La Sociedad Española de Rehabilitación y Medicina Física (SERMEF)ha solicitado al Ministerio de Sanidad que mantenga la apertura de los servicios de Rehabilitación porque «hay muchos pacientes con situaciones muy severas y necesitan continuidad en su rehabilitación».

La sociedad científica ha denunciado en un comunicado que, como ha ocurrido en otras olas de la pandemia, se están cerrando los Servicios de Medicina Física y Rehabilitación, lo que provoca cancelaciones o demoras de muchos tratamientos de pacientes con daño cerebral por ictus, lesiones musculoesqueléticas o las propiassecuelas de la COVID-19, entre otros ejemplos.

Asimismo, ha advertido que, en caso de que se cierren y no se ofrecen alternativas, miles de personas tendrán que retrasar sus tratamientos «con consecuencias irreversibles para su recuperación». En este punto, SERMEF apunta que entiende la gravedad de la COVID-19 pero aclara que el sistema se colapsará por el resto de patología.

Al respecto, mencionan que la Organización Mundial de la Salud (OMS) ha denunciado en varias ocasiones que los servicios de Rehabilitación se han visto interrumpidos en casi dos tercios (63%) de los países europeos, a pesar de que la Rehabilitación es clave para una recuperación saludable de las secuelas de varias enfermedades y los pacientes gravemente enfermos de COVID-19.

Por último, SERMEF aclara que los Servicios de Medicina Física y Rehabilitación se implican al máximo cediendo recursos humanos y materiales. «Entendemos, por supuesto y cómo es lógico, la importancia de la situación epidemiológica implicándose al 100% en ella; pero solicitamos alternativas válidas y reales para continuar con los tratamientos», ha concluido.

El diputado de Izquierda Unida (IU) por Sevilla, Miguel Ángel Bustamante, adscrito al grupo de Unidas Podemos, ha pedido explicaciones al Gobierno por no haber apoyado una resolución de Naciones Unidas contra el nazismo.

Bustamante relata que en la Asamblea General de la ONU se aprobó el pasado día 17 una resolución impulsada por Rusia para luchar contra la ‘glorificación del nazismo y del neonazismo’, pero la delegación española no votó a favor. En concreto, 130 países apoyaron la resolución, España y otros 48 países se abstuvieron, mientras que EE.UU y Ucrania se opusieron en solitario a la iniciativa.

El texto del que parte la resolución final aprobada por Naciones Unidas lleva por título ‘Combatir la glorificación del nazismo, neonazismo y otras prácticas que contribuyen a exacerbar las formas contemporáneas de racismo, discriminación racial, xenofobia y formas conexas de intolerancia’.

La resolución final insta a todos los Estados a erradicar a nivel mundial el racismo, la discriminación, el odio y la violencia por motivos de etnia, nacionalidad, religión o creencias.

Ante la falta de apoyo de los representantes del Ministerio de Asuntos Exteriores en Nueva York, el diputado de IU y Unidas Podemos pide saber «cuáles son los motivos que explican que la delegación de España en Naciones Unidas se abstenga de condenar el nazismo».

La marca de aguas asturiana Agua de Cuevas, perteneciente a la Corporación Hijos de Rivera, ha anunciado que comenzará a fabricar todas sus botellas con plástico 100% reciclado (rPET) antes de final de año, según informa en un comunicado.

El uso de estos materiales reciclados y reciclables permitirá dar una nueva vida a más de 66 millones de botellas, lo que reducirá un 72% la huella de carbono procedente del proceso de fabricación de estos envases y evitará la extracción de más de 1.100 toneladas de petróleo crudo, muestra del compromiso de la compañía con el planeta y su apuesta por la economía circular.

A mediados de 2020, la marca ya lanzó su botella de 1,5 litros, la más vendida, en un envase de material 100% reciclado, un paso clave para la evolución progresiva de todos sus formatos hacia el rPET. El proceso se completa ahora con su extensión al resto de botellas, algo que supone un importante ahorro de energía, permite reducir drásticamente las emisiones e impulsa la circularidad en el uso de los recursos empleados para la fabricación de cada envase.

La marca de aguas ha implantado el uso de rPET reciclado de forma progresiva en sus botellas desde 2018, como parte de los compromisos medioambientales adquiridos en todas las plantas de agua mineral gestionadas por Hijos de Rivera. El manantial, que brota de la montaña asturiana de San Isidro, cuenta además con la certificación de Carbono Neutral, prueba de su compromiso con la protección del entorno en el que desarrolla su actividad.

Este hito en materia de sostenibilidad supondrá la implantación definitiva de los formatos reciclados y reciclables en todos los envases comercializados por la marca, siendo así la primera marca de agua mineral natural asturiana en desarrollarlo, que anuncia además que seguirá trabajando para innovar en materiales que sean cada día más circulares.

«En Agua de Cuevas estamos desde hace muchos años comprometidos con la implantación de medidas que ayuden a conservar el planeta y la circularidad de los envases es una vía clave para conseguirlo. Usar materiales reciclados y reciclables es uno de nuestros objetivos prioritarios, por lo que lograr la implantación del 100% de rPET en nuestras botellas es un hito que nos empuja a seguir mejorando en nuestra ambición sostenible» señala Álvaro García de Quevedo, director del Negocio de Aguas de Hijos de Rivera.

El uso de plástico reciclado en todas las botellas y el resto de las acciones destinadas a luchar contra la emergencia climática se encuentran enmarcadas en la estrategia de impacto positivo de Hijos de Rivera, extensible a todas sus marcas, una estrategia de sostenibilidad que une el cuidado del planeta y de las personas, la protección de su origen y el trabajo conjunto con sus aliados. Así, tanto la compañía gallega, como todas las personas que la forman, remarcan su compromiso en la búsqueda de nuevas soluciones que permitan impulsar la economía circular, clave para la preservación presente y futura del planeta.

Las Fuerzas Armadas tienen hasta 1.000 militares a disposición de las comunidades autónomas para colaborar en las tareas de vacunación contra el Covid-19, además de dos grandes ‘vacunódromos’ que instalará en los hospitales militares de Zaragoza y el Gómez Ulla de Madrid.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, propuso este miércoles en la Conferencia de Presidentes reforzar los dispositivos de vacunación con equipos de las Fuerzas Armadas, así como poner a disposición hospitales de la Red Sanitaria Militar.

La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha detallado este jueves que el sistema será el mismo que ya se está utilizando para los rastreadores militares, de manera que serán las autonomías las que vayan solicitando la ayuda que requieran.

Defensa tiene ya listos 150 equipos para vacunación, formado cada uno de ellos por cuatro personas y que podrían empezar a trabajar en cuanto las comunidades lo soliciten, previa autorización del Ministerio de Sanidad.

Pero además, las Fuerzas Armadas cuentan con capacidad para aumentar esta colaboración y llegar hasta los 800 o 1.000 militares para labores de vacunación, según ha asegurado Robles, que ha incidido en que las autonomías son las que deben hacer la solicitud.

En cuanto a los rastreadores militares, en funcionamiento desde hace más de un año dentro de la misión Baluarte, actualmente están movilizados un total de 1.325 efectivos y esta misma semana se llegará hasta los 1.500.

Las comunidades han ido aumentando durante las últimas semanas sus peticiones de colaboración en labores de rastreo dado el aumento de la incidencia. Ya son todas las autonomías, menos País Vasco y Cataluña, las que han recurrido a las Fuerzas Armadas para reforzar sus servicios de rastreo.

El Juzgado de lo Penal número 1 de Huelva ha absuelto a dos exalcaldes de Almonte y a otras 13 personas, administradoras todas ellas de explotaciones agrícolas, que fueron juzgadas el pasado mes de marzo por un presunto delito contra los recursos naturales y el medio ambiente por extracción ilegal de aguas subterráneas causando «riesgo de perjuicio grave» al equilibrio de los sistemas naturales del espacio natural de Doñana y, subsidiariamente, de un delito de usurpación-distracción de aguas.

En la sentencia notificada este jueves a las partes personadas en el procedimiento, contra la que cabe interponer recurso de apelación ante la Audiencia Provincial de Huelva, el magistrado absuelve a los quince acusados –los dos exalcaldes como cómplices y el resto como coautores del delito referido– y a siete entidades vinculadas a éstos últimos, según ha indicado el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) en un comunicado.

El juez considera probado que el Instituto Andaluz de Reforma Agraria (IARA), organismo autónomo de la Junta de Andalucía adscrito a la Consejería de Agricultura y Pesca, firmó entre 1996 y 2006 varios convenios con el Ayuntamiento de Almonte para la realización de una experiencia de introducción de técnicas de cultivo de fresa compatibles con el medio ambiente y para la realización de experiencias para el fomento de la agricultura y ganadería ecológicas en el marco de la sostenibilidad.

Para ello, el IARA cedió al Ayuntamiento unas hectáreas de terreno determinadas en el paraje Matalagrana, que forma parte del Espacio Natural de Doñana.

Así, los convenios tenían como objetivo que las parcelas se destinaran a la explotación agraria, considera probado el juez, que añade que, en cumplimiento de dichos convenios, el Ayuntamiento de Almonte, «como mero intermediario», firmó con la Asociación de Agricultores de Matalagrana sendos convenios mediante los cuales cedía las hectáreas de tierra previamente convenidas con el IARA para su explotación a cambio del pago de un canon que dedicaba exclusivamente a arreglar los caminos de acceso y actuaciones similares.

En los citados convenios, «se hablaba del uso de técnicas no agresivas con apoyo mínimo de riego» y «se encomendaba al Ayuntamiento el seguimiento y vigilancia de los cultivos», según indica la sentencia fechada este jueves 23 de diciembre.

De este modo, el juez asegura que los 13 acusados como administradores de diferentes explotaciones agrícolas de la zona, en ejecución de los convenios aludidos, hicieron uso de los sondeos para la extracción de agua del acuífero 27 ‘Almonte Marismas’ para regar sus respectivas explotaciones «en la creencia de que eran legales porque los mismos contaban con las autorizaciones correspondientes».

Apuntando, asimismo, que «porque lo hacían bajo el amparo de la actuación de las administraciones competentes en materia de aguas y medio ambiente, sin alterar el balance hídrico del acuífero y sin generar un riesgo de daño grave sobre el espacio protegido de Doñana, así como sobre las especies que alberga y sus hábitats».

De su lado, y según agrega el magistrado en la sentencia, los dos exalcaldes investigados, en su condición de primeros ediles de la localidad de Almonte, «carecían de competencias para ordenar a los acusados la suspensión del riego y la clausura de los sondeos», por lo que «no pudieron realizar comportamiento alguno que pudiera favorecer una supuesta extracción ilegal de aguas».

En el juicio, la Fiscalía solicitó para los dos exalcaldes un año de cárcel y el pago de una multa de 2.160 euros, así como seis meses de inhabilitación especial para profesión/oficio relacionado con la agricultura, mientras que los administradores de las explotaciones agrícolas se enfrentaban a dos años de prisión, multa de 7.200 euros, e inhabilitación especial para profesión/oficio relacionado con la agricultura durante un año.

Distintos especialistas del Hospital QuirónSalud han advertido del peligro que pueden presentar algunos juguetes para los más pequeños, destacando la importancia de «prestar atención a la carta de los Reyes Magos para que los juguetes se ajusten a la edad de los niños, de manera que no caiga en sus alguno que pueda ser un peligro potencial para su salud».

La doctora Pilar Camacho, jefa de Urgencias Pediátricas del Hospital Materno-Infantil Quirónsalud Sevilla, ha asegurado a través de un comunicado que «desde una pieza pequeña que forme parte de un juguete hasta un borde puntiagudo son peligros a los que se enfrentan los niños», por lo que «es importante que no haya a su alcance nada que quepa en su boca, ya que puede producir un atragantamiento».

La especialista ha puntualizado que los juguetes que demos a los niños deben contar con la etiqueta ‘CE’ que garantiza que está evaluado antes de salir al mercado y cumple con todos los requisitos de seguridad de la Unión Europea (UE). Igualmente, ha insistido en que deben ser adecuados a su edad y contando con sus preferencias, no con las nuestras.

«También es importante revisarlos porque un juguete roto puede ser peligroso, tener una arista cortante, o que la tapa de las pilas cierre correctamente», ha añadido.

Asimismo, la doctora Camacho ha apuntado que cuando se tienen hijos de edades diferentes debemos recordar que la mezcla de los juguetes puede resultar dañina para los más pequeños por lo que recomienda sensibilizar a los más mayores para que separen los suyos y no los dejen al alcance de los más pequeños, al tiempo que recomienda, con los menores de seis años, que los juegos estén presenciados por un adulto, «evitaremos accidentes y es una buena forma de compartir tiempo con nuestros hijos».

Ha subrayado que si se produce un atragantamiento hay que ayudar al niño a expulsar de su vía el elemento que la obstruye, explicando que «en estos momentos hay que mantener la calma para realizar correctamente las maniobras adecuadas y trasladarlo a un centro sanitario». Ha remarcado la importancia de «no extraer el cuerpo extraño a menos que sea realmente factible porque podemos conseguir el efecto contrario e introducirlo más».

Por su parte, la psicóloga del Hospital Quirónsalud Infanta Luisa Raquel Calero ha avisado que «los niños no necesitan juguetes para jugar», ya que, según la especialista, «disfrutan más abriendo regalos que con sus contenidos». Por ello, ha manifestado que «es fundamental que regalemos una cantidad prudente de juguetes, puesto que el exceso provoca en los niños falta de interés».

Así, la doctora Calero Domínguez ofrece algunas pautas psicopedagógicas para adquirir juguetes desde cero a tres años, ya que «el juguete potencia el aprendizaje experimental de los niños y tiene un alto valor psicopedagógico». «El juego y los juguetes cumplen un papel fundamental en la dinámica del aprendizaje temprano y son esenciales para el desarrollo equilibrado de la personalidad infantil y su maduración», ha apostillado.

En concreto, de cero a seis meses recomienda favorecer la estimulación sensorial, esto es, visual, auditiva, táctil, así como el agarre y la coordinación mano-boca, por lo que los juguetes tienen que ser blandos y fáciles de agarrar como los sonajeros de distintas texturas.

En cuanto a la franja de edad de seis a 12 meses, el objetivo es potenciar el desarrollo manipulativo de ambos hemisferios cerebrales. En esta etapa comienza el gateo y la sedestación o sentado de forma estable, así como el desplazamiento y el control del cuerpo. En esta fase también empiezan a interesarse por construir y «destruir», por eso los juguetes basados en materiales manipulativos y de construcción son ideales para impulsar su atención, la creatividad y habilidades manipulativas.

Para niños de un año, Calero recomienda potenciar el movimiento, seguir favoreciendo las habilidades de construcción y también la coordinación óculo-manual, capacidad de atención e interacción causa-efecto. Y con respecto a los de dos y tres años, es aconsejable potenciar las habilidades cognitivas, la coordinación ojo-mano y la motricidad fina. En esta edad comienza la imitación de la vida diaria y los juguetes simbólicos (cocinitas, doctores, los muñecos) son fundamentales para que fomenten la creatividad y la necesidad de construir.

Para favorecer su vocabulario y aumentar su autoestima, según la psicóloga del Hospital Quirónsalud Infanta Luisa, lo mejor es la resolución de puzzles e imágenes, al tiempo que, para desarrollar su parte motora de equilibrio y control corporal, la mejor opción son las motos y patinetes.

La jueza del Juzgado de Instrucción Número 1 de Ribadavia ha decretado el ingreso en prisión provisional, comunicada y sin fianza para la vecina de Cortegada (Ourense), investigada por un delito de homicidio.

Este jueves, la mujer, de 26 años de edad, se ha acogido a su derecho a no declarar, a pesar de que el pasado miércoles confesó, voluntariamente, haber asesinado a un hombre que posteriormente calcinó y enterró.

La mujer estaba siendo investigada tras haber afirmado en una consulta de psiquiatría, en el Complexo Hospitalario Universitario de Ourense (CHUO), que había quemado el cadáver de un hombre al que había conocido a través de Internet.

La confesión se produjo voluntariamente ante la jueza y la secretaria judicial en la finca de la aldea de Os Rabiños, en donde se estaba produciendo un nuevo registro después de que a última hora de la tarde del martes se encontrase un pie.

La mujer, a tratamiento psicológico, había mantenido en todo momento que solo se había desecho del cuerpo. Explicó, en su consulta médica, que encontró al hombre muerto en su casa y que, debido a los nervios, decidió, con el fin de ocultarlo, quemar su cadáver y enterrar parte de los restos mientras que otra parte los habría lanzado al río.

El miércoles su abogado le había aconsejado no declarar, sin embargo, pidió hablar con la jueza y fue ahí cuando confesó lo sucedido: lo drogó y lo asfixió con una almohada antes de calcinarlo.

PASE A DISPOSICIÓN JUDICIAL

La declaración estaba a la espera de ser ratificada este jueves en el Juzgado de Primera Instancia de Ribadavia, por el momento el encargado del caso, pero la detenida se ha acogido a su derecho a no declarar.

Fiscalía ha solicitado prisión comunicada sin fianza por riesgo de fuga y que pueda manipular pruebas dado que continúan las labores de rastreo. La jueza ha decretado el ingreso en prisión para la joven, que entrará en el centro penitenciario de Pereiro de Aguiar esta misma tarde de jueves.

INVESTIGACIÓN

Con todo, continúan las labores de búsqueda de los restos del cadáver y también del teléfono móvil de la víctima, que la detenida confesó haber lanzado al río.

Así pues, los registros se centran en los puntos marcados por la propia detenida, que se mostró «colaboradora» con la Guardia Civil y trasladó las zonas donde recordaba haber enterrado los restos, en donde se han encontrado un pie y una mano.

En concreto, la búsqueda prosigue en las fincas aledañas a la vivienda, donde la víctima llegó a convivir con la detenida durante tres días después de desplazarse desde Cataluña, y en el embalse de Frieira, entre el ayuntamiento ourensano de Cortegada y el pontevedrés de Crecente.

La víctima es un varón catalán que la detenida había conocido por Internet y que se había desplazado hasta Cortegada para mantener una relación.

Lo sucedido se remonta al pasado mes de agosto, aunque no fue hasta esta semana cuando la mujer reconoció, en un principio, haber quemado un cadáver ante su psiquiatra.

Por ello, se activó el protocolo para estas situaciones. La Guardia Civil, con sus unidades judiciales y criminalísticas y con la colaboración de perros adiestrados, acudieron al lugar de los hechos con la detenida para realizar una inspección y tratar de encontrar restos humanos.

Desde que le trasladó a su médico la quema de un cadáver, se comenzó la investigación por homicidio, hasta el momento las pesquisas eran por un ciudadano desaparecido, ya que la madre de este había denunciado su desaparición en Cataluña el pasado 27 de agosto.

Era la principal sospechosa porque la policía catalana descubrió el desplazamiento del hombre hasta la provincia de Ourense y, a partir de ahí, se estudiaron las ubicaciones del teléfono móvil que lo situaron en la vivienda de la mujer, donde se había perdido su señal y donde había sido visto con ella. Está siendo investigada por homicidio.

La Policía Nacional ha detenido a un hombre, natural de Ourense y de 69 años, por supuesto abuso sexual a una menor que participaba en una actividad deportiva en la que este individuo ejerce de entrenador.

Según informa la Policía en un comunicado, el hombre se valía de su condición de entrenador para abusar de la menor en un local del lugar de entrenamiento.

Los hechos que motivan la detención sucedieron en el mes de octubre de este año, aunque la menor no relató lo sucedido a sus padres hasta el 19 de diciembre, momento que en el se presenta denuncia.

La niña, que entrena en un equipo deportivo, es víctima de abuso sexual por parte de su entrenador, quien aprovechaba su condición para hacer que la menor le acompañase a un local del lugar de entrenamiento, en donde abusó de ella en dos ocasiones en las que le hizo tocamientos valiéndose de su superioridad.

Agentes del Grupo de UFAM realizan la investigación del hecho delictivo y proceden a su identificación, localización y posterior detención en la mañana del pasado miércoles como presunto autor de un delito de abuso sexual.

Según informa el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG), el hombre ha quedado en libertad tras el pase a disposición judicial este jueves. El sujeto, investigado por un delito de abusos sexuales, tiene la prohibición de acercarse y comunicarse con la menor, así como debe comparecer en el juzgado cuando sea llamado.

El pleno del Congreso de los Diputados ha aprobado con los votos en contra de PdCat, CUP, ERC y Vox y la abstención de PP y el BNG pero con el apoyo del resto de grupos parlamentarios el proyecto de ley de residuos y suelos contaminados para una economía circular para cumplir con las directivas europeas de residuos y plástico y que establece nuevas obligaciones en la gestión de residuos. Así, con 182 votos a favor, 88 abstenciones y 70 votos en contra, el pleno de la Cámara Baja remitirá el proyecto de ley al Senado para proseguir con su tramitación legislativa.

Para la diputada del PSOE, Esther Padilla, esta es una «buena ley» que va a hacer posible la transición justa y la protección del medio ambiente. Además ha defendido que permitirá cumplir con las directivas europeas de residuos y la del plástico de un solo uso y acceder a los fondos europeos para la recuperación.

«La ley da pasos con decisión y responsabilidad», ha asegurado Padilla, que ha detallado que el proyecto legislativo establece nuevos objetivos de gestión de residuos, nuevas recogidas separadas (como las de residuos orgánicos, aceite, ropa, entre otras), incluye el nuevo sistema de depósito, devolución y retorno (SDDR) «con sensatez» y establece nuevas obligaciones de fiscalidad ambiental como el impuesto al plástico y el impuesto al vertedero que «demandaban la OCDE y la UE».

Estos impuestos entrarán en vigor en 2023, después de que así se pactara en la Comisión de Transición Ecológica y Reto Demográfico que había presentado el Partido Popular. En todo caso, ha defendido que los impuestos que se recogen en la ley no tienen vocación recaudatoria ya que para el Gobierno «lo importante es que cuanto menos se recaude con ellos, mejor», porque significará que empresas y entidades afectadas están cumpliendo los objetivos.

La diputada socialista ha elogiado la voluntad de acuerdo de la mayoría de grupos parlamentarios de modo que «la ley sale enriquecida con aportaciones interesantes de todos los grupos». Sin embargo, ha afeado a ERC, PdCat y Junts per Cat su voto en contra. «Es una buena ley y lo saben», ha concluido.

En su intervención, el diputado del PP, César Sánchez, ha anunciado la abstención de su grupo parlamentario por «responsabilidad y lealtad» pero opina que el texto es una «oportunidad perdida» que llega «tarde y mal» puesto que «lo único» que tiene de circular es su título y «gracias» a las enmiendas del PP.

En su exposición, ha criticado el aumento de presión fiscal que supondrá aunque el PP ha logrado una una moratoria a los impuestos hasta 2023 para «evitar que lo acaben pagando los consumidores vía inflación». A su juicio el proyecto de ley «no contempla ni el impacto social y económico sobre la industria» a la que generará un «impacto negativo». Por ello, ha anunciado que exigirá una evaluación del cumplimiento de los objetivos que marca la ley y advierte de que esta norma lejos de armonizar la presión fiscal agudizará las diferencias entre las comunidades autónomas y situará en desventaja competitiva a las empresas españolas respecto a las de otros países de la UE.

«A esta ley le falta mucho y España merece más», considera el diputado popular, que ha prometido una batería de medidas en materia de residuos y economía circular «tan pronto» como el PP llegue al Gobierno para arreglar «muchas cosas que se han hecho mal.

También se ha abstenido el BNG, cuyo diputado Néstor Rego ha reconocido avances «insuficientes», por lo que ha pedido objetivos más ambiciosos y otras mejoras en aspectos como la obsolescencia programada.

En su intervención, el diputado de Unidas Podemos, Juan López de Uralde, ha agradecido el trabajo «extraordinario» de todos los grupos parlamentarios y las aportaciones de las organizaciones sociales y medioambientales para lograr una ley que «no es perfecta». En ese sentido, ha destacado que la ley establece soluciones a la importancia de los residuos; la separación de materia orgánica en los municipios, que contribuyen a las emisiones de metano a la atmósfera; pone en marcha el SDDR porque «no se han cumplido los objetivos y era hora de que entre en vigor estte sitema que será una mejora sustancial»; hace frente a los residuos de amianto; impulsa la reutilización e introduce «numerosas novedades».

Por su parte, el diputado de Teruel Existe, Tomás Guitarte, ha respaldado el proyecto de ley y ha celebrado que se incluya la aplicación de la tecnología para fomentar el uso del biogás y el biometano a partir de purines para usarlo en explotaciones agroganaderas o para inyectarlo a la red de gas, lo que reducirá el impacto de los purines en el medio ambiente y será un nuevo ingreso para las explotaciones.

La diputada del PNV Idoia Sagastizábal ha anunciado su voto favorable ya que recoge «numerosas» de las enmiendas presentadas por su grupo aunque cree que podría haber sido «más ambiciosa».

Desde Cs, la diputada María Carmen Martínez Granados ha acusado a la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, de «no tener ni idea de lo que habla» en materia de economía circular y ha reclamado una mayor apuesta por la I+D+I para generar innovación en procesos industriales viables. «Con esta ley nos vamos a quedar cortos. Debía ser ambicioso pero con objetivos abordables», ha dicho la diputada.

Igualmente, la diputada de Más País-Verdes Equo Inés Sabanés, ha apoyado el proyecto de ley porque es «urgente y necesaria» aunque «llega una década tarde», pero confía en que sirva como herramienta para mejorar la gestión de los residuos y atajar la emergencia climática.

RECHAZO AL TEXTO

En cuanto a los grupos que han votado en contra del proyecto de ley, desde Vox, el diputado Luis Gestoso ha explicado su rechazo al proyecto de ley porque solo servirá para mantener «el negocio de los residuos» en el que resultan «beneficiados los de siempre»; aumenta las trabas burocráticas y los impuestos, lesiona la libertad de mercado, no incluye mecanismos serios de control mientras establece un «régimen sancionador durísimo tan del gusto de la izquierda» y que repercutirá en los consumidores. Asimismo, ha afeado que se haya impedido «cualquier enmienda de Vox fueran o no razonables».

También en contra, el diputado de la CUP Albert Botrán ha admitido que el texto supone «avances» pero «muy por debajo de lo necesario» y supone una «clara invasión de competencias en el canon de residuos que ya está implantado en Cataluña».

En contra se ha mostrado el diputado de PdCat, Sergi Miquel, porque la ley no recoge su aspiración de que el impuesto a los residuos se ceda a las comunidades autónomas, como transmisiones patrimoniales o sucesiones; y porque la apuesta del SDDR queda «diluida» en una «huída hacia adelante fijando objetivos que tampoco se van a cumplir por las presiones» externas.

Tampoco apoya el proyecto ERC, cuyo diputado Francesc Eritja, que ha exigido respetar las competencias de las comunidades autónomas en materia de fiscalidad ambiental, como Cataluña, que lleva 17 años aplicando un canon a la gestión de los residuos. «Es una ley claramente insuficiente, con objetivos muy poco concretos y medidas muy genéricas», lamenta Eritja que duda de que la ley pueda ser efectiva y denuncia que parte del texto «choca frontalmente» con el modelo catalán.

El ciudadano kosovar de 32 años detenido ayer miércoles por agredir hace unos días a un niño de 7 años cuando salía de un colegio de Chamartín no ha podido declarar ante la Policía por presentar unas facultades mentales «muy alteradas», han informado fuentes policiales.

Por ello, no ha podido ser interrogado y los agentes no conocen por qué atacó a este niño, aunque creen que fue al azar. Previsiblemente pase mañana viernes a disposición de los Juzgados de Plaza Castilla, acusado de intento de homicidio.

Los hechos ocurrieron el día 10 de diciembre sobre las 13:15 horas cuando un grupo de niños cruzaba un paso de cebra, pasando de un edificio a otro después de una clase de Educación Física en el colegio privado Hasting School, en las confluencias de las calles Francisco Suárez y Bendición de Campos.

En un momento dado, y sin explicación alguna, el ahora detenido se abalanzó sobre el pequeño y le tiró al suelo. Cuando lo levantaron los profesores, comprobaron que presentaba una herida en el cuello, de la que sangraba, provocada por algún tipo de arma blanca, que al principio se pensaba que no eran punzante pero los agentes han comprobado que se trataba de una especie de objeto con sierra.

Hasta el lugar acudió una ambulancia del Samur-Protección Civil, cuyos sanitarios atendieron al pequeño, que presentaba un desgarro en la parte posterior del cuello, y le trasladaron al Hospital de la Paz de Madrid indicó una portavoz de Emergencias Madrid. El niño fue operado y estuvo un tiempo en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) y salió cuatro días después del hospital debido a la importancia de las heridas.

La investigación se inició el mismo día de los hechos. Inmediatamente acudieron los integrantes del Grupo V de Homicidios de la Brigada Provincial de Policía Judicial junto con los agentes de Policía Científica. Éstos últimos se trasladaron al lugar para realizar la correspondiente inspección ocular de la zona así como de un arma blanca que se encontró en el lugar. Tras tomar muestras de AND en el escenario de la agresión, fueron remitidas a la Comisaría General de Policía Científica.

A través de los mecanismos de cooperación policial internacional (Convención de Prüm), los agentes lograron una coincidencia de las muestras recogidas con un individuo de Reino Unido, del cual existían datos de ADN por contar con antecedentes en dicho país.

Después de múltiples tareas de investigación, gracias a las cámaras de seguridad y los testimonios recogidos, los agentes lograron la identificación de este varón descubriendo, su paradero resultando ser laciudad de Madrid, al que había venido del extranjería ocho días antes. Por todo ello se estableció un dispositivo policial para su localización consiguiendo los policías su arresto en la tarde de ayer jueves en la calle Victoria, en el distrito Centro.

El pleno del Parlamento catalán ha aprobado este jueves los Presupuestos de la Generalitat de 2022 con los votos a favor de Junts y ERC, la abstención de los comuns y el voto en contra del resto de la oposición, y se convertirán en las primeras cuentas vigentes el 1 de enero; algo que no ocurría desde 2010.

Las cuentas han salido adelante gracias al aval de los comuns, con quien el Govern alcanzó un acuerdo después del rechazo de la CUP, que el Ejecutivo de Pere Aragonès había fijado como único socio para sacar las cuentas, por lo que deja en el aire a la mayoría independentista de la investidura.

El proyecto incluye un gasto total de 38.139 millones de euros, lo que supone un incremento de 5.618 (17,3%) respecto a las últimas cuentas aprobadas de 2020, mientras que la previsión de ingresos no financieros y no finalistas es de 27.256 millones de euros, 394 más (1,5%).

La luz verde de la Cámara catalana a las cuentas se ha materializado con la votación del dictamen de Presupuestos, las partes del texto que no han estado enmendadas, que se ha saldado con 65 votos a favor –de ERC y Junts–, 62 en contra –de PSC, Vox, CUP, Cs y el PP–, y ocho abstenciones de los comuns.

Justo antes, el pleno del Parlament ha votado las 1.106 enmiendas presentadas que los grupos mantenían vivas, que son 343 del PSC-Units, 193 de Vox, 91 de la CUP, 311 de Cs y 168 del PPC, que ha rechazado, con excepción de la que la mesa de la comisión de Economía y Hacienda admitió como enmienda técnica, que ha prosperado con 99 votos a favor, 20 en contra y 16 abstenciones.

Durante el pleno, en el que cada grupo ha intervenido durante 20 minutos, el conseller de Economía y Hacienda de la Generalitat, Jaume Giró, ha trasladado su agradecimiento a todos los diputados y ha defendido que era «fundamental» que las cuentas salieran adelante para encarar con mínimas garantías un ejercicio que augura lleno de retos e incertidumbres.

Al final del pleno, Giró y el presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, se han saludado, y ambos han ido a saludar a la líder de los comuns en el Parlament, Jéssica Albiach, con la que se han hecho una foto.

Esta imagen contrasta con la fotografía que protagonizaron Aragonès y Albiach tras sellar el acuerdo para cerrar el pacto de Presupuestos, en la que no participó Giró pese a haber pilotado las negociaciones, durante las cuales Junts se opuso a pactar con los de Albiach.

La sesión se ha celebrado con las restricciones aprobadas por la Mesa del Parlament ante el aumento de contagios de coronavirus, de manera que ha habido la mitad de los diputados presentes en el hemiciclo y el resto ha votado por delegación.

DE LA CUP A LOS COMUNS

Los Presupuestos se han aprobado definitivamente un mes y medio después de iniciar su trámite parlamentario, que el Govern decidió comenzar sin contar aún con el apoyo suficiente para sacarlos adelante y que logró desbloquear gracias a un pacto in extremis con los comuns, que permitió superar el debate a la totalidad.

El acuerdo con los comuns, a los que Aragonès recurrió tras el veto de la CUP a las cuentas y ante su insistencia de no negociar con el PSC pese a sus ofrecimientos, incluye la aprobación de los Presupuestos del Ayuntamiento de Barcelona: los comuns facilitaban la aprobación de las cuentas de la Generalitat y ERC rectificaba su ‘no’ y avalaba las de Ada Colau.

Todo ello provocó las críticas de Junts porque acusan al presidente de romper la mayoría independentista de la investidura y constataron de nuevo las discrepancias entre los socios del Ejecutivo catalán, pese a que días más tarde la portavoz del partido, Elsa Artadi, minimizó el impacto del acuerdo y no han tratado de bloquearlo.

MAYORÍA EN EL AIRE

El desacuerdo entre el Govern y la CUP en la ley más importante del año y que calibra la estabilidad de la legislatura deja la mayoría independentista de la investidura en el aire y al Ejecutivo de Aragonès sin un apoyo sólido en el Parlament.

De hecho, tras romperse las negociaciones con los ‘cupaires’, Aragonès ha defendido la necesidad de revisar el acuerdo de investidura que alcanzaron ERC y la CUP para actualizarlo, y una de las incógnitas es si se mantendrá o no el compromiso para que el presidente se someta a una cuestión de confianza en 2023, a mitad de la legislatura.

Desde ERC ya habido algunas declaraciones públicas de dirigentes republicanos poniendo en duda el sentido de mantener la cuestión de confianza, mientras que los ‘cupaires’ en los últimos días han elevado el tono de las críticas contra el Govern y han advertido de que ahora mismo no superaría una cuestión de confianza, evidenciando el distanciamiento con el Ejecutivo catalán.

Está por ver también cuál será el papel de los comuns tras aprobar los Presupuestos, ya que defienden seguir llegando a acuerdos con el Govern en cuestiones que ayuden a la ciudadanía pero sin garantizar la estabilidad del Ejecutivo, al que ven dividido por las discrepancias permanentes entre ERC y Junts.