La Sala de lo Penal del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) ha revocado la sentencia de la Audiencia Provincial de Las Palmas que el 16 de diciembre de 2020 condenó a cuatro años y seis meses de prisión a un varón por abuso sexual.

Una joven le había acusado de someterla sin su consentimiento a un encuentro sexual en la salida de una discoteca y ahora la instancia superior ha decretado la libre absolución del acusado al quedar dudas sobre el consentimiento de la relación.

La Sala ha estimado el recurso de la defensa en referencia a su primera alegación, vulneración del principio de presunción de inocencia, y ha anulado la condena al entender que surgen dudas sobre "si los hechos ocurrieron tal y como los describe" la denunciante "o si, por el contrario, aquellos no se produjeron en una situación de ataque a la libertad e indemnidad sexual de la víctima, sino dentro de un encuentro sexual admitido por ambos".

El Tribunal explica que en la narración de la denunciante ella reconoce no haberse opuesto ni a los besos ni al contacto sexual posterior (una felación), ni haber pedido ayuda a las personas que pasaron a su alrededor.

Además, después del acto, le dio los datos de su perfil de instagram al acusado, que la acompañó junto a sus amigas cogidos de la cintura. Tras comentar lo ocurrido con ellas, le plantearon llamar a la Policía y tampoco quiso.

Por último, cita el fallo judicial que el acusado instó a los agentes que le detuvieron a inspeccionar las cámaras de seguridad del entorno para aclarar lo ocurrido. Aunque esas gestiones no tuvieron éxito, explica la Sala, esta actitud "es un dato más a considerar".

"DUDA RAZONABLE"

"Todas las circunstancias expuestas y que confluyen en los hechos generan en este Tribunal una duda razonable sobre la concurrencia o no del consentimiento de la denunciante, de 19 años de edad a la fecha de los hechos", detalla la sentencia.

Es por ello que la Sala entiende que debe aplicarse el principio "in dubio pro reo" y dictarse una sentencia absolutoria. Contra este fallo, que no es firme, cabe recurso de casación ante por la propia Sala.

El portavoz del PP en el Senado, Javier Maroto, ha lanzado este martes un "ultimátum" a la presidenta del Senado, Pilar LLop, "que tiene de plazo hasta la tarde para convocar la mesa del Senado y dar la vuelta a su cacicada personal de anular" la votación de la enmienda que bajaba el IVA de las peluquerías del 21% al 10%.

Así lo ha manifestado en una visita a la localidad castellonense de Peñíscola este martes, junto a la presidenta del PPCS, Marta Barrachina, y tras la reunión del comité de dirección de los Populares en Peñíscola, donde también se ha reunido con empresarios turísticos de la localidad.

La presidenta del Senado, Pilar Llop, decidió el pasado viernes, a instancias del Gobierno, declarar la nulidad de la votación de la enmienda que bajaba el IVA de las peluquerías del 21% al 10% y, en consecuencia, no incluir esta medida en el texto de la ley antifraude que la Cámara Alta remitirá al Congreso de los Diputados, según han informado fuentes de la Presidencia de la Cámara.

Al respecto, Maroto, en declaraciones a los medios, ha calificado este martes de "tropelía" y "cacicada" que Llop haya "anulado porque no le gusta una votación que se produjo democráticamente en el peno, donde una mayoría parlamentaria y democrática" tomó la decisión de que "las peluquerías tienen que dejar de soportar el tipo de IVA máximo de 25%"y que se rebaje al diez por ciento a partir del próximo año.

"El PSOE, por primera vez en la historia democrática de España, ha anulado esa votación porque al PSOE no le gusta perder votaciones", ha reprochado, antes de añadir que su grupo ha requerido al respecto a la presidenta del Senado, "pupila de Sánchez", pero "sigue su manera de operar".

Así, ha querido "hacer público" un "ultimátum": "La presidenta del Senado tiene de plazo hasta esta tarde para convocar a la Mesa del Senado, dar la vuelta a su cacicada personal de anular una votación que no le gusta y permitir que esa ley, mañana en el Congreso, se pueda votar con la incorporación de que el IVA a las peluquerías será del 10% a toda España". "En la España de 2021 no se puede anular las votaciones que uno pierde", porque "cuando uno pierde una votación, la gana la democracia", ha apostillado.

IVA AL 4% PARA EL TURISMO

Por otro lado, Javier Maroto ha reclamado al Gobierno central "sensibilidad" y "atención" hacia el sector turístico y ha insistido en que el IVA de esta actividad baje durante estas temporadas al cuatro por ciento.

"España es una tierra que vive del turismo, un sector que es muy importante. Y por eso vamos a recordarle al Gobierno las propuestas que el PP viene realizando, caso de un Plan Nacional a favor del turismo, así como una rebaja sustancial del IVA. Las temporadas del año 2020 y la del 2021 han sido difíciles y posiblemente la del 2022 también lo sea. Por eso queremos que el IVA de este sector baje durante estas temporadas al 4%. Vamos a llevar iniciativas en las cámaras para conseguirlo y posiblemente tengamos mayorías alternativas a las del gobierno para lograrlo", ha asegurado Maroto.

El portavoz del PP en el Senado, Javier Maroto, ha estado acompañado durante su visita a la provincia por la presidenta provincial del PPCS, Marta Barrachina, y los senadores de Castellón Salomé Pradas, Alberto Fabra y Vicente Martínez Mus, además del alcalde de la Ciudad en el Mar, Andrés Martínez, entre otros cargos. Esta tarde, a las 19.15 horas, está previsto que visite Alcossebre, acompañado del alcalde de Alcalà de Xivert, Francisco Juan.

El Partido Popular se ha reunido con Francisco Ribera, presidente de Agretur - Agrupación Empresarios Turísticos de Peñíscola, integrada en Ashotur; Javier Marqués, presidente de la Asociación Gastronómica Ciudad de Peñíscola; Antonio Horche, Club de Producto Peñíscola Gastronómica; además de los empresarios y los representantes del sector Juan Vizcarro, Ramón Albiol, Rafael Suescun o Juan Antonio Beltrán.

"FALTA CLARA DE CRITERIO"

Por su parte, la presidenta provincial del PPCS, Marta Barrachina, ha recordado que el turismo representa el 12% del PIB de la economía castellonense, aportando en el caso solo de Peñíscola, 10.000 plazas hoteleras. "La campaña ha empezado y lo que vemos es una falta clara de criterio en los gobiernos de izquierda, justo cuando el apoyo de las administraciones públicas más necesario es", ha agregado.

"Hace falta escuchar a los empresarios del sector y tomar nota de las medidas que demandan y necesitan, porque de ellos depende nuestro futuro. De ahí que hoy tengamos aquí al portavoz del Senado y a todo el comité de dirección de la Cámara Alta, para abordar estas materias y elevarlas ante el Gobierno, que un día sí, y otro también, miran hacia otro lado, lastrando las oportunidades", ha lamentado.

En esta línea, Barrachina ha recordado la petición del sector hostelero de la provincia y de los alcaldes de municipios turísticos al presidente de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, para que "levante las restricciones horarias del sector hostelero, fijadas a la 1 de la madrugada, y el ocio nocturno, a las 2 de la madrugada, y que suponen pérdida de negocio y fomentan las reuniones de personas de manera incontrolada, especialmente de jóvenes, que ya están causando graves problema de contagios".

"Los gobiernos del PSOE, por no hacer, no han sido capaces ni de cumplir con su promesa en el año 2017 de conectar el aeropuerto de Castellón, ese que tanto demonizaban, con Madrid, a pesar de que fueron ellos quienes lo anunciaron. Si no cumplen ni sus promesas, ¿cómo van a ser capaces de gestionar todo lo demás?", ha añadido Marta Barrachina.

En ese sentido, ha asegurado que el Partido Popular de Castellón "va a estar al lado de los castellonenses, preocupándose por las cuestiones que de verdad son importantes para los ciudadanos de esta tierra, y en este sentido, el turismo es un pilar fundamental que necesita de toda la atención para que pueda volver a ser el motor del empleo y el progreso de nuestra provincia".

La Universitat Politècnica de València (UPV) citará para vacunar en tres días a los 946 estudiantes que participarán en programas de movilidad y de prácticas internacionales durante el próximo curso 2021-2022.

La vacunación la realizará el personal sanitario del Centro de Salud 'Juana Portaceli' de la UPV en las instalaciones del Trinquet Politècnic 'El Genovés' del campus de Vera, previsiblemente la próxima semana. El alumnado de los campus de Alcoy y Gandia deberá desplazarse a València para recibir sus dosis, según ha informado la institución académica en un comunicado.

El vicerrector de Diálogo Social, Prevención, Conciliación y Deporte de la UPV, Santiago Guillem, ha destacado la importancia de este acuerdo entre las universidades y la Conselleria de Sanidad, "que garantizará al estudiantado la posibilidad de viajar ya inmunizado y con el pasaporte covid.

Además, ha agradecido al personal sanitario de la UPV "el esfuerzo que realizará para vacunar en tres días a todo el alumnado". La vacuna que enviará Salud Pública a la UPV es la de Moderna, por lo que el estudiantado recibirá la segunda dosis a las cuatro semanas, previsiblemente durante el mes de agosto.

Desde la Oficina de Programas Internacionales de Intercambio de la UPV, se ha tramitado un total de 748 solicitudes de movilidad en el curso 2020-2021, una cifra alta en un momento como este de pandemia.Los países más populares por orden han sido Italia, Polonia, Alemania, República Checa, Francia, Portugal, Bélgica, Suecia, Reino Unido y Finlandia.

Para el curso que viene, el número de solicitudes vuelve a despegar hasta acercarse a las mil movilidades. Según la UPV, "se aprecia una tendencia al alza" ya que durante la crisis covid solo se ejecutaron el 70% de las solicitudes, por renuncias, cancelaciones u otras mientras que ahora "los alumnos vuelven a tener inquietudes por irse fuera, ya que algunos no pudieron hacerlo durante el curso pasado".

En el curso 2018-2019, se alcanzó la cifra récord de 1.287 estudiantes de la UPV enviados al extranjero: 1.287 participaron en programas de movilidad en Europa (Erasmus y Euromovex): 125 fuera de Europa (PROMOE, Santander Grado Iberoamerica); 75 en programas de Prácticas Erasmus en empresas europeas.

El presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, ha advertido este martes antes de la reunión con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en La Moncloa de que "es tiempo de acción y no de renuncias", y ha defendido la necesidad de reactivar el diálogo con el Gobierno.

En un tuit, ha explicado que está de camino a Madrid para esta reunión y ha insistido en que "Cataluña reclama la amnistía y la autodeterminación, y el fin inmediato de la represión".

"Reactivar el diálogo sincero y la negociación con el Estado es la prioridad, sabiendo de dónde venimos, dónde estamos y dónde queremos ir. Nosotros lo tenemos claro", ha afirmado.

Aragonès también ha criticado las fianzas que reclama el Tribunal de Cuentas a decenas de cargos y excargos de la Generalitat, y ha expresado el apoyo del Govern a todos los afectados.

"El ensañamiento del Tribunal de Cuentas es una aberración. Una más. Desde el Govern mostramos todo el apoyo a los compañeros afectados. Trabajamos por acompañaros en el proceso que hoy se abre. Nada nos detendrá", ha añadido.

La defensa del escritor Ildefonso Falcones ha puesto en duda las declaraciones de técnicos de Hacienda que han intervenido en el juicio contra el autor y su esposa Carmen Rosich por presunto fraude con los derechos de autor.

En concreto, en la sesión de este martes ha mencionado la declaración de un técnico que dijo que la forma en la que hicieron la liquidación era "opinable".

"No es opinable, es condenable. Eres un técnico de la Agencia Tributaria, te debes al contribuyente, ¿cómo puedes encima decir que es opinable cómo liquidamos?", ha reprochado el abogado de Falcones al exponer su informe final a la jueza.

Falcones declaró como acusado a principios de junio, negó que tuviera bienes a nombre de sociedades para ocultar que eran suyos y aseguró que era su hermano Rafael, ya fallecido, quien gestionaba los beneficios de los derechos de autor de sus novelas.

Este martes, la defensa del autor se ha pronunciado en el mismo sentido y ha asegurado que la Agencia Tributaria "tenía conocimiento puntual de que Bufete Falcones (la empresa familiar) era quien recibía los royalties de Random House por 'La catedral del mar'".

El abogado ha recordado que Falcones se acogió a la amnistía fiscal para regularizar bienes que tenía en el extranjero, y sobre el procedimiento ha reprochado que tiene "un efecto sancionador diabólico, no hay razón para aplicar una norma que es perjudicial para el reo en el ámbito penal".

"Si lo hubiera querido ocultar, ¿por qué me busco un agente literario en España? Si me lo busco en el extranjero ni siquiera informa al fisco español", ha figurado el abogado de la defensa, y ha tachado de absurdo creer que Falcones contratara a Random House si quisiera ocultar sus ingresos.

FISCALÍA Y ABOGACÍA PIDEN PRISIÓN

En cambio, tanto la Fiscalía como la Abogacía del Estado han mantenido sus acusaciones por dos presuntos delitos contra la Hacienda Pública en 2009 y 2010, y reclaman seis años de prisión para el escritor.

Las acusaciones han sostenido que Falcones fingió ceder los derechos de explotación de 'La catedral del mar' para lograr una "desvinculación formal de la tributación" y ahorrar en impuestos.

El grupo municipal de Vox ha votado este martes en contra de trasladar su apoyo a la población LGTBI de Hungría tras la aprobación de la normativa que prohíbe hablar de homosexualidad en las escuelas y la equipara a graves delitos como la pedofilia, y junto a PP y Cs han reiterado su 'no' a que la bandera arcoíris ondee en el Palacio de Cibeles, sede del Consistorio madrileño.

La formación que lidera Javier Ortega Smith ha votado en contra de las dos propuestas sobre población LGTBI que se han presentado en el Pleno coincidiendo con la Semana del Orgullo. Por su parte, PSOE y Más Madrid han dado el visto bueno a ambas iniciativas, mientras que PP y Ciudadanos han votado por puntos.

Así, las formaciones que componen el Gobierno municipal se han abstenido en cuestiones como "promover normativa y protocolos de actuación frente a la LGTBIfobia en el funcionamiento interno de los Centros Municipales".

El delegado de Familias, Igualdad y Bienestar Social, Pepe Aniorte, ha reivindicado al comienzo de su intervención que "el 81 por ciento de las personas LGTBI dicen que Madrid es una ciudad muy amigable, eso es lo que dice la población LGTBI de Madrid".

Este dato, ha apuntado, "rompe con los bulos, eso que intentan lanzar una y otra vez". Además, ha acusado a Más Madrid de "tapar su incompetencia en materia de políticas LGTBI con una bandera, cada vez más grande". "No tienen nada que aportar a la población LGTBI hoy en Madrid", les ha reprochado.

"USTEDES NO SIENTEN ORGULLO SINO VERGÜENZA"

La portavoz de Más Madrid, Rita Maestre, ha insistido al alcalde diciéndole "que ponga la bandera LGTBI en la fachada de Cibeles" porque "hacerlo es una declaración de intenciones y no hacerlo también". "Ustedes (al Gobierno) no sienten orgullo sino vergüenza", ha recriminado al Ejecutivo, después de apuntar que la bandera arcoíris es "una seña de identidad de una ciudad libre".

Maestre ha aprovechado su intervención para aplaudir la aprobación en Consejo de Ministros de la Ley Trans, una norma que hace a la ciudadanía "más libre".

ORGULLO "PARA SACAR RÉDITO A SIGLAS"

La concejala socialista Emilia Martínez ha apoyado las dos proposiciones presentadas pero no ha ahorrado críticas al resto de formaciones, incluida Más Madrid. La edil ha cargado contra las "malas artes oportunistas de PP, Cs y Más Madrid" tras el baile de proposiciones, que no declaración institucional, a cuenta del Orgullo.

Martínez ha llegado a afear que haya quienes empleen el Orgullo "para sacar rédito a sus siglas", unido a la posición de algunos concejales de la Corporación madrileña cuando vierten "discursos de odio contra las personas LGTBI". También ha subrayado que el PSOE "ha estado en todos los avances legislativos" LGTBI pero "desde la seguridad jurídica".

El activista saharaui Fadel Breica ha declarado este martes ante el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz que fue torturado por el Frente Polisario durante su estancia en los campamentos de refugiados de Tinduf (Argelia), ratificando con ello el contenido de la querella que presentó contra la organización y su líder, Brahim Ghali.

En su querella, acusa a Ghali de delitos de detención ilegal, torturas y lesa humanidad presuntamente cometidos en 2019 en los campamentos de Tinduf. Según cuenta, al llegar allí agentes del Polisario lo amenazaron para que se fuera pero, lejos de hacerlo, organizó protestas, siendo arrestado y trasladado a centros de detención clandestinos donde habría sufrido golpes y descargas eléctricas, entre otras prácticas.

De acuerdo con las fuentes jurídicas, Breica ha asegurado este martes a Pedraz que fue torturado durante seis meses en una cárcel secreta del Frente Polisario, apuntando a Ghali como su máximo responsable.

Además, ha denunciado que no sería la única víctima, sosteniendo que la tortura sería una práctica habitual del Frente Polisario entre los refugiados saharauis, al tiempo que ha reprochado a Argelia que permita esto en su territorio.

Junto a Breica, han comparecido como testigos su mujer y otro activista que estuvo encarcelado con el querellante durante el periodo en el que habrían ocurrido los hechos denunciados.

Las mismas fuentes han manifestado que ambos han respaldado la versión de Breica en el sentido de señalar a Ghali como principal responsable de las torturas al situarse en la cúspide del movimiento político.

Sin embargo, otras fuentes han afirmado que el otro activista ha declarado que en el tiempo que compartió con Breica entre rejas no vio que lo torturaran y que él nunca le dijo que sufriera maltrato. Tampoco vio a Ghali en el centro de detención clandestino donde estaban ambos, habría añadido.

Queda pendiente la declaración de un tercer testigo, que al igual que los otros comparecientes había sido citado por Pedraz para el 29 de junio a petición de los abogados de Breica, pero que no ha podido acudir por problemas con la obtención del visado para entrar en España. El juez le escuchará el próximo 27 de julio.

La querella formulada por Breica, que inicialmente fue archivada por el juez José de la Mata --ahora en Eurojust--, fue reactivada por Pedraz el pasado mes de enero, aunque acotando que lo hechos denunciados no encajarían en el delito de lesa humanidad al no haber indicios de un ataque generalizado a la población civil.

Poco después, admitió una segunda querella, firmada por la Asociación Saharaui para la Defensa de los Derechos Humanos (ASADEDH) contra Ghali y otras 27 personas por el maltrato al que habrían sometido a prisioneros de guerra y a los propios ciudadanos saharauis, "especialmente" a los de origen español.

IMPULSO PROCESAL

Estas declaraciones han dado impulso procesal a la causa, prácticamente paralizada desde que el presidente de la República Árabe Saharaui Democrática (RASD) abandonó España en un avión medicalizado rumbo a Argelia horas después de comparecer ante Pedraz por estas querellas.

En su interrogatorio ante Pedraz el pasado 1 de junio, Ghali negó cualquier implicación en las violaciones de los Derechos Humanos de las que le culpan. Su defensa argumenta que, como ministro de Defensa de la RASD, estuvo dedicado "en exclusiva" a la guerra contra Marruecos, por lo que "era ajeno a cualquier centro de detención", donde habrían ocurrido las torturas.

Además, la defensa de Ghali denuncia que la finalidad de estas querellas es "política", reprochando a las acusaciones que "están utilizando el proceso penal para fines espurios y ajenos a la acción de la Justicia, (...) para evidenciar la oposición frontal del régimen marroquí contra el Frente Polisario y la República Árabe Saharaui Democrática", mediante un ataque "feroz" a su líder.

Ese mismo día, el magistrado de la Audiencia Nacional rechazó las medidas cautelares solicitadas por los querellantes --prisión provisional y retirada de pasaporte-- al entender que no había indicios de que Ghali hubiera cometido delito alguno. Esa madrugada partió hacia Argelia.

GHALI EN ESPAÑA

Las acusaciones contra el líder del Frente Polisario se reanudaron cuando se supo que Ghali se encontraba en España, específicamente en el Hospital de San Millán-San Pedro (Logroño), donde fue ingresado el pasado 18 de abril con un cuadro grave por complicaciones derivadas del coronavirus.

Su traslado desde Argelia, que el Gobierno español tildó de cuestión humanitaria, estuvo en el trasfondo de la crisis diplomática desatada con Marruecos, que se tradujo en un aluvión de llegadas de migrantes, sobre todo menores de edad, a Ceuta.

Por otro lado, un juzgado de instrucción de Logroño ha incoado diligencias contra Ghali tras recibir una denuncia que apunta a que pudo haberse registrado con una identidad falsa a su llegada el 18 de abril. Otro juzgado de la capital riojana ha dado traslado al Ministerio Fiscal de una causa por un presunto delito de terrorismo genérico contra el presidente de la RASD para que informe sobre la posible inhibición a la Audiencia Nacional.

Los Juzgados han denegado varias solicitudes de 'habeas corpus' presentadas por padres de estudiantes aislados en el hotel COVID Palma Bellver por el 'macrobrote' asociado a viajes de fin de curso desde otras Comunidades a Mallorca.

Según han confirmado fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Baleares (TSJIB), este lunes se presentaron tres solicitudes que han sido desestimadas por el Juzgado de Guardia.

Además, este martes la titular del Juzgado de Instrucción número 5 de Palma, la magistrada Ana San José, ha denegado la solicitud de 'habeas corpus' presentada por el padre de una menor de la Comunidad de Madrid.

En la resolución, la magistrada considera que el caso de la alumna "no puede encuadrarse" en la normativa reguladora del procedimiento de 'habeas corpus' porque la menor "no se encuentra detenida por la perpetración de delito alguno" sino por razones de salud pública.

"La actuación de la autoridad administrativa se encuentra dentro del ámbito de su competencia y ha seguido el procedimiento correspondiente para su adopción y ratificación en la jurisdicción contencioso-administrativa", señala el auto.

Por ello, la magistrada considera "improcedente" la petición y deniega la medida, si bien aclara que el padre de la menor puede pedir medidas cautelarísimas en la jurisdicción contenciosa.

La menor viajó en grupo a Mallorca y se encuentra recluida en una habitación del Hotel Palma Bellver en virtud de una resolución de la directora general de Salud Pública, en la que se ordenaba su confinamiento forzoso, en régimen de aislamiento y bajo custodia policial, por potencial contagio como contacto estrecho.

Los abogados palmesanos Luis Baena y Bochiká Bitata, que firmaban el escrito, aseguran en el documento que al intentar entrevistarse con los menores la directora del hotel lo impidió justificándose en que el recinto es una propiedad privada.

La petición recogía que los menores han dado negativo en las pruebas y que "no tuvieron ningún tipo de contacto físico con el grupo de positivos COVID-19", dado que llegaron entre el 26 y 27 de junio y los positivos son del 21.

Además, afirman que la mayoría de menores "no han comido en el hotel que les retiene, o bien únicamente se les ha dado agua para desayunar" y que tampoco "han sido atendidos médicamente cuando así lo han solicitado". Nos trasladan que hay un menor que manifiesta que va a arrojarse del balcón si no le dejan salir", añadían los letrados, que pedían una "intervención y fiscalización judicial de todas estas detenciones a todas luces arbitrarias y desproporcionadas".

La Comunitat Valenciana comenzará la vacunación masiva de los jóvenes de entre 30 y 39 años el próximo lunes, 12 días antes de lo previsto inicialmente.

Así lo ha indicado el president de la Generalitat, Ximo Puig, tras la reunión interdepartamental, donde ha apuntado que en las zonas rurales ya se está vacunando a personas de esta edad.

Puig ha señalado que los menores de 40 son la franja de mayor riesgo actualmente al no estar vacunados, pero ha indicado que julio será "el mes de la vacunación de los menores de 40 años". Respecto a la vacuna que se empleará, ha indicado que serán previsiblemente Moderna y Pfizer a la espera de que se apruebe la de Janssen en este grupo.

En su intervención, el president ha considerado que la vacunación masiva es uno de los tres "fenómenos sociales" que están marcando esta desescalada junto al fin del curso académico y la llegada del verano. De hecho, ha señalado que ya hay más de dos millones de vacunados y 1,6 millones ya tienen la pauta completa.

Al respecto, el jefe del ejecutivo ha señalado que "tan solo quedan dos meses para llegar a un nivel de vacunación determinante", la "inmunidad de grupo", que espera alcanzar a principios de septiembre. No obstante, espera que para agosto ya pueda haber una "amplia cobertura" de los jóvenes.

VACUNAS EN VACACIONES

Por otra parte, la consellera de Sanidad, Ana Barceló, ha indicado que esta semana se van a hacer las pruebas informáticas para el sistema de vacunación en vacaciones, que permitirá al usuario bloquear las fechas de sus días de descanso para que no se le cite en ese momento.

Barceló espera que esta posibilidad pueda ponerse en marcha antes del 15 de julio para que se puedan "respetar las vacaciones" y el tiempo que la persona está fuera.

Respecto al ritmo de vacunación, Puig ha indicado que se están poniendo 500.000 dosis esta semana. De mantenerse el ritmo de entregas de Pfizer, "que parece que no va a ser así", se podría "avanzar más rápido". Moderna, por su parte, parece dar "buenas noticias" ya que espera aumentar los envíos.

En este sentido, Puig espera que en agosto se pueda acelerar "con el objetivo de que todos los universitarios, en las primeras semanas de septiembre puedan estar ya vacunados".

DESPLAZADOS

Por otra parte, la consellera de Sanidad, Ana Barceló, insistirá en el próximo Consejo Interterritorial en la necesidad de conocer los datos exactos de desplazados que se han vacunado, que los facilita el ministerio.

En este sentido, ha remarcado que el sistema español es "solidario", por lo que es lógico que la Comunitat Valenciana haya vacunado a desplazados y que valencianos se hayan inmunizado en otras autonomías donde tienen segunda residencia o han pasado unas vacaciones largas.

El nuevo obispo de Bilbao, que tomará posesión este sábado como prelado, Joseba Segura, cree que, en el caso de presuntos abusos sexuales por parte de miembros de la Iglesia Católica, tienen una "deuda pendiente" y considera que hubo "una primera reacción defensiva, de no reconocimiento" y de poner la preocupación por los sacerdotes antes que por la víctimas.

En una entrevista a Radio Euskadi, Segura ha afirmado que se necesita "tiempo y preparación" para ser designado obispo y ha indicado que están trabajando en un plan de prioridades para la Diócesis de Bilbao.

Joseba Segura ha señalado que la Iglesia vizcaína, al igual que la de toda Europa, se está "haciendo un poco mayor" y, por ello, la vida de las parroquias está "un poco debilitada". Por lo tanto, uno de sus retos es ver cómo son capaces de crear "espacio para los jóvenes y que se sientan a gusto en la comunidad cristiana".

El obispo reconoce que la Iglesia tiene "alguna dificultad para llegar con su mensaje" a este colectivo, pero cree que también tiene que ver "con una especie de tsunami cultural" que se está dando en Europa, de manera que se piensa que la "experiencia religiosa no es relevante".

Por otra parte, en relación a asuntos como los presuntos abusos sexuales por parte de miembros de la Iglesia Católica, Joseba Segura cree que sí existe una "deuda pendiente, porque ha habido mucho tiempo y muchas décadas en las que la Iglesia ha tenido, sin duda, una posición de responsabilidad educativa y en muchos sentidos, y ha tenido acceso a muchísimos niños y jóvenes".

Segura ha indicado que, aunque él personalmente cree que en la Iglesia española "el tema no afecta a tantas personas, a tantos clérigos y religiosos o religiosas", sí reconoce que ha habido "una primera reacción defensiva y de no reconocimiento o de querer tener muchísimas pruebas antes de actuar, y poner la preocupación por los sacerdotes antes que por la víctimas".

Por ello, cree que hay que "reconocer que es así y cambiarlo radicalmente". "Yo, desde luego, lo tengo claro, ahí no hay ninguna posibilidad de que, en un momento determinado, yo vaya a cerrarme a escuchar a cualquier persona (...) y ver qué es lo que se puede hacer por estas personas", ha indicado Segura, que ha precisado que ya hablado con personas que se han dirigido a él para contarle su experiencia.

Segura considera que habrá que cambiar procedimientos -"y de hecho se han cambiado"- para asegurar que ninguna persona que "tenga una mala experiencia, no vaya a ser escuchada, defendida y tomada totalmente en serio". "Y va a haber actuaciones muy contundentes para confrontar a los responsables", ha manifestado.

Andalucía vacunará a los turistas nacionales y de otros países que permanezcan en la Comunidad Autónoma por un estancia superior a un mes, según ha puesto de manifiesto este martes el consejero de Salud y Familias, Jesús Aguirre, en la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Gobierno.

Aguirre ha dado cuenta de que "tenemos nuestro protocolo de vacunación" para afrontar los casos de los turistas nacionales o extranjeros desplazados a la Comunidad, que ha trasladado al Ministerio de Sanidad, una vez que ha decidido no esperar al Consejo Interterritorial de Salud después de que "nuestros técnicos le hayan dado el visto bueno".

"Si hay que rectificarlo, se rectifica", ha precisado Aguirre sobre ese protocolo.

Entre los requisitos enumerados por el consejero de Salud para que los turistas nacionales accedan a la vacunación en Andalucía ha indicado que "su desplazamiento sea superior al mes", exigencia a la que ha sumado que soliciten en su Comunidad Autónoma de procedencia "el desplazamiento sanitario temporal", mientras que el círculo de requisitos se cierra con el certificado de vacunación de la primera dosis recibida para "ponerle la misma marca que se le puso", además de pertenecer a los llamados "grupos de priorización activos".

Cumplidos estos requisitos, estas personas pedirán cita de manera presencial en el centro de salud que se les haya asignado. En el caso de necesitar la segunda dosis, aportarán el certificado oficial de la primera dosis y registrarla como vacunación externa.

En el caso de los turistas procedentes de otros países, Aguirre ha explicado que las exigencias serán similares que en el supuesto de los turistas nacionales, de manera que se les demandará "larga estancia y certificación de haber recibido la primera dosis, a excepción de residentes, familiares, que estudien o trabajen o vuelvan de un período largo".

En estos casos, según una nota de la Consejería de Salud, deben solicitar el desplazamiento sanitario y los profesionales del centro de vacunación evaluarán el caso.

Salud ha explicado que en el caso de haber recibido una dosis de la vacuna en el país de procedencia, se debe completar la vacunación con la misma vacuna, o en su defecto, con la más adecuada según el protocolo específico para completar las pautas.

Aguirre ha trasladado igualmente la estrategia de vacunación para los andaluces que se marchan al exterior por distintas motivaciones y circunstancias, entre las que ha enumerado a "los Erasmus, misioneros, médicos, pescadores de altura, los desplazamientos por motivos laborales o estancias largas", quienes recibirán la vacuna de Janssen, que es monodosis, frente a las restantes.

Además de los turistas nacionales e internacionales y los andaluces que afrontan desplazamientos temporales prolongados, el consejero de Salud ha explicado en la rueda de prensa del Consejo de Gobierno que la intención del Ejecutivo autonómico es "facilitar al máximo la vacunación en desplazamientos entre poblaciones andaluces en los meses de verano", aunque para ello tendrá que "solicitar su desplazamiento".

ANDALUCES DE VACACIONES: DESPLAZAMIENTO SANITARIO CONCEDIDO

Una nota de prensa de la Consejería de Salud ha explicado que se podrán vacunar los residentes en Andalucía desplazados a otros municipios de la Comunidad en verano "siempre y cuando tengan concedido el desplazamiento sanitario de forma oficial", una vez que lo solicitaron vía telemática o presencial en un centro sanitario público de Andalucía y "se incluyan en los grupos de priorización activos de la Estrategia de vacunación".

Cumplidos estos requisitos administrativos, estos andaluces que se desplazan a otro punto de Andalucía por vacaciones "podrán solicitar cita para la primera dosis de vacunación por los canales oficiales disponibles para todos los residentes de Andalucía, o bien podrían ser contactados por el SAS mediante llamada telefónica o SMS", mientras que si se trata de la segunda dosis deberán hacerlo en el centro de salud asignado.

Salud ha explicado que "de forma general no se vacunará a personas por el hecho de viajar fuera de Andalucía, ya que los viajes internacionales por ocio y turismo no constituyen un motivo justificado para priorizar su vacunación frente al Covid-19".

La Consejería ha precisado que la vacunación para viajes internacionales será posible en los suspuestos de encontrarse en los grupos activos de vacunación que se dirijan a un país o región con una Incidencia Acumulada superior a los 150 casos por 100.000 habitantes a 14 días durante un tiempo prolongado superior a 3 semanas, así como en viajes cortos y reiterados, por motivos laborales, o causa de fuerza mayor como puede ser la tramitación de adopciones internacionales, la visita a familiares en sus países de origen por causa justificada como hospitalizaciones, accidentes, decesos, o tratamientos quirúrgicos.

La consellera de Presidencia, Función Pública e Igualdad, Mercedes Garrido, ha informado este martes de que el Govern tiene una propuesta de sanción de 200.000 euros para los promotores del concierto de reguetón celebrado el 15 de junio en la plaza de Toros de Palma, señalado como uno de los focos del megabrote de contagios COVID asociado a viajes de estudios en Mallorca.

Así lo ha explicado en rueda de prensa tras la reunión extraordinaria del Centro de Mando Operativo del Platerbal con la delegada del Gobierno en Baleares, Aina Calvo, y el presidente de la Federación de Entidades Locales de Baleares (Felib), Toni Salas.

Garrido ha calificado el concierto del día 15 en Palma de "desmadre" y ha aseverado que se sancionará "de forma contundente e impecable" a quienes no cumplan las normas COVID en la comunidad.

Además, ha explicado que a raíz de la intervención de los agentes de la patrulla verde de la Policía Local y los inspectores de la Conselleria de Turismo, se emitió un informe de urgencia que permitió que el concierto del día 20 se celebrase cumpliendo la normativa.

Aunque sobre esta propuesta de sanción cabe recurso por parte de los implicados, la consellera ha indicado que los trámites administrativos de las sanciones son "extensos, pero se acabarán pagando". "Los infractores deben saber que no les dejaremos en paz y cuando se haga una infracción, se pagará", ha subrayado.

Otro de los focos del megabrote que aún está por identificar, según Garrido, son las fiestas en barco, en discotecas subterráneas de hoteles o en el aparcamiento de un parque acuático.

Ahora mismo, el Govern está investigando estos hechos a partir de vídeos, imágenes y declaraciones de los jóvenes que han estado presente. Por este motivo, Garrido ha pedido durante la reunión la colaboración de Guardia Civil y Policía Nacional para identificar a los infractores y, a partir de ahí, tramitar las sanciones.

Desde que empezó la pandemia, Baleares ha levantado 45.915 actas, de las que más de 24.000 ya están registradas. Con lo cual, el Govern estima que las propuestas de sanción rondan el valor global de 4,3 millones de euros.

El hombre acusado de abusar sexualmente de una niña desde que tenía seis años de edad lo ha negado y ha alegado que es homosexual: "Nunca le hice un tocamiento de ningún tipo", ha asegurado el joven, que trabajó al cuidado del padre de la menor entre 2018 y 2019, cuando sucedieron los hechos.

El acusado, un joven para el que la Fiscalía pide 12 años de prisión, ha sido juzgado este martes en la Audiencia Provincial de Cantabria por un supuesto delito continuado de abuso sexual a menor de 16 años con penetración.

El procesado ha basado su defensa en que es homosexual y no siente "apetencia sexual" hacia las mujeres, y ha dicho que la menor que le acusa es "imaginativa". "Veía hadas", ha dicho.

Frente a su versión, la niña, que ahora tiene nueve años y cuya declaración se ha podido escuchar en la sala con la presencia de su padre, ha confirmado que los hechos sucedieron "muchísimas" veces: "Me decía que el pito suyo le metiera en la boca", "me chupaba la chochetona", "me tenía que meter el pito en el culo", ha relatado.

Asimismo, ha reconocido que el joven le hacía "cosas" que no le "gustaban" a la llegada del colegio, tanto en la bodega como en la cama de su padre, y que le hacían "daño". "Me da repelús, me da asco lo que me ha hecho", ha confesado la menor, que ha apuntado que el acusado le advertía que no se lo contara a nadie porque de lo contrario se enfadaría "mucho" con ella.

Por su parte, el acusado ha reconocido que fue condenado con anterioridad por un delito de índole sexual, cuando tenía 15 años y era menor de edad, por el que cumplió una medida de corrección en el centro de menores de Parayas. En este caso, ha apuntado que se trataba de un varón un año menor que él.

A preguntas de la Fiscalía, ha asegurado que no pedía a la niña que le acompañara a la bodega cuando bajaba a por comida, que lo hacía solo, que no ayudaba a la menor y a sus dos hermanos a cambiarse de ropa cuando llegaban del colegio "por orden de la madre", y que siempre que estaba con ellos "estaba el padre".

Así, ha negado todos los hechos de los que se le acusa y ha dicho desconocer la razón por la que la niña realiza estas acusaciones. "Solo sé que no lo he hecho", ha reiterado, explicando que su labor se limitaba al cuidado del padre, a quien llevaba a rehabilitación y a consultas médicas, a recoger a los niños del colegio y a servirles la comida.

Precisamente, la defensa ha contado con el testimonio de la expareja y la pareja actual del acusado, ambos varones, así como de su tía y su abuela, quienes han confirmado que el joven es homosexual.

Y por el lado de la acusación particular, han testificado la madre de la menor, tres monitores del campamento donde la niña relató los hechos a un compañero y la educadora social que dio parte a la Guardia Civil y puso en conocimiento de la familia lo sucedido.

Los tres monitores han coincidido en que durante el campamento la menor iba con "frecuencia" al baño y, aunque es "imaginativa", les relató una serie de "cosas" que le hacía el cuidador de su padre y que eran tan "explícitas" que "no podían ser inventadas", relacionados con "acercar su miembro al culo" y "poner sus piernas hacia arriba".

Según la madre, desde entonces la niña sigue en tratamiento psicológico, tiene "miedos" y está "asustada" y "afectada". "No puede bajar a la bodega sola", ha añadido la madre que, según ha relatado, la niña pone trampas en casa para escuchar si viene el acusado y "poder escapar". "Creí a mi hija absolutamente", ha trasladado.

Según ha explicado, el joven estuvo al cargo del padre de la víctima, que padece una discapacidad por un problema neurológico, aproximadamente un año, de lunes a sábado de mañana, coincidiendo con el horario de trabajo de ella, y supuestamente aprovechaba los momentos en los que el padre y sus dos hermanos estaban comiendo para realizar dichos abusos, que la madre denunció posteriormente.

Con anterioridad a la denuncia, y antes de tener conocimiento de estos hechos, la madre despidió al acusado al comprobar que le faltaba dinero.

Además de los 12 años de cárcel, el Ministerio público también pide para el acusado prohibición de comunicación y acercamiento durante diez años y una medida de libertad vigilada tras la salida de prisión de otros diez. Asimismo, en concepto de responsabilidad civil, solicita una indemnización de 12.000 por los perjuicios morales causados.

Por su parte, la acusación particular que ejerce la familia de la menor coincide con la petición de pena de prisión, la medida de libertad vigilada y la indemnización. Además, pide que la prohibición de comunicación y aproximación se eleve hasta los 22 años.

Está previsto que el juicio continúe mañana, día 30, también a las 9.30 horas, para abordar los informes periciales y las conclusiones.

Andalucía registra diez usuarios y veinte trabajadores de residencias de mayores con casos confirmados de coronavirus Covid-19, según el último informe de la Consejería de Salud y Familias sobre el estado de los centros sociosanitarios de la comunidad presentado este martes 29 de junio al Consejo de Gobierno.

Sólo cuatro de los 1.107 centros que se mantienen en seguimiento proactivo en toda Andalucía presenta algún caso positivo en usuarios, lo que supone el 0,4% del total, de forma que el 99,6% restante está libre de Covid-19 en usuarios. Por su parte, 20 centros contabilizan casos sólo en trabajadores.

En total, en las residencias de mayores se contabilizan diez usuarios positivos, tres de ellos ingresados; mientras que entre los trabajadores hay veinte casos confirmados.

Desde abril de 2020 y hasta la fecha se han realizado 873.880 test a residentes y trabajadores, con un total de 11.196 positivos. Esa cifra incluye los test de antígenos que se realizan a todos los trabajadores cada siete días desde el 24 de septiembre y cada 14 días al 20% de todas las residencias, además del testeo completo en las que hay un positivo: 118.322 a residentes y 486.439 a trabajadores. En total, 604.761 test de antígenos.

Todas estas pruebas se han efectuado en residencias de mayores, centros de atención a refugiados, centros de acogida, viviendas supervisadas y servicio de ayuda a domicilio.

Desde el inicio del estado de alarma hasta la actualidad la Junta ha intensificado el seguimiento habitual que se venía realizando en residencias, iniciando un seguimiento proactivo de llamadas y visitas con apoyo para los cuidados y prevención del Covid-19, en el caso de aquellas personas atendidas en sus domicilios y centros residenciales.

En la actualidad no se encuentra medicalizada ninguna residencia. Por su parte, se han habilitado diez centros de evacuación: Centro Residencial El Zapillo de Almería, Hospital San Carlos de Cádiz, HARE de Vejer (Cádiz), Doctor Olóriz (Granada), Asociación Frater de Huelva, Doctor Sagaz de Jaén, Hospital Civil de Málaga, Hospital Vithas de Sevilla, HARE de Lebrija (Sevilla) y Hotel Pirula de Écija (Sevilla).

La incidencia de los jóvenes valencianos entre 15 y 29 años roza actualmente los 172 casos por cada 100.000 habitantes, alrededor de cien por encima de la media de unos 75 en el conjunto de la Comunitat. También está muy por encima de la de 100,06 en España.

Así lo ha advertido la consellera de Sanidad, Ana Barceló, junto al 'president' de la Generalitat, Ximo Puig, tras la mesa interdepartamental COVID, como el grupo de población más afectado por el virus al concentrar el 52% de los contagios detectados en las últimas 48 horas.

Es algo que se refleja en la distribución actual de brotes: hasta el 62% se originan en el ámbito social, el 24% en el familiar entre personas no convivientes y el 8,6% en el trabajo. En general, el 87% son de pequeña magnitud y el 13% de más de diez casos.

En todo caso, la hospitalización se mantiene en "niveles bajos" en el conjunto de la Comunitat, aunque en algunos departamentos está en medio o alto. Se sitúa en 126 camas ocupadas frente a las 137 de hace un mes, con la mitad de ingresados por COVID que la media de España (1%). Las UCI ocupadas en los hospitales valencianos también suponen una cuarta parte de la media nacional, el 1,4%.

Ante estas cifras, Puig ha garantizado que los rastreadores tratan de buscar la trazabilidad de los brotes detectados entre jóvenes para hallar "todos los contactos posibles". "Hay que ser conscientes de que el virus ataca a quienes no están vacunados, que tienen que tener una prevención mayor", ha rogado, además de recordar que los jóvenes también pueden sufrir secuelas durante meses aunque "muchos son asintomáticos".

20 JÓVENES INGRESADOS Y UNO EN LA UCI

Entre los jóvenes hay un total de 20 menores de 34 años ingresados y uno de 18 años en la UCI que se contagió en el macrobrote del viaje de fin de curso a Mallorca. El 'president' le ha trasladado "toda la fuerza y el ánimo" tanto a él como a los otros hospitalizados, mientras la consellera ha garantizado que está controlado con una "vigilancia muy estrecha" y ha confiado en que se recupere.

En general, aunque "preocupa" la incidencia acumulada y la aparición de la variante Delta, Puig ha remarcado que "lo fundamental es que no hay tensión hospitalaria" y ha pedido mucha prudencia y cautela a pesar de "las ansias y la ambición de normalidad".

Y ha lanzado un "mensaje bien claro" a la juventud valenciana, "a los jóvenes que han sido fundamentales en la salida de esta situación tan difícil en los últimos meses: Vosotros salvasteis a vuestros abuelos con madurez y responsabilidad admirable; ahora tenéis el deber de preocuparos por vosotros mismos y también por la situación de vuestros padres, en muchos casos todavía no inmunizados al cien por cien".

"No vale en ningún caso alzar los músculos y creer que la pandemia se ha acabado porque no se ha acabado", ha insistido, para advertir que confiarse sería "irresponsable, insensato y egoísta" ante la "amenaza real" de la COVID persistente.

El comisario jubilado José Manuel Villarejo ha enviado un nuevo escrito al juez de la Audiencia Nacional que instruye la pieza separada 'Kitchen' en el que afirma que se le dieron dos teléfonos de contacto con el entonces presidente del Gobierno Mariano Rajoy para que pudiera tener una "interlocución directa" con él y así evitar posible discrepancias entre lo que le llegaba a través de la cadena de mando y lo que él como agente de inteligencia transmitía.

En un escrito de 19 páginas redactado por el propio Villarejo, que ejerce su propia codefensa, el comisario indica que esa línea directa con Rajoy era para evitar lo que ocurrió en la 'operación Cataluña', cuando surgió "más de una discrepancia" entre lo que él aportaba y lo que realmente le llegaba al presidente.

Sobre su entrada en la operación Kitchen, el operativo que se organizó para supuestamente sustraer información sensible al PP que estaba en poder de su extesorero Luis Bárcenas, indica que se produce con posterioridad al comienzo de la misma y ante el fracaso de otros en captar "fuentes humanas". Cabe recordar que en este operativo se logró que el chofer de la familia de Bárcenas, Sergio Ríos, fuera confidente.

Según el comisario, fue el entonces director general de la Policía Ignacio Cosidó quien le comunicó que dejara todos los temas que estuviera haciendo "por un asunto muy urgente" y que el propio Rajoy tenía interés personal. Le añadió, siempre según él, que el director Adjunto Operativo (DAO) Eugenio Pino le pondría al corriente de ello.

Así, recuerda, entendió que era continuación de su intervención la 'Operación Cataluña' porque se daban "los mismos intervinientes, paralelos procedimientos y similares objetivos, en una nueva actuación donde el presidente del Gobierno volvía a querer estar informado puntualmente, casi a diario".

Al hilo, Villarejo añade que como en otras ocasiones la Unidad de Asuntos Internos (UAI) le daba apoyo con vigilancias e incluso con seguridad en las citas programadas, y que era el entonces jefe Martín Blas quien coordinaba personalmente el manejo de fondos reservados "pagando él a ciertos colaboradores".

SUS INTERLOCUTORES "PARALELOS"

Por otro lado, explica que como interlocutores tenía tanto al ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, como al secretario de Estado de Seguridad, Francisco Martínez, además del DAO y agentes del CNI. Como "interlocutores paralelos" cita a la Presidencia, a la entonces secretaria general del PP María Dolores de Cospedal y "colateralmente" a la vicepresidenta del Gobierno que era Soraya Sáenz de Santamaría "por otros contactos".

Además, en su escrito --que dice que sirve como adelanto a su declaración del día 2 de julio-- apunta que al igual que ocurrió en Cataluña, "en Kitchen había interés del PP por lo que le concernía como partido del Gobierno, pero también razones de Estado, en función de localizar y en la medida de lo posible neutralizar lo que afectaba a sus más altas Instituciones".

Sobre esa operación Cataluña, apunta que le molestó que la información que él fue facilitando sobre la familia Pujol, "lejos de ponerla a disposición judicial, se utilizaba para negociar con el ex president de la Generalitat, Jordi Pujol. Según explica, esto propició que tuviera "varios encuentros muy tensos" con Martínez donde le advirtió de que, si no iban a considerar judicializar la información que les aportaba, deberían abonarle al menos los gastos por esa "actividad para ellos privada".

Al hilo, se arroga que, gracias a sus notas incluidas en un borrador de la UDEF, CIU cayera de 62 escaños a 50, y que eso sirvió para neutralizar "los planes independentistas que el clan Pujo pilotaba". Apunta que dado su éxito no le extrañó que le volvieran a llamar "ya que fue felicitado por todos los interlocutores por el resultado de sus trabajos en Cataluña", incluso por el propio Rajoy.

Sobre esa felicitación, indica que el expresidente lo hizo de forma "discreta y privadamente a través del teléfono de Cospedal. Y añade que ahora que ha recobrado la libertad tras permanecer más de tres años en prisión provisional ha podido localizar uno de los dos números de teléfono que en su día le facilitaron para contactar directamente con el presidente Rajoy.

Por otro lado, el comisario asevera que el CNI llevó a cabo vigilancias a los Bárcenas, y que coincidieron con agentes de la UCAO y de Asuntos Internos, lo que provocó ciertos roces porque el servicio secreto no compartía información con el resto de cuerpos. Indica además que éstos tenían acceso directo a la vida diaria de Bárcenas a través de Instituciones Penitenciarias y que incluso infiltró a presidiarios con identidades falsas.

La portavoz del Grupo Popular en el Congreso, Cuca Gamarra, ha asegurado este martes que es una "vergüenza" el "asedio del sanchismo" a "instituciones democráticas" como el Tribunal de Cuentas y ha pedido que se deje actuar con independencia a este último en las causas abiertas contra los líderes independentistas.

Así se ha pronunciado Gamarra el mismo día que el Tribunal de Cuentas ha fijado inicialmente en 5,42 millones de euros la responsabilidad contable inicial que se reclama al expresident de la Generalitat Carles Puigdemont, al expresident Artur Mas, a los indultados Oriol Junqueras, Raül Romeva y a otros 37 ex cargos de la Generalitat por el presunto desvío de fondos para las denominadas 'embajadas catalanas' y al Consejo de la Diplomacia Pública de Cataluña, conocido como Diplocat.

En una rueda de prensa en el Congreso, Gamarra ha afirmado que el Tribunal de Cuentas tiene "un respaldo constitucional" y se "rige por la independencia y la imparcialidad". Dicho esto, ha solicitado al Gobierno que "abandone la senda" que ha emprendido y que, a su juicio, "se aleja de la defensa de las instituciones que garantizan la democracia".

"SE DAÑA LA IMAGEN DE ESPAÑA EN EL EXTERIOR"

"El asedio del sanchismo a las instituciones democráticas independientes se ha convertido en una vergüenza diaria que vivimos los españoles y, sin duda alguna, daña la imagen de nuestro país en el exterior", ha manifestado.

En este sentido, ha recalcado que "poner en duda el papel que tiene el Tribunal de Cuentas en la lucha contra la malversación" y con "aquellas conductas que tienen que ver con delitos de corrupción" es "un flaco favor a la democracia" y a la "calidad democrática" de España.

"Hemos visto cómo los independentistas conseguían esos indultos y ahora nos toca ver cómo quieren también no pagar aquellas cantidades que malversaron y que, por lo tanto, no les correspondía gestionar ni utilizar como lo hicieron", ha resaltado Gamarra.

"EL GOBIERNO NI DEBE NI PUEDE INTERVENIR EN EL TRIBUNAL DE CUENTAS"

Tras defender la "independencia" de las instituciones, ha pedido de nuevo al Ejecutivo que defienda las instituciones de España, que "debieran estar contando con el respaldo ante cualquier ataque por parte de un Gobierno que defienda los principios constitucionales".

Al ser preguntada si cree que el Gobierno acabará interviniendo de alguna manera para que al final el independentismo no pague ese dinero que ha fijado el Tribunal de Cuentas, Gamarra ha resaltado que el Gobierno "ni debe ni puede intervenir" en este órgano fiscalizador.

"Lo que debe hacer es dejar actuar con plena independencia como tiene el Tribunal de Cuentas y permitir que la Abogacía del Estado lo haga también con esa plena independencia que debe tener", ha manifestado, para añadir que "cualquier otra posición estaría alejada" de lo que debe hacer un Gobierno democrático.

PSOE y PP se han unido este martes para sacar adelante en la Comisión de Exteriores del Congreso una proposición no de ley en la que entre otras cosas se pide al Gobierno que trate de impulsar y fortalecer las relaciones con Marruecos, en particular en lo relativo a la seguridad y la inmigración.

El texto aprobado, que ha recibido 28 votos a favor y siete en contra, incluidos los de Unidas Podemos, es resultado de una propuesta presentada por los 'populares' a la que se ha introducido una enmienda formulada por el PSOE.

En concreto se insta al Gobierno a "reimpulsar y fortalecer las relaciones diplomáticas con Marruecos, para una colaboración equilibrada y efectiva, equitativa y fiable, basada en la buena vecindad, especialmente en ámbitos relacionados con la seguridad, la gestión de fronteras y movilidad migratoria y las políticas comerciales".

Asimismo, se le pide que elabore "un Plan Estratégico para la mejora de las condiciones de desarrollo de Ceuta y de Melilla, haciendo a ambas ciudades autónomas equiparables a las regiones ultraperiféricas" y que coordine con la UE "las cuestiones relativas a la inmigración, con mayor implicación a través de FRONTEX y la promoción de la cooperación internacional con países terceros.

Por otra parte, quieren el Ejecutivo trabaje para "promover la plena colaboración del Gobierno de Marruecos en el proceso de repatriación de los menores hasta sus familias", y que se reconozca "el trabajo de las fuerzas armadas y de seguridad españolas, de las ONG y los ciudadanos de Ceuta, gracias a cuya disposición se impidió una tragedia mayor" el pasado mes de mayo.

Fuera del texto ha quedado, a petición del PSOE, el punto en el que reclamaba al Gobierno que impulsara la plena colaboración de Marruecos en el proceso de retorno de los más de 10.000 trabajadores temporeros bloqueados en España.

Durante la defensa de la proposición no de ley, el portavoz del PP, Fernando Gutiérrez, ha pedido al PSOE su respaldo. "Les agradecería que en esta ocasión acepten propuesta de este grupo y por una vez practiquen ese consenso del que tanto hablan y que tan poco practican", les ha conminado.

"La grave crisis con Marruecos no ha sido un acontecimiento sobrevenido o imprevisible", ha subrayado, incidiendo en que la "dificultad en las relaciones", por la que el PP lleva preguntando desde diciembre, "no eran una quimera", como han demostrado los últimos acontecimientos.

LA PROPUESTA DE VOX, RECHAZADA

También se ha debatido durante la comisión una proposición no de ley presentada por Vox en la que se pretendía instar al Gobierno a "interrumpir la concesión de ayudas de cooperación a Marruecos para contribuir a la financiación del despliegue de sus autoridades en actividades de lucha contra la inmigración irregular, en tanto en cuanto no se restablezcan las relaciones diplomáticas entre ambos países".

Sin embargo, este texto ha sido rechazado por 30 votos en contra y tan solo cinco a favor pese a que el portavoz de Vox, Alberto Asarta, ha insistido en que Marruecos "nos percibe débiles en el plano diplomático, político y de defensa" y ha advertido de que "la integridad territorial de España está amenazada y con ella la vida de muchos españoles".

Por su parte, el portavoz del PSOE, Sergio Gutiérrez, ha aprovechado su intervención para reivindicar que "el verdadero manual del patriotismo lo que dice es que si un tercer país agrede la soberanía de su país" lo que hay que hacer es "cerrar filas con su país y su gobierno".

En este sentido, ha echado en cara a Vox que hizo su líder, Santiago Abascal, fue subirse a un helicóptero y "plantarse en las fronteras con Marruecos, agitar a la población y aumentar el conflicto" mientras que al PP le ha afeado su "gran deslealtad con España" por la "ronda" de su líder, Pablo Casado, por Bruselas "para intentar que las cosas vayan mal en su país".

Gutiérrez ha subrayado que "tanto Vox como PP deben saber ya que las relaciones con Marruecos son difíciles porque hay intereses contrapuestos" pero también "imprescindibles" en asuntos como la inmigración o la lucha contra el terrorismo.

Por ello, ha pedido ambos partidos "un poco más de lealtad, menos demagogia y altura de miras ante una situación que es repetitiva en nuestra historia y ante la que necesitamos un poco más de cooperación y menos cinismo".

La Guardia Civil ha detenido en Úbeda (Jaén) al principal responsable de un grupo criminal que, supuestamente, extorsionaba a usuarios de páginas de contactos sexuales a cambio de no revelar esa información a sus familias. Las investigaciones se iniciaron en Pontevedra a raíz de la denuncia presentada por un vecino de la comarca de O Morrazo.

Según ha informado el Instituto Armado, los integrantes se aprovechaban de la presión que suponía para la víctima la posibilidad de que su familia conociese el uso de esas páginas de carácter sexual y de los servicios de prostitución. "De este modo trataban de lograr vencer su voluntad y que accediesen a las peticiones de pago de los extorsionadores", añade.

El grupo lo integraban tres personas, dos hombres y una mujer, afincados en Valencia, todos ellos "con un amplio historial de antecedentes policiales", destaca la Benemérita.

En el operativo ha sido detenido el principal responsable, que ingresó en prisión. El segundo varón, que ya fue identificado, está pendiente de prestar manifestación en sede judicial y la mujer se encuentra fugada y en paradero desconocido.

EXTORSIÓN

Las investigaciones llevadas a cabo por la unidad Orgánica de Policía Judicial de la Comandancia de Pontevedra, en el marco de la denominada 'Operación Hetera', se iniciaron el mes de enero de este año cuando un vecino de la comarca pontevedresa de O Morrazo denunció en el Puesto de la Guardia Civil de Cangas que era extorsionado por el supuesto responsable de una página de contactos sexuales en Internet.

Los hechos denunciados comenzaron cuando esta persona estableció contacto por mensajería con una chica a través de un anuncio publicado en una página web de contactos.

Posteriormente, indican las mismas fuentes, "la víctima comenzó a recibir llamadas telefónicas o mensajes que le exigían dinero por el tiempo que había estado hablando con la chica por la aplicación de mensajería instantánea y de esta manera se vio obligado a realizar dos ingresos de 500 euros cada uno".

Cuando ya creía zanjada la "deuda", indica el Instituto Armado, mediante una video llamada, en la que aparece un varón encapuchado con un arma corta, le exigen otro ingreso de 5.000 euros con "serias amenazas hacia su familia si no lo hacía", por lo que, añade, "una vez más, se vio obligado a ceder al chantaje".

Las investigaciones realizadas durante estos meses por el Grupo de Patrimonio de la Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Comandancia de la Guardia Civil de Pontevedra culminaron con la identificación de las tres personas que integraban el grupo extorsionador.

El principal responsable del grupo, de nacionalidad uruguaya, sobre el que recaían 18 órdenes de detención dictadas por diversos juzgados de la provincia de Valencia, donde tiene fijado su domicilio, fue localizado y detenido en Úbeda (Jaén) e ingresado posteriormente en prisión.

Otro varón, también vecino de Valencia, fue identificado como integrante del grupo y se encuentra pendiente de comparecer ante la autoridad judicial para prestar manifestación sobre los hechos.

INVESTIGACIÓN ABIERTA

La investigación continúa abierta para tratar de localizar a una chica que se encuentra fugada y en paradero desconocido. Las diligencias instruidas por los delitos de extorsión y pertenencia a grupo criminal se entregaron en el Juzgado de Instrucción de Cangas.

Ante hechos de similares características, la Guardia Civil recomienda "no acceder al pago de las extorsiones y que presenten denuncia", ya que, en estos casos, "los delincuentes confían en el silencio de su víctima para continuar la agresión" y, a la vez, avisa la Guardia Civil, "no eliminar ninguna evidencia por miedo o vergüenza, debido a la especial relevancia que tienen para la investigación".

Hasta nueve testigos con versiones contrapuestas han prestado declaración en la segunda jornada del juicio con jurado que desde este lunes se está celebrando en la Audiencia de Jaén para sentenciar el atropello múltiple a una familia en Úbeda ocurrido en julio de 2019 y por el que acabó falleciendo una mujer, de 73 años, mientras que otras cinco personas, todas de la misma familia, resultaron heridas de diversa consideración.

Mientras algunos de los testigos han respaldado con su relato la versión del acusado de que una persona introdujo medio cuerpo por la ventanilla del conductor, otros han señalado que el acusado condujo el vehículo a gran velocidad hasta llevarse por delante a la familia que se encontraba en la puerta de su vivienda tomando el fresco.

Ha sido la entonces pareja del acusado y que iba con él en el coche en el momento del atropello la que ha declarado que fue un hombre el que se metió por la ventanilla y giró el volante. Frente a esta versión y a otra más en esta misma línea, los atropellados han coincidido en que el coche se les echo encima y los arrolló a todos.

"El coche fue a lo que fue a pillarlos", ha señalado uno de los testigos que se encontraba cerca de la puerta de la vivienda donde se produjo el atropello y en el que el vehículo se llevó por delante el bolardo que protegía la acera.

Con todos los testimonios, las partes deberán realizar sus informes sobre lo ocurrido antes de que la presidenta del tribunal entregue al jurado, conformado por cinco mujeres y cuatro hombres, el objeto del veredicto sobre el que tendrán que deliberar para determinar la inocencia o culpabilidad del acusado, un joven, de 28 años, que actualmente se encuentra en prisión por otra causa diferente a la que se está juzgando.

Los hechos, según recoge el escrito del Ministerio Fiscal, se remontan al 17 de julio de 2019, sobre las 21,45 horas, cuando el acusado "circulando a gran velocidad y siendo perfectamente consciente arrancó de cuajo el bolardo que protegía el acerado a la altura del número 1 de la calle Alameda".

El Ministerio Fiscal ha calificado los hechos como un delito de homicidio, tres delitos de lesiones agravados por el uso de instrumento peligroso y dos delitos leves de lesiones. Por todos ellos, el Ministerio Público reclama al acusado 22 años de cárcel y 600 euros de multas.

En concepto de responsabilidad civil, las indemnizaciones solicitadas por Fiscalía suman 168.870 euros y van desde los 148.000 euros para los herederos de la fallecida a los 980 euros para cada uno de los dos heridos más leves del atropello.

La acusación particular ejercida por el letrado Eliseo Rodríguez eleva su petición de penas a los 23 años de cárcel, mientras que al resto se adhiere al Ministerio Fiscal, con la salvedad de que hace responsable con carácter subsidiario a la compañía aseguradora del vehículo, también personada en esta causa.

Desde la defensa se parte inicialmente de la inocencia del acusado por entender que los hechos ocurrieron como consecuencia de la agresión que sufrió y que le llevó a perder el control del vehículo.

La Comunidad de Madrid ha reclamado nuevamente al Gobierno de Pedro Sánchez el refuerzo de controles para la detección de la Covid-19 en los pasajeros que acceden a España a través del Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas apelando además a ayudar a salvar la temporada turística de verano.

Así lo ha trasladado la consejera de Cultura, Turismo y Deporte, Marta Rivera de la Cruz, en una misiva remitida a la ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto, en la que reclama mayores controles ante la Covid-19 en el aeropuerto madrileño.

"El turismo no se recuperará si España no es percibida como un país seguro. Y será imposible alcanzar esa percepción si no existe una forma efectiva de prevenir la entrada de viajeros contagiados por un aeropuerto de tan intensa densidad de tráfico aéreo como es el Adolfo Suárez Madrid-Barajas", alega en la carta la consejera madrileña.

En concreto, Rivera de la Cruz apela a Reyes Maroto para que solicite a la titular de Sanidad, Carolina Darias, "los medios necesarios" para establecer esos controles y ofrece para ello la "colaboración necesaria" por parte de la Comunidad de Madrid.

En la misiva, la consejera madrileña recuerda a la ministra del ramo que Barajas "es un nudo de comunicaciones para toda España, y la puerta de entrada en Europa de viajeros de todo el mundo" y, en este sentido, alerta "ante la ausencia de una vigilancia efectiva" que ha provocado que hayan entrado por el aeropuerto "cientos de viajeros infectados".

"Es nuestra obligación (y, sobre todo, nuestra responsabilidad) extremar las precauciones para evitar que viajeros contagiados accedan sin control médico a suelo español y puedan convertirse en foco de contagio, no ya en Madrid, sino en otras comunidades españolas, así como en capitales de toda Europa", ha enfatizado Rivera de la Cruz.

En esta línea, la consejera de Turismo ha incidido en la necesidad de "hacer lo imposible para blindar la seguridad sanitaria" del territorio español "y para eso hay que extremar las precauciones". "Deben establecerse controles regulares y rigurosos: de nada sirve pedir PCR en origen, si nadie comprueba que los viajeros llevan esos PCR", ha argumentado.

TEMPORADA DE VERANO

Y todo ello, según ha defendido la consejera, en un "momento decisivo" para la recuperación de la industria turística del país. "El descontrol epidemiológico en su principal aeropuerto supone una piedra en el camino de la excelencia a la que tanto usted como yo queremos aspirar", ha enfatizado.

Rivera de la Cruz ha trasladado a la ministra el convencimiento de que ambas administraciones coinciden en estos objetivos "y en que cada error dificulta alcanzarlos" para reclamar el aumento de los controles de seguridad en la entrada a España a través del aeropuerto madrileño y se pone a disposición del Ejecutivo central "para trabajar conjuntamente en la prevención sanitaria desde la llegada de viajeros a Madrid".

La ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto, ha reiterado en varias ocasiones que en los aeropuertos españoles "los controles que se están haciendo son muy exhaustivos y por lo tanto, todas las personas que llegan lo hacen con su PCR negativa".

El pasado 7 de junio el Ministerio de Sanidad amplió las pruebas diagnósticas que se aceptan en los controles sanitarios para acceder a España para "agilizar la llegada del turismo a nuestro país" para que al Certificado de Vacunación o de Recuperación se sumaran las PCR y los test de antígenos.

Así, las personas que quieran acceder a España tendrán que cumplimentar el formulario de control sanitario a través de la aplicación Spain Travel Health (SpTH) y aquellos que procedan de un país o zona de riesgo tendrán que adjuntar la documentación correspondiente a alguno de los certificados o pruebas mencionadas anteriormente.

Por otro lado, quienes procedan de zonas que sí están incluidas en la relación de países de riesgo tienen que someterse a un control documental de manera aleatoria, que tendrá en cuenta su lugar de procedencia y el nivel de incidencia. En la validación del certificado de vacunación, España únicamente aceptará las vacunas aprobadas por la EMA, así como las reconocidas por la OMS.

PREOCUPACIÓN POR LAS "NUEVAS VARIANTES MÁS TRANSMISIBLES"

El viceconsejero de Salud Pública y Plan Covid-19, Antonio Zapatero, ya anunció la pasada semana que la Comunidad de Madrid había enviado una carta a la ministra del ramo, Carolina Darias, para solicitar una reunión en busca de "medidas eficaces" en el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas.

En esa ocasión, el Ejecutivo de Isabel Díaz Ayuso incidía en la misiva en que están "surgiendo nuevas variantes más transmisibles" y que están afectando a los procesos de desescalada en países como Reino Unido. "Pedimos tener una reunión de los equipos de Salud Pública del Ministerio y nosotros y que sobre todo que nos den información y conocer las actuaciones que va a realizar de cara a futuro", explicó el consejero de Sanidad madrileño, Enrique Ruiz Escudero.

La Comunidad ha puesto el foco en Barajas como punto de entrada del virus en la región, cuestionando que sólo se identifican el 5% de los casos. Según los datos facilitados por Zapatero el pasado viernes, en la última semana se confirmaron 25 casos que habrían llegado por el aeropuerto madrileño, elevando a 94 el cómputo total del mes.

"Algunos llegan con cargas virales muy altas y PCR positivas en origen. Se trata de miles de casos importados desde el inicio de la pandemia", señaló el viceconsejero.

En este sentido, desde el Gobierno regional han reclamado insistentemente la realización de más pruebas a los viajeros que llegan a Barajas, al menos a los procedentes de determinados países relacionados con las variantes del virus. "El margen de mejora es fundamental. La británica entró por Barajas, también la sudafricana y la brasileña. Ahora ha entrado la india. No somos capaces de darle la importancia de los problemas que vienen derivados", justificó Zapatero.

La pasada semana la Mesa de la Asamblea de Madrid tramitó la Comisión de Investigación de Barajas registrada por el PP, que después tendría que llevarse a Pleno y votarse.

La Audiencia Provincial de Palencia ha condenado a un hombre a más de cinco años y medio de cárcel por abusos sexuales y malos tratos sobre su esposa.

En concreto, por el delito continuado de abusos sexuales, con las agravantes de parentesco y de género y la atenuante muy cualificada de drogadicción, ha sido condenado a cuatro años, diez meses y quince días de prisión.

Además, por malos tratos habituales, con la atenuante muy cualificada de drogadicción, la condena incluye diez meses y quince días de prisión y, en ambos delitos, su inhabilitación especial para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo por el mismo tiempo de condena y la prohibición de aproximarse a menos de 200 metros al domicilio de la víctima, lugar de trabajo y cualquier otro en que se encuentre y a comunicarse con ella, por cualquier medio, durante cuatro años.

Por contra, el acusado, al que han impuesto el pago de las costas procesales, incluidas las causadas por la acusación particular, ha sido absuelto de los delitos de agresión sexual y amenazas leves.

El condenado, de 49 años "muy celoso, posesivo y machista", residía con su mujer y sus tres hijos en un municipio palentino hasta que en 2005 sus suegros se fueron a vivir con ellos puesto que el padre de su mujer padecía esclerosis múltiple y había que atenderlos, lo que terminó de deteriorar la relación matrimonial.

PROPENSO A LOS ATAQUES DE IRA

Fumaba cannabis desde los catorce años, abusaba del alcohol y consumía cocaína con frecuencia, lo cual fue afectando a su personalidad y carácter convirtiéndose en un marido "autoritario, propenso a los ataques de ira", sobre todo si sus deseos sexuales no eran correspondidos, "y controlador de la vida, costumbres y amistades de su esposa a quién ninguneaba frente a sus padres, hijos y amistades", limitándole los recursos económicos para hacerla totalmente dependiente de él y anularla como persona.

Las malas relaciones se agravaron en agosto de 2018 cuando su mujer comenzó a trabajar en un bar del municipio donde residían.

Así, a primeras horas de la madrugada del 5 de agosto de 2018, tras llegar a su domicilio donde esperaba su marido "encolerizado y fuera de sí", comenzó con reproches e insultos y temiendo por su integridad física, pidió a uno de sus hijos que fuera a pedir ayuda a su hermano, quien pasaba las vacaciones en la localidad, quien se personó de inmediato en la vivienda y se encontró al procesado presionando a su hermana contra la pared al tiempo que le gritaba "te vas a cagar, te vas a enterar".

Hasta la casa llegó una patrulla de la Guardia Civil cuyos agentes pusieron orden, logrando revertir la situación tras entrevistar a los presentes.

La sentencia refleja que los comentarios despectivos y humillantes, los insultos reiterados y los menosprecios "evidencian un clima sistemático de maltrato psicológico, de violencia verbal y de humillación permanente" en el que se veía claramente sometida la mujer que atentaba a su dignidad y a su derecho a no ser sometida a tratos degradantes en el ámbito familiar, lo que constituye e integra el delito de maltrato habitual.

Asimismo, da por probado el delito de abusos sexuales puesto que el marido "autoritario y propenso a los ataques de ira" ejercía sobre su mujer una influencia negativa hasta convertirla en una "esposa temerosa, insegura y sumisa", dependiente emocional y económicamente de su marido y que, siendo consciente de ello, se aprovechaba logrando que se sometiera a prácticas sexuales sin consentirlas, asumiéndolas por el temor que le producían los ataques de ira de su marido.

La sentencia no es firme y cabe interponer contra ella recurso de apelación para la Sala de lo Civil y Penal del TSJ de Castilla y León.

La Junta General de Accionistas de PRISA ha aprobado este martes todos los acuerdos propuestos por el Consejo de Administración, entre los que destaca la nueva estructura operativa del grupo en las divisiones de educación y medios (Santillana y PRISA Media), y el nombramiento como consejeros ejecutivos de sus presidentes ejecutivos, Manuel Mirat y Carlos Núñez, respectivamente.

Celebrada un año más de manera telemática, la Junta de Accionistas ha dado luz verde a la elección como consejera dominical de Carmen Fernández de Alarcón, en representación de Vivendi, así como la ratificación de Rosauro Varo, Javier Santiso y María José Marín Rey-Stolle como consejeros independientes. De este modo, el Consejo de Administración pasa de 12 a 14 miembros.

Los accionistas también han dado el visto bueno a los cambios en la política de remuneraciones, en los estatutos sociales y el reglamento de la Junta General de Accionistas, principalmente para habilitar las medidas necesarias para que su celebración sea exclusivamente de forma telemática.

En su intervención ante la Junta, el presidente de PRISA, Joseph Oughourlian, ha asegurado que la compañía va "a transformar los sectores de educación y media, no solo en España sino también en el mundo hispanohablante".

"La digitalización no conlleva implícitamente recortes, al revés, trae oportunidades y tenemos que aprovecharlas para impulsar el enorme potencial que tenemos. Vamos a mirar al futuro y vamos a centrar nuestros esfuerzos en invertir, en crecer, evidentemente sin descuidar los costes", ha dicho Oughourlian.

Además, el presidente de PRISA ha recordado que, "teniendo en cuenta las circunstancias socioeconómicas actuales", decidió reducirse el salario en un 50% y que también se redujo la retribución a los miembros del Consejo.

"Ha llegado ya el momento de compartir los esfuerzos y dejar atrás el hecho de que los recortes siempre caigan sobre la plantilla. Me gustaría incidir en que nuestra apuesta es poner en marcha un ambicioso proyecto de crecimiento en el que el cuidado del capital humano y el talento sea prioritario", ha subrayado.

Oughourlian, que ha detallado las propuestas llevadas a la Junta, ha destacado que se han acometido cambios en el gobierno corporativo, "por primera vez en años ha entrado en el capital un accionista industrial de gran reputación como es Vivendi, con una gran visión del negocio"; ha habido cambios de estructura organizativa con la creación de dos unidades de negocio "para maximizar el valor de los activos"; y cuenta con un nuevo equipo directivo "profundamente transformador e innovador, independiente y con una marcada visión digital de los negocios". "Un nuevo management que refuerza el cambio generacional y el nuevo proyecto de PRISA", ha recalcado.

PRIORIDAD: REDUCIR LA DEUDA

Además, el presidente ha resaltado los cambios realizados en la estructura del balance "con una refinanciación" que ha permitido "extender los vencimientos e incrementar la liquidez de la compañía". "Nuestro nivel de endeudamiento sigue siendo demasiado elevado. Por ello, una de mis prioridades va a ser reducirla lo más rápido posible hasta niveles manejables", ha asegurado.

El presidente del grupo también ha recordado a los afectados por la crisis del COVID-19 "en un año sumamente complejo" y ha agradecido el esfuerzo realizado por todos los profesionales de la compañía, así como el apoyo de todos los grupos de interés, suscriptores, oyentes, profesores, familias y alumnos, y accionistas.

"2021 marcará un hito en la vida de este Grupo. Les aseguro que voy a poner todo mi empeño en que en la nueva etapa que hoy comenzamos seamos capaces de recuperar los grandes éxitos, sociales y económicos, que siempre han acompañado al Grupo PRISA", ha concluido.

Por su parte, Manuel Mirat ha hecho balance de los tres últimos ejercicios como consejero delegado del Grupo. "Estos últimos años han sido muy intensos y gratificantes porque, gracias al esfuerzo de todos, hemos reflotado y asentado PRISA, y hemos puesto las bases de un futuro más que esperanzador", ha apuntado.

También ha recordado a los presidentes que han confiado en él (Juan Luis Cebrián, Manuel Polanco, Javier Monzón y Joseph Oughourlian). "Gracias a ellos y a los consejos de administración que han presidido estos años, por la confianza que siempre me han mostrado", ha declarado, al tiempo que ha ensalzado "al magnífico" grupo de profesionales y a los diferentes equipos directivos que le han acompañado.

Ha explicado, asimismo, los resultados económicos de 2020 "el año más complicado" de la historia, pero en el que PRISA "ha tenido una respuesta excepcional". Los accionistas también han aprobado este martes las cuentas, el estado de la información no financiera y la gestión del Consejo de Administración correspondientes a 2020.

El periodista Fernando Jáuregui ha presentado en Santander la obra colectiva 'Periodismo 2030 Recetas para la era de la comunicación digital', donde ha reflexionado sobre el papel del periodismo en el presente y futuro y ha asegurado que "algunos poderes han aprovechado la pandemia para restringir la libertad de expresión."

El periodista ha participado en el acto junto al director del Diario Montañés, Iñigo Noriega, en una conferencia enmarcada en la programación de los Cursos de Verano de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP).

"Se quieren cargar el periodismo", ha asegurado Jáuregui, quien ha añadido que "se está intentando minimizar nuestro papel como intermediarios entre las fuentes y la opinión pública". En su opinión, este es el papel que deben tener los periodistas, pero advierte de que "está cada vez más comprometido".

En este sentido, ha asegurado que "cada noticia que tenemos es un conjunto de falsedades", y ha reivindicado el papel del periodismo para ofrecer una información veraz, libre, independiente y contrastada, aunque ha reflexionado que cada vez es más difícil. "No estoy seguro de que estemos cumpliendo esa misión", ha asegurado.

En este sentido, Jáuregui ha opinado que "algunos poderes han decidido que nuestro papel quede relegado o suprimido", y ha apuntado a que "la libertad de expresión es un bien que nos tenemos que ganar todos los días".

DIGITALIZACIÓN Y REDES SOCIALES

Jáuregui ha considerado que las redes sociales se han vuelto "enemigas del periodismo tradicional" y ha criticado el "excesivo poder" que tienen las grandes compañías tecnológicas. Siento decirlo porque es una gran autopista de la comunicación", ha añadido.

Así, el periodista ha opinado que es "indignante" que las redes puedan cerrar cuentas, sin garantías ni tribunales. "No soy partidario ni de Vox ni de Donald Trump, nada más lejos, pero me parece indignante que se les censure", ha añadido.

"Es preocupante que los grandes de internet tengan un volumen de negocio mayor que la mayoría de países", ha apuntado Jáuregui, quien ha asegurado que "en la pandemia han impuesto una verdad oficial", una verdad que "si no seguías, te excluían de las redes".

Por ello, el periodista llama a "encauzar la digitalización" y ha propuesto que se cree una comisión en el seno de las Naciones Unidas para "intervenir en la guerra de las redes". "Las grandes compañías hacen lo que quieren con nosotros", ha asegurado.

Respecto a la digitalización, ha asegurado que el periódico en papel "no va a terminar" y será diferente, más enfocado en la prensa local, "que es la que más interesa a la ciudadanía", según los datos extraídos de la encuesta del libro que coordina.

PERIODISMO 2030

El libro 'Periodismo 2030', una obra colectiva coordinada por Fernando Jáuregui y Sergio Martín, es una reflexión coral sobre el periodismo contemporáneo, contando con 200 participantes directos, entre los que se incluyen las principales voces del periodismo, así como un sondeo con más de 400 entrevistas.

De este modo, la obra no "expone conclusiones", sino que "plantea preguntas", sobre los retos a los que se enfrentan los medios de comunicación, en plena crisis por la digitalización y los cambios en los modelos de consumo de información de la población.

La portavoz del Govern, Patrícia Plaja, ha anunciado este martes que el Ejecutivo catalán ha aprobado el decreto de precios públicos universitarios para el curso 2021-2022, que fija una rebaja de hasta el 40% los másters oficiales de las universidades públicas catalanas para equipararlos a los estudios de grado.

En rueda de prensa posterior al Consell Executiu, ha afirmado que esta reducción responde al compromiso del Govern de que "nadie se quede fuera de la universidad por motivos económicos y también para dar respuesta a la igualdad de oportunidades", especialmente después de la crisis provocada por la pandemia.

Esta decisión afectará a los másters de la UB, UAB, UPC, UPF, UDL, UdG y URV, que pasarán a tener un precio por crédito de 27,67 euros, que supone una rebaja de 18,44 euros en el precio por crédito en la mayor parte de titulaciones.

ACTIVIDADES REGULADAS

Esta rebaja no afecta a los másters que habilitan para el ejercicio de actividades reguladas --como la abogacía, arquitectura, algunas ingenierías y para ser profesor de ESO y Bachillerato--, en las que el precio por crédito pasa de 28,82 euros a 27,67 euros, lo que representa una reducción del 4%.

Esta modificación en los precios --que se suma a la rebaja del 30% ya aplicada el pasado curso en grados y másters-- representa un coste de 9,3 millones de euros, que asume la Conselleria de Investigación y Universidades, por lo que no impactará en las finanzas de los centros universitarios, ha destacado el Govern.

Esta nueva rebaja da cumplimiento al Pacte Nacional per la Societat del Coneixement, aprobado por el Govern en junio del año pasado, que incluye el objetivo de mejorar la equidad en la educación superior y rebajar los precios públicos en todos los tramos de renta, con reducciones específicas para los más bajos.

BECAS PARA RENTAS MÁS BAJAS

El Govern mantiene su política de becas para las rentas más desfavorecidas sin matrícula gratuita por quedar excluidas de la beca general, y los que se encuentran en el primer y segundo tramo pueden acceder a descuentos adicionales para grados y los másters para actividades profesionales reguladas, con rebajas del 80% y el 70%.

La Junta del Consell Interuniversitati de Catalunya (CIC), que reúne al Govern y universidades, dio a principios de junio su visto bueno a este decreto de precios del próximo curso, que también obtuvo un informe favorable de la Conferencia General del CIC, que incluye a representantes de la comunidad universitaria.

El expresidente de la Generalitat Artur Mas ha acusado este martes al Estado de buscar "la muerte política y civil de determinadas personas por defender unas determinadas ideas" a través del Tribunal de Cuentas, y cree que actúa con un abuso de poder.

Así ha reaccionado en rueda de prensa en los jardines de Palau Robert después de que el Tribunal de Cuentas haya fijado inicialmente en 5,4 millones de euros la responsabilidad contable inicial que se reclama a él, al también expresidente Carles Puigdemont, que está en Bruselas, a los indultados Oriol Junqueras, Raül Romeva y Jordi Turull y a otros 37 excargos de la Generalitat por la acción exterior hecha entre los años 2011 y 2017.

"La muerte política se quiere conseguir a través del Código Penal, y la muerte civil, que es la ruina económica, se quiere conseguir a través de la acción del Tribunal de Cuentas", ha lamentado Mas, que recuerda que este órgano ya le impuso una fianza millonaria de 5,8 millones de euros por la consulta soberanista del 9 de noviembre de 2014, entre otras acciones.

"Hay un abuso de poder en toda regla, un abuso y una distorsión total del marco legal para conseguir su objetivo: el castigo y la venganza, la represión", ha apuntado el expresidente de la Generalitat, que considera que están en absoluta indefensión.

Tras advertir de que ahora se juzga la acción exterior del Govern, pese a ser una competencia estatutaria que realizan también otras comunidades autónomas, ha reprochado que las fianzas impuestas por el Tribunal de Cuentas les obliguen "primero a pagar sin determinar antes si eres culpable o no, y sin que se haya demostrado ningún tipo de irregularidad, ni tan siquiera contable".

Mas ha asegurado que no podrán pagar estas fianzas, por lo que el siguiente paso es "el embargo de la vivienda, de las cuentas corrientes, de cualquier ahorro que se tenga y hasta del salario y la pensión".

A SÁNCHEZ

Después de que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, precisara a los afectados que pueden presentar un recurso, el expresidente catalán ha tirado de ironía para agradecerle que les recuerde que tienen esta posibilidad: "Gracias señor Sánchez, ya lo sabemos. Es la normativa. Esto lo puede hacer todo el mundo. La pregunta es: ¿Qué piensa hacer el Gobierno ante un abuso de poder como este? ¿Mirar hacia otro lado o hacer alguna cosa?".

Tras dejar claro que se defenderá, cree si hay "voluntad política" por parte del Gobierno y de los partidos hay opciones para actuar sobre el Tribunal de Cuentas, como renovar su composición teniendo en cuenta que termina su mandato, e impulsar iniciativas legislativas para modificar su manera de actuar.

"Igual que Sánchez ha tenido la necesidad o coraje de promover los indultos, ahora también puede tomar iniciativas para intentar corregir este abuso de poder que hay sistemáticamente en el Tribunal de Cuentas en todo lo que afecta la actuación de la Generalitat dicen relacionada con el proceso soberanista", ha sostenido.

En relación al Govern, Mas ha pedido que sigan defendiendo sus competencias en acción exterior, y ha lamentado que el Tribunal de Cuentas se pase les alegaciones presentadas por la Generalitat "por el forro".

También ha advertido de que, pese a la acción del Tribunal de Cuentas contra exaltos cargos del Govern, no conseguirán matar "ni las ideas ni los ideales" de todos ellos, y la convicción del derecho del pueblo catalán a poder decidir su futuro en las urnas y de querer la libertad de Cataluña.

Euskadi ha registrado este pasado lunes 174 nuevos casos de covid-19, cifra que supone 32 contagios más que un día antes, y la tasa de positivos respecto a las pruebas practicadas se ha reducido al 2,6%, aunque la incidencia acumulada sube a 105 casos por 100.000 habitantes en 14 días. En los hospitales, hay 32 pacientes ingresados en la UCI, tres menos que en la jornada anterior.

Según los últimos datos aportados por el Departamento vasco de Salud, durante la jornada de este pasado lunes se han realizado 6.676 pruebas diagnósticas (4.150 PCR y 2.526 test de antígenos), por encima de las 4.821 realizadas el domingo, con un resultado de 174 nuevos infectados. De esta forma, la tasa de positivos respecto a las pruebas realizadas se ha reducido en tres décimas, del 2,9% al 2,6%.

Sin embargo, la tasa de casos positivos acumulados en 14 días por cada 100.000 habitantes ha subido un punto y se sitúa para toda Euskadi en 105,56 (era 104,10 el domingo).

Este indicador presenta la tasa más elevada en Vizcaya, con 111,48 casos este lunes (igual que el domingo), mientras que en Guipúzcoa sube a 93,14 casos (89,25 un día antes), y en Álava es de 95,09 casos (94,09 en la jornada previa).

También se ha incrementado la razón de tasas de incidencia (que compara la tasa de incidencia acumulada en 14 días actual con la de hace una semana) a 0,94 para el conjunto de Euskadi (0,91 en la jornada previa), y el número reproductivo básico, que mide a cuántas personas contagia cada caso positivo, se mantiene en 1,08.

La trazabilidad de los casos alcanza una media en los últimos siete días del 46,1%, porcentaje de positivos detectados por ser contactos de otros casos, frente al 35,3% de positivos que se realizaron las pruebas por presentar síntomas de covid.

Por territorios, este pasado lunes se han detectado 83 nuevos positivos en Vizcaya, seis más que el domingo, otros 63 en Guipúzcoa (siete más que en la jornada anterior) y Álava ha contabilizado 22 nuevos contagios (15 más que el día previo). A ellos, se suman seis contagios entre personas con residencia fuera de la Comunidad Autónoma Vasca, frente a los dos de la jornada precedente.

En el caso de Vizcaya, los municipios con más positivos este pasado lunes son Bilbao, con 30 y una tasa de incidencia de 129,30 casos, Barakaldo con nueve, Getxo con ocho, Durango con cinco y Basauri con cuatro.

En Guipúzcoa, San Sebastián suma 16 positivos más y sube la tasa de incidencia a 121,17 casos, mientras que en Hernani se registran 14 contagios y en Zarautz siete.

En cuanto al territorio alavés, Vitoria suma 16 positivos y sitúa la tasa de incidencia en 97,95, mientras que se ha detectado tres contagios más en Amurrio y dos en Llodio.

Con los datos de esta pasada jornada, solo una población de más de 5.000 habitantes presenta tasas acumuladas superiores a los 400 casos en 14 días por cada 100.000 habitantes. En concreto, la guipuzcoana de Zumaia (468,10).

HOSPITALES

En los hospitales vascos, han ingresado en planta 25 personas con covid durante el lunes, 14 más que el día anterior, y son 64 las personas hospitalizadas en planta, 16 más que en la jornada previa.

Además, en las Unidades de Cuidados Intensivos (UCI) de los hospitales vascos hay 32 camas de críticos ocupadas por pacientes con covid, tres menos que la jornada previa.

EDADES

Por edades, el mayor número de nuevos contagios se produce en la franja de edad de entre 19 a 39 años (83 positivos), seguido de las personas de entre 40 y 64 años (42 casos) y de los menores de 18 años (37 nuevos positivos). Los mayores de 65 años contabilizan nueve casos, de los que tres superan los 80 años.

La tasa de incidencia acumulada en 14 días por 100.000 habitantes más elevada se sigue dando entre los menores de 18 años (192,83) y la más baja es la de la población de 65 a 79 años (con 19,53).

El director de eldiario.es, Ignacio Escolar, ha defendido este martes la necesidad de "distinguir entre la desinformación y la propaganda interesada". Se ha referido a la diferencia entre los dos fenómenos, por un lado, "las personas que de forma desinteresada transmiten sin ser conscientes un bulo" y, por otro, "estructuras organizadas de partidos, organizaciones, grupos de presión que difunden mentiras intencionadamente utilizando la influencia de las redes sociales".

Ignacio Escolar ha asistido como ponente a la mesa redonda 'Los medios de comunicación antes, durante y después del Covid-19, presente y futuro: la prensa', programada dentro del seminario 'El periodismo antes, durante y después del Covid-19', que forma parte de la 19 edición de los cursos de verano de la Universidad Pablo de Olavide. Estos encuentros se celebran en la sede Olavide en Carmona-Rectora Rosario Valpuesta, situada en la casa palacio de los Briones.

Ante la cuestión de cómo combatir la desinformación desde los medios en internet, ha argumentado que "se afronta con periodismo, haciendo un esfuerzo aún mayor desde las redacciones por eliminar los bulos y la desinformación".

Respecto al reto que ha supuesto la pandemia para los medios de comunicación, el director de eldiario.es se ha referido a ésta como "una especie del túnel del tiempo", en relación a la rapidez con la que las tecnologías y los hábitos de consumo de las mismas han avanzado en el tiempo del confinamiento. "Ha pasado en muchos ámbitos de nuestras vidas, como las videoconferencias, pero en el ámbito de la prensa ha afectado por dos motivos; por un lado, acelerando la transición del papel a la web y, por otro acelerando, la transición del gratis al pago", ha detallado.

En relación al modelo de financiación de la prensa online, ha indicado que "casi todos los periódicos españoles de calidad han apostado por modelos de pago" y que el modelo de socios o suscriptores, como el aplicado por eldiario.es, es el futuro de la prensa online ya que "absolutamente todos los periódicos de referencia del mundo han implantado este modelo de ingresos que llevamos utilizando desde 2012". Ha precisado que el modelo de eldiario.es es "diferente al modelo tradicional porque permite a quien no tenga ingresos seguir leyendo".

Sobre la razón por la que se apuesta por este plan económico basado en suscripciones al medio online ha señalado que, "por un lado, están disminuyendo los ingresos por publicidad en todo el mundo por la puja de las nuevas plataformas y, por otro lado, cada vez hace falta mayor volumen de impresiones para generar los mismos ingresos publicitarios", ya que "hay menos publicidad y se paga peor".

Por otro lado, recalcado la importancia de enseñar a los alumnos desde los colegios "cómo se informa y cómo reconocer una noticia falsa". Ignacio Escolar ha precisado que los métodos para ello "no son complicados, en una hora se pueden aprender, ya que hay determinadas muletillas como que te pidan que reenvíes la información al mayor número de personas posible o que es información que los medios no quieren que sepas".

Ignacio Escolar ha comparado, "salvando las distancias", lo que ocurre con la desinformación en las redes con lo que supuso en el siglo pasado la invención de los medios de comunicación de masas. Ha observado que "la propaganda y cómo fue utilizada por los totalitarismos fue tan eficaz en parte porque había un terreno virgen, una sociedad que no sabía ni detectarla ni enfrentarse a ella".

"Esta nueva revolución tecnológica nos ha traído nuevos medios de comunicación que han tenido gran impacto en la sociedad, porque no existe el conocimiento necesario para distinguir en ellos la mentira y la verdad, así como los efectos que produce", ha recalcado.