", ha declarado la consejera cántabra. Sin embargo, a pesar de que las perspectivas económicas son halagüeñas, Sánchez ha instado al Gobierno de España a extender su respaldo durante 2022. "Escojan la fórmula que consideren más oportuna, pero no se olviden de que continuamos necesitando su apoyo", ha apuntado la consejera.

Finalmente, a pesar de haberse mostrado crítica con buena parte de los puntos del orden del día, la titular de Economía y Hacienda ha reconocido el trabajo "invisible y discreto" realizado por el Ministerio de Hacienda. "Su desempeño, unido a la coordinación entre administraciones, son básicos para que se puedan desarrollar todas las políticas públicas que mejoran la vida de la ciudadanía", ha dicho.

Igualmente, la representante cántabra ha apostado por la lealtad institucional y la colaboración entre todos los agentes económicos y sociales como vía para facilitar la recuperación económica. "Minimizar lo que nos separa y potenciar lo que nos une es el planteamiento más indicado para recuperar la ansiada normalidad cuanto antes", ha declarado.

El Ministerio del Interior, a través de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, ha ordenado el traslado a cárceles del País Vasco y de Navarra de cuatro presos de ETA -- Jesús María Altable Echarte, Egoitz Coto Etxeandía, Aitor Olaizola Baseta, Miren Itxaso Zaldúa Iriberri--, y de otro encarcelado de ETA a la prisión de Logroño, Iurgi Garigagoitia.

Según ha informado el Ministerio de Fernando Grande-Marlaska en una nota de prensa, Jesús María Altable Echarte ha sido trasladado de Soria a Pamplona, Egoitz Coto Etxeandía de Cantabria a Bilbao, Aitor Olaizola Baseta de Logroño a Álava e Iurgi Garigagoitia Salegui de Madrid a Logroño. Además, se ha trasladado al Centro Penitenciario de San Sebastián a Miren Itxaso Zaldúa Iriberri, que está en calidad de prisión preventiva.

De este modo, Interior ha ordenado de nuevo el traslado a cárceles del País Vasco, Navarra y La Rioja de presos de ETA que ya fueron trasladados hace unos meses a prisiones próximas.

Jesús María Altable Echarte ingresó en prisión en el año 1999 y cumple una condena de 30 años por los delitos de atentado con resultado de muerte, asesinato en grado de tentativa y estragos. Cumplió las 3/4 partes de la pena en mayo del año 2017 y, según alega Interior, acepta la legalidad penitenciaria y ha remitido un escrito en el que manifiesta su rechazo a la violencia y en el que asume su responsabilidad en el sufrimiento causado a las víctimas.

Por su parte, Egoitz Coto ingresó en la cárcel en 2002 y cumple una condena de 20 años por los delitos de asesinato en grado de tentativa, daños y estragos. Cumplió las tres cuartas partes de la condena en noviembre de 2017 y ha comenzado a satisfacer la responsabilidad civil y acepta la legalidad penitenciaria. Tal y como asegura Interior, ha remitido un escrito en el que manifiesta su rechazo a la violencia y su respeto por las víctimas de sus delitos.

AITOR OLAIZOLA E IURGI GARITAGOITIA

En el caso de Aitor Olaizaola, que será trasladado a Álava, ingresó en la cárcel en 2001 y cumple una pena de 30 años por los delitos de atentados, asociación ilícia y tenencia de explosivos. Cumplirá las tres cuartas partes de la condena en septiembre de 2023.

Según destaca el Ministerio del Interior, está abonando la responsabilidad civil y acepta la legalidad penitenciaria, además de remitir un escrito en el que se muestra dispuesto a reparar el daño causado y a atenuar el sufrimiento de las víctimas de sus delitos y rechaza el uso de la violencia.

Por su parte, Iurgi Garitagoitia ingresó en prisión en 2020, entregado por Francia, y cumple una condena de 35 años por los delitos de asesinatos, terrorismo, tenencia de explosivos y daños terroristas. Cumplirá las tres cuartas partes de su condena en 2034.

Interior asegura que acepta la legallidad penitenciaria, rechaza el uso de la violencia y ha manifestado su deseo de atenuar el dolor acusado a las víctimas de sus delitos, además se ha dispuesto su clasificación inicial en segundo grado.

Además, Instituciones Penitenciarias ha trasladado a San Sebastián a Miren Itxaso, que está en prisión desde el 22 de julio de 2020 en calidad de presa preventiva.

60 PRESOS EN EL PAÍS VASCO Y 14 EN NAVARRA

Ante este nuevo traslado, la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT) ha denunciado la "nueva estrategia penitenciaria" que, a su juicio, consiste en trasladar al mayor número de terroristas al País Vasco.

En este contexto, creen que el Gobierno está acercando progresivamente a los presos etarras a la Comunidad Autónoma Vasca, donde en octubre se hará efectiva la transferencia de las competencias de prisiones.

"Desgraciadamente, y como llevamos mucho tiempo alertando desde la AVT, tenemos la convicción de que esta sangría de acercamientos no es solo un cambio de prisión, son la antesala de las progresiones de grado, los permisos penitenciarios, la libertad condicional o incluso indultos", han alertado.

Según los datos de la AVT, 60 presos han sido trasladados a cárceles del País Vasco y 14 a Navarra.

El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, ha asegurado este miércoles que a él no le consta que "la mayoría" de hosteleros no estén cumpliendo las medidas 'anticovid' decretadas por la Xunta, sino "más bien al contrario, que la mayoría cumplen con sus obligaciones" y ha vuelto a defender las exigencias fijadas en los municipios con mayor incidencia puesto que "el otro camino sería cerrar".

"Estamos intentando gestionar una pandemia con todas las dificultades que supone equilibrar preservar la salud pública con la supervivencia económica. Es obligado intentarlo y en la mayoría de los casos lo estamos consiguiendo", ha sentenciado, en una rueda de prensa en Salvaterra de Miño (Pontevedra), donde ha participado en la reunión de la Comunidad de Trabajo de Galicia y el Norte de Portugal.

En este punto, ha remarcado que Galicia seguirá por la vía de exigir en los municipios con niveles más altos de incidencia una prueba diagnóstica negativa, el certificado de pauta completa de vacunación o bien de haber superado la enfermedad para poder acceder a los locales. "El otro camino sería cerrar la hostelería. Entre uno y otro tenemos que elegir, y hemos elegido el mejor", ha aseverado.

De hecho, ha esgrimido que los representantes de la hostelería en Galicia que se reúnen con la Xunta están de acuerdo con estas medidas y, además de avanzar en la vacunación, ha vuelto a apelar a mantener los controles de seguridad, convencido de que los casos bajarán.

"Hay que seguir siendo muy prudentes hasta que consigamos una inmunidad de grupo, que estamos a 20 puntos de conseguir, hasta el 90 o el 95%", ha recalcado, antes de concluir que, en todo caso, la vacuna no se traduce en una "inmunización del 100%, sino del 80-85%".

"LOS PRIMEROS INTERESADOS EN CUMPLIR SON LOS HOSTELEROS"

Asimismo, en la rueda de prensa del comité clínico, también ha sido preguntado sobre esta cuestión el conselleiro de Sanidade, Julio García Comesaña, quien ha replicado que "la voluntad de los gallegos siempre ha sido y será cumplir las medidas" que, en este caso, "buscan mantener la hostelería". De lo contrario, en la línea de lo manifestado por Feijóo, ha advertido que los locales tendrían que "cerrar".

"Ahora, es una tranquilidad estar en el interior con personas vacunadas o negativas, y los que no estén en esa posición, pueden estar en el exterior; antes no tenían esa posibilidad", ha señalado el conselleiro, antes de concluir: "Los primeros interesados en que se cumplan las medidas son los hosteleros, estoy seguro de que van a cumplir".

RESTRICCIONES MENOS SEVERAS QUE EN OTRAS OLAS

En términos generales, Feijóo también ha defendido durante su rueda de prensa en Salvaterra el conjunto de las decisiones del órgano que asesora a la Xunta en el marco de la pandemia.

"El comité clínico, en el ámbito de la independencia y el rigor sanitario, ha decidido ajustar el cumplimiento del protocolo a la realidad epidemiológica", ha dicho, antes de reiterar que Galicia experimenta "una explosión de casos" concentrada en los jóvenes de entre 16 y 29 años, y que la evolución no es buena, por lo que es preciso subir restricciones en muchas localidades, incluidas las siete urbes.

En todo caso, el presidente gallego ha destacado que las restricciones son "mucho menos intensas" que en "otras olas" y ha puesto el ejemplo del acceso a la hostelería o a los establecimientos de ocio, más amplio aunque con medidas de control como la prueba negativa o el certificado de vacunación en los municipios con mayor incidencia de covid-19.

Asimismo, ha aprovechado su intervención para anunciar que el Gobierno central había decidido retirar el recurso contra la ley gallega de salud tras alcanzar un acuerdo con la Xunta para aclarar el apartado relativo a vacunación.

Con esta norma "en vigor", ha recordado que se pueden poner multas "directas" por saltarse medidas sanitarias como el cumplimiento de las cuarentenas. En todo caso, decisiones que afecten a derechos fundamentales como el límite de reuniones seguirán exigiendo autorización judicial previa.