Más de 3,5 millones de personas se han beneficiado del plan 'Respuesta Social al COVID-19' puesto en marcha en 2020 por BBVA en 10 países en los que opera el banco y dotado con 35,7 millones de euros para ayudar a la sociedad en su conjunto.

Los 35,7 millones de euros del plan 'Respuesta Social al COVID-19' se han destinado a tres líneas de actuación: apoyar a las autoridades sanitarias, contribuir con organizaciones sociales y fomentar la investigación científica.

Estas líneas están vinculadas a su vez a tres ODS (Objetivos de Desarrollo Sostenible) concretos. La primera línea, vinculada con el ODS 3 (Salud y Bienestar) y que representa el 81% de la contribución, se ha dedicado a la compra de material sanitario que incluye 2.845 respiradores, 400 oxigenadores, 2.020 test, 9,5 millones de mascarillas, 5.396 EPI o kits de protección, 144.057 gafas y protectores faciales, 8,3 millones de guantes, 26.850 unidades de gel y alcohol, 21.004 mantas y 3,7 millones de unidades de otro material médico. Con este material se ha apoyado a 371 hospitales.

Además, se han financiado 3 hospitales de campaña y se han adquirido 780 unidades de equipamiento electrónico para enfermos. Un total de 839.773 personas se han beneficiado del material médico facilitado a hospitales, que representa el 24% de los beneficiarios del plan.

La segunda línea de los fondos, vinculada con el ODS 2 (Hambre Cero) y ODS 10 (Reducción de las Desigualdades) y que representa un 11% de la donación, se ha enfocado a ayudar a colectivos vulnerables. Así, a través de la colaboración con 472 entidades, BBVA ha apoyado a más de 2,6 millones de personas (un 76% de los beneficiarios del plan). Entre ellas destacan, a nivel global, Cruz Roja en Argentina, España, México y Colombia, y Bancos de Alimentos en Estados Unidos y Portugal. Los fondos han servido fundamentalmente para cubrir sus necesidades alimentarias y bienes de primera necesidad; apoyo afectivo y psicosocial, y asistencia y formación.

La tercera línea de los fondos, vinculada con el ODS 9 (Industria, innovación e Infraestructura) y que representa un 8% de la donación total, se ha destinado al fomento de la investigación contra el COVID-19, que ha beneficiado directamente a 226 científicos o investigadores. En este apartado destaca el apoyo a 20 proyectos de investigación científica a través de la Fundación BBVA en biomedicina, big data - IA, ecología y veterinaria, economía y ciencias sociales, y humanidades. Además, se ha apoyado un proyecto de investigación en Uruguay.

La aportación de BBVA se ha canalizado a través de los bancos locales en Argentina, Colombia, España, Estados Unidos, México, Paraguay, Perú, Portugal, Turquía y Uruguay, así como de la Fundación BBVA. Para garantizar la distribución eficaz de los fondos, se ha diseñado un plan de respuesta global sin precedentes, que incluye la coordinación con gobiernos, autoridades sanitarias y otras empresas y organizaciones sociales.

EL EFECTO MULTIPLICADOR DE LAS APORTACIONES

Adicionalmente a la contribución directa de BBVA, sus empleados y clientes han donado más de 11,2 millones de euros, que se han destinado a las tres líneas de acción descritas anteriormente. En concreto, el banco puso en marcha una iniciativa entre sus empleados, para que pudieran unirse a la ayuda solidaria contra la pandemia, que ha recaudado 1,8 millones de euros que fueron distribuidos a diferentes entidades colaboradoras globales y locales. Asimismo, BBVA ha promovido la participación de sus clientes con varias campañas, a través de las cuales se han recaudado 9,4 millones de euros.

Por otra parte, BBVA ha activado iniciativas de ayuda a sus clientes, con foco en empresas, pymes y autónomos, pero también para los particulares más afectados por la crisis provocada por el COVID-19. Entre ellas destacan los aplazamientos de cuotas de créditos hipotecarios y de consumo.

Asimismo, en el conjunto de los países en los que opera, el banco ha concedido en 2020 moratorias de pago por valor de 38.000 millones de euros y financiación a través de programas gubernamentales por valor de 25.000 millones de euros. La entidad también ha apoyado a sus proveedores más cercanos con esquemas de protección para empleados y empresas, y con el adelanto del pago de facturas, sin esperar al plazo acordado.

Tres capitales andaluzas, Sevilla, Huelva y Jaén, pondrán fin a las 00.00 horas de este sábado 13 de febrero a su cierre perimetral al bajar este viernes su tasa de incidencia del coronavirus Covid-19 por cada 100.000 habitantes en los últimos 14 días por debajo de 500, mientras que Almería podrá recuperar la actividad no esencial tras situar su tasa por debajo de los 1.000 casos en el mismo periodo junto a Málaga, que ya lo había hecho el pasado miércoles.

Según los últimos datos actualizados por la Consejería de Salud y Familias, las ocho capitales andaluzas reducen nuevamente su incidencia con Almería a la cabeza, pero ya por debajo de los 1.000 casos, con una tasa de 984,5 --15,9 puntos menos en 24 horas--, seguida de Cádiz, con 809,1 tras rebajarla en 35,5 puntos.

También rebajan su tasa de incidencia el resto de capitales andaluzas, que se siguen alejando de la tasa del millar de casos que implica suspender la actividad no esencial: Málaga con 625,8 --52,7 puntos menos--, Granada con 556,8 --44,1 puntos menos--, y Córdoba con 516,2 --46,3 puntos menos--.

Por debajo de los 500 casos que implican cierre perimetral se sitúan desde este viernes Huelva con 491,5 --62,2 puntos menos--, Sevilla con 462,1 --35,4 puntos menos-- y Jaén con 423,9 --101,1 puntos menos--.

El resto de municipios andaluces de más de 100.000 habitantes reduce igualmente su tasa en 24 horas, Algeciras (Cádiz) hasta 880,7; Marbella (Málaga) hasta 844,7; Jerez de la Frontera (Cádiz) hasta 687,9, y Dos Hermanas (Sevilla) hasta 651,6.

De las 17 ciudades andaluzas restantes con más de 50.000 habitantes dos siguen superando este viernes la tasa de 1.000 casos Covid por cada 100.000 habitantes en 14 días que implica cierre perimetral y de la actividad no esencial, ambas en la provincia de Cádiz, que son San Fernando, con 1.007,4, y Chiclana de la Frontera con 1.010.

Otras nueve registran esta jornada con una tasa inferior a los 1.000 casos pero superior a los 500: Estepona (Málaga), con 857,2; Sanlúcar de Barrameda (Cádiz), con 705,2; Mijas (Málaga), con 669,8; Utrera (Sevilla), con 643,6; Benalmádena (Málaga), con 594,4; El Ejido (Almería), con 595,8; Alcalá de Guadaíra (Sevilla), con 611,7; Fuengirola (Málaga), con 549,3, y El Puerto de Santa María (Cádiz), con 549.

Vélez-Málaga, en cambio, ha logrado bajar este viernes de la tasa de 500, hasta alcanzar una de 426,2 casos por 100.000 habitantes, que le permitirá así salir este sábado del cierre perimetral. Roquetas de Mar (Almería), Linares (Jaén), Motril (Granada) y Torremolinos (Málaga) han continuado este viernes por debajo de los 500 casos.

Andalucía en su conjunto ha rebajado este viernes la tasa de incidencia acumulada por 100.000 habitantes en los últimos 14 días hasta 583,7 casos por 100.000 habitantes en los últimos 14 días, que son 47,6 puntos menos que este jueves y 266 puntos menos que hace una semana.

REUNIONES DE LOS COMITÉS TERRITORIALES

Los comités territoriales de Alerta de Salud Pública de Alto Impacto de las ocho provincias andaluzas se reúnen este viernes para evaluar la tasa de incidencia acumulada de casos confirmados de Covid-19 por 100.000 habitantes y, en función de eso, levantar, renovar o decretar nuevas restricciones por un periodo de vigencia de siete días que comenzaría este próximo sábado, 13 de febrero.

Fuentes de la Junta explicaron este jueves que la tasa de incidencia que se va a tomar como referencia para adoptar nuevas restricciones, renovar o suprimir las vigentes será la que se registre este viernes, 12 de febrero.

Es la primera vez que se reúnen dichos comités territoriales tras los cambios que el presidente de la Junta, Juanma Moreno, anunció el pasado miércoles en el protocolo de evaluación y establecimiento de restricciones en municipios según su tasa de incidencia Covid.

Hasta ahora, los comités provinciales evaluaban y comunicaban cada lunes y jueves la actualización de los municipios que superan la tasa de 500 y 1.000 casos de Covid-19 por 100.000 habitantes en los últimos 14 días para la aplicación de las medidas restrictivas con una vigencia de 14 días que entraban en vigor a las 0,00 horas de cada miércoles y sábado, respectivamente.

Así, si un municipio bajaba de 1.000 o de 500 casos, se podían relajar las medidas, siempre que hubieran transcurrido 14 días desde que se aplicaron; mientras que si pasaba de más 500 a más de 1.000 casos sí se endurecían las medidas aunque no hubieran pasado esas dos semanas, comenzando a contar de nuevo ese plazo de 14 días.

A partir de este viernes, sin embargo, y según anunció el presidente tras una reunión del Consejo de Alertas de Salud Pública de Alto Impacto celebrada en Córdoba, el plazo de revisión de las medidas pasa de los referidos 14 a siete días, las restricciones acordadas entran en vigor los sábados, y las reuniones de los comités territoriales pasan a tener carácter semanal en vez de celebrarse los lunes y jueves.

La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo ha avalado las restricciones impuestas por el Gobierno durante el primer estado de alarma por la pandemia relativas a los desplazamientos de menores que habían sido recurridas por un abogado, estableciendo que las Orden dictada en abril de 2020 por el Ministerio de Sanidad no incurre en arbitrariedad y tampoco cabe imputarle la vulneración de derechos fundamentales de los menores de catorce años ni de sus padres.

Resuelve así el fondo del recurso presentado por un abogado valenciano, Curro Nicolau, que había solicitado en mayo la anulación de las órdenes dictadas por el Ministerio de Sanidad para trasladarse con su hija a su segunda residencia alegando tener acceso a pruebas médicas para descartar su contagio.

Al haber desestimado su recurso en todos sus términos el alto tribunal le impone el pago de las cosas procesales, que ascienden a 4.000 euros, según señala la resolución.

La resolución, de 35 páginas y de la que ha sido ponente el magistrado Pablo Lucas, tiene fecha del pasado miércoles y resuelve en el sentido expresado en los informes tanto de la Abogacía del Estado como de la Fiscalía y afirma que "no fue fruto de la arbitrariedad aliviar el confinamiento de los menores de catorce años de la forma en que se hizo -con horarios de salida y desplazamientos limitados-- sino que respondió al propósito fundamentado de reducir el perjuicio que aquél les causa sin, por ello, exponerles y exponer a terceros al peligro de contagio".

Desde esta perspectiva se entiende la explicación de la Orden sobre la razón del horario y limitaciones de salida, según el Supremo, una justificación "que puede extenderse a la distancia de un kilómetro impuesta y al ulterior distinto régimen en municipios de poca población o en fase de desescalada".

MOVILIDAD, FACTOR DE DIFUSIÓN

En su resolución, el Supremo califica de "natural "que el señor Nicolau quisiera llevar a su hija de nueve años a su segunda residencia en Alp (Girona) y que deseara reunirse con sus amigos residentes a más de un kilómetro de su domicilio, pero la movilidad de la población es un factor principal de difusión de la enfermedad.

De ahí que, "aun relajando para los menores de catorce años la restricción general, la Orden SND/370/2020 mantuviera limitaciones de tiempo y espacio que participan de la razonabilidad antes señalada y excluyen la vulneración alegada". Añaden que tampoco ven necesario el planteamiento de cuestión de inconstitucionalidad respecto de este asunto porque ello no se considera necesario para que la Sala pueda juzgar sobre la conformidad a Derecho de la Orden del Ministerio entonces bajo responsabilidad de Salvador Illa.

Los magistrados añaden, como precisión que consideran importante, que la declaración del estado de alarma y la prohibición gubernativa de una manifestación no tratan de garantizar el orden público, sino el derecho a la integridad física y la salud, en último término "los valores de la vida, la salud y la defensa de un sistema de asistencia sanitaria cuyos limitados recursos es necesario garantizar adecuadamente.

Para el alto tribunal es notoria la constante insistencia de las autoridades sanitarias de todo orden y lugar en que el riesgo principal de contraer la enfermedad proviene del contacto con personas contagiadas y en que, "para prevenirlo, además del uso de mascarillas, de mantener la distancia de seguridad y de las medidas de higiene personal y de ventilación de lugares cerrados, es necesario limitar sustancialmente ese contacto y la movilidad que lo propicia".

La sección tercera de la Audiencia Provincial de La Coruña ha declarado que el pazo de Meirás y las fincas incluidas en el recinto son propiedad del Estado, tal y como decretó el Juzgado de Primera Instancia número 1 de La Coruña el pasado mes de septiembre, según informa el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG).

Además, en la sentencia, que responde al recurso de apelación presentado por la familia Franco, condena a los herederos a desalojar esas propiedades. "Dejándolas libres y a disposición del Estado español, con liquidación de los gastos útiles y necesarios", al tiempo que ordena la cancelación de las inscripciones registrales contradictorias sobre las fincas.

El tribunal sostiene que el inmueble nunca estuvo a nombre de Francisco Franco porque la donación realizada en 1938 por la Junta Pro Pazo del Caudillo en un pergamino no era "un título hábil" para reconocer la transmisión.

Por ello, condena a los herederos de la familia Franco a desalojar el recinto, pero les reconoce el derecho a ser resarcidos en los gastos en los que incurrieron desde 1975 para conservar el edificio. Los jueces descartan "mala fe" en la posesión por parte de los demandados porque, sostiene, nunca fueron requeridos por la Administración para que le entregasen el pazo y "llevan más de cuatro décadas utilizándolo de forma pública, pacífica, ininterrumpida y en concepto de dueños".

El tribunal ha acordado declarar inexistente, desde el punto de vista jurídico, la donación del inmueble y las fincas realizada en 1938 a Francisco Franco. Los jueces también han decretado nula, por "simulación absoluta", la escritura de compraventa de 1941 por la que supuestamente le vendieron a Francisco Franco el inmueble.

En la misma línea, han considerado "ineficaz" la partición de la herencia de Franco correspondiente a las fincas de Meirás, al igual que la donación de diversas parcelas situadas en el recinto del pazo que fueron donadas por Carmen Polo a su hija.

RESARCIMIENTO DE GASTOS

Los magistrados del tribunal provincial han confirmado la sentencia de primera instancia en lo relativo a la propiedad del pazo, pero han revocado parcialmente el fallo en otras cuestiones.

Así, reconocen a los apelantes el derecho a ser resarcidos en los gastos necesarios en que incurrieron para la conservación del inmueble, pues consideran acreditado que realizaron "múltiples obras de rehabilitación y mantenimiento" y que, tras el incendio de 1978, ejecutaron "múltiples reparaciones".

Los jueces entienden que es "obvio" que si el edificio hubiese estado abandonado durante 45 años "su estado actual sería ruinoso". La cantidad que deberá abonarles el Estado por esos gastos se definirá en la fase de ejecución de la sentencia.

RECHAZA "MALA FE"

En lo que respecta a la liquidación del estado posesorio (restitución de los gastos en los que podría haber incurrido la familia mientras fue titular del inmueble), la magistrada de primera instancia entendió que no cabía porque la propiedad fue incorporada al patrimonio de la familia Franco "de mala fe".

Los magistrados de la Audiencia Provincial, sin embargo, consideran que no hay pruebas de que los demandados fuesen conscientes de que el título de propiedad de su abuelo fuese inválido.

"Para estos herederos, el inicio de su propiedad es una inscripción en el Registro de la Propiedad de Betanzos en 1941 de una escritura de compraventa otorgada ante notario, en la que su abuelo compra a la nuera de doña Emilia Pardo Bazán el pazo". "Finca que en 1976 se adjudica a su abuela, posteriormente pasa a ser propiedad de su madre y, ahora, de ellos".

"Todo con una cadena de transmisiones aparentemente impecable. No se atisba la razón por la que debieran ser conscientes de una supuesta irregularidad en su adquisición", indica la Audiencia, al tiempo que subraya que la creencia de que la adquisición era correcta también está avalada por el hecho de que, tras la muerte de Franco en 1975, "llevan más de cuatro décadas utilizando el pazo de forma pública, pacífica, ininterrumpida y en concepto de dueños".

PAPEL DE LA ADMINISTRACIÓN

Además, los magistrados destacan que "como tales dueños" han sido tratados hasta ahora por la propia Administración. "Aunque se diese por cierta la mala fe posesoria en Francisco Franco, no necesariamente se transmite a sus herederos".

"La reivindicación de la propiedad es un evento totalmente novedoso que se produce ahora por vez primera". "La Administración nunca los requirió para que entregasen la propiedad de un inmueble que ahora se considera de dominio público", sostiene.

El tribunal indica que Francisco Franco intentó regularizar la situación del pazo en el registro porque el pergamino de donación "no era documento hábil para obtener la inmatriculación al no ser una escritura pública". Los jueces aseguran que el buscar una fórmula para "legalizar" una propiedad "en modo alguno supone la mala fe en la posesión", pues afirman que "no necesariamente se hace para ocultar una posesión de mala fe, sino que puede tramitarse para regularizarla de buena fe".

"NUNCA SE DONÓ" A FRANCO

También estima el alegato de los recurrentes en cuanto a que la prueba practicada "acredita que la intención final de la Junta Pro Pazo del Caudillo fue donar las Torres de Meirás a la persona de Francisco Franco, no al Jefe del Estado, ni al Estado". Así, entiende que fue "un regalo personal al general que estaba ganando la guerra y cuyos favores pretendían granjearse los promotores".

Los jueces, no obstante, advierten que esa intención "nunca llegó a ser efectiva" jurídicamente por la forma en que se donó, ya que nunca se otorgó una escritura pública. "La intención era donar a la persona, pero nunca se llegó a donar a nadie", concluyen.

La Audiencia refleja en la resolución sus dudas sobre quién ejerció desde 1940 hasta 1974 como dueño del pazo de Meirás, si el Estado o Francisco Franco a título personal, pero subraya que, a su juicio, lo relevante es que los terrenos colindantes al edificio "los ocupa el aparato del Estado desde el primer momento, desplegando su capacidad de ejercer la fuerza sobre los ciudadanos", así como que el Estado es el que realiza las obras de acondicionamiento.

Concluye la sala que, hasta 1975, "se hace cargo de la totalidad de los gastos inherentes a la propiedad, obras de mejora y mantenimiento". Desde 1975 hasta la actualidad, según el fallo, son los herederos los que asumieron esos costes de mantenimiento, por lo que la Audiencia les reconoce el derecho a ser indemnizados.

LA ESCRITURA, "FANTASÍA TOTAL"

En relación a la escritura pública de compraventa de 1941, el tribunal observa que "no se vende nada, es una mera apariencia de un negocio inexistente". Los jueces subrayan que esa escritura es "una fantasía total" que se otorga ante notario "para crear una ficción, plasmar un negocio jurídico no existente, pero logrando un título aparente que sí se puede presentar ante el Registro de la Propiedad".

Contra la resolución de la Audiencia Provincial puede interponerse recurso de casación o recurso extraordinario por infracción procesal ante el Tribunal Supremo. Alternativamente, e incompatible con los anteriores recursos, si se considerase que la sentencia infringe normas de Derecho Civil de Galicia, puede recurrirse en casación ante el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG).

Cismary Marcano, mujer del opositor venezolano Ernesto Quintero, ha "suplicado" este viernes al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que frene la extradición de su marido, acusado de estafar 40 millones de dólares por el Ejecutivo de Nicolás Maduro, asegurando que es "inocente" y advirtiendo de que, si vuelve al país caribeño, podría ser "asesinado".

Quintero, que actualmente se encuentra en la cárcel de Soto del Real, en Madrid, a la espera de ser enviado a Venezuela, fue detenido el miércoles después de que tanto el Gobierno como la Audiencia Nacional autorizaran su extradición a petición de las autoridades venezolanas.

El fiscal general de Venezuela, Tareck William Saab, acusa a Quintero de ser miembro de la cúpula directiva de una agencia de cambio de divisas que habría estafado 40 millones de dólares. Sin embargo, el opositor sostiene que él era un mero empleado y que nada tiene que ver con los delitos que se hubieran podido cometer.

"Hasta el día de hoy está preso por el Gobierno de España y yo le pido a Pedro Sánchez y a todo su equipo que, por favor, no extraditen a mis esposo", ha dicho Marcano, en declaraciones a la prensa durante un acto de protesta que ha tenido lugar en el entorno de la Audiencia Nacional.

La mujer, que ha incidido en que su marido es inocente, ha pedido a Sánchez que le dé la oportunidad de demostrarlo, denunciando que "se han metido todos los recursos y se han llevado todas las pruebas" pero "nada se ha tomado en cuenta".

Marcano ha avisado a Moncloa de que, si es enviado "a la dictadura de Venezuela", al llegar "puede ser torturado y más, puede ser asesinado". "Si a mi esposo le llega a (pasar) algo... Yo acuso a Pedro Sánchez por lo que le pueda pasar a mi esposo", ha indicado, para insistir al borde del llanto: "Le suplico que, por favor, me ayude".

En un tono más calmado, el político opositor Winston Flores, diputado de la Asamblea Nacional presidida por Juan Guaidó, se ha mostrado consciente de que "hay procedimientos" que cumplir cuando se solicita una extradición y ha sostenido que "el Gobierno de Pedro Sánchez ha respetado la integridad y los Derechos Humanos de los venezolanos", si bien le ha reclamado "una respuesta inmediata en este caso, porque lo que hay es una gran equivocación, un gran error".

LLAMAMIENTO DE ACNUR

La Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), en una carta, instó a las autoridades españolas a "valorar el no retorno del señor Quintero a Venezuela", así como a hacer una "valoración adecuada de sus necesidades de protección internacional, teniendo en cuenta la información de país de origen, la situación humanitaria y de seguridad de Venezuela, así como los principios de la unidad familiar".

Marcano y la hija del matrimonio, de 7 años, solicitaron asilo en España y se les concedió, pero a Quintero --que había llegado un año antes que ellas, en 2018-- se le denegó por tener antecedentes penales debido, precisamente, a la acusación de estafa.

El nuevo abogado de Quintero, que se hizo cargo del caso hace apenas 24 horas a título 'pro bono', Ismael Oliver, del Despacho Oliver Abogados, ha avanzado que presentarán una ampliación de la demanda de asilo, un recurso extraordinario ante la Audiencia Nacional para que la tenga en cuenta y suspenda la extradición, y un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional.

Vox cuenta ya con el visto bueno de Instituciones Penitenciarias, dependiente del Ministerio del Interior, para poder entrevistarse en el centro penitenciario de Estremera (Madrid) con el comisario jubilado y en prisión preventiva José Manuel Villarejo en relación con el operativo 'Kitchen', al que se le dedica una comisión de investigación en el Congreso de los Diputados. Fuentes del partido aseguran que sólo falta fijar una fecha concreta y cerrar las condiciones en las que se llevará a cabo la reunión.

La secretaria general de Vox en el Congreso, Macarena Olona, que dirige personalmente el asunto, ya adelantó el pasado miércoles en su cuenta de Twitter que se había autorizado el encuentro con Villarejo, que está en prisión desde noviembre de 2017 por la causa 'Tándem'.

TEMEN QUE LA COMPARECENCIA SE RETRASE

El partido de Abascal cree conveniente seguir adelante con esta entrevista a pesar de que la comisión de investigación ya aprobó que el comisario declare en el Congreso, y es que temen que el PSOE y Unidas Podemos quieran posponer ese testimonio para las últimas sesiones.

La declaración de Villarejo ante la comisión no tiene fecha asignada, dado que aún no se ha acordado un calendario de comparecencias. Además de Villarejo, se escuchará a los responsables policiales implicados, a los responsables de Interior en esa etapa, incluyendo al exministro Jorge Fernández Díaz, y a políticos como el expresidente del Gobierno Mariano Rajoy, y la ex secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal.

Los hechos se investigan en la Audiencia Nacional en el marco de la pieza separada 'Kitchen', que indaga sobre el operativo 'parapolicial' orquestado para sustraer información y documentación sensible, de dirigentes del PP, al extesorero de la formación política Luis Bárcenas con el objetivo de que no acabara en manos de la Justicia.

Esta misma semana se conoció que el titular del Juzgado Central de Instrucción número 6, Manuel García-Castellón, ha puesto fecha para una nueva declaración testifical de Bárcenas en el marco de esa pieza. Así, el lunes 15 de febrero a las 09.00 horas se le tomará de nuevo declaración en calidad de perjudicado.

PRIMERO, EXAMINAR LA DOCUMENTACIÓN

En paralelo, los trabajos de la comisión llevan otros tiempos, y a principios de febrero la portavoz del Grupo Socialista en el Congreso, Adriana Lastra, declinaba anticipar cuándo podría tener lugar la comparecencia de Villarejo y se limitaba a recordar que, antes de empezar a llamar a comparecientes, los grupos debían recibir y estudiar la documentación que han solicitado sobre el asunto, y que en todo caso las comparecencias se fijarían tras las elecciones catalanas de este domingo.

Eso sí, según fuentes jurídicas, desde la Audiencia Nacional no se plantean enviar al Congreso documentación del caso que conste en el sumario a pesar de que haya sido solicitada por los grupos parlamentarios.

El portavoz nacional de Facua y secretario general de la federación en Andalucía, Rubén Sánchez, ha valorado este viernes que el Parlamento Europeo pida que el plan de acción para la economía circular presentado por Bruselas sea más ambicioso y contemple objetivos vinculantes en materia de huella ecológica por el uso y consumo de materiales, si bien ha señalado que "hay una clave que no se está teniendo en cuenta", ya que, "guiados por intereses de lobbies", se "fomenta el reciclaje" pero no la reducción de envases ni la reutilización de los mismos.

En declaraciones, Sánchez ha señalado que tan importante es la declaración de intenciones de Europa como "luego su materialización y su implementación por parte de los estados miembros".

Ha apuntado a trabajar en potenciar la reducción de los envases y ha destacado la práctica "engañosa" de usar envases muy grandes para dar una apariencia al producto mayor, y también ha señalado el doble empaquetado de algunos productos, como por ejemplo la venta de fruta cortada y envasada, algo que ha tildado de "disparatado".

Así, ha abogado por reducir el tamaño de los envases, intentar reducir el uso de plástico para envasar y la reutilización de los mismos por parte del propio consumidor. "Hay campañas continuas cuyo único objetivo es reciclar llevadas por el interés de determinadas empresas, pero no se fomenta la reutilización cuando, además, el reciclaje no es la panacea", ha subrayado.

Por último, ha apuntado que se necesitan normas que impliquen sanciones a las empresas que lo vulneran, además de protocolos de control con un cuerpo de inspección suficiente.

PARLAMENTO EUROPEO

Cabe recordar que el Parlamento Europeo ha reclamado esta semana que el plan de acción para la economía circular presentado por Bruselas sea más ambicioso y contemple objetivos vinculantes en materia de huella ecológica por el uso y consumo de materiales

En un informe, la Eurocámara plantea objetivos vinculantes para 2030 de reducción de la huella ecológica por el uso y consumo de materiales, que cubra el ciclo completo de todas las categorías de productos comercializados en la Unión.

Para ello, los parlamentarios instan a Bruselas a presentar una propuesta legislativa en 2021, que amplíe el alcance de la directiva sobre diseño ecológico.

Según defiende el informe aprobado por el pleno de la Eurocámara, el objetivo es establecer estándares específicos para garantizar que los productos comercializados en la UE tengan un buen rendimiento, sean duraderos, reutilizables, reparables, no tóxicos, actualizables y reciclables.

La idea es contribuir al plan de economía circular de la Comisión, en línea con el objetivo de neutralidad climática marcado para 2050. Esto pasa porque los productos producidos en la UE contenga material reciclado y sean fabricados mediante un uso eficiente de recursos y energía.

La presidenta del Govern, Francina Armengol, ha anunciado este viernes una remodelación del Govern por la que salen del Ejecutivo Pilar Costa (Presidencia), Marc Pons (Movilidad y Vivienda), e Isabel Castro (Administraciones Públicas) y entran la diputada socialista Mercedes Garrido, el actual alcalde de Sant Josep de sa Talaia, Josep Marí, y el vicepresidente del Consell de Menorca, Miquel Company.

Así lo ha anunciado Armengol durante una rueda de prensa tras la celebración de un Consell de Govern extraordinario este viernes. Armengol ha asegurado que el objetivo de estos cambios es reforzar el Ejecutivo para "afrontar esta nueva fase de reactivación y reconstrucción" de la sociedad y economía de Baleares.

CONSELLERIA DE PRESIDENCIA Y PORTAVOZ

La Conselleria de Presidencia deja de gestionar las competencias de Cultura y asume Función Pública, Emergencias e Interior. En sustitución de Pilar Costa, hasta ahora portavoz del Govern y consellera de Presidencia, Cultura e Igualdad, entra Mercedes Garrido, que actualmente es diputada del PSIB en el Parlament y que en la legislatura anterior fue consellera de Territorio e Infraestructuras en el Consell de Mallorca.

Además, asumirá las funciones de portavoz el conseller de Modelo Económico, Turismo y Trabajo, Iago Negueruela.

CONSELLERIA DE FONDOS EUROPEOS

En segundo lugar, se crea una Conselleria de Fondos Europeos, Universidad y Cultura, y al frente se situará el actual vicepresidente del Consell de Menorca, Miquel Company.

Esta Conselleria sustituye, según Armengol, la actual de Administraciones Públicas y Modernización, que gestionaba Isabel Castro, otro cargo que sale del Consell de Govern. Las competencias de Memoria Histórica se integran en la Vicepresidencia y Conselleria de Transición Energética y Sectores Productivos, que dirige Juan Pedro Yllanes (Unidas Podemos).

CONSELLERIA DE MOVILIDAD Y VIVIENDA

Sale también el conseller de Movilidad y Vivienda, Marc Pons, y entra Josep Marí Ribas, conocido como 'Agustinet', que actualmente es alcalde de Sant Josep de Sa Talaia (Ibiza), un cargo que ha ejercido durante 11 años.

Armengol ha precisado que Pilar Costa continuará trabajando como diputada en el Parlament, donde será la nueva portavoz del Grupo Parlamentario Socialista; Isabel Castro también continuará trabajando en otras funciones en el Govern; y de Marc Pons se ha limitado a indicar que se va "a Madrid".

REDUCCIÓN DE ALTOS CARGOS

La presidenta ha apuntado también que con estos cambios se reducen una quincena de altos cargos entre asesores y directores generales.

De este modo, las salidas y entradas del organigrama afectan únicamente a las carteras del PSIB. Se mantienen en el cargo los socialistas Martí March (Educación), Rosario Sánchez (Hacienda) y Patricia Gómez (Salud).

MÉS per Mallorca tenía prevista una convocatoria a las 11.45 horas -sólo un cuarto de hora antes de la rueda de prensa del Consell de Govern-, y ha convocado otra rueda esta tarde con el coordinador del partido, Antoni Noguera. En Sant Josep de Sa Talaia también se ha anulado una rueda de prensa prevista a las 12.00 horas.

El Lehendakari, Iñigo Urkullu, ha asegurado que respeta el auto del TSJPV, por el que decidió la reapertura de los bares y restaurantes de los municipios que se encuentran en 'zona roja' en Euskadi por alta incidencia de la covid-19, aunque no lo comparte ni entiende, y ha pedido al presidente Pedro Sánchez que se acuerden los mecanismos legales necesarios, dentro del actual estado de alarma, para que las comunidades autónomas puedan adoptar sus decisiones contra la pandemia con "garantías jurídicas".

Urkullu se dirigió el pasado miércoles por carta a Sánchez después de que el TSJPV resolviera el martes anular parte de las restricciones de su decreto para reabrir la hostelería.

El Lehendakari ha comparecido ante los medios de comunicación tras la reunión del Consejo Asesor del LABI, en la que ha presentado el Plan Bizi Berri III, que recoge la estrategia de respuesta comunitaria y de regulación de las actividades sociales para hacer frente a la pandemia, para garantizar la salud pública.

Tras señalar que este el objetivo prioritario es garantizar la salud pública de la ciudadanía, ha aseverado que todas las decisiones que adoptan se orientan a ese fin "y se fundamentan en lasrecomendaciones de las autoridades sanitarias", y se tienen en cuenta las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud.

Además, ha procedido a leer el dictamen de la Comisión Técnica del LABI sobre el auto del TSJPV que reabre la hostelería, en el que "muestra su perplejidad y disconformidad por la argumentación utilizada" por la resolución judicial.

La evidencia científica disponible y las directrices de los organismos internacionales, así como la práctica internacional avalan, articularmente en contextos con tasas de incidencia muy alta, las medidas adoptadas en Euskadi"", asegura la mesa de técnicos.

RECONOCE LA LABOR DE EPIDEMIÓLOGOS

Por su parte, el Lehendakari ha querido "avalar, reconocer y poner en valor el trabajo de las y los profesionales epidemiólogos, virólogos, matemáticos, médicos de familia, expertos en salud y profesionales sanitaros en general en Euskadi y en todo el mundo".

"Reitero que no hay ningún ámbito culpable de esta pandemia, ni la hostelería ni ningún otro. La responsabilidad recae sobre cada uno de nosotros y nosotras. Es nuestra responsabilidad cumplir estrictamente las recomendaciones de las autoridades sanitarias", ha añadido.

En este sentido, ha asegurado que el Gobierno Vasco y todas las instituciones seguirán adoptando aquellas decisiones queconsideren necesarias para preservar la salud de las personas. "Lo vamos a hacer con todas las competencias a nuestra disposición y tratando de garantizar la seguridad jurídica de cada decisión", ha aseverado.

También ha revelado que este miércoles volvió a dirigirse al presidente Pedro Sánchez para que, "en el menor plazo posible, se analice esta cuestión y se acuerden con las Comunidades Autónomas los mecanismos legales necesarios, en el marco del Estado de Alarma, para que las decisiones adoptadas cuenten con todas las garantías jurídicas".

Otros cuatro miembros de Ciudadanos en la provincia de Orense, todos ellos concejales en varios municipios, han anunciado su marcha del partido y su paso al grupo de los no adscritos tras las decisiones "unilaterales" adoptadas por la dirección en las últimas semanas con respecto a la Diputación.

En concreto, abandonan la formación naranja los tenientes de alcalde de Punxín y Taboadela, Eulogio González Barreiro y Roberto Blanco Vázquez, respectivamente; además del concejal en Vilar de Barrio Óscar Seguín Lamelas y del edil en Maceda Emiliano Rodríguez González. Todos ellos mantendrán sus cargos en sus ayuntamientos.

Estas marchas se conocen un día después de la del coordinador provincial, Manuel Ribao, y la de la única representante de Ciudadanos en la Diputación de Ourense, Montserrat Lama, que avanzó que trataría de dar "estabilidad" al gobierno del presidente provincial, el popular Manuel Baltar.

A través de un escrito remitido a los medios, los cuatro ediles que abandonan la formación naranja cargan contra las decisiones "unilaterales" adoptadas en los últimos días: "El partido en ningún momento tuvo en cuenta ni se preocupó por la opinión de los concejales y el coordinador provincial sobre temas que se referían a la Diputación".

Y es que esta misma semana trascendía que la dirección autonómica de Ciudadanos había rechazado dos ofertas provinientes tanto del PSOE, que trataba de promover una moción de censura contra Baltar, como de los populares, que le ofrecieron a Montserrat Lama una Vicepresidencia para reforzar la gobernabilidad.

"Entendemos que la Diputación somos todos, y en este caso, las decisiones se tomaron de manera unilateral, con una total falta de transparencia y sin tener en cuenta nuestras opiniones", censuran los cuatro concejales que se marchan.

APOYO A MONTSERRAT LAMA

Además, expresan en su escrito su apoyo a Montserrat Lama, que "siempre tuvo en cuenta" su opinión, "cosa que desde el partido jamás se hizo".

"Rechazamos todo lo ocurrido en estos días atrás y manifestamos que no compartimos la visión que Ciudadanos tiene de nuestra provincia y mucho menos de cómo Ciudadanos pretende sacar réditos políticos en medio de una crisis tan grave", añaden.

EL PARTIDO LES PIDE QUE DEJEN EL ACTA

Tras conocer estas cuatro renuncias, la dirección gallega les exige a todos ellos que entreguen sus actas de concejal "por coherencia personal y respeto a los principios éticos".

En un comunicado, Cs Galicia les recuerda que los estatutos de la formación y el compromiso asumido en sus cartas éticas y financiersas recogen "el compromiso de dejar el acta si causan baja en el partido por cualquier motivo".

Así las cosas, el partido naranja prevé "seguir trabajando en lo que es prioritario", que es "el beneficio del conjunto de los orensanos" y en la "estabilidad" del Ayuntamiento y la Diputación de Orense. No obstante, en estas instituciones, ya solo cuenta con representación en el pleno de la capital provincial, con los concejales José Araújo y Laureano Bermejo.

El consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Enrique Ruiz Escudero, ha manifestado que el candidato del PSOE a la Generalitat de Cataluña y exministro de Sanidad, Salvador Illa, debería explicar su rechazo a hacerse una PCR para participar en un debate televisivo.

"Sus razones tendrá y debería explicar por qué no se la ha hecho, porque una persona que ha sido ministro de Sanidad del Gobierno de España, como mínimo, debería predicar con el ejemplo y hacerse esa prueba, porque la parte diagnóstica es fundamental", ha aseverado durante una comparecencia en la Asamblea de Madrid.

"A mí no me sorprende que no se haya hecho la PCR, pero si es que no ha querido hacerlas en ningún lado, no ha querido hacerlas en el aeropuerto. Es lógico, era lo esperado", ha manifestado Escudero.

Asimismo, el consejero madrileño ha asegurado que la actuación del Gobierno central "ha sido un despropósito detrás de otro, desde el inicio". "No hay que usar mascarilla, no hay que hacer controles en Barajas, es que es una detrás de otra", ha agregado.

También ha acusado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de "jugar con las emociones", al anunciar que el 70 por ciento de la población española estará vacunada para el verano, lo que ha calificado de "auténtica temeridad", así como cuando proclamó que se había "vencido al virus".

"Lo decimos como un llamamiento, por favor, que traigan vacunas. Nosotros no podemos negociar como comunidad autónoma la llegada de vacunas", ha agregado. "Es lo único que pedimos, que recibamos vacunas", y "Madrid está preparado para establecer un horizonte de pocas vacunas, que esperamos que no sea ese el horizonte, de más vacunas o de vacunación masiva", ha recalcado.

"No vamos a hacer de la vacunación una confrontación política pero sí que nos quejamos de algo que el Gobierno de España se había comprometido a enviar a nuestra región, y como así no ha sido vamos a estar permanentemente haciéndolo en el Consejo Interterritorial y donde sea necesario", ha agregado.

DEFIENDE LAS DECISIONES TOMADAS EN MADRID

Por otro lado, Escudero ha defendido las decisiones que ha tomado la Comunidad de Madrid para controlar la pandemia, en particular en relación con la hostelería.

Así, dirigiéndose al portavoz de Sanidad del PSOE, José Manuel Freire, quien ha cuestionado las medidas, Escudero le ha pedido que valore lo que ha ocurrido en otras comunidades autónomas, en un entorno muy cercano a la Comunidad de Madrid, y "cuál es el resultado del comportamiento tanto del ascenso como del descenso del número de contagios", al tiempo que ha defendido que todas las decisiones que se han tomado son de carácter técnico.

Freire ha manifestado que les preocupa que "el ego político de la presidenta les está llevando a tomar medidas que no tienen que ver con la racionalidad científica, con el consenso científico, y sí con objetivos políticos muy contrarios al interés de la salud pública", y ha instado al consejero a "no repetir el error de abrir la mano, las restricciones, antes de que baje la ocupación hospitalaria por pacientes Covid.

Así, ha criticado que la Comunidad de Madrid esté "pagando un alto precio en hospitalizaciones y en fallecimientos por medidas que no van en la línea de lo que recomienda la ciencia y lo que es el consenso de todas las autoridades de las comunidades autónomas españolas y de fuera".

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha descartado este viernes cambios en las restricciones actualmente vigentes en la comunidad para luchar contra el coronavirus, de manera que ha pedido a la población "prudencia y paciencia", porque las "prisas en pandemia nunca son buenas".

Así se ha pronunciado el presidente durante su intervención en la inauguración de la escultura homenaje a los sanitarios y sectores esenciales por su labor durante la pandemia de covid-19, en la Plaza 12 de Octubre de Huelva.

Moreno ha indicado que gracias al esfuerzo de la gran mayoría de los andaluces, se ha conseguido ir rebajando la incidencia del coronavirus en los últimos días, con datos "esperanzadores" sobre la bajada en el número de contagios o de hospitalizados, aunque desgraciadamente no está ocurriendo con el número de fallecidos, que sigue siendo "alarmante".

Para el presidente, aunque vayamos en la "buena dirección" y se empiecen a ver rayos de "esperanza", hay que tener claro que las prisas "nunca son buenas" y menos en una pandemia, por lo que ha insistido en demandar a los ciudadanos mucha paciencia y prudencia, porque todavía hay zonas de la comunidad con tasas de incidencia del coronavirus "muy preocupantes".

Ha indicado que nadie tiene más ganas que su Gobierno y otras administraciones de volver a la normalidad y que se pueda abrir todo y se recupere la movilidad, pero todavía hay que ser prudentes y pacientes porque hay aún muchas "batallas" por librar, sobre todo, tras la aparición de nuevas cepas del virus, como la sudafricana, la brasileña o la británica, que ya tiene una importante presencia en zonas de Andalucía como el Campo de Gibraltar.

En este sentido, el jefe del Ejecutivo ha querido dejar claro que en la comunidad autónoma se va a seguir con las "mismas normas" que están vigentes en la actualidad para luchar contra el coronavirus y con el criterio de esos "semáforos rojos" que se han establecido de acuerdo con el asesoramiento de los expertos sanitarios: Cierre de la movilidad de municipios con una tasa de más de 500 casos por cada 100.000 habitantes y cierre de la movilidad y de actividades no esenciales en municipios con una tasa de más de 1.000 casos por cada 100.000 habitantes.

El presidente ha indicado que, dada la bajada en la incidencia del coronavirus en los últimos días, muchos municipios van a dejar de estar cerrados tras el análisis que se va a producir este viernes en los comités territoriales de Alerta de Salud Pública de Alto Impacto de las ocho provincias andaluzas, mientras que municipios que hayan bajado de la incidencia de 1.000 casos van a poder reabrir los servicios no esenciales.

El presidente ha insistido en que hay que afrontar esta situación con "esperanza, compromiso, sacrificio y prudencia", y ha lamentado que aún haya personas que incumplen las normas y que no quieren ver la gravedad de la situación y que mucha gente sigue falleciendo.

El titular del Juzgado Central de Vigilancia Penitenciaria, José Luis Castro, ha concedido la libertad condicional a Rodrigo Rato, exvicepresidente del Gobierno del PP, por ser mayor de 70 años, haber pagado íntegramente la responsabilidad civil y porque realizó un programa de justicia restaurativa.

Rato (nacido el 18 de marzo de 1949) estaba desde octubre en semilibertad al ser progresado al tercer grado. Ahora se le aplica, a propuesta del Centro de Inserción Social Victoria Kent, el artículo 196.1 del Reglamento Penitenciario, en una decisión que ha respaldado la Fiscalía.

Como aspectos positivos, se cita que presenta un pronóstico favorable de reinserción porque ingresó voluntariamente en prisión, la antigüedad de los hechos delictivos o que desde el 1 de octubre cumple condena en la "modalidad de vida en régimen de semilibertad telemática", según el auto con fecha de 11 de febrero adelantado por 'Vozpópuli', que añade que Rato ha obtenido además un permiso para viajar varios días a Londres para ver a su hija.

JUSTICIA RESTAURATIVA

Entre los aspectos que valora el juez se incluye, además, que ha realizado "de manera positiva" el programa de justicia restaurativa con CONCAES, así como tener una conducta penitenciaria "adaptada" o tener la responsabilidad civil pagada íntegramente. Es decir, concurren todos los requisitos para la libertad condicional excepto el haber extinguido las tres cuartas partes de condena, que alcanza el 7 de marzo de 2022.

El juez recuerda que la libertad condicional conlleva que Rato quede bajo custodia familiar o fraternal, puesto que deberá quedar sujeto al cuidado y vigilancia de quien designe, con obligación de residir en el lugar que previamente comunique a efectos de estar localizado para el seguimiento de los servicios sociales penitenciarios, así de comunicar cualquier cambio.

El que fuera vicepresidente económico en el Gobierno de José María Aznar entró en prisión en octubre de 2018 cuando el Tribunal Supremo confirmó la condena impuesta por la Audiencia Nacional a cuatro años y medio por el caso de las tarjetas 'black' de la extinta Caja Madrid.

En octubre, el Juzgado de Vigilancia Penitenciaria de la Audiencia Nacional le concedió el tercer grado al expresidente de Bankia y del FMI bajo control telemático, una decisión que se comunicó dos días después de conocer la sentencia que le absolvía por la salida a Bolsa de la entidad bancaria que dirigió.

El vicepresidente segundo del Gobierno y líder de Podemos, Pablo Iglesias, ha subrayado que la institución monárquica "está a debate" y que en la Transición la gente aceptó a la institución como precio a pagar para pasar de la democracia a la dictadura.

"Creo que la monarquía en el pasado cumplió una función en el contexto de la Transición. En aquel contexto es lógico que mucha gente dijera que si este es el precio para que tengamos libertades, pues lo pagamos. ¿En el año 2021 los términos son los mismos? Mi opinión es que no", ha manifestado en una entrevista a Huffington Post.

En la actualidad, ha destacado que cada vez más españoles quieren un futuro "mas moderno" y de "valores republicanos", pues ahora la gente "no entiende el privilegio y las cosas que pasan", como por ejemplo la marcha del rey emérito Juan Carlos I a Emiratos.

"EL FUTURO DE LA MONARQUÍA NO DEPENDERÁ DEL COLEGIO DE LA PRINCESA"

"Claro que hay un debate en nuestro país y el futuro de la monarquía no va a depender del colegio en el que estudie la princesa Leonor, sino de la voluntad popular de los ciudadanos españoles", ha apuntado para mostrarse convencido de que la república llegará porque el avance de las ideas republicanas es "innegable". Prueba de ello, ha reseñado, es la "agresividad de los que defienden los privilegios y el pasado".

UP PREGUNTARÁ SI HUBO PRESIONES DE ZARZUELA A RTVE

"Es un medidor muy claro que los mayores defensores de la monarquía en España sean la ultraderecha y la derecha, es muy revelador del futuro que le espera. Yo respeto que Pedro Sánchez sea monárquico, respeto que el socio de Gobierno esté defendiendo a la monarquía, incluso yendo mucho más allá de lo que piensan sus militantes y sus votantes", ha relatado para llamar la atención sobre el apoyo "muy comprometido" del PSOE con la institución, "pase lo que pase".

También se ha mostrado crítico por la polémica sobre el rótulo mostrado en un programa de TVE para ilustrar una información sobre el anuncio de Casa Real de que la Princesa de Asturias cursará el Bachillerato en Gales (Reino Unido).

Al respecto, ha señalado que en el pasado se han visto "cosas muy feas" en la televisión pública y, en este sentido, le llama la atención que, ante este rótulo, salga la administradora general (Rosa María Mateo) a relevar a dos trabajadores. Creo que mucha gente interpretará esto como un abuso", ha remachado para recordar que Unidas Podemos solicitará información en el Congreso sobre si hubo "presiones" de Zarzuela sobre este asunto.

Cuestionado sobre su malestar en verano con el presidente del Gobierno por la marcha de Juan Carlos I a Emiratos, el vicepresidente ha apuntado que no se les informó de esa decisión y que, lógicamente, eso "no les gustó" porque entre socios debe haber "lealtad", aunque a renglón seguido ha precisado que esa tensión "ya pasó.

NO VE A MONEDERO DE CANDIDATO EN MADRID

En clave interna de partido, Iglesias ha enfriado la posibilidad de que el cofundador de Podemos y politólogo, Juan Carlos Monedero, sea candidato al Ayuntamiento de Madrid porque "nunca ha querido ocupar un cargo público".

"Lo conozco lo suficiente para saber que no va a renunciar a esa ventaja de ser un Pepito Grillo para ocupar un cargo público que jamás le ha interesado lo más mínimo", ha detallado.

Sobre sus palabras de que el próximo liderazgo en Podemos recaería en una mujer y si sabe quién será, Iglesias ha dejado claro que ahora no toca pensar en el futuro y que, cuando llegue, las bases tomarán una decisión. "Estoy convencido de que el liderazgo en la izquierda será femenino. Es una convicción personal, tendrán que decidir las bases y cada cosa en su momento", ha zanjado.

El portavoz del PNV en el Congreso, Aitor Esteban, cree que "la apariencia de neutralidad" del presidente de la Sala de lo Contencioso-administrativo del TSJPV, Luis Garrido, ha desaparecido: "No se puede estar en misa y repicando", ha afirmado del juez que ha decidido reabrir los bares en municipios con alta incidencia de la covid-19 y que ha realizado unas polémicas declaraciones en una tertulia radiofónica.

Garrido aseguró que un epidemiólogo es "un médico de cabecera que ha hecho un cursillo" y que las medidas que aconsejan contra la expansión del coronavirus "no difieren mucho de las que se daban en la Edad Media", en alusión al confinamiento.

En una entrevista concedida a Radio Euskadi, Esteban ha señalado que la responsabilidad de gestionar la pandemia en Euskadi es el Gobierno Vasco, aunque haya algunas competencias para adoptar ciertas restricciones que están en manos de la Administración central.

ESTADO DE ALARMA

En todo caso, ha recordado que el TSJPV no ha tomado solo una decisión sobre las medidas anticovid, sino también con anterioridad, y cree que "la redacción del actual estado de alarma viene provocada por las actuaciones" del alto Tribunal vasco.

Además, se ha referido al estado de WhatsApp del magistrado, con el título de la canción de Van Morrison 'No more lockdown (No más confinamiento)', y ha recordado que el cantante la elaboró "expresamente contra la pandemia" en septiembre. "Se ha convertido en el himno de los negacionistas. No es ninguna tontería", ha aseverado.

En todo caso, no ha querido decir si el magistrado debe ser recusado por el Gobierno Vasco si decide recurrir, pero cree que en los jueces debería haber "una apariencia de neutralidad" que, en este caso, ha desaparecido, al realizar Luis Garrido las declaraciones en una tertulia radiofónica un día antes de dictar el auto de reapertura de los establecimientos hosteleros.

Aitor Esteban ha puesto en entredicho que pueda haber jueces tertulianos porque "no se puede estar en misa y repicando". "No son un ciudadano más, esa apariencia de neutralidad es importante y no se puede estar dando opiniones todo el día", ha explicado.

Asimismo, cree que, en "un tema tan delicado", Garrido adopta una medida cautelar en la que "altera el 'estatu quo' que había hasta el momento" para esperar a que se resuelva el fondo del asunto. "Mientras tanto, pueden producirse más contagios. Sea cual sea la decisión, ¡tómela!!", ha apuntado.

COMPETENCIAS

Esteban ha destacado que el año pasado el TSJPV dijo que el Gobierno Vasco no tenía competencias para tomar determinadas decisiones, lo que forzó a un nuevo decreto de estado de alarma "con más competencias reforzadas para las comunidades autónomas, y ahora no se ha entrado en eso". "Parece que no se duda de que el Gobierno Vasco tiene competencias. Se entra en cuestiones médicas", ha remarcado.

En todo caso, ha dicho que hay que confiar en que la ciudadanía tenga responsabilidad en este fin de semana de Carnaval. A su juicio, algunos quieren dar a entender que el Gobierno Vasco "quiere ir contra la hostelería", cuando no es así, "porque es un sector muy importante", con muchos puesto de trabajo y que debe percibir ayudas. "Pero no podemos dejar que colapsen nuestras UCIs", ha aseverado.

El portavoz del Grupo Vasco en el Congreso cree que el actual estado de alarma es "más adecuado a la división competencial dentro del Estado", aunque cree que se podía haber dado más margen, como por ejemplo, en el horario del toque de queda.

Probablemente, el Gobierno español estaría dispuesto a cambiarlo, pero si no si tuviera cambiar el que cambiar el texto del estado alarma, porque no quiere arriesgarse a llevarlo al Congreso, cuando no sabe por dónde le van a salir un grupo político, el otro y el otro, e igual se ve forzado a una mayoría que le lleva a una posición con la que no está de acuerdo. Entonces, se siente más tranquilo sin tener que volver a arriesgar esa votación", ha concluido.

El fin de semana comenzará con la llegada de un frente frío que terminará de recorrer este viernes la mitad este de la Península y Baleares y las lluvias darán una tregua a la mayor parte del país, según la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET).

El portavoz de la AEMET, Rubén del Campo, ha explicado que en los próximos días un potente anticiclón situado en Europa Central ejercerá su influencia en España y mantendrá alejadas las borrascas atlánticas.

Así, señala que esto garantizará un "tiempo en general estable, con pocas nubes "casi decorativas" y precipitaciones débiles acotadas a Galicia, área mediterránea peninsular y Baleares, ya que en esta zona del Mediterráneo los vientos tendrán procedencia marítima y pueden dejar lluvias débiles en esas zonas.

En cuanto a las temperaturas, prevé que aunque bajarán los valores nocturnos el fin de semana y habrá heladas en zonas del centro e interior de la mitad norte, durante el día predominen las temperaturas suaves que podrán volver a superar los 20 grados centígrados en el áreas mediterránea, Cantábrico, mitad sur, e incluso algunos días en puntos del valle del Ebro y la zona centro.

"Estas temperaturas en general serán altas para la época del año", confirma.

De momento, señala que este viernes no lloverá en el sureste peninsular pero en general se esperan precipitaciones débiles, que serán algo más intensas en el Cantábrico oriental y el Pirineo occidental, y acompañadas de tormenta en Baleares.

Pero tras el paso de ese frente, los cielos quedarán poco nubosos tanto el sábado como el domingo, cuando apenas se esperan algunas precipitaciones débiles en Cataluña y quizá en Baleares, el norte del litoral mediterráneo peninsular y el oeste de Galicia.

En Cataluña el domingo la cota de nieve bajará hasta los 600 u 800 metros en el noreste.

En el resto predominará un tiempo seco y estable, aunque con nubes de tipo alto. Las temperaturas subirán en la mayor parte de la Península, pero bajarán en el área mediterránea, especialmente en el noreste de Cataluña, donde el domingo podría nevar débilmente en cotas relativamente bajas.

En cuanto a los vientos, la AEMET espera que soplen flojos variables en la Meseta y en el interior de Andalucía y se notarán algo más en el resto, con intervalos de intensidad fuerte del suroeste en el litoralgallego y el domingo de levante en el Estrecho.

En Canarias se espera el régimen habitual de alisios, con cielos poco nubosos al sur del archipiélago y nubosos al norte, donde caerán algunas lluvias débiles, que serán menos probables conforme avanza el fin de semana.

De cara a la próxima semana, desde el lunes hasta el domingo, aunque con incertidumbre se espera el predominio de un tiempo seco y estable, con algunas precipitaciones en el norte del área mediterránea y en Galicia, más probables el martes 16 en esta última zona.

En el resto, habrá nubes altas y además de la subida de las temperaturas que se producirá el lunes en el noreste de Cataluña, no se esperan en principio cambios térmicos. En cuanto al viento, el lunes y elmartes, soplará con intervalos de intensidad fuerte del suroeste en el litoral gallego, del sur en la costa vasca y de levante en el Estrecho, amainando probablemente en estas zonas en días sucesivos.

El portavoz ha señalado también que las temperaturas subirán notablemente en el área mediterránea el lunes y el martes, al cortarse esos vientos de procedencia marítima y soplar vientos del suroeste. Mientras, las mínimas ascenderán en casi todo el país y las heladas irán desapareciendo tras las que se esperan el fin de semana en el centro y en el norte.

"El ambiente será suave durante la primera mitad de la semana, que en principio también se mantendrá durante los días siguientes", ha resumido.

En general ha pronosticado que las temperaturas estarán entre 5 y 10 grados por encima de lo normal para estas fechas en buena parte del norte y este de la Península, al menos hasta el jueves. En concreto, precisa que se esperan valores de más de 20ºC en el área cantábrica, en el tercio oriental peninsular, en la zona centro, en la meseta sur y Andalucía, sobre todo el miércoles y el jueves en Canarias.

De hecho, se espera en el archipiélago que los vientos sean del este o sureste de lunes a miércoles, con tiempo seco y cielos poco despejados, aunque con probabilidad de calimas. Los últimos días de la semana, especialmente hacia el final, es probable que se aproxime al archipiélago una baja que dejaría precipitaciones de cierta importancia en su mitad occidental.

Diez diputados de Unidas Podemos se han sumado a un manifiesto para solicitar al Comite Internacional de la Cruz Roja (CICR) que despliegue una operación humanitaria en el Sáhara Occidental para garantizar la protección de la población civil ante el deterioro de la situación en los últimos meses.

Según fuentes del partido morado, Antón Gómez Reino, Gerardo Pisarello, Enrique Santiago, Lucía Muñoz, Roberto Uriarte, Roser Maestro, Sofía Castañón, Antonia Jover, Pedro Honrubia y María Marquez han firmado el llamamiento hecho desde el Colectivo de Defensores Saharauis de los Derechos Humanos (CODESA).

En el documento, se denuncia la reanudación del conflicto en el Sáhara Occidental el pasado 13 de noviembre y se alerta de que "el dramático deterioro de la situación expone al pueblo saharaui a nuevas violaciones de los Derechos Humanos y del Derecho Internacional bajo ocupación marroquí".

CODESA sostiene en su llamamiento que en las últimas semanas han aumentado en el Sáhara Occidental "los casos de arrestos, detenciones y amenazas arbirtrarias contra defensores de los Derechos Humanos saharauis y las voces de disidencia contra las fuerzas de ocupación".

Asimismo, subraya que "más que nunca los derechos fundamentales de los saharauis "a la vida, la seguridad física y la seguridad personal, además de la restricción de derechos y libertades básicos, están amenazados".

Por ello, los firmantes piden al CICR que despliegue "cuanto antes una operación humanitaria" en este territorio tras casi dos décadas de ausencia "con el fin de brindar protección urgente a los civiles saharauis y garantizar el respeto del Derecho Internacional Humanitario.

El documento justifica esta petición teniendo en cuenta la situación jurídica de la antigua colonia española y "el hecho de que a los observadores internacionales, incluida la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, se les niega continuamente el acceso al Sáhara Occidental".

La tensión entre Marruecos y el Frente Polisario, que gobierna la autoproclamada República Áraba Saharaui Democrática (RASD), desde que Rabat desplegó en noviembre al Ejército en El Guerguerat, fronteriza con Mauritania, para garantizar la libre circulación tras semanas de bloqueo por parte de activistas saharauis y de "provocaciones" atribuidas desde Rabat al Frente Polisario, que a su vez considera "ilegal" dicho paso.

El Sáhara Occidental figura como territorio no autónomo para Naciones Unidas, a la espera de un acuerdo pactado --o incluso de un referéndum-- que no termina de llegar. El Gobierno español insiste en la necesidad de que se retome el proceso de negociación auspiciado por la ONU, bloqueado por el hecho de que no hay nuevo enviado especial para el Sáhara Occidental, desde hace 18 meses.

La decisión del entonces presidente estadounidense, Donald Trump, de reconocer como marroquí el Sáhara Occidental el pasado diciembre a cambio del restablecimiento de relaciones entre Marruecos e Israel ha contribuido a tensar aún más la situación.

Un 75% de los puestos de alta dirección están ocupados por hombres, aunque el 95% de las empresas cuentan con políticas de conciliación laboral y un plan de igualdad, según el Estudio sobre Información no financiera realizado por Informa D&B, compañía filial de Cesce.

El informe señala que solo el 48% de las empresas incluye datos sobre la brecha salarial entre su información no financiera y en un 45% de los casos, los hombres reciben mayor salario que sus compañeras, mientras que lo contrario solo sucede en el 3%.

La transparencia se ha convertido en un valor para las empresas ya que la sociedad demanda cada vez más información, según Informa D&B. Sin embargo, de acuerdo con el Real Decreto Ley 18/2017, únicamente las grandes empresas y las entidades de interés público están obligadas en España a publicar información no financiera, por lo que el número de informes disponibles no es muy elevado, 577.

"La falta de una norma sobre cómo ha de presentarse esta información, dificulta su comparativa, por lo que se han establecido 6 grandes áreas temáticas que, a su vez, se han dividido en datos, 61 en total", ha añadido la compañía.

Según Nathalie Gianese, el 97% de las memorias analizadas ofrecen información sobre la descripción de la estrategia de negocio, si la empresa tiene un Plan de Igualdad, si existe una política de salud y seguridad laboral, el reparto de la plantilla según el género y si existe una política medioambiental.

Además, la información sobre la remuneración media del Consejo o de la alta dirección no aparece ni en el 10% de los informes. Aunque se trata de grandes empresas, poco más de la mitad, el 57%, informa sobre su inversión en I+D+i.

BANKIA, ENDESA Y TELEFÓNICA, LAS MÁS TRANSPARENTES

Bankia y Endesa son las compañías que más información proporcionan en estos informes. Las dos primeras incluyen los 61 datos analizados y Telefónica se queda en 60.

Mediaset y Azkoyen completan el 'Top 5', con 59 y 58 campos informados, respectivamente. Por el contrario, CIE Automotive y Viscofan son las empresas que menos información proporcionan, con menos de 56 datos analizados.

También existes otras cuestiones sociales reflejadas en el informe. La preocupación por los derechos humanos y laborales es patente, el 95% de las empresas cuentan con un plan en este sentido, un 98% tienen un plan de política de salud y seguridad laboral y algo más del 54% ha desarrollado un Plan de Diversidad.

Además, casi el 90% de las empresas declaran contar con un código de conducta y un 94% con una política contra corrupción y soborno, pero solo un 2% informa sobre la formación a su personal en la lucha contra estos delitos.

En cuanto a las relaciones con la sociedad, solo el 33% de las empresas incluye datos sobre las reclamaciones recibidas y aún es menor el porcentaje que aporta el nivel de satisfacción de sus clientes, un 8%.

Sin embargo, las aportaciones a fundaciones o entidades sin ánimo de lucro aparecen en el 82% de los informes analizados, confirmando realizarlas un 74%.

El Gobierno de Canarias han prorrogado hasta las 24.00 horas del domingo, 28 de febrero, la realización de cribados para contener la transmisión del SARS-COV-2, mediante pruebas diagnósticas de infección activa (PDIA) a los pasajeros que entren en Canarias procedentes del resto del territorio nacional, por vía aérea o marítima.

Según ha informado la Consejería de Sanidad, entre el 18 de diciembre y el 10 de febrero se detectaron un total de 374 casos positivos de COVID-19 entre los pasajeros que se realizaron la prueba dentro de las 72 horas antes de su llegada a las islas desde otras regiones del país.

De estos positivos, 320 fueron confirmados mediante PCR (306 a residentes y 14 a no residentes) y las 54 restantes por test de antígenos (42 a residentes y 12 a no residentes); mientras que en ese periodo, un total de 32.345 residentes canarios se sometieron a una PDIA en origen, detectándose los 348 casos positivos ya mencionados.

FUNCIONAMIENTO DEL DISPOSITIVO

Por su parte, cuando un pasajero llega a Canarias procedente de otra región del territorio nacional, debe entregar un certificado de PDIA negativa en los puestos de control establecidos para tal efecto por la Consejería de Sanidad en los aeropuertos canarios que reciben vuelos nacionales.

Los viajeros que realicen transbordo de aeropuerto entre islas deben acudir al control del primer aeropuerto en el que desembarquen para presentar su certificado de prueba diagnóstica negativa.

Además, los que no presentaron el certificado, o que el mismo no fue validado, quedan identificados, registrados y son emplazados a realizar aislamiento hasta obtener el resultado negativo de una prueba diagnóstica en destino.

Las pruebas diagnósticas de infección activa admitidas, a elección del pasajero, son: PCR (RT-PCR de COVID-19); Test rápidos de detección de antígenos de SARS-CoV-2 con una especificidad de más del 97% y una sensibilidad de más del 80%, de acuerdo con la homologación correspondiente de un país de la Unión Europea o del espacio económico europeo; y Amplificación Mediada por Trascripción (TMA).

PRUEBA GRATUITA

La Consejería de Sanidad recuerda que la prueba diagnóstica, tanto en origen como en destino, será gratuita para los viajeros residentes en Canarias que procedan del resto del territorio nacional y realicen la prueba en los centros Eurofins Megalab concertados por el Servicio Canario de la Salud para tal efecto.

De igual modo, en los restantes casos, el pasajero asumirá el coste de la realización de la PDIA, que tendrá un precio especial en los centros concertados por el SCS.

RESULTADO EN DESTINO

La Consejería de Sanidad dispone de un operativo de puntos de control Covid-19 en los seis aeropuertos canarios que operan con vuelos nacionales en los que se solicita la acreditación del resultado de la PDIA.

En el supuesto excepcional de que el pasajero no se hubiera realizado la PDIA en las 72 horas previas a la llegada, se deberá aislar en su residencia y realizarse una PDIA en las 72 horas siguientes a su llegada, debiendo remitir el resultado al SCS. El aislamiento deberá mantenerse hasta la obtención y remisión de prueba diagnóstica negativa o, en su caso, el alta epidemiológica.

Quienes no se realicen la PDIA, deberán guardar aislamiento en su residencia durante 10 días y quedan expuestos a la sanción prevista. Las agencias de viaje, los operadores turísticos y compañías de transporte aéreo o marítimo y cualquier otro agente que comercialice billetes deberán informar a los pasajeros, en el inicio del proceso de venta de los billetes con destino a Canarias, de las obligaciones derivadas de la Orden.

CITA PREVIA EN ORIGEN

Por último, Sanidad ha recordado que el SCS ha suscrito un convenio con una red de laboratorios con 68 sedes en todo el territorio nacional y hay que pedir cita para la realización de la prueba en el laboratorio más cercano al domicilio al que se vaya a acudir o en el 911 087 080.

El viajero deberá presentar en el momento de realizar la prueba los documentos acreditativos impresos (bono de la prueba descargable en la web, fotocopia del DNI o certificado de residencia y fotocopia del comprobante del vuelo a las Islas).

Mientras, los viajeros residentes en Canarias pueden consultar el listado de laboratorios con las direcciones y teléfonos y descargar el bono gratuito de la prueba, en la web; pudiéndose también consultar el listado de centros disponibles, con sus direcciones y ubicación en el mapa nacional, en este enlace.

Finalmente, no obstante, el pasajero podrá acudir a cualquier otro laboratorio fuera de la red conveniada que no quedará sujeto a subvención.

La Confederación Española de Familias de Personas Sordas (Fiapas) se muestra satisfecha ante la aprobación la nueva orden ministerial por parte del Ministerio de Consumo sobre los requisitos que deberán cumplir las mascarillas higiénicas, publicada este viernes en el Boletín Oficial del Estado (BOE), ya que se incluye una disposición relativa a las mascarillas higiénicas transparentes.

Respecto a estas últimas, además de ser de aplicación todo lo establecido a lo largo del articulado de la orden, se establecen algunas previsiones específicas para asegurar su seguridad y funcionalidad. "La orden supone contar con un marco legal de referencia que vele por la salud y seguridad de los consumidores en esta materia, y además no deja desasistido a un grupo vulnerable como son las personas con discapacidad, auditiva en este caso", han comunicado desde Fiapas.

Con esta regulación, Consumo amplía las exigencias para la venta de las mascarillas higiénicas, acota determinados conceptos como el propio de mascarilla higiénica y otros como accesorio de mascarillas y filtro y solo podrán ser comercializadas como mascarillas higiénicas las testadas por un laboratorio acreditado.

En el caso de las mascarillas higiénicas transparentes, en concreto, el texto señala que los materiales deberán ser suficientemente transparentes y diseñarse de forma que garanticen la lectura labial, evitando efectos como el empañamiento continuado de la zona transparente o la distorsión o reducción significativa del volumen de voz.

Además, prevé que, en caso de estar compuestas por materiales que no permitan el paso del aire, deberá realizarse una evaluación de riesgos para asegurar que el producto no obstruye indebidamente la respiración, provocando algún riesgo tras su uso prolongado, debiendo hacer constar la información resultante de tal evaluación en el etiquetado.

Así, también deberán incluir en el etiquetado información o advertencia acerca del efecto distorsionador del habla y de la minoración en decibelios que provoca la mascarilla o cobertor facial comunitario.

LABORATORIOS ACREDITADOS

Con respecto a las disposiciones generales de la norma que, como se ha indicado, aplican en todo caso a las mascarillas higiénicas transparentes, la orden establece que los laboratorios que realicen los ensayos relativos a las mascarillas higiénicas o a sus materiales deberán tener la competencia técnica y medios para poder realizar los ensayos, debiendo tener implantado, al menos, un sistema de acuerdo con la norma UNE-EN-ISO/IEC 17025. Para demostrar este cumplimiento, el laboratorio debe estar acreditado para dichos ensayos por la Entidad Nacional de Acreditación (ENAC).

Por último, Fiapas destaca que ha participado durante las diferentes fases de elaboración de esta norma, tanto en la consulta pública previa, como en el periodo de información pública abierto al público en el que, además, fue expresamente consultada por el Ministerio, junto con otras organizaciones, ajenas al sector de la discapacidad, como la Asociación Española de Normalización (UNE), la Entidad Nacional de Acreditación (ENAC) y relevantes entidades del sector textil, sanitario y de equipos de protección individual.

Según informa el Ministerio de Consumo, la orden ve la luz tras obtener las preceptivas autorizaciones de la Organización Mundial del Comercio (OMC) y de la Unión Europea (UE).

El candidato del PSC a las elecciones catalanas, Salvador Illa, cree que el veto de los partidos independentistas para no pactar con los socialistas tras el 14 de febrero "no tendrá efecto" en otros ámbitos institucionales, como puede ser el Congreso o en los ayuntamientos.

En una rueda de prensa telemática de EFE este viernes, ha tachado el acuerdo de los independentistas de pactar contra él como "un gran error político" y una manera pobre de hacer política, frente a la que quiere apostar por el diálogo dentro de la ley, el reencuentro y no la división.

"Sería un error todavía más grande que tuviera efecto en otros ámbitos institucionales, como pueden ser los ayuntamientos. Desde luego, el PSC no irá por aquí", y ha añadido que los socialistas no van a fomentar romper ningún pacto en ninguna institución.

Ha lamentado que es "el primer pacto contra un partido socialdemócrata que se hace en Europa" y lo ha calificado como el pacto del miedo, de definir una posición política en base a excluir a otros partidos políticos.

Aun así, ha valorado que puede ser un incentivo para concentrar el voto en su candidatura, que espera que tenga el peso suficiente para ser presidente porque "es la única que quiere avanzar y dejar atrás los 10 años de decadencia".

Ha destacado que él hace una propuesta en positivo, sin excluir ni vetar a nadie y sin la necesidad de firmar ningún documento, y que en el escrito que han firmado los independenistas no hay ningún argumento en positivo: "¿Por qué excluyen al PSC de la política catalana?".

"Si lo tienen tan claro, ¿por qué nos han llevado a elecciones? ¿Qué no tienen mayoría ahora en Cataluña? ¿Por qué JxCat se han disgregado con Junts y PDeCAT? ¿Por qué no han llegado a un acuerdo para sustituir a Torra si tienen más de 68 diputados? ¿Por qué han habido estas diferencias tan explícitas?", ha reprochado.

DESCARTA LOS TRIBUNALES

Cree que en el debate de La Sexta de este jueves "se vio con claridad la situación política de Catalunya, reflejada en esta política de bloques y trincheras", y ante esto considera que él trasladó un mensaje de esperanza porque intentó explicar todas sus propuestas de reencuentro.

Ha lamentado que el "todo contra Illa derivó en calumnias y ataques" y, preguntado por si tiene previsto llevar a los independentistas a los tribunales por estas cuestiones, ha respondido que no tiene previsto hacerlo por ahora, pero que todo tiene un límite, ha dicho.

Considera que descalificar con falsedades a un adversario político retrata a los independentistas, a los que ha reprochado no desarrollar su propuesta política a pesar de tener mayoría parlamentaria, y les ha acusado de tener "un estilo de hacer política trumpista".

"¿Qué proponen exactamente? ¿Más de lo mismo? ¿Más confrontación? ¿Más división? ¿Más decadencia? ¿Excluyendo al PSC? ¿Fuera el PSC y más de lo mismo?", ha preguntado.

PACTOS TRAS EL 14F

Por otro lado, ha insistido en que, si gana las elecciones, llamará a todas las fuerzas políticas --incluidas las independentistas--, menos a Vox, sobre el que ha reiterado que no dependerán para formar gobierno ni aceptarán sus votos.

Preguntado por las declaraciones del candidato de Cs, Carlos Carrizosa, de que no descarta investir a Illa en un Govern constitucionalista con Cs, ha dicho que él ya ha presentado clara su propuesta y que, si Carrizosa la apoya, "pues bienvenido".

El candidato de Cs a presidir la Generalitat, Carlos Carrizosa, ha dicho que su partido "estaría dispuesto" a apoyar una eventual investidura de Salvador Illa (PSC) en un Govern constitucionalista con Cs y si es la garantía de que no gobierna con los comuns o con ERC.

En una entrevista de Catalunya Ràdio, ha deseado que Illa le haga presidente a él, pero "ya se verá quién saca más votos de los dos".

Ha asegurado que no harán 'cordón sanitario' a Vox en el Parlament y que tampoco lo han hecho hasta ahora: "Ni con la CUP, que quizás somos el partido más alejado; ni con Junts, con su presidente de 'las bestias taradas' y los artículos supremacistas, ni con Borràs, que tiene en su candidatura a gente abiertamente hispanófoba".

Carrizosa ha añadido que Cs votará siempre a favor de quien "proponga cosas buenas para los catalanes" pero combatirá cualquier planteamiento que deplore o no comparta.

Preguntado en este sentido por Vox, ha respondido que "merece absolutamente repulsión y merece el aislamiento de aquellas personas que proponen soluciones".

El alcalde de Albacete, Vicente Casañ, se ha defendido de las acusaciones periodísticas de haber contratado irregularmente como primer edil con una empresa de su propiedad durante los tres primeros meses de mandato, asegurando que es una persona honrada y que merece "respeto".

A preguntas de los medios tras una rueda de prensa, ha comenzado dejando "claro" que es un hombre "honesto que no se ha lucrado de su cargo". "Me ha resultado muy doloroso haberme visto sometido a esta sospecha".

Tras apuntar que Albacete es una gran ciudad, asegura que todos se conocen. "Es de sobra conocida mi carrera profesional". En 2018 se emancipó empresarialmente montando una empresa junto a su socio, con el propósito de "ganarse la vida en la radio".

Ciudadanos le propuso ser candidato a la Alcaldía, momento en el que dejó de trabajar, manteniendo su 50% de participación en la empresa, hasta que el 15 de junio recibe el bastón de mando.

Fue entonces cuando, asegura, consultó a los servicios jurídicos de Albacete por su situación con la empresa, y le dijeron que tendría que desvincularse de la entidad sin demorar el trámite, sin necesidad de hacerlo al día siguiente.

Buscó un comprador de las acciones por 1.500 euros de capital, misma cantidad que puso encima de la mesa al constituir la empresa.

Entonces se hicieron los trámites "lo más rápido posible, en menos de tres meses", el mismo plazo que la ley de Altos Cargos da para este tipo de trámites.

En el caso del alcalde "no hay nada establecido" al respecto, pese a lo que hizo el movimiento "lo más rápido posible". También se decidió su cese como administrador de la empresa, y el 6 de septiembre se escritura la venta de las acciones, lo cual se acepta el 12 de septiembre. Desde ese momento, indica, queda totalmente desvinculado de la empresa, si bien ha recordado que desde que fue designado candidato dejó de trabajar.

"En esos dos meses, casi tres, cuando ya era alcalde de Albacete, seguía siendo socio de la empresa, pero ya estaba en trámites de salir de esa empresa", ha afirmado, incidiendo en que durante esos meses no percibió "ni nómina ni beneficios", lo cual ha demostrado "con transparencia.

"No he tenido ánimo de ocultar nada. ¿Pero qué voy a ocultar, si todo el mundo sabía que tenía esa empresa?", ha abundado Vicente Casañ, defendiendo su buena praxis.

Además, las participaciones fueron vendidas "por la misma cantidad" y lo percibido fue declarado en la renta de ese ejercicio fiscal.

PIDE AL PP QUE "NO ESTIRE EL CHICLE"

Con todo, ha criticado que "no todo vale en política". "Mi nombre merece el respeto de una persona honrada. El daño injustificado ha sido terrible en estos días, pero no cejaré en mi empeño de seguir sumando para la ciudad y colaborando en el crecimiento de Albacete. Por la ciudad y por los albaceteños. Y los que estén detrás de todo este lío, le han hecho un flaco favor a la ciudad, ha sido una torpeza política importante".

Ante las críticas del PP por no haber visto aún los documentos, ha pedido a la oposición que "no estire el chicle", reparando en que desde primera hora de la mañana de este jueves tenía toda la documentación a disposición de todos los partidos políticos, y fueron los 'populares' los que no fueron a examinarla, como sí hicieron otros grupos. "Será que nuestros despachos están muy separados", ha indicado con ironía.

"Hay mucha gente que no sabe lo que es montar una empresa porque llevan 30 años en política. Y no saben lo que es salir de una empresa por decencia", ha apuntado.

Así, ha pedido "confiar" a la ciudadanía, añadiendo que no va a perder "ni un minuto más en unos enredos e intrigas que sólo le preocupan a la gente que no tiene nada que hacer, o que es, tristemente, mala gente".

SÁEZ: "LAS CLOACAS NO PUEDEN SIEMPRE SALIR VICTORIOSAS"

De su lado, el vicealcalde del PSOE, Emilio Sáez, que tomará el bastón de mando en cuatro meses en virtud del pacto con Cs por el cual se repartirán la Alcaldía durante la legislatura, se ha preguntado "cómo llega esto a un diario de tirada nacional", si bien asegura "intuir" de dónde viene.

"Tiene mi apoyo en lo personal, en lo institucional, y todo el apoyo del Grupo Socialista. Ya dijimos a nivel provincial y regional que estábamos seguros de que el alcalde iba a aclarar y a presentar toda la documentación al respecto. Creo que no hay caso como para poder continuar con esta estrategia de acoso y derribo hacia Casañ", ha aseverado. Para Sáez, "las cloacas no pueden siempre salir victoriosas".

En este punto, ha ratificado que el pacto de Gobierno sigue gozando de "muy buena salud" y en junio se producirá el relevo en la Alcaldía, más allá de campañas que "intentan desestabilizar un acuerdo de gobernabilidad.

"Estamos simplemente trabajando para acabar con los problemas de esta ciudad. Creo que cada miembro del equipo de Gobierno lo está haciendo bien y en la ciudad se está notando, está mejorando", ha afirmado el socialista.

Así, ya tienen planificado el futuro de la ciudad, algo que harán de la mano de Casañ cuando éste deje de ser primer edil, todo con "acciones conjuntas de todo el equipo de Gobierno".