El presidente de RTVE, José Manuel Pérez Tornero, se ha referido a la proyección de audiencia que tiene Televisión Española (TVE) paralos próximos meses y ha afirmado que "corregir a medio año una deriva que empezó hace varios años cuesta". "Nos costará, será difícil, será lento pero lo conseguiremos", ha asegurado.

Así lo ha indicado el máximo responsable de RTVE durante su última comparecencia del periodo de sesiones ordinario ante la Comisión Mixta (Congreso-Senado) de Control Parlamentario de la Corporación RTVE y sus Sociedades, celebrada este jueves en la Cámara Baja.

En este sentido, ha hecho hincapié en que "preocupa y ocupa conseguir público". "El primer paso será ganar en credibilidad y reputación, estabilizar los presupuestos y avanzar por conseguir audiencia", ha añadido.

Desde su punto de vista, "RTVE tiene impacto, tiene audiencia, tiene y tendrá futuro y vamos avanzando en que todos los españoles consideren que RTVE es y será su plaza pública".

Por otro lado, ha explicado las razones que llevaron a la no formalización del nombramiento de Mamen del Cerro como directora de Contenidos Informativos de TVE. "Yo también me preocupé. Yo me sorprendí. Me resultó bastante deprimente la situación que se creó", ha confesado.

Pérez Tornero ha indicado que "no fue una denuncia exactamente" sino que fue "un acuerdo compartido". "Lo que les digo es auténticamente cierto", ha advertido antes de aclarar el caso. El presidente de RTVE ha señalado que "cuando se nombran los responsables que van por debajo" de quienes ostentan los puestos de alta dirección, "tiene que haber un mutuo acuerdo entre la persona que lo propone, que es el responsable de la alta dirección y la Presidencia y el Consejo de Administración en última instancia, que es el que responde de la misión de servicio público de Televisión Española".

Según ha apuntado, Mamen del Cerro presentó un único nombre que no logró el respaldó de la Presidencia. "Obviamente, uno espera y el Consejo espera que haya otros nombres. No fue posible. Sólo hubo uno. Nuestra idea es sumar, renovar y ser ágiles, y ser no monolíticos", ha asegurado.

NUEVO EQUIPO DE INFORMATIVOS

Pérez Tornero ha afirmado que no se arrepiente "en nada" de haber propuesto en nombramiento de Del Cerro, "salvo por esta pequeña decepción que ha provocado". Tras pedir disculpas a los miembros de la Comisión, ha dicho que están "en vías de superación" y "muy pronto" anunciará el nuevo equipo que liderará los Servicios Informativos.

"El talante dentro de los servicios Informativos es que haya diversas propuestas y se respete la independencia profesional y también que todos los profesionales sepan que tienen una doble responsabilidad: con su autonomía, independencia profesional y deontológica y un compromiso colegiado e institucional con la Corporación RTVE", ha manifestado.

Durante su intervención, el máximo responsable de la Corporación pública ha vuelto a referirse al problema de la interinidad y la precariedad laboral y ha reconocido que es "un tema que afecta a RTVE en su conjunto" y ha añadido que deriva de que "desde el año 2008 era muy difícil reponer las plantillas". Así, ha avanzado que la intención es sacar a concurso público entre 340 y 500 plazas entre 2021 y 2022 "para intentar poco a poco ir reponiendo lo que se ha ido perdiendo en este tiempo".

El relevo generacional de la plantilla ha sido otro de los temas que ha abordado en su intervención, asegurando que se realizará "de manera natural y progresiva". "Tenemos una política de personal que va a suponer un tercio de la renovación del personal de nuestra empresa, una plantilla que está en el entorno de los 55 años de media. Vamos a renovarla convocando más plazas, formando y haciendo que los que se marchen no lo hagan del todo, estableciendo un nexo entre estos y los que se quedan a través del Instituto de RTVE", ha manifestado.

Sobre los recursos humanos y técnicos de los que dispone RTVE en Ceuta y Melilla tras la reciente crisis migratoria, ha detallado que cada una de las ciudades mencionadas tiene siete personas, entre los cuales son tres de personal técnico y cuatro periodistas. "Se va a reforzar la plantilla este verano con un informador en cada una de ellas porque en verano, como ustedes saben, los conflictos crecen", ha subrayado.

En la parte técnica, ha asegurado que "se va a mejorar la cobertura con la distribución de una mochila conexión directa al satélite", se van a ampliar los sistemas de edición de vídeo con nuevos terminales, dos en cada uno de las sedes de la ciudad, así como los circuitos de datos.

En relación con las medidas para garantizar la financiación, Pérez Tornero ha explicado que en junio RTVE ha tenido que pagar por IVA 126,2 millones adicionales de euros, contratando para ello un préstamo financiero. "Hemos solicitado a la SEPI varios escenarios para que nos den una solución y creo que estamos en camino de encontrarla y a final de mes en este tema sabremos la resolución", ha dicho.

"A través del Mandato Marco y a través de una ley de financiación, en la que intervendrá el Gobierno y el Parlamento, RTVE desearía hacer equivalentes los ingresos con la función que debemos cumplir", ha insistido el presidente, que ha anunciado que se ha solicitado del Gobierno la apertura de una negociación para establecer un contrato programa puente hasta que haya un mandato marco para poder configurar el presupuesto. "Si el mandato marco está a final de este año, seguramente el contrato programa para 2023 se podrá hacer bajo un nuevo paraguas de legislación", ha agregado.

COMENTARIOS MACHISTAS EN LOS GOYA

Preguntado sobre las sanciones impuestas en la resolución del caso del expediente de los audios machistas de los premios Goya, Pérez Tornero ha informado de que uno de los responsables ha sido sancionado por una infracción grave con suspensión de empleo y sueldo de 3 a 15 días, y el otro empleado por infracción muy grave, con suspensión de empleo y sueldo de 16 a 60 días. No obstante, considera que "no basta con esto" y ha apuntado que ya se está elaborando un plan de formación interno en materia de igualdad.

Respecto a la estrategia para recuperar las audiencias de los contenidos deportivos, Pérez Tornero ha afirmado que "hay un problema de derechos" copados por las "grandes plataformas" y ha añadido que RTVE está trabajando "con energía" y en asociación con la Unión Europea de Radiodifusión (UER) para "comprar más y mejor, y más barato". "En la próxima temporada, tendremos mejor oferta deportiva, con más valores, muy diversa y también más espectacular", ha remachado.

Finalmente, ha recordado que La 1 no emite corridas de toros desde junio de 2016 y ha dicho que RTVE no quiere ser "protagonista" de este tema y acatará lo que diga el Parlamento. "Vamos a respetar los derechos de los niños, de los animales, de las personas y la tradición cultural de un país. Estamos a disposición del Parlamento. Si el Mandato Marco decide optar por una opción u otra, somos respetuosos con la ley", ha apostillado.

El pleno del Parlamento Europeo ha aprobado este jueves la primera ley climática del bloque, que fija el objetivo de lograr la neutralidad climática a mitad de siglo y establece la meta intermedia de haber reducido un 55% para 2030 las emisiones de gases de efecto invernadero.

Los eurodiputados han respaldado con 442 votos a favor, 203 en contra y 51 abstenciones el acuerdo político que alcanzaron a mediados de abril con los Estados miembros la normativa central del Pacto Verde europeo y pilar fundamental de la lucha del club contra el cambio climático.

En particular, la ley climática de la UE establece el objetivo de lograr en 2050 la neutralidad climática: reducir al máximo las emisiones de dióxido de carbono (CO2) y conseguir que las restantes sean absorbidas, por ejemplo, por la acción de los bosques.

En la senda para lograr la neutralidad, la ley establece un objetivo intermedio para el final de esta década que será del 55%. Esta disminución de las emisiones será "neta", un aspecto que levanta las críticas de las organizaciones ecologistas, que denuncian que eso supone que el esfuerzo real será menor.

Además, la normativa sugiere a la Comisión Europea que proponga nueva meta intermedia para 2040 si lo considera oportuno después de que se haga el primer balance global de los avances conseguidos en el marco del Acuerdo de París.

Además de la trayectoria de reducción de emisiones, la ley climática subraya la necesidad de fortalecer la capacidad de los sumideros de carbono a través de una actualización del reglamento sobre el uso de la tierra y la silvicultura, que el Ejecutivo comunitario quiere proponer próximamente.

Otros aspectos de la ley climática europea son el compromiso para tener emisiones negativas de gases de efecto invernadero después de 2050, la creación de una junta independiente de asesoramiento científico sobre cambio climático, disposiciones "más fuertes" sobre la adaptación al cambio climático y la búsqueda de una mayor coherencia de las políticas de la UE con el objetivo de la neutralidad climática.

La intención de Bruselas es proponer el próximo 14 de julio el primer paquete de medidas para trasladar el objetivo de reducción de emisiones para 2030 en medidas tangibles.

Bautizado como 'Fit for 55', incluirá medidas como la revisión del sistema de comercio de emisiones (ETS, por sus siglas en inglés), la introducción de un mecanismo para gravar la entrada al bloque de productos con mayor huella de carbono que los producidos en la UE y nuevas metas nacionales de recorte de emisiones para el final de esta década.

El Pleno del Parlamento andaluz ha acordado este jueves, con los votos de PSOE-A, PP-A, Ciudadanos (Cs) y Adelante Andalucía, y el único rechazo de Vox, instar a la Junta a "impulsar las políticas de prevención, sensibilización, atención y reparación de la violencia vicaria", que así es como se define a aquella ejercida sobre los hijos para dañar a la madre.

Así lo ha acordado la Cámara andaluza al aprobar una proposición no de ley (PNL) que el Grupo Socialista ha defendido en el Pleno y con la que el Parlamento también insta a la Junta a que rechace "cualquier posicionamiento político negacionista que cuestione la violencia machista hacia las mujeres y sus hijos e hijas, creando los recursos de apoyo social, educativo, médico, psicológico y jurídico que sean necesarios, incorporando los recursos personales y presupuestarios en las consejerías con competencias en materia sanitaria, educativa, y en materia de justicia, a fin de reforzar la detección, atención y reparación de los casos de violencia vicaria".

En defensa de la iniciativa, la parlamentaria del PSOE-A Soledad Pérez ha puesto de relieve que Andalucía fue "la primera comunidad autónoma en incluir, en la Ley 7/2018, de 30 de julio, por la que se modifica la Ley 13/2007, de 26 de noviembre, de medidas de prevención y protección integral contra la violencia de género, la violencia vicaria y proteger como víctima de violencia de género a 'las madres cuyos hijos e hijas hayan sido asesinados' (...), definiendo la violencia vicaria como la ejercida sobre los hijos e hijas, que incluye toda conducta ejercida por el agresor que sea utilizada como instrumento para dañar a la mujer".

"La violencia vicaria es una forma de terrorismo machista por el que las hijas y los hijos se transforman en objetos para continuar el maltrato y la violencia hacia la madre", ha sentenciado la diputada del PSOE-A al hilo de esta iniciativa que alude, entre otros, al reciente caso de la desaparición en Canarias de "las pequeñas Anna y Olivia, y la aparición del cuerpo de la mayor de las hermanas, que ha conmocionado a la sociedad española".

Tras advertir de que "el Sistema de Seguimiento Integral en los casos de Violencia de Género (VioGén) tiene detectados en España a 471 menores en riesgo de convertirse también en víctimas de sus propios padres", desde el PSOE-A han sostenido que "no podemos permitir que, mientras siguen ocurriendo asesinatos a mujeres y de sus hijos e hijas, se sigan cuestionando las políticas de igualdad y de violencia de género en Andalucía".

"No podemos permitir que los avances que creímos conquistados se pongan en entredicho y cada vez más las mujeres andaluzas seamos moneda de cambio ante los ataques de la ultraderecha", ha subrayado la representante del PSOE-A, que ha sentenciado que, "en Andalucía y en España, eliminar la violencia de género y proteger a las víctimas no es una opción, es una obligación, y la ideología negacionista no puede estar por encima de nuestras leyes".

MENSAJES DE PP-A Y CS A FAVOR DE LA UNIDAD CONTRA LA VIOLENCIA

En el turno de posicionamiento de los grupos, la diputada del PP-A Ana Vanessa García ha asegurado que podría iniciar su intervención diciendo que "el repunte de casos" de violencia de género "es culpa de Pedro Sánchez y del Gobierno por recortar presupuestos y no desarrollar el Pacto de Estado". "Esto es lo que hacía Susana Díaz", pero "eso no es verdad", ha dicho.

"No es cierto que el Gobierno sea responsable, no voy culpar a ningún Gobierno porque ése no es el camino. Ningún Gobierno tenemos la solución, ésa es la realidad", ha afirmado antes de agregar que "lo mejor que podemos hacer es trabajar, trabajar y trabajar juntos desde nuestra diferencia ideológica".

García ha reclamado al Gobierno que "devuelva a los ayuntamientos andaluces lo que han recortado de fondos del Pacto de Estado", que ha traducido en que "han tenido que despedir a profesionales porque no les podían pagar", y ha concluido llamando a "arrimar el hombro", porque "hay vidas en juego", ha remachado su intervención.

La parlamentaria de Cs Mar Hormigo ha sostenido que la violencia vicaria es "una extensión brutal de la violencia de género", y ha defendido la labor que la Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación que dirige Rocío Ruiz está llevando a cabo para ayudar "con medios y recursos a acabar con esta aberración que nos deshumaniza como país y como comunidad".

La representante de Cs ha realizado también un llamamiento a trabajar desde la unidad, todos juntos, en contra de estas violencias, "sin ninguna grieta o fisura que beneficiará siempre a los agresores", según ha advertido.

VOX Y ADELANTE INTERCAMBIAN CRÍTICAS EN TORNO AL "NEGACIONISMO"

Por su parte, la diputada de Vox Ana Gil ha comenzado sosteniendo que "quienes cometen estas atrocidades" de crímenes "merecen ser condenados de la manera más dura", pero ha reprochado a los socialistas que "ya no saben qué hacer con nuestro lenguaje para que traguemos con su ideología contra el varón".

En esa línea, ha criticado que a quienes sostienen que "la violencia no tiene género, y tanto hombres como mujeres merecen el mismo castigo ante la comisión de los mismos hechos, se nos llama negacionistas", cuando "nosotros hacemos extensible nuestra condena sin fisuras a todo aquel" que ejerza la violencia, sea hombre o mujer, según ha remarcado antes de tachar de "hipócrita" la PNL del PSOE-A.

La diputada de Adelante Andalucía Carmen Barranco ha replicado al "discurso negacionista de Vox" subrayando que se contabilizan "1.093 mujeres asesinadas desde que existe registro en 2003", y que "no criminalizamos a varones: tenemos compañeros, hijos, padres".

"Las mujeres no mueren, son asesinadas por maltratadores machistas, que se creen superiores", ha sostenido la parlamentaria en su respuesta a Vox, antes de recordar que las estadísticas señalan que 43 menores han muerto por la llamada violencia vicaria desde 2013.

Barranco ha reprochado a la Junta que "haya recortado un 64% en igualdad", por lo que ha colegido que "las políticas de igualdad son moneda de cambio de este Gobierno para contentar a la tercera pata (en alusión a Vox) que necesitan para gobernar".

El Pleno del Tribunal Constitucional (TC) ha confirmado las condenas por el asalto al Parlament de Cataluña que tuvo lugar en junio de 2011 al rechazar el recurso de amparo presentado por los penados.

La decisión no ha sido unánime y, muestra de ello, es que se presentarán varios votos particulares, según han indicado fuentes de la corte de garantías.

De esta forma, el Pleno ha acogido la ponencia del magistrado conservador Antonio Narváez, que era favorable a las condenas impuestas en su día por el Tribunal Supremo, después de que a principios de este mes se rechazara la presentada por el magistrado progresista Cándido Conde-Pumpido, que abogaba por el amparo.

La Audiencia Nacional absolvió a los 19 acusados de la comisión de delitos contra las altas instituciones del Estado, atentado y asociación ilícita al entender que se debe admitir "exceso" en el ejercicio de la libertad de expresión por la "dificultad" de algunos sectores para hacerse oír.

Sin embargo, el Tribunal Supremo anuló el fallo de la Audiencia Nacional condenando a ocho de los implicados en los incidentes a tres años de prisión por un delito contra las instituciones del Estado.

VALORES SUPERIORES DEL ORDEN DEMOCRÁTICO

El alto tribunal determinó que "paralizar el trabajo ordinario del órgano legislativo supuso afectar no ya el derecho fundamental de participación política de los representantes políticos y, en general, de los ciudadanos catalanes, sino atacar los valores superiores del orden democrático".

La ponencia rechazada, la de Conde-Pumpido, se apoyaba en un cambio de criterio de la Fiscalía a la hora de proponer la estimación del recurso de los condenados en su día por el Supremo y defendía por lo tanto su absolución por haber visto vulnerados sus derechos fundamentales.

La piedra de toque de todo este asunto se encuentra en la valoración realizada por el Tribunal Supremo respecto de los derechos de reunión, manifestación y participación política de los ocho jóvenes que asediaron a los diputados y al Gobierno catalán a las puertas del Parlament en 2011.

Los once procesados fueron absueltos en su día por la Audiencia Nacional, si bien el Supremo anuló esta sentencia en marzo de 2015. Se da la circunstancia de que el ponente inicial de esta resolución, Perfecto Andrés, quedó en minoría al optar por confirmar la absolución y la ponencia se cambió correspondiendo al presidente de la Sala de lo Penal, Manuel Marchena.

TRASCENDENCIA DEL DERECHO DE REUNIÓN

En su sentencia, el Supremo sostenía que el ejercicio de la libertad de expresión y del derecho de reunión "no pueden operar como elementos neutralizantes de otros derechos y principios indispensables para la vigencia del sistema constitucional".

Con ello, el Supremo echó por tierra el criterio mantenido por los magistrados de la Audiencia Nacional Ramón Sáez Valcarce y su compañera Manuela Fernández Prado --el actual ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska, discrepó y votó a favor de condenarlos-- quienes argumentaron en su resolución que la libertad de expresión y el derecho de manifestación y de reunión "gozan de una posición preferente en el orden constitucional" y por ello, deben ser objeto de "una especial protección".

Ya a finales de 2019 sorprendió el cambio de criterio en la Fiscalía una vez el asunto había llegado al TC, sobre todo teniendo en cuenta la posición especialmente dura que el Ministerio Público mantuvo durante la vista de este asunto en el Tribunal Supremo en 2015. En dicha ocasión, el fiscal Salvador Viada defendió que la sentencia inicial adolecía de un "politización extrema" y acusó a los magistrados de la Audiencia Nacional de volcar en la resolución "su ideología" en lugar de aplicar la ley.

La Policía Nacional ha detenido en El Puerto de Santa María (Cádiz) a tres personas como presuntas autoras de los delitos de prostitución y explotación sexual, contra la salud pública y otro de falsedad documental, que han finalizado con la realización de tres registros domiciliarios en El Puerto de Santa María, San Fernando y Chiclana.

Según detalla la Policía en una nota, las detenidas ejercían la dirección y el control de una casa de citas ubicada en Valdelagrana donde las víctimas vivían en situación de vulnerabilidad y en condiciones abusivas, obligándolas a estar disponibles las 24 horas del día y facilitar sustancias estupefacientes a los clientes.

Así, la Policía ha explicado que la investigación se inició en agosto de 2020 y, durante todo este tiempo, los agentes de la UCRIF han recabado pruebas incriminatorias sobre las personas encartadas. Fruto de las gestiones realizadas, el Juzgado de Instrucción número cuatro de El Puerto de Santa María autorizó, el pasado día 9 de junio, la entrada y registro de la casa de citas, en el domicilio habitual de la principal investigada en San Fernando y en un chalet que disponía para su ocio personal en Chiclana de la Frontera.

De hecho, en el momento de la entrada en la casa de citas, estaba en el interior la controladora durmiendo en el salón y dos chicas extranjeras en la primera planta. En el registro se intervino diversa documentación sobre ganancias, contabilidad, facturas, 4.100 euros en efectivo, 17 teléfonos móviles y cocaína que facilitaban y ofrecían a los clientes, por lo que han sido también acusadas de un delito contra la salud pública.

La Policía ha afirmado que la principal cabecilla, de origen brasileño pero nacionalizada española y residente en San Fernando, alquiló una vivienda unifamiliar en Valdelagrana y que, con la ayuda de otra mujer que ejercía las labores de controladora, a la cual pagaba un sueldo fijo al mes, emprendió un negocio muy lucrativo gracias a los beneficios de la prostitución ajena.

De esta forma, la cabecilla se dio de alta con régimen especial de autónoma en una empresa ficticia de mensajería y reparto, incurriendo en un delito de falsedad documental además del correspondiente expediente sancionador por parte de la Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social.

Del mismo modo, la Policía ha relatado que, a través de 15 líneas telefónicas, ofrecían servicios sexuales en distintas páginas web. Las chicas que ejercían la prostitución en la casa, además, son extranjeras, algunas en situación irregular, sin posibilidad de encontrar trabajo en España, por lo que se ven obligadas a realizar tal actividad en condiciones abusivas tales como estar disponibles las 24 horas del día, no negarse a realizar ningún servicio que se le ofreciere y acudir a domicilios de clientes u hoteles.

La Policía ha asegurado que el control por parte de la dueña del negocio de la prostitución era evidente y, junto con su empleada controladora de la actividad, eran las que exclusivamente recepcionaban todas las llamadas de los 15 terminales telefónicos, cerrando las citas y precios con los clientes, pasando a dar instrucciones y órdenes a las chicas que ejercían la prostitución, las cuales estaban obligadas a realizar el servicio sexual en cualquier hora y lugar.

Además, ha explicado que, a la finalización del servicio, el cliente pagaba siempre a la controladora de las chicas, nunca directamente a éstas, y que cada cierto tiempo las investigadas entregaban parte de las ganancias a las chicas, que tenían que contribuir al pago del alquiler de la casa de citas.

Por último, la Policía ha explicado que la controladora tenía instalada su cama en el salón de la vivienda para la apertura de la puerta a clientes y para permitir el acceso a los dormitorios ubicados en la primera planta. El salón, además, contaba con circuito de video vigilancia con cámaras que graban a todas las personas que accedían a la casa de citas, incluidas las que allí viven habitualmente.

La investigación se ha enmarcado dentro del Plan Policial Contra la Trata de Seres Humanos con Fines de Explotación Sexual, que tiene como víctimas principales a personas que son traídas a España mediante engaño, aprovechándose de su especial situación de vulnerabilidad y prometiéndoles trabajos dignos para, finalmente, ser obligadas bajo amenazas al ejercicio de la prostitución.

El líder del PP, Pablo Casado, ha defendido en Bruselas que haya "transparencia y objetividad" en la gestión de los fondos europeos y que ese dinero vaya acompañado de reformas en España. Dicho esto, ha acusado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de "tener dos caras" y de "mentir" para recibir esos fondos "sin condicionalidad".

"El Gobierno de Pedro Sánchez tiene dos caras, una en Bruselas y otra en Madrid. En Bruselas dice que va a ahondar en la competitividad del mercado laboral, y en Madrid dice que va a derogar la reforma que creó dos millones de empleos", ha declarado a los periodistas tras asistir a la reunión del Partido Popular Europeo (PPE) previa al Consejo Europeo.

Además, ha señalado que el jefe del Ejecutivo habla de un pacto generacional para hacer sostenibles las pensiones cuando viaja a Europa mientras en Madrid argumenta lo contrario, o plantea una Ley Educación "más competitiva" pero luego con la 'Ley Celáa' aprobada por el Gobierno "los niños pasan de curso con asignaturas suspensas".

"NO SE PUEDE MENTIR EN BRUSELAS Y EN MADRID A LA VEZ"

"No se puede mentir en Bruselas y en Madrid a la vez. O está mintiendo aquí para que le dén los fondos de recuperación sin condicionalidad o está mintiendo en Madrid para que sus socios le sigan apoyando", ha proclamado.

Tras señalar que no hay que derogar las reformas aprobadas por el PP y que están "funcionando" --en alusión a la reforma laboral--, ha insistido en que esos fondos llevan aparejados "inversiones y reformas" y ha criticado de nuevo que Sánchez en Bruselas plantee reformas pero luego "en España dice que no".

El jefe de la oposición ha defendido la transparencia en la gestión de esos fondos y se ha quejado de nuevo que se rechazara la creación de una agencia "independiente" para la gestión de los mismos.

ADMITE QUE EL PP "NO SE FÍA" DE SÁNCHEZ

Según ha dicho, se trata de que los fondos se gestionen de una forma "objetiva", "honesta" y "responsable". Sin embargo, ha dicho que el PP "no se fía" de Pedro Sánchez y por eso supervisará "hasta el último de los proyectos". "Hasta hemos hecho un programa informático para controlarlos en las distintas comisiones parlamentarias", ha añadido.

A su entender, Sánchez pretende ahora "gastarse el dinero" y dejar las reformas "para el 2024" porque "ya sabe" que en esa fecha el PP ya estará en el Gobierno. "No puede ser que pase siempre lo mismo", ha indicado, para señalar que el PSOE se dedica a "dilapidar" el dinero y el PP llega a Moncloa a "pagar el coste del despilfarro".

Además, ha solicitado que los fondos europeos lleguen a la "economía real" que representan las pequeñas empresas y los autónomos a través de proyectos que no sean "keynesianos" sino "estructuralmente sostenibles" en la creación de empleo.

Casado también ha acusado al Gobierno de querer llevar a cabo una subida de impuestos de "80.000 millones de euros a las clases medias y trabajadoras a cambio de repartir a dedo 70.000 millones de euros"de los fondos europeos.

REUNIONES CON VON DER LEYEN, SCHINAS Y DOMBROVKIS

En el marco de la reunión del PPE, previa al Consejo Europeo, el líder del PP ha mantenido sendos encuentros bilaterales con la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y con el vicepresidente de la Comisión, Margaritis Schinas.

"Agradezco a Von der Leyen en la cumbre EPP el plan de recuperación, vacunación, turístico y defensa del Estado de derecho en la UE", ha asegurado Casado, que ha insistido en garantizar las reformas, la transparencia y el control de los fondos para "crear empleo sin endeudar el futuro de nuestros hijos".

Schinas ha asegurado después, en su cuenta oficial de Twitter, que había sido "un placer" recibir a Casado en la sede de la Comisión Europea para "discutir de la actualidad europea y española". "España y su futuro es importante para Europa", ha apostillado.

Antes de abandonar Bruselas rumbo a España, el líder de los 'populares' también tiene previsto mantener un encuentro bilateral con el vicepresidente económico de la Comisión Europea, Valdis Dombrovkis.

El presidente de los 'populares' ha señalado a los periodistas que durante la reunión del PPE ha recibido felicitaciones por las encuestas que se están publicando y que sitúan al PP por delante del PSOE.

Los miembros de la Sociedad General de Autores y Editores (SGAE) han aprobado las cuentas anuales de la entidad --con un reparto de 239,1 millones de euros entre los socios-- y los informes de Gestión, Auditoría, Transparencia y de la Comisión de Supervisión correspondientes al ejercicio de 2020.

Asimismo, la SGAE ha aprobado algunos cambios de Estatutos y Reglamento en la asamblea general ordinaria celebrada telemáticamente --como medida de prevención sanitaria frente a la COVID-19--. El 100% de los socios de la entidad, más de 120.000 en la actualidad, ha podido ejercer su derecho al voto.

Respecto al informe de gestión 2020, de un total de 9.525 votos, 7.810 (81,99%) han sido a favor, 1.347 en contra (14,14%) y 368 se han abstenido (3,86%). En cuanto al ejercicio económico 2020, de un total de 9.503 votos, 7.770 (81,76%) han sido a favor, 1.326 en contra (13,95%) y 407 se han abstenido (4,28%).

La SGAE ha repartido un total de 231,9 millones de euros entre sus socios en 2020. A su vez, la entidad ha ingresado 205,6 millones de euros, sin incluir los derechos administrados, que han alcanzado la cifra de 12,9 millones de euros.

"La declaración de sucesivos estados de alarma y la evolución variable de la pandemia ha afectado de manera significativamente negativa a negocios, organismos y entidades, a la celebración de todo tipo de eventos, a la programación de actos, a la actividad del sector hotelero, del ocio nocturno, la hostelería y la restauración, y, en definitiva, a la práctica totalidad de sectores, salvo los relacionados con los servicios esenciales", ha recordado la entidad.

En este contexto, la SGAE ha acometido diversas iniciativas dirigidas a la recuperación de las deudas con usuarios, trabajado con las sociedades de gestión de derechos de autor del extranjero e incrementado "el esfuerzo encaminado a lograr los mayores ingresos posibles en comunicación pública".

Esto, unido al "excelente comportamiento" de los Derechos Digitales impulsados por el aumento de las suscripciones a los servicios de streaming por suscripción y la mejora en los acuerdos de licencia con las plataformas y de los ingresos sociales provenientes de los derechos internacionales, han permitido superar en un 25,8% el presupuesto reformulado al inicio de la pandemia.

En cuanto a los ingresos por modalidad, las obras dramáticas han recaudado 5,8 millones de euros; los conciertos de música popular y sinfónica, 13,4 millones de euros; la comunicación pública, 37,3 millones de euros; radiodifusión y cable, 77,4 millones de euros; en soportes, 3,6 millones de euros; copia privada, 11,3 millones de euros; derechos digitales, 22,9 millones de euros y derechos internacionales, 28,2 millones de euros.

El Consejo de Seguridad Nuclear ha celebrado este jueves la XXI reunión del Comité Asesor para la Información Pública en el que se han presentado varias ponencias técnicas que han versado sobre el segundo ejercicio internacional de revisión entre homólogos (TPR) y las situaciones en las que las comunidades autónomas deben recabar informe preceptivo por parte del CSN.

Además, entre otras cuestiones, se ha analizado el estado de la solicitud de autorización de construcción de la mina de concentrados de uranio en Retortillo (Salamanca).

Los miembros del comité han participado por videoconferencia en este encuentro que ha estado dirigido por el presidente del regulador y del propio comité, José María Serena i Sender, quien estuvo e ha estado acompañado por los consejeros Javier Díes, Francisco Castejón, y Elvira Romera, así como del secretario general del CSN y del Comité, Manuel Rodríguez.

En su intervención Serena i Sender recordó que este año el Comité cumple diez años, tras la convocatoria de su primera cita en febrero de 2011 y ha destacado las 12 recomendaciones formuladas para favorecer y mejorar la transparencia, el acceso a la información y la participación pública, la publicación de tres monografías, la celebración de jornadas divulgativas asociadas a dar información sobre pruebas de resistencia de las centrales nucleares tras el accidente de Fukushima y a presentar el código ético del CSN.

Igualmente, ha subrayado los seminarios en internet o la implantación de las mejoras resultantes de las pruebas de resistencia tras el accidente de la central nuclear de Fukushima.

Además, el jefe de la Unidad de Apoyo del Gabinete de la Dirección Técnica de Seguridad Nuclear, José María Balmisa, ha presentado el 'Segundo ejercicio de revisión por homólogos europeos en el marco de la Directiva sobre seguridad nuclear de Euratom'. Se trata de una directiva que establece las revisiones por homólogos como una herramienta para la mejora continua de la seguridad nuclear en centrales nucleares, reactores de investigación, instalaciones de almacenamiento de combustible, plantas de enriquecimiento, de reprocesado y de fabricación del combustible.

En lo que respecta a las centrales nucleares, se incluyen las que están en funcionamiento y en desmantelamiento. El ejercicio de revisión entre homólogos se lleva a cabo en el seno del Grupo Europeo de Reguladores Nucleares (ENSREG).

Asimismo, la jefa de Unidad de Apoyo del Gabinete de la Dirección Técnica de Protección Radiológica, Ana Hernández, ha girado en torno a aquellas situaciones en las que las comunidades autónomas deben recabar un informe preceptivo por parte del CSN.

Precisamente, Hernández ha explicado que esta circunstancia se da, por ejemplo, en aquellas comunidades que tienen transferidas las funciones desde el Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico (MITERD) pero no disponen de encomienda de funciones de evaluación del CSN y albergan instalaciones radiactivas de segunda y tercera categoría.

Estos informes preceptivos en el ámbito de la protección radiológica son necesarios en caso de autorización o de modificación significativa de una instalación que, por sus características, puedan generar un impacto sobre una instalación nuclear o radiactiva de primera categoría.

Por su parte, el director del Gabinete Técnico de la Presidencia (GTP), David Redoli, ha presentado los resultados del estudio sobre la percepción del CSN que se ha llevado a cabo entre representantes de sus grupos de interés, con el objetivo de obtener una radiografía actualizada sobre la imagen del Consejo en materia de reputación, credibilidad y confianza.

En representación del grupo de expertos del Comité Asesor, presentó un análisis de las principales conclusiones de ese estudio, para identificar espacios de mejora que contribuyan, por ejemplo, a actualizar el Plan de comunicación del CSN o a realizar nuevas y ampliadas investigaciones relacionadas con el concepto de transparencia aplicable al organismo regulador.

Redoli ha informado al Comité de que el CSN ha desarrollado una aplicación para su utilización a través de teléfonos móviles inteligentes denominada 'Noticias CSN' que estará disponibles antes del mes de agosto. Esta aplicación incluirá las noticias relevantes del CSN, los estados operativos de las centrales nucleares, los sucesos notificados, un mapa de España con los valores ambientales en tiempo real y la revista Alfa.

Finalmente, también ha anunciado la modernización del expositor del CSN para congresos y exposiciones y también la puesta en marcha del stand virtual para aquellos encuentros en los que el CSN no pueda acudir físicamente.

El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, ha asegurado que no comparte "la fórmula" elegida por el Gobierno central para anunciar cómo se usará la mascarilla a partir de ahora, aunque ve adecuado "desde el punto de vista clínico" el contenido del plan, que "coincide" con el de Galicia --a la que, además, se "escucharon" dos alegaciones: que se lleve siempre encima y se pueda mantener en territorios con incidencia de la covid muy elevada--.

Pero tras el Consello de la Xunta, ha criticado qué fuese el presidente del Gobierno central, Pedro Sánchez, quien "días antes" de los indultos a los presos independentistas catalanes saliese a "anunciar una fecha" para retirar la mascarilla en exterior sin que las autonomías estuviesen informadas del protocolo ni se hubiese "negociado".

Preguntado sobre cuál es la diferencia, ya que él fue de los primeros dirigentes en abordar la posibilidad de reducir su uso en exteriores, ha precisado que nunca dio por cerrada una fecha, sino que habló "de un horizonte" de julio o agosto, de acuerdo con lo que se abordaba desde hacía "semanas" en el comité clínico que asesora a la Xunta desde el inicio de la pandemia.

"Si yo hago una declaración como presidente o el conselleiro diciendo cuando va a entrar algo en vigor sin que la medida esté valorada, ponderada y aprobada en el comité, eso es hacer política con la pandemia, que es lo que hizo el Gobierno central. Anunciar una fecha sin conocer el protocolo y por imperativo del presidente es lo contrario a la gestión de la pandemia", ha reprobado.

"No se puede gestionar una pandemia a golpe de titulares, sin protocolos que se vinculen a las autoridades sanitarias", ha añadido el presidente gallego.

EN LA PLAYA Y PARA HACER DEPORTE, LA MISMA NORMA

Sobre el contenido del plan para retirar la mascarilla, el presidente gallego ha asegurado no tener problemas y ha celebrado que, de hecho, se "escuchasen" alegaciones de Galicia, y que, además de mantenerla cuando no haya una distancia de seguridad de metro y medio, se "obligue" a que siempre se lleve encima.

También ha insistido en que, como todavía no ha visto el texto estatal, se cumpla con dejar flexibilidad a las autonomías para obligar a que la mascarilla se lleve en exteriores en aquellos territorios con nivel máximo de alerta.

Finalmente, preguntado acerca de cuál será la norma para caminar por la playa y hacer deporte, Feijóo ha defendido que no habrá variaciones: habrá que llevar la mascarilla siempre que no se cumpla la distancia de seguridad de metro y medio.

LEY DE SALUD PÚBLICA

Sobre sus quejas por el recurso a la ley de salud gallega y qué decisiones le ha impedido tomar, se ha reafirmado en que la Xunta mantendrá "la defensa del autogobierno".

También ha vuelto a cargar contra un recurso que considera "político" y ha insistido en que otras comunidades han impulsado medidas similares sin que hayan sido recurridas por el Ejecutivo estatal.

Ecologistas en Acción ha insistido este jueves en la propuesta de que se lleve a cabo la renaturalización, rescate y recuperación hídrica de Doñana aprovechando los recursos financieros de los fondos europeos disponibles.

En un comunicado, han indicado que "para que haya agua en Doñana es necesario permitir que funcione el ciclo del agua, establecer límites a las enormes balsas que se están construyendo, a los caños de desecación y al consumo agrícola sin exigencia de control aunque se haga cumpliendo la legalidad".

Así, en la reunión de la Comisión de Trabajo de Aguas del Espacio Natural Doñana de este jueves, dada la falta de agua en las marismas de Doñana evidenciada en los informes que se han realizado, Ecologistas en Acción insiste en la propuesta de que se lleve a cabo la renaturalización, rescate y recuperación hídrica de Doñana aprovechando los recursos financieros de los fondos europeos disponibles.

Para que haya agua en Doñana, es necesario permitir que funcione el ciclo del agua y que cuando llueva se recargue el acuífero, por lo que urge establecer límites a las enormes balsas que se están construyendo, a los caños de desecación y al consumo agrícola "sin exigencia de control y recuperación del agua utilizada, pues, aunque el agua se consuma cumpliendo la legalidad, es ésta la que no está adaptada a la situación de emergencia por el cambio climático.

En concreto, más de 105 hectómetros cúbicos de agua, según la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, salen del acuífero para el mantenimiento del regadío en Doñana. Esto supone "una bajada de los niveles freáticos preocupante" con una tendencia a la baja que ya se ha extendido hasta los sistemas litorales. De las cinco masas en las que se ha dividido el acuífero, tres siguen en mal estado cuantitativo.

Y el futuro, en tanto se mantenga la demanda actual de consumo de agua o incluso se pretenda incrementar, puede poner "muy difícil y restrictivo el uso del agua", por lo cual es "necesario iniciar medidas con la suficiente antelación", para que en pocos años no se llegue "a un punto de no retorno de la disminución o desaparición de la agricultura por inexistencia de agua, ni en el acuífero, ni en las balsas, ni en los aportes naturales".

La propuesta de Ecologistas en Acción de renaturalización, rescate y recuperación hídrica de Doñana aprovechando los recursos financieros que suponen los fondos europeos disponibles incide especialmente en tres actuaciones "urgentes y prioritarias".

Se trata de "la recuperación del Caño Guadiamar, amputado en las marismas hace 70 años y recuperación del Brazo de la Torre con las actuaciones programadas en Doñana 2005, declaradas de interés general y no ejecutadas, y que de haber sido ejecutadas, Doñana no estaría en la situación límite de colapsar en que se encuentra; así como la recuperación de las cuencas, vertientes, en cantidad y calidad y del estuario del Río Guadalquivir".

Por otro lado, en la reunión se ha acordado realizar unas jornadas técnicas tras el verano para abordar esta situación y buscar propuestas científicas consensuadas, para incorporarlas a ser posible, en el tercer ciclo de la Planificación Hidrológica del Guadalquivir, para "lo que hoy se ha abierto un plazo de información pública de seis meses".

Una mujer peruana sufrió en la noche de San Juan, 23 de junio, una agresión xenófoba en Santiago de Compostela por parte de un padre y sus dos hijos.

De ello ha informado este jueves, en declaraciones a la prensa, el alcalde de Santiago, Xosé Sánchez Bugallo, quien reprueba este incidente xenófobo "bastante grave", que realizaron presuntamente tres individuos contra una persona de nacionalidad peruana residente en Santiago.

Ahora, se seguirá un procedimiento judicial por unos hechos que ocurrieron en el barrio de Conxo. El regidor explica que será el juez el que determine las responsabilidades que corresponden, si bien hay "hay indicios de una actuación xenófoba" porque "hay frases que se dijeron hacia esa persona".

Precisamente, esta semana una muestra sobre refugiados en la Alameda compostelana sufrió ataques vandálicos. Por todos estos hechos, el alcalde se muestra "preocupado" e "indignado", mientras pide que cualquier persona en Santiago sea "respetada".

DETENCIÓN DE MENOR EN PORTA FAXEIRA

Por otra parte, el Foro Galego de Inmigración denunció "violencia racial" por parte de agentes de la Policía Nacional a un menor en una detención en Santiago de Compostela ocurrida en la tarde del 22 de junio en Porta Faxeira.

A preguntas de los medios sobre esta cuestión, el regidor señala que los partes policiales apuntan a que un coche de la Policía Nacional pasaba por Porta Faxeira cuando alguien le tiró "algo", supuestamente un bote, por lo que los agentes pararon para identificar al autor.

Allí, una persona que estaba sentada en la terraza fue el que señaló al autor del lanzamiento. Según relata Sánchez Bugallo, cuando fueron a identificarlo "se produjo algún tipo de protesta" del joven, que fue identificado y llevado a comisaría.

Subraya que el presunto autor del lanzamiento del objeto al coche de la Policía "ya había sido detenido una semana antes por otro incidente".

Cuestionado sobre la actuación policial en este caso, el alcalde ha asegurado "no tener constancia" de que hubiese un procedimiento violento hacia el joven. "No tengo más información", ha zanjado.

El Foro para la Integración Social de los Inmigrantes ha expresado ante la sociedad española y ante sus representantes políticos su "más absoluta condena y repulsa" ante los "delitos de odio y episodios racistas" acaecidos en los últimos días en la Región de Murcia y otros territorios y su solidaridad con las víctimas y sus familiares.

"Asistimos con enorme preocupación, a un crecimiento de mensajes racistas y xenófobos contra las personas inmigrantes, incentivados desde determinadas posiciones políticas y sociales, que buscan generar miedo en la ciudadanía, rechazo y odio hacia los vecinos y vecinas de origen inmigrante, a la vez que enfrentamiento entre personas en situación de vulnerabilidad por el acceso a los recursos", tal y como ha señalado el Foro en un comunicado.

A su juicio, es trata de "mensajes racistas y de odio que, de no atajarlos, se convierten en comportamientos racistas y en delitos de odio, como el asesinato de un vecino de origen marroquí en el municipio murciano de Mazarrón, por el mero hecho de ser inmigrante, o la agresión a una vecina de origen ecuatoriano residente en Cartagena cuando acudía a un punto de recogida de alimentos".

Las palabras que han acompañado estos delitos, como "no quiero moros aquí", o "qué haces sentada con estos moros de mierda" o "nos estáis quitando la comida", ponen de relieve según el Foro que "algunos mensajes falsos basados en generalizaciones, prejuicios y estereotipos están calando en la sociedad".

"Es necesario que nos activemos desde todos los ámbitos y a todos los niveles para condenarlos, cuestionarlos y rebatirlos", según el Foro. Frente a estos hechos, cree que "no vale el silencio, ni mirar hacia otro lado".

A su juicio, "no se trata de coexistir, sino de convivir y la convivencia no se improvisa, se planifica y se impulsa con comportamientos, estrategias y políticas de integración decididas y avaladas por todo el espectro político y social".

"Nos equivocamos si consideramos estos actos como hechos puntuales y aislados o fruto de comportamientos de personas enfermas, sin darnos cuenta de que son un claro reflejo de esa tendencia al incremento del racismo, la xenofobia, la discriminación y los delitos de odio que se está produciendo en toda Europa y en España", ha aseverado.

Así lo refleja el informe de la Agencia para los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, mostrando preocupación por el incremento del discurso de odio en países como España.

Asimismo, también apunta en esta dirección la investigación sobre la percepción de la discriminación por origen racial o étnico por parte de sus potenciales víctimas, impulsada por el Consejo para la Eliminación de la Discriminación Racial o Étnica; o el último Informe sobre la evolución de los delitos de odio en España, del Ministerio del Interior, que muestra un claro incremento de los delitos ocasionados por el racismo y la xenofobia.

Ante estos hechos, el Foro quiere poner de manifiesto que combatir el racismo, la xenofobia y la discriminación por origen racial o étnico "exige cumplir y hacer cumplir la legislación internacional y nacional antidiscriminatoria existente y ampliarla".

"Debemos apostar por respuestas políticas y sociales claras, concretas y precisas, recuperando la prioridad de las políticas de integración, con la inmediata aprobación de una estrategia nacional de ciudadanía e integración que apueste por la convivencia intercultural en nuestras ciudades y barrios, a la vez que por la gestión positiva de la diversidad", ha aseverado.

En su opinión, es "inaplazable" que la sociedad española en su conjunto "denuncie con todas las herramientas que nos facilita nuestro marco normativo y el estado de derecho, a quienes, desde posicionamientos políticos y sociales de corte racista y xenófobo, están alimentando el odio y generando contextos propicios para que se den hechos tan lamentables como los que estamos denunciando".

El Gobierno español ha reiterado su preocupación por la grave situación que se vive en Nicaragua, donde en las últimas semanas se ha detenido a varios precandidatos presidenciales opositores, al tiempo que está sopesando con sus socios de la UE una posible respuesta ante la ausencia de voluntad de diálogo por parte del presidente Daniel Ortega.

La ministra de Asuntos Exteriores, UE y Cooperación, Arancha González Laya, ha indicado este jueves que ha venido buscando en las últimas semanas "un diálogo con las autoridades nicaragüenses" de forma "discreta" para revertir la situación, pero ha reconocido que por el momento no ve "progreso en esa dirección".

El Gobierno español seguido de cerca en las últimas semanas la evolución de la situación en Nicaragua, expresando su preocupación por los Derechos Humanos y la campaña de detenciones y hostigamiento contra actores políticos y sociales de la oposición, incluido el arresto de cinco precandidatos a las presidenciales del próximo noviembre, cuya liberación inmediata ha pedido el propio presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

Lo importante, ha sostenido González Laya en rueda de prensa con su homóloga de Panamá, Erika Mouynes, es que el Gobierno de Nicaragua "cumpla con los compromisos que ha adquirido con sus propios ciudadanos" incluidos estándares democráticos y respeto de los Derechos Humanos.

Así pues, "de lo que se trata aquí no es de que España le diga a Nicaragua lo que tiene que hacer sino que respete los compromisos que ha adquirido con sus propios ciudadanos", ha recalcado, explicando que en sus esfuerzos de las últimas semanas ha tratado de que "ser reviertan una serie de medidas que atentan" contra los derechos de los nicaragüenses y su capacidad de ser actores políticos.

Por ello, ha añadido, "España junto con el resto de estados miembro de la UE está considerando cuáles tienen que ser los próximos pasos" porque "nos preocupa la ciudadanía nicaragüense y se estén pisoteando sus derechos". De ahí el que en las próximas semanas se puedan "adoptar medidas que nos ayuden a defender los derechos de los ciudadanos y las ciudadanas nicaragüenses", ha adelantado.

NICARAGUA MERECE ELECCIONES LIBRES

Por su parte, la ministra panameña ha defendido que "el pueblo nicaragüense se merece elecciones libres, justas, creíbles, transparentes y toda la comunidad internacional tiene que estar siguiendo de cerca, involucrándose, para ayudarles a salir.

En este sentido, ha advertido de que lo que está pasando en Nicaragua lo que hace es "poner a prueba una vez más a la comunidad internacional". "Nos pasó con Venezuela y ahora nos está pasando con Nicaragua", ha incidido Mouynes. "Depende ahora de todos nosotros que podamos responder a la altura y buscar una solución real y efectiva en el corto plazo".

Esta misma semana, los gobiernos de México, Costa Rica y Argentina han decidido llamar a consultas a sus embajadores en Nicaragua ante el deterioro de la situación en el país, donde en 2018 ya se vivieron manifestaciones contra el Gobierno que fueron duramente reprimidas y se saldaron con más de 300 muertos y miles de detenidos. Sin embargo, ninguna de las dos ministras ha querido pronunciarse sobre si España y Panamá podrían seguir los pasos de estos países.

El secretario de Estado del Vaticano, Pietro Parolin, ha aclarado que la Santa Sede "de ningún modo" ha pedido que se "bloquee" la ley del Gobierno italiano contra la homofobia y transfobia, y que lo que pretendían con la nota verbal entregada ante la embajada de Italia era advertir sobre la "vaguedad" del concepto "discriminación" en el texto legislativo.

"De ningún modo se ha pedido que se bloquee la ley. Estamos en contra de cualquier actitud o gesto de intolerancia u odio hacia las personas por su orientación sexual, así como por su etnia o sus creencias. Nuestra preocupación concierne a los problemas interpretativos que podrían surgir si se adoptara un texto con contenidos vagos e inciertos, lo que terminaría en la definición de qué es delito y qué no lo es", ha explicado Parolin en una entrevista con el portal de noticias del Vaticano Vatican News.

Según precisa Parolin, "el concepto de discriminación sigue siendo de contenido demasiado vago" y, a falta de una especificación adecuada, consideran que se corre el riesgo de "hacer punible cualquier posible distinción entre hombre y mujer, con consecuencias que pueden resultar paradójicas".

Por ello, con la entrega de la nota verbal, Parolin explica que quisieron hacer una "intervención preventiva" para "presentar los problemas antes de que sea demasiado tarde". "Una intervención posterior, es decir, una vez aprobada la ley, habría sido tardía. La Santa Sede podría haber sido acusada de silencio culpable", advierte.

En todo caso, Parolin se defiende de las críticas y asegura que "no fue una intromisión" ya que el Estado italiano es laico y la nota verbal es "el medio adecuado de diálogo en las relaciones internacionales".

"Estoy totalmente de acuerdo con el presidente Draghi sobre el carácter secular del Estado y sobre la soberanía del Parlamento italiano. Por ello, se eligió el instrumento de la Nota Verbal", precisa Parolin.

Asimismo, aprecia el llamamiento hecho por el primer ministro italiano a respetar los principios constitucionales y los compromisos internacionales. En este contexto, le recuerda que "hay un principio fundamental: 'Pacta sunt servanda' (lo pactado obliga)".

"Con la Nota Verbal nos limitamos a recordar el texto de las principales disposiciones del Acuerdo con el Estado italiano, que podrían verse afectadas. Lo hicimos en una relación de colaboración leal y me atrevería a decir de la amistad que ha caracterizado y caracteriza nuestras relaciones", afirma el secretario de Estado del Vaticano.

Preguntado por el motivo por el cual intervino la Santa Sede y no la Conferencia Episcopal Italiana, Parolin señala que los obispos italianos han hecho "todo lo posible para plantear objeciones al proyecto de ley" y que el Vaticano se ha sumado con su nota verbal a la petición de cambios en el texto. "Discutir siempre es lícito", zanja.

El papa Francisco ha recibido la medalla del Centenario de la Agrupación de Cofradías en el Vaticano con motivo de una visita privada para la organización y divulgación del Congreso Internacional de Hermandades y Cofradías que se celebrará en septiembre en Málaga.

La directora del comité científico del congreso, Paloma Saborido, ha viajado hasta Roma para trabajar en diversos aspectos organizativos y técnicos del congreso. Durante la audiencia general del Santo Padre, Saborido ha podido entregar una reproducción al óleo del cartel conmemorativo del Centenario, un dossier informativo sobre el congreso sobre la religiosidad popular y la medalla conmemorativa de los cien años de la Agrupación de Cofradías.

Según la Agrupación de Cofradías, el papa Francisco ha preguntado sobre el congreso, sus fechas y ponentes, recibiendo algunas peticiones al respecto del mismo que seguro serán atendidas. Seguidamente recibió la reproducción del cartel conmemorativo del Centenario, interesándose por su autor, Raúl Berzosa, destacando "Figura central de Cristo Resucitado y su madre; no hay mejor imagen para celebrar cien años".

Llegar a los frutos espirituales que tenemos como objetivo para el Congreso Internacional ha sido por lo que el Papa Francisco ha bendecido el cuadro, los presentes y a la propia Paloma Saborido para trasladarlo al resto de organizadores del mismo", han precisado.

También se comprometió a leer e informarse al respecto de esta iniciativa que es el congreso "y que con tan buena acogida se ha recibido por parte del obispo de Roma".

Esta entrega es la segunda en la que la Agrupación de Cofradías de Semana Santa de Málaga entrega al Papa la medalla de oro conmemorativo por el aniversario de la Agrupación como sucediera el 14 de septiembre de 1987 de la mano del que fuera presidente de la Agrupación, Francisco Toledo; y el entonces obispo de la Diócesis, Ramón Buxarrais.

EL CONGRESO EN EL VATICANO

El viaje a la Santa Sede ha servido, además, para trabajar en la preparación del IV Congreso Internacional de Hermandades y Cofradías que tendrá lugar del 23 al 25 de septiembre en Málaga.

La directora científica del congreso se ha entrevistado con el subsecretario del Pontificio Consejo de Cultura del Vaticano, monseñor Melchor Sánchez de Toca; que será ponente durante el congreso y ha incidido de la especial trascendencia del movimiento cofrade a nivel cultural y social.

Estos fueron los motivos por los cuales la institución ha patrocinado en todo momento el congreso al ser "de un alto nivel intelectual". Sánchez de Toca hizo hincapié en el "necesario respaldo que actualmente deben tener movimientos como los cofrades".

Saborido posteriormente asistió al Pontificio Consejo para la Nueva Evangelización en el Vaticano; institución responsable de la misión evangelizadora de las Hermandades y Cofradías. Recibida en audiencia privada por su presidente, Monseñor Rino Fisichella, el arzobispo y teólogo ha confirmado su asistencia al Congreso Internacional para su inauguración, así como a la jornada siguiente.

"En palabras de Fisichella, el de los cofrades en uno de los movimientos más grandes dentro de la Iglesia Católica en el mundo y ha reconocido la importancia de realizar actividades como la del congreso para realzar los movimientos de religiosidad popular", han añadido desde la Agrupación.

El presidente del Pontificio Consejo para la Nueva Evangelización ha recibido la medalla conmemorativa del Centenario y ha felicitado a los organizadores del Congreso por la altura de los ponentes y le temática de la programación que se tratará.

Saborido ha realizado un circuito entrevistándose con diversas instituciones clave en el desarrollo del congreso y ha percibido "el gran interés que ha despertado en la Santa Sede", de hecho, ha sido entrevistada por Vatican News, el medio oficial del Vaticano, donde ha desarrollado informativamente las claves de este congreso que se celebrará en Málaga.

Esta jornada de trabajo ha contado con la gestión, participación y ayuda inestimable del Oficial de la Santa Sede en el Dicasterio de Liturgia y ponente en el Congreso Internacional, el sacerdote rondeño Salvador Aguilera.

El Gobierno español no baraja por el momento modificar su decisión de permitir que ciudadanos de Reino Unido puedan realizar viajes no esenciales a España pese a que otros países europeos mantienen en vigor restricciones debido a la propagación en este país de la variante delta de la COVID-19.

Así lo ha señalado este jueves la ministra de Asuntos Exteriores, UE y Cooperación, Arancha González Laya. "Nosotros de momento mantenemos nuestras medidas que permiten a los ciudadanos británicos entrar en nuestro territorio", ha señalado en rueda de prensa junto a su homóloga de Panamá, Erika Mouynes.

No obstante, ha aclarado que el Gobierno continuará "monitorizando la situación, como lo hacemos con cada país de la Unión Europea o países terceros a medida que evoluciona la pandemia".

Desde el pasado 24 de mayo, España permite los viajes no esenciales de los ciudadanos de un conjunto de países que se considera seguros por la baja incidencia de la COVID-19 en sus territorios y lo avanzado de su campaña de vacunación.

Precisamente ese listado ha sido actualizado este mismo jueves tras su publicación en el BOE. Así, son ya quince los países beneficiarios --Albania, Australia, Israel, Japón, Líbano, Nueva Zelanda, Macedonia del Norte, Ruanda, Serbia, Singapur, Corea del Sur, Reino Unido, Estados Unidos y China--, además de Hong Kong, Macao y Taiwán.

Por otra parte, González Laya ha recalcado que "corresponde al Gobierno británico decir cuáles son las reglas para sus ciudadanos", después de que Londres decidiera hace dos semanas mantener a España en 'ámbar' en su particular semáforo, lo que obliga a quienes viajen a territorio español a guardar cuarentena a su regreso.

En este sentido, ha indicado que al igual que se ha venido haciendo en los últimos meses el Gobierno seguirá "compartiendo con las autoridades británicas información relativa a la incidencia del virus y a las variantes presentes" con vistas a "facilitarles una decisión".

Desde el Ejecutivo, y también desde algunas comunidades autónomas como Canarias o Baleares, se ha venido reclamando al Gobierno británico que se distinga por regiones y no se use la media de incidencia del virus a nivel nacional a la hora de revisar las medidas que se adoptan respecto a la movilidad de los ciudadanos británicos.

Por otra parte, fuentes oficiales estadounidenses han señalado este jueves que por el momento la Administración de Joe Biden no prevé permitir la entrada en Estados Unidos de españoles que hayan sido vacunados.

Aunque las fuentes han celebrado que a los estadounidenses con la pauta completa se les permita viajar a España, han descartado que pueda haber una medida de reciprocidad, al menos en las próximas semanas.

L'Oréal ha anunciado la producción del primer envase de plástico para cosmética totalmente reciclado gracias a la tecnología de reciclaje enzimático de la empresa Carbios, que estará disponible para su comercialización en 2025, de manos de Biotherm, pionera en la cosmética eco-responsable.

La marca se convertirá así en la primera del Grupo en comercializar un producto con esta innovadora tecnología cuya ventaja reside en que permite procesar todo tipo de plástico PET --opaco, translúcido, oscuro, tintado, multicapa-- y reciclarlo hasta el infinito, como alternativa al reciclaje mecánico, como señala en un comunicado.

L'Oréal lleva desde 2017 trabajando con Carbios, pionera en el desarrollo de procesos biotecnológicos para el reciclaje de plásticos PET, para lograr este desarrollo. Para ello, L'Oréal creó un consorcio la empresa para industrializar su tecnología, al que se unieron Nestlé Waters, PepsiCo y Suntory Beverage & Food Europe. Desde 2019, L'Oréal ha tomado una participación en Carbios a través de su fondo de capital privado BOLD Business Opportunities for L'Oréal Development.

"Nos entusiasma poder crear, con nuestros socios, el envase del futuro. Se trata de una innovación prometedora para el futuro que ilustra nuestro compromiso de llevar al mercado envases más respetuosos con el planeta y que forma parte de un enfoque de circularidad en el que llevamos trabajando más de 15 años", ha afirmado Jacques Playe, director de envasado y desarrollo de L'Oréal.

Por su parte Giulio Bergamaschi, director general internacional de Biotherm, ha destacado que la marca "es pionera en la cosmética eco-responsable que ha puesto tanto el packaging sostenible como el desperdicio del agua en el centro de su estrategia. Estamos muy satisfechos de ser la primera marca de belleza en producir una botella totalmente reciclada gracias a la tecnología innovadora de Carbios".

La iniciativa se enmarca en 'L'Oréal For The Future', el programa de sostenibilidad del Grupo para 2030, que da paso a una profunda transformación de sus actividades para lograr nuevos y ambiciosos objetivos.

Así, contempla que para 2025, el 100% de los envases de plástico serán rellenables, reutilizables, reciclables o transformables en compost; para 2030, el 100% de plásticos utilizados en sus envases procederán de fuentes recicladas o de base biológica (llegando al 50% en 2025) y para 2030, el 100% de ingredientes de base biológica para fórmulas y materiales de envasado serán trazables y procederán de fuentes sostenibles, y ninguno de ellos estará vinculado a la deforestación.

El candidato del PSOE-A a la Presidencia de la Junta, Juan Espadas, ha trasladado este jueves al presidente del Gobierno andaluz y del PP-A, Juanma Moreno, la voluntad de "colaboración" de los socialistas con los 'populares', que son el primer y el segundo partido con más representación en el Parlamento regional, en torno a asuntos como la gestión de los fondos europeos de recuperación, la financiación autonómica y local y la nueva Ley de Impulso a la Sostenibilidad del Territorio de Andalucía (Lista), que el Gobierno andaluz ha remitido al Parlamento por segunda vez para su toma en consideración.

Así lo ha explicado el candidato socialista en una rueda de prensa en el Parlamento para informar del resultado de su reunión con Juanma Moreno, la primera que mantiene con el presidente de la Junta tras su victoria en las primarias del PSOE-A del pasado 13 de junio, y que el representante socialista ha calificado de "cordial" y que ha agradecido al presidente por la celeridad con la que se la ha concedido.

Juan Espadas ha comentado que en dicho encuentro han estado hablando de "la coyuntura política en relación a dos cuestiones" que le "preocupan" a él y cree que también a Moreno, y en los que entiende que PSOE-A y PP-A deben "colaborar" desde el punto de vista de "la mayor estabilidad institucional y capacidad de gobierno para la recuperación económica que necesita Andalucía", y teniendo presentes los "indicadores económicos que estamos conociendo y que prevén una evolución positiva del PIB".

Así, ha aludido, por un lado, a la gestión de los fondos europeos para la recuperación tras la pandemia que van a llegar "de manera inmediata", y sobre los que Espadas ha insistido en su idea de que las entidades locales "deben colaborar y participar de manera estrecha" y tener "un papel protagonista", al igual que las comunidades autónomas, algo en lo que, según ha abundado, coincide con Moreno y con el presidente del Comité Europeo de las Regiones, que estuvo este pasado miércoles en Sevilla.

Espadas ha subrayado que "queda un trabajo arduo para definir prioridades" sobre dichos fondos europeos que, según ha defendido, son una "gran oportunidad para avanzar en la segunda descentralización, la local".

En este sentido, ha avanzado que en los próximos días trasladará al presidente andaluz una hoja de ruta para "articular esa colaboración junto con ayuntamientos y diputaciones, para que tengan voz y puedan decidir en comisiones técnicas de trabajo" junto con la Junta, según ha continuado Espadas, que ha destacado que, en digitalización, "cómo repartir los fondos puede ser fundamental por ejemplo para evitar la despoblación".

De igual modo, Espadas ha trasladado a Moreno que su reivindicación respecto la financiación autonómica "debe llevar aparejada la de la financiación local", y que "Andalucía tiene una oportunidad que espero que seamos capaces de aprovechar para que PSOE y PP seamos capaces de dar un ejemplo de acuerdo a nivel regional sobre cómo integrar la voluntad de un gobierno autonómico con la de la administración local para la mayor eficacia de la recuperación económica, la gestión de la financiación europea y el avance para resolver las asignaturas pendientes en la financiación autonómica y local".

NUEVA LEY DEL SUELO

Sobre la nueva Ley del Suelo en la que trabaja el Gobierno andaluz, Espadas ha trasladado al presidente de la Junta la "disponibilidad" del Grupo Socialista "para sentarnos a ver si en el proyecto de ley pudiéramos estar de acuerdo".

"El PSOE se va a sentar a buscar acuerdos cuando vea voluntad de diálogo", ha precisado Espadas, que ha apostillado que "el escenario que estamos viviendo hasta ahora es que el PP se ha apoyado en Vox para alcanzar sus acuerdos".

Espadas ha insistido en señalar que está a favor de la "agilización y simplificación de trámites" urbanísticos que se hacen "eternos", si bien el Grupo Socialista analizará en profundidad lo que afecta a cuestiones como la sostenibilidad o los suelos protegidos.

"O ACORDAR CON VOX O DIALOGAR CON EL PSOE-A"

El candidato socialista ha anunciado que si el Gobierno de la Junta "me comunica su disposición a sentarnos no presentaremos una enmienda a la totalidad" de dicho proyecto de ley, por lo que ha señalado que el Ejecutivo de Moreno "tiene que decidir si acordar con Vox o abrir un diálogo con el PSOE".

"Mi objetivo e interlocución es con el PP, porque es un texto del Gobierno, y si hay disposición a acordar" por parte de la Junta "es porque no hay acuerdo con Vox", ha razonado Espadas, que ha apostado por comenzar una "etapa nueva donde hay espacios y voluntad política para el acuerdo", sobre todo teniendo en cuenta que "lo que interesa a Andalucía es dar ejemplo de acuerdo en beneficio de los andaluces, más allá del corto plazo que es la tónica de este Parlamento", según ha argumentado el socialista.

Juan Espadas, a preguntas de los periodistas, ha comentado que, en lo que va de legislatura, lo que ha venido observando desde fuera de la Cámara es que "no había interés por parte del Gobierno andaluz en buscar espacios de diálogo con el PSOE", y ha defendido que, por ejemplo, la secretaria general del PSOE-A, Susana Díaz, trasladó a la Junta la "disposición" del Grupo Socialista a "sentarse a negociar el Presupuesto" andaluz de 2021, pero "el PP eligió pactar con Vox".

En todo caso, Espadas ha señalado que ahora "empezamos de cero" porque él es "una persona distinta" que abre una nueva etapa, y ha defendido que "el diálogo, para que sea sincero y constructivo, debe empezar sin condiciones". En esa línea, ha expresado su deseo de que "los interlocutores que se sienten" próximamente entre PSOE-A y PP-A "lo hagan con la misma voluntad" con la que el presidente de la Junta y él se han sentado este jueves.

El primer ministro de Hungría, Viktor Orban, ha afirmado este jueves que no retirará la polémica ley que discrimina al colectivo LGTBIQ y ha invitado a los jefes de Estado y de Gobierno de la UE críticos con la medida a leerse el texto porque "no va sobre homosexuales" sino sobre "los derechos de los niños y sus padres".

En declaraciones antes de participar en la cumbre de líderes europeos en Bruselas, el primer ministro húngaro se ha descrito como un "luchador por la libertad" y ha enfatizado que la ley da a los padres la capacidad de "decidir cómo educar sexualmente" a sus hijos y no discrimina a ningún colectivo.

"Soy un luchador por los derechos, fui un luchador por la libertad en el régimen comunista, en el que la homosexualidad fue castigada", ha reivindicado. "Defiendo los derechos de los homosexuales, pero esta ley no es sobre esto, va sobre los derechos de los niños y sus padres", ha añadido.

Preguntado por si retirará dicha normativa, Orban ha contestado que está "anunciada y publicada", dando a entender que no contempla la posibilidad de derogarla. Además, ha acusado a quienes la critican de no haberse leído el texto.

"Siempre es mejor leer primero y reaccionar después, es el orden correcto", ha sentenciado el primer ministro de Hungría, quien ha asegurado que su gobierno ya respondió "inmediatamente" a las criticas y eso incluye la carta en la que 17 jefes de Estado y de Gobierno de la UE llaman a combatir la discriminación hacia el colectivo LGTBIQ, aunque sin mencionar a Hungría.

La controvertida ley fue anunciada como una reforma para reforzar la protección del menor frente a delitos de pedofilia pero incluye medidas que discriminan y estigmatizan al colectivo LQTBIQ, por ejemplo prohibiendo charlas sobre homosexualidad en las escuelas o vetando la difusión en televisión de contenidos que aborden la situación del colectivo LGTBIQ.

La Unión Europea mostró cierta tibieza durante la tramitación de la norma pero el tono fue elevándose desde las capitales cuando el Parlamento húngaro dio luz verde a la reforma --con un solo voto en contra-- la semana pasada.

Con la promulgación de la ley por el presidente del país el miércoles, la jefa del Ejecutivo comunitario, Ursula von der Leyen, calificó de "vergüenza" esta violación de derechos fundamentales en la UE y anunció que empleará "todos los poderes de la Comisión" Europea para proteger a los europeos, "sean quienes sean y vivan donde vivan".

En este contexto, y a pesar de que el asunto no forma parte de la agenda formal, la preocupación por la deriva autoritaria de Hungría formará parte de las discusiones de los líderes cuando acabe la cena que han previsto para discutir sobre política exterior.

El presidente de Francia, Emmanuel Macron, ha augurado un debate "franco y firme" entre líderes y ha confiado en que tras la discusión a Veintisiete las instituciones de la UE "pongan en marcha los procedimientos en este caso", sin aclarar si espera que el Ejecutivo comunitario expediente a Hungría o que el Consejo avance en el procedimiento sobre Estado de derecho.

Preguntado por si espera que Orban retire la norma, como han pedido varias delegaciones, Macron ha pedido "prudencia" para no interferir en la soberanía de cada Estado, pero ha dejado claro que considera que la ley tal y como está sobre la mesa no es conforme a los principios de la UE y espera que el Gobierno húngaro decida por sí mismo modificarla.

"Hemos de ser intolerantes con la intolerancia", ha afirmado el primer ministro luxemburgués, Xavier Bettel, en declaraciones a la prensa previas a la cumbre en Bruselas. El político liberal, abiertamente homosexual, ha recalcado que para un joven aceptar su condición sexual es "una de las cosas más difíciles" y por ello es "inaceptable" querer censurar la información sobre el colectivo o pretender ligarlo a delitos de pedofilia o pornografía.

El primer ministro de Irlanda, Michael Martin, por su parte, ha considerado que Budapest está "transgrediendo un valor fundamental" de la UE y se ha comprometido a exponer "con firmeza" su opinión ante Orban y reclamar que la UE defienda con rotundidad los derechos de la comunidad LGTBIQ.

"La tolerancia es un valor europeo fundamental. Creo que la tolerancia debe ser expresada a todos los niveles en todos los países", ha apuntado el primer ministro de Letonia, Krisjanis Karins.

También el portugués Antonio Costa ha asegurado que su país tiene una posición clara a favor de la defensa de los derechos fundamentales de todos los europeos y contra la discriminación de los LGTBIQ, si bien ha explicado que no ha firmado la carta de protesta porque debe permanecer neutral mientras ejerza la presidencia de turno de la UE.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha evitado mencionar de manera expresa a Hungría siguiendo la línea de la carta de líderes y, en una declaración sin preguntas, ha "reafirmado" el compromiso del Gobierno con "la integración de todas las diversidades y realidades" de la sociedad.

"Vamos a defender siempre en todas las instituciones en las que estemos representados la diversidad no como un freno o un demérito, sino como la fortaleza de una sociedad democrática, libre y en plenitud", ha afirmado.

La Audiencia Nacional ha rechazado la extradición a Rusia de Sergei Tarasov, reclamado por un delito de estafa, al considerar que existe un "temor racional y fundado" a que su derecho a un juicio justo sea vulnerado a causa de las "presiones políticas" que podrían sufrir los jueces de su caso debido a "las relaciones de poder" existentes en su país.

Tarasov fue detenido en diciembre de 2020 en Barcelona en virtud de una orden internacional de captura emitida por un juzgado moscovita como presunto miembro de un grupo criminal que entre octubre y noviembre de 2013 falsificó documentos mercantiles para lograr fraudulentamente el control de determinadas sociedades y hacerse con un importante patrimonio inmobiliario.

En la vista de extradición celebrada el pasado 10 de junio en la Audiencia Nacional, Tarasov explicó que su caso adquirió connotaciones políticas cuando se vio implicado Georgi Shuppe, yerno del empresario y opositor ruso Boris Berezovski, el cual fue hallado muerto en 2013 en su casa de Londres, donde vivía asilado. Según contó, tenía miedo a la mafia porque su jefe y su compañero fueron asesinados y él recibió una paliza con un bate de béisbol y fue atacado con un arma de fuego.

La Sección Tercera de la Sala de lo Penal ha apreciado esta vertiente política de la causa al tener en cuenta dos resoluciones adoptadas por jueces de Reino Unidos e Italia que denegaron también la extradición a Rusia de dos hombres por hechos similares a los atribuidos a Tarasov, uno de ellos Shuppe, cuya entrega fue rechazada por el Tribunal de Magistrados de Westminster.

La Sala, han indicado los magistrados españoles, no puede obviar "la situación de peligro que se crea para el respeto de los derechos fundamentales de la persona reclamada, derivado tanto de las relaciones de poder existentes entre determinados miembros y grupos de poder de Rusia, como de la vulnerabilidad a las posibles presiones políticas de los jueces que hubieran de decidir en el caso, cuestiones ambas que ponen en tensión el derecho a un juicio con todas las garantías".

Los jueces han relacionado este contexto general con las declaraciones realizadas por Tarasov en la vista oral sobre las irregularidades que han rodeado el proceso judicial en Rusia y sobre su situación particular en el seno del mismo, destacando en concreto que expresó su temor a sufrir represalias si regresaba a Rusia.

En este sentido, la defensa denunció que algunos investigados en ese caso una vez en Moscú pasaron a ser testigos protegidos mediante una confesión forzosa. "Existen indicios racionales de que pueda haber sometimiento a torturas con la finalidad de conseguir lo que se pretende", dijo el abogado de Tarasov.

Todo ello --las resoluciones judiciales, la declaración de Tarasov, las "incongruencias procesales" y "la existencia de relaciones que desbordan el marco procesal"-- sustentaría "ese temor racional y fundado de vulneración de derechos fundamentales del reclamado en caso de entrega", ha razonado la Sección Tercera.

RECHAZA EL ARGUMENTO DE LA FISCALÍA

De esta forma, se ha desmarcado del criterio de la Fiscalía, que abogaba por enviar a Tarasov a Rusia argumentando que los motivos esgrimidos por los tribunales británico e italiano no son aplicables a este caso porque, "a diferencia de los anteriores, el aquí reclamado ostenta una posición subordinada en el grupo criminal, lo que hace que un presunto interés político en su persona quede difuminado".

La Sala, en cambio, cree que el Ministerio Público no ha valorado "la cuestión que resulta esencial en el fundamento de la denegación de la extradición solicitada de los copartícipes en los hechos, que es la de la tensión que se considera inaceptable por ambos tribunales del derecho fundamental del acusado a un juicio justo".

Este derecho, ha sostenido la Audiencia Nacional, no solo es fundamental en el derecho europeo sino también en el español, recodando en esta línea que "son múltiples los pronunciamientos del Tribunal Constitucional en materia extradicional respecto de la obligación de garantía de los tribunales españoles ante eventuales situaciones de riesgo para tales derechos".

INMUEBLES POR 99 MILLONES DE EUROS

De acuerdo con la tesis rusa, el grupo empresarial para el que trabajaría Tarasov se apoderó irregularmente de mercantiles que ostentaban la propiedad de hasta 21 inmuebles valorados en 9.000 millones de rublos, 99 millones de euros al cambio.

Según el escrito de acusación, esto habría sido posible gracias a la intervención de Tarasov, que como empleado del grupo empresarial dirigido por Mineyev A.A. tenía acceso a la documentación de las compañías que lo integraban.

En un proceso de ampliación de las sociedades que poseían dichos inmuebles, se cambió al director general de cada una, con lo que Mineyev A.A. acabó perdiendo su patrimonio inmobiliario. Cuando éste se dio cuenta y quiso emprender acciones legales fue asesinado en enero de 2014.

La Sección Tercera de la Audiencia de Sevilla ha suspendido finalmente el juicio que tenía fijado para este jueves, contra una persona acusada de maltrato y amenazas continuadas sobre su expareja sentimental, cuya vivienda habría incendiado además provocando daños tasados en 35.820 euros en la misma, extremos por los cuales la Fiscalía reclama 20 años de cárcel para esta persona.

Según el escrito de acusación de la Fiscalía, el juicio está previsto contra José Manuel M.E., "también conocido como Rosaura", quien mantuvo una relación durante tres años con Francisco Javier Z.C., siendo vecinos ambos de la misma calle del barrio hispalense de San Jerónimo.

En un contexto en el que la relación entre ambos se había "ido deteriorando", según la Fiscalía, el 6 de agosto de 2018 ambos habrían discutido en la vivienda de Francisco Javier Z.C., donde José Manuel M.E. habría golpeado al primero "con un tubo de PVC en la cabeza", hasta causarle un "traumatismo craneoencefálico con pérdida moderada de conciencia".

MENSAJES "AMENAZANTES"

Igualmente, la Fiscalía expone que entre el 7 de junio y el 21 de agosto de 2018, José Manuel M.E. habría enviado numerosos mensajes de texto y voz vía WhatsApp a Francisco Javier Z.C. y la hermana de este con un contenido presuntamente "amenazante", trasladando por ejemplo la idea de "descoyuntar o decapitar" a Francisco Javier, "meter fuego y derribarlo todo", "acabar" con la vida de uno de ellos o el aviso de que podía "salir ardiendo" la vivienda de Francisco Javier, extremo que causó "miedo y desasosiego" en ambas personas.

"Vas a parecer una antorcha como te prenda fuego. Te van a arder los pelos", habría avisado José Manuel M.E. a Francisco Javier Z.C. por vía WhatsApp.

INCENDIO EN LA VIVIENDA

Finalmente, el 21 de agosto de 2018, José Manuel M.E. habría despistado a Francisco Javier Z.C. para acceder a su vivienda mediante una llave que tenía de la misma. Una vez dentro del piso, según la Fiscalía, "entró en la primera habitación a la izquierda, echó gasolina sobre la ropa de cama y demás efectos y prendió fuego a la habitación", tras lo cual "el incendio estuvo a punto de propagarse a las viviendas colindantes", extremo no sucedido gracias a la intervención de los bomberos.

Las llamas, en cualquier caso, causaron daños en la vivienda tasados en 35.820 euros, apreciando la Fiscalía un presunto delito de maltrato, dos delitos continuados de amenazas y un delito de incendio, con la agravante de parentesco respecto a los delitos de incendio y amenazas, ante lo cual reclama para José Manuel M.E. un total de 20 años de cárcel.