Fira de Barcelona y la Advanced Material Preparedness Taskforce (AMPT), junto con Mobile World Capital, han presentado el nuevo congreso Puzzle X, que girará entorno a las tecnologías de materiales de frontera o avanzados y que se celebrará del 16 al 18 de noviembre en Fira.

Lo han explicado en una rueda de prensa este miércoles en el marco del Mobile World Congress (MWC) en la que han participado el presidente del consejo de administración de Fira de Barcelona, Pau Relat; la directora general de AMPT, Zina Jarrahi, y el director ejecutivo de GSMA, John Hoffman.

También han participado el director general de Industria y Pequeña y Mediana Empresa del Gobierno, Galo Gutiérrez; el secretario de Políticas Digitales de la Generalitat, David Ferrer, y la tercera teniente de alcalde de Barcelona, Laia Bonet.

Jaharri ha asegurado que la previsión es que la primera edición del nuevo congreso reúna entre 400 y 500 líderes del sector a escala global, y en las siguientes ediciones espera un crecimiento exponencial.

Ha explicado que la intención no es solo hacer un congreso presencial sino también crear «el primer ‘hub’ de actividades del mundo de los materiales de frontera» con el fin de atraer talento a Barcelona, que también contará con una aceleradora de ‘statups’.

«Todos los sectores están relacionados con estos materiales», ha asegurado, y ha añadido que se trata de materiales cuánticos, de baja dimensión, materiales 2D como el grafeno, materiales avanzados y compuestos inteligentes.

RESOLVER DESAFÍOS

El objetivo de este nuevo congreso es usar estos materiales para «resolver algunos de los desafíos a los que se enfrenta la sociedad».

Jarrahi ha asegurado que estos materiales ya se están usando en aplicaciones como los materiales ultraligeros, los tatuajes con biosensores o los filtros de agua ultraeficientes, pero ha señalado que «lo importante son los usos que aún no se conocen».

Además, ha destacado que cada año el congreso fijará su atención en cuatro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la ONU, que en 2021 será el de ciudades sostenibles, salud y bienestar, acción climática y industria, innovación e infraestructuras.

Relat ha apuntado la importancia de este nuevo congreso y ha explicado que «la iniciativa reúne la innovación tecnológica y el compromiso social», además de celebrar el retorno de la actividad presencial en Fira de Barcelona.

«INTERÉS ENORME» PARA GSMA

Por su parte, Hoffman ha dicho que GSMA no forma parte oficialmente del nuevo congreso, pero es de «un interés enorme porque el ecosistema del futuro se construirá en los materiales de frontera».

El responsable del MWC ha apuntado que «Puzzle X resolverá los problemas de la humanidad ahora y para siempre» y ha admitido que ambos congresos tendrán una relación estrecha con el fin de crecer conjuntamente.

Gutiérrez ha asegurado que «los nuevos materiales no son solo el futuro, son el presente» y ha destacado la importancia del I+D en sectores como la construcción o los automóviles.

Ferrer ha elogiado Barcelona como polo de atracción del talento tecnológico y ha señalado que el nuevo congreso posiciona la ciudad «como líder en tecnología y digitalización.

Por su parte, Bonet ha señalado que «Barcelona es la capital digital de España y el ‘hub’ tecnológico del sur de Europa» y que este proyecto es, textualmente, otra prueba de la ambición de Barcelona para ser pioneros en la construcción del futuro.

La Sección Segunda de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ha absuelto por falta de pruebas a los internos que coincidieron en la cárcel de Valdemoro y a los que la Fiscalía les imputaba un delito de integración en organización terrorista y un delito de proposición a cometer atentados terroristas.

«Durante el tiempo en que estuvieron juntos no se ha acreditado, en el presente juicio, que realizaran actividades de captación con fines yihadistas (…) y tampoco se ha acreditado que ofrecieran a alguno de los internos, con los que compartieron espacios comunes, realizar atentados a cambio de dinero para ellos, o para su familia», dice la sentencia.

Tampoco se ha podido demostrar que obligaran a determinados internos a realizar rezos o a rechazar determinada comida por razones religiosas. Y el tribunal sentenciador indica que en concreto no se ha probado que tres de los acusados propusiera a un testigo protegido en el gimnasio del penal que a su salida cometiera un atentado, manifestándole que tenían un contacto importante con el DAESH que se encargaría de pagar a su familia por ello.

Asimismo, incide la Sala en que tampoco existe indicio o corroboración de que dicha conversación fuera escuchada por otro testigo protegido, ni que el que se negó a la proposición fuera golpeado. Continua apuntando que tampoco existe prueba ofrecieran un trato análogo a otro preso al que le invitaron a que portara una mochila con bombas a diferentes sitios de Madrid.

VARAPALO A LA FISCALÍA

Así, la Sala echa por tierra el escrito de calificación del Ministerio Público, que sostenía que formaban parte de un grupo con «un alto grado de radicalización yihadista» que se hacía temer en la cárcel por su carácter violento y que obligaba a otros reclusos a unirse a su actividades religiosas.

Bajo la dirección de uno de ellos se dedicaban a la captación de miembros y al adoctrinamiento de internos que tenían perfiles de personalidad cercanos a la exclusión social por su dependencia a las drogas, decía el Ministerio Público. Además, señalaba que el objetivo era incorporarlas para realizar acciones terroristas de carácter yihadista, y que para tal fin habían concebido un plan para la compra de armamento y de explosivos.

El tribunal constata en su resolución que otra de las pruebas, una tarjeta SD en la que en principio había contenido yihadista y que llegó a manos de uno de los testigos protegidos, realmente nunca llegó a ser presentada físicamente en la causa.

En total son nueve las personas absueltas, una de ellas era funcionario del centro penitenciario de Valdemoro sobre el que pesaba el delito de cohecho. El tribunal apunta sobre él que no se ha acreditado que otro de los acusados ordenara a una persona en el exterior que pagara a ese funcionario a cambio de que introdujera un móvil en la prisión para el cabecilla de la organización, y las cámaras de la estación de tren en las que se podría haber captado un encuentro no son nítidas.

LA PELÍCULA ‘BLOW’

Entrando en la valoración de la prueba practicada, la Sala apunta respecto al presunto cabecilla, que el hecho de que tuviera en su perfil de whatsapp una foto con una persona encapuchada y la frase «no me voy a echar para atrás, ni tampoco voy a rendirme. Dios me hizo para ‘gherriar’ y así moriré. Blow», no añade nada a la causa.

Recuerda el tribunal que esa frase es de una película de 2001 titulada ‘Blow’, y que el acusado ya dijo que el filme va sobre un traficante que muere en la cárcel.

Sobre las expresiones que usaba en conversaciones telefónicas intervenidas, «no hay peores hijos de puta que los españoles» o «año nuevo, si Allah quiere, voy a quemar a todos los marroquíes», apunta la Sala que no pueden extrapolarse del contexto en que son pronunciadas y lo califica de «exabruptos vertidos en conversaciones privadas en las que no existe la más mínima corroboración que se refieran a intenciones reales de provocar o cometer dichos hechos».

HEROÍNA Y UN «EXPEDIENTE GUARRO»

Por otro lado, el tribunal pone el foco en su sentencia en la «marcada inconsistencia de los testigos protegidos que sirven de fundamento a la acusación». Apunta que mientras unos no confirman sus declaraciones, otros incurren en «palmarias contradicciones que evidencian la imposibilidad de que sus testimonios puedan servir de prueba de cargo para el sustento de eventuales condenas».

El ponente destaca que uno de ellos era muy conflictivo en la cárcel –el mismo dijo que tenía «el expediente más guarro que hay»–, y de otro destaca que reconoció que trapicheaba con drogas en la prisión y que parte del precio por atentar sería en droga. Otro de los testigos, también preso de Valdemoro afirmó que los acusados no habían hecho nada, que la policía le obligó a confesar un delito y que él estaba enganchado a la heroína.

Si bien el tribunal considera que las inconsistencias de los testigos protegidos «bastaría para cerrar» los fundamentos de la sentencia absolutoria porque «arrojan una duda racional sobre los hechos y el inicio de las investigaciones», suma que otro testigo insistió en que «no vio que se obligase a alguien a rezar ni que reclutaran gente para la Yihad». De hecho apuntó a una animadversión entre uno de los testigos y otro de los encausados.

El plenario indica pues que al menos tres testigos «tenían y tienen serios problemas con las drogas, alguno de hecho con medicación psiquiátrica y con serios problemas de consumo en prisión que les hace ser problemáticos tanto a nivel de comportamiento, con serias peleas y amenazas a otros internos, como a nivel de su cognición de los hechos».

Y consideran los magistrados que sus declaraciones no pueden valorarse correctamente sin un informe pericial que justifique su estado mental, dada su irritabilidad y seria dependencia de sustancias psicotrópicas. «La vulnerabilidad que presentan, ciertamente, les podría llevar a confundir la realidad o justificarla según sus necesidades momentáneas y su situación psíquica», añade.

ORGANIZACIÓN TERRORISTA

Por otro lado, tras analizar la prueba el tribunal señala que en el caso no se da las circunstancias propias de un delito de integración en organización terroristas de los encausados. Y aclara que no se ha acreditado relación alguna «del pretendido grupo de los acusados con una urdimbre permanente y estable de personas conjuradas a un determinado fin».

Añade que más allá de su paso por el módulo 6 del Centro de Valdemoro, no existe prueba de relaciones anteriores o posteriores que los sitúen en la escena de un posible atentado y que no se ha probado que los mismos manejaran cuentas o caudales para tal fin, que hubiera una intencionalidad real de la comisión de atentados y una posibilidad apriorística de llevarlos a cabo.

Excluyen la calificación de los hechos como colaboración, captación y reclutamiento de personas para la lucha armada al no haberse aportado datos de integración de los acusados en alguna estructura. Y añade que el contacto de estos a través de redes sociales con determinado material de contenido extremista, «no significa per se el desarrollo de actos de colaboración o adoctrinamiento».

Afiliados críticos de Ciudadanos han presentado sus candidaturas para las elecciones internas al Consejo General, que se celebran el próximo viernes para cubrir las 23 vacantes que han quedado en este órgano en los últimos meses, y han acusado a la dirección del partido de dificultar la participación de los militantes en este proceso.

Aunque la postulación de los candidatos es individual, algunos de los que se presentan lo hacen como integrantes de Renovadores Cs, una corriente crítica que lleva tiempo exigiendo que se celebre una nueva Asamblea General porque sostiene que la convención política del 17 y el 18 de julio, impulsada por Inés Arrimadas para «relanzar» el partido, no servirá para aprobar cambios estratégicos e ideológicos.

Este grupo considera que el Comité Ejecutivo encabezado por Arrimadas ha demostrado su «nulo respeto por los procesos electorales y participativos» de Ciudadanos por la forma en la que ha organizado las elecciones al Consejo General, el máximo órgano del partido entre congresos.

Concretamente, censuran que se comunique «con menos de cinco horas de antelación» que los afiliados que deseen presentarse tienen para ello un plazo de 24 horas, desde las 22.00 horas del martes hasta la misma hora de este miércoles.

Por si esto «no fuera suficiente atropello a la democracia participativa, se fija el 2 de julio para la votación y en horario de 8.00 a 18.00 horas, es decir, un día laborable en un horario laborable», señala Renovadores Cs en un comunicado, que ve «evidente» que el Comité Ejecutivo «pretende dificultar al máximo la participación de los afiliados en estas elecciones».

La convocatoria electoral fue aprobada por el Consejo General en la reunión ordinaria que mantuvo este martes a las 10.00 horas, de la cual el partido no había informado previamente a los medios de comunicación.

CUBRIR LAS 23 BAJAS QUE HAY EN EL CONSEJO GENERAL

Este proceso era obligado ya que los Estatutos de la formación naranja establecen que si entre los 125 consejeros que son miembros electos de este órgano hay un número de vacantes que supongan al menos el 10 por ciento de ese total, se deberán convocar elecciones para cubrirlas. En este caso, las 23 bajas representan algo más del 18 por ciento.

La última vez que se renovó el Consejo General fue en la Asamblea General celebrada en la primavera de 2020, pero a lo largo de los meses se han ido produciendo bajas, muchas de las cuales corresponden a cargos y afiliados que han dejado el partido por discrepancias con la actual dirección.

Para optar a cubrir las 23 vacantes, cualquier militante de Cs con una antigüedad mínima de 18 meses puede presentar su candidatura y el viernes se votará de manera telemática entre las 8.00 y las 18.00 horas. Los elegidos podrán tomar posesión de sus cargos en la siguiente reunión del Consejo General.

Además de mostrar su desacuerdo con la forma en que se han organizado estas elecciones, Renovadores Cs ha advertido de que la votación, que se realizará a través de la web del partido y será supervisada por la Comisión de Garantías, carece de «las debidas garantías». «No existen urnas, ni censo, ni interventores que velen por la transparencia y limpieza» del proceso, ha indicado.

RENOVADORES Cs PRESENTA 15 CANDIDATOS

Pese a la desconfianza que les genera todo esto, estos militantes críticos presentarán 15 candidaturas. Prometen trabajar por la celebración de una Asamblea extraordinaria que «culmine la refundación de Ciudadanos para devolver la ilusión y el protagonismo a los afiliados» y «recuperar la credibilidad ante los españoles».

Asimismo, propondrán que las votaciones para decidir la composición de los órganos del partido se hagan mediante un sistema de listas abiertas en el que cada elector tenga un mínimo de votos igual a dos tercios de las plazas que deban cubrirse para asignarlos a candidatos individuales, de manera que puedan estar representadas «las diferente sensibilidades del partido» y se evite que «un 51 % del partido cope el 100 % de los órganos internos».

Por último, Renovadores Cs, entre cuyos impulsores hay varios exdiputados del Parlament de Cataluña, como Antonio Espinosa, pretende sustituir la elecciones telemáticas por votaciones presenciales con presencia de interventores ajenos al partido y eliminar los compromisarios natos de la Asamblea General para que todos los representantes que participen en este encuentro sean escogidos por la militancia.

Otros afiliados ajenos al sector oficialista que ya han anunciado su candidatura al Consejo General son Juan Carlos Bermejo y Víctor Gómez Frías. Este último ha lamentado que no se convocaran antes estas elecciones, en el momento en que se superó un 10 por ciento de vacantes, que no esté disponible la cifra del censo y que no se audite el sistema de votación.

Igualmente, ha criticado la escasa antelación con la que se ha anunciado el comienzo del plazo para presentar candidaturas, así como el periodo de tiempo fijado para una votación «online, sin escrutinio, ni interventores, ni controles». «Cs no puede abanderar la regeneración democrática si, en su funcionamiento interno, la Ejecutiva persiste en formas autocráticas», ha señalado.

IGEA NO SE POSTULARÁ

Mientras, el vicepresidente de la Junta de Castilla y León, Francisco Igea, que en febrero de 2020 compitió con Arrimadas en las primarias para liderar Ciudadanos y que actualmente no ocupa ningún cargo orgánico, ha dicho que no se postulará para ser miembro del Consejo General.

Ha justificado su decisión porque ahora está «completamente volcado» en su labor en el Gobierno autonómico y porque cree que «es momento de unidad y reflexión» en Cs y no quiere que su candidatura se pudiera interpretar «de manera equivocada».

No obstante, ha animado a los militantes a participar en la renovación del órgano, confiando en que, «a pesar de la premura, la elección se celebrará con las garantías necesarias». «Espero que nuestra próxima convención sirva para transmitir a los ciudadanos el mensaje liberal y regenerador que representa nuestro partido», ha añadido.

La Secretaría de Estado para la Agenda 2030 y 18 entidades y empresas públicas han firmado este miércoles un acuerdo marco de colaboración para avanzar en el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la Agenda 2030.

En el listado de empresas y entidades públicas estatales que han firmado este convenio se incluyen ADIF, ADIF-Alta Velocidad, Renfe, RTVE, Enaire, AENA, ICO, ISDEFE, Paradores, Loterías, SENASA, SASEMAR, Puertos del Estado, CDTI, SEGIPSA, ICEX, INECO y SEPES.

Dentro del ámbito de colaboración se incluye el intercambio de buenas prácticas en la implementación de los ODS y sus metas, y el desarrollo de proyectos conjuntos en la materia, incluyendo certificaciones de bienes y servicios.

Además, se recoge también la puesta en común de actividades de divulgación, o la realización de acciones formativas sobre los ODS, entre otras medidas.

En el acto de la firma celebrado este miércoles en el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030, el secretario de Estado para la Agenda 2030, Enrique Santiago, ha destacado que «este convenio supone un refuerzo a la implementación de la Agenda 2030 para el desarrollo sostenible en España».

Para Santiago, esta firma «refleja el firme compromiso de la Administración General del Estado, incluyendo a las empresas y entidades públicas estatales en la implementación de la Agenda 2030 y de la Estrategia de Desarrollo Sostenible 2030».

Santiago ha querido agradecer a los más de 60.000 trabajadores de las empresas firmantes, «que a diario despliegan por todos los rincones del país los valores de servicio público, protección ambiental, reducción de las brechas de género, inclusión social, cohesión territorial y desarrollo económico sostenible» y que «especialmente han demostrado su contribución al país en estos meses de pandemia prestando muchos de los servicios esenciales en momentos tan necesarios».

El secretario de Estado de Agenda 2030 ha afirmado que «los próximos meses y años también serán esenciales a la hora de garantizar una recuperación tras la pandemia, y poder salir con mejores niveles de sostenibilidad, justicia e inclusión.

Para ello, ha dicho que el papel coordinado de toda la Administración General del Estado, desde los Ministerios hasta las Empresas Públicas, será esencial a la hora de canalizar los fondos europeos para poder distribuirlos de forma «eficaz y equitativa» y conseguir «una transformación efectiva de nuestro modelo productivo».

En el acto de la firma del acuerdo también ha intervenido el presidente de ENAIRE y secretario de Estado de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Pedro Saura, que ha destacado que «este convenio es un compromiso de trabajo que acelerará la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible».

Además, ha asegurado que las empresas públicas pertenecientes al grupo Mitma «son agentes dinamizadores en un sector clave para la economía«, y ha mostrado su compromiso «para garantizar la sostenibilidad marcando unas prioridades conjuntas para contribuir a políticas aceleradoras dentro de este marco conjunto que representa el convenio que hoy se firma».

El Congreso ha culminado este miércoles la tramitación parlamentaria de la ley de medidas de prevención y lucha contra el fraude fiscal, tras avalar todos los cambios realizados por el Senado, incluyendo la limitación hasta final de año de la congelación del impuesto de matriculación, pactada por el PSOE y el PDeCAT.

Sin embargo, la principal discusión ha girado en torno a una de las enmiendas que no ha llegado a votarse pese a que sí fue aprobada por la Cámara Alta; la rebaja al 10% del IVA aplicado sobre las peluquerías a partir del próximo año.

Esta enmienda fue incorporada al texto de la ley antifraude tras ser respaldada por todos los grupos en el Senado a excepción del PSOE, pero después fue anulada por la presidenta de la Cámara, Pilar Llop, a instancias del Gobierno alegando que el cambio era fruto de una transaccional entre dos enmiendas que no guardaban congruencia entre ellas y suponía una merma de ingresos para el Estado.

EL PNV NO VOTA EN PROTESTA POR LA SUSPENSIÓN DE LLOP

Una suspensión que, en todo caso, ha sido afeada por todos los grupos, tildándola de «cacicada» (ERC), «latrocinio legislativo» (Vox) o «escándalo mayúsculo» (PP). De hecho, el PP ha tratado sin éxito de aplazar la votación de la ley a la espera de resolver el recurso presentado en el Senado al respecto.

Por su parte, el PNV ha rechazado directamente votar las enmiendas como forma de protesta a esta suspensión, recordando que la enmienda ya había sido admitida a trámite por la Mesa del Senado, que no modificaba los Presupuestos en vigor y que esta decisión puede provocar inseguridad jurídica.

Por su parte, la portavoz fiscal del PSOE en el Congreso, Patricia Blanquer, ha acusado al PP de «pretender encubrir con otros temas el debate» de la reforma de la regulación contra el fraude fiscal «de forma torticera y antirreglamentaria».

CC TAMBIÉN QUISO FRENAR LAS VOTACIONES

No ha sido el único foco de conflicto, ya que la diputada de Coalición Canaria, Ana Oramas, ha criticado que el Gobierno haya modificado el Régimen Económico y Fiscal (REF) de Canarias cuando según el Estatuto debe contar con el aval de la Cámara autonómica. Por ello, ha asegurado que trató de paralizar la tramitación de la norma para evitar su entrada en vigor y abrir una negociación bilateral con el Gobierno central.

La propia presidenta del Congreso, Meritxel Batet, ha replicado al término de su intervención a la diputada canaria para señalarle que su escrito había llegado fuera de plazo, con el Pleno en marcha, y su petición requería, para ser siquiera tomada en cuenta, el apoyo de dos grupos o una quinta parte de todos los diputados, y el suyo solo estaba firmado por ella.

Más de 4.000 personas de 152 países de todo el mundo han fijado en Madrid, durante la celebración de la Cumbre Mundial de la Ceguera (‘World Blindness Summit Madrid 2021’), el futuro de más de 285 millones de personas ciegas que reivindican un futuro inclusivo en materias de acceso a la educación, el empleo, la cultura y todos los ámbitos de la vida.

En el acto de clausura, la vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, se ha comprometido a seguir trabajando «por los derechos» de las personas con discapacidad para que «en igualdad de oportunidades y en libertad, construyan sus proyectos personales de vida».

Así lo ha señalado en el cierre del mayor evento mundial de las personas ciegas nunca antes celebrado, con más de 4.000 participantes de 152 países de todo el mundo, coorganizada por el Grupo Social ONCE, la Unión Mundial de Ciegos (UMC) y el Consejo Internacional de Educación para personas ciegas (ICEVI), según detallan sus impulsores.

En su intervención, Calvo ha subrayado que «no se trata de integrar, sino de incluir» y ha apelado al esfuerzo de toda la sociedad, incluyendo a poderes públicos y privados, reconociendo que este camino «requiere de una modificación normativa». «Tenemos que seguir verificando la calidad de los derechos de los que gozan las democracias en función de la calidad de vida de las personas con discapacidad», ha indicado.

Por ello, ha destacado la modificación del artículo 49 de la Constitución Española que no solo va a dejar de denominar «de manera casi denigratoria» a 4 millones de personas con discapacidad en España, «sino que va a significar un firme compromiso para una sociedad inclusiva, libre y fuerte, cuando sus derechos y oportunidades se conviertan en la fortaleza de la democracia».

Por su parte, el presidente del Grupo Social ONCE, Miguel Carballeda ha destacado la importancia de poder hacer esta cumbre a pesar de las dificultades. «Hemos cumplido nuestro compromiso con la Unión Mundial de Ciegos (UMC) e ICEVI, para debatir sobre el futuro de los 285 millones de personas ciegas que hay en todo el mundo, que queremos ser parte en igualdad de oportunidades en la sociedad», ha afirmado.

En este sentido ha subrayado la importancia de las personas y los equipos, porque «unidos llegaremos más lejos y conseguiremos más cosas, sin dejar a nadie de la sociedad civil atrás». Fruto de este trabajo conjunto, Carballeda ha destacado que todos los grupos políticos del Congreso y el Senado han apoyado la celebración de esta Cumbre Mundial de la Ceguera «que ha puesto a España, y a Madrid, como referente de la inclusión de las personas ciegas en todo el planeta».

Mientras, la Secretaria de Estado de Asuntos Exteriores, Cristina Gallach, ha calificado esta cumbre como «un evento vanguardista, disruptivo e innovador» que ha servido para abordar retos y objetivos que permiten concienciar a la sociedad civil y seguir avanzando «en la mejora de los derechos de millones de personas ciegas».

En este sentido ha resaltado el compromiso del Grupo Social ONCE con la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible, así como «su modelo de inclusión con impacto en España y fuera de nuestras fronteras». «Habéis conseguido poner a España en el centro de la inclusión mundial», ha añadido, antes de indicar que «tenéis en mí una aliada en la defensa de los derechos de las personas con discapacidad».

En este cierre de la Cumbre, la recientemente elegida como presidenta de la Unión Mundial de Ciegos, Martine Abel Williamson, intervino desde Nueva Zelanda para destacar la importancia que tienen las organizaciones representativas de personas con discapacidad y recordar que las personas ciegas «tenemos que ser valientes y seguir adelante todos juntos y unidos, por un futuro mejor».

La presidenta de ICEVI, Frances Gentle, ha destacado la importancia que tiene el braille impulsar la educación de los niños y niñas ciegas de todo el mundo. «Gracias a la magia de los seis puntos que forman el braille, las puertas del conocimiento se han abierto de par en par para las personas ciegas. Nunca nos sentimos tan libres como cuando sostenemos un libro en braille sobre nuestras rodillas», ha indicado.

APOYO INSTITUCIONAL

Un alto número de autoridades nacionales e internacionales han querido dar su apoyo de forma presencial o virtual a la Cumbre Mundial de la Ceguera. La Reina Letizia estuvo en la inauguración, y también asistieron las presidentas del Congreso y el Senado, Meritxell Batet y Pilar Llop; así como el ministro de Inclusión, José Luis Escrivá; la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso; el alcalde de la capital, José Luis Martínez-Almeida; el secretario de Estado de Derechos Sociales, Nacho Álvarez; y distintos embajadores y representantes del cuerpo diplomático acreditado en España.

Desde fuera de las fronteras han participado el Alto Representante de la UE para Asuntos Exteriores, Josep Borrell; la comisaria Europea de Igualdad, Helena Dalli; o el secretario general de la ONU, António Guterres, quien quiso dar su apoyo a la celebración de la World Blindness Summit Madrid 2021 con la firma de una carta en la que se comprometió con las personas ciegas del mundo a trabajar por su inclusión.

Además, numerosas entidades públicas y privadas han querido apoyar la celebración en Madrid de esta cumbre celebrada bajo el lema ‘La mirada de todos’, donde se han desarrollado más de 50 debates sobre múltiples temáticas que afectan a las personas ciegas en los ámbitos de la educación, formación, empleo, autonomía, tecnologías, lectura, cultura o deporte, entre otras.

La Comunidad de Madrid ha abierto expediente a un profesor de Biología del IES Complutense de Alcalá de Henares tras las quejas de los padres por no ajustarse al currículum de la asignatura, pero desde la asociación Abogados Cristianos aseguran que solo defendía lo que es «biológicamente evidente».

La asociación ha lanzado una recogida de firmas a través de su página web, que ya suma más de 16.500, para pedir a la Comunidad de Madrid que vuelva a readmitir al profesor de Biología, tras, según han señalado, ser suspendido por defender que solo existen dos sexos, y ha sostenido que ha dicho «verdades científicas».

Además, ha pedido al consejero de Educación de la Comunidad de Madrid, Enrique Ossorio, que destituya a la directora del centro y a la inspectora encargada que «intimidaron y discriminaron» al profesor.

Así, ha defendido que el profesor es un funcionario interino en el IES Complutense de Alcalá de Henares, que da clase a alumnos menores de 15 años como profesor de Biología y Geología y es «un profesional de los pies a la cabeza que cuenta con la estima de sus compañeros y alumnos».

«Sin embargo ha ocurrido algo que es más propio de una novela de Orwell que de un instituto en España. Jesús ha sido suspendido de empleo y sueldo por defender lo que es biológicamente evidente: que sólo existen dos sexos, hombre y mujer con cromosomas XY y XX», han defendido desde la asociación.

Aseguran que esto se debe a que la directora del centro y la inspectora encargada responden «ante la apisonadora ideológica del colectivo LGTBI». «A la hora de pedirle explicaciones, ambas tuvieron una actitud represiva contra Jesús, haciendo un completo abuso de su poder, e intimidándole con preguntas impertinentes de carácter político e ideológico», han censurado.

Abogados Cristianos ha afirmado que no quieren que ningún colectivo sea «discriminado ni atacado», pero ha asegurado que no van a permitir que este profesor sea «suspendido de empleo y sueldo» por defender «unos hechos que están científicamente demostrados».

Por ello, han informado de que desde la asociación van a defender al docente en los tribunales. «Pero es necesario que este caso sea conocido en la sociedad para poder presionar a las autoridades educativas para que vuelvan a admitir a Jesús como profesor», han añadido.

EXPEDIENTE DISCIPLINARIO

Por su parte, el propio Ossorio, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, ha aclarado que el profesor no ha sido expulsado ni tampoco se le ha sancionado con seis meses de empleo y sueldo porque, además, «la directora no tiene competencias» para hacerlo.

«Simplemente se ha abierto un expediente disciplinario por parte de la Inspección Educativa porque ha habido múltiples denuncias de las familias. Había denuncias de las familias diciendo que no estaban de acuerdo con los apuntes que se daban en esa clase, con las enseñanzas que se producían porque consideraban que no eran acordes con el currículum de Biología», ha detallado.

El consejero de Educación ha incidido en que cuando sucede algo así la Inspección acude al centro y comprueba lo qué ha pasado. A la vista de las circunstancias, la Inspección «tomó una medida cautelar que consiste en que el profesor dejó de dar clase si bien se le han mantenido sus retribuciones básicas».

«Ahora la Inspección tiene que determinar qué es lo que ha sucedido y si han sucedido conductas sancionables o no han sucedido conductas sancionables», ha dicho a continuación.

Ossorio ha remarcado que la Consejería tiene «muy claro» que hay unos currículos que están fijados por decreto primero por el Gobierno de la Nación y luego por el Gobierno de la Comunidad que se tienen que dar y ha subrayado que, como han dicho otras veces, rechazan que haya «aleccionamiento en las aulas» porque en ellas se está para «aprender lo que dice el currículum que hay que aprender».

«TAN SOLO UNA MEDIDA CAUTELAR»

A esta cuestión, también ha reaccionado el IES Complutense a través de un comunicado difundido en redes sociales y firmado por la directora del centro, Ilenia Megías. En él, ha precisado que los directores de centros públicos no pueden cesar a ningún docente y que, pese a que es cierto que el profesor de Biología ha sido suspendido de forma cautelar de empleo, no es por las razones que se han expuesto.

El centro ha informado de que a finales del mes de abril recibieron varias quejas por escrito de familias y alumnos de 1º de la ESO en relación «a la práctica docente del profesor en cuestión».

Tras esto, la directora ha señalado que la Dirección General de Recursos Humanos decidió apartar cautelarmente a este docente. «La Consejería de Educación no va a apartar a un docente de Biología y Geología por afirmar que solo existen dos sexos, de ser así tendría que apartar a todos los docentes de Biología», ha defendido.

Sin embargo, ha afirmado que habrá «otras cuestiones a tener en cuenta para que se haya tomado esta decisión», además de insistir en que se trata de una medida cautelar.

«El expediente disciplinario incoado sigue su curso y el procedimiento no ha terminado», ha subrayado, a lo que ha añadido que, que se haga publica esta noticia cuando se está aprobando la ley Trans, parece «formar parte de la estrategia de defensa de este profesor ante el procedimiento disciplinario al que se enfrenta».

Vox ha registrado una proposición no de ley en el Parlamento andaluz de rechazo al aborto y al informe Matic, que «profundiza en las políticas que avanzan de forma implacable en la imposición de lacultura de la muerte».

Según ha informado Vox en una nota, el pasado 24 de junio las instituciones europeas dieron un paso más en la «intromisión delas competencias de los estados miembros aprobando una resolución que atenta contra el derecho primigenio que tenemos las personas, la vida, y sin el que no puede existir ningún otro, pues actúa como condición de los demás».

Para Vox, esta resolución es una seria «amenaza para nuestros derechos y libertades más elementales, ya que en no pocas ocasiones distintos gobiernos han empleado este tipo de iniciativas para justificar el avance y la imposición de su agenda ideológica desde una influencia internacional que socava la soberanía de las naciones afectando a sus legislaciones, tratando de confundirla con los derechos humanos, que son de carácter universal e inmutable».

Ante tal «amenaza», según Vox, el Parlamento andaluz debe «reafirmar su compromiso con la vida y la familia, así como el apoyo a todas aquellas madres que quieren y no pueden serlo ante el abandono de unas administraciones que prefieren financiar la práctica de abortos».

Sobre el registro de esta iniciativa, el portavoz de Vox en el parlamento andaluz, Manuel Gavira, ha dicho que el «aborto no es ni puede ser en ningún caso un derecho humano», y el aborto «no puede ser nunca motivo de celebración, y todos tenemos la obligación cívica y moral de revertirlo con políticas de apoyo decidido a la maternidad y la familia».

«La vida debe estar siempre en el centro de las políticas públicas de todas las administraciones», según Gavira.

Con esta proposición, Vox pretende que se apoye el derecho a la vida «desde el momento de la concepción y hasta la muerte natural y que el aborto no pueda considerarse un derecho».

Asimismo, pide el fomento de las políticas en defensa y protección de la vida solicitando que las mujeres reciban una información completa, transparente y veraz sobre la práctica del aborto, las condiciones del feto humano que vive en su seno, y las consecuencias físicas y psicológicas de practicar un aborto y proponiendo la puesta en marcha de ayudas de toda índole a las mujeres y familias que deciden seguir adelante con su embarazo.

Agentes de la Policía Nacional en Palma han detenido a un hombre de 43 años, como presunto autor de dos delitos de detención ilegal, dos delitos de agresión sexual, uno con penetración y otro en grado de tentativa, así como dos delitos de usurpación de funciones públicas.

Los agentes tuvieron conocimiento a través de una denuncia interpuesta por una chica que relataba que un hombre la metió a la fuerza en su coche e intentó agredirla sexualmente, haciéndose pasar por agente de la autoridad.

Según ha informado en una nota de prensa la Policía Nacional, los hechos se produjeron sobre las 00.30 horas del pasado viernes, en la calle Manacor, cuando una chica paseaba a su perro acompañada de su hermana. En un momento dado, su hermana se paró a hablar con un vecino y la víctima continuó andando sola.

La mujer notó que un hombre la estaba mirando y decidió girar la calle comprobando que la estaba siguiendo, hasta que éste se identificó como agente de la autoridad, le pidió la documentación y empezó a interrogarla. La mujer le explicó que estaba en compañía de su hermana y que había venido en su vehículo, momento en que el hombre le obligó a que le llevara al coche y se subieron ambos al mismo.

De acuerdo con la Policía, el hombre empezó a conducir, le dijo que llevaba droga encima y le iba a acusar a ella de llevarla. La mujer se puso muy nerviosa por la situación, momento en que el hombre le dijo que iban a pasar un rato y que la tendría que desnudar. Ante esto, la mujer se puso a llorar, entró en un estado de nervios y empezó a dar patadas en el vehículo, consiguiendo que el hombre se bajara y abandonara la zona.

AGRESIÓN EN NOVIEMBRE DE 2020

El grupo de Atracos de la Policía Nacional se hizo cargo de la investigación y averiguó que se había producido un hecho parecido en el mes de noviembre del pasado año, sobre las 17.00 horas, cuando un hombre requirió los servicios de una mujer que ejercía la prostitución y se encontraron en la calle Manacor de Palma.

Según ha relatado la Policía Nacional, una vez en el lugar, el hombre se identificó como agente de la autoridad e hizo una serie de comentarios y propuestas que llevaron a la mujer a desistir de realizar el servicio. El hombre le dijo que era agente de la autoridad y profirió amenazas contra la mujer, a la que advirtió que tendría serios problemas.

En un momento dado, el hombre presuntamente agarró a la mujer fuertemente del brazo y la introdujo a la fuerza y mediante intimidación en el cuarto de contadores del portal de una finca, donde la desnudó y le obligó a mantener relaciones sexuales, haciendo uso en todo momento de la violencia.

Cuando acabó la agresión sexual, el hombre presuntamente la lanzó contra el suelo donde le propinó varios golpes. La víctima solo pudo protegerse con sus brazos hasta que el agresor abandonó el lugar de forma apresurada.

La víctima quedó muy afectada por lo sucedido, temiendo que el hombre pudiera tomar represalias si lo denunciaba, ya que estaba convencida que era agente de la autoridad. No obstante, alertó a varias compañeras de trabajo de lo sucedido a través de un chat para evitar que sufrieran un agresión como la suya.

Tras esto, los agentes iniciaron una investigación en la que identificaron al presunto autor y obtuvieron pruebas que le incriminaban en los dos hechos. De esta forma, el varón fue detenido el lunes por la tarde como presunto autor de dos delitos de detención ilegal, dos delitos de agresión sexual, uno en grado de tentativa y dos delitos de usurpación de funciones.

ANTECEDENTES POLICIALES

La Policía Nacional ha explicado que el detenido cuenta con antecedentes policiales por hechos similares, uno de ellos en el año 1999, donde supuestamente retuvo a una mujer que ejercía la prostitución, a la que maniató con una cinta y amenazó. El otro caso fue en el año 2014, cuando supuestamente agredió sexualmente a una masajista y llegó a ingresar en prisión.

El presunto autor ha pasado esta mañana a disposición judicial y la investigación continúa abierta, ya que no se descarta que haya más víctimas.

El presidente del grupo parlamentario de Unidas Podemos en el Congreso, Jaume Asens, ha proclamado que la «mayor garantía para que no se rompa España» es que el PP no vuelva a gobernar y ha calificado a esta formación de «fábrica de independentistas», tanto en el País Vasco y Cataluña.

Por su parte, ha trasladado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que defienden una «descentralización» no solo administrativa sino también política y espera en que puedan ponerse de acuerdo en ello, como ha ocurrido con los indultos a los líderes del ‘procés’.

De esta forma y durante la comparecencia de Sánchez en el Congreso para explicar la medida de gracia a los dirigentes independentistas, ha pedido a su socio de coalición que asuma este reto y vuelva a poner en el centro los valores «republicanos» en el PSOE.

Al líder del PP, Pablo Casado, le ha recriminado que «escuchando a su jefe Abascal» entiende sus palabras sobre la Guerra Civil y ha acusado a la derecha de «no tener bien integrada» la alternancia política porque piensan que gobernar es un «derecho de cuna». Por eso, cuando lo pierden «secuestran» las instituciones como el Consejo General del Poder Judicial.

También ha reprochado su «falta de respeto absoluto por la ley» y el confundir «libertad de expresión con derecho a mentir» cuando alude Casado a que los indultos son reversibles, dado que es una facultad exclusiva del Gobierno que no puede revertir los jueces, máxima al sostener que el PP no tiene legitimidad activa para recurrir.

«A algunos de ustedes parece que les regalan los títulos y los másteres», ha reprochado Asens para censurar que hablen de los indultos como «amenaza de ruptura de España», precisamente cuando son una «fábrica de independentistas».

El vicepresidente de Canarias y consejero de Hacienda, Presupuestos y Asuntos Europeos, Román Rodríguez, ha pedido este miércoles una solución política, más allá de discusiones procedimentales o tecnicismos jurídicos, para resolver los conflictos actuales por las modificaciones del Régimen Económico y Fiscal (REF) que han promovido el Gobierno de España y las Cortes Generales.

En un comunicado, el Ejecutivo regional ha recordado de igual modo el deber constitucionalmente establecido de consultar al Parlamento de Canarias cualquier modificación producida por actos suyos sobre el REF.

Tras inaugurar una jornada técnica sobre ayudas de Estado, Rodríguez apuntó que la obligatoriedad de consulta emana de la Disposición Adicional Tercera de la Constitución española, que señala textualmente que «la modificación del régimen económico y fiscal del archipiélago canario requerirá informe previo de la Comunidad Autónoma o, en su caso, del órgano provisional autonómico».

Respecto a si ha habido modificaciones no consultadas, apuntó que se debe respetar ese precepto constitucional al margen de la naturaleza de los cambios que se articulen desde el Estado en el REF –sean positivos o negativos–, «algo que nunca deben olvidar las Cámaras legislativas y el propio Gobierno».

El vicepresidente indicó asimismo que durante la historia reciente de Canarias se ha visto cómo el Parlamento de Canarias acude a los tribunales para defender los derechos del archipiélago».

No obstante, se quedó «con la unidad política mostrada por toda la sociedad canaria, a través de sus representantes en el Parlamento», para informar desfavorablemente del cambio pretendido por las Cortes y el Gobierno estatal sin respetar el diferencial fiscal del 80% respecto a las deducciones a las producciones audiovisuales en Canarias rebajándolo al 24% mediante el proyecto de ley de medidas de prevención y lucha contra el fraude.

Una pretensión a la que se sumó paralelamente la semana pasada la articulación de esa misma rebaja en el Real Decreto-Ley por el que se adoptan medidas urgentes en el ámbito de la fiscalidad energética y en materia de generación de energía, y sobre gestión del canon de regulación y de la tarifa de utilización del agua, aprobado en Consejo de Ministros sin haber recabado el informe preceptivo del Parlamento de Canarias y que ya está en vigor.

JORNADAS TÉCNICAS SOBRE LAS AYUDAS DE ESTADO

Por otro lado, Rodríguez abrió este miércoles unas jornadas técnicas online organizadas por la Dirección General de Asuntos Europeos de la Consejería de Hacienda, Presupuestos y Asuntos Europeos para divulgar aspectos de interés sobre las Ayudas de Estado, en la que se inscribieron unas 700 personas.

El seminario, destinado a empresas, técnicos de la Administración pública o asesores fiscales, entre otros perfiles, aportó claridad sobre el funcionamiento y normativa de estas Ayudas, a través de las cuales los recursos públicos intervienen en la economía.

«Este mecanismo tiene un marco tan complejo como dinámico dentro de la Unión Europea, y es decisivo en un momento en el que hay muchos fondos y muchas ayudas directas para la recuperación económica», dijo el vicepresidente, quien recordó que, por ejemplo, las subvenciones convocadas por el Gobierno de Canarias se rigen por el reglamento de las Ayudas de Estado.

El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 3 de Palma ha decidido no ratificar el confinamiento forzoso de parte de los jóvenes aislados en el hotel Palma Bellver por el ‘macrobrote’ asociado a viajes de fin de curso a Mallorca; en concreto, no ratifica el confinamiento de las personas que hayan dado negativo o a las que no se les ha practicado la prueba.

Según las cifras proporcionadas esta mañana por el Govern, esto afectaría a 181 jóvenes aislados en el hotel puente. La resolución es ejecutiva y significa que estos 181 alumnos ya pueden abandonar el hotel. Otros 51 estudiantes alojados en este hotel sí habían dado positivo y deberán quedarse.

La juez toma esta decisión señalando que el Govern no ha acreditado que estas personas sean contactos estrechos de los jóvenes contagiados en el brote detectado, y por ello considera que no es una medida proporcionada al limitar un derecho fundamental.

La juez sí avala confinar a aquellas personas que hayan dado positivo en una prueba de coronavirus. Por otra parte, requiere al Govern balear que informe al Juzgado cada cinco días de la evolución de cada una de las personas afectadas para revisar el confinamiento.

Esta resolución puede ser recurrida en apelación ante la Sala Contenciosa del Tribunal Superior de Justicia de Baleares.

CONFINAMIENTO

En el auto, la magistrada señala que las personas incluidas en la resolución de Salud Pública –algunas de ellas menores, si bien alcanzarán la mayoría de edad este año– «estaban alojadas en distintos hoteles, sin que se establezca por la administración cuál es la vinculación que entre ellas tienen, o dicho de otra manera, por qué se considera que son contactos estrechos».

El Govern alegó que el Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias (CCAES) recomendó que todas las personas que participen en los viajes de fin de curso a Mallorca fueran considerados contactos estrechos, una consideración que la Fiscalía calificó de «general, presuntiva e indeterminada».

La juez concluye que la restricción de un derecho fundamental «debe circunscribirse a lo necesario para el cumplimiento de la finalidad de dicha restricción», de manera que se puede confinar «no por potencial diagnóstico, sino por haber un diagnóstico cierto», es decir, una PCR positiva o al menos «un diagnóstico muy probable», aun dando negativo en una prueba.

En este caso, la resolución de la Dirección General de Salud Pública sólo «hace referencia de una manera genérica» a brotes en otras Comunidades de personas que han viajado a Mallorca, pero sin acreditar que los jóvenes confinados hayan participado en las actividades consideradas el origen del contagio.

NO SE HA CONFINADO A LOS TRABAJADORES DE LOS HOTELES

La magistrada apunta asimismo que el Govern no ha confinado a los trabajadores de los hoteles en los que se alojaron los estudiantes durante su viaje. Según la información aportada por el Govern al Juzgado se han realizado 175 PCR a trabajadores de hoteles, y sólo una ha dado positivo, pero «no se ha confinado a ningún trabajador», remarca el auto. «La lógica diría que alguno de ellos puede ser un contacto estrecho, ya no con los jóvenes, sino con el trabajador que ha dado positivo», argumenta.

La juez también pone de ejemplo la llegada de migrantes en pateras, casos en los que se ratificaba el confinamiento al basarse «en la existencia de una persona que había dado positivo y un círculo estrecho de personas que habían estado con el positivo durante un tiempo considerable y sin protección».

La magistrada aclara que no es ajena a la situación de crisis sanitaria, pero remarca que «en un Estado de Derecho, la salvaguarda de los derechos fundamentales debe ser el estandarte que a todos nos debe guiar, y las restricciones a los mismos, proporcionadas, necesarias e idóneas, y sometidas al correspondiente control judicial».

El ‘megabrote’ de Covid-19 asociado a viajes de estudios a Mallorca supera los 1.500 jóvenes afectados, bien por ser positivos o bien por tener que permanecer aislados.

‘HABEAS CORPUS’

Por otro lado, el Juzgado de Instrucción número 6 de Palma ha denegado un total de 103 solicitudes de ‘habeas corpus’ presentadas por parte de los jóvenes aislados en el ‘hotel puente’ Palma Bellver por el ‘macrobrote’ asociado a viajes de fin de curso a Mallorca.

Según ha informado el Tribunal Superior de Justicia de Baleares, de los 200 ‘habeas corpus’ anunciados este martes al Juzgado, finalmente únicamente se registraron 100.

La líder de Ciudadanos, Inés Arrimadas, ha afeado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que ataque a su partido por tener solo nueve diputados en el Congreso y le ha dicho que prefiere «perder escaños y no perder los principios», como cree que ha hecho él al «traicionar los valores del PSOE» para mantenerse en el poder. Asimismo le ha acusado de haber conseguido todo en política engañando a los españoles.

En su intervención en el Pleno de la Cámara Baja, donde Sánchez ha explicado sus motivos para indultar a los condenados por el proceso independentista de 2017 en Cataluña, Arrimadas ha afirmado que en España hay «unanimidad» respecto a la idea de que el jefe del Ejecutivo «miente» y que «no tiene palabra».

En su opinión, todo el mundo sabe que Sánchez ha perdonado las penas a estos nueve presos «no por convicción, sino por necesidad», para garantizarse el apoyo parlamentario de los partidos nacionalistas, y ha apuntado que el portavoz de Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), Gabriel Rufián, se lo ha dicho en el hemiciclo este miércoles.

PIDE A SÁNCHEZ QUE «NO BAJE LA MIRADA» ANTE RUFIÁN

«Cuando Rufián venga aquí a humillarle y decir que van a hacer un referéndum» de autodeterminación, «levante la cabeza, que es usted el presidente de España, no baje la mirada ante el separatismo», ha reclamado a Sánchez, que ha asegurado que ese referéndum no se celebrará porque el Gobierno hará cumplir la ley y el PSOE nunca apoyará que se reforme la Constitución para permitir una consulta de ese tipo.

La presidenta de Cs le ha reprochado que arremeta contra su partido aludiendo al número de diputados que tiene, después de que Sánchez describiera como «nostálgica» su intervención en el debate por «lo que fueron y han dejado de ser». Según le ha recordado Arrimadas, la formación naranja recibió más votos que ERC en las elecciones generales, aunque el líder socialista no lo tenga en cuenta porque «desprecia los escaños constitucionalistas».

«Siempre nos ataca con el número de escaños», pero «todo lo que ha conseguido usted en política lo ha conseguido mintiendo, engañando y traicionando los valores del PSOE. Yo prefiero perder mi escaño en el Congreso y no llegar a ser nunca presidenta, vicepresidenta, ni ministra que llegar y mantenerme como ustedes», ha manifestado.

También se ha dirigido a la portavoz socialista, Adriana Lastra, al afirmar que es mejor «perder los escaños» que «perder los principios». En España «no podemos premiar las mentiras graves» ni recompensar con votos «a aquel que es capaz de hacer cualquier cosa para llegar al poder», ha advertido.

Arrimadas ha lamentado que Sánchez no haya explicado cómo fue «su conversión», en qué momento «vio la luz» y pasó de proponer una reforma del delito de rebelión para adecuarlo al caso catalán, abogar por tipificar como delito los referéndums ilegales y defender que los «golpistas» cumplieran íntegramente sus penas de cárcel a pretender rebajar la pena del delito de sedición, indultar a los presos independentistas y «querer que no paguen» la multa del Tribunal de Cuentas.

Ha preguntado también a dirigentes socialistas como Carmen Calvo y Adriana Lastra cuándo cambiaron de postura en todas estas cuestiones y «dejaron de ser seres llenos de odio y en busca del conflicto» que «utilizan Cataluña para buscar votos en otras partes de España», algo de lo que el PSOE suele acusar al PP, Vox y Cs.

«PAGUEN DE SU BOLSILLO» LA MULTA DEL TRIBUNAL DE CUENTAS

La presidenta de Ciudadanos ha instado a Sánchez a admitir que ha indultado a los presos del ‘procés’ porque «necesita los votos de Esquerra y del separatismo», y así no le haría falta «insultar a los jueces» o «criminalizar» a los catalanes constitucionalistas, que son «las víctimas» de lo que los gobernantes independentistas les hacen «cada día».

Arrimadas ha señalado que el Gobierno del PSOE y Unidas Podemos no solo ha dado «impunidad penal» a los políticos separatistas, sino que también quiere ahorrarles los 5,4 millones de euros que les reclama el Tribunal de Cuentas por supuestos gastos indebidos en la acción exterior de la Generalitat entre 2011 y 2017.

«Páguenselo de su bolsillo, con todos los que son y todos los enchufados que tienen», en lugar de que lo paguen los españoles «con sus impuestos», les ha espetado.