Cataluña se ha situado durante el mes de mayo como la Comunidad Autónoma que más ha tardado en pagar a los proveedores, demorando este pago 32,94 días de media, por encima de la media de todas las CCAA, que está en 24,45 días. Le sigue Baleares, con 30,80 días, mientras que en el lado opuesto se coloca Murcia, que tan solo tarda 4,41 días en realizar estos pagos.

Según ha informado el Ministerio de Hacienda en una nota de prensa, recogida por Europa Press, el Período Medio de Pago a Proveedores (PMP) de las Comunidades Autónomas, es decir, el índice que recoge la demora de las administraciones autonómicas en pagar a estos proveedores, ha presentado, eso sí, un mínimo histórico desde el inicio de la publicación de la serie, en abril de 2018.

En cualquier caso, Cataluña ha vuelto a repetir como una de las autonomías con mayor PMP, con 32,94 días durante el mes de mayo, si bien ha bajado 2,3 días respecto al anterior informe del mes de abril.

Tras Cataluña se sitúa Baleares, con 30,80 días, siendo las dos únicas autonomías que incumplen el plazo de 30 días. El resto, están por debajo de este plazo: Asturias (29,57 días), Aragón (28,49 días), Castilla y León (26,83 días), Comunidad Valenciana (26,58 días), Madrid (24,88 días), Castilla-La Mancha (23,42 días), Navarra (21,55 días), País Vasco (20,25 días), Andalucía (18,54 días), Cantabria (18,22 días), Canarias (17,85 días), Extremadura (16,15 días), La Rioja (15,39 días), Galicia (10,53 días) y Murcia (4,41 días).

EL PMP DE LA ADMINISTRACIÓN LOCAL ES 29,49 DÍAS

Por su parte, la Administración Central tarda 29,49 días de media en pagar a los proveedores, mientras que las entidades locales tienen un plazo medio de 70,05 días en mayo. El PMP registrado en los Fondos de la Seguridad Social se cifra en mayo en 12,16 días.

El importe de la deuda comercial se cifra en 2.755,78 millones de euros, equivalente al 0,23% del PIB nacional. Ello supone una disminución de 101,10 millones de euros con respecto al mes anterior.

En cuanto a las entidades locales, Las Palmas de Gran Canaria es el ayuntamiento que más PMP ha registrado en mayo --146,94 días-- y muy alejado se sitúa la segunda administración local en esta lista, Sevilla, que tarda de media unos 32,39 días en pagar a los proveedores.

La Comisión Regional de Ética del PSOE de Andalucía proclamará con toda probabilidad este viernes, 23 de julio, al alcalde de Sevilla y candidato socialista a la Presidencia de la Junta, Juan Espadas, como nuevo secretario general de la federación andaluza sin necesidad de votación entre la militancia, al ser el único precandidato que concurre a este proceso.

La proclamación del nuevo líder socialista que relevará a Susana Díaz se producirá una vez que finalice el proceso de presentación de avales para concurrir a las primarias a la Secretaría General del PSOE-A que el Comité Director de la federación activó el pasado 12 de julio, y al que el alcalde sevillano ha concurrido como único precandidato.

En el caso de que un único precandidato alcance el número mínimo de avales, "la Comisión Regional de Ética le proclamará Secretario General sin necesidad de votación", según la normativa de las referidas primarias.

De esta manera, Juan Espadas asumirá este viernes la Secretaría General del PSOE-A tras haber triunfado el pasado 13 de junio en las primarias entre la militancia socialista celebradas para elegir a su cabeza de cartel a la Presidencia de la Junta en las próximas elecciones autonómicas, en las que recabó un 55 por ciento de los votos y se impuso a las candidaturas de Susana Díaz y del profesor de la Universidad de Sevilla Luis Ángel Hierro.

El flamante nuevo secretario general del PSOE-A tiene previsto comparecer en rueda de prensa en la sede regional del partido, en la sede de la calle San Vicente de Sevilla, a propósito de su proclamación, según avanzó el propio Juan Espadas este pasado miércoles en una atención a medios en el Parlamento andaluz.

DATOS BIOGRÁFICOS

Alcalde de Sevilla desde 2015 pese a obtener un edil menos que el PP en los comicios municipales de ese año, y reelegido tras vencer sin mayoría absoluta en las elecciones locales de 2019, Juan Espadas es licenciado en Derecho por la Universidad de Sevilla y está colegiado como abogado desde 1990, además de contar, entre otros títulos, con un Máster en Política y Gestión Medioambiental de la Universidad Carlos III de Madrid logrado en 1994.

Cuenta con una amplia trayectoria de gestión pública en la Junta desde que trabajara entre 1990 y 1994 como jefe de Gabinete del presidente de la Agencia de Medio Ambiente, y hasta que centrara su actividad en el Ayuntamiento de Sevilla, en el que ejerció como portavoz del Grupo Socialista y líder de la oposición en el mandato de 2011 a 2015, en la etapa de Juan Ignacio Zoido (PP) como alcalde.

Antes de desembarcar en el Consistorio hispalense, Espadas fue consejero de Vivienda y Ordenación del Territorio de la Junta de Andalucía y presidente de la Empresa Pública del Suelo de Andalucía (EPSA) entre 2008 y 2010, y viceconsejero de Medio Ambiente entre 2004 y 2008.

Previamente, ha ejercido también en la Administración autonómica andaluza funciones de jefe de Gabinete del consejero de Medio Ambiente de la Junta entre 1994 y 1996; jefe del Gabinete del consejero de Educación y Ciencia entre 1996 y 1997; secretario general de Planificación de la Empresa Pública de Gestión Medioambiental (Egmasa) de la Junta entre 1997 y 2000; director general de Prevención y Calidad Ambiental de la Consejería de Medio Ambiente del año 2000 a 2004, y presidente de Egmasa en el periodo 2004-2008.

Además, en el plano político, Juan Espadas es vicesecretario general del PSOE de Sevilla, y fue senador por la comunidad autónoma de Andalucía entre 2010 y 2013, además de vicepresidente de la Comisión de Medio Ambiente y Cambio Climático de la Cámara alta.

Igualmente, es miembro del Comité de las Regiones de la Unión Europea, presidente de la Red de Ciudades por el Clima de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) y de la Red de Ciudades AVE, entre otras responsabilidades.

Además, es consejero del Consejo Social de la Universidad de Sevilla desde julio de 2013, ha colaborado como profesor varios años en diversos másteres de Derecho y Gestión Medio Ambiental en las universidades de Sevilla y Carlos III de Madrid, la Escuela de Negocios de Andalucía o la Escuela de Organización Industrial, y participa en foros, cursos y congresos sobre cambio climático, sostenibilidad y ordenación del territorio, según se destaca en su perfil biográfico publicado por el Ayuntamiento de Sevilla en su página web, en el que también se pone de relieve que ha publicado numerosos artículos en libros, prensa y revistas especializadas en materia ambiental y desarrollo sostenible.

El pleno de las Cortes de Castilla-La Mancha ha debatido la Ley del Régimen Administrativo y Fiscal del Juego de la región, una norma que consiguió recabar cierto grado de consenso en la comisión previa y que, tras la discusión que estrenaba el pleno parlamentario de este jueves, ha salido adelante con el apoyo de PSOE y Ciudadanos y la abstención del Partido Popular.

Ciudadanos, tras alcanzar un acuerdo transaccional en una de sus enmiendas, ha decidido retirar el resto de sus propuestas de mejora que habían llegado 'vivas' al pleno de las Cortes de este jueves.

Así, en el artículo enmendado acordado, que es la disposición transitoria tercera, se recoge que las autorizaciones de instalación de los locales de juego que caduquen tras la entrada en vigor de esta ley y que, en el momento de la solicitud de renovación no cumplan con el requisito de la distancia mínima a centros de enseñanzas prevista en la norma, podrán obtener siempre y cuando cumplan con el resto de los requisitos establecidos reglamentariamente la renovación de su título habilitante por un plazo máximo de cinco años, finalizando su vigencia en cualquier caso el 31 de diciembre de 2029.

En el supuesto de que el titular de la autorización de instalación no optara por lo previsto en el párrafo anterior, tendrá la posibilidad de proponer la adaptación del local o su traslado a otro inmueble que cumpla con los requisitos de distancia previstos en la ley si estuvieran afectados por éstas, siempre dentro de la misma localidad. En caso de no serlo así se producirá la caducidad de la autorización, tal y como se recoge en la enmienda.

El consejero de Hacienda y Administraciones Públicas del Gobierno regional, Juan Alfonso Ruiz Molina, ha sido el encargado de estrenar el debate poniendo en valor que este texto es el proyecto de ley número 22 que llega a las Cortes regionales en esta legislatura, una norma que "marcará un antes y un después en la regulación del juego".

En su opinión, subsanará las "anomalías de la actual legislación autonómica de 2013 que ha hecho proliferar los locales de juego en la región", una situación que se refleja en datos concretos, como que en el año 2013 había 51 establecimientos de juego, y en 2020 la cifra alcanzaba 200.

Un número que sitúa a la región como una de las que más densidad de establecimientos de juego presenta en relación a su población. En España hay 8 establecimientos por cada 100.000 habitantes, y la región se coloca por encima de la media, con 9, más incluso que la Comunidad de Madrid en comparación con sus habitantes.

COMPROMISO CON LA CIUDADANÍA

Este proyecto es, además, "un compromiso del Gobierno con la ciudadanía" y tiene como objetivo "equilibrar los intereses de esta actividad económica, que es legal, con la necesidad de hacer frente a las externalidades negativas que pueden afectar a colectivos más vulnerables".

La nueva normativa potencia las medidas de control en el ejercicio del juego y recoge varias novedades, como dotar de más transparencia, garantía de pago de premios, lucha contra el fraude y creación del Observatorio del Juego Responsable, que será financiado con la propia recaudación de las salas.

Se evitará la publicidad a excepción de las publicaciones específicas o en los propios establecimientos y se reducen los patrocinios; además de que se retocan las exigencias en cuanto a la distancia mínima hasta un centro educativo, extremo definido vía enmienda transaccional acordada por todos los grupos parlamentarios.

El régimen sancionador, ha recordado, queda revisado en varios sentidos dentro del nuevo texto, aumentando las multas; y se han concitado más consensos en la tramitación de la nueva ley, como que los nuevos tributos a pagar se retrasen por el momento debido a la crisis económica derivada de la sanitaria.

PSOE: "LA LEY PONE EL FOCO EN LAS REPERCUSIONES"

La encargada de defender el dictamen de esta norma por parte del PSOE ha sido su portavoz parlamentaria, Ana Isabel Abengózar, quien ha repasado la arquitectura del nuevo texto poniendo en valor todas sus premisas.

Según ha ensalzado, la ley "aumenta la prevención y pone en marcha buenas prácticas del juego, poniendo el foco en las repercusiones sociales" de esta actividad.

CS PLANTEA UNA MORATORIA DE UN AÑO

El diputado de Cs David Muñoz Zapata ha pasado por la tribuna de oradores para defender las ocho enmiendas parciales rechazadas en la comisión previa y que han mantenido vivas en este debate.

Aunque comparten el espíritu de la ley, lo que no quieren en Cs es que ahora haya locales "tocados de muerte" y abocados al cierre por un cambio legislativo. "Vamos a prorrogar un año más el periodo transitorio para que, por lo menos, los pequeños negocios legales, tengan tiempo suficiente para amortizar las inversiones tras un año de pandemia". Incluso, ha dudado de la "constitucionalidad" de cerrar locales.

El parlamentario de la formación naranja se ha mostrado contrario a la prohibición legislativa, prefiriendo la "planificación", detallando que desde 2018 una estrategia previa a esta nueva ley ya ha permitido reducir el número de locales de juego.

Así, aunque coincide con la necesidad de regular el sector y comparte "herramientas positivas de la ley" como reforzar los controles de acceso a los locales de juego, Ciudadanos mantiene sus exigencias de cara a esta medida.

"Entendemos que hay que rediseñar las fachadas de los establecimientos; son necesarios programas de sensibilización de la sociedad; pero no compartimos la agresión a la libertad de empresa", ha apuntado Muñoz Zapata, quien ha recordado que los negocios abiertos se pusieron en marcha "de forma legal" y ahora tendrán que cerrar.

"Estamos dispuestos a aprobar esta ley, espero que lleguemos a un acuerdo para convertirla en una herramienta eficaz contra la ludopatía sin que se lleve por delante cientos de puestos de trabajo", ha indicado.

PP PREGUNTA POR CÓMO SE FINANCIARÁ EL OBSERVATORIO

Por parte del PP, Miguel Ángel Rodríguez ha defendido las nueve enmiendas que su grupo parlamentario mantenía vigentes en la negociación de este debate y, si bien ha considerado que la norma llega al pleno con "grado de acuerdo" tras pasar por la comisión, ha admitido que restan aún algunos flecos "fundamentales" para salvaguardar la "viabilidad económica de los negocios".

También ha rechazado que el Observatorio del Juego vaya a financiarse vía tasas a los propios locales de juego y ha pedido presupuestar y poner sobre el papel tanto la recaudación prevista al respecto como el gasto total.

Igualmente, el parlamentario ciudadrealeño ha considerado que la norma provoca "inseguridad jurídica y falta de eficacia de la administración".

"Y consideramos, en términos generales, que cualquier incremento de la presión tributaria en un momento tan complicado como el que atraviesan las empresas pueden tener consecuencias graves y provocar el cierre de locales que ya lo están pasando mal", ha lamentado.

Por todo ello, cree que "no es el momento de endurecer esta ley". "Pero hagámoslo bien, no incrementando las cargas tributarias", ha insistido.

En cuanto a la obligatoriedad de alejar los locales de juego de los centros educativos, Miguel Ángel Rodríguez ha apuntado que se trata de un extremo que "pone en duda la profesionalidad" de los trabajadores de estas salas. "¿Por qué no alejan también los bares?", se ha preguntado.

Isabel Abengózar ha vuelto a tomar la palabra al cierre del debate para fijar la posición ante las enmiendas vivas de PP y Cs, rechazando sus planteamientos uno a uno y volviendo a defender el texto íntegro que salió de la comisión previa a esta tramitación.

La Conselleria de Sanidad ha registrado 3.159 nuevos contagios en las últimas 24 horas, lo que supone un nuevo máximo de la quinta ola, y el segundo día consecutivo en que se superan los 3.000 casos.

Por provincias, se han registrado 378 en Castellón, 918 en Alicante y 1.863 en Valencia, y dos casos no asignados. La cifra total de positivos se sitúa en 442.980 personas.

Por otro lado, un total de 3.062.521 personas han recibido ya una dosis de la vacuna contra el coronavirus en la Comunitat Valenciana. Además, en estos momentos, cuentan con la pauta completa de inmunización (dos dosis para Pfizer, Moderna y AstraZeneca; y la monodosis de Janssen) 2.548.414 personas. Por provincias: 299.424 en Castellón, 917.219 en Alicante y 1.331.771 en Valencia.

Desde la última actualización se han registrado 2.040 altas a pacientes con coronavirus. De esta forma, el número de personas que han superado la enfermedad desde que comenzó la pandemia en la Comunitat Valenciana asciende a 419.611 personas. Por provincias, las altas se distribuyen así: 43.498 en Castellón, 152.682 en Alicante y 223.372 en Valencia. El total de altas no asignadas se mantiene en 59.

Los hospitales valencianos tienen, actualmente, 558 personas ingresadas: 60 en la provincia de Castellón, cuatro en UCI; 93 en la provincia de Alicante, 12 de ellos en la UCI; y 405 en la provincia de Valencia, 57 de ellos en UCI.

Por otra parte, se han registrado dos fallecimientos en los últimos siete días, por lo que el total de decesos desde el inicio de la pandemia se sitúa en 7.475: 809 en la provincia de Castellón, 2.850 en la de Alicante y 3.816 en la de Valencia.

De acuerdo con los datos registrados, en estos momentos hay 27.355 casos activos, lo que supone un 6,02% del total de positivos.

De los brotes registrados, dos tienen 10 o más casos asociados: uno en Benagéber con 11 casos y otro en Chiva de 10, ambos de origen social.

La asociación de Jueces y Magistrados Francisco de Vitoria (AJFV) también reclama a la ministra de Justicia, Pilar Llop, que opte por una reforma del actual modelo de elección de vocales del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) de modo que sean los jueces, en vez del parlamento, los que designen directamente a los vocales de su órgano de gobierno.

Así lo ha hecho durante el encuentro mantenido entre Llop y representantes de esta organización de jueces, la segunda en número de magistrados. También durante el primer encuentro de contacto con la nueva ministra la mayoritaria Profesional de la Magistratura (APM) instó este miércoles a renovar de una vez el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), en funciones desde 2018, y a reformar la actual Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) para cambiar el modelo.

Según fuentes de la asociación Francisco de Vitoria, la de este jueves ha sido una reunión "muy positiva, con buen talante y con buena disposición por ambas partes a colaborar para abordar muchos asuntos que afectan a la Justicia y a la Carrera Judicial",

En cuanto al CGPJ, las posiciones se mantienen alejadas con respecto a Llop, perteneciente a la progresista Juezas y Jueces para la Democracia, pues AJFV mantiene que hay que despolitizar el órgano permitiendo que todos los jueces españoles puedan votar al menos la mitad de su propio órgano de gobierno y así se lo han recordado a la ministra. "Como es sabido, no comparte esa postura y aboga por mantener el sistema actual", han añadido las mismas fuentes.

REUNIÓN CON DELGADO

A lo largo de este jueves la ministra ha mantenido otros encuentros institucionales y se ha reunido con la fiscal general del Estado, Dolores Delgado con la que ha hablado de "temas relacionados con la fiscalía, los proyectos legislativos en los que trabaja el Ministerio y otros asuntos de interés común", según la breve nota emitida por Justicia. También ha saludado a representantes de la Unión Progresista de Fiscales (UPF) y de la Unión Progresista de Letrados de la Administración de Justicia.

La ronda de contacto se inició el miércoles, con encuentros similares con el presidente de la Asociación de Fiscales, Conrado Sáiz, el presidente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y del Tribunal Supremo, Carlos Lesmes y ha concluido almorzando con el presidente del Tribunal Constitucional, Juan José González Rivas. Así como con la presidenta del Consejo General de la Abogacía Española, Victoria Ortega y con el Colegio Nacional de Letrados de la Administración de Justicia.

La caja de solidaridad ha depositado 1 millón de euros para afrontar el pago de intereses que el Tribunal de Cuentas reclama sobre las multas de la causa sobre la consulta del 9N de 2014, pese a ya había consignado en su momento dichas fianzas.

"Ahora el Tribunal de Cuentas exige, además, el pago de intereses contraviniendo la ley, para provocar el máximo daño posible a las personas imputadas del Govern del presidente Artur Mas", ha lamentado en un comunicado.

También han explicado que han depositado este importe para levantar el embargo de propiedades que habían aportado algunos de los afectados, y que ahora, estas propiedades, que están tasadas con un importe superior, "si fuera necesario podrían servir de garantía para cubrir las nuevas fianzas exigidas por el Tribunal de Cuentas por la acción exterior de la Generalitat".

Ahora, los abogados de los afectados formularán recursos y alegaciones para intentar rebajar la cantidad de intereses y costes, que aún está pendiente de liquidación definitiva, y en caso de que el Tribunal Supremo confirme una sentencia definitiva por el 9N, se recurrirá "por violación de derechos fundamentales".

ICF

Después de que el Instituto Catalán de Finanzas (ICF) haya formalizado los avales de 29 exaltos cargos de la Generalitat que se han acogido al fondo complementario de riesgos, la caja de solidaridad considera que es un instrumento "clave para poder defender las competencias de la Generalitat y derechos fundamentales como la libertad de expresión".

"El Tribunal de Cuentas no tiene derecho a ejercer un control político sobre la actividad del Govern", ha sostenido, por lo que espera que se acepte el aval del ICF, dada su amparo legal, ha apuntado.

Además, reclaman al juzgado de instrucción número 13 de Barcelona que devuelva los casi 4 millones de euros que depositaron en relación a los gastos del referéndum del 1-O, que ya se consignaron por los mismos hecho en el Tribunal de Cuentas: "Es totalmente desproporcionado en una medida cautelar consignar cantidades duplicadas por unos mismos conceptos".

Si el juzgado de instrucción número 13 de Barcelona devolviera este importe, la caja de solidaridad ha explicado que lo destinará a afrontar "los actuales embates de la represión del mismo Tribunal de Cuentas, si es necesario, y en otras causas de los centenares de represaliados" que atienden.

En paralelo, la caja de solidaridad ha llamado de nuevo a la ciudadanía a seguir colaborando con aportaciones para poder atender "las necesidades de las personas investigadas por el Tribunal de Cuentas, en previsión de nuevos embargos, y las de centenares de encausados en diversos juzgados de Cataluña".

El portavoz del Grupo Vasco en el Congreso, Aitor Esteban, ha acusado a la portavoz de Elkarrekin Podemos-IU, Miren Gorrotxategi, de "mentir" para "sacar de un aprieto" a la ministra de Igualdad, Irene Montero, al asegurar que los jeltzales votaron en contra a la Ley de Infancia, cuando apoyó la norma.

Las dirigentes de Podemos y representantes del PNV han mantenido este jueves un rifi-rafe a través de las redes sociales, después de que Montero haya afeado la sentencia de la Audiencia Provincial de Bizkaia que absolvía a cuatro funcionarios de la Diputación vizcaína, entre ellos el diputado foral Sergio Murillo, de delitos de prevaricación, malos tratos y lesiones psicológicas, de los que les acusaba Irune Costumero, madre de una niña a la que la institución vizcaína retiró la custodia.

El tribunal ha considerado que no se han acreditado los hechos delictivos que Costumero atribuía a los encausados, por lo que les ha exculpado. Esta emprendió proceso judicial contra la Diputación de Bizkaia después de que los servicios sociales le retirara la custodia de su hija de cinco años.

La ministra de Igualdad, que desde el principio del procedimiento se posicionó al lado de Costumero, ha denunciado "maltrato judicial contra madres que protegen a sus hijos e hijas de la violencia machista", y ha pedido una "justicia feminista".

La reacción del PNV no se ha hecho esperar y Esteban ha arremetido contra Irene Montero, a la que ha acusado de "dogmatismo ideológico". Además, ha dicho que a Montero "no le importa la presunción de inocencia de los funcionarios" que han sido procesados y absueltos, "y el irreparable daño que sus irresponsables palabras pueden causar". "No vale todo", le ha advertido.

En este mismo sentido se ha expresado el responsable institucional del PNV, Koldo Mediavilla, que ha reprochado a la ministra de Igualdad su "sectarismo, demagogia y soberbia".

Posteriormente, ha sido la portavoz parlamentaria de Elkarrekin Podemos-IU, Miren Gorrotxategi, la que ha salido en defensa de Montero, para afirmar que, "si de algo sabe Montero es de Igualdad y de combatir el machismo". "Por eso saca adelante las leyes más igualitarias de la historia. Otros no podéis decir lo mismo. Votasteis no a la ley de Infancia, que prohibía el falso Síndrome de Alienación Parental (SAP)", ha añadido.

El portavoz del Grupo Vasco en el Congreso ha respondido entonces a Gorrotxategi que, "si para sacar de un aprieto a tu jefa tienes que mentir y engañar a la ciudadanía vasca, malo".

El PNV votó favorablemente a la Ley Orgánica de protección integral a la infancia y la adolescencia frente a la violencia, tras recogerse su demanda de incluir una salvaguarda del ámbito competencial propio de las comunidades autónomas.

El Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030, a través del Instituto de la Juventud (INJUVE), ha convocado este jueves la Comisión Interministerial de Juventud, órgano que cita a todos los departamentos ministeriales y al Consejo de la Juventud para abordar la nueva Estrategia nacional de Juventud 2030, que quieren tener aprobada a comienzos de 2022.

Dicha Comisión se convocó por última vez en 2017, por lo que llevaba cuatro años sin darse cita, a pesar de ser el espacio de la Administración General del Estado con funciones de coordinación de las políticas de juventud con carácter transversal.

La ministra de Derechos sociales y Agenda 2030, Ione Belarra, ha señalado que la Estrategia de Juventud 2030 debe abordar "una serie de aspectos imprescindibles". Entre ellos ha destacado "cuestiones como el derecho a la vivienda".

"Tenemos que abordar, con garantías, la situación de los alquileres en nuestro país que permita a los y las jóvenes de nuestro país poder emanciparse y comenzar sus proyectos de vida", ha subrayado.

Belarra también ha mencionado otras problemáticas que afronta la juventud, como la falta de empleo decente y ha indicado que es "fundamental la labor que está realizando el Ministerio de Trabajo y Economía Social para la derogación de la reforma laboral y el establecimiento del contrato indefinido y del salario decente.

Además, la ministra se ha referido a la cuestión de la salud mental señalando que hay que abordar "con integralidad el acompañamiento y el apoyo que se debe dar a los jóvenes que se encuentran en situaciones difíciles para salir adelante".

Por su parte, la directora general del Instituto de la Juventud, María Teresa Pérez, ha asegurado que "para garantizar que la juventud puede ser artífice de su propio proyecto vital en condiciones dignas se necesita un compromiso integral para abordar conjuntamente como Gobierno las problemáticas que afectan a los jóvenes que van desde el empleo, la vivienda o la educación hasta el ocio o la salud" y "eso es lo que persigue esta Estrategia".

La elaboración de esta Estrategia del Gobierno será un proceso participativo que recabará propuestas del Consejo de la Juventud de España, como máximo representante de la juventud, y negociará medidas y actuaciones concretas de cada ministerio con competencias para abordar las problemáticas que afectan a los jóvenes.

Según el cronograma presentado para este proceso, se pretende aprobar el documento final a comienzos de 2022. El Injuve ya lideró en febrero de 2021 la Consulta Pública a la Juventud con motivo de la Estrategia de Desarrollo Sostenible y pudo conocer sus preocupaciones, así como el estado de situación de la juventud a través de más de 6.000 entrevistas que componen la muestra del Informe de Juventud en España 2020 publicado en marzo de este año.

Si bien, esta Estrategia pretende combatir la dispersión de las políticas públicas con impacto juvenil y darles coherencia y coordinarlas para que constituyan realmente un "proyecto de país".

Algunos de los objetivos marcados en materia de empleo que deberán ser consensuados en este órgano, según precisa el Ministerio, son: una adecuada regulación del contrato de formación para fomentar la estabilidad laboral de los jóvenes, la generalización del contrato indefinido, la derogación de la reforma laboral o la subida del SMI hasta alcanzar el 60% del salario medio en España.

En materia de emancipación, esta Estrategia instará al departamento competente a aprobar "urgentemente" una Ley de Vivienda "ambiciosa" regulando el alquiler privado, promoviendo el uso social de la vivienda privada vacía, y desarrollando el alquiler público y asequible no enajenable.

Asimismo, propone un pacto de Estado por la diversidad y contra el acoso escolar en las aulas, fomentar el aprendizaje de competencias de ciudadanía democrática y contra los delitos de odio, medidas para garantizar el bienestar mental de la juventud, prevenir el suicidio y promover relaciones afectivo-sexuales seguras y libres de violencia.

El cardenal Angelo Becciu, antiguo alto cargo de la Secretaría de Estado vaticana, se sentará en el banquillo de los acusados el próximo 27 de julio y constituirá la primera vez que la justicia vaticana encausa a un miembro del colegio cardenalicio, el órgano representante de la alta jerarquía eclesiástica.

Becciu, cesado el pasado mes de septiembre de su cargo como prefecto de la Congregación para las Causas de los Santos y despojado de sus derechos relacionados con el Cardenalato por su supuesta implicación en un caso de malversación de fondos, continúa viviendo en un apartamento del edificio de la Congregación para la Doctrina de la Fe, dentro del Vaticano.

Los jueces del Vaticano lo procesarán junto a otras nueve personas también imputadas por distintos delitos relacionados con la compraventa opaca de un edificio de lujo en el corazón de Londres que -según las investigaciones- dejaron un agujero de casi 400 millones de euros en las arcas del pequeño Estado.

Entre las personas que irán a juicio está el broker Gianluigi Torzi, a quien el Vaticano acusa de haberle engañado en la compraventa del inmueble de Londres y que consiguió una paga de 15 millones de euros por devolver el edificio a sus legítimos propietarios; René Brülhart, ex presidente de la AIF, Autoridad de Supervisión Financiera de la Santa Sede, a quien la fiscalía acusa de abuso de funciones; o monseñor Mauro Carlino, antiguo secretario del sustituto de la Secretaría de Estado, acusado de extorsión y de abuso de funciones.

Asimismo, será procesado Enrico Crasso, quien habría gestionado las inversiones de la Secretaría de Estado durante décadas, acusado de malversación, corrupción, extorsión, blanqueo de capitales y autoblanqueo, estafa, abuso de funciones, falsificación de documentos públicos por un particular y falsificación de documentos privados; Tommaso Di Ruzza, antiguo director de la AIF, al que la fiscalía acusa de malversación, abuso de funciones y violación del secreto de oficio; o Raffaele Mincione, el broker que hizo que la Secretaría de Estado suscribiera importantes acciones del fondo que poseía la propiedad londinense del 60 Sloane Avenue en Londres, y que luego utilizó el dinero recibido para sus inversiones especulativas, acusado de malversación, estafa, abuso de funciones, apropiación indebida y autoblanqueo de dinero; y Nicola Squillace, abogado implicado en las negociaciones, acusado de estafa, apropiación indebida, blanqueo y autoblanqueo de dinero.

También irá a juicio Fabrizio Tirabassi, funcionario en calidad de secretario en la Oficina Administrativa de la Secretaría de Estado que desempeñó un papel destacado en el asunto, acusado de corrupción, extorsión, malversación, estafa y abuso de funciones.

Junto con ellos, será procesada la italiana Cecilia Marogna, que según las pesquisas filtradas en la prensa, recibió hasta 500.000 euros de los fondos de la Secretaría de Estado gestionados por Becciu entre 2011 y 2018, cuando era el sustituto encargado de ese organismo que hace las funciones de gabinete del primer ministro. De ese dinero, cerca de 200.000 euros, fueron utilizados para la compra de artículos de lujo en marcas como Prada, Tod's o Chanel. Según ha defendido ella misma en la prensa italiana dichos objetos no eran para disfrute personal, sino que fueron usados como regalos en viajes diplomáticos y otros gastos de representación. La mujer italiana ha sido apelada por los medios de comunicación italianos como la 'Dama de Becciu' y ha sido acusada de malversación de fondos. Sus abogados ya han adelantado que pedirán que el cardenal secretario de Estado actual, Pietro Parolin, declare en calidad de testigo.

La Santa Sede, no obstante, libera de toda culpa a los actuales responsables de la Secretaría de Estado, insistiendo en que ni monseñor Perlasca, firmante del contrato de compraventa de acciones, ni sus superiores, el sustituto Edgar Peña Parra y, sobre todo, el cardenal Pietro Parolin, hayan sido efectivamente informados y, en todo caso, "hayan sido plenamente conscientes de los efectos jurídicos que tendrían las distintas categorías de acciones", según las investigaciones.

La primera vista oral está prevista para el 27 de julio y se dirimirán cuestiones técnicas del procedimiento judicial. Será más adelante cuando se entre en el mérito de las acusaciones. Al cardenal Becciu se le imputan los delitos de malversación y abuso de oficio también en concurso, así como de soborno.

La investigación se inició a partir de las denuncias presentadas, respectivamente, por el Instituto para las Obras de Religión (IOR) el 2 de julio de 2019 y por la Oficina del Auditor General el 8 de agosto de 2019. Esta última denuncia, en particular, alegaba la comisión de delitos graves, tales como, estafa y otros fraudes, apropiaciones indebidas, corrupción, complicidad y chantaje.

El auditor observó que la mayor parte de las actividades financieras de la Secretaría de Estado se concentraba en el Credit Suisse (77% de la cartera gestionada) y que una parte sustancial de los depósitos procedentes principalmente de donaciones recibidas por el Papa "se había utilizado en fondos que, a su vez, se invertían en títulos de los que el cliente no tenía conocimiento", así como en fondos de alto riesgo especulativo, de dudosa ética, colocados en países off shore.

En su solicitud de apertura del juicio los magistrados vaticanos observan "cómo la Secretaría de Estado utilizó los fondos recibidos para fines de beneficencia (Fondo Óbolo y fondos sin títulos), que por su naturaleza no son susceptibles de ser utilizados con fines especulativos, para realizar operaciones de altísimo riesgo financiero y, en todo caso, con fines ciertamente incompatibles con los de los donantes originales", es decir, con el "objetivo principal de apoyar las actividades religiosas y caritativas del Santo Padre".

El Gobierno de Castilla-La Mancha, a través de la Dirección General de Salud Pública, ha confirmado 1.020 nuevos casos por infección de coronavirus en las últimas 24 horas, en las que no se ha registrado ningún fallecimiento por COVID-19.

Por provincias, Toledo ha registrado 337 casos, Albacete 272, Ciudad Real 222, Guadalajara 112 y Cuenca 77. El número acumulado de casos desde el inicio de la pandemia es 204.816

Según ha informado la Junta en un comunicado, por provincias, Toledo registra 75.759 casos, Ciudad Real 49.169, Albacete 31.329, Guadalajara 28.009 y Cuenca 20.550.

El número de hospitalizados en cama convencional por COVID-19 es 98. Por provincias, Toledo tiene 41 de estos pacientes (34 en el Hospital de Toledo y 7 en el Hospital de Talavera de la Reina), Ciudad Real 27 (8 en el Hospital de Ciudad Real, 7 en el Hospital Mancha Centro, 4 en el Hospital de Puertollano, 4 en el Hospital de Valdepeñas, 3 en el Hospital de Manzanares y 1 en el Hospital de Tomelloso), Albacete 15 (8 en el Hospital de Albacete, 3 en el Hospital de Villarrobledo, 2 en el Hospital de Hellín, 2 en el Hospital de Almansa), Guadalajara 9 (todos ellos en el Hospital de Guadalajara) y Cuenca 6 (todos ingresados en el Hospital de Cuenca).

Los pacientes ingresados en las Unidades de Cuidados Intensivos que necesitan respirador son 19. Por provincias, Toledo tiene 8 de estos pacientes, Guadalajara 5, Albacete 3, Ciudad Real 2 y Cuenca 1.

En las últimas 24 horas no se ha registrado ningún fallecimiento por COVID-19 en Castilla-La Mancha. El número acumulado de fallecidos desde el inicio de la pandemia son 6.076.

Por provincias, Toledo registra 2.288 fallecidos, Ciudad Real 1.732, Albacete 886, Guadalajara 628 y Cuenca 542.

CENTROS SOCIOSANITARIOS

Nueve centros sociosanitarios de Castilla-La Mancha tienen casos confirmados de positivo por coronavirus entre los residentes. De los nueve centros, cuatro están en la provincia de Toledo, tres en Ciudad Real, uno en Albacete y uno en Guadalajara.

Los residentes con caso confirmado son 27. Los fallecimientos acumulados de residentes de estos centros desde el inicio de la pandemia son 2.050.

La comunidad autónoma de Extremadura ha registrado 563 nuevos contagios de coronavirus confirmados en la última jornada, en la que se han producido 17 ingresos hospitalarios nuevos, mientras que la incidencia se ha elevado a 483 casos por cada 100.000 habitantes a los 14 días.

Una jornada en la que no hay que lamentar fallecidos, por lo que el número de víctimas se mantiene en 1.772 desde el inicio de la pandemia en Extremadura, según los datos aportados por la Junta de Extremadura.

Así, tras los 17 ingresos hospitalarios nuevos y las 11 altas registradas en la última jornada, los hospitales extremeños cuentan ya con 68 pacientes de Covid-19 hospitalizados, cinco de ellos en la UCI.

Con estos datos, la incidencia acumulada a 14 días en Extremadura se sitúa en 483 casos por cada 100.000 habitantes, y a los 7 días, en 273,99 casos.

Además, en la última jornada se han notificado seis brotes, uno en Madrigalejo con 9 positivos y 27 contactos; uno en Mérida con 12 positivos y 60 contactos; uno en Peraleda de la Mata con 19 positivos y 60 contactos; uno en Losar de la Vera con 6 positivos y 13 contactos; uno en Badajoz con 3 positivos y 9 contactos, y uno en Valdivia con 9 positivos y 50 contactos.

Por su parte, se cierran cinco brotes, que son el 371 de Almaraz, el 396 de Mérida, el 397 de Olivenza, el 405 de Cañaveral y el 410 de Cáceres.

SITUACIÓN POR ÁREAS DE SALUD

En cuanto a la situación por áreas de salud, el de Badajoz notifica 179 casos positivos, y tiene 24 pacientes hospitalizados, tres de ellos en UCI, mientras que el área de Cáceres registra 76 casos positivos y cuenta con siete pacientes ingresados, ninguno de ellos en UCI.

Por su parte, el Área de Salud de Mérida registra 136 casos positivos, y tiene 8 pacientes hospitalizados por Covid-19, mientras que el de Don Benito-Villanueva de la Serena notifica 57 casos positivos y cuenta con 16 pacientes hospitalizados.

Así, el Área de Salud de Plasencia registra 49 casos positivos y tiene ocho pacientes hospitalizados, dos de ellos en UCI, mientras que el de Navalmoral de la Mata notifica 13 casos positivos, y no tiene pacientes ingresados por coronavirus.

Finalmente, el Área de Salud de Llerena-Zafra registra 47 casos positivos y cuenta con cuatro pacientes ingresados, y de Coria contabiliza seis casos positivos y un paciente hospitalizado.

Las personas trans o no binarias podrán utilizar su nombre sentido en los documentos de la Universidad del País Vasco (UPV/EHU), según el protocolo que regula el cambio de nombre cuando este no coincida con el legal, aprobado por el Consejo de Gobierno de la universidad pública vasca.

En un comunicado, la UPV/EHU ha señalado que, en el protocolo aprobado se recoge que "una de las cuestiones que más sufrimiento puede producir a aquellas personas que quieren vivir con una identidad sentida y que les ha sido negada, es tener que seguir sosteniendo que se les denomine con el nombre que no consideran propio".

En ese sentido, en el protocolo se añade que "reconocer el nombre sentido de las personas que inician su transición a la identidad que consideran como propia no es sólo una cuestión de respeto, sino que debemos enmarcarlo en los derechos que toda persona tiene para ser, manifestarse y vivir como realmente desee".

El protocolo para el cambio de nombre de las personas trans y no binarias en la Universidad del País Vasco, aprobado el pasado martes por el Consejo de Gobierno, se alinea con el compromiso de la universidad pública vasca con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), plasmados en la EHUagenda2030 y, en concreto, la consecución de la igualdad y la no discriminación por razones de sexo o género.

La UPV/EH ha precisado que el reconocimiento del nombre sentido se fundamenta en distintas normas de carácter autonómico, estatal e internacional, entre las que ha citado, en el ámbito del País Vasco, la Ley 14/2012, de 28 de junio, de no discriminación por motivos de identidad de género y de reconocimiento de los derechos de las personas transexuales, que "ha permitido avanzar hacia la superación de todas las discriminaciones por razón de la condición o circunstancia personal o social".

Por su parte, los Estatutos de la UPV/EHU reconocen los derechos de las personas que integran la comunidad universitaria a la igualdad y a la no discriminación, así como al respeto de su intimidad, imagen propia, dignidad, orientación sexual y protección efectiva contra el acoso.

El protocolo regula el procedimiento para garantizar el derecho de las personas trans o no binarias a ser identificadas en los documentos administrativos internos de la UPV/EHU con el nombre sentido como propio, cuando este no coincida con el nombre legal consignado en el Registro Civil, mientras no se haya procedido a la rectificación del nombre y/o sexo en dicho registro.

Podrá acogerse al protocolo cualquier persona que integre la comunidad universitaria: alumnado, personal docente e investigador y personal de administración y servicios. Así mismo, todas las personas que trabajen o estudien en la UPV/EHU tendrán la obligación de llamar a las personas trans o no binarias por su nombre sentido.

Las solicitudes para utilizar en el ámbito interno de la universidad de un nombre acorde con su identidad (nombre sentido), distinto del nombre que figura en su documentación oficial, deberán dirigirse a la Dirección para la Igualdad de la Universidad del País Vasco.

Una vez autorizada la solicitud, en un plazo máximo de siete días, esa Dirección para la Igualdad de la UPV/EHU se dirigirá a los órganos competentes de la gestión de la documentación administrativa y electrónica para que procedan al cambio de nombre en registros como la cuenta de correo electrónico, las tarjetas universitarias, las listas de clase y actas de calificación y censos electorales, entre otras. El cambio deberá estar listo en 30 días como máximo.

Sin embargo, en los documentos oficiales, como certificados o títulos, que expida la Universidad constará el que figure en el Registro Civil.

ÚLTIMO PASO

El Protocolo para el cambio de nombre de las personas trans y no binarias es el último paso que hasta el momento ha dado la Universidad del País Vasco a favor de la aceptación, el fomento y la protección de la diversidad y la pluralidad en una sociedad donde los modelos de identidad son "cada día más numerosos".

El proceso comenzó en noviembre de 2017, cuando introdujo la tercera casilla, la opción No binaria, en el apartado de sexo de todos sus formularios. En 2018 comenzó el proceso para que todas las facultades y escuelas dispusieran de baños mixtos, y no solo los hasta entonces existentes para hombres y mujeres, y en 2020, instauró los Premios Empar Pineda a la inclusión de la perspectiva LGTB en los trabajos de fin de grado y fin de máster de la UPV/EHU.

Los datos definitivos de listas de espera a junio de 2021 indican que, en el análisis comparativo con 2018, la espera de pacientes pendientes de intervención quirúrgica fuera de plazo o que llevan esperando más de 365 días ha disminuido "casi un 31%", lo que supone una reducción de 9.361 pacientes pendientes, mientras que en comparación con junio de 2020, los pacientes en espera han disminuido "un 38,9% en un año y los que se encontraban en fuera de plazo en un 64,5%".

De esta forma, los pacientes en espera han bajado de 53.983 a 20.987 --32.996 en total--, a pesar de las sucesivas olas de la pandemia en este periodo, además de que la demora media total de los pacientes pendientes de intervención ha disminuido 66 días, pasando de los 208 días que los pacientes tenían que esperar en 2018 a 142 días en junio de este año --un 31,8% menos--, según ha indicado la Consejería de Salud y Familias en un comunicado.

En cuanto a la reducción de pacientes pendientes de procedimientos garantizados por alguna norma o decreto, se ha reducido la lista de espera en el último año de 92.732 pacientes pendientes a 85.416 --un 7,89% menos--, bajando la demora media de 140 a 96 días. Es llamativo el descenso de un 64,56% el número de pacientes en situación de fuera de plazo.

Concretamente, en las intervenciones con garantía de 180 días, la caída del total pacientes ha sido de un 2,34%, con una reducción de 7.066 -un 45,4%-- en situación de fuera de plazo, cayendo la demora media en 35 días en el último año.

Los procedimientos garantizados a 120 días han experimentado una disminución en el número de pacientes en lista de espera del 13,64% --6.160 pacientes--, reduciéndose además en 18.511 pacientes los que se encuentran fuera de plazo, un 77,21% menos que en 2021. Aquí la reducción de la demora media es de 59 días.

Por último, las operaciones con garantía de 90 días, cirugías cardiacas, tienen una reducción de un 44% de pacientes fuera de plazo y una caída en la demora media de días. En junio de 2021 hay 476 pacientes en lista de espera, un 10% menos que el verano pasado. Esto resulta especialmente importante habida cuenta de la alta ocupación UCI por pacientes covid en algunos momentos de los últimos meses.

Con respecto a la actividad quirúrgica, en este primer semestre del año se han realizado un total de 180.681 intervenciones, frente a las 156.138 llevadas a cabo en el mismo periodo del año anterior, lo que significa que se han realizado 24.543 intervenciones más que en el mismo periodo de 2020, es decir han aumentado un 15,7%.

LISTAS DE CONSULTAS EXTERNAS Y PRUEBAS DIAGNÓSTICAS

Por otro lado, y con respecto a los pacientes pendientes para primera consulta de especialista, los datos a cierre de junio de 2021 arrojan un total de 257.167 con una espera superior a 60 días --con una demora media de 88,5 días--, frente a los 266.068 pacientes pendientes en junio de 2020, cuando la demora media fue de 132 días, lo que implica una disminución del 3% y una caída de la demora media en 44 días.

En el área de procedimientos diagnósticos, Andalucía cuenta a cierre de junio con 75.938 pacientes con una espera superior a 30 días, con una demora media de 62,5 días. El año pasado, en el corte de junio, eran 130.584 los pacientes esperando una prueba, con una demora de 80,4 días. Así, durante este año, ha disminuido un 42% los pacientes con demoras superiores al mes, bajando la media en 18 días.

Los últimos datos publicados en el Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social con las cifras de todas las comunidades autónomas colocan a Andalucía como una de las regiones que más ha mejorado la situación de las listas de espera en este último periodo, sobre todo en espera quirúrgica.

Castilla y León ha notificado este jueves 1.595 nuevos positivos de COVID-19, para sumar un total de 270.734 desde el inicio de la pandemia, con un nuevo fallecido para un total de 5.812, y 52 altas médicas más, 30.970 en total, según los datos ofrecidos por la Consejería de Sanidad.

Los fallecimientos en hospitales ascienden a 5.812, uno más que en el anterior parte, mientras que los brotes activos actualmente en el conjunto de la Comunidad son 565 --43 más que en el anterior parte-- y los casos positivos a ellos vinculados ascienden a 2.970 --216 más--.

De ellos, Ávila contabiliza 51 brotes --once más que en el anterior parte--; Burgos, 16 --uno más--; León, 20 --nueve más--; Palencia, 16 --uno más--; Salamanca, 113 --10 más--; Segovia, 101 --trece más--; Soria, 98 --uno más--; Valladolid cuenta con 70, dos más, y Zamora, 84, uno más.

En total, se han diagnosticado ya en la Comunidad 270.734 positivos de COVID-19 en los distintos tipos de pruebas, después de sumar 1.595 más en la última jornada. De ese total, 264.245 positivos han sido confirmados en test PCR y de antígenos.

BURGOS SUMA 410 CONTAGIOS

Por provincias, Burgos es la que más positivos ha notificado desde el día anterior, con 410 casos para un total de 45.244; seguida por Valladolid, con 327 positivos más y 59.595 en total; León, con 225 más y 47.082; Palencia con 185 y un total de 22.250; Salamanca y Segovia, ambas con 103 positivos más, y con cifras totales, respectivamente, de 35.895 y 19.032; Soria, con 93 y 11.019 en total; Ávila, con 88 más y 14.398; Soria, y Zamora con 61 más y 16.219 casos.

Respecto al número de fallecidos en hospitales con diagnóstico COVID, la cifra se incrementa hasta los 5.812, después de que se haya registrado un nuevo decesos en la provincia de Valladolid. Del total, 1.187 corresponden a Valladolid; seguida por León, con 1.163, uno más; Salamanca, que tiene 843; Burgos, 719, uno más; Palencia, 456, uno más; Zamora, con 437; Segovia, con 371; Ávila, con 348, y Soria, con 288.

En el caso de las altas hospitalarias, estas suman un total de 30.970, 52 más desde el anterior parte. De ellas, se han computado 7.565 en Valladolid; 5.344 en León; en Burgos, 4.383; en Salamanca, 4.173; en Palencia, 2.340; en Zamora, 2.031; en Segovia, 1.970; en Ávila, 1.816, y en Soria, 1.348.

AUMENTAN LOS HOSPITALIZADOS SOLO EN PLANTA

Según la última actualización, los hospitales de la Comunidad tienen ingresados un total de 484 pacientes con COVID-19, 24 más que el día anterior. De ellos, 63 están hospitalizados en unidades de críticos (UCI) --sin cambios con respecto al anterior parte--, mientras que 421 se encuentran en planta, 24 más.

Los pacientes con COVID-19 en UCI se encuentran repartidos en once hospitales de las distintas provincias --todos los que tienen unidades de este tipo-- y ocupan un 19 por ciento de las camas inicialmente habilitadas en unidades de críticos, el mismo porcentaje que en la jornada precedente.

Así, se informa de 14 ingresados en el Complejo Asistencial de Burgos; diez en el Hospital Clínico Universitario de Valladolid; nueve en el Complejo de León; ocho en el Complejo de Palencia; siete en el Río Hortega de Valladolid; cuatro en Segovia; tres en el complejo de Zamora; dos en los de Ávila, Salamanca, Segovia y en el Hospital del Bierzo.

El Superior General de la Compañía de Jesús, Arturo Sosa, viajará a Barcelona y Manresa en el marco de las celebraciones del Año Ignaciano, que dio comienzo el pasado 20 de mayo en Pamplona y que conmemora el quinto centenario de la conversión de Ignacio de Loyola.

A finales de julio, coincidiendo con la festividad de San Ignacio, tendrá lugar uno de los momentos importantes de este Año, que los jesuitas celebran bajo la denominación 'Ignatius 500'. En esta ocasión será en la Basílica de Santa María del Mar, en Barcelona, y en el Santuario de la Cova de Sant Ignasi, en Manresa, lugares significativos en la biografía del santo.

En concreto, el viernes 30 de julio, a las 19:30 horas, se celebrará una eucaristía en Santa María del Mar, presidida por el cardenal arzobispo de Barcelona y presidente de la Conferencia Episcopal Española (CEE), Juan José Omella.

La misa estará concelebrada por el Superior General de la Compañía de Jesús; diversos obispos de las diócesis catalanas; el Superior Provincial de los Jesuitas en España, Antonio España, y el delegado de los Jesuitas en Cataluña, Enric Puiggròs.

El acto se celebrará con las limitaciones de aforo y medidas de seguridad necesarias, y se desarrollará en el mismo escenario en el que, durante su estancia en Barcelona, entre 1524 y 1526, Ignacio de Loyola pedía limosna para repartirla entre los pobres. Como un mendigo, con la mano extendida y los pies descalzos, está representado en la escultura de bronce de Lau Feliu que se instaló hace cinco años en la Capilla de San Ignacio de esta Basílica.

Al día siguiente, el 31 de julio, en Manresa, tendrá lugar la celebración de una Eucaristía a las 19:30 horas desde el Santuario de la Cova de Sant Ignasi, y retransmitida online. Estará presidida por Arturo Sosa y concelebrada por el asistente de la Compañía Jesús para Europa Meridional, Cipriano Díaz; el Superior Provincial de los Jesuitas en España y el Superior de los Jesuitas en Manresa, Lluís Magriñà.

Manresa es uno de los escenarios centrales en la conmemoración de este Año Ignaciano. Por este motivo, la ciudad también ha impulsado el proyecto Manresa 2022, para potenciar el legado patrimonial y los valores ignacianos.

Ignacio de Loyola llegó a la ciudad en marzo de 1522, donde pasó unos meses decisivos y experimentó una "profunda experiencia espiritual", que se encuentra en el origen de los Ejercicios Espirituales, según explica la Compañía de Jesús.

APERTURA DE LA PUERTA DEL JUBILEO

Durante la celebración en Manresa, tendrán lugar dos momentos especiales, por una parte, la inauguración oficial de los mosaicos del artista Marko Rupnik, que desde el pasado mes de abril están instalados en el Santuario de la Cova y que muestran el peregrinaje cristiano a través de los Ejercicios Espirituales; y, por otra, la apertura de la Puerta del Jubileo del Santuario, que se une de este modo a la celebración del Año Ignaciano.

Se trata de la puerta que daba acceso a la Santa Cueva desde 1625 y a lo largo de tres siglos, hasta principios del siglo XX. Ahora está situada en el espacio de acogida que une el Santuario y la Cueva. Los peregrinos podrán cruzarla, "en un gesto sencillo pero dotado de un profundo simbolismo, ya que es signo de reconciliación, con uno mismo, con Dios y con los demás", según destacan los Jesuitas.

Durante este año, la Compañía de Jesús invita a cualquier persona a realizar obras solidarias, unirse a las oraciones del Papa Francisco y participar activamente en la celebración del Año Ignaciano.

La cúpula del PP y las Comunidades Autónomas gobernadas por el partido han coincidido este jueves en acusar al Gobierno de Pedro Sánchez de "abandono y maltrato" a sus comunidades autónomas y de actuar con "arbitrariedad" al seleccionar los criterios de reparto de los fondos europeos.

Así lo han manifestado en la reunión que la vicesecretaria de Sectorial del PP, Elvira Rodríguez, y el vicesecretario de Política Territorial del PP, han celebrado en la sede del partido con los consejeros de la formación en materia de Economía, Comercio y Empleo.

Se trata de la segunda reunión en la misma semana para abordar este asunto, ya que el lunes Rodríguez y Terol mantuvieron un encuentro con consejeros de Vivienda, Urbanismo, Sostenibilidad, Medio Ambiente, Agricultura y Pesca de las comunidades del PP.

El partido que dirige Pablo Casado se va a volcar en vigilar y controlar los 140 millones de fondos europeos que va a recibir España y con ese objetivo ha activado un grupo de trabajo en el Congreso. Se trata de que el uso de esos recursos sea "más eficiente", no se "tire el dinero por el agujero" o se malgaste en iniciativas similares al 'plan E' que lanzó el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero.

Así lo aseguró hace un mes a la exministra y responsable de Sectorial del PP, que se encarga de coordinar los trabajos de ese equipo parlamentario que llevará a cabo esa tarea de fiscalización, ejecución presupuestaria y control de las subvenciones.

"ABANDONO Y MALTRATO" DE SÁNCHEZ A LAS CCAA

En la reunión celebrada este jueves, los vicesecretarios del PP y los consejeros han denunciado la "arbitrariedad del Gobierno a la hora de seleccionarlos criterios de reparto de los fondos europeos", según ha informado el partido en un comunicado.

Además, han destacado que el PP da prioridad a "la coordinación con todas las administraciones territoriales para ofrecer a los españoles la única alternativa posible al Gobierno de Sánchez", al que han reprochado su "abandono y maltrato" a estas administraciones.

En el encuentro han coincidido además que se está viviendo "un proceso de recentralización, donde el Gobierno se está reservando partidas presupuestarias que corresponden a competencias de las Comunidades Autónomas", según ha añadido el partido en la misma nota.

El vicesecretario de Comunicación del PP, Pablo Montesinos, ha pedido este jueves al presidente del Gobierno, el socialista Pedro Sánchez, que al igual que ha hecho recientemente en Estados Unidos, pasee por las calles de España para ver que "sus prioridades no son las de la mayoría" de vecinos. Ha dicho que las preocupaciones de los españoles son "las colas del hambre, la escandalosa subida de la luz o no llegar a final de mes" y ha lamentado que eso "no quiere verlo" el jefe del Ejecutivo central.

El responsable 'popular' se ha pronunciado de este modo, en declaraciones a los medios de comunicación, tras visitar en València el reparto del Banco de Alimentos hecho en el campo de fútbol de Mestalla junto al presidente del Partido Popular de la Comunitat Valenciana (PPCV), Carlos Mazón, y otros representantes de esta formación.

"Sánchez se ha paseado en las últimas horas por las calles de Nueva York con todo su séquito gubernamental. Me parece muy bien", pero "que se dé también un paseo por Mestalla, que venga a València y que patee las calles de todas las ciudades de España, que escuche a los vecinos y se dará cuenta de que sus prioridades no son las de la inmensa mayoría de los españoles", ha expuesto.

Montesinos ha apuntado que si el presidente del Gobierno hiciera lo que le plantea "escucharía que las preocupaciones de los ciudadanos son las colas del hambre, la escandalosa subida de la luz o no llegar a final de mes". "A ver si se entera ya este gobierno de cuáles son las preocupaciones reales de los valencianos y de los españoles, que ya están hartos de que Sánchez se dé paseos por Nueva York y no pise la calle en València o en el conjunto de las ciudades españolas", ha agregado.

El representante del PP, que ha asegurado que "el Gobierno de España cada vez está mas alejado de la España real", ha afirmado que su formación estaba este jueves "donde debe estar: visualizando lo que se debe visualizar", según ha indicado, una "realidad incómoda para Pedro Sánchez".

"Tenemos que estar aquí para que se pueda dar fe de que esta España existe y de que los gobernantes de nuestra España no quieren verlo. Hay muchas personas que pasan hambre, muchas personas que están pendientes de la hora para ver cuándo ponen la lavadora. Eso está pasando hoy aunque el gobierno de Sánchez no quiera verlo. Es necesario ver la realidad de la España que hoy vivimos", ha insistido.

"Esta fotografía de España existe, esta fotografía de Valencia es real", ha aseverado Pablo Montesinos. Ha comentado que la visita al reparto de alimentos por parte del Banco de Alimentos en el estadio de fútbol de Mestalla ha servido también al PP para ver "la solidaridad" de esta entidad y "el trabajo que hacen los voluntarios", tras lo que ha expresado "agradecimiento".

Montesinos y Mazón se han sumado a la reivindicación que tras la visita ha hecho el presidente del Banco de Alimentos de Valencia, Jaime Serra, que ha criticado "la falta de apoyo" institucional a esta entidad a pesar de que ofrece "cobertura a unas 62.000 personas todos los meses". "Nuestras primeras autoridades están un poco fuera de juego", ha censurado --ha mencionado al Ayuntamiento de València, a la Generalitat y a la Diputación de Valencia-- tras lo que ha reclamado respaldo para seguir adelante.

Carlos Mazón ha censurado que "la izquierda ha abandonado a los más desfavorecidos" y ha pedido más apoyo hacia entidades benéficas como el Banco de Alimentos, así como la puesta en marcha de "políticas sociales efectivas con menos palabras y propaganda y más hechos".

"SENSIBILIDAD"

El presidente del PPCV ha aseverado que "la brecha social se está agrandando en la Comunitat Valenciana y más con la Covid". "Queremos agradecer la labor que realizan todos los implicados en el Banco de Alimentos y lanzamos un mensaje a las instituciones: hay que tener sensibilidad y la prioridad está donde está. Hay que ayudar a esta gente, echar una mano a estas personas necesitadas", ha subrayado.

Mazón ha asegurado que "el pueblo valenciano es un pueblo solidario" y ha pedido que "instituciones como el Ayuntamiento de València o la Generalitat tengan esa sensibilidad y no les den la espalda" a quienes más ayuda necesitan. Ha resaltado que "a las familias vulnerables que ya existían antes de la pandemia se suman quienes han perdido el trabajo y no tenían ahorros o los autónomos que han tenido que cerrar sus negocios, la mayoría sin apenas ayudas".

El responsable del PPCV ha afirmado que esta formación seguirá "poniendo el acento en los que más lo necesitan". "La dirección nacional del PP, en la persona de Pablo Montesinos, y el PPCV estamos alrededor de esta iniciativa y pedimos expresamente apoyo a las entidades sociales", ha declarado.

Carlos Mazón ha considerado que el Gobierno valenciano --conformado por Compromís, PSPV y Unides Podem-- ha abandonado a los más desfavorecidos, dejando a su suerte a los más necesitados que, con la pandemia y la crisis sanitaria, se encuentran desasistidos y desesperados, con graves problemas para hacer frente a los gastos de alimentación a nivel familiar". Ha apuntado que "el porcentaje de población valenciana en riesgo de pobreza o exclusión social está ya en el 29% en 2020".

"MENTIRA SISTEMÁTICA"

Por otra parte, Pablo Montesinos ha criticado que Pedro Sánchez haya "llevado su acción de gobierno la mentira sistemática". "Dijo que nunca pactaría con Bildu, que bajo ningún concepto indultaría a los que dieron un golpe a la legalidad o que no se sentaría con los separatistas", ha expuesto.

Tras ello, el responsable del PP ha dicho al jefe del Ejecutivo central que "si tan seguro está de su acción de gobierno y satisfecho de lo que está haciendo en el Gobierno de España que convoque elecciones" para que los españoles puedan opinar "sobre sus mentiras y su gestión ineficaz".

"UNA EVIDENCIA"

Por su parte, Mazón, preguntado por si cree que el jefe del Consell, Ximo Puig, se ha "podemizado" como ha dicho la portavoz de Unides Podem en Les Corts, Pilar Lima, ha opinado que "empieza a ser una evidencia". "El proceso por el que vemos al presidente de la Generalitat hace que no discrepe yo demasiado de lo que dice que acaba de decir la responsable de Podemos", ha respondido.

La portavoz del Govern catalán, Patricia Plaja, ha anunciado este jueves que la Conselleria de Salud de la Generalitat ha impulsado la campaña #1decada3 para concienciar sobre el riesgo de los jóvenes de ingresar en el hospital por Covid-19.

Lo ha dicho en rueda de prensa junto al conseller de Salud, Josep Maria Argimon, en la que ha concretado que una de cada tres personas que han ingresado en esta ola en hospitales del sistema sanitario catalán tienen menos de 40 años.

Respecto a la mortalidad, Argimon ha precisado que desde el inicio de la pandemia han fallecido 67 personas menores de 40 años, aunque ha aclarado que la respuesta "habitualmente siempre es mucho mejor" que en una persona mayor.

Son datos que no se habían visto antes en las anteriores olas de la pandemia y que, ante el elevado número de personas jóvenes infectadas, es una nueva realidad en los centros hospitalarios, ha detallado la portavoz del Govern, Patrícia Plaja.

Desde el Ejecutivo catalán han atribuido este incremento de las hospitalizaciones entre menores de 40 años a la circulación de la variante Delta, más transmisible, y a la elevada interacción social en verano.

Así, el departamento comparte a través de los canales oficiales de la Generalitat y en medios de comunicación mensajes en primera persona de jóvenes que están o han sido ingresados después de contraer el virus.

Estos jóvenes relatan de forma "clara, directa y contundente" su experiencia de enfermar de Covid-19, su empeoramiento y su ingreso hospitalario.

Plaja ha avanzado que esta campaña "no será la última" por que está previsto que desde Salud lancen otra campaña con el mismo objetivo de concienciación dirigido al conjunto de la población.

El Pleno del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha aprobado este jueves por doce votos frente a ocho un informe muy crítico con el último proyecto legislativo del ya ex ministro de Justicia Juan Carlos Campo, la Ley de Eficiencia Procesal, de la que cuestiona su carácter coyuntural vinculado a la situación de crisis sanitaria.

El informe aprobado por el órgano de gobierno de los jueces, del que han sido ponentes los vocales Mar Cabrejas, Juan Martínez Moya, Gerardo Martínez Tristán y Concepción Sáez -vocales pertenecientes a todas las sensibilidades políticas dentro del órgano-, cuestiona la idoneidad de unas medidas de reforma adoptadas a la vista de la situación generada por el coronavirus y que, no obstante, se articulan con vocación de generalidad y permanencia.

El informe recuerda que el legislación ya dotó ordenamiento jurídico de instrumentos normativos para hacer frente a la pandemia por covid e insiste en la necesidad de que las leyes partan de un examen más sosegado.

El Anteproyecto de Ley de eficiencia procesal se incluye en la agenda 2030 para la Justicia y contiene medidas para adaptar la labor de los juzgados al "mundo digital", tales como la videoidentificación y medios alternativos para la resolución de conflictos que permitan 'desatascar' los tribunales.

Para el CGPJ, la reflexión sobre la idoneidad de las medidas dispuestas es tanto más necesaria cuanto por medio de ellas se establecen presupuestos o requisitos de procedibilidad que condicionan el ejercicio del derecho a la tutela judicial.

También se cuestiona en el informe la referencia a la incorporación de los nuevos valores de interdependencia, de solidaridad y de humanismo en la norma, cuyo objetivo se aventura que es para introducir la idea de la responsabilidad de la ciudadanía y su contribución a la sostenibilidad del servicio público de Justicia.

Así, según el autor del informe que se somete a debate, se diseña un régimen de solución de conflictos previo a la jurisdicción, que queda en un segundo escalón, con el riesgo de ver degradada su función constitucional, cuya relevancia se relativiza.

INTRODUCCIÓN DE LA TECNOLOGÍA

Tampoco la potenciación del uso de las tecnologías debería desplazar tales principios, apunta el informe, sino que deberían convivir armónicamente, en adecuado y ponderado equilibrio, de forma que la tecnología sirva a los fines del proceso, pero no constituya ni configure el proceso mismo.

En otro orden de cosas, la técnica normativa es mejorable, según el informe. El prelegislador ha optado por introducir las reformas en las leyes de procedimiento a través de artículos de la ley anteproyectada, en vez de hacerlo por medio de disposiciones finales mediante las que se introduzcan las modificaciones en las respectivas leyes procesales, a juicio del análisis realizado.

Además, el informe echa en falta una mayor presencia del criterio de este órgano de gobierno del Poder Judicial a la hora de articular normativamente las medidas de agilización procesal en aras a dotar al sistema de Justicia del grado de eficiencia, eficacia y efectividad que se propugna desde la norma proyectada.

El CDTI, entidad adscrita al Ministerio de Ciencia e Innovación, ha lanzado el anuncio de licitación de compra pública innovadora para la presentación de proyectos de desalinización de aguas marinas en Gran Canaria, para lo que destina 11,5 millones de euros.

Al respecto, explica que esta licitación se enmarca en el convenio de colaboración suscrito entre el CDTI y el Cabildo de Gran Canaria que tiene como fin dar respuesta al "reto tecnológico de desalinizar agua de mar con un consumo de energía específico" inferior a los 2,0 kilovatios hora por metro cuadrado, de mínimo impacto ambiental y con la integración de iniciativas que fomenten la economía circular en planta, según ha informado el Ministerio en nota de prensa.

Para ello, la ejecución del proyecto tiene un tiempo máximo de 19 meses. Todo después de que en 2019 el CDTI lanzara una consulta pública para conocer qué actividades de I+D proponen las empresas españolas para resolver diversas necesidades públicas, seleccionando entonces esta propuesta del Cabildo de Gran Canaria, un proyecto conjunto de la Sociedad de Promoción Económica y el Consejo Insular de Aguas que también contó con la colaboración del Instituto Tecnológico de Canarias.

Actualmente, la Oficina de Compra Pública Innovadora del CDTI ha formalizado 11 convenios que involucran al Ministerio del Interior (Guardia Civil); la Consejería de Economía, Ciencia y Agenda Digital de la Junta de Extremadura; la Vicepresidencia Segunda y Conselleria de Economía, Empresa e Innovación de la Xunta de Galicia; el Servicio Gallego de Salud; el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico; el Cabildo de Gran Canaria; ADIF - AVE ADIF y la Región de Murcia, con un presupuesto global hasta la fecha de 82,4 millones de euros.

Al respecto, exponen que el objetivo de este programa, que cuenta con el apoyo del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER), es el de incentivar y movilizar a las empresas en el ámbito de la compra pública, proporcionando a las administraciones públicas la posibilidad de solucionar necesidades con tecnologías aún no presentes en el mercado y que se ajusten a sus demandas.

Para ello, la Oficina de Compra Pública Precomercial del CDTI lanza licitaciones precomerciales para pilotos y/o prototipos de tecnologías en estados de desarrollo que puedan dar como resultado, en forma de series de prueba, prototipos de primeros productos o servicios que satisfagan necesidades públicas de soluciones tecnológicas innovadoras.

Los prototipos desarrollados son posteriormente adquiridos por el CDTI y cedidos de forma gratuita en el entorno interno de la Administración Pública a los organismos públicos españoles interesados en su aplicación y que puedan proporcionar un entorno real necesario para validar la tecnología propuesta.

De este modo, se aborda un doble impacto positivo como el de apoyar a las empresas adjudicatarias de las licitaciones para mantener su actividad de desarrollo de tecnología y modernizar tecnológicamente a las administraciones españolas e impulsar la mejora de la calidad de los servicios públicos y su impacto en la calidad de vida de la sociedad y de los ciudadanos.

El prior del Valle de los Caídos, Santiago Cantera, ha asegurado que su presencia en la abadía no depende única y exclusivamente de la Fundación de la Santa Cruz del Valle de los Caídos sino también de otros fundamentos "que no se pueden anular sin más".

Así lo indica Cantera en una carta dirigida a los padres de los niños de la Escolanía y enviada el pasado martes, antes de que el Consejo de Ministros aprobara el anteproyecto de ley de memoria democrática, que declara la extinción de la Fundación de la Santa Cruz del Valle de los Caídos.

"Nuestra presencia en el Valle no depende única ni exclusivamente de la existencia de la Fundación, sino que tiene otros fundamentos de peso que no se pueden anular sin más", asegura el prior en la misiva.

En este sentido, Cantera anima a la "serenidad" a pesar de que señala que las noticias que aparecen en los medios de comunicación acerca de la ley de memoria democrática y el Valle "pueden resultar muy inquietantes, y más en la manera y con la inquina con que algunos de esos medios lo ofrecen".

Así, aunque afirma que "no es un dato bueno" que el texto legislativo contemple la extinción de la Fundación de la Santa Cruz del Valle de los Caídos, añade que "no dice nada de la desaparición o expulsión" de la comunidad benedictina ni de la Escolanía.

Asimismo, recuerda que lo que ha hecho el Gobierno es aprobar el anteproyecto de ley para que en septiembre comience sus trámites en el Congreso de los Diputados, "donde todo su debate puede durar meses o incluso prolongarse un año"; y aunque añade que "es probable que quieran agilizar su aprobación, señala que también habrá "recursos y factores que pueden demorar el procedimiento". Precisamente, indica que "al menos un partido político interpondrá un recurso de inconstitucionalidad".

Además, explica que, una vez que la ley quede aprobada por las Cortes, habría de regularse el nuevo régimen jurídico del Valle por un real decreto que, "en caso de ser francamente negativo" para ellos "podría recurrirse y ello supondría otra prolongación en el tiempo".

Mientras tanto, el prior invita a "guardar la paz y la calma" y añade que los monjes seguirán su vida en el Valle y el curso académico "con toda tranquilidad y normalidad". "Sabiendo que Dios y nuestra Madre celestial velan por todos nosotros", concluye.

El Pleno del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha aprobado este jueves con el apoyo de todos los vocales un informe favorable a la última modificación del Reglamento Penitenciario, dirigida a introducir en las prisiones el uso de las nuevas tecnologías, como es la videoconferencia, así como a regular el uso de Internet por los internos, han informado a fuentes de este órgano. El informe valora que las modificaciones permitan una introducción medida y limitada de su uso.

El proyecto del que informa esta semana el CGPJ tiene como objetivo regular la introducción de las nuevas tecnologías como medios facilitadores para el acceso a servicios o prestaciones y ejercicio de derechos en el ámbito penitenciario. Incide, por lo tanto, en las comunicaciones de los internos, su formación y el derecho a recibir información incidiendo, por tanto, en el ejercicio de los derechos de los internos, y de forma específica en sus comunicaciones, tratamiento, formación, y derecho a recibir información.

La reforma está integrada por un preámbulo, dos artículos, el segundo de los cuales se divide en cuatro apartados, y una disposición final única. Permitirá que las comunicaciones reguladas puedan llevarse a cabo mediante el uso de nuevas tecnologías y sistemas de videoconferencia, en función de las posibilidades materiales y técnicas de cada centro penitenciario.

Como novedad de calado, la reforma supondrá permitir el acceso a Internet y las redes de comunicación a las personas privadas de libertad, un acceso que se supone controlado y restringido. Finalmente, introduce la distinción Concepción Arenal al Periodismo Penitenciario, para la persona o medio de comunicación que destaque por su especial dedicación al medio penitenciario, manifestada a través de una trayectoria sostenida en el tiempo o mediante la realización de uno o varios trabajos de investigación de contrastada calidad informativa.

El CGPJ valora que la reforma regule el derecho de los presos a comunicarse con familiares, amigos, allegados, abogado defensor, etc., el derecho a la formación como parte del tratamiento, así como el derecho a recibir información mediante instrumentos que, con la debida regulación de su uso concreto, pueden tener cabida en las nuevas tecnologías. Se trata de instrumentos que, como la videoconferencia, que hasta ahora no se contemplaban ni en la Ley Orgánica penitenciaria ni en el Reglamento que la desarrolla.

Y ello porque la regulación actual es limitada y restrictiva enrelación con el uso de la videoconferencia por los internos paracomunicaciones personales, e inexistente para comunicaciones con abogados o para fines educativos y de tratamiento, así como en relación con otras nuevas tecnologías.

El informe aprobado, según las fuentes consultadas, considera que la reforma proyectada se inserta adecuadamente en el marco normativo de referencia, y haberse optado no por modificar el tenor de los artículos, sino por adicionar nuevos párrafos a determinados preceptos del Reglamento Penitenciario, permitiendo así una introducción medida y limitada del uso de las nuevas tecnologías en los centros penitenciarios.

Además, al no concretarse las tecnologías que pudieran ser empleadas, se permite que el legislador futuro no se vea en la obligación de realizar continuas reformas y adaptaciones del texto.

El informe preliminar del CGPJ valora además que el uso de las nuevas tecnologías no se configure en si mismo como un derecho, y adecue sus limitaciones en función de las posibilidades de cada centro penitenciario, sin perjuicio de la responsabilidad de la Administración Penitenciaria de dotar de medios suficientes.

Se entienden incluidas también, además de las videoconferencias, las comunicaciones vía 'email' con familiares y amigos como complemento del correo postal, así como la incorporación de puntos de acceso a redes de información en las bibliotecas.

El número de mujeres asesinadas por violencia de género en lo que va de 2021 se ha incrementado hasta 27 en lo que va de 2021, tras confirmarse el asesinato de una mujer de 76 años en Madrid. Así, el número de mujeres asesinadas por violencia de género en España asciende a 1.105 desde el año 2003, cuando se empezaron a recopilar estos datos.

El último caso confirmado es el de una mujer de 76 años asesinada presuntamente por su cónyuge este jueves 22 de julio. Según informa el Ministerio de Igualdad en un comunicado, la mujer no tenía hijos ni hijas menores de edad, pero sí tres mayores de edad, y no existían denuncias previas por violencia de género contra el presunto agresor.

La ministra de Igualdad, Irene Montero y la delegada del Gobierno contra la Violencia de Género, Victoria Rosell, han expresado su "más absoluta condena y rechazo" a este asesinato machista y trasladan todo su apoyo a familiares y amistades de la víctima.

Tanto la ministra como la delegada, piden todos los esfuerzos desde las instituciones, administraciones y el conjunto de la sociedad para "llegar a tiempo y evitar más muertes".

El Ministerio de Igualdad, por medio de la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género, recuerdan que el teléfono 016, las consultas online a través del email 016-online@igualdad.gob.es y el canal del WhatsApp en el número 600 000 016, siguen funcionando con normalidad las 24 horas, todos los días de la semana.

En el 016 se puede pedir asesoramiento sobre los recursos disponibles y los derechos de las víctimas de violencia de género, así como asesoramiento jurídico de 8:00 a 22:00 horas todos los días de la semana, con atención en 52 idiomas y un servicio adaptado a posibles situaciones de discapacidad.

Por otro lado, también recuerdan que en una situación de emergencia se puede llamar al 112 o a los teléfonos de emergencias de la Policía Nacional (091) y de la Guardia Civil (062). En caso de que no sea posible realizar una llamada y ante una situación de peligro, se puede utilizar la aplicación ALERTCOPS, desde la que se enviará una señal de alerta a la policía con geolocalización. Estos medios de asistencia pueden ser activados por la víctima o por cualquier persona que conozca o sospeche de un caso de violencia de género.

Varias Comunidades Autónomas han vuelto a anunciar un día más restricciones en sus territorios ante lo que algunas califican como una "explosiva" subida de contagios de coronavirus y, en este contexto, Aragón, Navarra y Asturias han pedido aval a la Justicia para imponer un toque de queda selectivo en ciertos municipios con alta incidencia acumulada.

Por su parte, Cataluña ya ha encontrado la autorización de su Tribunal Superior de Justicia para prorrogar el toque de queda y la Comunidad Valenciana ha ratificado ampliarlo a más localidades.

También los tribunales han avalado otras medidas como el confinamiento de un pueblo de Jaén, la prohibición en Baleares de reuniones sociales entre las 01.00 y las 06.00 horas cuando la incidencia acumulada a 14 días supere los 450 casos por 100.000 habitantes y la limitación en Murcia de las reuniones informales a grupos de 10 personas como máximo.

Así, a las 16.00 horas de este jueves 22 de julio, este es el posicionamiento de las CCAA que se han pronunciado sobre la adopción de nuevas medidas:

ANDALUCÍA

La Junta de Andalucía activará desde este jueves, 22 de julio, los nuevos límites de aforo contemplados para los establecimientos de hostelería con el objetivo de frenar los contagios de Covid-19, y desde las 0,00 horas del próximo domingo, 25 de julio, hará lo propio con los salones de celebraciones. Además, El Tribunal Supremo ha avalado el confinamiento del municipio de Peal de Becerro (Jaén).

ARAGÓN

El Ejecutivo autonómico solicitará al Tribunal Superior de Justicia de Aragón (TSJA) la limitación de la movilidad entre las 01.00 y las 06.00 horas, en las ciudades de Huesca, Jaca, Monzón y Barbastro, debido a la elevada incidencia de casos de coronavirus.

ASTURIAS

El Gobierno del Principado pedirá autorización al Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA) para implantar a partir de agosto el toque de queda nocturno, entre las 01.00 y las 06.00 horas, en aquellos municipios con incidencia de contagios superior a 350 casos.

BALEARES

El Tribunal Superior de Justicia de Baleares (TSJIB) ha avanzado este jueves que autoriza las medidas sanitarias adoptadas por el Consell de Govern de este lunes como la prohibición de reuniones sociales entre las 01.00 y las 06.00 horas cuando la incidencia acumulada a 14 días supere los 450 casos por 100.000 habitantes.

CANARIAS

El presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, confía en que el "contundente" informe enviado al Tribunal Supremo permita el toque de queda en las Islas con nivel 3 ó 4, y espera que a lo largo de esta semana ya se pueda tener una respuesta.

CANTABRIA

Cantabria solicitará al Tribunal Superior de Justicia de Cantabria (TSJC) prorrogar el toque de queda de 1.00 a 6.00 horas en vigor en 53 municipios otros 14 días más "si los datos no mejoran".

CASTILLA Y LEÓN

El Boletín Oficial de Castilla y León (Bocyl) ha publicado ya las medidas especiales adoptadas en el Consejo de Gobierno extraordinario de la Junta para frenar la expansión del coronavirus en la Comunidad, y que se centran en la hostelería y restauración, ocio nocturno, peñas y celebraciones y espectáculos públicos.

CASTILLA-LA MANCHA

La portavoz del Gobierno de Castilla-La Mancha, Blanca Fernández, ha asegurado que la región "no tiene necesidad" de implementar restricciones por la COVID ya que los datos de hospitalizados tanto en cama como en UCI "están por debajo de la mitad que la media nacional".

CATALUÑA

El Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) ha avalado el decreto del Govern para prorrogar una semana más el toque de queda, que afectará a cuatro municipios más que la semana pasada, con 165 en total. De este modo, la limitación a la movilidad nocturna será de 1 a 6 horas de la madrugada en estas localidades.

EXTREMADURA

El aislamiento perimetral de las nueve localidades extremeñas solicitado por la Junta de Extremadura y autorizado por el Tribunal Superior de Justicia de la comunidad (TSJEx) entró en vigor a las 00,00 horas de este miércoles, 21 de julio, por un periodo de 14 días. Sin embargo, los tribunales no avalaron el toque de queda selectivo reclamado por el Ejecutivo extremeño.

EUSKADI

El portavoz del Gobierno Vasco, Bingen Zupiria, no ha descartado que el Lehendakari, Iñigo Urkullu, anuncie este jueves por la tarde nuevas medidas para frenar la propagación de la covid-19. El pasado martes, el jefe del Ejecutivo vasco ya pidió por carta a Pedro Sánchez establecer un toque de queda y recuperar el uso obligatorio de la mascarilla en espacios abiertos.

GALICIA

La Xunta de Galicia limitará desde este sábado las reuniones a seis personas en el interior y a 10 en el exterior, o dos unidades de convivientes en ambos casos, debido a la situación epidemiológica por la Covid-19. Además, permitirá el acceso a los locales de restauración y hostelería en zonas de nivel máximo --donde hasta ahora tenía que estar cerrado-- y alto --donde no se podía acceder al interior-- a personas que presenten certificado de vacunación completa, que pasasen la enfermedad o bien cuenten con un test negativo en las últimas 72 horas.

LA RIOJA

La portavoz del Ejecutivo regional, Sara Alba, ha anunciado que La Rioja en su conjunto continuará, al menos, una semana más en el Nivel 2 del Plan de Medidas, según Indicadores, conocido como Semáforo.

MADRID

La presidenta de la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso, ha descartado poner en marcha nuevas restricciones para frenar el coronavirus en Madrid y apuesta por continuar con las medidas implantadas hasta ahora: "No, todavía no. Por ahora vamos bien en Madrid".

MURCIA

El Tribunal Superior de Justicia de la Región de Murcia (TSJMU) ha acordado este jueves ratificar la medida de limitar las reuniones informales a grupos de 10 personas como máximo, salvo que se trate de convivientes, adoptada por la Consejería de Salud, con carácter temporal, por Orden de 20 de julio para la contención y control de la epidemia ocasionada por el virus SARS-COV-2.

NAVARRA

El Gobierno de Navarra va a remitir este jueves al Tribunal Superior de Justicia de Navarra (TSJN) una orden foral en la que pedirá la aplicación del toque de queda durante los fines de semana y los días festivos, así como para los días en los que se deberían haber celebrado fiestas en las distintas localidades navarras.

COMUNIDAD VALENCIANA

El Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) ha autorizado, tal y como había solicitado la Generalitat, la restricción de la movilidad nocturna entre la 1 y las 6 horas en las 77 localidades de más de 5.000 habitantes que presentan un mayor riesgo epidemiológico por Covid-19. Igualmente, el alto tribunal da luz verde a la limitación a un máximo de 10 personas de las reuniones sociales y familiares en toda la Comunidad.

WWF ha reclamado este jueves al Gobierno que rectifique y apoye "urgentemente" la inclusión de la Gran Barrera de Coral en la Lista de Lugares en Peligro Del Comité de Patrimonio Natural de la UNESCO y califica de "insólita" la posición de España en el bloque de "los países negacionistas del cambio climático".

Así, reclama al Ministro de Asuntos Exteriores y al Gobierno de Pedro Sánchez una "rectificación urgente" antes de la reunión de mañana, que abandone este grupo de países negacionistas y apoye la propuesta de la propia UNESCO y de los países más avanzados.

Este viernes se reúne el Comité del Patrimonio Mundial de UNESCO para discutir y votar una propuesta clave para salvar la amenazada Gran Barrera de Coral de Australia. Si bien, la ONG asegura que el Ministerio de Asuntos Exteriores, dirigido por José Manuel Albares, se ha posicionado en contra de la misma.

La Gran Barrera de Coral es el sistema de arrecifes de coral más emblemático del mundo y está designada como Patrimonio de la Humanidad en reconocimiento a su Valor Universal Excepcional.

Informes científicos y especialistas en clima y en los arrecifes de coral del mundo, alertan de que este valioso ecosistema se encuentra claramente en peligro debido al cambio climático, ya que el calentamiento de las aguas está provocando episodios de blanqueamiento de corales.

La UNESCO y la UICN han constatado que la calidad de las aguas continúa empeorando, por este motivo han presentado la propuesta 44 COM 7B.901 para que la Gran Barrera de Coral se incluya en la Lista de Patrimonio Mundial en peligro.

El gobierno de Australia, uno de los países con más emisiones de CO2 per cápita del mundo y claramente posicionado en contra de la lucha del cambio climático, ha presentado una enmienda para debilitar esta propuesta y continuar así con un seguimiento laxo de la situación, evitando tomar medidas eficaces para revertir esta dramática situación.

En esta posición ha conseguido el apoyo de un bloque de 12 países con España a la cabeza, junto a países como Hungría, Rusia, Bahréin, Arabia Saudí o Nigeria, entre otros.

Para la ONG es "inexplicable" que el Ministerio de Asuntos Exteriores de España ha decidido apoyar esta enmienda y alinearse con los países negacionistas, poniendo así en riesgo el futuro de uno de los hábitats más valiosos y a la vez más amenazados del mundo.

WWF asegura que según fuentes cercanas a las negociaciones, la decisión unilateral del Ministerio de Asuntos Exteriores podría estar relacionada con un posible trueque en las negociaciones que España tiene en curso, lo que sería "aún más grave e injustificable".

"Se trata de un posicionamiento sorprendente e insólito por parte del Gobierno de España que ha hecho de la transición ecológica y de la lucha contra el cambio climático una de sus principales banderas internacionales. Sin embargo, ahora se alinea con quienes niegan esta amenaza y no asumen su parte de responsabilidad a la hora de adoptar medidas para poner freno a una amenaza global, que nos afecta a todos", lamenta la organización en un comunicado.

Para el secretario general de la organización, Juan Carlos del Olmo, España "no puede estar en esta foto con los países negacionistas".

"Es muy grave. La Gran Barrera de Coral está gravemente amenazada. Si no actuamos ahora, el mundo perderá uno de sus grandes iconos naturales para siempre", alerta.

Por ello considera "totalmente inaceptable" que el Ministerio de Asuntos Exteriores se haya alineado con los países negacionistas para bloquear y descafeinar la propuesta de la UNESCO, por lo que supone que es un "intercambio de favores" y pone "en entredicho" la liderazgo ambiental de España y del gobierno de Pedro Sánchez. "No lo podemos consentir", apostilla.

El número de heridos por la entrada masiva de inmigrantes que se ha producido este jueves en la valla que separa Melilla de Marruecos se ha elevado a 20, concretamente, 17 migrantes y tres guardias civiles.

Según ha informado un portavoz de la Delegación del Gobierno, 17 de los 238 migrantes que han accedido a la ciudad española trepando la doble valla de seis metros de altura cada una "han resultado con heridos leves (contusiones), y uno con fractura de tibia y peroné, que se encuentra en el Hospital Comarcal".

Asimismo, ha confirmado que también han resultado lesionados tres agentes de la Guardia Civil "de forma leve" cuando participaban en el dispositivo para intentar frenar la entrada de personas migrantes registradas sobre las 06,50 horas, "dos de ellos como consecuencia de las heridas producidas por los garfios".

DIEZ GUARDIAS CIVILES HERIDOS EN DIEZ DÍAS

Con ello, aumentan a diez los guardias civiles heridos en la valla en los últimos diez días, después de cinco lesionados el 12 de julio, cuando accedieron 119 migrantes, y dos el día 14 de julio, donde pasaron una veintena de subsaharianos.

En estos sucesos, que protagonizan cientos de personas, tanto la Delegación del Gobierno en Melilla como las asociaciones profesionales de la Guardia Civil y sindicatos de la Policía Nacional denuncian la violencia empleada por los asaltantes, al hacer frente a los dispositivos policiales que intentan frenar sus entradas provistos de barras de hierro, palos, piedras y garfios, entre otros objetos.

La totalidad de los migrantes que han logrado acceder a suelo español pasarán la cuarentena en las dependencias que se han habilitado para ello en el propio CETI, por si estuvieran afectados por el Covid-19.

El salto de la mañana de este jueves, que podría superar las 200 personas, se produce en plena celebración de la pascua grande islámica, el Aid el Kebir, que comenzó este miércoles 21 de julio y cuyos festejos suele durar tres días, fechas festivas que suelen elegir los migrantes pensando en una posible menor presencia policial, tanto en Marruecos como en Melilla.